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El papel de los medios de comunicación en las elecciones presidenciales

de 2006: Una lección para el Instituto Federal Electoral de cara a las

elecciones de 2012. Alejandro Rojas Méndez

Resumen:

La actuación de los medios de comunicación en las elecciones presidenciales de 2006

mostraron las carencias de la ley electoral vigentes desde 1996. Con los conflictos

ocurridos antes, durante y después de 2006 se evidenció la necesidad de reformar la ley

en materia electoral para neutralizar la actuación indebida de los poderes fácticos en las

contiendas electorales a través de los medios de comunicación, principalmente en radio

y televisión. La Reforma Electoral de 2007 tuvo como eje rector la neutralización de los

poderes fácticos y la recuperación del espacio público.

Abstract:

The media’s intervention in presidential elections 2006 showed limitations in electoral

law valid since 1996. The conflicts that took place before, during and after of 2006 was

proof the necessity of reform the electoral law for neutralizer the fact powers’ improper

action in elections trough the media, particularly in radio and TV. The electoral reform

of 2007 had like guiding axis the neutralization of fact powers and retakes the public

space.

Palabras clave:

Medios de Comunicación, Televisión, Poderes Fácticos, Reforma Electoral,

Democracia, Estado.

Key Word:

Media, TV, Fact Powers, Electoral Reform, Democracy, State.

I. Introducción

Los retos del Instituto Federal Electoral en las elecciones presidenciales de 2012 son

varios, la de 2012 será la primera elección presidencial en las que se aplicará el modelo

de comunicación política instaurado a partir de la reforma electoral de 2007-2008. Las

elecciones locales que se han desarrollado bajo este nuevo marco legal han dado cuenta

Estudiante de la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El papel de los medios de comunicación en las elecciones presidenciales 2006: Una lección para el

IFE

de las dificultades de la aplicación y cumplimiento de la ley. Amén de de las

dificultades de aplicación, las elecciones realizadas en distintos estados de la república

nos muestran que la relación de supeditación o dependencia de nuestra clase política

frente a los poderes fácticos, en especial los medios de comunicación, se mantiene igual

que en 2006.

En este tenor, la principal tarea del IFE, de cara a la justa electoral del próximo año, es

frenar las intervenciones ilegales de los poderes fácticos. Pero esta labor no es sólo por

el correcto desarrollo de la elección de 2012, es también, la oportunidad de reencauzar

el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país. En las elecciones del

próximo año, las heridas, aún abiertas, de 2006 tendrán la oportunidad de ser sanadas a

través de una adecuada actuación cada uno los actores involucrados, pero sobre todo, de

las autoridades electorales.

En el presente trabajo mostramos un análisis de la actuación del Instituto Federal

Electoral ante los poderes fácticos, principalmente los medios de comunicación, en las

elecciones presidenciales de 2006. Nuestro objetivo es mostrar los errores y aciertos

cometidos por IFE en las elecciones presidenciales pasadas, en aras de un adecuado

funcionamiento del Instituto en la justa electoral del próximo año. Este artículo se

desprende de la investigación, para la obtención del grado en la licenciatura en

sociología, que actualmente realizamos bajo el titulo El proceso de empoderamiento de

los poderes facticos en el proceso de reforma electoral en México 2006-2009.

Partimos del análisis de los fenómenos ocurridos en las elecciones presidenciales de

2006 y la reacción de los poderes fácticos ante la reforma electoral de 2007, pues

muestran la confrontación entre los poderes fácticos y el Estado, además de una actitud

servil y complaciente de la clase política, dejando traslucir el poder de intimidación o

sometimiento que los servidores públicos tienen frente a los poderes fácticos.

II. Las campañas electorales de 2006 y la intervención de los poderes

fácticos

Las elecciones presidenciales de 2006 pusieron sobre la mesa las carencias en la

legislación electoral vigente desde 1996, la presencia de fenómenos que no estaban

contemplados en el Código Electoral o bien no tenia reglas claras posibilitó la

Alejandro Rojas Méndez.

intervención de los poderes fácticos1 en la elección de 2006. Algunos de éstos son los

actos anticipados de campaña, las campañas negativas, la intervención de autoridades

gubernamentales en las campañas electorales, la utilización de programas sociales en

beneficio de algún partido político o candidato, entre otros.2 Además, la actuación de la

autoridad electoral estuvo marcada por el descredito y la sospecha. La conformación del

consejo general de IFE en 2003 no gozó del conceso de todas las fuerzas políticas,

rompiendo así con la mecánica establecida desde 1996; los consejeros seleccionados

tienen claros y notorios vínculos con las dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN)

y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).3

Además de los fenómenos referidos, otro factor que marcó la pauta en la actuación de

los partidos políticos y los medios de comunicación se presentó con la presión y

chantaje ejercido por las televisoras para la aprobación de la Ley Televisa, en particular

durante su discusión en el Senado de la república. Otra característica distintiva de la

elección presidencial de 2006 fue que todos los candidatos registrados en la elección se

enfrentaron a diversos problemas antes de concretar su registro. El caso más

sobresaliente, sin duda, fue el del candidato por el Partido de la Revolución

Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quién enfrentó un proceso de

desafuero entre 2004 y 2005 con lo cual se ponía en riesgo su posible candidatura a la

presidencia de la república.4

Pese que la carrera por la presidencia formalmente iniciaba el 18 de enero de 2006, los

sucesos vinculados con el proceso electoral comenzaron por lo menos un año antes. El

principal incidente fue el marcado conflicto entre el entonces presidente Vicente Fox y

Andrés Manuel López Obrador. “Fox buscó por diversos medios eliminar el liderazgo

1 Sobre la definición de poderes fácticos véase María Amparo Casar “Poderes Fácticos” en Nexos, núm.

376, abril, 2009.

