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DIAGNÓSTICOFUNCIONAMIENTO NECESIDADES Y CAPACIDAD ACTUAL
del
del servicio de
EN MUNICIPIOS DE ZONAS CSDIDEFENSA PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICAAlfonso Chamie M., Director
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL -USAID
Nadereh Lee – Directora (e) de MisiónDonald Chisholm – Director Oficina de Democracia y Derechos HumanosOrlando Muñoz – Gerente Programa de Acceso a la Justicia
Yamile A. Sierra M., Coordinadora de Monitoreo y EvaluaciónAna María Acosta T., Oficial de Proyectos
Esta publicación se realizó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La información incluida en éste no corres-ponde a información oficial del gobierno de Estados Unidos y no representa los puntos de vista o posiciones de USAID ni del gobierno de Estados Unidos.
Vólmar Pérez Ortiz – Defensor del Pueblo
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Javier Said, DirectorCésar A. Reyes M., SubdirectorYamile A. Sierra M., Coordinadora de Monitoreo
ELABORADO POR EL PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE USAID
Diseño gráfico: Juan David Peña SantacruzImpresión y coordinación editorial: Actuando Publicidad y Mercadeo
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
2. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 2.1. Defensoría pública
1.1. Objetivo1.2. Descripción metodológica
2.1.1. Unidades operativas del sistema nacional de defensoría pública 2.1.2. Programas que ofrece el sistema nacional de defensoría pública
2.2. Operadores del sistema nacional de defensoría pública2.2.1. Defensores públicos
2.2.2. Proyección de defensores públicos 2005-2008 en zonas CSDI2.2.1.1. Crecimiento de defensores públicos a nivel nacional 2004-2008
3. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA E INSTITUCIONAL DE LAS ZONAS CSDI 3.1. Antioquia 3.2. Bolivar 3.3. Caquetá 3.4. Córdoba 3.5. Chocó 3.6. Meta 3.7. Nariño 3.8. Putumayo 3.9. Sucre 3.10. Tolima 3.11. Valle del Cauca 3.12. Cuadro Comparativo zonas CSDI
4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DEFENSORES REGIONALES Y DEFENSORES PUBLICOS QUE CUBREN MUNICIPIOS UBICADOS EN ZONAS DE CSDI
4.1. Defensores regionales – zonas csdi4.1.1. Perfi l del Defensor Regional 4.1.2. Capacidad Institucional 4.1.3. Relaciones Interinstitucionales 4.1.4. Expansión del servicio de defensa pública 4.1.5. Difi cultades identifi cadas por los defensores regionales para la restación del servicio de defensa pública 4.1.6. Recomendaciones de los defensores regionales para el mejoramiento del servicio de defensa Pública
4.2. Defensores públicos asignados a municipios de zonas csdi4.2.1. Perfi l del defensor público
4.2.1.1. Características Generales 4.2.1.2. Características por región
4.2.2. Demanda atendida por los defensores públicos asignados a municipios CSDI
5
79
11
1314151517181819
20212223242526272829303132
33343536373839
41424344474951
53
4.2.2.1. Frecuencia de visita a los municipios a los que ha sido asignado y Promedio de horas de atención brindada durante las visitas a los municipios a los que ha sido asignado como defensor público4.2.2.2. Tipo de casos que con mayor frecuencia les son asignados a los defensores públicos 4.2.2.3. Promedio de casos activos a enero 2011 4.2.2.4. Relación entre número de municipios y carga de casos
4.2.3. Apoyo Interinstitucional4.2.4. Apoyo de la Defensoría Pública
4.2.4.1. Apoyo de la Defensoría Regional 4.2.4.2. Apoyo de otras Unidades Operativas del Sistema Nacional de Defensoría Pública
4.2.5. Capacitación4.2.5.1. Participación en actividades de formación desarrolladas por la Unidad de Capacitación, Ofi cinas Especiales de Apoyo, u otras instancias de la Defensoría Pública 4.2.5.2. Envío de ayudas formativas, doctrina y jurisprudencia actualizada por parte de la Defensoría Pública 4.2.5.3. Consulta de la pagina WEB de la Defensoría del Pueblo
4.2.6. Difi cultades y factores de riesgo para la prestación del servicio de defensa pública 4.2.7. Recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de defensa pública, en términos de cobertura y calidad
5. ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO5.1. Capacitación 5.2. Contratación 5.3. Consultorios jurídicos 5.4. Apoyo institucional e interinstitucional
6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 7. BIBLIOGRAFÍA
53
545556565860
6162
63
6566
67
68
7071737476
78
79
PRESENTACIÓN
El Gobierno de los Estados Unidos a través del Programa de Acceso a la Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoya las actividades del sector justicia, orientadas a la consolidación de la reforma judicial penal que introdujo el Sistema Oral; la mejora de la adminis-tración de juzgados, reducción de atrasos y entrenamiento a los operadores judiciales, el fortalecimiento del Programa Casas de Justicia y la optimización de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Con el fin de mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de la representación judicial de personas en especial condición de marginalidad, pobreza o ignoran-cia, el componente de Defensa Pública del Programa de Acceso a la Justicia de USAID, apoya a la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, Organizaciones no gubernamentales y Universidades. Para ello entre otras actividades el Programa realizó un diagnóstico del funcionamiento, necesidades y capacidad actual del servicio de defensa pública y la viabilidad de expansión en zonas de consolidación –CSDI- , que incluyen básicamente los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cordoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en algunos de sus municipios.
Con la información recopilada a través de la aplicación de las encuestas dise-ñadas por el Programa de Acceso a la Justicia, dirigidas a defensores regionales y defensores públicos asignados a los municipios de influencia del programa, ubicados en zonas denominadas CSDI, se cuenta con elementos para analizar la capacidad actual, cobertura del servicio y requerimientos, de los defensores públicos asignados a estos municipios.
Este informe incluye además de la contextualización geófrafica de las zonas objetos de estudio, el análisis de los resultados y las recomendaciones para el fortalecimiento y/o expansión de los servicios de defensa pública en los munici-pios CSDI incluidos en el diagnostico; permitirá al Señor Defensor del Pueblo Dr. VoLmar Pérez Ortíz y al Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cabeza de su actual director Dr. Alfonso Chamie M., contar con información sobre la co-bertura del servicio de defensa pública en municipios de zonas de consolidación, la capacidad de los defensores públicos actualmente asignados a estas regiones y los requerimientos de los defensores públicos para la mejor prestación del servicio.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVO
1.2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
Defi nición de la población objetivo
Adelantar un diagnóstico del funcionamiento, necesidades y capacidad actual del servicio de defensa pública y la viabilidad de su expansión en zonas de consolidación –CSDI- , incluyendo algunos de los mu-nicipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, con miras a identificar aquellos que requieren el fortalecimiento del servi-cio de defensa pública, a través de la implementación de estrategias que respondan adecuadamente a las condiciones actuales y a los requerimientos de la institucionalidad, del recurso humano con el que cuenta el Servicio Nacional de Defensoría Pública y de la demanda de asistencia y representación legal y judicial de la población, en especial en condición de incapacidad económica y social.
El diagnóstico del funcionamiento, necesidades y capacidad actual del servicio de defensa pública y la viabilidad de expansión en zonas de consolidación –CSDI- , incluye a los defensores públicos de los depar-tamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cordoba, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en los municipios relacionados a continuación:
Tabla i. Departamentos y municipios incluidos en el diagnóstico
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
Meta
La Macarena
Mesetas
Puerto Rico
San Juan de Arama
Uribe
Vista Hermosa
Villavicencio
Nariño
Barbacoas
Cumbitara
El Rosario
Leiva
Olaya Herrera
Policarpa
Ricaurte
Samaniego
Tumacoz
Putumayo
Leguízamo
Puerto Asís
San Miguel
Valle del Guamuez
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
SucreOvejas
San Onofre
Tolima
Ataco
Chaparral
Planadas
Rioblanco
Valle del Cauca
Buenaventura
Buga
Florida
Pradera
Tuluá
Antioquia
Anorí
Briceño
Cáceres
Caucasia
El Bagre
Ituago
Nechí
Tarazá
Valdivia
Zaragoza
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
BolívarLa Macarena
Mesetas
CaquetáCartagena del Chairá
San Vicente del Caguán
Chocó
Alto Baudó
Bajo Baudó
Carmen del Darién
Istmina
Litoral del San Juan
Medio Baudó
Medio San Juan
Nóvita
Riosucio
San José del Palmar
Sipí
Unguía
Córdoba
Montelibano
Puerto Libertador
Tierralta
Valencia
Todos los municipios señalados anteriormente se ubican en las zonas de intervención priorizadas por el Plan Nacional de Consolidación Territorial.
Los municipios de La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, San Juan de arama, Vista Hermosa y Villavicencio en el Meta; Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza en Antioquia (región del Bajo Cauca); El Carmen de Bolìvar y San Jacinto en el departamento de Bolívar, Ovejas y San Onofre en Sucre (región de los Montes de María) y Tumaco, El Rosario, Policarpa y Leiva en Nariño, corresponden a las localidades de influencia directa de las acciones del Programa de Acceso a la Justicia, previamente definidas con USAID y con entidades del gobierno colombiano, para ampliar y fortalecer el sistema de justicia en las zonas de consolidación del país, y fortalecer las instituciones de sector justicia del orden nacional (Ver Mapa 2).
Mapa 2. Municipios CSDI –Programa de Acceso a la Justicia
Pasto
Villavicencio
Caucasia
San Jacinto
Programa de Acceso a la JusticiaMunicipios CSDI
Nechí
El BagreZaragozaTarazá
Cáceres
La Macarena
La Uribe
Mesetas
San Juan de Arama
Vista Hermosa
San OnofreCarmen de Bolívar
Ovejas
Tumaco
Leiva
Policarpa
El Rosario
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Diseño de instrumentos
Para el diseño de los formularios dirigidos a defensores regionales y defensores públicos asignados a los municipios de influencia del programa, ubicados en zonas denominadas CSDl, se siguieron los lineamientos presentados por la coordinación del Componente de Defensa Púlbica del Programa de Acceso a la Justicia y la Dirección Nacional de la Defensoría Pública. A partir de la definición de algunas pautas sobre el servi-cio de defensa pública, el trabajo se orientó hacia la caracterización del perfil de los defensores regionales y defensores públicos que cubren los municipios de zonas CSDI incluidos en el diagnostico; la demanda atendida por los defensores; el apoyo de la Defensoría Pública y de otras instituciones del orden nacional y local; las actividades de formación en las que han participado los defensores públicos; las dificultades y factores de riesgo identificadas por los defensores públicos para la prestación del servicio de defensa públi-ca y las recomendaciones de los defensores regionaes y defensores públicos para el mejoramiento de los servicios de representación judicial en los municipios CSDI.
Prueba Piloto
Antes de aplicar un instrumento de medición, éste debe ser probado para establecer si en la práctica, cumple efectivamente con el objeto de la medición. Para tal efecto se adelantó una primera revisión del instrumen-to con el coordinador del componente de Defensa Pública del Programa de Acceso a la Justicia y algunos defensores públicos de varias regionales quienes presentaron observaciones sobre el diseño general de los instrumentos y la pertinencia de incluir algunas preguntas y variables para cumplir a cabalidad con el pro-pósito de la aplicación. Definidas las versiones finales de los formularios, éstos fueron enviados a los 11 defensores regionales y 181 defensores públicos asignados a los municipuos de zonas CSDI objeto de este diagnostico (Ver Anexo 8.6.).
Recolección de Información
La primera actividad desarrollada en la etapa de recolección de información fue establecer contacto con los 11 defensores regionales y 181 defensores públicos, vía correo yelectrónico y a tavés de llamadas tele-fónicas, presentando el proyecto y solicitando su colaboración para el diligenciamiento de los formularios. Posteriormente se informó que para la recolección de información se utilizaría una herramienta diseñada para hacer encuestas on line, denominada “surveymonkey”. El uso de esta aplicación permitió hacer segui-miento permanente al dilgenciamiento de los formularios y garantizar la calidad de la información suminis-trada por los defensores.
Cobertura del diagnóstico
De los 181 defensores que atienden la demanda del servicio de defensa pública en los municipios incluidos en el diagnóstico (relacionados en la tabla i), según información remitida por la Coordinación de la Unidad de Control, Vigilancia y Gestión de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, se obtuvo información, a través de las encuestas aplicadas, de 178 de ellos, alcanzando un nivel de cobertura del 98,3% (Ver Tabla ii).
Tabla ii. Cobertura del diagnóstico
Procesamiento de los datos
Una vez recabada la información, se dio paso al procesamiento de los datos a través de la creación de una base en SPSS (programa estadístico para trabajar con bases de datos) en donde se ingresaron los datos obtenidos. Durante el procesamiento de los datos se produjeron frecuencias simples para cada una de las variables incluidas cada uno de los formularios. Se efectuó un conteo simple de las respuestas de todas las variables del formulario y posteriormentze se adelantó una primera revisión de los resultados para ve-rificar la necesidad de hacer ajustes o incorporar nuevas variables que complementaran el análisis de la información.
Criterios para la presentación de resultados
Para la presentación de resultados se tienen en cuenta los siguientes lineamientos:
• Para el caso de los defensores regionales, se presentan matrices que resumen la información sumi-nistrada por cada uno de ellos, según las áreas temáticas incluidas en el instrumento.
• Para el caso de los defensores públicos asignados a municipios de zonas CSDI, primero se presentan los datos obtenidos a nivel consolidado. Es decir, se dan a conocer los principales resultados de las 178 encuestas recibidas.
• Posteriormente se describen los resultados para cada una de las regionales incluidas en el diagnós-tico (Antioquia, Córdoba, Meta, Bolívar, Sucre, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca, Caquetá y Chocó).
• Según la participación por departamento, sobresale que un más de una cuarta parte de los defenso-res incluidos en el diagnóstico se ubican en el departamento del Meta (incluyendo Villavicencio) (29,2%) y en menor medida a los departamentos de Valle del Cauca (17,4%), Putumayo (15,7%) y Córdoba (10,1%) (Ver gráfico 1).
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensoría Pública, 2011.
DEPARTAMENTODefensores públicos que cubren municipios CSDI de interés para el AJP y el SNDPP contactados
Defensores públicos que respondieron la encuesta
% DE COBERTURA
Antioquia 8 6 75,0%
Bolívar 1 1 100,0%
Caquetá 3 3 100,0%
Chocó 7 7 100,0%
Córdoba 18 18 100,0%
Meta 53 52 98,1%
Nariño 11 11 100,0%
Putumayo 28 28 100,0%
Sucre 17 17 100,0%
Tolima 4 4 100,0%
Valle del Cauca 31 31 100,0%
Total 181 178 98,3%
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La DEFENSORÍA DEL PUEBLO es un órgano de control que aunque forma parte del Ministerio Público, cuen-ta con autonomía administrativa y presupuestal; fue creada por mandato constitucional inmerso en la Carta Política de 1991, donde se definió que por orden legal fuera determinada su organización y funcionamiento bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación; de ahí que la Ley 24 de 1992 estableciera la estructura orgánica y funcional de dicho organismo en desarrollo del artículo 283 constitucional.
El constituyente de 1991 introdujo la figura de la Defensoría del Pueblo, en el consenso de la necesidad de ampliar la cobertura estatal en relación con la promoción, ejercicio y divulgación de los Derechos Huma-nos; de ahí que en desarrollo del artículo 9º numeral 13 de la referida Ley 24, se haya otorgado facultad al Defensor del Pueblo para designar defensores delegados por materias para el estudio y defensa de deter-minados derechos.
MISIÓN
La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas1: • Promoción y divulgación de los derechos humanos.• Prevención, protección y defensa de los derechos humanos.• Fomento del respeto al derecho internacional humanitario
VISIÓN
En el 2012, la Defensoría del Pueblo es reconocida en el ámbito nacional e internacional por el impulso a la realización efectiva de los derechos humanos, por su incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos, y por contribuir al avance en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que promueva la convivencia pacífica.2
énfasis de acciones: - Género y sujetos de especial protección. - Participación y articulación.- Gestión defensorial. - Víctimas del conflicto armado Líneas de visión: - Ejercicio de la magistratura moral.- Incidencia en la formulación y gestión de la política pública.- Asistencia, asesoría y orientación defensorial. - Acceso a la justicia.- Prevención y protección de los derechos humanos.- Construcción de una cultura de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.- Modernización y cualificación de la gestión defensorial
2. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL MARCO CONSTITUCIONAL
1 Resolución753 de 2009, Defensor del Pueblo.2 Ídem supra.
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2.1. DEFENSORÍA PÚBLICA
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Direcciones Nacionales, Defensorías Delegadas y Regionales, presta atención al público poniendo en marcha la prestación de los servicios de la entidad. Una de las dependencias con mayor influencia en la población colombiana, es la Dirección Nacional de Defensoría Pública, cuyo Sistema Nacional de Defensoría Pública fue organizado por la Ley 941 de 2005 que la en-cargó de proveer acceso a la administración de justicia en el área penal, a las personas en condiciones de igualdad, respeto al debido proceso y cumplimiento de los derechos y garantías sustanciales y procesales.
La prestación de Defensoría Pública, es un servicio público gratuito (con las excepciones que consagra el artículo 43 de la Ley 941 de 2005) a cargo del Estado y en favor de las personas con manifiesta imposibi-lidad económica o social3 de proveerse por sí mismas la defensa de sus derechos, en situaciones judiciales o extrajudiciales. El servicio se solicita a través de las Defensorías Regionales o Seccionales, Personerías Municipales, Centros de Atención Judicial, Unidades de Reacción Inmediata y centros de reclusión, para la asignación al usuario de un defensor gratuito quien prestará asistencia en defensa penal de manera integral, ininterrumpida, técnica y competente.
En desarrollo de su gestión, fue expedida –por el Defensor del Pueblo- la Resolución No. 306 del 16 de mayo de 2006, donde se estableció el Plan Estratégico de la entidad, dentro del cual se adoptaron las si-guientes políticas:
• Garantizar la efectividad del servicio de litigio defensorial para las personas o grupos que no puedan hacerlo por sí mismos.• Impulsar el mejoramiento de los procesos y procedimientos para incrementar la eficacia y la efectivi-dad de la acción defensorial• Crear una cultura de manejo sistemático de la información y fortalecer tecnologías que amplíen la acción defensorial.
A su vez, el Defensor del Pueblo en Resolución 1115 de 2006 adoptó el Plan Operativo del Sistema Nacio-nal de Defensoría Pública para el Sistema Penal Acusatorio, donde se propuso fortalecer institucionalmente la prestación del servicio de Defensoría Pública a nivel regional.
Por otro lado, la Resolución 753 de 2009, proferida igualmente por el Defensor del Pueblo, acogió el Plan Estratégico Institucional 2009 – 2012, estableciendo como objetivo estratégico “4.1.1. Fortalecer la pres-tación del servicio de defensoría pública de manera técnica bajo criterios jurídicos y científicos cualificados para la protección de los derechos y garantías del usuario”.
La Defensoría del Pueblo como entidad, promueve el cumplimiento, respeto y divulgación de los derechos humanos y debe complementar su función con la presentación de propuestas, programas, proyectos y pla-nes para llegar a los habitantes del territorio nacional. En desarrollo de su función, hace presencia en todas las capitales de los treinta y dos departamentos de Colombia; y adicionalmente, en Apartadó (Antioquia) para cubrir las necesidades de la población de Urabá, El Darién y el norte del Chocó, y en Barrancabermeja (Santander) para las comunidades del Magdalena Medio.
3 Ley 941 de 2005, artículo 2, inciso 2: “Para los efectos de la presente ley, se entiende por persona en imposibilidad económica, aquella que carece de
recursos suficientes para proveer su defensa técnica y por persona en imposibilidad social, aquella que por discriminación u otra circunstancia excluyente no
pueda acceder a un defensor particular”.
2.1.1. UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
En desarrollo de su misión constitucional y legal, consistente en garantizar el acceso a la administración de justicia de aquellas personas que carecen de recursos económicos para sufragar su propia defensa, a partir del año 2005 la Defensoría del Pueblo inició todo un proceso de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, a través de la conformación de cuatro unidades operativas del orden nacional, el cual dio origen a la adición de planta, la incorporación de nuevos cargos (coordinadores de unidad, ase-sores, auxiliares administrativos, investigadores profesionales y técnicos) y por consiguiente, a la fijación de nuevas funciones y requisitos. Dichas unidades fueron creadas por la Ley 941 de 2005 quedando estableci-das en su artículo 20 de la siguiente manera:
“Ley 941 de 2005. Artículo 20: Dirección y coordinación. El Sistema Nacional de Defensoría Pública será dirigido y coordinado por el Defensor del Pueblo, quien designará al Director del Sistema Nacional de De-fensoría Pública. Para el desarrollo de su gestión, el Director contará con el apoyo del Defensor del Pueblo Regional o Sec-cional, según el caso, así como de un Coordinador para cada una de las siguientes Unidades Operativas del Nivel Nacional: 1. Control, vigilancia de gestión y estadística. 2. Registro y selección de los operadores de defensoría pública. 3. Capacitación e investigación. 4. Investigación criminal.”
Las actividades desarrolladas por estas cuatro unidades se concretan en:
• Unidad de Registro y Selección de Operadores de Defensoría Pública: Mantiene una base de datos actua-lizada de profesionales interesados en prestar servicios de defensoría pública; lleva un registro actualizado de los operadores del Sistema; desarrolla actividades de apoyo para la práctica de exámenes y entrevistas, como requisitos previos al trámite de contratos; elabora y tramita las minutas de contratos de los operadores llamados a contratar y asiste a la Dirección frente a las situaciones que se presentan durante la ejecución de los contratos de defensoría pública hasta su liquidación.
• Unidad de Capacitación e Investigación: Diseña y programa actividades de formación y capacitación dirigidos a los operadores del sistema nacional de defensoría pública; concibe y conforma el Plan Nacional de Capacitación; diseña programas de preparación que desarrolla a través de las redes de formadores, coordinadores académicos, defensores públicos adscritos a las oficinas especiales de apoyo y defensores públicos con perfil de formadores. Esta unidad realiza también investigaciones sobre temas relacionados con los servicios de defensa pública.
