documento de trabajo n°16
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Documento N°16
LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PROCESO DEMOCRATIZADOR
Por Jorge Mardones
y Roberto Lagos
2
Registro intelectual n° 159.377
Instituto Chileno de Estudios Municipales
Universidad Autónoma de Chile
Noviembre 2006
Consejo editorial
Teodoro Ribera Rector Universidad Autónoma de Chile
Georg Spee
Vicerrector Universidad Autónoma de Chile
Sergio Thiers Director Acreditación Universidad Autónoma de Chile
Ricardo Israel
Director Ejecutivo Ichem
Andrés Chacón Secretario General Ichem
Tamara López Editora Ichem
3
Jorge Eduardo Mardones Navarro
Periodista y Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en
Seguridad Ciudadana y Criminología © de la Universidad Central. Director del Área de
Seguridad Pública del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad
Autónoma de Chile.
Roberto Lagos Flores
Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del Área
de Seguridad Pública del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad
Autónoma de Chile
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TABLA DE CONTENIDOS
Antecedentes conceptuales…………………………………………………………………………5 La seguridad pública en el proceso democratizador desde el Control……………………..9
Algunas claves sobre la seguridad pública en el gobierno militar…………………..9
La seguridad pública en la vuelta a la democracia…………………………………..11
Del control formal al control informal………………………………………………….....14 Bibliografía……………………………………………………………………………………………….19
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ANTECEDENTES CONCEPTUALES
El concepto de seguridad pública, atendiendo mínimas condiciones, está íntimamente
ligado a la conformación de un Estado Democrático de Derecho fundado en los
principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad.
Este es un asunto público ligado al desarrollo de las instituciones que sostienen y
perpetúan un orden plural, considerando la ampliación de los derechos y las libertades
de las personas.
El objeto de estudio y campo de intervención de la seguridad pública es la
delincuencia, la violencia y la victimización, al amparo de modelos criminológicos
socioculturales y de diversos enfoques de la ciencia política y las ciencias sociales
(como el modelo redes de políticas públicas) y cuyos ámbitos de incumbencia son la
prevención, el control y la pena.
El siguiente cuadro esquematiza los fenómenos que se asocian a la seguridad pública
desde los problemas a enfrentar; es decir, desde la criminalidad, junto a sus
implicancias sociales, donde la seguridad pública se yergue como agente receptor de
demandas, como la puerta de entrada del sistema y matriz de cambio (inputs).
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PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA
Cuadro Nª 1
Analizar y discutir acerca de los principios, alcances y desafíos de cada ámbito de
incumbencia de la seguridad pública: prevención, control y pena; requiere la
adopción de un set de herramientas teóricas y metodológicas que contribuyan a
mejorar esta interpretación.
En esta oportunidad, se optará por una descripción diacrónica sobre el ámbito de
control de la criminalidad que permita ahondar esta temática desde una doble
dimensionalidad: En primer lugar una “síntesis histórica”, dada su implementación
como política pública en la transición gobierno militar-gobierno democrático; y en
segundo lugar, una aproximación conceptual, entendiendo que el “concepto” ha
transitado por varios cambios con motivo de la transición hacia la democracia, la
adopción de experiencias internacionales, la inclusión de nuevos actores, la inserción
chilena en el espacio internacional - en definitiva - los cambios sociales, culturales,
políticos y tecnológicos que han dado paso a un nuevo escenario.
SEGURIDAD PÚBLICA
Violencia
Delincuencia
Victimización
insumos
7
En consecuencia, han variado las interpretaciones sobre la seguridad en apenas 16
años, sus alcances, sus matices, los modelos de prevención control y pena, los sujetos
de intervención y el resultado de políticas públicas iniciales, quienes configuran en la
actualidad un variado campo de análisis sobre la materia.
En este contexto, el control del delito aparece como un pilar primigenio, ampliamente
sensible y debatido, no sólo por las elites políticas, sino por el aparato burocrático – los
denominados técnicos sociales-, por los grupos de interés y por la población en
general; donde esta última, no sólo valida esta respuesta, sino la privilegia como la más
efectiva1.
El cuadro Nº 2 consagra los ámbitos de incumbencia de la seguridad pública, definido
como una red de políticas públicas, a través de un mecanismo de respuesta o
generación de outputs del sistema político.