2 Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales 2006, México, IFE, 2006., p.11

3 Jaime Cárdenas. “Sociedad civil ausente y partidocracia presente” en John M. Ackerman (coord.)

Nuevos escenarios del derecho electoral: Los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-

UNAM, 2010., pp. 69-70; Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. “Volver al punto de

partida. El IFE en las elecciones presidenciales de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar

(coord.) Los límites de la democracia en México. Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., pp.70-75

4 Luis Carlos Ugalde. Así lo viví, México Random House Mondadori, 2008., p.68. Sobre los obstáculos

sorteados por los demás candidatos véase Ibid., pp.68-78


IFE

de Andrés Manuel López Obrador quién destacaba como el más fuerte competidor.”5

Fox encontró en la compra de spots en radio y televisión el mejor medio para lograr su

objetivo. Para evitar estas acciones el IFE aprobó la llamada tregua “navideña” con la

cual se pretendía evitar los actos anticipados de campaña una vez concluidos los

procesos internos de selección de sus candidatos.6

Con el inicio oficial de las campañas electorales el 18 de febrero de 2006, los distintos

actores reiniciaron sus actividades. Al principio de la contienda el candidato Andrés

Manuel López Obrador tenía una ventaja de “7 puntos frente a Felipe Calderón y de 13

frente a Roberto Madrazo: el marcador era 39-32-26.”7 Ante esta situación los

candidatos con menor puntuación acudieron a las campañas negativas para debilitar a

López Obrador y repuntar en la competencia. El primero en recurrir a la campaña

negativa fue Roberto Madrazo. So pretexto de la negativa del candidato de la Coalición

por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para asistir al primer

debate presidencial, Madrazo lanzó dos spots contra López Obrador desde el 7 de

marzo. En los promocionales del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) se señalaba que AMLO era un mentiroso, Madrazo lo retaba a debatir con frases

como “¡Tú dices cuándo! ¡Ponle día y hora!” y en los dos comerciales estaba presente la

frase “¡Dices una cosa y haces otra!”8.

Unos días después, el 12 de marzo de 2006, el PAN lanzó su primer promocional en

contra de López Obrador. Para el candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón, no

existía otra alternativa para levantar su campaña, pese a los riesgos de iniciar una

5 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. “Volver al punto de partida. El IFE en las

elecciones presidenciales de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.). Op cit., p.75

6 Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales de 2006, México, IFE, 2006., pp.10-132; Marisol

Beltrán León “El problema de la prueba en el dictamen con declaratoria de validez de la elección y otras

cuestiones” en Miguel Eraña Sánchez (coord.) La calificación presidencial de 2006. El dictamen del

TEPJF a debate, México, Porrúa, 2006., p.79. En palabras del consejero presidente del IFE, Luis Carlos

Ugalde “El propósito de la tregua era propiciar que las campañas iniciaran en condiciones de mayor

equidad. Tuvo éxito: las precampañas se detuvieron, lo cual dio un alivio pasajero a la opinión pública y,

sobre todo, dio pie para que las campañas formales iniciaran con mayor orden, en enero de 2006. (Luis

Carlos Ugalde. Op cit., pp.119-120)

7 Luis Carlos Ugalde. Op cit., p.89

8 Ibid., pp.91-92


“guerra sucia”, Calderón no vaciló. En el promocional de Acción Nacional se narraba

la presunta irresponsabilidad financiera (representada con la construcción de obras

públicas, la pensión para adultos mayores, entre otras cosas) de cuando había sido jefe

de gobierno del Distrito Federal.9 Los efectos de estos promocionales se harían sentir

para finales de marzo. Los resultados en las encuestas sobre la intención del voto

sufrieron cambios significativos a finales de marzo y principios de abril, la ventaja de

López Obrador se había evaporado, de 7 puntos, López Obrador, pasó a tener sólo uno

frente a Calderón, Roberto Madrazo se mantenía en tercer lugar con sólo el 26% de

intención de voto.

La campaña negativa iniciada por Madrazo y continuada por Calderón en contra de

Andrés Manuel López Obrador fue bien acogida en los medios de comunicación,

principalmente en las televisoras, por dos grandes motivos. El primero es que la compra

de espacios en el aire les representaba una fuente de ingresos considerable; el segundo

motivo, quizá el más importante, fue que aquel tempo se discutía en el Senado de la

República la Ley Televisa y el PRD había votado en contra de ésta.

La aprobación de la llamada Ley Televisa fue la moneda de cambio impuesta por los

grandes consorcios televisivos para el apoyo a los candidatos presidenciales. Frente a la

ventaja de Andrés Manuel López Obrador, los adversarios no vacilaron en apoyar este

paquete de cambios legales. “Josefina Vázquez Mota, coordinadora de campaña de

Felipe Calderón, había acordado con Bernardo Gómez el apoyo a la ley a cambio de

aumentar el puntaje a Felipe Calderón en las encuestas, diferir los pagos de los spots y

presionar en forma mediática al IFE para la realización de dos debates.”10

Además el apoyo a la ley televisa devendría en “un tratamiento preferencial sobre

espacios, no medidos en televisión, pero fundamentalmente en la no agresión a los

candidatos del PRI y el PAN”11

Los datos del monitoreo realizado por el IFE muestran

9 Ibid., p.95

10 Álvaro Delgado, “Calderón, detrás del pacto” en Proceso, México, núm. 1592, 6 de mayo de 2007

citado en Javier Corral y Alin Aké Kob. “Medios de comunicación y elecciones. La televisión en el

proceso electoral federal de 2006” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.) Los límites de la

democracia en México. Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., p.116.; Véase también Jaime Cárdenas.

Op cit., p.70

11 Javier Corral y Alin Aké Kob. Op cit., p.124


IFE

que en el manejo de la información AMLO recibió 5.21% de comentarios negativos,

tres por ciento más que Calderón y Madrazo quienes registraron 2.41% y 2.70%

respectivamente.12

Sobresale el mes de marzo (Véase Tabla 1.), mes en el que se

discutió la Ley televisa en el Senado, como el mes en donde se hacen más comentarios

negativos en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

Fuente: Elaboración propia con base en el monitoreo electoral realizado por Instituto Federal Electoral,

con tenido en: Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales 2006, México, IFE, 2006.