Para fortalecer el plan de capacitación se creó la escuela de Defensoría Pública “Roberto Camacho Wever-berg”, que tiene a su cargo desarrollar el plan nacional de capacitación que ha sido creado mediante un modelo pedagógico establecido mediante las siguientes fases: inducción, básico, especialización y énfasis hasta convertirse en una herramienta de respaldo operativo, jurídico y académico del Sistema Nacional de Defensoría Publica.
• Unidad de Control, Vigilancia de la Gestión y Estadística: propone lineamientos y estrategias para la su-pervisión de la calidad del servicio a nivel nacional y regional; hace seguimiento a la implementación gra-dual del sistema de información y a otros mecanismos de control previamente establecidos por la Dirección Nacional frente a la gestión de los supervisores de los contratos de defensoría pública. Con base en la ley
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906 de 2004, esta unidad concentró los esfuerzos en direccionar las actividades inherentes a la prestación del servicio en el contexto de sistema penal acusatorio.
• Unidad de Investigación Criminal: Coordina, controla y hace seguimiento a la labor de los investiga-dores que prestan el servicio a la defensa pública4 ; de igual manera apoya, propone y desarrolla lineamien-tos y estrategias para la prestación del servicio a nivel nacional y regional; con los cuales logra sustentar las hipótesis defensivas que se propongan en el Juicio Oral.
La implementación de esta Unidad, es el desarrollo visible del principio de igualdad de armas, según el cual la parte acusadora y la defensa deben contar con argumentos jurídicos, técnicos y científicos suficientes para soportar sus estrategias o controvertir adecuadamente los argumentos de su contraparte.
Los servicios de investigación persiguen los siguientes fines en el contexto del SPA 5.•ConfirmarodesvirtuarlaversióninicialdelapolicíajudicialylateoríadelcasodelaFiscalíaGeneralde la Nación.•Sustentarprobatoriamentelateoríadelcasodeldefensorpúblico.•Confirmarodesvirtuarlaversióndelostestigosdecargoolograrsudeméritoanteelestradojudicial.•Confirmarodesvirtuarversionesdifusasdelusuarioyencontrarnuevasinterpretacionesdeloshe-chos.•Asesoraraldefensorenlaformulacióndeunahipótesissusceptibledeevaluaciónatravésdeldiseñodel programa metodológico.
Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad Operativa desarrolla su actividad en dos áreas esenciales de investigación: una de investigación de campo, y otra de investigación científica pericial o forense. El conjun-to de ellas integra la estructura general de investigación que desarrolla las políticas defensorial en relación con el servicio de defensa pública 6.
2.1.2. PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
La unidad de registro y selección de los operadores de defensoría pública, además de realizar el proceso de inscripción en el registro nacional de aspirantes, dirige y coordina la información sistematizada y clasificada de los diferentes programas que se ofrecen en cada regional y de acuerdo con la experiencia específica los aspirantes se inscriben en el programa que deseen. Los defensores públicos pueden prestar sus servicios en los siguientes programas, según su escogencia y perfil profesional:
• Ley906de2004(Códigodeprocedimientopenalvigente)• Ley600de2000• ResponsabilidadPenal deAdolescentes y víctimasdedelitos cometidosporadultos (ley1098de2005)• Justiciapenalmilitar• Decreto1542de1997(Descongestióndecárceles)• CasaciónPenal• Ley975de2005(Leydejusticiaypaz-atenciónavíctimas)• Civil• Familia
4 Ley 941 de 2005 articulo 20, numeral 4.5 Franco Daza, Julieta Margarita. La Defensoría Pública en Cifras. 2004-2008. Página 83 6 Gonzalez Mongui Pablo Elías. Manual del investigador desde la perspectiva de la defensa. 2008. Página 30.
• Laboral• Administrativo• Casasdejusticia• OficinaEspecialdeApoyo• Indígenas
PROGRAMA PENAL ACUSATORIO. La implementación del proceso penal exigió el fortalecimiento de un Sis-tema Nacional de Defensoría Pública (Ley 941 de 2005), con el fin de continuar garantizando el acceso de las personas a la administración de justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso, con respeto de los derechos y garantías sustanciales y procesales.
En el transcurso del año 2009 se recibieron 88.840 solicitudes de prestación del servicio (aumento del 6% en relación con el 2008), de las cuales fueron asignadas a los defensores públicos 86.903, lo que equivale a un 98%. El promedio de carga por defensor público fue de 58 procesos, sin perjuicio de la atención de los procesos que traían bajo el sistema mixto anterior. De las 86.903 asignaciones, 57.815 corresponden a usuarios capturados y 29.088 a usuarios en libertad.
El promedio de carga por defensor público fue de 58 procesos activos, sin perjuicio de la atención de los procesos que traían bajo el sistema mixto anterior. De las 86.903 asignaciones del 2009, 57.815 corres-ponden a usuarios capturados y 29.088 usuarios en libertad. De los procesos asumidos por los 1.527 defensores públicos del área del derecho penal (78 profesionales del derecho más que en el 2008 adscritos a este programa), quedaron en trámite 93.350 casos del año 2009 y vigencias anteriores.
Las cinco conductas punibles que tuvieron mayor incidencia fueron: el porte, tráfico o fabricación de estu-pefacientes en un 30%, los hurtos y tentativas de hurto en un 21%, inasistencia alimentaria en un 6%, porte de armas de fuego o municiones en un 5% y las lesiones personales en un 4% 7.
El programa PENAL ORDINARIO (ley 600 de 2000) es atendido por los 1.527 defensores públicos adscritos al programa penal, en la medida en que todos los profesionales están en disposición de asumir y concluir con la representación judicial en los procesos que continúan bajo la Ley 600 de 2000, según la depuración que se adelante en cada regional 8. Las conductas punibles con mayor número de asignaciones fueron:
7 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 382, 383.8 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 385.
PENAL GENERALConducta punible Asignaciones a
DefensoresInasistencia alimentaria 16%
Hurto 13%Lesiones personales 11%
Homicidio 11%
Fuente. Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica
19
RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTESConducta punible Asignaciones a Defensores
Hurto y hurto tentado 33%Porte, tráfico o fabricación de
estupefacientes24%
Porte de armas 10%Lesiones personales 5%
Homicidio 3%
PENAL MILITARConducta punible Asignaciones a Defensores
Deserción 39%Homicidio 10%
Lesiones personales 9%Abandono del puesto 9%
Centinela 5%
En el programa de RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, La Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública incrementa sus esfuerzos y amplía la cobertura del servicio para atender los requerimien-tos de la Ley 1098 de 2006, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de los adolescentes entre 14 y 18 años, sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal y a asistir a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos cometidos por adultos. Con el fin de dar cubrimiento a éste programa, la Defensoría Pública contrató 148 defensores públicos. En el transcurso del año 2009 se recibieron 9.383 solicitudes del servicio, de las cuales fueron asignadas 9.264 a los defensores públicos adscritos a dicho esquema, cifra que equivale a un 99% de asignaciones. De ellas, 4.835 corresponden a capturados y 4.429 a personas en libertad. El promedio de carga por defensor público fue de 83 procesos9.
De los procesos asumidos por los 150 defensores públicos adscritos, quedaron en trámite 7.818 procesos en el mes de diciembre del año 2009. Las cinco conductas punibles que tuvieron mayor incidencia fueron:
Fuente. Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica.
Fuente. Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica.
Para el programa correspondiente a PENAL MILITAR, se contrataron 25 defensores públicos, quienes pres-taron sus servicios en las regionales de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Huila, Magdalena, Magdalena Medio, Meta, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.Es importante precisar que ante la poca distribución territorial de defensores públicos en el Programa Penal Militar, éste servicio se viene prestando por operadores adscritos al Programa Penal Ordinario, Municipios y Promiscuos.
En el año 2009 se recibieron 1.487 solicitudes del servicio, fueron asignadas 1.453 y se generó así un 98% de atención a los requerimientos de servicio recibidos. Los 25 defensores públicos adscritos a este progra-ma quedaron con 2.729 procesos en trámite, correspondientes al año 2009 y años anteriores, es decir, al finalizar la anualidad, se registró un promedio de carga de 109 procesos por defensor público10 . El mayor porcentaje de asignaciones fue en:
9 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 389,390.10 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 389,390.
Por su parte, el programa 1542 DE 1997, que tiene por finalidad tramitar los beneficios administrativos y judiciales de las personas privadas de la libertad, como mecanismo de protección de los derechos funda-mentales de los internos, reportó la asistencia de 122 defensores públicos contratados para el año 2009, quienes prestaron sus servicios de forma continua en los centros carcelarios, con una carga promedio de 155 casos aproximadamente.
En este programa se recibieron 25.558 solicitudes del servicio, de las cuales fueron asignadas 18.920 para realizar trámites administrativos o judiciales, lo que equivale a un 74% de atención. El número total de beneficios solicitados fue de 14.600, de los cuales se obtuvieron 7.197, lo que corresponde a un 49% de beneficios obtenidos en relación con los solicitados11.
El Programa de CASACIÓN PENAL ha sido implementado para la atención de los trámites de recursos ex-traordinarios de casación y revisión; así mismo, para representar a las personas que son solicitadas en ex-tradición judicial. Para tales efectos, los defensores públicos adscritos a este programa realizan el respectivo estudio del proceso (los fallos de primera y segunda instancia) para poder emitir un concepto sobre la via-bilidad de la respectiva demanda, conforme a las causales taxativas enumeradas en la normatividad penal.
Para este programa se contrataron los servicios de ocho (8) defensores públicos en la Regional Bogotá, que recibieron durante el año 2009, 225 solicitudes de las cuales se asignó el 100%12.
Las cinco conductas punibles con el mayor porcentaje de asignaciones corresponden al porte y tráfico de estupefacientes, al homicidio, a otros delitos, al acceso carnal violento y secuestro.
En el programa establecido para la REPRESENTACION JUDICIAL DE VICTIMAS (Ley 975 de 2005), termina-do el año 2009, la Defensoría del Pueblo asumió la representación judicial en 72.000 procesos de víctimas afectadas como consecuencia de conductas delictivas ocasionadas por miembros de grupos organizados al margen de la ley, de las cuales a 8.709 se le ha reconocido el hecho cometido por estos grupos armados, al finalizar el año.
En este año, se contrataron 176 representantes judiciales, de los cuales 123 lo fueron con recursos propios y se ubicaron principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla13.Para el programa CIVIL – FAMILIA se contrataron 68 defensores públicos, siete (7) más que en el año 2008. La actividad específica que se presta en éste esquema se centra en la asistencia jurídica (asesorías) y en la representación judicial. Se recibieron 18.955 solicitudes del servicio, 4.122 más que en el año anterior, implicando un aumento del 22% en relación con el año 2008. Se brindó asesoría en un 93% del total de solicitudes de servicio, es decir en 17.566 de ellas.De las solicitudes recibidas se asignaron 5.773 procesos, unos derivados de asesorías y otros mediante asig-nación directa, lo que arroja una carga promedio por defensor público de 85 procesos atendidos durante el año 2009. Quedaron en trámite 5.747 procesos, incluyendo las vigencias de años anteriores14.
Los tipos de procesos con mayor número de asignaciones asumidos por los defensores públicos estuvieron relacionados con asuntos de:
11 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 394.12 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 395.13 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 397.14 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 399
21
CIVIL - FAMILIAConducta punible Asignaciones a Defensores
Alimentación 16%Divorcio 14%
Procesos ejecutivos 8%Derechos de petición 6%
Otros 56%
Fuente. Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica.
En el programa LABORAL se contrataron 27 defensores públicos, los cuales se ubicaron en las ciudades de: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca, así como en Bogotá. Se atendieron 5.524 solicitudes de servicio, entre las cuales hubo 5.438 asesorías y 967 procesos asignados a defensor público, lo cual implicó una carga promedio por defensor de 36 procesos en el año 200915.
Los cinco tipos de asignaciones que en mayor porcentaje se le hicieron a los defensores públicos estuvieron relacionadas con: procesos ordinarios, liquidación de prestaciones, acción de tutela, y derecho de petición.
Para el programa ADMINISTRATIVO, se contrataron 126 defensores públicos, 25 más que en el año 2008. Se recibieron 20.085 solicitudes del servicio, 7.281 más que en el año anterior, lo cual implicó un aumento del 36% en relación con el año 2008. De las solicitudes recibidas se atendieron 15.090 asesorías y se asig-naron 9.478 procesos, unos derivados de asesorías y otros mediante asignación directa, lo que arroja una carga promedio por defensor público de 75 procesos16.
El programa de CASAS DE JUSTICIA, consideradas como centros integrales de prestación de servicios para la resolución de conflictos, a través de mecanismos persuasivos de justicia formal y no formal en localidades consideradas de alta vulnerabilidad social, se contrataron 38 defensores públicos.Se atendieron asesorías y se realizaron representaciones judiciales en las áreas de derecho civil, penal, labo-ral, administrativo y familia; igualmente, se adelantaron actividades de promoción y divulgación de derechos humanos. En el año 2009 se recibieron 20.069 solicitudes de las cuales 19.079 fueron asesorías, lo que corresponde al 95%; además, 492 casos fueron asignados17.
El programa OFICINA ESPECIAL DE APOYO (OEA), asume la atención y representación judicial de los si-guientes asuntos:• Procesosde impactonacionaly regional,deacuerdocon la trascendenciadelcasoenconcreto,evaluada por el defensor del pueblo regional o seccional.• Procesosdecompetenciadejuzgadospenalesdecircuitoespecializados.•Además, los defensores públicos adscritos a las OEA hacen parte de la red de formadores de la Escuela Ro-berto Camacho Weverberg y en ésta medida, adelantan la capacitación de todos los operadores del sistema nacional de defensoría pública, de acuerdo con los programas e indicadores de la misma18.
15 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 400.16 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Página 402.17 Decimo Séptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica, pagina 403.18 Franco Daza, Julieta Margarita y otros. La Defensoría Pública en Cifras. 2004-2008. Página 81 y 82
2.2. OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA.
Habiendo sido fijada la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública por la Ley 941 de 2005, se determinan además los componentes de dicho sistema son:
- Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública- Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales- Coordinadores administrativos y de gestión- Coordinadores académicos- Personeros municipales- Defensores públicos- Abogados particulares vinculados como Defensores Públicos para las excepciones previstas en la ley- Investigadores- Técnicos- Auxiliares- Judicantes- Estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho- Personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y- Organizaciones que brinden capacitación a los componentes del Sistema19
2.2.1. DEFENSORES PÚBLICOS
El perfil del defensor público se encuentra en construcción permanente, el cual “supone la identificación de un profesional integra, comprometido con el discurso de los derechos humanos, en constante formación, ingenioso, vehemente, estudioso, problematizador, argumentativo, con pensamiento lógico, respetuoso de las diferencias, y, ante todo, consciente de que el papel que cumple dentro del entorno de la justicia a la que sirve, es la garantía de acceso a la administración de justicia de los más necesitados”20
Son –entre otros- los defensores públicos, los que estando vinculados a la Defensoría pública por Contra-to de prestación de servicios, quienes proveen la asistencia técnica y la representación judicial a favor de aquellas personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de des-igualdad manifiesta.21
En consecuencia, de acuerdo con las necesidades y exigencias del servicio, la unidad de registro y selección convoca a uno o varios de los aspirantes a defensores públicos inscritos para que se sometan a un proceso de evaluación con el fin de establecer las competencias para prestar el servicio de defensoría pública en el área correspondiente, en los siguientes eventos:
a. Cuando se requiera incrementar el número de defensores públicosb. Cuando se requiera atender nuevas plazas o programasc. Cuando existan plazas disponibles por terminación anticipada, desistimiento o necesidad de mejorar la calidad del servicio.
19 Artículo 14, Ley 941 de 200520 Franco Daza, Julieta Margarita y otros. La Defensoría Pública en Cifras. 2004-2008. Página 69 21 www.defensoria.org.co
23
Cualquiera que sea el resultado de este proceso, no configura un derecho para la adjudicación de un con-trato de prestación de servicios.
Como resultado de las pruebas de conocimiento practicadas, los evaluados son finalmente calificados por el Comité de Selección escogido por el Defensor del Pueblo.
Considerando que es el aspirante a defensor público quien se postula al programa en el que desee prestar sus servicios, éste debe llenar el formato de registro y anexar los documentos solicitados, según la informa-ción requerida (ver sección de anexos). El aspirante puede postularse a varios programas, pero es la unidad de registro y selección la que establece a cuál de ellos será asignado de acuerdo a su perfil y a las nece-sidades del servicio. Una vez contratado el operador judicial (defensor público), puede prestar sus servicios en los diferentes programas que fueron mencionados en el numeral 2.1.2., según su escogencia y perfil profesional.
En las denominadas ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vau-pés, Chocó, Vichada, San Andrés, Putumayo) se le exige al aspirante, contar con 36 meses de experiencia con o sin especialización.
En las demás plazas, los requisitos son los siguientes:
1. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con entidades oficiales en general y, en particular, con la Defensoría del Pueblo.2. Poseer especialización o postgrado en materias directamente relacionadas con la actividad y programa para los cuales solicita su clasificación.• Laausenciadeespecializaciónotítulodepostgradopodráhomologarseacreditandodos(2)añosde experiencia específica adicionales, con los mismos requisitos del punto siguiente.3. Acreditar con certificaciones experiencia específica en el área en que ofrece servicios, a partir de la ob-tención del título de pregrado, en cualquiera de los siguientes campos:a) Dos (2) años de experiencia como abogado litigante para el área a la cual aspira.b) Dos (2) años de experiencia en el desarrollo de funciones directamente relacionadas con la defensoría pública.c) Dos (2) años de experiencia profesional, vinculado con la rama judicial o el Ministerio Público atendiendo asuntos para el área a la cual aspira.d) Dos (2) años de experiencia en el sector público o privado, acreditando con certificaciones del contratan-te el ejercicio de funciones directamente relacionadas con el área a la cual aspira22.
Siendo Colombia el único país donde la Defensoría Pública se encuentra como dependencia de la Defen-soría del Pueblo, son muchos los inconvenientes y desventajas que sus operadores (defensores públicos) tienen que afrontar respecto de los beneficios que podrían tener como funcionarios, pues aquellos, a pesar de cumplir funciones públicas, no son considerados servidores públicos, sino únicamente contratistas del servicio que se les presta a la comunidad.
El Defensor del Pueblo, en su decimoséptimo informe presentado al Congreso, refiere la gestión desplegada durante el año 2009 (segunda y tercera parte) enunciando los avances y logros obtenidos por la gestión defensorial, haciendo un sondeo de la prestación del servicio en los diferentes programas de defensoría pú-blica que se manejan, constituyéndose el área penal como el servicio bandera que más identifica la función de Defensoría Pública, por ser además el más solicitado por los usuarios.
22 Solicitud actualizada de inscripción en el Registro Nacional de Aspirantes.
Forma de vinculación de los servidores públicos
El sistema de vinculación utilizado por la Defensoría del Pueblo para los defensores públicos, es por contrato de prestación de servicios que se suscribe desde la entrada en vigencia de la Ley 941 de 2005 por medio de la cual se organiza el sistema Nacional de Defensoría Pública, en consideración del Manual Integrado de Contratación de la Defensoría del Pueblo, en su título V “Contratación de Servicios Defensoría Publica”. Dicho contrato contiene las siguientes cláusulas:
1. POLIZAS
A partir del año 2009, fue incluida la Póliza o Garantía de Calidad del Servicio, establecida en el decreto 4828 de 2008 y posteriormente en el decreto 2493 de 2009 artículo séptimo, numeral 7.8; por el 10% del valor del contrato y vigente durante el término de ejecución del mismo y dos años más, para amparar a la entidad contratante de los perjuicios imputables al contratista y que surjan con posterioridad a la terminación del contrato, derivados de la mala calidad del servicio prestado según las condiciones pactadas en aquel.
También está a cargo del contratista, la constitución de una Garantía Única a favor de la Defensoría del Pueblo, amparando el Cumplimiento de las Obligaciones Surgidas del Contrato, garantía que fue estable-cida en la Ley 80 de 1993, el Decreto 679 de 1994, Decreto 4828 de 2008 y también en el Decreto 2493 de 2009 artículo 7, numeral 7.4; por el 10% del valor del contrato, con una duración igual al término de vigencia del contrato y seis (6) meses más.
2. RIESGOS
A partir del año 2010, fue incluida la cláusula décima sexta del contrato, donde se establece la Asunción de Riesgos Previsibles e Identificables, que se entienden propios del contrato celebrado y por lo tanto no pueden ser alegados como desequilibrio contractual, así se entienden como tales los siguientes:
• Laseventualesreclamacionesdeunoomásusuariosconmotivodelaestrategiadedefensatécnica,los medios utilizados, la defensa pasiva o cualquier otra recomendación que el contratista haga al usuario, serán exclusivamente de su responsabilidad.• Lamayoromenorcargaprocesalseráasumidacomoriesgoprevisibleporelcontratista,sinhaberlugar a reclamaciones, reajustes de honorarios o compensaciones por esta causa. • Losserviciosquellegueaprestarelcontratistaalosusuariosdespuésdelaexpiracióndelavigenciadel contrato serán de su cuenta y riesgo exclusivos, dado que en tal evento, se encuentra en la obligación de sustituir los poderes y cesar la prestación de servicios de Defensoría Pública.
3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
En los contratos suscritos durante los años 2010 – 2011, se adicionaron cláusulas de obligaciones especí-ficas en los programas de la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004 (numeral 3 y 4 respectivamente), de-biendo –el contratista- entablar comunicación con el usuario en caso de detención domiciliaria por lo menos una vez cada dos meses, manteniéndose la obligación de entrevistarse con cada usuario una vez asignado el caso y antes de cada una de las audiencias programadas en SPA; y al defendido privado de la libertad visitarlo por lo menos una vez al mes en el centro de reclusión.
25
4. MANUAL INTEGRADO DE CONTRATACIÓN
En estos contratos también se incluyó el numeral 4. dentro de la cláusula de obligaciones generales, el cum-plimiento del manual integrado de contratación de La Defensoría del Pueblo, adoptado mediante resolución No. 1070 de 2010 y modificado mediante resolución 273 de 2011, el instructivo general del Sistema de Atención Integral, la Ley 941 de 2005, el Plan Operativo del Sistema Nacional de Defensoría Publica, las directrices y reglamentos que expida e Defensor del Pueblo, el Secretario General y el Director Nacional de Defensoría Pública, lo cual se entiende incorporado al contrato.
