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28-06-2011

El TPP amenaza el derecho a la vida privadaAlberto Cerda SilvaONGDerechosDigitales

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha declarado su intención detener completadas sus propuestas sobre protección de la propiedad intelectual a comienzos de lapróxima ronda de negociaciones del TPP en Vietnam, del 20 al 24 de junio de 2011. En su rápida agenda, los negociadores del TPP han anunciado que ellos esperan concluir el acuerdo para elencuentro de los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a realizarse en Hawaiidel 8 al 13 de noviembre de 2011. El TPP impactará sectores de la salud, acceso al conocimiento y,sin los debidos resguardos, el derecho a la vida privada.

El derecho a la vida privada no sólo protege el interés del individuo, sino de la sociedad toda. Lalibertad de expresión, la libertad para ejercer creencias religiosas y políticas, el derecho a laautodeterminación sexual, entre otros derechos y libertades son protegidos a través del derecho ala vida privada. Históricamente, este derecho ha estado bajo ataque, primero de los gobiernos,luego de los medios de comunicación, y hoy también por la propiedad intelectual. De hecho, lasnegociaciones del TPP muestran hasta que punto, con el pretexto de proteger la propiedadintelectual, los negociadores sacrifican el derecho a la vida privada de los ciudadanos y, de paso,un elemento esencial de las sociedades democráticas.

El TPP es una iniciativa promovida por el USTR para profundizar los tratados de libre comercio en laregión del Pacífico. Actualmente, las negociaciones incluyen a Australia, Brunei, Chile, Malasia,Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam. Debido al secreto de las negociaciones, nada del TPP esconocido con precisión, salvo el filtrado capítulo sobre propiedad intelectual propuesto por losEstados Unidos. Este capítulo es particularmente importante respecto del derecho a la vida privaday es usualmente el capítulo que suscita más preocupación entre quienes apoyan la privacidadporque él incluye varias medias que afectarían el derecho de las personas a controlar lainformación de sí mismas.

No existe un nivel similar de protección a la vida privada entre los países envueltos en lasnegociaciones del TPP. Nueva Zelanda y Perú son probablemente los países con sistemas másrobustos de protección; el primero está camino a ser reconocido como un país que provee un niveladecuado de protección a la privacidad por la Unión Europea, mientras el segundo acaba demodificar su legislación de acuerdo a los estándares de la Unión Europea. Australia, Chile, y Malasiapodrían calificarse como países con un nivel de protección intermedio-avanzado, mientras losEstados Unidos calificarían con un nivel de protección intermedio. Singapur no tiene legislación enla materia, pero si normas voluntarias de buenas prácticas que le permitiría calificar como un paíscon una protección baja. Más preocupante es la protección de la vida privada en aquellos paísescon un cuestionable compromiso democrático.

¿Cómo el TPP amenaza el derecho a la vida privada? El TPP afecta la protección del derecho a lavida privada al adoptar normas sobre cumplimiento de la propiedad intelectual de dos maneras.

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Indirectamente, al incrementar la protección de los titulares de derechos (por ejemplo, al otorgarun derecho exclusivo de exportación o extender la duración de los derechos de autor) y, porconsiguiente, incrementar las oportunidades de que el derecho a la vida privada sea vulneradopara ver cumplidas las normas sobre propiedad intelectual (por ejemplo, al requerir la identificaciónde aquellos usuarios de Internet supuestamente infractores). Directamente, al exigir a los países laimplementación en su legislación de medidas que amenazan el derecho a la vida privada. Estoúltimo sucede en a lo menos tres grupos de disposiciones en el TPP: aquellas relativas a medidasde protección tecnológicas (MPT), aquellas que exigen que las autoridades locales hagan cumplir laley de oficio, y aquellas que reglamentan la responsabilidad de los prestadores de servicio en línea.

El TPP va más allá de los instrumentos internacionales sobre derechos de autor en sus propuestassobre MPT, las que siguen la senda de la legislación estadounidense. Los Tratados Internet de laOMPI requieren a los países adoptar una protección legal adecuada y recursos legales efectivoscontra la elusión de las MPT. En cambio, el TPP exige a los países adoptar leyes en contra de laelusión de dichas MPT (normas anti-elusión) y también en contra de la distribución de mecanismosque permiten su elusión (normas anti-distribución), inclusive cuando dicha distribución pueda tenerpropósitos legítimos. Más aún, el TPP exige la imposición de sanciones criminales en ambos casos,incluso si no existe infracción a los derechos de autor.

