fals borda reoordenamiento

8/12/2019 Fals Borda Reoordenamiento

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anlisis polticoNo. 20 SEP/DIC 1993

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLTICOS YRELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Francisco Leal BuitragoFUNDADOR

William Ramrez TobnDIRECTOR

Fernando Cubides CipagautaEDITOR

Gonzalo Snchez GmezASESOR EDITORIAL

Sandra Patricia Martnez B.ASISTENTE EDITORIAL

Diana Marcela RojasEDITORA VERSIN ON LINE

Carlos Germn SandovalASISTENTE EDITORIAL VERSIN ON LINE

ASESORES EDITORIALES INTERNACIONALES

Klaus MeschkatALEMANIAMara Isaura Pereira de QueirozBRASILDaniel PcautFRANCIAEric HobsbawmINGLATERRA

Norbert Lechner CHILEThomas FischerALEMANIACharles BergquistESTADOS UNIDOSCatherine LeGrand CANAD

UNIBIBLOSImpresinSiglo del Hombre Editores Distribucin


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ESTUDIOStica discursiva, derecho y democraciaGUILLERMO HOYOS VSQUEZ

Estado y crisis regional: el caso de UrabWILLIAM RAMREZ TOBN

El gnero en la poltica pblica de Amrica Latina: neutralidad y distensinMAGDALENA LEN

DEMOCRACIAAlgunas consideraciones acerca del debate sobre la democraciaPILAR GAITN PAVA

COYUNTURAComportamiento de la caficultura colombianaLUIS IGNACIO AGUILAR ZAMBRANO

La crisis de la caficultura y su impacto socialMARA ERRZURIZ

Universidad y Estado: qu tanto reformo la ley 30?RICARDO LUCIO

DEBATESalsa y expresin social

TESTIMONIOSEl reordenamiento territorial: itinerario de una ideaORLANDO FALS BORDA

RESEASLa poltica del rgimen de coalicin, la experiencia del Frente Nacional en Colombia,DE JONATHAN HARTLYN MEDFILO MEDINA

Conflicto social y violencia, notas para una discusin,DE MYRIAM JIMENO JAIME ZULUAGA NIETO

Arte. Gran enciclopedia de Colombia,

DE DARO JARAMILLO AGUDELO por WILLIAM RAMREZ TOBN

El reordenamiento territorial: itinerario de una ideaORLANDO FALS BORDA

BIBLIOGRAFA TEMTICABibliografa: Salud y sociedad en ColombiaSAL FRANCO AGUDELO

AL MARGENProceso ordinario entre una burra muletera y un jumento reproductor


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PRESENTACIN.

El pas se encuentra otra vez en campaa

electoral. Y si bien las eleccionesprximas son las primeras de carcternacional que se realizarn bajo el imperiode la nueva constitucin, no parece haberindicaciones de autntica renovacinideolgica en el discurso de los aspirantesy precandidatos, ni seales de verdaderaparticipacin democrtica en elcomportamiento de la ciudadana. Por elcontrario, a menos de seis meses de loscomicios parlamentarios se advierte

apata en los electores y falta deoriginalidad y audacia en los polticos,pese a que la coyuntura nacional continuasiendo crtica en materia de delincuenciacomn y organizada, insurgencia ycontrainsurgencia, derechos humanos,pobreza extrema en el campo y en lasciudades, y corrupcin administrativa.Con excepcin del ltimo tema, quesuscita alguna controversia, los demsproblemas han entrado a formar parte de

la rutina diaria, del paisaje que nos tocen suerte a los colombianos, y se discutenpoco y mal por los dirigentes que aspirana representar o gobernar al pas. Por suparte, la preocupacin por la polticamacroeconmica en vigor, yparticularmente por los efectos socialesde la apertura y de la privatizacin en lossectores medios y populares de nuestrasociedad, ha dado lugar a algunos debatespblicos pero no se ha traducido todava

en un amplio movimiento de opininpblica, al punto que al menos por ahorano constituye tema central de la agendaelectoral.

El tema tico alcanza hoy ciertoprotagonismo por razones obvias y porrazones inaparentes. Entre las primeras,hay que mencionar los recientesescndalos de prensa en torno a dirigentespolticos y funcionarios pblicos

sorprendidos en malas compaas o en

conversaciones sospechosas. En amboscasos, vale la pena subrayar que lassanciones impuestas a los presuntosincursos en actos de inmoralidad polticao corrupcin administrativa son decarcter simblico o tiende a serlo, lo cualhabla, muy a las claras de la paridad detoda justicia entre nosotros. Tampocodebe olvidarse la inquietud generada porla llamada poltica de sometimiento de losnarcotraficantes a la justicia, que ahora

pretende extenderse a la delincuenciacomn y cuyas recompensas y rebaja depena resultan de muy dudosa ortografatica. Debido a que estimulan la delaciny la traicin entre los delincuentes,permiten negociar la culpabilidad y ponenprecio a ciertos delitos, todo ello sopretexto de la eficacia punitiva. Peroexisten otras razones ms profundas paraexplicar la relevancia de la cuestin, ticaen el momento presente. Cabe sealar

dos: el surgimiento de un debateacadmico en torno a la moral en susrelaciones con la cultura; la violencia y lademocracia; y la fascinacin a que somostan proclives por los problemasnacionales en tanto enunciados abstractos,como formulaciones retricas. Puesto queel creciente inters en la moral pblicaresponde tanto a un enriquecimiento de lavida intelectual cuanto a una moda de losmedios de comunicacin y de ciertos

crculos de poder, conviene hacer algunasdistinciones.