Honorarios profesionales (2004 – 2011)
Hasta la vigencia del 2004, el valor promedio de un contrato de prestación de servicios suscrito por un defensor público, era de Dieciséis millones de pesos m/cte. ($16.000.000) (calculando honorarios de $2.000.000 mensuales por un promedio general de ocho meses), mientras que al año para atender una plaza ya existente se requerían $36.000.000 por 12 meses.
La universidad de los Andes fue la encargada de hacer el estudio y proyección de los honorarios que debe-rían recibir los defensores públicos adscritos a SPA, cálculo que se realizó proyectando cifras gradualmente hasta el año 2008. Como medida para lograr la proyección, se realizó un análisis comparativo (como tiempo completo, dedicación exclusiva Vs. funcionarios de planta, remuneración equivalente a los fiscales y procuradores, etc.) para finalmente recomendar subir los honorarios a la sumas de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.0000) previsto para el año 2008. El presente cuadro y su respectivo gráfico ilustran el incremento que han tenido los honorarios de los De-fensores Públicos, evidenciando que la recomendación estipulada para el año 2008, se hizo efectiva única-mente a partir de la vigencia 2010 y subsiste en la actualidad.
AÑO HONORARIOS ESTIPULADOS2004 $1.750.000
2005 $2.000.0002006 $2.500.0002007 $3.000.0002008 $3.200.0002009 $3.200.0002010 $3.500.0002011 $3.500.000
|Fuente. Publicación “La Defensoría Publica en Cifras” y Unidad de Registro y selección.
Así las cosas, el valor del contrato de prestación de servicios profesionales con defensores públicos suscrito desde la vigencia 2004 hasta el año 2011, se ha incrementado en un 100%; lo que implica que ha tenido un aumento anual del 14,28% desde el año 2004 a la fecha.
Se establece entonces, que el contrato de prestación de servicios suscrito por los defensores públicos a nivel nacional, se suscribe sobre el mismo monto para todos a nivel país, independientemente del programa o región donde labore. El monto total del contrato a la fecha (2011) es de Tres Millones Quinientos Mil pesos
m/cte. ($3.500.000), suma sobre la cual el defensor público debe asumir los gastos de aportes a salud y pensión, retefuente, póliza de cumplimiento y póliza de calidad como requisitos para contractuales (La póliza de cumplimiento siempre ha estado establecida, pero la póliza de calidad se incrementó a partir del año 2009). Adicionalmente, el defensor público debe asumir gastos de oficina, desplazamiento, copias de procesos y comunicaciones; emolumentos éstos que aunque no son posibles determinar con exactitud, si ocasionan un incremento en los gastos que debe asumir el operador en ejercicio de su labor.
2.2.1.1. CRECIMIENTO DE DEFENSORES PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 2004-2008
Al hacer un balance de cómo ha crecido la Defensoría Pública desde la entrada en vigencia de la Ley 941 de 2005 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública a nivel nacional, se evidencia que ha estado en aumento el número de este tipo de operadores de defensoría pública contra-tados, así:
Ilustración de Incremento Anual de contratación de Defensores Públicos adscritos al Sistema Nacional de Defensoría Pública:
AÑO No. Defensores públicos contratados
2003 987
2004 11382005 13692006 16462007 17952008 1986
|Fuente. Informes al Congreso (2003-2009) y Unidad de Registro y Selección.
Ahora bien, considerando que el objeto del presente estudio se centra en las zonas consideradas CSDI, constituídas como zonas de consolidación donde se busca afianzar la oferta institucional en el área social, de justicia, desarrollo económico y gobernabilidad; se presentarán los datos específicos de defensores pú-blicos contratados efectivamente en los años 2008 y 2011 en los departamentos que contienen las denomi-nadas zonas CSDI, las cuales se determinarán en capítulo posterior.
2.2.2. PROYECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS 2005-2008 EN ZONAS CSDI23
Ahora bien, considerando que los datos anteriormente descritos corresponden a estadísticas reales del nú-mero de defensores públicos contratados en aquellas zonas CSDI, es importante considerar el estudio y proyección que en años anteriores realizaron la Universidad de los Andes y el Instituto SER considerando el número total estimado de defensores públicos que gradualmente se deberían contratar durante los años 2005 al 2008 para asumir el Sistema Acusatorio Penal, durante cuatro (4) años de implementación por Re-gional o Seccional, es el siguiente:
23 El estudio de proyección de defensores públicos a ser contratados hasta el año 2008, fue realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto SER
información contenida dentro del Plan Operativo del Sistema Nacional de Defensoría Pública para la implementación del SPA 2005-2008.
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DISTRIBUCIÓN No. Defensores públicos proyectados 2005-2008
Antioquia 220
Bolívar 120Caquetá 20Córdoba 60Chocó 30Meta 60
Nariño 90Sucre 40Tolima 100Valle 190
Putumayo 30
|Fuente. Plan Operativo del Sistema Nacional de Defensoría Pública para la implementación del SPA (2005-2008)
En cuanto al programa de SPA Las variables esenciales que tuvo en cuenta el estudio de la Universidad de los Andes y el Instituto SER para estimar el número de los defensores públicos requeridos para el sistema penal acusatorio partieron de las siguientes cifras: de una parte, la proyección del número de resoluciones de acusación que se esperaba que fueran proferidas a partir del 2005 por la Fiscalía General de la Nación y, por otra, la proyección del número de procesos con resolución de apertura de instrucción. La primera variable determinó el número de casos que serían objeto de un juicio en el nuevo sistema penal. La segunda permitió establecer la carga de trabajo que deberían asumir los defensores a partir de la audien-cia de formulación de imputación.
Con fundamento en estas dos variables se estimó el número de defensores públicos requerido, teniendo en cuenta las tareas a desarrollar en el juicio oral, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio. En efecto, los defensores públicos, en forma análoga a los fiscales, deben dedicar una parte de su tiempo a estar presentes en las audiencias públicas de defensa de sus clientes, y otra, a la definición y ejecución de las estrategias de defensa para los otros procesos que les sean asignados.
La carga máxima simultánea por defensor, estimada en el estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto SER, es de 40 procesos mensuales. Se calculó que cada uno de estos procesos podría tomar un promedio de cuatro (4) meses, lo que indicaba que, bajo este esquema, un defensor podría atender respon-sablemente unos 120 procesos al año. Sin embargo, los tiempos estimados aún no se ajustan a los están-dares previstos, circunstancia que podrá mejorarse siempre y cuando se cuente con el concurso de todos los actores del Sistema. De otra parte, los defensores públicos han tenido que atender no sólo procesos que aún se rigen por el Sistema anterior, sino una serie de diligencias preliminares, que bajo el nuevo Sistema requieren su presencia oportuna, sin que exista formalmente el proceso propiamente dicho.
El Plan Nacional de Consolidación (PNC) tiene sus antecedentes en orientaciones de los Planes de Desa-rrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002 -2006” y “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos 2006 – 2010”. Delegados y enlaces de distintas instituciones del estado, conformaron un equipo de articulación interinstitucional desde el segundo trimestre del 2004, liderados por la Presidencia de la República, con el fin de fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas específicas del territorio na-cional donde había sido débil y en las que se estaba avanzando en la seguridad, su objetivo era lograr que el Estado social de derecho se desarrollara plenamente en estas zonas recuperadas por la Fuerza Pública.
Su propósito era reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, el libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, el imperio de la ley y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común.
Así entonces se pensó en una propuesta que articulara, todas las acciones sociales del Estado para producir un cambio definitivo que hiciera posible un escenario nacional, en el que la seguridad territorial garantizara la prevalencia del orden jurídico constitucional y permitiera que todas las instituciones funcionaran de ma-nera libre y permanente, de tal forma que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos.
En el desarrollo de éstos propósitos y después del trabajo de año y medio de más de 15 entidades guber-namentales, el Gobierno Nacional, diseñó el Plan Nacional de Consolidación como un mecanismo para alinear la oferta institucional en el área social, de justicia, desarrollo económico y gobernabilidad; con otros esfuerzos del ámbito de la seguridad territorial y ciudadana, esfuerzos militares y de policía, buscando generar las condiciones para lograr el desarrollo humano e integral de la población que habita el territorio colombiano en un ambiente de presencia institucional y gobernabilidad.
El 20 de marzo del 2009 el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez oficializó esta propuesta mediante la directiva presidencial 01 que incluye las directrices generales para llevar a cabo el Plan Nacio-nal de Consolidación Sostenible en Colombia.
Se propuso el enfoque de desarrollo humano por cuanto se considera que la población civil es el objetivo central del Estado, tanto como sujeto de derechos, como participante activa en su construcción. En este en-foque es central la garantía de los derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad, así como los de-rechos sociales, económicos y culturales. La garantía de estos depende de la presencia efectiva del Estado, un ambiente de seguridad de la mano con la prestación de servicios sociales, con participación ciudadana y el imperio de la Ley.
El Plan Nacional de Consolidación Sostenible en Colombia es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano. Este proceso inicialmente focaliza su intervención en 15 zonas seleccionadas con base en criterios objetivos definidos interinstitucionalmente.
Como resultado de este análisis el PNC priorizó 15 zonas de intervención que abarcan el territorio de 100 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar,
3. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA E INSTITUCIONAL DE LAS ZONAS CSDI
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Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima. Estas zonas están ubicadas en las regiones del Nudo de Paramillo, Catatumbo, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, el Pacífico y la zona occidental de la Amazonía24.
Después de elaborar un análisis de las zonas en donde convergían una débil presencia institucional del Estado, una alta vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al DIH, presencia de cultivos ilícitos y los centros de gravedad de la amenaza del terrorismo, el narcotráfico y sus interconexiones; se estableció que el Plan Nacional de Consolidación se desarrollaría sobre unas áreas principalmente rurales que requie-ren urgentemente de la concurrencia del Estado en su conjunto.
En éstas áreas, la Consolidación Sostenible estará soportada en la intensificación de la gestión coordinada entre el nivel nacional y territorial, con el fin de articular y armonizar los esfuerzos en materia de seguridad territorial, protección al ciudadano y desarrollo económico, social, cultural e institucional, que corresponde a la acción integral del Estado.
El enfoque de integración de esfuerzos para la Consolidación Sostenible consiste en la armonización y sin-cronización de las acciones del Estado en el territorio en función de la dinámica de la recuperación de la seguridad territorial, que corresponde a la Fuerza Pública para neutralizar la amenaza contra la institucio-nalidad democrática; protección al ciudadano con el fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que es responsabilidad de la Policía Nacional y el sistema judicial; desarrollo económico, social, cultural e institucional, que corresponde a la acción integral del Estado para promover el desarrollo humano. Esta acción integrada del Estado se efectúa de forma secuencial en el tiempo y en el territorio.
Ahora bien, las zonas de consolidación CSDI objeto del presente estudio (que además están incluidas en el Plan Nacional de Consolidación), tuvieron un incremento de operadores de defensa pública –aunque no el esperado- durante el periodo 2004-2011, según lo muestra el cuadro que se muestra a continuación:
Incremento anual de Defensores públicos en Departamentos de Zonas CSDIZona CSDI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Antioquia 70 76 95 130 149 168 162 241
Bolivar 36 38 39 38 41 49 49 52Caquetá 11 11 12 11 12 17 18 23Córdoba 26 28 32 34 39 48 60 71Choco 12 19 21 24 27 36 40 48Meta 26 29 35 38 35 39 41 53
Nariño 31 35 36 53 56 60 59 61Sucre 15 17 19 21 25 35 40 40Tolima 44 46 52 60 60 66 70 80Valle 95 100 129 150 150 165 168 174
Fuente. Dirección Nacional de Defensoría Pública. Unidad de Registro.
14 Reporte Ejecutivo Plan Nacional de Consolidación –Centro de Coordinación de Acción Integral-2010., Página 8.
Las zonas de consolidación CSDI tratadas en el presente estudio son
Es una de las entidades territoriales más antiguas de Colombia como departamento (1886), en la actualidad según el censo general desarrollado por el DANE en 2005, ocupa el segundo lugar en población y economía del País con 5´682.276 habitantes, estando dividido en 125 municipios donde uno de ellos –Turbo- está constituido como Distrito Especial Portuario. Antioquia está dividido en nueve subregiones con 125 municipios, asi:
-Bajo Cauca antioqueño-Norte antioqueño-Suroeste antioqueño
Los municipios objeto del presente estudio, pertenecen a tres de las nueve subregiones:
NORDESTE
• Anorí: Dista a 150 kilómetros de la capital del departamento de Antioquia (Medellín), en el año 2009 contaba con 15.812 habitantes de los cuales 5.890 habitaban en la zona urbana del municipio y 9.922 en el área rural.
NORTE
• Briceño: Se encuentra a 181 kilómetros al norte de Medellín, para el año 2009 su población ascendía a 8.779 habitantes, de los cuales 2.380 eran población urbana y 6.389 se consideraba rural.• Ituango: Está a 195 kilómetros al norte de la capital antioqueña, para el año 2002 (según estadís-ticas del DANE) su población se componía de 43.919 habitantes de los cuales 11.560 se considera pobla-ción urbana y 32.359 se catalogan rurales. Su vía de acceso es terrestre donde gran parte de ella está sin pavimentar.• Valdivia: Dista a 165 kilómetros de Medellín; cuenta con 19.076 habitantes según censo practicado en el año 2009, cuya población urbana asciende a 5.468 habitantes y 13.608 personas residentes en el área rural. Su vía de acceso terrrestre hasta la capital departamental es totalmente pavimentada.
BAJO CAUCA ANTIOQUEñO
• Cáceres: Se encuentra ubicado a 230 kilómetros al norte de la capital del departamento, cuenta con una población total de 32.178 habitantes calculada para el año 2009, de los cuales 7.186 personas se ubican en la zona urbana del municipio y 24.992 habitantes se sitúan en zonas rurales.• Caucasia: Municipio ubicado a 285 kilómetros de la ciudad de Medellín, donde alberga una po-blación de 100.000 habitantes (según censo realizado en 2009), cuenta con 80.000 habitates en la zona urbana y 20.000 en el área rural.• El Bagre: Está a 284 kilómetros de la capital del departamento antioqueño, para el año 2009 se estimaron 47.514 habitantes residentes en el municipio, de los cuales 25.156 se encuentran ubicados en la zona urbana y 22.358 en áreas netamente rurales.• Nechí: Su cabecera dista a 358 kilómetros de la capital antioqueña (Medellín) y se estimaba que en 2009 su población ascendía a 22.902 habitantes de los cuales, 11.808 son población urbana y 11.094 hacen parte de pobladores rurales. Las vías de acceso al municipio se hacen por vía terrestre donde gran parte de la
3.1. ANTIOQUIA (Capital: Medellín)
-Magdalena Medio antioqueño-Occidente antioqueño-Urabá antioqueño
-Nordeste anquioqueño-Oriente antioqueño-Valle de Aburrá
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carretera es sin pavimentar; y por vía fluvial a través del Río Cauca y el Río Nechí.• Tarazá: Es un municipio ubicado a 222 kilómetros de Medellín, con un registro para el año 2009, de 36.682 habitantes, de los cuales 21.016 se localizan en área urbana y 15.666 en zonas rurales. Cuenta con acceso terrestre, aéreo (aeropuerto de Caucacia a 45 minutos) y fluvial (á través del Río Tarazá en lanchas o chalupas).• Zaragoza: Con una distancia de 259 kilómetros de la capital de Antioquia, cuya población ascen-día para el año 2009 a 28.477 habitantes, de los cuales 13.127 personas habitaban la zona urbana del municipio y 15.350 la zona rural. Sus vías de acceso son terrrestres (100% pavimentadas), fluviales (a través del Río Nechí) y aéreas a través del municipio El Bagre).
Es uno de las treinta y dos departamentos que componen la Nación colombiana, cuenta con 2´140.165 habitantes aproximadamente y se ubica en el costado norte del país haciendo parte de la Región Caribe de Colombia; se constituye como el departamento más alargado del país y el menos cocéntrico por cuanto su capital se ubica en su extremo norte.
El departamento de Bolívar está conformado por 45 municipios y un Distrito Turístico y Cultural (Cartagena de Indias), municipios de los cuales serán objeto del presente estudio: El Carmen de Bolívar y San Jacinto.
• El Cármen de Bolívar: Municipio ubicado a 114 kilómetros al sudeste de la capital del departamento de Bolívar; según censo efectuado en el año 2005, contaba con una población oficial de 67.952 habitan-tes, ubicados en los ocho corregimientos que componen el municipio y que a su vez tienen jurisdicción sobre las veredas. Su vía de acceso terrestre es la carretera Troncal de Occidente, y su acceso fluvial se hace por el Río Magdalena.• San Jacinto: Municipio que dista a 120 kilómetros de la capital del departamento, Cartagena de Indias, cuenta con una población de 28.505 habitantes, de los cuales 20.048 personas habitan la zona metropolitana y 8.457 se ubican en área rural (según el plan de desarrollo municipal).
Es otro de los treinta y dos departamentos de Colombia, ubicado geográficamente en el suroriente del país, cuya región se encuentra en plena selva amazónica bañada por grandes ríos afluentes del Caquetá. Su po-blación para el año 2005 (según censo practicado por el DANE) ascendía a 420.337 habitantes.
• Cartagena del Chairá: Se encuentra a 120.5 kilómetros de la capital (Florencia), en el centro del departamento del Caquetá en la amazonía colombiana, razón por la cual es en mayoría selvático. Tiene una población aproximada de 30.450 habitantes de los cuales 7.382 ocupan la zona urbana y 23.068 se ubican en la zona rural (según Plan de Desarrollo Municipal).
“El municipio a lo largo de su historia, ha sufrido de conflictos derivados de la bonanza coquera, el control del territorio por parte de grupos armados al margen de la ley, el desplazamiento forzado y la implemen-tación del “Plan Patriota” como mecanismo que las fuerzas armadas implemento para recuperar la sobe-ranía popular.” (Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011).
• San Vicente del Caguán: Municipio ubicado a 160 kilómetros de Florencia, cuenta con 56.291 habitantes de los cuales 24.198 se ubican en la cabecera, siendo recordado por haber sido la zona de dis-tensión durante el proceso de paz desplegado entre los años 1998 y 2002.
3.2. BOLÍVAR (Capital: Cartagena de Indias)
3.3. CAQUETÁ (Capital: Florencia)
3.3. CÓRDOBA (Capital: Florencia)
3.5. CHOCÓ (Capital: Quibdó )
Cuenta con una población que asciende a 1.467.929 habitantes que se ubican en los 30 municipios en los que está dividido el departamento. Córdoba cuenta con un sistema vial troncal que le permite comunicarse con las ciudades costeras, la capital antioqueña y el Distrito Capital.
Los municipios más pequeños y apartados del departamento se comunican por carreteables y caminos de herradura que usualmente se encuentran en uso en épocas de verano. Existe transporte fluvial que permite la comunicación con otras cabeceras municipales que cuentan con ríos y ciénagas.
Las zonas objeto del presente estudio, son:
• Montelíbano: Se ubica a 114 kilómetros al sureste de Montería y cuenta con 73.619 habitantes, de los cuales 50.114 son pobladores del casco urbano y convirtiéndolo la cabecera más habitada de Córdoba.• Puerto Libertador: Se ubica a 170 kilómetros de la capital departamental, siendo ocupado por 38.746 habitantes.• Tierralta: Dista a 78 kilómetros de la capital del departamento y su población asciende a 100.191 habitantes.• Valencia: Se encuentra a 90 kilómetros de Montería, y en su territorio habitan 36.074 habitantes.
Según el censo esadístico del DANE, para el año 2005 contaba con una población de 454.030 habitantes, quienes deben soportar las difíciles condiciones climáticas y geográficas, considerando que se trata de una región cubierta de amplios bosques húmedos y alta intensidad pluvial, caracterizádose por tener una escasa infraestructura de acceso y de servicios públicos. Sus principales formas de acceso y de víveres se realizan por vías fluviales y marítimas.
El departamento del Chocó cuenta con 30 municipios, doce de los cuales están incluidos en el presente estudio, así:
• Alto Baudó: Se encuentra a 80 kilómetros al sur de Quibdó, cuenta con una población de 1.569 habitantes en el sector urbano y 15.450 en zonas rurales que se ubican en la orilla del río. Las vías de acceso son difíciles, costosas y de alto costo por la necesidad de combinar varios tipos de transporte.• Bajo Baudó: Se ubica a 198 kilómetros de la capital del departamento, cuenta con una población de 16.375 habitantes, 2.623 de los cuales se ubica en la zona urbana. Por vía aérea se puede llegar desde Quibdó o Buenaventura, no hay vía terrestre y la mayoría se realiza por vía fluvial.• Carmen del Darién: Dista a 366 kilómetros de Quibdó, el número de habitantes asciende a 5.036 de los cuales 1.286 se ubican en la cabecera del municipio y 3.750 ocupan las zonas rurales. El Río Atrato atraviesa de sur a norte todo el territorio del municipio.• Istmina: Se halla a 75 kilómetros de la capital del departamento del Chocó, su nombre se compone de las palabras “istmo” y “mina” características propias del área en la cual se fundó. Lo habitan 28.756 personas. Cuenta con vías terrestres, aéreas (aeropuerto de Quibdó) y fluviales. • Litoral del San Juan: Se encuentra a 75 kilómetros de Quibdó. Se compone de 850 habitantes en el sector urbano y 5.891 en zonas rurales.• Medio Baudó: Dista a 120 kilómetros de la Capital Chocoana y cuenta con 11.715 habitantes, no tiene vía de acceso aérea, únicamente fluvial y terrestre.• Medio San Juan: Se ubica a 75 kilómetros al suroeste de Quibdó, está considerado como el muni-cipio más pobre de Colombia y tiene una población de 13.922 habitantes.