A diferencia de las negociaciones del ACTA, la propuesta de TPP incluye algunas limitadasexcepciones que permiten la elusión de las MPT, por ejemplo con el propósito de identificar ydesactivar un mecanismo de una MPT que afecta la privacidad de un usuario al recolectar odiseminar en forma encubierta información personal que refleje sus actividades en línea. Sinembargo, esta excepción está limitada a las normas anti-elusión y no aplica respecto de las normasanti-distribución, lo cual implica que cada usuario debe arreglárselas por sí mismo para resolvercomo identificar y desactivar el mecanismo. En palabras claras, si un usuario está interesado enproteger su derecho a la vida privada, él necesitará transformarse en un hacker para poderdisfrutar de los beneficios de la excepción. Como resultado de ello, la excepción para proteger elderecho la vida privada es inútil.

El TPP exige a los países que otorguen a sus autoridades aduaneras y de persecución criminalfacultades para actuar de oficio para obtener el cumplimento de la leyes sobre propiedadintelectual. De acuerdo a la propuesta de TPP, aduanas debería hacer cumplir la ley no sólorespecto de bienes exportados e importados, sino también respecto de bienes en tránsito o bajo sucontrol por ser sospechosos de infringir los derechos de autor o marcas comerciales. Entretanto, lasautoridades de persecución criminal deberían poder hacer cumplir la ley, incluso si los supuestosafectados no reclaman.

Las normas sobre actuaciones de oficio levantan preocupación por el costo público de hacercumplir leyes que satisfacen intereses meramente privados y, también, por su potencial uso por losgobiernos para hacer persecución política, especialmente en países con un precario sentidodemocrático o cumplimiento con los derechos humanos. En los pasados meses, autoridades deRusia y Swazilanda han usado estas facultades de oficio para silenciar el discurso crítico deorganizaciones ecologistas y la disidencia política. Desafortunadamente, el TPP no adopta ningunamedida para evitar que las facultades de oficio sean mal empleadas.

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La propuesta de TPP exige regular la responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet porcualquier potencial infracción a la propiedad intelectual cometida en línea. Si bien el TPP norequiere que los prestadores de servicio monitoreen a los usuarios, el TPP tampoco lo prohíbe; encambio, el TPP exige cooperación entre los prestadores de servicio de Internet y los titulares depropiedad intelectual. Esta misma cooperación, sin consideración alguna a los derechos de losusuarios, ha sido la vía para implementar la desconexión de los usuarios de Internet en paísescomo el Reino Unido e Irlanda. Desafortunadamente, el TPP no previene que, bajo los acuerdos decooperación entre los dueños de la propiedad intelectual y los prestadores de servicio de Internet,estos últimos terminen monitoreando a los usuarios.

Adicionalmente, la propuesta de TPP exige la desconexión de Internet de aquellos usuarios quesupuestamente han infringido la propiedad intelectual, la adopción de mecanismos expeditos denotificación y bajada de contenidos supuestamente infractores, y la identificación de los usuarios deInternet por sus compañías prestadoras de servicio, incluso si estas se limitan simplemente abrindar acceso. Estas medidas no están hoy disponibles en todos los países involucrados en lasnegociaciones del TPP (por ejemplo, Perú no tiene ninguna norma sobre los prestadores de serviciode Internet en su ley de derechos de autor). Otros países han hecho el esfuerzo por armonizardichas medidas con una adecuada protección del derecho a la vida privada (por ejemplo, Australiay Chile requieren orden judicial para bajar contenidos e identificar usuarios). En cambio, la leyestadounidense, sobre la cual se basa el borrador del TPP, ha sido criticada porque dichas medidasamenazan el derecho a la vida privada, entre otros derechos fundamentales.

Debe recordarse que, durante las negociaciones del ACTA, presumiblemente bajo la presión de lasautoridades de protección de datos de la Unión Europea, el ACTA desistió de algunos controvertidasmedidas (por ejemplo, la desconexión de usuarios) e incluyó algunas medidas de resguardo para lavida privada. Desafortunadamente, ninguna de dichas medidas de resguardo adoptadas en ACTAha sido incluida en la propuesta del TPP.

Obviamente, las autoridades sobre protección de la vida privada de los países negociadoresdeberían analizar la consistencia del capítulo sobre propiedad intelectual del TPP con su legislaciónnacional vigente, especialmente en aquellos países que gozan de un sistema de protección másfuerte, como Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Chile, y Perú.

Hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual puede requerir el procesamiento de informaciónpersonal, pero eso no significa que el derecho a la vida privada debe ser derogado. En estemomento, desafortunadamente, la propuesta del TPP amenaza el interés social implicado en laprotección de la vida privada así como otros derechos fundamentales al omitir, cualquierconsideración hacia ellos en sus disposiciones.

http://www.derechosdigitales.org/2011/06/23/el-tpp-amenaza-el-derecho-a-la-vida-privada/

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