Este chantaje fue el primer acto de intervención en la contienda electoral por parte de

los poderes fácticos. Hasta el mes de marzo las intervenciones ilegales en las campañas

electorales eran por parte de actores institucionales, tales como el Presidente Vicente

Fox y los mimos partidos políticos con las campañas negativas. En adelante, se

combinaran este tipo de intromisiones con la de los poderes fácticos, representados,

principalmente, por los grandes sectores empresariales, así como por las dos grandes

televisoras del país.

III. La intervención empresarial en las campañas electorales.

La intervención de los poderes fácticos fue, como nunca antes en la historia, un factor

decisivo en las elecciones presidenciales de 2006.13

La intromisión del Consejo

12 Ibid., p.127; Instituto Federal Electoral. Elecciones Federales de 2006, México, IFE, 2006., p.80

13 Los casos más sobresalientes de la intervención en la contienda electoral por parte de los poderes

fácticos antes de la elección presidenciales son Pemexgate y Amigos de Fox. Estos casos son variedades

de un mismo hecho: “dinero ilegal en campañas políticas, lo que es motivado principalmente por la

<<necesidad>> de los partidos de comprar tiempo en los medios, en especial en la televisión, para

posicionar sus propuestas y candidatos.” (Luciano Mendoza Cruz. “Dinero y elecciones 2006: Inventario

de temas” en Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar (coord.) Los límites de la democracia en México.

Tabla 1. Segundos valorados como negativos dedicados a los partidos políticos o coaliciones en los noticiarios

monitoreados de televisión del 19 de enero al 28 de junio de 2006.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

enero frebrero marzo abril mayo junio

PAN

CAPM

CPBT


Coordinador Empresarial (CCE) y diversas organizaciones empresariales rompió con la

historia de su actuación en las justas electorales, pues hasta antes de la tercera semana

de junio de 2006 nunca se había realizado abiertamente una campaña en contra de algún

candidato. Así pues, la realización de la campaña negativa en contra de López Obrador

da cuenta del nivel de empoderamiento en el que se encuentran los poderes fácticos.

El financiamiento de los spots en radio y televisión contra de AMLO estuvo a cargo de

dos organizaciones empresariales, el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C

(Celidech) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “El Celidech sacó al aire un

par de spots que, mediante el uso de imágenes de violencia, muerte y armamento,

buscaban generar miedo.”14

En los promocionales se vinculaba al candidato de la

Coalición por el Bien de Todos (CPBT) con el presidente de Venezuela Hugo Chávez

además de acusar a ambos (AMLO y Chávez) de violentos; los spots concluían con una

llamado al voto para defender su futuro y evitar la violencia, la de AMLO y Chávez.15

A su vez el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) difundió dos spots con la

intención de alertar sobre los riesgos de la posible victoria de López Obrador. A

diferencia del Celidech, el CCE no utilizó la palabra “vota”, ni el nombre de algún

candidato, sólo se hacía alusión a los riesgos que traería un cambio en el modelo

económico, el promocional concluía con la frase “apostarle a algo distinto es retroceder.

Defendamos lo que hemos logrado.”16

Además, en las campañas electorales de 2006 intervinieron de manera ilegal diversas

empresas para apoyar al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón

Hinojosa. Algunas de estas empresas son: Sabritas, S de R.L. de C.V.; Dulces de la

rosa, Coppel y Televisa. Estas empresas utilizaron distintos medios para condicionar el

voto, sin embargo, la vía más utilizada fue la compra de publicidad en los medios de

Elecciones 2006, México, UNAM, 2010., p.150). Para un análisis detallado de estos casos véase Lorenzo

Córdova y Ciro Murayama. Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, México, Cal y

arena, 2006.

14 Luis Carlos Ugalde. Op cit., p.131.

15 Ibidem.

16 Ibid., p.133


IFE

comunicación masiva. Sabritas, por ejemplo, financio un spot en el que promovía el

voto por el candidato de “las manos limpias”, eslogan utilizado por Calderón. 17

Por su parte Televisa promocionó el voto a favor de Calderón dentro de dos de sus

programas. En la telenovela La fea más bella “uno de los actores dice expresamente que

va a votar a favor de Felipe Calderón Hinojosa y hace referencia al nombre de éste y a

sus propuestas de campaña.”18

También en el programa Que madre tan padre aparece

propaganda a favor del candidato de Acción Nacional; en este programa “se ve a

cuadro a la actriz Maribel Guardia. Detrás de ella y a través de una supuesta ventana se

observa un espectacular de color azul, el color del Partido Acción nacional, en el que

parece nítido el rostro de Felipe Calderón Hinojosa.”19

Las distintas empresas no escatimaron en gastos para el financiamiento de su campaña a

favor de Felipe Calderón. Sabritas gastó dieciséis millones cuatrocientos noventa y seis

mil ochocientos pesos; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destinó ciento

treinta y seis millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco

pesos; Ármate de valor y vota gastó treinta millones seiscientos sesenta y tres mil

seiscientos pesos.20

Huelga decir que la mayor parte de estas cantidades fue aparar en las arcas de los

grandes consorcios mediáticos, principalmente de Televisa. Desde la reforma electoral

de 1996 el modelo de comunicación política le daba entre el 65 y 70 por ciento del total

de financiamiento, público y privado, a los medios de comunicación por concepto de

cobro de derechos de trasmisión de propaganda política.21

En 2006 el 70% del total del

presupuesto destinado a los partidos (4926 millones de pesos) se gastó en la producción

de spots y compra de tiempo en espacios televisivos.22

17 Julio Scherer Ibarra. “Mediático y jurídico: terrorismo en 2006” en Julio Scherer Ibarra y Jenaro

Villamil. La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, México, Grijalbo, 2007., pp.102-104

18 Ibid., p.103

19 Ibidem.

20 Ibid., p.120

21 Jaime Cárdenas. Op cit., p.69; Javier Corral y Alin Aké Kob. Op cit., pp.116-117

22 Jenaro Villamil “Guerra sucia y pánico moral” en Julio Scherer Ibarra y Jenaro Villamil. Op cit., p.30


Las campañas negativas y el gasto desmesurado en medios de comunicación por parte

de partidos políticos y, sobre todo, de los poderes fácticos inclinaron la balanza hacia un

candidato. Empero, esta situación fue posible gracias a la pasividad y permisividad de

las autoridades electorales, quienes tuvieron los medios para detener el actuar de los

poderes fácticos, sin embargo, su actuación temerosa permitió la intervención ilegal en

las campañas electorales.