33
3.6. META (Capital: Villavicencio)
• Nóvita: Dista a 132 kilómetros de la capital departamental. La población de la cabecera municipal asciende a 14.666 habitantes y el sector rural cuenta con 5.020. • Riosucio: La distancia hasta Quibdó asciende a 380 kilómetros. En su territorio habitan 14.323 habitantes quienes no cuentan con aeropuerto, sino con una carretera en regular estado que comunica al municipio con Chigorodó y Belén de Bajirá. Hacia la capital se usa el Río Atrato.• San José del Palmar: Se ubica a 66 kilómetros de la capital chocoana. Su población asciende a 5.068 habitantes.• Sipí: Dista a 79 kilómetros de Quibdó. Según proyecciones del DANE hechas a partir del Censo de 2005, el número de habitantes en el municipio asciende a 3.481. El municipio no cuenta con acceso aéreo ni terrestre, únicamente fluvial a través del Río San Agustín.• Unguía: Se encuentra a 478 kilómetros de Quibdó. Cuenta con 14.544 habitantes, de los cuales 4.363 se ubican en la cabecera municipal y 10.181 en zonas rurales.
Siendo uno de los treinta y dos departamentos de la nación colombiana, se ubica en la región del Piedemon-te Llanero en el centro del país; considerándose como uno de los departamentos más extensos de Colombia. En el departamento del Meta habitan 783.168 personas donde el 41% de la población total departamental se ubica en la capital (Villavicencio); el 59% restante se encuentra distribuida a lo largo de los 29 municipios que lo componen y que se hayan repartidos en cuatro subregiones:
Dentro de las anteriores subregiones se encentran ubicados los municipios objeto de este estudio, así:
ARIARI
• La Macarena: Se encuentra a 225 kilómetros de la capital del Meta, albergando 25.079 habitantes de los cuales 3.703 residen en la zona metropolitana.• Mesetas: En su territorio, que se encuentra a 138 kilómetros de Villavicencio, habitan 10.588 habi-tantes de los cuales 3.061 habitantes ocupan la zona metropolitana del municipio.• Puerto Rico: Dista a 227 kilómetros de la capital del Meta, siendo ocupada por 17.404 habitantes, de los cuales 5.058 residen en la zona metropolitana.• San Juan de Arama: Se encuentra a 119 kilómetros de Villavicencio, contando con 9.172 habitan-tes de los cuales 3.446 se ubican en zonas rurales.• La Uribe: Su distancia a la capital departamental es de 220 kilómetros. Cuenta con una población total que asciende a 12.717 habitantes, 2.754 de los cuales se ubican en zonas metropolitanas.• Vista Hermosa: Dista de Villavicencio, por 145 kilómetros y cuenta con 21.194 habitantes, 6.340 de los cuales habitan la zona urbana.
Según proyección del DANE (censo de 2005), cuenta con una población de 1.775.973 habitantes que se distribuyen a lo largo de los 64 municipios que lo componen; donde el 43% de la población habita en zona urbana (cabeceras municipales) y el 57% en zonas rurales. Nariño cuenta con la Carretera Panamericana que lo atraviesa de sur a norte; posee tres aeropuertos, uno ubicado en el municipio de Chachagüí a 35 kilómetros de la capital departamental; otro en el municipio de Ipiales a 25 kilómetros de San Juan de Pasto y otro ubicado en Tumaco, a 300 kilómetros de la capital nariñense.
-Capital-Ariari -Piedemonte -Río Meta
3.7. NARIÑO (Capital: San Juan de Pasto)
Los municipios tratados en el presente estudio son:
• Barbacoas: Municipio cuya cabecera municipal se localiza a 236 kilómetros de la capital nariñen-se, cuenta con una población de 22.012 habitantes quienes se movilizan por vía terrestre en ocasiones sin pavimentar y por vía fluvial.• Cumbitara: Se ubica a 164 kilómetros de la capital departamental; en su territorio habitan 11.425 personas que se movilizan por vía terrestre y fluvial, donde la primera es precaria.• El Rosario: Municipio que se encuentra ubicado a 220 kilómetros de San Juan de Pasto, donde su único acceso se efectúa de manera terrestre; en él habitan 11.368 habitantes de los cuales 3.557 habitan el sector urbano.• Leiva: Se localiza a 185 kilómetros de la capital departamental, cuenta con 16.212 habitantes, de los cuales 3.066 residen en sectores urbanos, • Olaya Herrera: Municipio que cuenta con una población de 27.359 habitantes, según censo del DANE de 2005, no cuenta con vías aéreas ni terrestres, únicamente fluviales. • Policarpa: Se localiza a 93 kilómetros al norte de San Juan de Pasto, siendo ocupada por 14.373 habitantes según proyección del DANE. Se comunica por vía terrestre con la capital del departamento a través de una carretera donde el 75% se encuentra destapada y en mal estado de conservación.• Ricaurte: Siendo localizado a 142 kilómetros de la capital de Nariño, cuenta con 14.904 habitantes, de los cuales 2.072 se ubican en zonas metropolitanas.• Samaniego: Municipio que cuenta con 49.992 habitantes y se localiza a 117 kilómetros al occiden-te de la capital nariñense.• Tumaco: También llamado la Perla del Pacífico (por haberse hallado en sus playas la perla más grande hasta nuestros días), se localiza a 300 kilómetros de San Juan de Pasto, cuenta con una población de 169.464 habitantes que pueden comunicarse con la capital departamental por carretera pavimentada, vía fluvial y aérea.
Cuenta con una población total de 378.790 habitantes (según proyección del DANE), que se encuentran ubicados a lo largo de los 13 municipios que lo componen. El departamento en general cuenta con trans-porte aéreo (aeropuertos en Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Puerto Leguízamo) terrestre (una sola carretera que une a Puerto Asís y Mocoa con la capital del País) y fluvial, siendo éste último primordial para la vida cotidiana de sus habitantes, quienes cuentan con los principales puertos ubicados en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. De ahí que la movilización en el departamento es lenta y con altas tasas de accidentalidad.Los municipios objeto del presente estudio, serán tratados a continuación:
• Puerto Asís: Se caracteriza por ser el municipio con mayor número de habitantes del departamento, con cerca de 70.000 personas que se ubican a lo largo del territorio. La distancia existente entre Puerto Asís y la capital departamental, asciende a 75 kilómetros por carretera. • Puerto Leguízamo: Se ubica a 90 kilómetros de Mocoa y cuenta con 9.938 habitantes.• San Miguel: Se comunica por carretera con Mocoa, en un tramo aproximado de 154 kilómetros que no es pavimentado; su tasa de habitantes asciende a 15.225 según censo del DANE. • Valle del Guamuez: Municipio cuya cabecera se conoce como La Hormiga, está ubicado a 150 kilómetros de la capital departamental. Su población asciende a 32.958 habitantes.
El departamento cuenta con 870.219 habitantes que se distribuyen entre los 24 municipios en los que está dividido el departamento. Sucre cuenta con una carretera troncal que lo atraviesa por los municipios de
3.8. PUTUMAYO (Capital: Mocoa)
3.9. SUCRE (Capital: Sincelejo)
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Corozal, Los Palmitos, Sincelejo y Ovejas, con ramales a Sincé, San Pedro, San Benido Abad, Toluviejo, San Marcos, Tolú y San Onofre. Existe transporte fluvial a través de ríos (Cauca y San Jorge) caños y ciénagas. En cuanto a transporte aéreo, los municipios de Sincelejo, Corozal, Sucre y Tolú.
El departamento se encuentra dividido en cinco subregiones dentro de las cuales se hallan localizados los municipios objeto del presente estudio:
SUBREGIONES
• Ovejas: Municipio ubicado en la subregión Montes de María, se localiza a 41 kilómetros de la ca-pital del departamento, y cuenta con 20.551 habitantes.• San Onofre: Se ubica en la subregión de Morrosquillo, estando localizado a 57 kilómetros de la capital departamental (Sincelejo). Su población asciende a 46.383 de los cuales 18.132 habitantes se lo-calizan en la zona metropolitana.
Según proyección del DANE con el Censo de 2005, Tolima cuenta con 1.645.223 habitantes que se distri-buyen a lo largo de las seis provincias en que fue divido el departamento para la mejor administración de sus recursos, provincias que contemplan los 47 municipios que componen el territorio tolimense; las provincias son:
Los municipios objeto del presente estudio se detallan a continuación:
• Ataco: Municipio poblado por 15.665 habitantes de los cuales el 70% es población campesina que habita el área rural; se halla ubicado a una distancia de 153 kilómetros de la capital departamental cuya única vía de comunicación es la terrestre. • Chaparral: Se localiza a 163 kilómetros de Ibagué, al sur del departamento del Tolima por carretera construida por tramos cuya terminación se ha pospuesto indefinidamente; estando ocupado por 46.712 habitantes (según proyección del DANE por Censo efectuado en 2005).• Planadas: Dista a 252 kilómetros de la capital departamental del Tolima, a través de carretera por un recorrido que dura aproximadamente 8 horas; y cuenta con una población que asciende a 28.808 ha-bitantes según proyección del DANE por censo realizado en 2005.• Rioblanco: Municipio tolimense que se localiza a 200 kilómetros de Ibagué, cuenta con una pobla-ción cercana a los 24.993 habitantes.
Departamento de Colombia ubicado al suroccidente del país, limita al norte con los departamentos de Chocó, Quindío y Caldas; por el sur limita con el departamento del Cauca; por el oriente con los depar-tamentos de Quindío y Tolima; y por el occidente, con el departamento de Chocó y el Océano Pacífico. Cuenta con una población que (según proyección del DANE) asciende a los 4.532.378 habitantes (86% de los cuales habitan áreas urbanas) que se localizan a lo largo de los 42 municipios distribuidos en cinco provincias que lo componen, territorios éstos que se comunican todos por vía terrestre con las principales
3.10. TOLIMA (Capital: Ibagué)
3.11. VALLE DEL CAUCA (Capital: Santiago de Cali)
-La Mojana
-Ibagué-Nevados
-Sabanas -San Jorge-Montes de María
- Norte- Oriente
-Morrosquillo
- Sur- Suroriente
departamentales. La vía fluvial a través del Río Cauca es poco utilizada en el departamento, que además cuenta con una red aérea ubicada en los municipios de Palmira, Buenaventura, Cartago y Tulúa. Las provincias son:
Los municipios tratados en el presente estudio son:
• Buenaventura: No solo se constituye como una ciudad dentro del Valle del Cauca, sino ade-más es catalogado como el principal puerto de Colombia por cuanto mueve el 60% del comercio del país). Se localiza por carretera a 128 kilómetros al occidente de Cali, y cuenta con una población que asciende a 350.000 habitantes de los cuales 324.429 se localizan en la zona urbana. Es además la ciudad más grande en toda la región del pacífico y el municipio de mayor extensión de todo el departamen-to.• Buga: Se localiza a 73 kilómetros de Cali, cuenta con una población de 152.410 ha-bitantes, de los cuales 135.520 se localizan en la zona urbana. Cuenta con excelen-tes vías de acceso terrestre, se puede acceder a ella por vía fluvial a través del Puer-to de Buenaventura y por vía aérea por los principales aeropuertos del departamento. Se considera ciudad líder en el tema de educación, contando además con múltiples universidades y centros educativos.• Florida: Municipio del departamento del Valle del Cauca, que se localiza a 41,4 kilómetros de San-tiago de Cali, su población asciende a 61.521 habitantes.• Pradera: Siendo uno de los 42 municipios que conforman el departamento, se ubica al sur del de-partamento a 46.8 kilómetros de la capital Santiago de Cali; su población es de 49.888 habitantes.• Tuluá: Se constituye como la ciudad central del departamento, estando ubicada a 200 kilómetros de Santiago de Cali, cuenta con una población aproximada de 220.000 habitantes de los cuales 186.954 se ubican en zonas urbanas.
-Norte -Centro -Sur -Oriente -Occidente
DPTO / MPIO
POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
Km A CAPITAL
VÍAS DE ACCESO
TERRESTRE FLUVIAL AéREA
RESULTADOS DE ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN
ANORI 15.812 5.890 9.922 150 Km X Región libre de cultivos ilícitos1. Lograr un ambiente de legalidad, justicia y progreso, fortaleciendo la institucionalidad pública y titulación de tierras. 2. Casas de Justicia: 7 de 10 municipios con casas de justicia, formación, capacitación. 3. Dotación Fuerza Pública: 1 Comando, 1 Batallón, mejoramiento de sedes. 4. Presencia Fuerza Pública: Distrito especial de policía Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo, Bajo Cauca. 5. Fiscalía: gestión Unidad de Apoyo EDA Bajo Cauca, dotación sede. 6. Creación Unidad Móvil de Derechos Humanos, compuesta por Sicóloga, Trabajadora Social.7. Reparación a víctimas: apoyo con Acción Social para reparación víctimas El Aro y en general a la organización de víctimas de la subregión.
BRICEñO 8.779 2.380 6.389 181 Km X
CÁCERES 32.178 7.186 24.992 230 Km X X
CAUCACIA 100.000 80.000 20.000 285 Km X X X
EL BAGRE 47.514 25.156 22.358 284 Km X X X
ITUAGO 43.919 11.560 32.359 195 Km X
NECHÍ 22.902 11.808 11.094 358 Km X X
TARAZÁ 36.682 21.016 15.666 222 Km X X X
VALDIVIA 19.076 5.468 13.608 165 Km X
ZARAGOZA 28.477 13.127 15.350 259 Km X X X
AN
TIO
QU
IA
37
DPTO / MPIO POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
Km A CAPITAL
VÍAS DE ACCESO
TERRESTRE FLUVIAL AéREA
RESULTADOS DE ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN
EL CARMEN
DE BOLIVAR
67.952 43.638 24.314 114 Km X X
Seguridad y convivencia: 1. Control de área en la región de los Montes de María. 2. Sostenibilidad en los procesos de retorno de las comunidades desplazadas 3. La participación efectiva de todas las entidades e instancias involucradas.
SAN JACINTO
28.505 20.048 8.457 120 Km X
CARTAGENA DEL CHAIRÁ
30.450 7.382 23.068120.5
KmX X
Fortalecimiento de la gobernabilidad: 1.Consolidación de la presencia de instituciones estatales. 2. Se lograron 850 predios titulados.
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
56.291 24.198 32.093 160 Km X X
ALTO BAUDÓ 17.019 1.569 15.450 80 Km X X
Plan de Acción en proceso de construcción.
BAJO BAUDÓ 16.375 2.623 13.752 198 Km X X
CARMEN DEL DARIéN 5.036 1.286 3.750 366 Km X X
ISTMINA 28.756 19.726 9.030 75 Km X X X
LITORAL DEL
SAN JUAN6.741 850 5.891 75 Km X
MEDIO BAUDÓ 11.715 461 11.254 120 Km X X
MEDIO SAN JUAN 13.922 4.177 9.745 75 Km X X X
NOVITA 19.686 14.666 5.020 132 Km X X
RIO SUCIO 14.323 7.121 7.202 380 Km X X X
SAN JOSE DEL PALMAR 5.068 1.155 3.913 66 Km X
SIPI 3.481 293 3.188 79 Km X
UNGUIA 14.544 4.363 10.181 478 Km X X X
MONTELIBANO 73.619 50.114 23.505 114 Km X X X
1. Región libre de cultivos ilícitos: Para lograr un ambiente de legalidad, justicia y progreso, fortaleciendo además la institucionalidad pública, de manera que haya una presencia efectiva del gobierno en las zonas. 2. Disminución del reclutamiento forzado a partir del acceso a la educación superior. 3. Presencia institucional efectiva en las zonas. 4. Entrada de la Fuerza tarea nudo de paramillo y activación de unidades operativas faltantes. 5. Entrada en funcionamiento de una Estructuras de Apoyo judicial- EDA.
PUERTO LIBERTADOR 38.746 14.913 23.833 170 Km X
TIERRALTA 100.191 66.595 33.596 78 Km X X
VALENCIA 36.074 16.494 19.580 90 Km X
BOLI
VA
RC
AQ
UET
ÁC
HO
CÓ
CÓ
RDO
BA
DPTO / MPIO POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
Km A CAPITAL
VÍAS DE ACCESO
TERRESTRE FLUVIAL AéREA
RESULTADOS DE ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN
LA MACARENA 25.079 3.703 21.376 225 Km X X X
1. En ejecución la carretera transversal de la Macarena 2. Presencia policial en las seis cabeceras y en dos inspecciones de policía 3. Jueces en los seis municipios y fiscales locales en tres 4. Entrada en funcionamiento de una Estructuras de Apoyo Judicial- EDA
MESETAS 10.588 3.061 7.527 138 Km X X
PUERTO RICO 17.404 5.058 12.346 227 Km X X X
SAN JUAN DE ARAMA 9.172 3.446 5.726 119 Km X
LA URIBE 12.717 2.754 9.963 220 Km X X
VISTA HERMOSA 21.194 6.340 14.854 145 Km X X
BARBACOAS 22.012 ------------- -------------- 236 Km X X
Estrategia de sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos: Que la población tome procesos de
sostenimiento lícito y una nueva cultura de convivencia.
CUMBITARA 11.425 1.371 10.054 164 Km X X
EL ROSARIO 11.368 3.557 7.811 220 Km X
LEIVA 16.212 3.066 13.146 185 Km X
OLAYA HERRERA 27.359 3.581 23.778 --------- X
POLICARPA 14.373 2.700 11.673 93 Km X
RICAURTE 14.904 2.072 12.832 142 Km X
SAMANIECO 49.992 -------------- -------------- 117 Km X
TUMACO 169.464 -------------- -------------- 300 Km X X X
PUERTO ASÍS 66.385 27.922 38.463 75 Km X X X 1. Fortalecimiento de la estructura productiva y económica en torno a la legalidad. 2. Hacer presencia institucional constante y efectiva. 3. Aprobación de 2 Unidades Móviles del ICBF para prevención del reclutamiento y desplazamiento.
PUERTO LEGUÍZAMO 9.938 ------------ ------------- 90 Km X X
SAN MIGUEL 15.225 10.657 4.568 154 Km X X X
VALLE DEL GUAMUEZ 32.958 ------------ ------------- 150 Km X X X
OVEJAS 20.551 ------------ ------------- 41 Km X
Seguridad y convivencia: 1. Control de área en la región de los Montes de María. 2. Sostenibilidad en los procesos de retorno de las comunidades desplazadas 3. La participación efectiva de todas las entidades e instancias involucradas.
SAN ONOFRE 46.383 18.132 28.251 57 Km X X
ATACO 15.665 4.690 10.975 153 Km X1. Mejoramiento de la infraestructura vial de comunicaciones y comunitaria: El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la conectividad regional y nacional del Sur del Tolima: Pavimentación de dos importantes vías: Ataco-Planadas y Chaparral- Rioblanco. 2. 30 nuevos kilómetros de pavimento en vías secundarias 3. Más de 200 kilómetros de vías terciarias mejoradas.
CHAPARRAL 46.712 25.338 21.374 163 Km X
PLANADAS 29.417 7.208 22.209 252 Km X
RIOBLANCO 25.636 4.315 21.231 200 Km X
MET
AN
ARI
ÑO
PUTU
MA
YOSU
CRE
TOLI
MA
39
DPTO / MPIO POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
Km A CAPITAL
VÍAS DE ACCESO
TERRESTRE FLUVIAL AéREA
RESULTADOS DE ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE
CONSOLIDACIÓN
BUENAVENTURA 350.000 324.429 25.571 128 Km X X El Plan Nacional de Consolidación a nivel general en el departamento, busca iniciar la conectividad de la vial, avanzar en la infraestructura de comunicación regional. En la zona de Buenaventura, se pretende el acompañamiento social que ayude a establecer nuevas bases para resolver necesidades socio económicas, en seguridad y protección social de las comunidades focalizadas.
BUGA 152.410 135.520 16.890 73 Km X
FLORIDA 56.008 40.885 15.123 41,4 Km X
PRADERA 50.665 43.237 7.428 46,8 Km X
TULUÁ 220.000 186.954 33.046 200 Km X
VA
LLE
DEL
CA
UC
A
4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DEFENSORES REGIONALES Y DEFENSORES PUBLICOS QUE CUBREN MUNICIPIOS UBICADOS EN ZONAS DE CSDI
4.1. DEFENSORES REGIONALES- ZONAS CSDI
4.1.1. PERFIL DEL DEFENSOR REGIONAL
Entre las características del perfil de los defensores regionales, se incluyen sexo, edad, nivel de formación académica y años de experiencia como defensores regionales. De los 11 defensores regionales encuesta-dos, el 81,9% son hombres que se ubican en un rango de edad de entre 46 y 63 años. Respecto al nivel de formación académica, sobresale el hecho de que el 72,8% de los defensores regionales con especialización; sólo un 1,8% señala haber alcanzado un muy alto nivel en su formación (Maestría) (Ver Tabla iii).
El 45,5 % de los defensores regionales cuentan con un tiempo de vinculación a la defensoría de más de 5 años, mientras que el 36,4% indicó tener una trayectoria en la Defensoría Regional de entre 3 y 5 años. Sólo 1 de los 11 defensores tiene un tiempo de vinculación de menos de un año (Ver Tabla iii.)
Tabla iii. Perfil de los defensores regionales
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensores Regionales, Febrero 2011
4.1.2. CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Según la información suministrada por los defensores regionales, más del 55% de los defensores adscritos a las regionales (exceptuando el caso de Nariño, Putumayo y Valle del Cauca) cubren la demanda de servi-cios de asistencia legal en la ciudad capital (Ver tabla iv en CD). En opinión de los defensores regionales, el número defensores asignados a cada uno de los municipios departamento que conforman su regional es escaso para atender la demanda del servicio de defensa pública. Manifiestan también que algunos defen-sores deben manejar una carga laboral excesiva que afecta la atención oportuna de la demanda (Ver tabla iv en CD).
Respecto a los casos que con mayor frecuencia atienden los defensores públicos, los defensores regionales destacan los siguientes: delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la salubridad pública y delitos contra la vida e integridad personal (Ver tabla iv en CD).
Defensorías
Regionales
PERFIL
Sexo Edad Nivel de Información académica Años de experiencia como defensor regional.