ÁMBITOS DE INCUMBENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Cuadro Nª 2
1 Si bien ésta es la respuesta generalizada de la población acerca de la solución al problema de la delincuencia, no significa que sea la más efectiva; pues existe un interesante debate no sólo político, sino también académico acerca de “la”, o “las” respuestas al problema de la delincuencia.
SEGURIDAD PÚBLICA
Control
Prevención
Pena
respuestas
8
Teniendo presente el relativismo que se pudiese apreciar en la conceptualización del
fenómeno; lo interesante es establecer que si bien existen tantos conceptos de
seguridad como diversidad de intereses hay. La naturaleza de ésta no se debe buscar
desde la generalidad del concepto, sino desde la particularidad de lo específico.
Esta precisión terminológica, nos pone en posición de conceptualizar la seguridad
pública como un asunto público, asociado a los fenómenos sociales de la
delincuencia, la violencia y la victimización (inputs); donde los puentes de respuestas
a estas problemáticas se ciñen en los ámbitos de la prevención, el control y la pena
(outputs).
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LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PROCESO DEMOCRATIZADOR DESDE EL CONTROL
Algunas claves sobre seguridad pública en el gobierno militar
Ante todo, hay que señalar que durante la nueva democracia los problemas de
seguridad pública fueron abordados, esencialmente, bajo una dimensión estatal, bajo
un prisma unitario de intervención social: la primera respuesta del poder político ante
este fenómeno estuvo anclada en el aparato burocrático; criterio diferenciador de las
antiguas prácticas antidelincuencia acaecidas durante el gobierno militar2. En este
escenario las políticas coercitivas de seguridad pública implementadas por un
gobierno militarizado, inhibían naturalmente las prácticas delictivas; situación que
además se desmejoraba por la falta de información que se instituía desde una doble
dimensionalidad.
La primera, se explica desde los medios de comunicación censurados e impedidos de
cumplir su misión de informar; existía una política de censura que establecía los
contenidos informativos a entregar. En este contexto, las informaciones relacionadas a
la comisión de delitos que no tuviesen un perfil político o de interés para el gobierno, no
formaban parte de la agenda setting.3
Desde una segunda dimensión, debe abordarse la escasa y mal sistematizada
información relacionada con índices delictivos. No existía una conceptualización
acabada acerca del fenómeno de la delincuencia, tampoco se precisaba
técnicamente acerca de los tipos de delitos o su clasificación, ni los factores de riesgo
2 Como lo indica Luciano Fouillioux: “los agentes represores del delito (Carabineros de Chile y Policía Civil), pasaron en muchos casos desde una actividad técnico-profesional a desempeñarse en tareas de gobierno y en muchos y masivos casos se constituyeron en factores públicos de control y espionaje sobre la población”. Sin duda, el concepto de seguridad pública tal cual es enfocado en el presente articulo es inseparable de un sistema democrático y pluralista. Véase Fouillioux, Luciano. Seguridad Ciudadana en Democracia. Documento de Trabajo N° 4, ICHEM, 2006, pág. 9. 3 Becker, Lee y Jack McLeod. Political Consequences of Agenda Setting. California, EE.UU., Mass Communication Review, 1976.
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asociados a éstos. En definitiva, no existían ni los instrumentos ni las capacidades
institucionales que permitieran generar información capaz de elaborar un diagnóstico
acerca de la criminalidad. Lo anterior, ni desde una perspectiva cualitativa
(victimización4), ni cuantitativa (construcción de indicadores que permitieran medir
estadísticamente la delincuencia).
En consecuencia, no estaban dadas la condiciones políticas ni desde la policy, ni
desde la politics para enfrentar y abordar los problemas asociados al entonces
incipiente fenómeno de la delincuencia.
En virtud de este argumento, aparecían las fuerzas armadas, representadas por
Carabineros y por otras instituciones ad hoc (fundamentalmente agencias de
inteligencia como la DINA o la CNI), haciéndose cargo de los problemas asociados a
la seguridad pública, con fuertes componentes coercitivos y fundando su estrategia
principalmente en un sistema sociológico de control urbano5. En tal sentido, la Escuela
de Chicago y el Enfoque Ecológico de la cuestión criminal,6 aparece como el modelo
más próximo al implementado por el gobierno militar, especialmente por sus policías,
las que estructuraban sus políticas de acción bajo la premisa de que existían ciertos
sectores territoriales y sociales, que generaban criminalidad (barrios rojos)7.