La inmoralidad poltica la corrupcinadministrativa, como la arbitrariedad o lajusticia privada, remiten a un fenmenoms vasto y complejo, que se califica decrisis tica y que consiste en la falta deconvergencia sobre las reglas que debengobernar nuestra convivencia, sobre lasnormas de conducta que deben encuadrar


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nuestra accin individual y colectiva.Pero a diferencia de lo que dicen muchos,la crisis no parece obedecer a un vaco

tico, a una ausencia de moral, sino msbien a una proliferacin de cdigos, a unamultiplicacin al punto del conflicto o dela competencia violenta entre diferentesmaneras de relacionarse y perseguir losintereses personales o grupales en elescenario pblico. Esta disputa, que sedesarrolla sin hiprbole alguna en elcorazn de los colombianos desde hacepor lo menos una generacin, esta en larazn de la rutinizacin de la violencia

como metodologa de accin poltica yrepresentacin social. Puedenidentificarse tres morales principales enconflicto: la vieja moral catlica,reguladora de la sociedad tradicional, quese encuentra en derrota desde la crisis delmedio siglo XX; la nueva moral del xito,individualista y privatista, que estaasociada a las economas ilegales tantocomo a la modernizacin del capitalismosalvaje a lo largo de las ltimas dcadas

de historia nacional; y la novsima moraldemocrtica, participativa y pluralista,que est en el centro de la constitucindel 91 y se abre paso con dificultad enmuchas comunidades de base yorganizaciones no gubernamentales, aligual que en algunos sectores de clasemedia. Y puede hablarse an de otrasticas en competencia, dentro de laperspectiva de una prolongada transicinestructural a la modernidad, que no

concluye todava. Lo importante esconocer que la impunidad se alimentaante todo de esta falta de consenso tico.Mientras no exista una tica mayoritaria,efectivamente compartida porgobernantes y gobernados, que hoy nopuede ser sino democrtica y humanizar,la llamada quiebra moral ser otro de loindicadores de nuestro proceso nacionaldurante mucho tiempo ms.

La tarea de la hora, que es la construccinde la democracia real, social y econmicay no slo poltica o jurdica, pasa

necesariamente por el desarrollo de unatica civil. Y el nico fundamento posibley deseable de esta tica es la cultura delos derechos humanos, que no seencuentra ya en la religin o en lafilosofa sino en la propia constitucinpoltica como contrato de asociacinpacfica entre los colombianos.

Comit Editorial


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TICA DISCURSIVA,DERECHO Y DEMOCRACIA

Guillermo Hoyos Vsquez

"A la autntica poltica le esimposible dar un solo paso sin haberrendido antes homenaje a la moral...El derecho del hombre ha de serguardado como algo sagrado, paramuchos sacrificios que ello puedaofrecer al poder gobernante" (Kant,La paz perpetua)

INTRODUCCIN

Hace apenas dos meses se inauguraba enBogot el Captulo Colombia de laSociedad Internacional para el Desarrollo,SID, con un seminario sobre ''Desafos dela seguridad nacional en Amrica Latina".Caracterizada la situacin al terminar laguerra fra, se consideraron proyectos,naturalmente todos ellos marcados con elsigno de la democratizacin y animadospor el rechazo a todo autoritarismo nomuy lejano entre nosotros y vuelto aensayar recientemente. El afn de lastareas de modernizacin e integracininternacional ha puesto de presente comoalternativa ineludible: o democraciaradical, o regreso al autoritarismo.

El anlisis no se agot en la relacincausal: fin de la guerra fra y nuevasituacin internacional. No es slo la faltadel enemigo comn, con sus eventuales

representantes en casa, lo que debedeterminar la nueva agenda: esta nopuede esperar pasivamente a unreordenamiento despus del cambio, sinoque debe responder ya a un nuevo sentido

Conferencia dictada en el Seminario"Variedades y lmites de la Democracia" en laUniversidad Internacional Menndez Pelayo, -UIMP-, Valencia, Espaa, septiembre 6 a 10 de 1993. Filsofo, profesor del Departamento deFilosofa de la Universidad Nacional.

del proceso, el de un sistema en"transicin". Este se caracteriza por lainterrelacin de los avance polticos y la

revolucin tecnolgica, en el marco deuna opcin general por la democraciapoltica y la economa de mercado; lacompetencia ya no es ideolgica, sinotecnolgica, de productividad y comercio;y esta competencia no es entre Estadosnacionales, sino entre macrorregiones ymegapoderes. En el archipilago mundial,no es sensato permanecer aislado, si se espequeo, porque se corre el peligro de serconsiderado proyecto no viable.