IV. La pasividad de las autoridades electorales

Los fenómenos suscitados en las elecciones presidenciales de 2006 pusieron a prueba el

desempeño de las autoridades electorales así como al marco normativo vigente. El

resultado fue la muestra de las carencias en nuestra ley electoral y el pobre ejercicio de

nuestras autoridades electorales. La actuación letrista de las autoridades durante las

campañas electorales fue un factor fundamental en el conflicto post electoral de 2006.

Frente a una situación como la que se presento ese año, convenía una actuación

garantista, como la que han tomado tanto el IFE y el TEPJF en sus resoluciones más

efectivas.23

En 2006 el IFE permitió la actuación ilegal de los poderes fácticos pues omitió algunas

de sus facultades legales, por ejemplo, en materia de medios de comunicación el

instituto no estableció ningún mecanismo para regular las contrataciones hechas por los

medios tal como lo estipulaba el artículo 48.1 del Cofipe. El citado artículo además

señalaba que era derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y

televisión para efectos electorales. Sin embargo, el IFE sólo celebro convenios con los

medios electrónicos para que le informaran sobre una parte del proceso de las

contracciones y tarifas de los partidos.24

Estos acuerdos eran de buena voluntad y su revocación en cualquier instante no tendría

sanción alguna. El primero de los acuerdos fue firmado por el IFE y Televisa el 3 de

octubre de 2005, el acuerdo “fijaba el compromiso de la televisora de entregar un

23 John M. Ackerman “Mitos de la institucionalidad en México” en John M. Ackerman (coord.) Nuevos

escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-UNAM,

2010., pp.95-96. Sobre las distinción entre el enfoque letrista y el garantista en la aplicación de la lee

véase Ibidem., pp. 97-109

24 Jaime Cárdenas. Op cit., pp.70-71


IFE

resumen de copias de pagos de los partidos por concepto de spots electorales que se

transmitirían en sus canales entre enero y julio de 2006, estableciendo que el IFE

difundiría la información proporcionada por Televisa de acuerdo con su reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.”25

El segundo acuerdo se firmo entre

el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) el 19 de

enero de 2009.

Respecto a las campañas negativas por parte de los poderes fácticos y de los partidos

políticos el código lectoral facultaba al IFE para actuar, por ejemplo el artículo 186 del

Cofipe vigente establecía que “los partidos políticos, los coaliciones y los candidatos

podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los

medios de comunicación, cuando consideren que la misma h deformado hechos o

situaciones referentes a sus actividades personales.” Sin embargo, el instituto omitió

esta facultad legal. El IFE tampoco ejerció los artículos 182.4 y 182.a.5 de la ley

electoral. En estos artículos se estipulaba que la propaganda electoral realizada por los

partidos debía destinarse a la exposición de la plataforma electoral.

Sin embargo, la omisión más grave del IFE y de su Consejo General fue la referente al

artículo 48.13 del Cofipe el cual a la letra establecía que “en ningún caso se permitirá la

contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o

candidato por parte de terceros.” Aquí se encontraba el instrumento legal para detener la

intervención de los poderes fácticos.26

No obstante, el IFE renunció a sus facultades

legales así como a su papel de autoridad máxima en materia electoral.

Pese a todo el entramado legal disponible el consejo General del IFE se limito a

“invitar” al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a suspender la transmisión de los

spots en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. A través de un

oficio se invito a las 14 organizaciones empresariales y patronales para que abstuvieran

de acciones que eran interpretadas como mecanismos de presión o coacción del voto.27

De esta forma la actuación, por omisión, del IFE y su consejo general durante las

campañas electorales son un elemento fundamental en los conflictos que se desataron a

25 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. Op cit., p.93

26 Jaime Cárdenas. Op cit., p.70-73

27 Fernando Castañeda Sabido y Martha Singer Sochet. Op cit., p.95


la postre de la elección. La actuación e interpretación letrista o “minimalista” de la ley

hecha por las autoridades electorales, en el caso concreto de las elecciones

presidenciales de 2006, parece ser una salida fácil y que se alinea con los intereses de un

grupo en particular, antes que jurídica es una actuación con un trasfondo político.28

V. La actuación del IFE el 2 de julio

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 desataron una fuerte crítica a las

instituciones electorales en nuestro país, se cuestiono la credibilidad, trasparencia y

fortaleza de los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones. La crítica

hacia las instituciones comenzó con el consejo general del IFE a razón de cuatro

eventos: el manejo de la información sobre los resultados la noche de la elección, la

tardanza para mostrar las actas con inconsistencias no incluidas en el Programa de

Resultados Electorales Preliminares (PREP), la negativa por parte del IFE a abrir la

totalidad de los paquetes electorales con inconsistencias, por último la declaración del

ganador por parte del Consejero Presidente Luis Carlos Ugalde cuatro días después de

la elección.