Ahora, desde otra perspectiva, la precaria respuesta del Estado al problema de la
criminalidad se vio además empañada por el conflicto social y político imperante en
esta época; situación que no permitía establecer una clara diferenciación entre lo
“criminal ciudadano” y lo “criminal político”; es decir, no existía plena conciencia
acerca de los factores de utilidad asociados a la comisión de un ilícito; pues éstos
4 Entendida como la sensación de inseguridad o de temor de la población. 5 Si bien la estrategia del gobierno militar obedeció principalmente a este modelo, se deben tener presentes las tácticas de guerra ocupadas en esta época, con unidades de inteligencia encargadas de la información relevante para proteger no sólo la seguridad pública, sino también la seguridad nacional. 6 García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2003, p. 553-550. 7 Este modelo ecológico se sustenta en la importancia etiológica del factor ambiental (environmental factor), donde las características físicas y sociales de determinados espacios urbanos generaban y promovían la criminalidad.
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podían obedecer a condiciones de interés personal (trasgresión ciudadana) o
condiciones de interés político (trasgresión política).
Tal condición de ambigüedad en el concepto de trasgresión, no sólo imposibilitó al
Estado diseñar estrategias o políticas de reducción de la criminalidad convencional
(trasgresión ciudadana), sino que además impidió generar espacios de discusión
académica e intelectual, acerca de la distinción entre lo público y lo privado; es decir
entre la trasgresión política y la trasgresión ciudadana.
La seguridad pública en la vuelta a la democracia
Con la implementación del Estado Democrático de Derecho, y en consecuencia, la
asunción al poder del Presidente Aylwin, comenzó una rápida y necesaria
conformación del aparato burocrático.
Los orígenes de este nuevo ordenamiento institucional, evidentemente no estuvieron
priorizados por el fenómeno de la criminalidad, ni desde la estructuración institucional
del nuevo Leviathan8 ni desde la construcción de las nuevas políticas públicas que
gobernarían el país en democracia. Las prioridades estaban claras: afianzar el régimen
democrático a través de la negociación de los consensos con el gobierno saliente9.
Esta “cohabitación política” impidió en un primer momento, definir las estructuras
institucionales y fundamentales que permitiesen diseñar e implementar una política
pública destinada al fenómeno de la delincuencia. En tal sentido, los avances en esta
materia apuntaron al reordenamiento del sistema penal; situación que se enfocó, en
8 En este sentido, se siguen los supuestos de los autores “contractualistas”, en particular: Hobbes, Thomas. El Leviatán. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1980. 9 La cuestión de la “gobernabilidad transicional” está ampliamente fundamentada en Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile : Lecciones para la gobernabilidad. (2ª Ed.), Santiago, Ed. Andrés Bello, 1998.
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una primera etapa, a mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Chile, el cual
iba con un mensaje implícito de la mano, comenzar a resolver los problemas de
violación a los derechos humanos e instalar nuevamente el concepto de legalidad en
este naciente Estado Democrático de Derecho.
Conjuntamente con esta iniciativa, se dio inicio a la desmilitarización de las policías,
situación inversa a las realidades que han sucedido en otros lugares del continente
(Colombia, Perú, Bolivia, entre otros), esta situación se tradujo en cambios de forma y
de fondo. El primero apuntó a mejorar la imagen institucional de Carabineros de
Chile10; el segundo, tuvo como objetivo rediseñar las políticas institucionales y reorientar
la labor policial al control social del delito.
La vuelta a la democracia, en materias criminológicas, trajo consigo una serie de
consecuencias inesperadas, ventiló y despejó las confusiones existentes entre la
tensión producida por la trasgresión política y la ciudadana; sinceró la información
acerca de los niveles de inseguridad y criminalidad; y por último, instaló en la agenda
setting el problema de la seguridad pública como un fenómeno político y social
relevante.