As que en esta nueva modalidad deposguerra, las tareas nacionales estnntimamente entreveradas con lasinternacionales la nueva agenda cuentacon categoras nueva: seguridad yequidad econmica, los diversos cartelesinternacionales, equilibrio ecolgico,calidad humana concretada como luchapor los derechos humanos,reconocimiento de minoras, rechazo del

racismo. En torno a asuntos como estos,que exigen nuevas formas de legalidad yderecho internacional, se redefine latendencia a la cooperacin regional y sedebe reescribir la convivencia poltica:ahora no girando slo en torno a laseguridad nacional, sino con capacidadpara abordar temas como la pobreza y lamodernizacin, la interaccin social y elprogreso educativo; donde persistenfenmenos de violencia guerrillera o se

acentan los del narcotrfico, estos ya nopertenecen al contexto global de la guerrafra, sino que son retos a la legitimidad dela democracia en los respectivos pases enntima relacin con su integracininternacional.

En esta transicin tenemos comolatinoamericanos posibilidad dereubicarnos mejor que en la guerra fra: laintegracin regional puede ser entonces


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prioritaria, mas todava si se tienen encuenta caractersticas raciales, culturales,espaciales y polticas compartidas. Sobre

todo nuestro pasado reciente confirma eldescrdito de los autoritarismos y elagotamiento de clases polticastradicionales, abriendo nuevasperspectivas a una democracia ampliada atodas las esferas de la vida social y a losnuevos movimientos sociales. Claro estaque en el momento de las propuestas, losproyectos son diversos.

Para pases como Chile se habla de la

prioridad del escenario interestatal deintegracin con base en opcionesdemocrticas. El problema no es lasoberana nacional como defensaterritorial, sino la autonoma poltica,afirmando la democracia como la formams deseable de organizacin ycooperacin, lo cual no siempre motiva ala identidad nacional. Para pases comoBrasil se plantean como prioritarios losintereses nacionales, que no pueden

subordinarse a los colectivostransnacionales. Pero la soberananacional como principio absoluto sedefine por la democracia, que a la vezdepende de la cultura propia y no siempreest libre de particularismos. Algosemejante podra decirse de pases comoMxico para los que el liberalismo socialcomo forma democrtica de nacionalismosignifica modernizacin en los diversosmbitos de la vida cotidiana, justicia

como equidad y apertura internacional, locual no elimina los riesgos delpaternalismo. Finalmente pases comoColombia, donde estamos estrenandoConstitucin, ensayan con mayor o menorxito, compaginar el proyecto tico de lacarta fundamental, con las reformasnecesarias para la proteccin del ordenpublico, la modernizacin del Estado y dela produccin y la apertura econmica,corriendo el peligro de todo pragmatismo

de corte neoliberal, de confundirlegitimidad poltica con eficiencia.

Estos modelos pueden ser comprendidosmejor con la ayuda de los paradigmas dela actual discusin entre modernidad yposmodernidad la crtica a laperformividad de los pragmticos puedehacerse desde el contextualismocomunitarista o desde un renovadouniversalismo. Como tambin valida laadvertencia; al paradigma republicano delos peligros de nacionalismo, al liberalclsico de su cercana a la frivolidad y al

social liberal de la miopa del Estadobenefactor. Una crtica a la modernidadque adems de cuestionar la hegemonade los modelos desarrollistas, terminarapor desacreditar toda propuesta colectivacomo metanarracin, dejan como nicaopcin 'la nueva figura de guerra deguerrillas', las micropolticas, sloequivaldra a una legitimacin norequerida para el funcionalismosistmico.

Al analizar estos modelos vale la penatener presente la invitacin que hicieraGianni Vattimo1 a reconocer laposmodernidad como "la poca de lasculturas latinas", despus de que "lomoderno estuvo guiado por las culturasanglosajonas". Este "acento latino de laposmodernidad", muy propio de AmricaLatina tendra que estimular "nuestroempeo tico poltico" en la forma de unpensamiento dbil. Es lo mismo que

insina N. Lechner2: la heterogeneidadestructural de Amrica Latina,considerada durante aos como obstculoal desarrollo, se puede convertir ahora ennuestro mejor recurso para fomentar unainteraccin social ms densa y rica.

1 Gianni Vattimo, La sociedad transparente,Barcelona, Paids, 1990, pgs. 69-7l.2 Norbert Lechner, Los patios interiores de lademocracia, Santiago de Chile, Flacso, 1988.


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Pienso que un pensamiento dbil nodogmtico en moral y en poltica tendraque poder articular la democracia en el

uso pragmtico, tico y moral de la raznpractica, segn protesta reciente de J.Habermas3, lo que se acerca mucho a laidea de una democracia participativa 4,que algunos han querido, de acuerdo conla moda, llamar posdemocracia. En estapropuesta tendran que confluir tambinlas crticas que se hacen hoy a lademocracia, antes de que se consume sudeslegitimacin y el debilitamiento delEstado de derecho5. La nueva

Constitucin de Colombia, julio de 1991,proclama ya en su prembulo "un marcojurdico, democrtico y participativo quegarantice un orden poltico..." y ya desdeel primer artculo constituyeparadigmtica-mente la nacin comoRepblica "democrtica, participativa ypluralista". El objetivo principal de estetrabajo es clarificar con la ayuda de lateora de la accin comunicativa elsentido y los alcances de la democracia

participativa.