La noche del 2 de julio de 2006 Luis Carlos Ugalde declaró “no es posible determinar,

dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o

coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida”29

esta

declaración desencadenó que la tensión en torno a los resultados se incrementara,

además le permitió a los dos candidatos punteros, Felipe Calderón y Andrés Manuel

López Obrador, proclamarse como los vencedores de la justa electoral. Con estas

declaraciones quién perdía era la certeza en la elección.30

La incertidumbre en esas horas de la noche era generalizada pues ni el IFE y tampoco

las televisoras dieron los resultados de sus encuestas de salida por lo reñido de los

resultados. “Con el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, la

28 Sobre otros casos en los que las autoridades electorales han actuado acorde a los intereses un grupo en

particular véase John M. Ackerman “Mitos de la institucionalidad electoral en México” Op. Cit., pp.109-

115

29 Alonso Urrutia, Fabiola Martínez y Jesús Aranda, La jornada, 3 de julio de 2006 citado en Fernando

Castañeda y Martha Singer Sochet, Op cit., p.96

30 Fernando Pliego Carrasco. El mito del fraude electoral en México, México, Pax México, 2007., p.134


IFE

incertidumbre se repitió: aunque en el transcurso de la primera hora Felipe Calderón

dominaba claramente […], a partir de la segunda hora comenzó un proceso paulatino de

recuperación de López Obrador. Proceso lento […], el cual hacia previsible un cruce en

las tendencias a favor de López Obrador en la madrugada del día siguiente.”31

Con el cierre del PREP (el 3 de julio a las 8 de la noche) la incertidumbre continuó, en

especial para el candidato que aparecía como perdedor (AMLO), pues en el conteo no

se habían incluido 11 184 actas de casillas con inconsistencias. Ante esta situación el

IFE hizo un ajuste e incluyó las actas con inconsistencias, a la luz del nuevo informe la

ventaja del candidato del PAN ahora sólo era de 0.62% (en el primer informe era de

1.04%). Este segundo informe llegó cuando ya se habían generados mayores

cuestionamientos la transparencia d ele lección, López Obrador ya había acusado de

manipulación y anunciaba la solicitud de recuento voto por voto.

Con el cambio en los resultados, producto de la inclusión de las actas con

inconsistencias, la pregunta que surgía era ¿qué pasaría si se revisará todas las casillas

con un tipo de error? El reclamo del recuento voto por voto cobraba fuerza así como la

sospecha de algún tipo de fraude electoral.32

El 5 de julio las autoridades tuvieron la

oportunidad de cavar con todas estas sospechas en el recuento oficial, sin embargo no

fue así pues el IFE deicidio no abrir la totalidad de los paquetes electorales con algún

tipo de inconsistencia.

Los consejeros distritales no abrieron los paquetes electorales siguiendo el consejo del

entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien le había solicitado, vía

una curricular enviada el 5 de julio de 2006, que pedía el cumplimiento estricto de ley

vigente para la apertura de los paquetes electorales en particular del artículo 274 del

31 Ibidem.

32 Fernando Pliego señala que la sospecha del fraude se generalizo debido a lo que él llama la cultura de

la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, es “una cultura construida en un largo proceso

de aprendizaje de experiencias negativas, transmitida incluso de generación en generación; cultura

fomentada una y otra vez por los comportamientos ilegales y las promesas no cumplidas de los

gobernantes, pero que también propicia la elaboración de conclusiones injustificadas, contrarias a los

hechos.” (Fernando Pliego Carrasco. Op. Cit., p.136)


Cofipe.33

La decisión del IFE en este caso fue extremadamente formalista e impido

dotar de certeza y legitimidad a los comicios electorales.

33 John Ackerman “Mitos de la institucionalidad electoral en México” Op cit., pp. 122-123. El citado

artículo estable que “1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento

siguiente: a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras

de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y

cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del

presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas

establecidas para ello; b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes

en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta

de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se

procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta

correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo abrirá el paquete en cuestión y

cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos

válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de

contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un

consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto

emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. Los resultados se anotarán en la

forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual

manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los

representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el

cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los

cómputos; c) Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar

nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso anterior; d) A continuación se abrirán los

paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los

incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva; e) La suma de

los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el

cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente; f)

Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para

extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al d) de este artículo;

g) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el

resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta

correspondiente a la elección de representación proporcional; h) El Consejo Distrital verificará el

cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que

hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 7

de este Código; e i) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo,

los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad

de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.”


IFE

El recuento de los votos era la mejor salida para cavar con la duda y la sospecha, pues

como señala José Antonio Crespo “dada la estrechez del resultado, esa era la única

forma de depurar las inconsistencias, precisar la voluntad del electorado y validar

plenamente el veredicto final, fuera cual fuera.” Además, continua Crespo “con ese

recuento se buscaba clarificar al máximo cuál de los dos candidatos punteros había

ganado en verdad, y así dar certeza al veredicto final.”34

Con esta negativa el IFE renuncio a su deber como autoridad encargada de garantizar la

certeza, legitimidad y legalidad de las elecciones. No basta con los resultados, con la

frialdad de los números para dar certeza, se necesita que todos los acores estés de

acuerdo son éstos. “El IFE debió depurar las inconsistencias tanto como fuera posible,

recontando el contenido de las casillas cuyas actas registran inconsistencias aritméticas

en sus rubros fundamentales.”35

Con las críticas al PREP hechas por uno de los candidatos, con el cambio en los

resultados a raíz de la inclusión de las actas con inconsistencias, la negativa a hacer un

recuento total de los votos y las controversias ya presentadas para entonces en el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 6 de julio de 2006 el

consejero presidente del Instituto declaro de manera oficiala Felipe Calderón como el

ganador de las lecciones. La declaración de Ugalde no sólo fue desafortunada sino que

ya no estaba dentro de sus competencias, la declaración oficial le correspondía al

TEPJF.

Con su actuar, el IFE y su Consejo General, lejos de brindar certeza y credibilidad en

los resultados, posibilitaron que la duda y la sospecha de fraude se incrementaran. Era

turno del Tribunal Electoral para salvar la confianza en las instituciones electorales.

