¿COWORKING PÚBLICO MAL ENTENDIDO?

Todos tenemos mil anécdotas sobre cómo se comportan las administraciones públicas y la historia de José Antonio, en la que compartía su experiencia al tratar de dialogar con la administración, es buena muestra de ello. Según nos cuenta Jose Antonio la manera en cómo se gestionan los coworking públicos en Zaragoza está dificultando el desarrollo de iniciativas de coworking privado en la ciudad. Desconozco el entorno, y este artículo no es fruto de una investigación a fondo del ecosistema de esa ciudad: tan sólo pretende ser una reflexión sobre este tipo de situaciones creadas (atención spoiler) por una manera equivocada de establecer las reglas que rigen las iniciativas de coworking público.

Primero de todo descartemos vías muertas. Hablar con las empresas privadas que gestionan esos espacios es un esfuerzo estéril: ¿Si alguien viniera a tu espacio para negociar un acuerdo que limitara tu negocio aceptarías? Yo no lo haría. Si están siguiendo las normas establecidas en el concurso público para gestionar estas instalaciones no hay nada que se les pueda exigir. El problema, si este es el caso, son las normas.

Las razones para no aplicar un normativa racional (cualquiera con un mínimo sentido, no necesariamente la que yo propongo) se me escapan, y puestos a especular puede responder a un amplio abanico de razones: desconocimiento, falta de imaginación con los posibles usos de los inmuebles vacíos, inexistente reflexión sobre lo que sus acciones provocan, pasando por el desinterés en nada que no sea meramente disponer de “buenos indicadores”, a razones más oscuras que creo que quedan fuera de esta respuesta.

Personalmente, como mencionaba en el artículo, creo que la función de un servicio público es llegar donde las iniciativas privadas no pueden hacerlo. En este caso creo que, al menos en un entorno como Barcelona con una oferta más que suficiente, no tiene mucho sentido que la administración cree coworking público o ponga a concurso la gestión de un espacio para destinarlo a coworking con una normativa que torpedee el desarrollo de iniciativas privadas en ese entorno.

Reunirse con los responsables no sólo técnicos sino también políticos, explicarles las consecuencias de una normativa sin duda muy mejorable es el camino que cualquiera debería emprender si no ha perdido la fe en las instituciones públicas, funcionarios y políticos. Si las has perdido, puedes hacerlo para al menos asegurarte que son conscientes de lo que están provocando. El problema es que, en el mejor de los casos, esta iniciativa solucionará el problema en la siguiente licitación, y eso puede ser demasiado tarde.

Sin embargo hay otro camino. José Antonio comentaba: “Sólo me consuela saber, y a su vez me da pena, que la gente está regular en esos coworking, ya que, meten a mucha gente, tienen problemas con internet”.

El coworking tiene un precio. No nos dedicamos a alquilar mesas. Si lo hiciéramos nuestra estructura de costes sería otra, pero no lo hacemos. Nuestro negocio, aunque a algunos les duela que use esta palabra, es crear comunidades sanas, es crear entornos que motiven a las personas que forman parte de la comunidad a ir a trabajar cada día con una sonrisa en la boca. Pero no sólo eso… tenemos la obligación de

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trabajar para impulsar a las personas que forman parte de nuestra comunidad y sus proyectos.

Apiñar a personas, tener una wifi que no funciona como debe, o una conexión lenta, no es -desde mi punto de vista- coworking de calidad, al menos en lo que a su vertiente física se refiere. Pero no somos quienes para juzgarlo: si tienen clientes que compran sus servicios es que algo estarán haciendo bien.

Si crees que lo que tu ofreces se ajusta más a las necesidades de esas personas que van rotando entre espacios públicos y no vienen a tu coworking hay algo que está fallando: o bien no has identificado correctamente sus necesidades/prioridades, o bien no se lo estás transmitiendo adecuadamente. Por otro lado existe la posibilidad de que esas personas estén buscando un servicio low cost, y que cuando las echan de un espacio buscan otro de las mismas características porque simplemente no son tus clientes.

ANEXO PARA AGENTES PÚBLICOS

Algunas sugerencias amistosas que pienso tendrían un impacto muy positivo en las iniciativas públicas, privadas y para los usuarios. Esta serie de sugerencias serían aplicables a un coworking público que ofrezca precios fuera de mercado.

• Si pretendemos crear un sistema en el que cada persona pueda estar sólo una cantidad de tiempo limitada en cualquiera de los espacios que operan fuera de mercado -yo propondría 12 meses- en lugar de crear una lista por cada centro público, se elaborará una lista global de miembros en todo el territorio: ni por centro, ni por administración, de manera que nadie pueda hackear el sistema cambiando de centro.

• Si consideramos que debe haber una rotación de miembros por el exceso de demanda, o para no realizar competencia desleal al coworking privado se establecerá un periodo de exclusión en el que esta persona no podría utilizar ninguno de los centros públicos que operan con precios fuera de mercado. Yo propondría al menos 12 meses.

• Se creará una página web en la que aparezcan aquellas iniciativas privadas que quieran suscribir un convenio público-privado y ofrecer un descuento, digamos 75€ al mes, durante (digamos) 6 meses a los coworkers salientes de los espacios públicos para que continúen su proyecto. Si esta lista está curada, se establece un diálogo, etc. mucho mejor aunque este detalle, el de la curación, puede ser polémico en lo que se refiere a: que factores deben considerarse, quien cura esta lista,…

• Los coworkers que se beneficien de este descuento también deben rellenar un formulario y quedar registrados para que nadie se aproveche indebidamente del convenio público-privado recibiendo el descuento en más de un espacio privado.

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