Quisiera mostrar las relaciones entredemocracia y moral por un lado y porotro entre democracia y derecho. Entrminos generales se piensa que unademocracia que no se oriente por lamoralidad est en peligro de formalizarsey convertirse en mera estrategia; y unademocracia que no reconozcapositivamente el sentido del derecho,

puede disolverse muy pronto en retrica

3 Jrgen Habermas, "Acerca del uso tico,pragmtico y moral de la razn prctica", enFilosofa, No. 1 Mrida, Venezuela, 1990.4 Jos Rubio Carracedo, "De la democracia alcorporatismo. Genealoga de una frustracinhistrica", en Claves razn prctica, No. 33,Madrid, junio de 1993, pags. 54- 59.5 Fernando Morn, "La deslegitimacin relativade la democracia", en Claves de razn practica,No. 33, Madrid, junio de 1993, pags. 10 -16.

moralista o anarquista. A estosplanteamientos se puede responder can undiscurso especifico sobre la poltica que

distinga el principio de la democracia deun sentido fuerte de moral y radique apartir de dicha distincin la legitimidaddel derecho en su origen en procesospolticos. Esto permite comprender elEstado de derecho como articulacinnecesaria de la democracia; si se fortaleceas la legitimidad del Estado se lo podrproteger del paternalismo propio de ciertoliberalismo social, de la frivolidad delliberalismo clsico y del neoliberalismo

y, de lo que es peor, de todos los interesesgrupales que amenazan con privatizarlo.Esto compromete un sentido radical dedemocracia participativa que se apoya enun uso teolgico tico poltico de la raznpractica, que por estar ms cercano a unamoral comunitarista, de perder de vista elhorizonte universalito de la moral comodel principio mismo de accincomunicativa.

Para exponer este sentido renovador de lademocracia participativa, parto de unrecuento de las posibilidades de la accincomunicativa para conformardemocrticamente el mundo de la vidasocial, como se podra comprender apartir de la fenomenolgica husserliana(I); luego con base en los recientesplanteamientos de J. Habermas enFaktizitat und Geltung (Facticidad yvalidez)6 en torno a la filosofa poltica,

se distingue entre moral y derecho, paradescubrir la especificidad del principio dela democracia (II). Una reconstruccin iscursiva del derecho en sus diversosniveles y formas nos lleva a su gnesislgica en los movimientos sociales y en

6 Jrgen Habermas, Faktizitt und Geltung,Beitrge zur Diskurstheorie des Rechts und desdemokrtischen Rechtsstaats, Frankfurt, a.M.,Suhrkamp, 1992.


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procesos de participacin democrtica(III), cuya tematizacin nos obliga a unavaloracin mas positiva y especifica de

los principios ticos de la democracia,que la que pudiera seguirse de un moraluniversalista (IV).

EL MUNDO DE LA VIDA,LA ACCIN COMUNICATIVAY LA DEMOCRACIA

No puedo presentar ahora la teora de laaccin comunicativa en su conjunto. Loque me interesa es destacar como una

reconstruccin comunicativa del mundode la vida pone de manifiesto aquellascaractersticas q e nos permiten reconocerestructuras democrticas en suconstitucin originaria; esto hace que elmundo de la vida sea el contexto de todoel sistema poltico.

El descubrimiento del mundo de la vidapor la fenomenolgica explcita, sin poderdesarrollar en toda su riqueza, la

perspectividad en que se me da el mundo,no slo en situaciones y opinionesdiversas, sino en general en lamultiplicidad de las culturas. Mas anesta perspectivad es originaria, es en estesentido necesaria, sin ella no tengomundo. Esta rehabilitacin de la 'doxa'seala ya el camino constructivo genticotanto de las ciencias, como en general delos discursos que pretenden explicar yorientar nuestra situacin en el mundo. El

reconocimiento de la perspectividad delas perspectivas lleva al fenomenlogo apreguntarse por el sentido de la verdaden las diversas regiones del mundo de lavida.

La contingencia propia de este darse elmundo nos sita y ubica antes de todareflexin, en un horizonte cultural en elcual podemos contemplar ante todo ladiversidad de las naciones, las propias y

las ajenas, cada una con su mundocircundante propio, considerado con sustradiciones, sus dioses, demonios,

potencias mticas, como el mundoabsolutamente evidente y real. Surge, eneste sorprendente contraste, la diferenciaentre la representacin del mundo y elmundo real y emerge la nueva preguntapor la verdad; por consiguiente no por laverdad cotidiana, vinculada a la tradicin,sino por una verdad unitaria,universalmente valida para todos los queno estn deslumbrados por la tradicin,una verdad en s7.