Durante los mese siguientes se desarrollo una fuerte movilización por parte de la

Coalición por el Bien de Todos para presentar las pruebas que acreditaran el fraude. Fue

hasta el 5 de septiembre que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de

nuestro país dio el dictamen y la declaración de validez de la elección presidencial de

2006.

34 José Antonio Crespo. 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana,

México, Debate, 2008., pp.12-14

35 Ibid., p.62


VI. La Reforma Electoral de 2007. Un intento de frenar a los poderes

fácticos

La Reforma Electoral del 2007 es resultado de unas elecciones plagadas de

irregularidades, que mostraron las carencias de nuestra ley en esta materia, expuestas

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) así como de los magistrados

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el fallo que

dieron de la elección presidencial del 2006, particularmente con lo que respecta a la

calificación de la elección.

La reforma electoral buscó solucionar 5 problemas que se venían presentando en los

procesos electorales: “1) el costo creciente de las campañas por el gasto de radio y

televisión; 2)los problemas de fiscalización de ingresos y egresos de los partidos

asociados a la compra de publicidad político electoral en los medios electrónicos; 3)la

intromisión en las campañas par parte de los gobiernos a través de sus estrategias de

comunicación social; 4)el uso de recursos públicos de los gobernantes para promover su

imagen con fines electorales, y 5) la compra de publicidad electoral por parte de

terceros que afectaba las condiciones de la competencia política”36

En materia de gastos en medios de comunicación, desde 1994 el gasto de los partidos

en los medios se ha incrementado, como señala Raúl Trejo Delarbe: “En 1994

solamente el 25.3 % de los gastos de los partidos en sus campañas estuvo orientado a la

compra de tiempos en esos medios. En 1997 esa proporción creció al 55%. En 200 el

54.3% del dinero que recibieron los partidos fue a parar a las chequeras de las

radiodifusoras y televisoras. En 2003 el 49% de las erogaciones de los partidos tuvieron

el mismo destino.”37

En las elecciones presidenciales de 2006 el gasto destinado a los

medios de comunicación ascendió al 60% de total de financiamiento que los partidos

políticos recibieron para gasto de campañas.

36 Ciro Murayama “Reforma para la consolidación democrática vs Contrarreforma desde el interés

privado” en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs la

reforma electoral, México, IIJ-UNAM, 2009., p.6

37 Raúl Trejo Delarbe “Democracia y medios de comunicación en la reforma electoral de 2007”, mimeo,

2008, citado en Ibid., p.7


IFE

Respecto a la fiscalización, durante las elecciones de 2006 se mostraron los problemas

de la legislación en este rubro, “de 601 689 spots publicitarios de los partidos y

coaliciones que se trasmitieron en radio y que el IFE detectó a través de sus monitoreos

de medios, faltaron por acreditar por parte de los actores políticos casi un cuarto de

millón de anuncios (248 159)”38

En cuanto al desvío de recursos, la utilización de programas sociales como propaganda

electoral y la intromisión de terceros, las elecciones de 2006 mostraron las carencias de

la ley electoral en esta materia. La intervención de Vicente Fox a favor de Felipe

Calderón y la campaña negativa del Consejo Coordinador Empresarial, entre otras

agrupaciones empresariales, son ejemplos paradigmáticos de la debilidad institucional y

legal para enfrentar estos problemas.

La elección de 2006 mostró que el camino en la construcción de instituciones confiables

aún no está terminado en nuestro país. La reforma electoral de 2007 es la continuación

del proceso de perfeccionamiento institucional iniciado en 1996. La reforma de 2007

puede ser considerada de carta generación y constituye un “triple blindaje del espacio

público”. La razón de ser de esta reforma fue, como apunta Lorenzo Córdova “atender

los problemas estrictamente electorales relacionados con los procesos comiciales”

además, nos dice el autor “encarnó una verdadera apuesta de parte de los poderes del

Estado para redefinir su relación con los poderes mediáticos, relación que siempre es

complicada y tensa, pero que en los años recientes había degenerado a condiciones

realmente insostenibles que llegaron a evidenciar una capacidad de sujeción y

condicionamiento de las instituciones públicas por parte de los intereses privados de los

titulares de las concesiones.”39

La reforma “representó un signo más que alentador de la pertinencia del valor de la

política, y de la utilidad de los espacios de representación para resolver diferencias y

trazar horizontes y trazar horizontes de coexistencia para una sociedad política

38 Ibid., p.8

39 Lorenzo Córdova. “Las razones y el sentido de la reforma electoral de 2007-2008” en Lorenzo

Córdova y Pedro Salazar (coord.) Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo.

Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, México, 2008., p.49


denodadamente plural.”40

Así mismo, la reforma también constituyó un cambio

respecto a la relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación, en la

que los primeros se encontraban supeditados los segundos.41

Esto quedó expuesto durante la sesión del 12 de septiembre de 2007 en el Senado de la

República. Los líderes de las bancadas de los principales partidos políticos expresaron

la necesidad de la reforma electoral. Carlos Navarrete, líder del Partido de la

Revolución Democrática (PRD) expresó:

Lo que ocurrió fue que entramos en conocimiento y en conciencia plena que no puede

repetirse el mismo fenómeno de la elección de 2006 […] a partir de 2009 el poder del

dinero legal por encima del escritorio que el IFE le entrega a los partidos políticos, pero

también el dinero ilegal que lega por debajo de los escritorios en efectivo a las oficinas

y a las empresas de radiodifusión y de televisión, que el poder del dinero de origen

incierto, el poder del dinero, sea expulsado de la lucha por el poder en México.[…]

Estamos tocando por la vía d la reforma constitucional a intereses fácticos mediáticos,

intereses que asumen que porque son concesionarios o permisionarios de un bien

público, que se les olvida con mucha frecuencia eso, pueden imponerse al Estado y a

sus órganos y pueden poner de rodillas a partidos, a candidatos, a legisladores y a todos

40 Ciro Murayama “Consolidación democrática vs. Contrarreforma desde el interés privado” en Lorenzo

Córdova Vianello y Pedro Salazar Ugarte (Coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La