Antioquia Mujer Entre 26 y 45 años Especialización Más de 5 años
Bolivar Hombre Entre 46 y 63 años Pregrado Entre 1 y 3 años
Caquetá Hombre Entre 46 y 63 años Especialización Más de 5 años
Córdoba Mujer Entre 46 y 63 años Especialización Entre 3 y 5 años
Chocó Hombre Entre 46 y 63 años Especialización Más de 5 años
Meta Hombre Entre 26 y 45 años Especialización Menos de 1 año
Nariño Hombre Entre 46 y 63 años Maestría Entre 3 y 5 años
Sucre Hombre Entre 26 y 45 años Especialización Más de 5 años
Tolima Hombre Entre 46 y 63 años Especialización Entre 3 y 5 años
Valle del Cauca Hombre Entre 26 y 45 años Maestría Entre 3 y 5 años
Putumayo Hombre Entre 46 y 63 años Especialización Más de 5 años
41
Los defensores regionales de Bolívar Chocó y Sucre señalan además de los casos anteriores, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, como los casos que con mayor frecuencia reciben los de-fensores (Ver tabla iv en CD).
4.1.3. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
En el 81,8% de las regionales encuestadas hay Casas de Justicia. Sólo en los departamentos de Caquetá y Sucre éstas no hacen presencia. Se destaca el hecho de que la información que manejan los defensores re-gionales sobre el número de Casas presentes en sus regionales y su ubicación municipal es incompleta. Por ejemplo, actualmente en el departamento de Antioquia hay más de 10 Casas de Justicia en funcionamiento y el defensor regional solo reporta 3 de ellas.
Lo mismo sucede con el defensor regional del Chocó que no incluye las Casas de Justicia de Condoto y Nóvita; el defensor de Putumayo no registra la Casa presente en el municipio de Puerto Asís, mientras que el defensor regional del Tolima no reporta las Casas de Justicia existentes en los municipios de Ataco y Rioblanco.
Respecto a la cobertura en estas Casas de Justicia, en todas las Casas de Justicia señaladas por los de-fensores regionales, excepto en las reportadas por el defensor del Tolima, hay por lo menos un defensor público asignado para atender la demanda que reciben las Casas. Sin embargo, el 50% de los defensores regionales que indicaron la presencia de defensores públicos en Casas de justicia señalan que el número de defensores es insuficiente para atender la demanda y que se requeriría ampliar la planta de personal para cubrir todas las Casas de Justicia existentes en sus regionales.
En lo relacionado con convenios establecidos entre las Defensorías Regionales y las Universidades se observa que el 63,6% de los defensores regionales señala que la oficina regional tiene vínculos con consul-torios jurídicos de universidades ubicadas en los municipios que conforman su regional, para la prestación del servicio de asistencia Legal. Estos convenios, cubren la demanda de asistencia legal de las ciudades capitales de las regionales, en su mayoría.
Las regionales de Bolívar, Meta y Sucre, según lo manifiestan sus defensores regionales, actualmente no han establecido convenios con consultorios jurídicos. En el departamento de Putumayo no hay facultades de Derecho.
4.1.4. ExPANSIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Respecto a la realización brigadas de orientación y asistencia legal dirigidas a la comunidad, el 18,2% de las defensorías regionales señala no realizarlas. Entre las que si las llevan a cabo, el 44,4% indica que la frecuencia de estas jornadas es mensual, mientras que el 22,2% señala que tienen una frecuencia de realización trimestral y un 22,2% indica que las realiza una vez por semestre. Al indagar por el apoyo de otras entidades para la realización de estas brigadas, el 44% de las defensorías regionales que las realizan, señalan recibir apoyo de entidades como la Fiscalía General de la Nación, La procuraduría General de la Nación y las Personerías municipales.
La demanda atendida en estas brigadas de orientación y asistencia legal se relaciona en mayor medida con los delitos contra la salubridad pública, contra la vida e integridad personal y contra la familia. Sin embargo, es preciso indicar que para los defensores regionales de Nariño y Putumayo también se reciben de-mandas de atención por delitos contra el patrimonio económico, mientras que para los de Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca también se atienden solicitudes relacionadas con desplazamiento forzado y violación de
Derechos Humanos y derecho de las víctimas, respectivamente. Sobresale el hecho de que en la regio-nal del Tolima las brigadas se realizan básicamente para cubrir el régimen penitenciario y carcelario.
Al preguntarle a los defensores regionales si la oficina regional cuenta con otros mecanismos (distin-tos a las brigadas, los convenios con Universidades) para ofrecer el servicio de defensa pública en los municipios que conforman la regional, sobresale el hecho de que sólo 2 de las 11 regionales encues-tadas indica contar con algún tipo de estrategia para ampliar la cobertura del servicio. Los mecanismos utilizados por las defensorías regionales de Caquetá y Valle del Cauca son charlas sobre derechos hu-manos, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de actividades con las personerías municipales.
4.1.5. DIFICULTADES IDENTIFICADAS POR LOS DEFENSORES REGIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Al preguntarles a los defensores regionales si existen dificultades para la prestación del servicio de defensa publica en los municipios que conforman la regional, la totalidad de ellos manifiesta que los defensores públicos asignados deben enfrentar situaciones que les obstaculizan la prestación del servicio de asistencia legal.
Los obstáculos que identifican los defensores regionales se encuentran relacionados con el recurso humano, la seguridad, las comunicaciones y tecnología y en menor medida las condiciones geográficas. Entre las dificultades relacionadas con la seguridad, sobresalen las amenazas y las situaciones de orden público que afrontan los municipios. En lo que tiene que ver con comunicaciones y tecnología, los defensores regionales manifiestan no contar con las suficientes herramientas de comunicación con los defensores públicos y con el nivel central (conexión a internet, telefonía celular) y deficiente capacitación en tecnologías de la informa-ción y la comunicación (Ver Tabla v).
Por otra parte, la mayoría de los defensores regionales identifica como gran dificultad para la prestación adecuada del servicio de defensa pública, la insuficiencia en el recurso humano. Muchos indican que no se cuenta con un número de defensores públicos que permita atender a todos los municipios y todos los programas, de manera equilibrada (Ver Tabla v en CD).
A nivel de las condiciones geográficas, la principal dificultad se relaciona con el acceso por distancia entre los municipios, las condiciones de las vías y los costos de los desplazamientos.
Finalmente, entre otras dificultades, los defensores regionales relacionan la falta de infraestructura y dota-ción de las oficinas para una adecuada atención.
Nota: Tabla vii. Dificultades identificadas por los defensores regionales para la prestación del servicio de defensa pública en CD adjunto.
43
4.1.6. RECOMENDACIONES DE LOS DEFENSORES REGIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Los defensores regionales presentan las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de defensa pública (Ver tabla viii):
• Contratación de Defensores Públicos para ampliar la cobertura de los servicios de defensa pública a los municipios distintos a las capitales de Departamento.
• La conformación de grupos de trabajo de defensores públicos en cada unidad judicial para garanti-zar la cobertura en los distintos programas (SPA, Infancia Adolescencia, Representación de víctimas, Áreas no penales).
• Ampliación de la planta de coordinadores académicos, profesionales administrativos y de gestión.
• Definición de criterios rigurosos de selección del personal, en los que se evalúen no sólo los conoci-mientos técnico- jurídico sino el compromiso y vocación de servicio.
• Mejorar la remuneración y revisar la posibilidad de brindar apoyo a los defensores públicos para sus desplazamientos a municipios.
• Capacitación permanente en temas de actualidad.
Tabla viii. Recomendaciones de los defensores regionales para el mejoramiento de los servicio de defensa pública
DEFENSORÍAS REGIONALES
Recomendaciones para el mejoramiento de los servicios ofrecidos por la regional, en términos de cobertura y calidad.
ANTIOQUIA
La conformación de grupos de trabajo de defensores públicos en cada unidad judicial que ga-ranticen la cobertura en los dis-tintos programas (SPA, Infancia, Adolescencia, Representación de víctimas, Áreas no penales).
BOLÍVAR
Contratación de Defensores Pú-blicos para ampliar la cobertura de los servicios de defensa públi-ca a los municipios distintos a la capital del Departamento
Vincular a la Defensoría Regional en el proceso de selección o de-signación de los Defensores Pú-blicos, toda vez que es en el nivel local donde se conoce la idonei-dad y probidad del aspirante a defensor público.
Mejorar la remuneración para exigir de los defensores públicos mayor dedicación y tiempo exclusivo a la Institución y asi evitar conflictos de intereses.
CAQUETÁ
Lo ideal seria que los defensores públicos residan en el lugar de presentación del servicio, lo cual no ha podido materializarse por inexistencia de abogados luga-reños y por problemas de orden público.
CHOCÓ
En el Circuito Judicial de Ist-mina debe crearse otra plaza para un defensor público para el programa de Infancia y Adoles-cencia y otro para atender a las víctimas de la Ley 1098/1006 y 1257/2008
En Bahía Solano debe crearse por lo menos una plaza para In-fancia y Adolescencia y otro para atender a las víctimas de la Ley 1098/1006 y 1257/2008
Compra de equipos de cómputo con software actualizado. Compra de mobiliario adecuado para el buen funcionamiento de la oficina de De-fensoría Pública.
CÓRDOBA
Contratar defensores públicos para cubrir los circuitos judicia-les que hasta ahora no han sido cubiertos.
Nombramiento del coordinador académico y de asesor adminis-trativo y de gestión.
Contratar defensores públicos que residan en el municipio donde vaya a prestar el servicio, para garantizar inmediatez, oportunidad y eficiencia.
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensores Regionales, Febrero 2011
4.2.1. PERFIL DEL DEFENSOR PUBLICO
4.2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Entre las características del perfil de los defensores públicos que atienden la demanda de servicios de asis-tencia legal en los municipios ubicados en zonas de consolidación, de influencia directa del Programa de Acceso a la Justicia y de otros de interés para la Dirección Nacional de Defensoría Pública (DNDP), se incluyen sexo, edad, nivel de formación académica, el tiempo de vinculación a la Defensoría pública, el programa al que han sido asignados y los años de experiencia en esos programas.
De los 178 defensores públicos encuestados, el 76% son hombres; el 47,6% de ellos ubica en un rango de edad entre 46 y 63 años, mientras que un 46,6% tiene entre 26 y 45 años. Respecto al nivel de formación académica, sobresale el hecho de que el 74,7% de los defensores cuenta con especialización; sólo un 6,7% señala haber alcanzado un muy alto nivel en su formación (candidatura a maestría, maestría y doctorado) (Ver gráficos 2, 3 y 4 en CD).
4.2. DEFENSORES PÚBLICOS ASIGNADOS A MUNICIPIOS DE ZONAS CSDI
DEFENSORÍAS REGIONALES
Recomendaciones para el mejoramiento de los servicios ofrecidos por la regional, en términos de cobertura y calidad.
NARIÑO
En lo relacionado con la cobertura es necesario tener en cuenta la ne-cesidad de defensores públicos en zonas que si bien desde el punto de vista estadistico no evidencian una gran carga laboral en asun-tos del SPOA, requieren el servicio de asesoría y asistencia legal en otras áreas del derecho.
Para garantizar la calidad en preciso que se estable-zacan criterios rigurosos de selección del personal, en los que se evalúen no solo los conocimientos técnico jurídicos sino su compro-miso y vocación de servicio
Es necesario que se ga-rantice una capacitación constante de los defenso-res públicos y su estabili-dad en el cargo para que los esfuerzos en forma-ción no se pierdan.
PUTUMAYOReinducir a los contratris-tas en su rol dentro del nuevo sistema penal.
Las barras deben incluir a todos los defensores pú-blicos, apoyando logística-mente a los que residen en poblaciones distantes.
Asignación de un nue-vo defensor público en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Mocoa.
SUCRE Contratación de nuevos defensores Públicos.
Implementación de equi-pamiento y ayudas tecno-lógicas para los defensores públicos y personal admi-nistrativo de la regional.
Vinculaciones de servido-res públicos que apoyen y coadyuven en las labores administrativas de control y de gestión.
Adecuaciones locativas de la defensoría regional que permitan el funcionamien-to de las barras y un mejor desempeño de los funcio-narios administrativos de control de gestión del ser-vicio de defensoría Pública y de defensores públicos en las distintas áreas y progra-mas que acuden a la regio-nal.
Seguimien-to a los casos de amenazas o persecu-ción.
TOLIMA
La contratación de de-fensores públicos adicio-nales para los programas mencionados para cubrir la alta demanda de ser-vicios.
VALLE DEL
CAUCA
Ampliación de la planta de defensores públicos, coordinadores académicos, profesionales administrati-vos y de gestión.
Fortalecimiento de los recur-sos logísticos, especialmente para desplazamientos y co-municaciones, de la Unidad de Investigación criminal, y otros operadores del sistema de defensoría pública.
Fortalecer la capacitación de todos y cada uno de los operadores, conforme las funciones y especialidad de cada uno.
45
Más del 50% de los defensores públicos cuentan con un tiempo de vinculación a la defensoría pública entre 1 y 5 años; se destaca que un 25,8% de los encuestados indicó tener una trayectoria de más de 9 años. (Ver grafico 5 en CD).De otra parte, en lo referente a los programas a los que han sido asignados, el 83,7% de los defensores señaló pertenecer al programa Ley 906 de 2004, mientras que el 65,2% cubre los casos de Ley 600 de 2000 y un 36% indica que le corresponde atender casos de la Ley de infancia y adolescencia. Por otra parte, aunque en menor medida, se registran los programas de Justicia Penal Militar (27%), Justicia y Paz (20,8%), Decreto 1542 (19,1%) y Casas de justicia (9%). Sobresale el hecho de que ninguno de los defen-sores encuestados señaló estar asignado al programa de Defensoría Comunitaria. (Ver Grafico 6).
En promedio, el 71,3% de los defensores públicos encuestados cubre más de un programa. Según regio-nal, puede observarse que la totalidad de los defensores públicos de los municipios de Antioquia, Bolivar, Caquetá, Chocó, Tolima; la mayoría de los de Nariño, Sucre y Córdoba y un poco más de la mitad de los defensores de Meta, Putumayo y Valle del Cauca están adscritos a más de un programa.
4.2.1.2. CARACTERÍSTICAS POR REGIÓN
Estas características (del perfil del defensor público) no son comunes a la totalidad de los defensores públi-cos. Por ejemplo, en el departamento de Putumayo, de los defensores encuestados, el 39,3% son mujeres. Aunque un alto porcentaje de los defensores públicos encuestados se concentra en los rangos de edad entre 26 y 63 años, se observa que un 33,3% de los defensores del departamento de Caquetá y un 11,5% de los del Meta, tiene más de 63 años.
Respecto al nivel de formación académica se destacan algunas particularidades respecto a lo observado en el consolidado. El 18% de los defensores encuestados del departamento de Nariño cuenta con maestría. En los departamentos de Córdoba, Meta, Putumayo y Valle del Cauca se ubican los defensores públicos que señalaron haber alcanzado altos niveles de formación académica (candidatura a maestría, maestría y doctorado).
En los departamentos de Antioquia, Caquetá y Meta, más de un 25% de los defensores públicos encuesta-dos tiene menos de un año de vinculación a la defensoría pública, mientras que en los departamentos de Córdoba y Nariño el 55,6% y 36,4%, respectivamente, señaló tener un tiempo de vinculación mayor a 9 años.
Revisando la relación entre los programas a los que han sido asignados los defensores públicos encuesta-dos y el tiempo de vinculación a la defensoría pública, se observa que para la mayoría de los programas, (exceptuando Ley 600/2000 y Justicia Penal Militar), un porcentaje superior al 30% de los defensores tiene un tiempo de vinculación de entre 1 y 3 años. Como hechos para destacar pueden señalarse los siguientes: el 36,2% de los defensores públicos asignados al programa ley 600/2000 y el 31,3% de los que cubren la justicia penal militar, tienen más de 7 años de vinculación a la defensoría pública; el 39,6% de los defen-sores públicos que cubren casos de la ley 906/2004 tiene entre 3 y 5 años de vinculación a la defensoría. Finalmente, un 31,3% de los defensores adscritos al programa de Casas de Justicia señala tener menos de un año de vinculación (Ver gráfico 7 en CD).
En lo que se refiere al tiempo de vinculación a la defensoría pública y el nivel de formación académica, no se registran mayores diferencias a lo observado en el consolidado (la mayoría de los defensores públicos tienen especialización). Sin embargo es preciso señalar que en el caso de los defensores que tienen entre 1 y 5 años de vinculación, un porcentaje significativo (superior al 25%) tiene formación de pregrado solamente. Caso contrario se registra en los defensores que tienen menos de un año de vinculación al a defensoría,
en donde el 15% señala como máximo nivel académico alcanzado, la candidatura a maestría (Ver gráfico 8 en CD).
El mismo comportamiento del nivel de formación académica observado a nivel del conso-lidado, se registra al hacer la comparación con los programas a los que han sido asigna-dos los defensores públicos. Sobresale el hecho de que para todos los programas (exceptuan-do Justicia y Paz y Decreto 1542), entre el 16% y el 21% aproximadamente de los defensores asignados a cada uno de ellos, tiene formación académica de pregrado solamente (Ver gráfico 9 en CD).
Finalmente, como resultado del ejercicio relacional entre los programas a los que han sido asignados los defen-sores públicos encuestados y sus años de experiencia en éstos, se observa que la mayoría de los defensores que cubren los programas de Ley 600/2000, Ley 906/2004, Justicia Penal Militar e Infancia y Adolescencia, cuentan con más de 7 años de experiencia. En el caso de los defensores públicos que cubren el programa Decreto 1542 la distribución guarda mayor proporcionalidad (26,5% entre 3 y 5 años; 23,5% con más de 7 años y 20,6% entre 1 y 3 años de experiencia). En lo referido a Casas de Justicia, la mayoría de los defensores públicos asig-nados que cubren este programa tienen entre 1 y 5 años de experiencia en Casas (68%) (Ver gráfico 10 en CD).
Gráfico 8. Distribución de los Defensores Públicos por nivel de formación académica,según tiempo de vinculación a la Defensoría Pública
- Colombia 2011 -
Fuente: Encuesta Defensoría Pública, 2011.Base: Total defensores públicos encuestados: 178
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 7 años
Entre 7 y 9 años
Más de 9 años
Menos de 1 año
9,1% 9,1%81,8%
4,3%
4,3% 2,2% 10,9%78,3%
5,0%15,0% 10,0%70,0%
88,9% 11,1%
2,4%
2,4% 66,7% 28,6%
73,2% 26,8%
47
Tabla 1.Distribución de defensores públicos adscritos a más de un programa
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensoría Pública, 2011
4.2.2. DEMANDA ATENDIDA POR LOS DEFENSORES PÚBLICOS ASIGNADOS A MUNICIPIOS CSDI
Respecto a la demanda atendida, los 178 defensores de las 11 regionales incluidas en el diagnóstico, cu-bren un total de 144 municipios. Se destaca el hecho de que un buen número de defensores tiene por lo general más de 2 municipios asignados (44,9%) (Ver Anexo 8.2. en CD).
La demanda de atención varía según las regionales. Al respecto se registran dos grupos de departamentos: el primero está compuesto por los Departamentos de Córdoba, Meta, Putumayo, Valle del Cauca y Sucre que registran una relación de 1 municipio por defensor. En estas regionales se encuentran el 82% del total de defensores encuestados y atienden entre 10 y 25 municipios. Adicionalmente en algunas de estas regionales (Putumayo, Córdoba, Meta y Sucre) se atienden las capitales de departamento, lo que implica la asignación de varios defensores a un mismo municipio, es el caso del Meta con Villavicencio que concentra el 71,2% de los defensores de la regional. De igual forma sucede en Córdoba con Montería que concentra el 94% de sus defensores, Putumayo (Mocoa) y Sucre (Sincelejo) (Ver anexo 8.2 en CD).
Respecto a las cargas laborales, los defensores de estas regionales señalan que tienen entre 5 y 286 casos activos a enero de 2011. Putumayo y Valle del Cauca registran los promedios de casos activos más altos, mientras que en Córdoba, Meta y Sucre son más moderados. El amplio rango en los casos activos refleja unas diferencias importantes en la carga laboral de cada defensor, lo que puede estar asociado a la fre-cuencia de la demanda del servicio de defensa pública, así como a las distancias y tipos de casos atendidos.
Cabe señalar que el alto volumen de demanda y de oferta registrado en estas regionales también se en-cuentra asociado a los tamaños de las poblaciones atendidas. Estas regiones comprenden municipios con grandes tamaños poblacionales en relación con los demás municipios atendidos. Es el caso de Montería, Villavicencio, Sincelejo con más de 200.000 habitantes, mientras que Mocoa o Sincelejo cuentan con la mitad de los defensores (15 y 14 respectivamente) (Ver Anexo 8.2. en CD).
El segundo grupo está compuesto por los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Nariño y Tolima que registran una relación superior a 1 municipio por defensor. Bolívar es la regional que registra
DepartamentoNo.
Defensores1
Programa2
Programas3
Programas4
Programas5
Programas6
Programas8
Programas
Total de defen-sores adscritos a más de un programa
Porcentaje de defensores adscri-tos a más de un
programa
Antioquia 6 1 2 2 1 6 100,0%
Bolivar 1 1 1 100,0%
Caquetá 3 1 1 1 3 100,0%
Córdoba 18 3 3 6 3 2 1 15 83,3%
Chocó 7 2 1 2 2 7 100,0%
Meta 52 26 10 11 2 3 26 50,0%
Nariño 11 1 2 3 2 3 10 90,9%
Sucre 17 1 8 1 2 2 3 16 94,1%
Tolima 4 3 1 4 100,0%
Valle del Cauca 31 10 3 4 4 9 1 21 67,7%
Putumayo 28 10 6 4 5 5 18 64,3%
Total 178 51 36 32 21 24 12 2 127 71,3
una mayor relación, con 6 municipios por defensor; le sigue Antioquia con 3 municipios por defensor y Caquetá, Chocó, Nariño y Tolima 2 municipios por defensor.
En estas regionales se encuentra el 18% del total de defensores encuestados que atienden entre 5 y 21 municipios. En estas regiones no se registraron capitales de Departamento, por lo que no es tan común que un municipio tenga varios defensores asignados como en el grupo anterior (Ver anexo 8.2 en CD).