La creciente criminalidad, la violencia pública, el terrorismo y el naciente fenómeno del
narcotráfico; llevaron a los policy makers a elevar el rol del Estado como el principal
agente político frente al problema de la seguridad pública, siguiendo los cánones de
control del delito que se implementaban a escala internacional y del cual se
comenzaba a tener mayor información. De este modo, primó un enfoque centrado
en el rol de las instituciones dotadas de poder y legitimidad frente a la materia:
policías, tribunales de justicia e instituciones penitenciarias. Ellas configuraron la
primera red de respuestas frente al control y la sanción de los delitos; entonces éstos
aparecieron como los organismos dotados de las facultades necesarias para
10 Un signo inequívoco en este sentido fue el cambio de color institucional de los carros policiales, de color blanco con negro, asociado a imagen represiva; a un color blanco con verde, asociado a la confianza.
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controlar, reprimir, inhibir y sancionar los actos que transgreden el “contrato social”, a
la sociedad organizada en la res publica.
Durante los inicios de la década del 90, estas instituciones vivieron un proceso de
ajuste frente a las transformaciones y a la implementación del Estado Democrático de
Derecho11 se vieron apremiadas por entregar una batería de respuestas ante la nueva
realidad que adquiría la delincuencia en un orden plural; se convirtieron así en los
depositarios de las acciones en materia de control de la delincuencia y por ello,
permanentemente evaluados por la opinión pública, escrutados por el cuerpo de
representantes y centro de atención de la inicial red de políticas públicas que se
comenzaron a diseñar y ejecutar. Teniendo en cuenta que una de las amenazas
principales para la estabilidad democrática en una poliarquía es la inoperancia del
Estado para la pacificación, el control adecuado de la legalidad y la aplicación del
derecho. En torno a esto, el Estado está obligado a no fracasar.
Cabe destacar que el discurso de las autoridades sustentaba la primacía del «control»
de la criminalidad y la «efectividad» de las penas como el motor de “la lucha contra el
crimen”, los cuales fueron considerados ámbitos de acción imprescindibles, aunque
con el debido resguardo de los derechos civiles y libertades públicas reconquistadas
durante la transición democrática y la instauración del nuevo régimen.
En otras palabras, la dimensión estatal de la seguridad hizo predominar el «control» de
la criminalidad y de la violencia pública, lo que trajo como consecuencia la creación
de una batería de políticas públicas que priorizaron aquel campo de acción:
Modernización de la gestión policial, constitución de un Consejo Coordinador de la
Delincuencia, la creación del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes –
CONACE–, con una visión inicial centrada en el narcotráfico, (todo ello en el año
1992); legislaciones sobre libertad provisional y aumento de penas, la creación de la
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones –DISPI–, construcción de nuevos
11 Véase Díaz, Elías. Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2003.
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recintos penitenciarios, creación de nuevos juzgados y cortes de apelaciones, (durante
1993); además de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana impulsado bajo el primer
gobierno concertacionista. En suma, un planteamiento público de corte estatal,
concentrado en su aparato burocrático, que inició las respuestas desde la seguridad
pública y que tuvo como principales agentes institucionales a las policías y al sistema
penal. Ello permite apreciar el protagonismo de las policías, heredado de las agencias
de inteligencia que en un breve período de tiempo trabajaron en la supresión de las
redes terroristas y en la desarticulación de grupos insurgentes - secuelas del gobierno
militar -.
Dicho énfasis se entendía dentro del proceso de transición democrático que vivió la
comunidad de naciones del Cono Sur y del cual Chile formaba parte. Sin embargo, la
agenda de «control» de la seguridad pública vivió en Chile un proceso relativamente
rápido de transformación: Transitó desde la visión de control del orden público y la
violencia, con la preeminencia de las policías y de la justicia criminal, hacia una
dimensión integrativa, la cual incluye a otros actores dentro de este set de respuestas
públicas.
En consecuencia, no sólo la burocracia estatal, las entidades centralizadas y unitarias,
investidas de legitimidad y de poder comenzaron a participar del diseño y ejecución
de outputs políticos, pues también se comenzó a incluir a sectores sociales y políticos
postergados, a otras estructuras subnacionales y a la participación de los ciudadanos
en un problema de alto impacto social.