Reforma Electoral, México, IIJ-UNAM,2009., p.2

41 En ese sentido Raúl Trejo Delarbe señala “La reforma constitucional de 2007 implico un viraje

respecto de la supeditación que los partidos, para hacer política y relacionarse con la sociedad mexicana,

habían alcanzado en relación con tales empresas comunicacionales. Esta reforma expresó el

convencimiento de la clase política acerca de la importancia de los medios de comunicación, pero, sobre

todo, el reconocimiento de la unilateralidad con la que puede desempeñarse tales medios. Los

legisladores acotaron en 2007 la posibilidad de que los consorcios comunicacionales favorecieran a uno u

otros partidos, pero no frenaron el problema fundamental que experimenta el sistema mediático

mexicano que es la intensa concentración de muchos medios en pocas manos. Esa concentración impide

la competencia, propicia el funcionamiento autoritario de los medios y deja las posibilidades de cobertura

plural de los acontecimientos públicos sujetos a la discrecionalidad de unos cuantos actores, voceros o

patrones mediáticos.” (Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios, partidos y

gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray (Comps.) Op.

Cit., p.147.


IFE

en la sociedad, porque controlan el acceso a la televisión y a la radio, y eso no puede

seguir mas.42

En su intervención, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, señaló que la

reforma electoral permitiría saldar el déficit de gobernabilidad generado a partir de

2006, además “La reforma fortalece el poder a los electores, al asegurar que la

competencia política se realice con base en las propuestas, las trayectorias y las ideas y

o en base a prácticas denigrantes ni polarizantes. La reforma permite agregar calidad a

nuestra democracia, al permitir que sean los votos, sólo los votos, y no el dinero, lo que

cuente y se cuente.”43

Por su parte, Santiago Creel, líder de los senadores del PAN se refería al papel de las

empresas de radio y televisión en las elecciones. Creel apunta que “El dinero es lo que

ha distorsionado, es lo que ha pervertido, la relación entre medios electrónicos, partidos

y candidatos, donde se mezclan intereses económicos, comerciales, políticos e

informativos. Una relación, por cierto también, en la que nadie o casi ande, puede

arrojar la primera piedra y hay que decirlo con claridad, y yo por delante; en la que los

políticos y (sic) pero también los medios somos responsables.”44

La coincidencia en la necesidad de una nueva reforma electoral por parte de las tres

principales fuerzas políticas de nuestro país fue un hecho histórico, nunca antes se había

42 Carlos Navarrete Ruíz, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.

Diario de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. LX Legislatura, Año

II, miércoles 12 de septiembre, citado en Raúl Trejo Delarbe “Mediocracia en la democracia. Medios,

partidos y gobernabilidad en México” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray

(Comps.) Op. Cit., p.148

43 Manlio Fabio Beltrones, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.





44 Santiago Creel Miranda, intervención en la sesión del 12 de septiembre del Senado de la República.






hecho un reconocimiento tan claro de la capacidad de acción e injerencia de los medios

de comunicación en asuntos públicos, en este caso las elecciones. Además, este hecho

es el reconocimiento de la falta de legitimidad con la que se inicio el sexenio de

Calderón.

A la falta de legitimidad, debemos sumarle la falta de eficacia de nuestras instituciones

electorales en 2006 “que se vieron desbordadas por los diversos conflictos electorales,

por el comportamiento de los actores que funcionaron a partir de unas <<reglas de

facto>> y por la propia incapacidad de la normativa electoral de dar respuesta a los

problemas que las autoridades enfrentaron al controlar el mercado político y al definir

los resultados del proceso.”45

Ante esta coyuntura, cada uno de los grupos

parlamentarios apoyo el proyecto de reforma electoral.

VII. El contenido de la Reforma Electoral

La reforma electoral está formada por el cambio al Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE) así como las reformas a los artículos 6, 41, 99,

85, 99, 108, 116,122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. El proceso de negociación y discusión de estas modificaciones legales y

constitucionales surgió en el Congreso de la Unión, producto de la Ley para Reforma

del Estado, esto fue un hecho sin precedentes por dos razones, en primer lugar nunca

antes una reforma había nacido en el Congreso; por otro lado era también la primera vez

que la reforma electoral estaba incluida un contexto mayor de reforma del Estado.

El proceso de discusión inicio el 25 de enero de 2007, nueve mese antes de su

aprobación, con el acuerdo entre los diputados del PRI y PRD para aprobar en el

próximo periodo de sesiones la reforma electoral. El proceso estuvo controlado por los

coordinadores de los tres principales partidos en el Senado. El procedimiento fue similar

al de reformas anteriores, se realizaron foros con especialistas y ciudadanos para darle

respaldo a la reforma, a la par de la negociación entre los líderes parlamentarios.

45 Flavia Freidenberg “Oportunistas, idealistas y adversarios en el proceso de reforma electoral en México

(2007/2008)” en Manuel Alcántara Sáez y Ernesto Hernández Norzagaray (Comps.) México, el nuevo

escenario político ante el bicentenario, España, Universidad de Salamanca, 2009., p.275


IFE

El primer paso para la aprobación de la reforma fue el 24 de agosto de 2007 con la

presentación de un documento de trabajo por parte del Centro de Estadios para un

Proyecto Nacional Alternativo, dirigido por Jorge Alcocer, ante el grupo de trabajo de

Democracia y Sistema Electoral de la Subcomisión Redactora del Congreso.46

Lo últimos días de agosto las negociaciones entre los partidos se intensificaron, en atrás

de contar con un documento listo para presentarse ante el pleno la primera semana de

septiembre. “A los panistas les urgía un acuerdo a fin de que se permitiera que Felipe

Calderón rindiera su primer informe de gobierno ante el plano del Congreso de la Unión

y con ellos superar los déficits de legitimidad producto de la estrechez de los resultados

de la elección de 2006.”47

Finalmente la reforma electoral, en su fase constitucional, fue

aprobada en el Senado de la República el 12 de septiembre de 2007, y el 14 de

septiembre, tuvo lugar su aprobación en la Cámara de Diputados.