Respecto a las cargas laborales, los defensores de estas regionales señalan que tienen entre 3 y 146 casos activos a enero de 2011. Caquetá registra los promedios más altos, seguido por Bolívar, Nariño, Chocó y Tolima, con promedios más moderados. En el último renglón se ubica Antioquia con un por medio de casos activos de entre 8 y 30 casos. El amplio rango en los casos promedio atendidos por los defensores refleja unas diferencias importantes en la carga laboral de cada defensor, lo que puede estar asociado a la frecuencia de la demanda del servicio de defensa pública, así como a las distancias y los tipos de casos atendidos.
Estas regiones comprenden municipios con tamaños poblacionales menores a los registrados en el grupo anterior, con poblaciones inferiores a 100.000 habitantes (Ver anexo 8.2. en CD).
4.2.2.1. FRECUENCIA DE VISITA A LOS MUNICIPIOS A LOS QUE HA SIDO ASIGNADO Y PROMEDIO DE HORAS DE ATENCIÓN BRINDADA DURANTE LAS VISITAS A LOS MU-NICIPIOS A LOS QUE HA SIDO ASIGNADO COMO DEFENSOR PÚBLICO.
Respecto a la frecuencia de las visitas de los defensores a los municipios a los que han sido asignados sobre-sale que esta es permanente en el caso de los defensores que residen en el mismo municipio al que han sido asignados. En los casos en los que vistan municipios distintos a los de residencia, las visitas se dan cuando hay una solicitud específica y en otros casos, una vez por semana (Ver anexo 8.3. en CD).
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensoría Pública, 2011
El 49,4% de los defensores públicos encuestados señala que el promedio de horas de atención que brinda cuando visita los municipios a lo que ha sido asignado como defensor público oscila entre 4.1 y 8 horas, mientras que un 21,9% indica una permanencia de más de 12 horas, situación que puede estar relacio-nada con el hecho de residir en el mismo municipio al que ha sido asignado. Un 19,1% de los defensores manifiesta permanecer entre 1 y 4 horas en cada visita que hace a los municipios asignados. (Ver grafico 11 en CD).
FRECUENCIA DE VISITA A LOS MUNICIPIOS A LOS QUE HAN SIDO ASIGNADOS LOS DP MPIO 1 MPIO 2 MPIO 3 MPIO 4 MPIO 5 MPIO 6
Permanente 53,4% 2,5% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%Cuando hay una solicitud específica 18,0% 47,5% 49,0% 61,3% 57,9% 66,7%Una vez por semana 16,3% 31,3% 35,3% 0,0% 10,5% 25,0%Una vez cada quince días 3,9% 8,8% 9,8% 9,7% 31,6% 8,3%Dos veces por semana 3,4% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Tres veces por semana 3,4% 2,5% 2,0% 25,8% 0,0% 0,0%Dos semanas al mes 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Una vez al mes 0,6% 2,5% 2,0% 3,2% 0,0% 0,0%Diariamente 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
49
A nivel regional aunque no se registran mayores diferencias a lo observado en el consolidado, se destaca el hecho de que en Córdoba, Meta y Putumayo la mayoría de los defensores registra una permanencia superior a las 12 horas, hecho que se relaciona con que la mayoría de los defensores de los municipios incluidos en el diagnostico cubren ciudades capitales, donde residen. Por su parte, un buen Número de los defensores de los municipios de Antioquia, Tolima y Caquetá indican una permanencia de entre 8.1 y 12 horas durante las visitas que hacen a los municipios a los que han sido asignados. (Ver grafico 12). El de-fensor público que cubre los municipios de Bolivar indica una permanencia de entre 4.1 y 8 horas durante la visita a los municipios a su cargo.
4.2.2.2. TIPO DE CASOS QUE CON MAYOR FRECUENCIA LES SON ASIGNADOS A LOS DEFENSORES PÚBLICOS
Respecto a los casos que con mayor frecuencia les son asignados a los defensores públicos, en primer renglón se ubican los delitos contra el patrimonio económico (67,4%), seguidos por los delitos contra la salubridad pública (55,6%), los delitos contra la vida e integridad personal (55,1%) y, en menor medida, los delitos contra la familia (42,7%) y otro tipo de delitos (38,2%). Entre estos últimos se destacan los delitos contra la libertad, integración y formación sexuales y los delitos contra la seguridad pública (Ver gráficos 13 y 14 en CD).
A diferencia de lo observado en el consolidado, los delitos contra la salubridad pública se ubican como el primer tipo de casos que con mayor frecuencia les son asignados a los defensores públicos de los munici-pios de Antioquia, Caquetá y Tolima, mientras que los defensores públicos de los municipios de Córdoba y Chocó señalan como primer tipo de casos recibidos, los delitos contra la vida e integridad personal. Por su parte, los delitos contra la familia se ubican entre los dos primeros lugares de los casos más atendidos por los defensores públicos de los municipios de Putumayo, Sucre, Tolima y Antioquia.
El defensor público que cubre los municipios de Bolívar manifiesta que los casos que con mayor frecuencia le son asignados son delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la salubridad pública y delitos contra la vida e integridad personal, todos en la misma proporción (33,3%).
Por último, los defensores públicos de los municipios del Chocó ubican en el primer lugar de los casos que con mayor frecuencia les son asignados (junto con los delitos contra la vida e integridad personal), otro tipo de delitos, entre los que se incluyen los delitos contra la seguridad pública y los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales (Ver gráfico 15 en CD).
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Al hacer un análisis de los casos con mayor incidencia de asignación en los defensores públicos adscritos a las zonas CSDI (Ver gráficos 13 y 14), frente a las tasas de criminalidad cifradas por la Policía Nacional du-rante los años 2008 y 2009 (Ver Tabla 2 en CD); se evidencia que los porcentajes son similares –en niveles de mayor ocurrencia-; por cuanto el total de delitos ocurridos a nivel nacional lleva una correlación directa con los más asumidos cotidianamente por los operadores de la defensoría pública.
En consecuencia, los delitos contra el patrimonio económico ocupan el primer lugar en asignación a los defensores públicos de las zonas CSDI (67,4%), constituyéndose en los tipos penales de mayor ocurrencia a nivel departamental, con 23.832 casos presentados en los departamentos donde se ubican las zonas CSDI (según estadísticas de la Policía Nacional); le siguen los delitos contra la salud pública, que según los defensores encuestados, le son asignados en un porcentaje de 55,6%, frente a una ocurrencia a nivel de-partamental que asciende a 12.043 casos presentados en el año 2009; en éste sentido, si bien no coincide el porcentaje de ocurrencia registrada por la Policía Nacional, si se registra a nivel departamental como el tercer lugar en comisión, según la mencionada institución. Los defensores perciben que los delitos contra la vida y la integridad personal se encuentran en tercer lugar de mayor asignación con 55,1% frente a una ocurrencia departamental de 22.901 casos registrados en el año 2009; evidenciando que a nivel depar-tamental (zonas CSDI), éstos son los tipos penales se cometen con incidencia superior a la asumida por los operadores de defensoría pública; pues los delitos contra la vida y la integridad personal ocuparon el segundo lugar en ocurrencia registrada a 2009 por la Policía Nacional en los departamentos que contienen las zonas CSDI.
En cuarto lugar, los defensores públicos aducen que los delitos contra la familia les son asignados en un porcentaje de 42,7%, frente a una ocurrencia en el año 2009 de 8.474 registrados por la Policía Nacional, porcentaje que coincide con la ocurrencia en los departamentos donde se ubican las zonas CSDI objeto del presente estudio.
4.2.2.3. PROMEDIO DE CASOS ACTIVOS A ENERO 2011
Al indagar por el promedio de casos activos de cada uno de los defensores encuestados, se observa que un poco más de la mitad de los defensores públicos (52,8%) tiene más de 40 casos activos a enero de 2011 (Ver Tabla 3). Se destaca el hecho de que un 17,4% de los defensores públicos manifiesta tener un promedio de más de 80 casos activos, al terminar el primer mes del año 2011.
A nivel regional se registran algunas diferencias respecto a lo observado en el consolidado. Se registra que la totalidad de los defensores públicos de los municipios de Antioquia informan tener, en promedio, entre 0 y 40 casos activos a la fecha, mientras que para una cuarta parte de los defensores de los municipios de Meta y Tolima, el promedio de casos activos al a fecha oscila entre 61 y 80 casos. Por su parte, el defensor que cubre los municipios de Bolívar señala que tiene un promedio de entre 61 y 80 casos activos. Finalmente, casi una tercera parte de los defensores que cubren los municipios de Caquetá (33,3%) Meta (26,9%) y Valle del Cauca (32,3%) señala que el promedio de casos activos supera los 80 (Ver Tabla 3ª).
Tabla 3. Distribución de defensores públicos según rango de promedios de casos activos a enero 2011
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensoría Pública, 2011
Tabla 3a. Distribución de defensores públicos por departamento según rango de promedios de casos activos enero 2011
Fuente: Programa de Acceso a la Justicia –USAID –Encuesta Defensoría Pública, 2011
4.2.2.4. RELACIÓN ENTRE NÚMERO DE MUNICIPIOS Y CARGA DE CASOS
El 73% de los defensores públicos encuestados señaló que el número de municipios y la carga de casos que recibe le permiten atender oportunamente la demanda del servicio de defensa pública, mientras que el 27% restante indica lo contrario. En los municipios de Caquetá, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca, más del 40% de los defensores percibe que no puede atender oportunamente la demanda (Ver gráficos 16 y 17 en CD).
Entre las razones de la no atención oportuna se incluyen la carga laboral excesiva (25%), el número insu-ficiente de defensores asignados (25%) y en menor medida, el cruce de diligencias judiciales (18,7%) y la alta demanda que no permite destinar el tiempo que requiere cada uno de los casos (14,6%) (Ver gráfico 18 en CD).
DISTRIBUIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS SEGÚN RANGO DE PROMEDIOS DE CASOS ACTIVOS A LA FECHA ( ENERO 2011 )
No. Respuestas Porcentaje
Entre 0 y 20 casos 50 28,1%Entre 21 y 40 casos 33 18,5%Entre 41 y 60 casos 38 21,9%Entre 61 y 80 casos 25 14,0%Más de 80 casos 31 17,4%Sin información 1 0,6%Total 178 100,0%
DISTRIBUCIÓN DE DE DEFENSORES PÚBLICOS POR
DEPARTAMENTO, SEGÚN RANGO DE PROMEDIOS DE
CASOS ACTIVOS A LA FECHA ( ENERO 2011)
ENTRE
0 Y 20
CASOS
ENTRE
21 Y 40
CASOS
ENTRE
41 Y 60
CASOS
ENTRE
61 Y 80
CASOS
MÁS
DE 80
CASOS
SIN INFORMACIÓN TOTAL
Antioquia 50,0% 50,0% 100%Bolivar 100% 100%Caquetá 33,3% 33,3% 33,3% 100%Chocó 57,1% 14,3% 28,6% 100%Córdoba 61,1% 16,7% 11,1% 11,1% 100%Meta 28,8% 5,8% 13,5% 25,0% 26,9% 100%Nariño 36,4% 36,4% 27,3% 100%Putumayo 17,9% 25,0% 21,4% 14,3% 17,9% 3,6% 100%Sucre 17,6% 29,4% 41,2% 5,9% 5,9% 100%Tolima 50,0% 25,0% 25,0% 100%Valle del Cauca 12,9% 16,1% 29,0% 9,7% 32,3% 100%Total 28,1% 18,5% 21,3% 14,0% 17,4% 0,6% 100%
53
A nivel regional, la mayoría (66,7%) de los defensores de los municipios de Antioquia que señalan no poderatender oportunamente la demanda, indican que la alta demanda que reciben no les permite dedicar el tiempo necesario a cada uno de sus casos, mientras que para la mayoría de los defensores de Nariño (66,7%) la principal causa es la carga laboral excesiva (Ver gráfico 19 en CD).
Por su parte, la totalidad de los defensores de los municipios de Sucre, al igual que el defensor que cubre los municipios de Bolívar, indican que no pueden atender la demanda porque el número de defensores asignados es insuficiente.
En el caso de los defensores de los municipios de Caquetá, Córdoba y Tolima la no atención oportuna se relaciona principalmente con un insuficiente Número de defensores asignados, situaciones de orden públi-co, dificultades de distancia y tiempo para atender los municipios asignados, y carga laboral excesiva (Ver gráfico 19).
Finalmente, para los defensores públicos de Meta, Putumayo y Valle del Cauca son varios los factores que afectan la atención oportuna de la demanda del servicio de defensa pública, entre los cuales sobresalen una carga laboral excesiva, cruce de diligencias judiciales, número insuficiente de defensores asignados y alta demanda que no permite dedicar el tiempo necesario a cada caso (Ver gráfico 19 en CD).
4.2.3. APOYO INTERINSTITUCIONAL
Al preguntar a los defensores públicos si cuentan con apoyo de entidades a nivel regional y/o nacional para la prestación del servicio de defensa pública, el 78,7% de los defensores encuestados señala haber obtenido apoyo de otras instituciones (Ver gráfico 20 en CD). A nivel regional no se registran diferencias, en cada uno de los departamentos, un porcentaje significativo de los defensores (superior al 65%), incluyendo al defensor que cubre los municipios de Bolívar, señala haber recibido apoyo interinstitucional (Ver gráfico 21 en CD).
Entre las entidades del orden nacional que brindan apoyo a los defensores se destacan la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, el INPEC, Policía Nacional, y en menor medida la Procuraduría General del a Nación. Por su parte, la Personería, a nivel, local es identificada por el 40% de los defensores, como una de las entidades que les brinda apoyo para prestar el servicio de defensa pública (Ver gráfico 22 en CD).
Al revisar el comportamiento a nivel regional se destaca que para los defensores públicos de los municipios del Tolima, las entidades que mayor apoyo les ofrecen son la Personería y el INPEC (60% Y 40%, respecti-vamente) (Ver gráfico 23 en CD).
El 78,6% de los defensores que señalaron haber recibido apoyo de otras instituciones evalúan como opor-tuno el apoyo brindado por éstas. En términos de calidad, el 76,4% de los defensores otorga una buena calificación al apoyo obtenido (Ve gráficos 24 y 25 en CD).
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4.2.4. APOYO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
4.2.4.1. APOYO DE LA DEFENSORÍA REGIONAL
El 80,9% de los defensores públicos encuestados considera que la Defensoría Regional responde oportuna-mente a sus requerimientos para una mejor prestación del servicio de asistencia legal (incluyendo al defen-sor público que cubre los municipios de Bolívar). Sin embargo, a nivel regional se observa que una tercera parte de los defensores que cubren los municipios de Caquetá y Sucre y una cuarta parte de los del Tolima, consideran lo contrario (Ver gráficos 26 y 27 en CD).
Entre las razones que tienen en cuenta lo defensores, para calificar como oportuna la respuesta de la De-fensoría regional sobresalen las siguientes: que las inquietudes son atendidas a tiempo (47,2%), la buena disposición para atender los requerimientos (24,3%) y, en menor medida, la organización y el contar con personal idóneo para dar respuesta a las solicitudes (16,7%) y su acompañamiento permanente (11,8%). Para la mayoría de los defensores públicos que cubren los municipios del Chocó y para el defensor que cubre los municipios de Bolívar, el principal factor con el que cuenta la Defensoría Regional para atender oportunamente las solicitudes de sus defensores, tiene que ver con la atención en los tiempos previstos, mientras que para un poco más de la tercera parte de los defensores de Nariño prevalece el acompaña-miento permanente sobre los demás factores que permiten la atención oportuna (Ver gráficos 27ª y 28 en CD).
Por su parte, los defensores que indicaron que la Defensoría Regional no atiende oportunamente sus reque-rimientos, señalan como factores que afectan la atención, la falta de recurso humano y técnico (55,9%) y
57
que no se cuenta con el apoyo suficiente (26,5%). A nivel regional, la totalidad de los defensores que cu-bren los municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca y la mayoría de los del Meta, que presentan inconformidad con el apoyo que les ofrece la Defensoría Regional, manifiestan que la no atención oportuna se relaciona con la falta de recurso humano y técnico, mientras que los defensores de Caquetá y Tolima indican que el apoyo recibido es insuficiente.
El 25% de los defensores del Meta señala como factor determinante en la no atención oportuna, dificulta-des de la Oficina regional en su relación con el nivel central, mientras que para el 16,7% de los defensores públicos de los municipios del Putumayo, el hecho que la defensoría Regional no brinde actividades de ca-pacitación afecta la atención oportuna. (Ver gráficos 27b y 29 en CD).
4.2.4.2. APOYO DE OTRAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
El 54,5% de los defensores públicos encuestados (incluyendo al defensor de Bolívar) manifestó haber reci-bido apoyo de otras Unidades del Sistema Nacional, mientras que el 45,5% de los defensores públicos que señalaron lo contrario. Entre estos últimos se destacan los defensores que cubren los municipios de Caque-tá (66,7%), Meta (57,7%), Antioquia (50%) y Tolima (50%) (Ver gráficos 30 y 31 en CD).
Entre las Unidades Operativas que brindan apoyo a los defensores públicos para el manejo de sus casos sobresalen la Unidad de Investigación Criminal (58,8%), la Unidad de Capacitación e Investigación (55,7%) y en menor medida, las Oficinas Especiales de Apoyo (36,1%) y la Unidad de Control, Vigilancia de gestión y Estadística (20,6%) (Ver gráfico 32 en CD).
A nivel regional, el defensor que cubre los municipios de Bolivar señala como unidades que le brindan apoyo para el manejo de sus casos a la Unidad de Investigación Criminal y la Unidad de Capacitación e Investigación. Todos los defensores públicos de los municipios de Caquetá manifiestan recibir apoyo de la Unidad de Investigación Criminal solamente, mientras que más del 50% de los defensores de Chocó y Sucre ubican como primera instancia del Sistema Nacional de la Defensoría Publica, que les brinda apoyo, a la Unidad de Capacitación e Investigación. Por su parte, la mitad de los defensores públicos de los municipios del Tolima y una tercera parte de los municipios de Chocó y Antioquia señalan que la Oficina Regional de Apoyo es la unidad que más les ofrece apoyo para el manejo de sus casos.
Finalmente, un 21,9% de los defensores públicos de Putumayo destaca el apoyo que les brinda la Unidad de Control, Vigilancia de gestión y Estadística (Ver gráfico 33 en CD).
El 92,8% de los defensores que señalaron recibir apoyo de las Unidades Operativas del Sistema Nacional de Defensoría Pública califican el apoyo brindado como oportuno y en términos de calidad, señalan que la ayuda recibida es buena (Ver gráficos 34 y 35 en CD).
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4.2.5. CAPACITACIÓN
4.2.5.1. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN, OFICINAS ESPECIALES DE APOYO, U OTRAS INSTANCIAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
Respecto a los procesos de capacitación, se registra que sólo el 9% de los defensores públicos encuestados no han participado en ninguna actividad formativa. Caquetá es el departamento que cuenta con una ma-yor proporción de defensores que no han participado en actividades de formación (33,3%), mientras que el defensor público asignado a los municipios de Bolívar y la totalidad de los defensores de los municipios de Choco, Córdoba, Tolima y Nariño registran una participación total en este tipo de actividades (Ver gráficos 36 y 37 en CD). Los cursos cortos y seminarios son las actividades de formación más frecuentes para los defensores (68%), las actividades de mayor duración como los diplomados y las especializaciones registran una menor pro-porción (28%). A nivel regional, los municipios de Chocó, Nariño, Sucre, Tolima y Valle del Cauca registran cerca de una tercera parte de sus defensores realizando diplomados y especializaciones. Por su parte, en los municipios de Putumayo y Caquetá y Bolívar se observa una alta presencia de defensores públicos en cursos cortos y seminarios (Ver gráficos 38 y 39 en CD).
Respecto a los temas tratados en las actividades formativos, las temáticas más recurrentes son las técnicas del juicio oral, audiencias preliminares, reglas de prueba y argumentación jurídica.
Además de los temas señalados anteriormente, la casación, la psicología del testimonio del menor y el abordaje de delitos sexuales se sugieren como los temas que deben tratarse con mayor intensidad y frecuen-cia en las actividades de capacitación que programe la Defensoría. La proporción de defensores que ha tenido capacitación virtual es muy baja (5%) (Ver gráficos 40, 43 y 44 en CD).
La calificación general de todas las actividades de formación es excelente, solo el 2% las califica como deficientes. Los defensores que han participado en estas actividades consideran muy favorable el aporte de estas capacitaciones en su desarrollo profesional y en su desempeño laboral (Ver gráficos 41 y 42 en CD). Por otra parte, aunque el número de defensores que ha participado en cursos virtuales de la Escuela de Defensoría Pública es muy bajo (5 de 178), todos califican estos cursos como buenos.
61
4.2.5.2. ENVÍO DE AYUDAS FORMATIVAS, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA ACTUALIZADA POR PARTE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.
De otra parte más de la mitad de los defensores públicos encuestados declara haber recibido algún tipo de ayudas formativas por cuenta de la Defensoría Pública (64,6%). La totalidad de los defensores de los muni-cipios de Chocó y la mayoría de los de Nariño y Valle del Cauca y el defensor que cubre los municipios de Bolívar señalan haber recibido apoyo de la Defensoría, en esta modalidad. Por su parte, un buen Número los defensores de los municipios de Caquetá y, en menor medida, de los que cubren los municipios del Meta y Tolima, registran no recibir de parte de la Defensoría Publica algún tipo de ayudas para su formación (Ver gráficos 45 y 46 en CD).
En cuanto a la recepción de doctrina y jurisprudencia actualizadas se observa que la mayoría de los defen-sores (62,4%) no la recibe. Los defensores públicos de los municipios de Caquetá, Meta, Putumayo y Tolima son los que menos obtienen este tipo de material, mientras que el defensor de Bolívar y más de la mitad de los defensores de Chocó y Nariño señalan recibirlo.
Entre los defensores que reciben información actualizada se observa que la frecuencia con la que reciben esta información varía entre bimestral y quincenal, solo el 18% declara recibirla semanalmente (Ver gráficos 47, 48 y 49 en CD).
4.2.5.3. CONSULTA DE LA PÁGINA WEB DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Respecto a la consulta de la página web de la Defensoría, el 70,2% de los defensores públicos encuestados realizan consultas permanentes. Entre el 30% que no lo hace, se destacan los defensores de los municipios de Meta, Sucre y Tolima (Ver gráficos 50 y 51 en CD).