Del control formal al control informal
Actualmente, la inclusión de las comunidades organizadas y otros actores locales con
visiones más amplias, han complementado la primera respuesta burocrática. Los
modelos de represión y de control se mantienen dentro de los actores tradicionales:
fortaleciendo la acción de las policías y las sanciones del sistema penitenciario. No
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obstante, se ha tendido a entregar protagonismo a otros agentes públicos y privados
considerando que un enfoque único de control resultaba insuficiente frente a una
problemática que ya comenzaba a entenderse como un fenómeno multicausal.
Entonces, a los medios consagrados de coacción física, como las policías, se
adicionan los medios de control social - como la participación ciudadana -, la que es
rearticulada y direccionada a través de nuevos aparatos burocráticos destinados a
fortalecer y promover la organización comunitaria, como vía para enfrentar la
inseguridad ciudadana; definición que se instala a partir de la respuesta local al - ya
despejado12- crimen ciudadano.
Hoy existe una red más amplia de políticas de seguridad que cristaliza un proceso en el
cual se observa el fenómeno de la delincuencia, la violencia y la victimización;
teniendo más antecedentes en la mano, teniendo visiones más integradas,
adjudicándole atribuciones a los agentes locales y permitiendo una intervención
profesional y técnica, especialmente, con el respeto de los derechos y las libertades
ciudadanas. Según los actuales modelos de prevención y control del delito,
desarrollados por el gobierno central y ejecutados por los gobiernos regionales y
comunales, se intenta fomentar y reforzar mayores lazos de cohesión social en el plano
comunitario con el propósito de obtener un mayor control social informal, capaz de
causar efecto sobre los - out sider - que amenazan la tranquilidad y la paz pública.
El problema de la seguridad pública considera en la actualidad tanto a agentes
institucionales como sociales, uniendo la burocracia estatal, el poder político y el
poder civil de las comunidades organizadas. A los agentes clásicos se suman centros
de estudio especializados en criminalidad, municipalidades, universidades e institutos,
ONG´S, organizaciones comunitarias, un enfoque de policía que propicia la
“proximidad” con los ciudadanos. Un cambio que se ha concretado con el proceso
de consolidación de la democracia, la descentralización de las políticas sociales y la 12 Se despeja la tensión entre la trasgresión política y la trasgresión ciudadana; esto, pues ya no existen las excusas políticas para corromper el nuevo orden social establecido.
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creciente profesionalización del sector público, unido a la modernización de las
policías y de las fuerzas armadas.
Sin embargo, aún persiste en el consciente colectivo ciudadano - y en algunas
fracciones del aparato burocrático - el pensamiento conservador de asignarle a las
policías y a los tribunales de justicia las mayores responsabilidades en el control de la
delincuencia. Es un modo de observar el problema, una variante “coercitiva” que se
mantiene y se expresa cuando se le adjudica enorme preponderancia al tema del
aumento de penas, al mayor número de carabineros en las calles, a la necesidad de
mayor eficacia policial, en definitiva, a remediar una condición ya establecida, que se
traduce en una respuesta reactiva y no proactiva. Ahora, si bien este imaginario es
amplio, permanente y debatible - por lo demás imprescindible -, conforma parte de
un modelo general, amplio e integral de seguridad pública que también busca sumar
a otros actores en su resolución13.
La labor de “control” realizada por las policías avanza en un proceso de
modernización, con los ajustes institucionales que buscan imprimirle mayores niveles de
profesionalismo, mayor eficacia y asignación de recursos territoriales, la adecuación de
procedimientos a los nuevos enfoques en materia penal; en consecuencia, un proceso
que aún concentra serios desafíos.
Todo esto redundaría en una mejor labor preventiva y de control del orden y la
seguridad pública. La profundización de esta reingeniería institucional de carabineros
llevaría a dejar atrás los mecanismos de represión tan manoseados por la población y
por ciertos grupos burocráticos y de interés. Aún cuando, deba enfrentar las
resistencias naturales a implementar esta estrategia dada la tradición de Carabineros y
las resistencias naturales que puede generar la mayor cercanía con las comunidades.