Lo que no puede resolver lafenomenolgica, as sea el ltimoesfuerzo de la filosofa de la reflexin, escmo a partir de mi perspectiva,reconozco efectivamente la multiplicidadde perspectivas del mundo de la vida, ycmo precisamente gracias a estereconocimiento de las diferencias, puedotodava llegar a verdades con pretensionesde validez universal en el mbito de loobjetivo, lo social y lo personal. Un

sujeto que reconoce sus vivencias slopor que le son propias, no puedereconocer l mismo las de otros, sino"como si" fueran las propias. Esto es loque exige el cambio de paradigma, de lafilosofa de la conciencia a la accincomunicativa, de suerte queefectivamente la perspectividad de lasperspectivas del mundo de la vida tengala significacin y la fuerza originaria quecomporta el lenguaje como expresin

publica de vivencias, sentimientos,opiniones, opiniones, puntos de vista yconvicciones.

De esta forma la accin comunicativaemite en un primer momento, el de lacomisin de otras perspectivas de mundo,

7 Edmund Husserl, "La filosofa en la crisis de lahumanidad europea" en filosofa como cienciaestricta, Buenos Aires. Nova, 1981, pgs. 135 y ss.


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de otras culturas y formas de vida,reconocer la contingencia y la facticidadde mis puntos de abrirme a la multipliciad

de lo diverso y aceptar la heterogeneidadde posiciones, visin del mundo yconcepciones del bien. La posibilidad decomprender a otros implica mireconocimiento. Pero comprender a otrossignifica tener que estar de acuerdo conellos.

Es posible ahora obtener algo menos realy contingente? Una racionalidadcomunicativa pretende poder avanzar con

base en razones y motivos y lograracuerdos tanto en lo relacionado con elmundo objetivo, la cultura y la ciencia,como con el mundo social, la moral, lapoltica y el derecho. Se trata de dos usosdel lenguaje: si en un primer momento seampla el horizonte de comprensin, latolerancia y el pluralismo, en el segundomomento se gana la posibilidad delconsenso, en el cual articula unenriquecimiento cognitivo con una

motivacin vinculante de interaccinsocial como posibilidad de solucin deconflictos, generados en laheterogeneidad, y como instrumento decoordinacin de acciones comunes. Elacuerdo que se logra pasando por elreconocimiento de las diferencias es elsentido fuertemente positivo de laracionalidad comunicativa y el que davalidez y vigencia a las normas que deall puedan seguirse, y estabilidad a los

procesos sociales que se regulen pordicha normatividad. Pero esta inclinacinal consenso no puede ser urgida endeterioro de las manifestaciones delconflicto en los mltiples movimientossociales, cuyo potencial comunicativoampla el mbito poltico. La democraciaparticipativa se legitima, si antes que losconsensos, busca el compromiso de losagentes sociales en la solucin de losconflictos y en la realizacin de las tareas,

valindose para ello de las herramientasjurdicas.

Nos encontramos pues ante un casoespecial de accin estratgica, laconstruccin y utilizacin de uninstrumento, el jurdico, con base enaccin comunicativa, pero con su propiaracionalidad, la legal, la cual comoproducto de acuerdos da estabilidadrelativa a los acuerdos mismos, as paraello haya que acudir a la coaccin. Enespecial el derecho sirve para vincular aprocesos comunicativos mundovitales,

sistemas con racionalidad funcional nocomunicativos, que amenazan concolonizar el mundo de la vida, como sonel poder, la administracin y la economa.La legitimidad de tales estrategias segarantiza por los procesos que las generany establecen; su validez y vigencia exigenconservar el vnculo necesariocomunicativo entre el producto, la ley, ylos procedimientos democrticos que lasancionan. Es importante destacar esta

funcin de transformador que cumple elderecho, como lenguaje abierto por unlado al mundo de la vida social y por otroal mundo regulado sistmicamente, cuyoscdigos slo son sensibles a mensajes concontenido normativo, si vienen traducidosal lenguaje del derecho 8.

La teora de la accin comunicativa comoreconstruccin reflexiva del mundo de lavida social puede, sin acudir a ficciones

como tienen que hacerlo las teorascontractualistas, mostrar el fundamentodiscursivo de la coordinacin social, aseste se piense en la forma originaria de uncontrato; pero tambin puede dar razndel sentido especfico positivo delderecho, sin tener que considerarloastriccin de la libertad, como fruto de lademocracia. De esta forma la racionalidad

8 Jrgen Habermas, Faktizitt und Geltung...pg. 78.


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comunicativa pretende poder solucionarlas relaciones entre autonoma personal ysocial, mostrando la articulacin

necesaria de la autonoma subjetiva en lacomunicacin, cuyo resultado es laautonoma poltica, fuente de tododerecho. En la comunicacin intervienenindividuos, sin perder su identidad, consus propias vivencias y razones paraejercer y buscar en ella lo que puede sercomn a todos. As la teora de la accincomunicativa tiende el puente entre lafilosofa moral y la filosofa poltica paracomprender el derecho como sistema

emprico de accin, sin el cual las ideasfilosficas sobre la sociedad se quedanvacas9.

LA RELACIN ENTRE DERECHOY MORAL

El anlisis de las estructurascomunicativas del mundo de la vida y lasposibilidades que ellas ofrecen para llegara acuerdos vinculantes en la vida social

permite mostrar que tanto la moral comoel derecho se fundan originariamente endichas estructuras: el derecho no requierela mediacin de la moral, no se deduce deella. Si bien el derecho no debecontradecirse con la moral, esto nosignifica que para su constitucin bastesolo con esta no contradiccin.