De los defensores que la consultan regularmente (incluyendo el defensor público asignado a los municipios de Bolívar), el 81,7% considera que el funcionamiento de la página es adecuado. De igual forma, los de-fensores que consultan permanentemente la página web de la Defensoría del Pueblo se muestran altamente conformes con el aporte que el contenido de la página hace a su desempeño como defensores.
Los defensores de los municipios de Tolima y Nariño se destacan entre quienes califican como regular el aporte de la página a su desempeño como defensores públicos. (Ver gráficos 52, 53 y 54 en CD).
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4.2.6. DIFICULTADES Y FACTORES DE RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Al preguntarles a los defensores públicos si existen dificultades para la prestación del servicio de defensa publica en los municipios a los que ha sido asignado, el 61,8% manifiesta no tenerlas, mientras que el 38,2% señala que han enfrentado situaciones que les obstaculizan la prestación del servicio de asistencia legal (incluyendo al defensor que cubre los municipios de Bolívar). Entre estos últimos se destacan los de-fensores que cubren municipios de los departamentos de Chocó, Caquetá, Nariño, Putumayo y Tolima. (Ver gráficos 55 y 56 en CD).
Entre los principales obstáculos que identifican los defensores públicos se encuentran los relacionados con el recurso humano, la seguridad, las comunicaciones y tecnología y en menor medida las condiciones geográficas. Los problemas de seguridad afectan en mayor medida a los defensores públicos que cubren los municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba, Nariño y Putumayo, mientras que para la mayoría de los defensores de los municipios de Sucre y un buen Número de los del Valle del Cauca, en el primer renglón de dificultades para la prestación del servicio de defensa pública se ubica el recurso humano.
Para el defensor de Bolivar las principales dificultades que debe enfrentar se relacionan con el recurso hu-mano y la seguridad. Por último, un buen Número de los defensores de los municipios de Caquetá, Meta y Tolima, además de señalar dificultades en recurso humano y seguridad, también registran obstáculos rela-cionados con la geografía y las comunicaciones (Ver gráficos 57 y 58 en CD).
El 80,9% de los defensores públicos encuestados (incluyendo al defensor que cubre los municipios de Bolí-var) ha identificado factores de riesgo22 para la prestación del servicio de defensa publica en los municipios a lo que ha sido asignado. Sobresale el caso de los defensores públicos de los municipios del Tolima, ya que todos señalan la existencia de factores de riesgo para ejercer su labor. Entre los defensores públicos que no han reconocido factores de riesgo (19,1%) se destacan los que cubren los municipios de Meta, Sucre y Valle del Cauca (Ver gráficos 59 y 60 en CD).
Según la opinión de los defensores, el principal factor de riesgo para la prestación del servicio de defensa pública es la presencia de grupos armados al margen de la ley (49,4%), seguido, aunque en mucha menor medida, por las situaciones de orden público (13%). Es preciso indicar que los defensores también señalan las agresiones por el resultado de los casos, amenazas, ausencia de fuerza pública en zonas de tránsito de los defensores hacia los municipios que deben atender y la estigmatización por la prestación de los servicios de defensa a miembros de grupos ilegales al margen de la ley, entre los factores de riesgo (Ver gráfico 61 en CD).
A nivel regional, sobresale el hecho de que para la mayoría de los defensores de los municipios de Sucre y Valle del Cauca el principal factor de riesgo lo constituyen las amenazas, mientras que para los defen-sores públicos del Tolima, los factores de riesgo se distribuyen proporcionalmente entre la presencia de grupos armados al margen de la ley, las agresiones por el resultado de los casos, la estigmatización por la prestación de servicios de defensa a miembros de grupos ilegales al margen de la ley y la dificultad en los desplazamientos por la falta de vías Por su parte, para el defensor de Bolívar el principal factor de riesgo se relaciona con las agresiones por el resultado del os casos. (Ver grafico 62 en CD).
22 Se entienden como factores de riesgo todas las circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de que el defensor no pueda atender oportunamente la demanda del servicio de asistencia legal.
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4.2.7. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA, EN TéRMINOS DE COBERTURA Y CALIDAD
Respecto a las recomendaciones, los defensores en general destacaron la necesidad de contar con una mayor cantidad de capacitaciones y actualizaciones de los temas relevantes para el adecuado desempeño de sus funciones; en segundo lugar mencionaron la importancia de contar con más defensores que puedan apoyar la respuesta de las regionales a los municipios. Por último señalaron mejoras institucionales de dis-tintos tipos entre las que se destacan el apoyo logístico para los desplazamientos a los municipios (viáticos), el incremento de los honorarios, el mejoramiento de las instalaciones o la creación de nuevos espacios para la adecuada atención de las demandas, entre otros (Ver gráfico 63 en CD).
En cuanto a las regionales, Bolívar, Córdoba, Meta y Putumayo consideran que la prioridad son las capa-citaciones, mientras que las demás regionales privilegian el aumento de defensores. Por su parte Tolima, Sucre y Nariño registran interés en las mejoras institucionales ya mencionadas. Por último, Antioquia, Tolima y Nariño presentan la mayor proporción de defensores satisfechos con el estado actual de sus regionales (Ver gráfico 64 en CD)23.
23 Para conocer con mayor detalle las recomendaciones presentadas por los defensores públicos encuestados, favor remitirse al anexo No. 8.4.
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5. ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
El grafico 6 (Distribución de los Defensores Públicos según programas a los que han sido asignados), mues-tra cómo el programa de Ley 906 de 2004, sigue siendo el abanderado de la prestación del servicio de defensoría pública; sin embargo, también hay un porcentaje considerable de defensores que aun atienden ley 600 de 2000 y otros programas como Ley de Infancia y Adolescencia y Derecho Penal Militar; así como áreas no penales. Lo anterior, observado en conjunto con el gráfico 40 (Distribución de los Defensores Pú-blicos según temas tratados en las actividades formativas), específicamente muestra los contenidos en los que han recibido formación los defensores encuestados, evidenciando que las capacitaciones con mayor porcentaje se han dirigido a temas como técnicas de juicio oral, audiencias preliminares, reglas de prueba, argumentación jurídica, técnicas de negociación y Ley de infancia y adolescencia; sin embargo, los demás temas que aborda el programa de formación de la escuela de capacitación de la defensoría publica, pre-senta un muy bajo porcentaje en cuanto a defensores públicos que han recibido capacitación en temas que difieren del sistema penal acusatorio, lo que implica que si bien la capacitación debe mantenerse en SPA, también debe fortalecerse en los demás programas que ofrece el servicio de defensa pública.
En cuanto al tema de la capacitación brindada por la Defensoría Pública, especialmente a cargo de la Unidad de capacitación e Investigación, el gráfico 36 (Distribución de los defensores públicos según par-ticipación en actividades de formación desarrolladas por la Defensoría Pública) indica que un 91,0% han participado en actividades de formación, donde solamente Chocó, Córdoba, Nariño y Tolima tienen co-bertura total de defensores capacitados, las demás regiones aunque en pequeños porcentajes, refleja que aun no se ha recibido formación como lo indica el grafico 37(Distribución de los defensores públicos por departamento según participación en actividades de formación desarrolladas por la Defensoría Pública), debiendo fortalecer ese mínimo porcentaje a fin de obtener una cobertura total de defensores capacitados.
Teniendo en cuenta que el Campus Virtual de la Defensoría del Pueblo es una herramienta fundamental para la formación de los defensores públicos a nivel nacional, es recomendable celebrar contratos de dominio y hosting por periodos mayores a un año, que por estrategia de operatividad, debiera ser por periodos de cuatro (4) años, que coincidan con la administración del Defensor del Pueblo, que tiene a cargo la capaci-tación y formación de los operadores de defensoría a través de su Director Nacional de Defensoría Pública; a fin de evitar inconvenientes de inoperatividad.
Adicionalmente, se recomienda hacer una campaña de publicidad del campus dirigida a todos los defen-sores del país, para que conozcan y sepan que cuentan con esta herramienta para su formación, ya que es evidente que muchos defensores no saben de su existencia y por ende no lo usan.
Por su parte, es de vital importancia que continuamente se impartan los diferentes niveles formativos creados por el plan de capacitación de la Escuela de Formación “Roberto Camacho Weverberg” para que los ope-radores del Sistema Nacional de Defensoría Pública puedan inscribirse y tomar los cursos.
Respecto a la necesidad de los defensores públicos de mantener actualizados en temas jurisprudenciales; se recomienda como estrategia, que el campus virtual funcione en su totalidad con los objetivos con que fue creado, puesto que en este se encuentra un link de buscador jurisprudencial dependiente de la Relatoría, de-sarrollado específicamente para facilitar el acceso de los defensores a los últimos pronunciamientos las Altas Cortes. Esta herramienta fue pensaba y creada de una manera tal que sea de fácil acceso y de eficaces re-
5.1. CAPACITACIÓN
sultados en la búsqueda, así que se hace necesario mantener actualizada la información del buscador para que el mismo se mantenga como una herramienta real para los defensores y no se vuelva a presentar situa-ciones como la actual, en la que un gran número de aquellos, alega no obtener jurisprudencia actualizada y lo que es peor –como ya se dijo- no conocen el Campus Virtual, herramienta vital para la actividad defensiva del abogado y básica para los lineamientos de estrategias jurídicas en la atención de sus casos.
Respecto de las regiones Tolima, Sucre y Meta hacer una campaña especial para que empiecen a utilizar esta página como una herramienta a su alcance para su formación como defensores.
El gráfico I de la encuesta (Perfil del defensor público), evidencia la distribución de los defensores encuesta-dos por departamentos y que pertenecen a las zonas CSDI objeto del presente estudio; a pesar del incremen-to considerable de defensores que se han dado en los últimos cinco años de prestación del servicio, vemos como aún no se han alcanzado las proyecciones establecidas para muchas de las regiones consideradas como zonas CSDI.
Con base en la información proporcionada por la Universidad de los Andes y el instituto SER hasta el año 2008, se encuentra que, en Departamentos como Bolívar, Nariño, Tolima, y Valle del Cauca, en el presente año 2011 no se han logrado dichas proyecciones en cuanto a número de defensores públicos contratados a nivel general por departamento.
Más aún, si se tiene en cuenta que dicho propósito fue dirigido hacia el programa de Sistema Penal Acu-satorio únicamente; por lo que comparando el porcentaje de defensores públicos proyectados a 2008 Vs. el porcentaje de los operadores efectivamente contratados en ese año, se evidencia la distancia que existe en alcanzar las cifras recomendadas. Ahora bien, comparando el número de defensores contratados hasta lo que se lleva del 2011, se encuentra nuevamente, cómo aun en los departamentos antes mencionados (Bolívar, Nariño, Tolima y Valle del Cauca), tampoco se han logrado las cifras proyectadas.
Por otra parte y en directa relación con el tema tratado, las proyecciones elaboradas por la Universidad de los Andes y el Instituto SER se basaron únicamente en porcentajes deseados para el programa de SPA para el año 2008; sin embargo, los datos reales de números de defensores contratados al año 2011, se refieren al total defensores en los multinombrados departamentos, y lo que es peor, dicho porcentaje corresponde a los operadores de defensoría pública pertenecientes a todos los programas y en todo el departamento.
En resumen, podemos determinar que el número de defensores públicos en la actualidad estaría llegando al borde de alcanzar la proyección que se debía tener para el año 2008 de defensores adscritos al sistema penal acusatorio, con la gran diferencia que se está logrando la meta pero con el número total de dichos operadores pertenecientes a todos los programas; lo que pone de manifiesto el déficit de contratación que presenta en nuestros días la Defensoría Pública para abarcar satisfactoriamente la prestación del servicio en todas las áreas manejadas, según el estudio realizado.
La Auditoría Gubernamental realizada a la Defensoría del Pueblo de la vigencia 2009, por la Contraloría General de la República arrojó los siguientes resultados, en cuanto al tema de contratación se refiere:
2. RESULTADOS DE AUDITORÍA2.1. GESTIÓN DEFENSORÍA PÚBLICAHallazgo No. 1. Plan EstratégicoDe acuerdo con las solicitudes regionales para el año 2009 se hacía necesario contratar a 158 operadores del
5.2. CONTRATACIÓN
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sistema para 33 de las 36 regionales. Según documento “La Defensoría Pública en Cifras”, para el año 2008 secontrataron 2.300 defensores y en 2009 los defensores eran 2.371, diferencia de una vigencia a otra de 71 defensores, lo cual representa tan solo un 44% de lo requerido por las regionales, permitiendo tal desatención dar cumplimiento al postulado legal de fortalecer el Sistema de Defensoría Pública haciendo tal hecho que las solicitudes de servicio pudiere haberse visto con-gestionadas.
Por otra parte, el gráfico 18 (Distribución de los Defensores Públicos según razones de la no atención oportuna de la demanda, por la relación entre municipios asignados y carga laboral) muestra que la no atención oportuna de la demanda del servicio está directamente relacionada con:
• Alta demanda que no permite dedicar el tiempo necesario a cada caso, • Carga laboral excesiva • Insuficiencia del Número de defensores contratados para atender la demanda del servicio
Ahora bien, el estudio y proyección adelantada por el Instituto SER y la Universidad de los Andes (respecto del número de defensores públicos que debían ser contratados para asumir la carga laboral hasta el año 2008), arrojó un promedio de 40 casos activos por operador; mientras que el XVII Informe anual del Defen-sor del Pueblo al Congreso en el 2009 anunció que la carga laboral promedio por defensor se encontraba en 58 casos activos; lo anterior evidencia que en efecto existe carga laboral que impide la atención opor-tuna y responsable de los procesos asignados, sumado a otros hechos y circunstancias que debe asumir cada uno de los operadores de defensa pública y que se traducen en: inconvenientes de desplazamiento de un municipio a otro, cruce de audiencias intermunicipales, seguridad, honorarios insuficientes para cubrir gastos de traslado, etc.
De ahí, que la estrategia a utilizar sea el incremento de contratación de defensores públicos que debiera contar el servicio Nacional de Defensoría Pública a la fecha actual, especialmente en las regiones estable-cidas como zonas CSDI, y no solo para el programa de Sistema Penal Acusatorio sino en todos los progra-mas en que se presta el servicio; lo cual se lograría si cada regional por departamento estipula un número aproximado de defensores públicos necesarios para atender la demanda del servicio en cada programa de los que se manejan en las diferentes regiones y nuevamente según la demanda de estos en cada zona. Una vez obtenidos estos resultados, realizar la contratación de los defensores que para alcanzar las proyecciones hagan falta.
Si bien es cierto, la Ley 600 de 2000 en su artículo 131 otorgaba facultades a los estudiantes adscritos a las facultades de derecho de las Universidades colombianas, mientras cursaran la materia de consultorio jurídico y al tratar el tema de la defensa de oficio, disponía que en los lugares donde existiera imposibili-dad de designar un defensor público, se designará uno de oficio, autorizando –a su vez- a los estudiantes de consultorio para ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales municipales, quienes conocen de:
1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. De los procesos por delitos que requieran querella de parte (Art. 35 ley 600/2000), cualquiera sea su cuantía, excepto la injuria; calumnia; injuria y calumnia indirecta; injuria por vías de hecho; injurias o ca-lumnias recíprocas.
5.3. CONSULTORIOS JURÍDICOS
3. De los procesos por delitos de lesiones personales. No está de más resaltar que el salario sobre el cual se fija la cuantía, es el vigente al momento de la comisión de la conducta punible.
Por su parte, en lo que tiene que ver con los procesos que requieren impulso por parte del sujeto pasivo, están definidos en el artículo 35 de la ley 600 del 2000, y son enumerados así:
• Lesiones personales sin secuelas, que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días. Artículo 112 incisos 1º y 2º • Violación de habitación ajena. Artículo 189 • Violación en el lugar de trabajo. Artículo 191 • Violación ilícita de comunicaciones. Artículo 192 • Divulgación o empleo de documentos reservados. Artículo 194 • Acceso abusivo a un sistema informático. Artículo 195 • Violación de la libertad de trabajo. Artículo 198 • Violación a los derechos de reunión y asociación. Artículo 200 • Violación a la libertad religiosa. Artículo 201 • Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. Artículo 202 • Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. Artículo 203 • Violencia intrafamiliar. Artículo 229 • Inasistencia alimentaría. Artículo 233 • Malversación y dilapidación de los bienes de familiares. Artículo 236 • Hurto simple cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 239 inciso 2º • Hurto de uso y entre condueños. artículo 242 • Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado. Artículo 243 • Estafa cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 246 inciso 3º • Emisión y transferencia ilegal de cheques. Artículo 248 • Abuso de confianza. Artículo 249 • Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. Artículo 252 • Alzamiento de bienes. Artículo 253 • Sustracción de bien propio. Artículo 254 • Disposición de bien propio gravado con prenda. Artículo 255 • Defraudación de fluidos. Artículo 256 • Utilización indebida de información privilegiada cuando sea cometida por un particular. Artículo 258 • Malversación y dilapidación de bienes. Artículo 259 • Usurpación de tierras. Artículo 261 • Usurpación de aguas. Artículo 262 • Invasión de tierras o edificios. Artículo 263 • Perturbación de la posesión sobre inmuebles. Artículo 264 • Daño en bien ajeno. Artículo 265 • Usura y recargo de ventas a plazo. Artículo 305
En desarrollo de dicha norma, la Ley 583 de 2000 establece que “Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios jurídicos podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abo-gados de pobres:
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1. En los procesos penales de que conocen los jueces penales municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades penales, en condiciones de apoderados de los implicados.
2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representantes de la parte civil.
3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia.
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, dichas facultades aparentemente le fue-ron eliminadas a los estudiantes candidatos a graduarse, restringiéndolo únicamente a la representación de víctimas, en calidad de apoderados de oficio, esto es ante la imposibilidad de que ellas cuenten con un representante de confianza.
Con la promulgación de la Ley 1153 de 2007 mediante la cual se definían las conductas contravencionales, se determinaba la punibilidad y el procedimiento. Varios delitos de competencia de los jueces penales muni-cipales se degradaron a la categoría de contravenciones y la misma norma otorgó plena competencia a los consultorios jurídicos para que sus estudiantes actuaran como defensores o representantes de las víctimas.
La vigencia de la Ley 1153 fue lacónica por pronunciamiento C-879 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, quien la declaró inconstitucional.
Ahora bien, para resolver el asunto de la colaboración a los defensores públicos de los estudiantes de con-sultorio jurídico, se debe tener en cuenta la jurisprudencia proferida al respecto, así en sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 33.752 del 20 de Octubre de 2010, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
“ Así las cosas, se tiene claro que a diferencia de lo que ocurre en la Ley 906 de 2004, que, como se dijo, limitó a las víctimas la defensa técnica por parte de los estudiantes de derecho vinculados a los Consultorios Jurídicos, en las normatividades procesales penales anteriores sí se aludía expresamente a esa posibilidad, debiendo acatarse, desde luego, las precisiones decantadas por la jurisprudencia nacional a través de los años, en torno a dicho ejercicio.(…) al margen de que el Código de Procedimiento Penal de 2004 no haya consagrado expresamente la posibilidad de que los integrantes de los Consultorios Jurídicos puedan ejercer la defensa de los procesados, lo cierto es que sí pueden hacerlo, ya que el legislador, en últimas, autorizó su intervención. Lo hizo a través de la Ley 941 de 2005, por medio de la cual “organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública” que, como se recordará, fue designado de manera expresa en la Ley 906 de 2004 –artículo 118-, junto con el abogado principal que libremente designe el imputado, para que ejerza la defensa técnica en el marco del proceso penal acusatorio.”
En efecto, el artículo 14 de la citada Ley 941 enuncia los “Componentes” del Sistema Nacional de Defen-soría Pública, en estos términos:
“El Sistema Nacional de Defensoría Pública está compuesto por la Dirección del Sistema Nacional de De-fensoría Pública, los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales, los coordinadores administrativos y de gestión, los coordinadores académicos, los personeros municipales, los defensores públicos, los abogados particulares vinculados como Defensores Públicos para las excepciones previstas en esta ley, los investiga-dores, técnicos y auxiliares, los judicantes, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho, las personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y las organizaciones que brinden capacitación a los componentes del Sistema. También pertenecerán al Sistema los programas jurídicos que las autoridades indígenas establezcan”.
Se agrega, en el precepto siguiente, que dicho servicio será prestado por profesionales del derecho vin-culados al Sistema en el territorio nacional, con excepción de lo previsto en los dispositivos 16 y 17 de la referida ley, es decir, respecto de los egresados que estén realizando la judicatura y los estudiantes de los Consultorios Jurídicos.
A los últimos se refiere específicamente el artículo 17 citado, de esta forma:
“Los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades legalmente reconocidas en el país, que formen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, podrán prestar servi-cio de asistencia y representación judicial en materia penal”.
Para el efecto, la Ley 941 ha establecido como requisito adicional la existencia de un contrato o convenio suscrito entre la Defensoría del Pueblo y el Consultorio Jurídico de la respectiva facultad de Derecho.”
En consecuencia, se evidencia la necesidad de elevar a convenio o prorrogar los ya existentes con las Uni-versidades Públicas y Privadas, a fin de otorgarle al estudiantado próximo a graduarse de las facultades de derecho, una oportunidad de aprender de manera práctica el ejercicio de la profesión de abogado en el área penal, desde la óptica defensiva, y; logrando –de paso- la colaboración y disminución de la carga pro-cesal asignada a los defensores públicos de las cabeceras municipales que muchas de las veces se ven for-zados a descuidar algunos procesos por la carga laboral que les corresponde en varios municipios alejados donde se les hace difícil trasladarse en tiempos cortos, como lo exige el trámite normal de un proceso penal.
Teniendo en cuenta que las zonas de consolidación objeto del presente estudio son algunos municipios de determinados departamentos del país, el anterior cuadro representa los departamentos y regionales (que contienen las zonas CSDI) donde operan o existieron convenios con consultorios jurídicos; con la salvedad de que dichos acuerdos operan únicamente para las cabeceras de los departamentos con que se suscriban los mismos. En consecuencia, no es posible utilizar dicha figura “consultorios jurídicos” para menguar en cierta medida la carga laboral que asumen los defensores públicos adscritos a las zonas CSDI por cuanto las mismas no son cabeceras municipales.