13 Para una revisión del tema de seguridad con enfoque comunitario, prevencionista y crítico del papel de orden y control policíaco en Escobar, Santiago. Et. Al. La seguridad ciudadana como política de Estado. Ediciones PROSUR, 2004.
17
Para una evaluación de esta modernización institucional se requiere un tiempo
adecuado de adaptación a estas nuevas prácticas; a lo que se suman los retos que
sigue enfrentando la policía: nuevas formas del accionar delictual, nuevo sistema de
justicia, el uso de las tecnologías en el crimen, el creciente mercado de la seguridad
privada, el terrorismo y las grandes organizaciones en torno al tráfico de drogas. Lo
cual propende a una mayor diversificación del sistema policial, un tanto alejada de la
lógica con la cual ha funcionado la organización por tanto tiempo, su cultura
tradicional. En este punto se puede dejar planteada una reflexión en torno al
concepto de “policía de proximidad”, modelo que se utiliza en al Plan Cuadrante de
Carabineros y que todavía presenta resistencias culturales e institucionales en su
implementación, decisiones estratégicas que no pueden confundir el accionar policial;
además, asignándole mayor proactividad al accionar policial, es decir profundizando
la prevención, a su tradicional instinto de reacción, en otras palabras, control. Puesto
que al enaltecer el concepto de prevención social del delito y el control informal bajo
el prisma comunitario, se corre el peligro de aislar el adecuado poder coercitivo de los
agentes estatales de represión de conductas antisociales, teniendo en cuenta el
debido respeto a los derechos humanos y ciudadanos. En este sentido, el presente
artículo sigue los modelos criminológicos socioconductuales, básicamente la Teoría del
Aprendizaje Social, y las teorías ambientales14, con el fin de encontrar un equilibrio
técnico entre la prevención y el control, considerando las variables individuales y
situacionales en la etiología criminal. Por lo tanto, resulta útil reiterar la importancia de
mantener la armonía entre el control burocrático necesario en todo Estado
democrático y el control social comunitario.
Profundizando en lo anterior, las actuales críticas a los modelos de seguridad pública
que imperan en Chile, preferentemente de parte de la opinión pública y los medios de
comunicación, señalan la exageración o superioridad de los “derechos de los
victimarios” frente a las víctimas de los delitos; se justificarían las acciones
delincuenciales entendiendo sus motivaciones en sus carencias y necesidades
generadas por una sociedad “creadora” de agentes criminales.
14 García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2003, p. 471-529.
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En consecuencia, se supera en la conceptualización de la criminalidad, el enfoque
clásico de abordar el problema de la seguridad pública sólo desde el delito y la pena;
se incorporan nuevos elementos al debate, identificando los factores de riesgo que se
asocian al fenómeno de la delincuencia; en definitiva, se comprende la
multicausalidad del delito; por tanto, se intenta responder desde el aparato
burocrático a esta nueva lógica de comprensión del problema, desde la integralidad
de sus causas, lo que abre un nuevo e insospechado campo de discusión, el que
puede ocasionar ciertos riesgos a la hora de establecer políticas y estrategias reales de
intervención social, pudiéndose - en algunos casos - subsidiar intervenciones que
correspondan ser abordadas por otros aparatos del Estado.
Este será el nuevo escenario de discusión acerca del “cómo combatir la delincuencia”;
el control, la pena y la prevención, se reordenan estratégicamente de acuerdo a los
nuevos enfoque técnicos establecidos, el desafío está planteado.
19
Bibliografía
Becker, Lee y Jack McLeod. Political Consequences of Agenda Setting. California, EEUU, Mass Communication Review,1976.
Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile : Lecciones para la gobernabilidad. (2ª Ed.), Santiago, Ed. Andrés Bello, 1998.
Díaz, Elías. Un itinerario intelectual de filosofía jurídica y política. Madrid, Ed. Biblioteca
Nueva, 2003. Escobar, Santiago. Et. Al. La seguridad ciudadana como política de Estado. Santiago,
Ediciones PROSUR, 2004. Fouillioux, Luciano. Seguridad Ciudadana en Democracia. Documento de Trabajo N°
4, Santiago, ICHEM, 2006. García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Madrid, Ed. Espasa Calpe,
2003. Hobbes, Thomas. El Leviatán. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1980.
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