Las relaciones tradicionales del derechocon la moral no implican el que la

democracia sea mera aplicacin de lamoral al mbito de la poltica, comopudiera desprenderse de la filosofa deKant. Esto lleva a una confusin entrenormas morales y leyes, que impide laclarificacin del sentido moderno delderecho y de su significacin constructivapara la sociedad civil. Se trata de liberarde tal forma la poltica de la moral, que el

9 Idem, Pg. 90.

principio de la democracia expliquesuficientemente el sentido procedimentaldel derecho. Dicho principio puede ser

relacionado entonces con el uso tico-poltico de la razn prctica, que no es lomismo que el uso moral.

Al plantearse la necesidad de diferenciarentre el principio moral y el principio delderecho, conviene sobre todo mostrar quese pretende obtener con esta distincin yluego ver cmo se logra y con qu costos.Con la distincin se busca desarrollar undiscurso independiente, especifico, tico-

poltico acerca de la democracia y delderecho. Esta concepcin de poltica partedel reconocimiento, con base en laracionalidad comunicativa, del sentidopositivo de una racionalidad estratgica,que se comprenda como concrecineficaz de procesos discursivos.

La distincin ayuda a comprender cmoel principio de la democracia es el"procedimiento de constitucin legitima

del derecho"10

. Para la democracia slopueden reclamar legitimidad las leyes,que al establecerse legalmente en unproceso discursivo pueden encontraracuerdo entre los asociados. Mientras elprincipio moral opera en el nivel de unaracionalidad interna de las normas, el desu validez universal y categrica, elprincipio de la democracia se ocupa de lainstitucionalizacin externa de lasnormas: es decir de todo aquello que tiene

que ver con los presupuestos y desarrollosdiscursivos de los acuerdos, a partir de loscuales se establecen leyes, se las haceaceptables y viable su cumplimiento.

La diferencia entre moral y derecho se vems claramente si se considera el carctercomo de "artefacto"11 de las normas

10 Idem, Pg. 141.11 Idem, Pg. 142.


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jurdicas. No son slo el productopositivo de procesos democrticos, sinoque tales procesos estn normados por

productos de esa misma clase. ''Con elsistema jurdico se debe crear al mismotiempo el lenguaje, en el cual se puedaentender una comunidad como asociacinvoluntaria de miembros jurdicamenteiguales y libres"12.

Precisamente al ganar la diferencia entremoral y derecho, se puede caracterizarmejor el aporte positivo del derecho conrespecto a la conformacin, estabilidad y

organizacin de la sociedad, ya que lllega a aspectos de las relaciones sociales,de los cuales la moral, en su universalidady formalismo forzosamente tiene queabstraer. El derecho puede sercomprendido como una ayuda a lasociedad en las tres dimensiones, en lascuales la moral necesariamentepermanece ambivalente: en la cognitiva,en la motivacional y en la institucionalorganizacional13.

Desde el punto de vista del conocimiento,tanto los procesos legislativos, como lainterpretacin y la prctica jurdicaaclaran situaciones y caracterizanacciones en un nivel al cual no llega lamoral. En general los procesos polticosque preceden a las decisiones jurdicasaportan un cmulo de informacin, delcual prescinde la moral.Motivacionalmente el derecho es una

ayuda tanto desde el punto de vista de lafijacin de expectativas, como desde el dela exigibilidad. La moral en cambiopermanece en un nivel tan general deresponsabilidad, que sus resortesmotivacionales no son siempre los msvinculantes. Finalmente, el derecho

12 Idem, Pg. 143.13 Wolfgang Wieland, Aporien der praktischenVernunft, Frankfurt a. M., Klostermann, 1989.

permite organizar mejor la accin socialen mbitos en los que la moral esdiscrecional: por ejemplo, de qu manera

se puede ser ms eficaz en elcumplimiento de la norma moral de laayuda al prjimo? De esta forma elderecho no slo llega a niveles decomprensin y accin a los que no puedellegar la moral, sino que es "instrumento"de efectividad de la moral. Para esto sevale de instituciones con reglamentosprecisos, objetivos determinados yfunciones claras. Este es el sentido de lacomplementariedad entre moral y

derecho 14.

Pero si la independencia de derecho conrespecto a la moral, pudiera parecer unvoto de confianza al funcionalismo, quepropone la positivizacin del derecho,pensamos que es posible fundamentar sunormatividad, sin tener que regresar a lamoral: en el uso tico-poltico de la raznpractica, al cual corresponde, no ensentido moral sino social, responsabilidad

civil y solidaridad. La crtica alpositivismo, al realismo jurdico o a lateora de sistemas no tiene que recurririnmediatamente a la moral. Por elcontrario, una reconstruccin discursivade su gnesis basta para explicitar elsentido de la normatividad del derechobasada en su constitucin intersubjetiva Yen las condiciones ticas de lademocracia.