Según el gráfico 20 del procesamiento de encuestas, los defensores en su mayoría perciben un buen apoyo institucional nacional y/o regional, un 78,7% frente a un 21,3% que no lo consideran así.
En cuanto al apoyo institucional de la defensoría regional a los defensores públicos, (gráfico 26), un 80,9% considera oportuno el apoyo frente a un 19,1% que creen que esta colaboración y apoyo no es oportuno.
Es especial el caso de Antioquia, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca (gráfico29) donde un 100% de los defensores encuestados consideran que falta recurso humano y técnico en sus respectivas Defensorías Regionales, para una respuesta oportuna de las mismas.
Ahora bien, el gráfico 22 muestra que las entidades nacionales que mayor apoyo brinda a la labor defen-sorial es en su orden: La Fiscalía, Medicina Legal, INPEC y Policía Nacional.
Sin embargo se presenta un caso específico donde según el grafico 23 del procesamiento de encuestas, muestra como el departamento de Tolima manifiesta tener únicamente apoyo del INPEC y la Personería, surgiendo la inquietud de la labor que prestan las demás instituciones en esta región, especialmente con medicina legal y Policía Nacional.
5.4. APOYO INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL
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De la misma forma, se requiere la realización de convenios interinstitucionales que refuercen la labor de-fensorial, con especial énfasis en las entidades que fueron incluidas en la encuesta y que hacen parte del quehacer cotidiano de los defensores en la prestación del servicio.
6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
HALLAZGOS RECOMENDACIONES
1. El Campus Virtual de la Escuela de Capaci-tación se constituye en herramienta fundamental para el proceso de capacitación para los Opera-dores del Sistema Nacional de Defensoría Pública.
1. Ampliar el contrato de Hosting y dominio del Campus Virtual de la Escuela de Capaci-tación “Roberto Camacho Weverberg” por perio-dos de administración del Defensor del Pueblo (4 años) a fin de que se no vea interrumpido el pro-ceso de formación de los defensores públicos.
2. Los defensores encuestados manifiestan cono-cer la página web de la entidad; sin embargo, manifiestan no conocer específicamente el Cam-pus Virtual de la Escuela de Capacitación como herramienta –que es- de formación de los opera-dores de defensa pública a nivel nacional.
2. Realizar campañas de publicidad del Cam-pus Virtual de manera que los operadores de de-fensoría pública a nivel nacional y en especial los contratados en las zonas CSDI tengan presente que cuentan con esta herramienta que contribuye a su formación profesional.
Lo anterior, podría lograrse a través de medios físicos como las capacitaciones presenciales, barras unificadas y de defensores por medio de charlas y folletos; por medio virtual, con envío de publicidad a los correos electrónicos privados e institucionales; y por vía directa a través de los defensores regionales.
Terminar de diseñar y desarrollar en el campus virtual de la Escuela, los niveles formativos que integran el Plan nacional de capacitación.
3. Sobre los servicios que presta la Defensoría Pública en sus múltiples programas se evidenció que la capacitación se centra y focaliza en temas concernientes a Ley 906 de 2004, lo que margina a los demás programas en los que presta sus ser-vicios la dependencia defensorial.La Ley 941 de 2005 (art. 1º) prevé como finalidad de la Defensoría Pública la prestación del servi-cio únicamente en el área penal, sin embargo, la Ley 24 de 1992 (art. 21) estipula civil, laboral y contencioso-administrativo como áreas adiciona-les a la penal; además el Manual de Contratación de la Defensoría del Pueblo modificado mediante Resolución 273 de 2011 en su Título V, incluye nuevamente otros programas diversos al área pe-nal en los que presta su servicio, estableciendo los requisitos para operar en dichos programas.
3. Desarrollar planes de capacitación para to-dos los programas que ofrece el servicio de De-fensoría Pública, según lo normado en la Ley 24 de 1992 y la Resolución 273 de 2011 (penal, ci-vil, laboral, administrativo y familia); lo que im-plica que si bien la capacitación debe mantenerse en SPA, también debe fortalecerse en los demás programas que se ofrecen. Además, extender la capacitación a las zonas CSDI, fortaleciendo a sus operadores en temas diversos en los que también está comprometido el servicio de la Defensoría Pública, de manera que se brinde una formación concentrada y conti-nua en todos los programas sin exclusión alguna, logrando reforzar y complementar el servicio de-fensorial con prestación óptima en todos los pro-gramas.
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HALLAZGOS RECOMENDACIONES
4. Los datos contenidos en el gráfico 47 de la encuesta, dan a conocer que el 62,4% de los de-fensores manifiesta no recibir doctrina y jurispru-dencia
4. Actualizar y alimentar constantemente la Relatoría contenida en el Campus Virtual en cuanto a jurisprudencia se refiere, así como el buscador de fallos adjunto a dicha herramienta; de manera que opere según las finalidades para la que fue creada.
5. El estudio de conveniencia y oportunidad ade-lantado por el Instituto SER en conjunto con la Universidad de los Andes, arrojó las proyecciones de honorarios que debían recibir los defensores públicos adscritos en SPA a nivel nacional, gra-dualmente desde la vigencia 2005 hasta el año 2008 monto que debía llegar a $3.500.000; sin embargo, el incremento real percibido por los operadores mencionados alcanzó dicha cifra sólo hasta el año 2010. Los defensores públicos adscritos a las zonas CSDI, en cumplimiento de su labor, deben afron-tar gastos adicionales a los propios de su función, como consecuencia de la ubicación de los muni-cipios en que deben prestar el servicio.
5. Estudiar la posibilidad de incrementar los honorarios previstos para los defensores públicos de las zonas establecidas como CSDI, debido a que son estas regiones las que presentan dificul-tades adicionales en temas de desplazamientos, comunicaciones, seguridad, encuentros con el usuario, entre otras.En razón de lo anterior se recomienda incrementar en un porcentaje acorde con la situación actual de dichas zonas, el monto del contrato de presta-ción de servicios que actualmente se suscribe con los operadores de D.P. adscritos a éstas a fin de incentivar la vinculación en dichos municipios y fortalecer el servicio que allí presta de la Defenso-ría Pública.
6. Entre los gastos adicionales que debe suplir el defensor público, se encontró que uno de los con-ceptos que más inversión representa es el aspecto de transporte y desplazamiento entre zonas CSDI asignadas.
6. Como medida residual e independiente de la recomendación No. 5 y en caso de no viabi-lizar dicho aumento, se prevé la posibilidad de reconocer el pago de viáticos a los defensores adscritos a las zonas CSDI, que respalden docu-mentalmente dichos desplazamientos.
7. Las proyecciones de contratación de defensores públicos en el programa SPA para el año 2008, no se lograron para este periodo y aun no se alcanzan, contando incluso todos los programas del servicio de defensoría pública, lo que inevita-blemente incide en la prestación del servicio de acuerdo al constante aumento en la demanda que elevan los usuarios.
Adicionalmente, la Auditoría Gubernamental rea-lizada por la Contraloría General de República a la Defensoría del Pueblo arrojó que para la vigen-cia 2009 se había cumplido tan solo en un 44% con la solicitud de contratación de defensores ele-vada por las diferentes regionales.
7. Impartir solicitudes a los Defensores Regio-nales donde se hayan localizadas las zonas CSDI a fin de que determinen el número de de-fensores públicos que requieren los departamen-tos ( con énfasis en las zonas establecidas como de consolidación) para atender eficazmente la de-manda de los usuarios; considerando además la totalidad de los programas en que presta sus ser-vicios la Defensoría del Pueblo, según el manual de contratación modificado mediante Resolución 273 de 2011 en su Título V (Contratación de ser-vicios de defensoría pública).
HALLAZGOS RECOMENDACIONES
8. El gráfico 18 muestra que la no atención opor-tuna en la demanda del servicio se genera por: Alta demanda que no permite dedicar el tiempo necesario a cada caso, carga laboral excesiva e insuficiencia de defensores públicos contratados. Por su parte, el gráfico 58 muestra la necesidad de recurso humano que presentan los defensores, para poder superar las dificultades en la presta-ción del servicio. A su vez, el Instituto SER y la Universidad de los Andes estableció en su estudio que la carga la-boral por defensor público es de 40 procesos ac-tivos; mientras que el Defensor del Pueblo en su XVII Informe al Congreso, aduce que el promedio de casos asumidos fue de 58 en 2009.
8. Incrementar la contratación de defensores públicos, de acuerdo a la estimación que proyec-ten los Defensores Regionales (Recomendación No. 7) específicamente en las zonas CSDI, con especificación de los diferentes programas que presta la defensoría pública. Lo anterior redundaría en una distribución equita-tiva de la carga laboral y una óptima prestación del servicio.
9. El artículo 14 de la ley 941 de 2005 prevé la figura de abogados particulares, como operado-res del sistema Nacional de Defensoría Publica; sin embargo en momento alguno se ha utilizado dicha figura, que coadyuva a reducir la carga la-boral que presentan los defensores públicos en algunas zonas CSDI, a su vez del artículo 28 de la mencionada ley establece esta figura cuando: “… en aquellas regiones apartadas del país en donde sea insuficiente o no exista oferta de servi-cios profesionales para la prestación del servicio de defensoría pública”.
9. Hacer uso de la figura de Abogados Par-ticulares prevista en la ley que organiza la De-fensoría Pública, a fin de disminuir la carga labo-ral de los defensores adscritos a las zonas CSDI, puesto que para los casos específicos en que la ley contempla que puede operar dicha figura, aplica perfectamente a las zonas y regiones objeto del presente estudio. La recomendación se centra en contratar (no vin-cular) al abogado para determinadas diligencias que se susciten en zonas alejadas donde no haya disponibilidad inmediata de un defensor Público vinculado a la Entidad, de manera tal que aquella no tenga que asumir la vinculación del aboga-do particular por un año que dura el contrato de prestación de servicios de un defensor; evitando costos adicionales. Dicha contratación podría realizarse por diligen-cia con constante control por parte del coordina-dor de la Unidad a que se encuentre adscrito el municipio en el cual se inscribe el abogado, quien se seleccionará de una lista de abogados particu-lares previamente adscritos a la Defensoría y ca-pacitados por la misma.Lo anterior repercute en disminución de carga laboral, disminución de riesgos de seguridad e in-convenientes de traslado de un municipio a otro, de un defensor público al que se le haya asignado determinado municipio donde se pretenda usar la figura del abogado particular.
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HALLAZGOS RECOMENDACIONES
10. El gráfico 58 de la encuesta evidencia que una de las mayores dificultades en la prestación del servicio por parte de los defensores públicos se ocasiona por la carencia de recurso humano, aunado al hecho de que muchos opinan que no existe adecuada filtración de los casos en los que finalmente se presta el servicio por falta de perso-nal. De ahí la necesidad de proveerse de recurso humano a través de la figura de judicantes en la-bores de acceso al servicio.
10. Potenciar la figura de judicantes que prevé la Ley 941 de 2005 al incluirlos como operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública, de manera que se conviertan en un apoyo y refuerzo de recurso humano que se ha evidenciado como necesidad para los defensores públicos en las zonas CSDI, incluyéndo-los en labores administrativas y de filtro para acceder al servicio; otorgándoles además la debida capacita-ción en áreas que se requieran.También es importante hacer uso del aporte que pue-den brindar los judicantes con licencia temporal otor-gada por el Consejo Superior De la Judicatura, en cuanto la atención de procesos para los cuales espe-cíficamente se encuentran facultados, esto coadyuva-ría en gran medida a la disminución de carga laboral asumida por el defensor, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los delitos que más demandan el servicio de defensa pública son asuntos que los judi-cantes se encuentran autorizados para asumir.Recomendamos incentivar la prestación del servicio que ofrecen los judicantes, en la Defensoría Públi-ca, mediante el reconocimiento de una remuneración básica que compense el servicio y apoyo ofrecido por estos.
11. La mayoría de delitos asignados a defenso-res públicos corresponden a. 1) Delitos contra el patrimonio económico. 2) Delitos contra la salud Pública. 3) Delitos contra la vida y la integridad personal, y 4) Delitos contra la familia.
El art. 17 de la Ley 941 de 2005, prevé la realiza-ción de convenios con universidades a fin de dar mayor participación a los estudiantes de consulto-rio jurídico en asistencia penal.
11. Suscribir convenios con las universidades que cuenten con facultad de derecho (en Sucre, Meta y Caquetá) y prorrogar la vigencia de los ya exis-tentes que se encuentran vencidos (en Antioquia, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca y Tolima); por cuanto actualmente en los departamentos que conforman las zonas CSDI objeto del presente estudio, únicamente Chocó y Córdoba están vigentes. Lo anterior a fin de que los estudiantes de consultorio jurídico asuman la asistencia y representación judicial en materia penal de gran parte de procesos por comisión de delitos contra el patrimonio económico, cuyo porcentaje de asignación a la D.P. es del 26,0%; así como por deli-tos contra la integridad personal que cuenta con una asignación del 21,3%, siempre que esté acorde con lo enunciado por la Ley para estos casos.
Considerando que dichos convenios aplican úni-camente en las cabeceras municipales (no en zonas CSDI) contribuirían en gran medida a la descongestión del sistema nacional de defensoría pública.
HALLAZGOS RECOMENDACIONES
12. Los casos con mayor número de asignaciones a los defensores públicos, se presentan –en su orden- por delitos contra el patrimonio económi-co, contra la salud pública, la vida y la integridad personal y contra la familia; estadísticas éstas que coinciden con las registradas por la Policía Na-cional para el año 2009 en los departamentos donde se ubican las zonas CSDI; evidenciando que existe correlación en términos de comisión de dichos tipos penales en las zonas objeto de éste estudio, por delitos de competencia –en su mayo-ría- de los estudiantes de consultorio jurídico.
12. Asignar a los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades que tengan conve-nio con la Defensoría del Pueblo, los casos pena-les que se encuentren dentro de su competencia por delitos contra el patrimonio económico, con-tra la integridad personal y contra la familia.
Diseñar una estrategia de cooperación entre la defensoría pública y las Universidades que permita desarrollar brigadas jurídicas que contri-buyan a depurar y descongestionar casos inacti-vos.
13. Existe la figura de Brigadas Jurídicas realiza-das por estudiantes de consultorios jurídicos de las universidades con facultad de derecho, las cuales prestan asesoría jurídica gratuita a poblaciones o grupos sociales con necesidades específicas del servicio.
13. Diseñar una estrategia de cooperación entre la defensoría pública y las Universida-des que permita desarrollar brigadas jurídicas que contribuyan a depurar y descongestionar ca-sos inactivos.
14. Es recurrente el número de quejas que pre-sentan los estudiantes de consultorio jurídico a quienes les son asignadas defensas penales, por la indebido y caprichoso obstáculo que le impo-nen los jueces penales en audiencia, al impedirles actuar en dichas diligencias, con el pretexto de que no se encuentran capacitados ni son idóneos para la asunción de la defensa penal.
14. Coordinar conversaciones desde la De-fensoría Pública con el Consejo Superior de la Judicatura a fin de que a través de aquel se logre impartir la orden a los operadores judiciales de permitir la actuación de estudiantes adscritos a consultorios jurídicos que presten sus servicios por convenios con la defensoría pública, siendo respaldados por capacitaciones previamente re-cibidas por aquellos y otorgadas por la Entidad; situación que los hace idóneos para asumir y ejer-cer la defensa de los casos asignados.
15. Uno de los problemas que con mayor fre-cuencia se registra en la prestación del servicio por parte de los defensores públicos adscritos a las zonas CSDI son los costos que deben asumir en razón al traslado de un municipio a otro, en ocasiones por vías precarias, fluviales y con poca o nula presencia de transporte público. En zonas donde existe aeropuerto, aquellos ope-radores no pueden utilizarlo por escasez de re-cursos económicos para atender los servicios en dichas zonas.
15. Realizar convenios con empresas de trans-porte intermunicipal y aéreo, a fin de establecer descuentos a defensores públicos que acrediten la vinculación a la Defensoría Pública mediante el carné correspondiente; específicamente en las zo-nas catalogadas como CSDI, a fin de fortalecer el apoyo defensorial de dichos municipios e incenti-var la labor del operador de defensoría pública.
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HALLAZGOS RECOMENDACIONES
16. El Grafico 57 muestra que el 57,4% de de-fensores públicos adscritos a las zonas CSDI, ma-nifiestan tener problemas de seguridad. En las regionales de Antioquia, Chocó, Córdoba y Pu-tumayo este tema este tema es señalado como una de las mayores dificultades que enfrentan los defensores públicos.
16. Impulsar acuerdos con instituciones na-cionales (Ministerio del Interior y de Justicia, Policía Nacional y Ejército Nacional) a fin de que se preste la debida seguridad a que tienen derecho los defensores públicos como ciudada-nos colombianos, en ejercicio de su profesión como abogados defensores y en zonas CSDI en los que se propende por el fortalecimiento institu-cional y presencia gubernamental.
17. Los defensores públicos a nivel na-cional carecen de afiliación al sistema general de riesgos profesionales, lo que pone de manifiesto la carencia de benefi-cios que dicho régimen podría otorgarles como consecuencia de la labor que des-empeñan en las zonas CSDI; ya que por la inseguridad que en aquellos territorios se experimenta por la presencia de gru-pos armados al margen de la ley, la pre-caria infraestructura de dichos municipios y zonas apartadas que además tienden a estigmatizar al abogado defensor por los casos que lleva en cumplimiento de su la-bor y del ejercicio de su profesión; están expuestos a la ocurrencia de siniestros que no son cubiertos por entidad alguna.
17. Identificar e implementar el mecanismo legal, que facilite la afiliación de los opera-dores del SNDP a Sociedades Administrado-ras de Riesgos Profesionales (Decreto 2313 de 2006) garantizando que no se impongan limita-ciones de zonas territoriales, horarios
Diseñar e implementar un manual para la identifi-cación y manejo apropiado y oportuno de riesgos que pongan en peligro la seguridad y la presta-ción del servicio.
Garantizar que los defensores públicos cuenten oportunamente, con las herramientas tecnoló-gicas, académicas, jurisprudenciales y publi-caciones necesarias para su labor cotidiana.
Diseñar e implementar un sistema de evalua-ción de desempeño de los defensores públicos que sirva además para medir la calidad del servi-cio que se presta.
Diseñar e implementar un programa de in-centivos y promociones para los defensores pú-blicos, como parte de la profesionalización de la carrera defensorial.
OTR
AS
RIES
GO
S PR
OFE
SIO
NA
LES
7. BIBLIOGRAFÍA
FUENTES DOCUMENTALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 24 de 1992
3. Ley 80 de 1993
4. Decreto 679 de 1994
5. Ley 941 de 2005
6. Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia)
7. Resolución No. 306 del 16 de mayo de 2006
8. Manual Integrado de Contratación de la Defensoría del Pueblo
9. Plan Operativo del Sistema Nacional de Defensoría Publica para la implementación del Sistema Penal Acusatorio (Resolución 1115 de 2006)
10. La Defensoría en cifras
11. Decreto 4828 de 2008
12. Decreto 2493 de 2009
13. Informes del Defensor del Pueblo al Congreso (2003-2009)
14. Resolución 808 del 11 de junio de 2010.
15. Resolución No. 1070 de 2010
16. Resolución 273 de 2011
17. El instructivo general del Sistema de Atención Integral
18. Balance de los primeros Cinco Años de Funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio
19. Resolución 753 de 2009, proferida igualmente por el Defensor del Pueblo, acogió el Plan Estratégico 2009 – 2012
20. Reporte Ejecutivo Plan Nacional de Consolidación –Centro de Coordinación y Acción Integral –CCAI –Acción Social. Presidencia de la República de Colombia. 2010.
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FUENTES VIRTUALES
• www.defensoria.org.co
• www.defensorespublicos.com
• www.dane.gov.co
• www.anori-antioquia.gov.co
• www.briceno-antioquia.gov.co
• www.ituango-antioquia.gov.co
• www.valdivia-antioquia.gov.co
• www.caceres-antioquia-gov.co
• www.caucasia-antioquia.gov.co
• www.elbagre-antioquia.gov.co
• www.nechi-antioquia.gov.co
• www.taraza-antioquia.gov.co
• www.zaragoza-antioquia.gov.co
• www.elcarmen-bolivar.gov.co
• www.sanjacinto-bolivar.gov.co
• www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
• www.sanvicentedelcaguan.gov.co
• www.altobaudo-choco.gov.co
• www.bajobaudo-choco.gov.co
• www.elcarmendeldarien-choco.gov.co
• www.istmina-choco.gov.co
• www.litoraldelsanjuan-choco.gov.co
• www.mediobaudo-choco.gov.co
• www.mediosanjuan-choco.gov.co
• www.novita-choco.gov.co
• www.riosucio-choco.gov.co
• www.sanjosedelpalmar-choco.gov.co
• www.sipi-choco.gov.co
• www.unguia-choco.gov.co
• www.montelibano-cordoba.gov.co
• www.puertolibertador-cordoba.gov.co
• www.tierralta-cordoba.gov.co
• www.valencia-cordoba.gov.co
• www.lamacarena-meta.gov.co
• www.mesetas-meta.gov.co
• www.puertorico-meta.gov.co
• www.sanjuandearama-meta.gov.co
• www.uribe-meta.gov.co
• www.vistahermosa-meta.gov.co
• www.barbacoas-narino.gov.co
• www.cumbitara-narino.gov.co
• www.elrosario-narino.gov.co
• www.leiva-narino.gov.co
• www.olayaherrera-narino.gov.co
• www.policarpa-narino.gov.co
• www.ricaurte-narino.gov.co
• www.samaniego-narino.gov.co
• www.tumaco-narino.gov.co
• www.puertoasis-putumayo.gov.co
• www.puertoleguizamo-putumayo.gov.co
• www.sanmiguel-putumayo.gov.co
• www.valledelguamuez-putumayo.gov.co
• www.ovejas-sucre.gov.co
• www.sanonofre-sucre.gov.co
• www.ataco-tolima.gov.co
• www.chaparral-tolima.gov.co
• www.planadas-tolima.gov.co
• www.rioblanco-tolima.gov.co
• www.buenaventura.gov.co
• www.florida-valle.gov.co
• www.praderavalle.com
• www.valledelcauca.gov.co
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