En el proceso de discusión de la reforma electoral se presentaron un sin número de

propuestas, la CENCA fue la instancia responsable recibir y examinar cada una de ellas,

a grandes rasgos los ejes temáticos de la reforma electoral se pueden agrupar de la

siguiente manera:

a) La prohibición terminante para partidos, candidatos y particulares para

contratar propaganda en radio y televisión que tenga como fin influir en las

preferencias electorales (en el caso de los partidos la prohibición de compra de

publicidad es absoluta y vale en todo momento y circunstancia).

b) El uso permanente de los tiempos que corresponden al Estado en radio y

televisión para que los partidos y las autoridades electorales del país tengan

acceso a esos medios electrónicos en espacios que son administrados por el

IFE. Además, durante los procesos electorales (desde el inicio de las

precampañas y hasta el fin de la jornada electoral) la totalidad de esos tiempos

del Estado, que asciende a 48 minutos diarios en cada estación y canal, son

destinados a fines electorales.

c) El acceso de los partidos políticos a los tiempos del Estado es administrado por

el IFE que distribuye esos tiempos atendiendo criterios de igualdad (el 30% de

46 Ibid., p.278

47 Ibid., p.280


los tiempos a disposición de los partidos se distribuye entre todos ellos de igual

manera) y de proporcionalidad (el 70% restante se asigna conforme a si índice

de votación).

d) El IFE es la autoridad encargada de vigilar que todos los sujetos obligados en

esta materia (partidos políticos, candidatos, concesionarios y permisionarios,

así como funcionarios públicos y particulares) cumplan con las obligaciones y

respeten las prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley y, en caso

contrario, imponer las sanciones correspondientes.

e) La propaganda pública debe tener carácter institucional y no puede ser

personalizada (es decir, beneficiar la promoción personal de un servidor

público). La única excepción a esta regla general es la que le permite siete días

antes del informe de labores o de gestión de un servidor público y cinco días

después del mismo puedan transmitirse mensajes para dar a conocer dicho

informe y no son considerados propaganda siempre y cuando no tenga fines

electorales, se acotes al ámbito geográfico donde el servidor público tiene su

responsabilidad, ni se difunda durante los periodos de campaña electoral.48

Los cambios hechos a la Constitución y al Cofipe que conforman la reforma electoral

presentan grandes avaneces en materia de medios de comunicación y seguridad del

espacio público. Huelga decir que este es el corazón mismo de la reforma electoral. “La

reforma electoral tuvo el objeto de resolver el complicado dilema que implica la tensa y

disruptiva relación dinero-medios-políticas que en 2006 había alcanzado niveles

preocupantes y peligrosos, proscribiendo al dinero como vía de acceso de la política a la

radio y la televisión.”49

En este rubro, las modificaciones constitucionales más importantes son el artículo 41, el

134 y 6 constitucional. En el artículo 41 se establece el formato de comunicación

política, los partidos usaran los tempos del Estado para la difusión de sus plataformas

políticas, así mismo en la fracción III inciso g) del citado artículo se establece que “Los

partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras

48 Lorenzo Córdova “La reforma trastocada: El caso de los <<informes laborales>> del PVEM” en

Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coord.) Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La reforma

electoral, México, UNAM II-J, 2009., p.60

49 Ibid., p.61


IFE

personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona

física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda

en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos,

ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección

popular.” Con esta disposición legal se busca detener a los poderes fácticos y evitar

campañas negativas como las de 2006.

La reforma también contemplo el derecho de réplica y estableció que será la ley la que

garantice este derecho. Desafortunadamente las modificaciones a la ley secundaria para

establecer los términos del derecho de réplica aún no se han realizado. En cuanto al uso

y difusión de programas sociales como propaganda a favor de algún candidato, la

reforma modifico el artículo 134 y estableció que:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

No obstante los avances, la reforma electoral de 2007 también presenta algunos

retrocesos, principalmente en lo que respecta a la transparencia interna y fiscalización

de los partidos.50

Sin embargo, la reforma electoral de 2007 se destaca por el cuidado

que tuvo en materia de medios de comunicación. Con las disposiciones legales en

materia de comunicación política y acceso a radio y televisión se trató de frenar a los

poderes fácticos y a su capacidad de acción e injerencia en los procesos electorales.

VIII. Conclusiones.

En las próximas elecciones se pondrán a prueba, en una elección presidencial que pinta

ser tan competida como la de 2006, la Reforma Electoral de 2007, seremos testigos de

la funcionalidad de las modificaciones realizadas. Las elecciones intermedias han sido

50 Sobre los retrocesos de la reforma electoral de 2007 véase Jesús Cantú “El sinuoso andar de la

democracia electoral mexicana” en John M. Ackerman (coord.) Nuevos escenarios del derecho electoral:

los retos de la reforma electoral de 2007-2008, México, IIJ-UNAM, 2010., pp.30-57


ensayos que, lamentablemente, nos han mostrado la poca disposición existente por parte

de los diversos actores para superar la perversa relación de supeditación con los poderes

fácticos, en especial los poderes mediáticos.

Las lecciones aprendidas de 2006 y el nuevo marco legal deben facultar al IFE para

actuar como el máximo órgano garante de la equidad en las campañas electorales del

próximo año. El Instituto debe hacer frente a los poderes mediáticos a través de una

aplicación garantista de la ley, todo en aras de beneficiar los intereses y derechos

ciudadanos.

Las elecciones de 2012 deben ser vistas como una nueva oportunidad para reencauzar el

proceso de consolidación democrática en nuestro país. Con una aplicación garantista de

la ley se podrá paliar el déficit de legitimidad que nuestras instituciones electorales

vienen acarreando desde 2006 y que no se ha podido rebatir en las elecciones

intermedias, ni en las elecciones locales realizadas en estos años.

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