Veamos cmo se establece la diferenciaentre moral y derecho. En lugar deconsiderar el derecho como fundadodirectamente en el sujeto moral, se buscauna concepcin de autonoma tan generalque nos permita explicar la autonomapoltica, origen del derecho, comoejercicio publico de una autonoma

14 Jrgen Habermas, Faktizitt und Geltung...,pgs. 147-149.


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subjetiva, que a la vez, slo se realiza eninteraccin social. El sentido general deautonoma se expresa en un principio

discursivo universal, a partir del cual sepueden desarrollar en su especificidad lamoral y la democracia como procesofundacional del derecho. Este principioreza as: ''Slo son validas aquellasnormas de accin con las que pudieranestar de acuerdo como participantes endiscursos racionales todos aquellos quede alguna forma pudieran ser afectadospor dichas normas"15.

Se trata de comprender este principiodiscursivo en toda su generalidad, comogaranta de imparcialidad previa a todadiscusi n acerca de la moral o delderecho. No se lo puede identificar deinmediato con el principio de la moralcomunicativa, porque entonces todo tipode fundamentacin discursiva delderecho, slo sera una aplicacin de lamoral: un nuevo moralismo en poltica.La caracterstico del derecho moderno es

poderse fundamentar y desarrollar suspropiedades independientemente de lamoral. Esto se logra gracias a que elprincipio discursivo no es el mismoprincipio moral como tampoco el de lademocracia. Se articula comoargumentacin moral cuando se usa paranormas de comportamiento que regulanintrnsecamente interacciones simples encrculo ilimitado de personas. Pero si setrata de normas de accin ms concretas y

complejas, que pueden darse en forma dederecho y que estn relacionadas conasuntos pblicos, entonces el principiodiscursivo se usa en diversosprocedimientos democrticos, paravalidar tales formas jurdicas16. Por ello elderecho no se refiere a una voluntadabsolutamente libre como en la moral,

15 Idem. Pg. 138.16 Idem., Pg.. 196.

sino a un libre albedro, a ciertavoluntariedad relativa a las circunstanciasde la norma. Esta tiene que ver con

situaciones externas, sociales, en las quese relacionan personas; y finalmente gozade la posibilidad de imponersecoactivamente17.

Una vez establecida la diferencia entremoral y derecho, y entre la reconstruccindel principio de la moral y del principiode la democracia a partir del principiodiscursivo general, se pueden volver aplantear sin peligro de confusin las

mutuas relaciones:

La moral es criterio fundamental dediscernimiento entre lo correcto y loincorrecto: debe por tanto ocupar lugarprivilegiado en los procesos de formaciny de comunicacin pblica. Por otro ladola mayora de los contenidos de los que seocupa la moral (asesinato, secuestros,robo), pasan al cdigo jurdico para ganaren l otros tipos de validez, pero este

traslape no significa una remoralizacindel derecho. De igual manera tanto elsistema de los derechos fundamentales,igualdad de libertad personal, libertad deasociacin, exigibilidad de defensa de losderechos, como los principiosconstitutivos del Estado de derechopueden ser objeto de la moral y delderecho, por lo que a ellos subyace elmismo principio discursivo, lo quepermite que se entrecrucen sus

contenidos18

. Ms aun, se puede aceptarque ms all de la necesidad de que lasreglas jurdicas no contradigan las normasmorales, se da una primaca heurstica delos discursos morales, una especie dehorizonte de universalidad en el que setienen que enmarcar y en el que soncriticables las opciones polticas

17 Idem. Pg.. 136.18 Idem., pgs. 252-253.


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partidistas o nacionales, contextualizadasy circunstanciales. Pero nada de estosignifica "que los discursos jurdicos

puedan ser concebidos como partes deargumentaciones morales"19.

La independencia de las relaciones entredemocracia y derecho con respecto a lamoral, permite valorar la legitimidad delas normas jurdicas, a partir de una teoradiscursiva del derecho, por lo razonabledel procedimiento democrtico quesustenta la legislacin. Este proceso esmucho ms complejo que el de la simple

argumentacin moral. Esta se reduce entodos los casos a la aplicacin discursivadel principio de universalizacin, a saber:"en lugar de proponer a todos los demsuna mxima como valida y que quieroque sea ley general, tengo quepresentarles a todos los dems mi mximacon el objeto de que compruebendiscursivamente su pretensin deuniversalidad''20. En cambio elprocedimiento jurdico es ms complejo,

cuenta con mediaciones como ladisponibilidad, pertinencia y relevanciade las informaciones, la equidad en lainterpretacin de las situaciones, loconvincente de las razones, lo razonablede las decisiones, lo autentico de lasvaloraciones, la justeza de loscompromisos, etc. Todo esto debe serincorporado en los procesosdemocrticos21.

Si se toma en serio la diferenciacin entrederecho y moral a partir del principiodiscursivo general, especificado demanera diferente de acuerdo con lasrespectivas formas de normas de accin,

19 Idem., Pg.. 283.20 Jrgen Habermas, Conciencia moral y accincomunicativa, Barcelona, Pennsula, 1985, Pg.. 8821Jrgen Habermas, Faktizitat und Geltung...,Pg.. 286

se logra una moral para interaccionesinformales entre personas naturales y,como complementario, un derecho para

relaciones entre personas jurdicasportadoras de derechos. "El sistema de losderechos, que asegura simultneamente laautonoma privada y publica de losasociados, es interpretado y conformadoen el proceso democrtico de lalegislacin y en el proceso de laaplicacin imparcial del derecho'' 22. Estaconcepcin discursiva del derecho en susdiversos procesos y formas acenta suindependencia frente a la moral y al

mismo tiempo su normatividad, fundadaen su origen democrtico y legitimada enformas jurdicas. Por ello los discursosjurdicos no slo se refieren a normas,sino que en su misma racionalidadpertenecen a un sistema de derechoestructurado comunicativamente.

Con esto debera quedar claro el sentidopositivo del derecho, como construccinsocial para dilucidar conflictos que se

presentan ineludiblemente, a pesar de lamoral, para afrontar tareas necesarias,ms all de normatividad moral. Si elderecho necesita de la democracia, lademocracia necesita del derecho.Precisamente esta concepcinconstructiva comunicativa del derecho davalor a la democracia comoprocedimiento. Estaramos ante unaespecie de instrumento y estrategia,que son necesarios para motivar y unir

fuerzas para bien de la sociedad, en unsentido de teologa, que complementa elsentido absoluto de la moral. Pues bien,este ''mas'' de lo jurdico poltico conrespecto a la moral es lo que permitereconstruir la democracia participativacon forma de organizacin poltica,"buena para" fomentar laautodeterminacin y la realizacin de la

22 Idem., Pg.. 287.


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persona, la justicia como equidad y lautopa liberal, que no renuncia adisminuir los sufrimientos de los

asociados y a suprimir definitivamente lashumillaciones de unos a otros.En las democracias modernas se puedeganar la participacin ciudadana en laconformacin de la sociedad, al distinguirel sentido de poltica y derecho, de unsentido fuerte de moral, para encontrar elfundamento mismo de los derechos en suspropios autores, los ciudadanos en accincomunicativa y en movimientos sociales:esto hace de la democracia la manera ms

legtima de hacer poltica.

Esto sin embargo no significa desvinculartotalmente la poltica de los temas de lamoral y mucho menos de la actitudfundamental de responsabilidad. La raznprctica no se agota en el uso moralreferido a lo universal y absoluto de lasrelaciones humanas; en su uso tico noshabla de normas orientadas a lo concretoen relacin con el bienestar de una

nacin. Si los principios generales de lamoral, como fundamentos de unasociedad justa, han de ser tenidos comonormas, es necesario que realmentemotiven, como valores para una sociedaddeterminada. Pero esto solo es viable sicomo complemento del principiouniversal de la moral, se recupera unsentido mas contextualizado de raznpractica, que pueda motivar a unasociedad concreta. Esto lo logra la

democracia participativa, cuyo sentido deresponsabilidad se enmarca si en elhorizonte de la moral, pero en suespecificidad, se orienta a las necesidadesde una nacin en vas de realizacin de unproyecto histrico (la constitucin de unpueblo) mediante el compromiso de losciudadanos.

Es necesario ahora, una vez establecida ladiferencia entre moral y derecho,

explicitar lo que significa unacomprensin discursiva del derecho, paraver cmo la soberana popular se articula

en procedimientos democrticos, en loscuales a la vez se asumen los derechoshumanos, no como propiedades delhombre genrico, sino comocompetencias que han de serdesarrolladas para que sean realidad: esedesarrollo es precisamente laconformacin de una sociedaddemocrtica y de un Estado de derechodemocrtico. As se interrelacionan losderechos humanos y la soberana popular,

dos ideas ntimamente ligadas en elconcepto mismo de democracia, aunqueno siempre comprendidas en sucomplementariedad originaria. Estavinculacin de autonoma subjetiva yautonoma poltica, de autodeterminacinpersonal y autorrealizacin solidariaconstituye, sin agotarse en ella, lalegitimidad del Estado y del derecho,"instrumentos" no slo para impulsar eldesarrollo material del mundo de la vida,

sino para estabilizar el respeto por losderechos humanos y el compromiso conel ''proyecto tico" por excelencia, laconstitucin de una nacin. Este seria elsentido positivo de la relacin del Estadocon la sociedad civil, criterio deevaluacin de polticas y gobiernosconcretos.

RECONSTRUCCIN DISCURSIVADEL DERECHO Y DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA

Aqu no es posible detallar cada una delas formas del derecho y los procesos quelas sustentan y desarrollan. Baste unabreve caracterizacin de las msimportantes para ganar una comprensinprocedimental del derecho, comoresultado de procesos democrticos. Perocomo estos procesos articulan la"soberana popular", es decir, son


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atribuciones de un poder del pueblo, esnecesario mostrar cmo este poder se tejecon carcter fundacional, constitucional,

como poder comunicativo, segn laconcepcin de H. Arendt: el poder sloaparece all y donde los hombres serenen con el propsito de realizar algoen comn, y desaparecer cuando, por larazn que sea, se dispersan o se separan".Esta constituye "la sintaxis del poder: elpoder es el nico atributo humano que seda en el espacio secular intra humanogracias al cual los hombres se ponen enrelacin mutua, se combinan en el acto de

fundacin en virtud de la prestacin ycumplimiento de promesas, las cuales, enla esfera de la poltica, quizs constituyenla faculta humana superior23. El podercomunicativo, la libertad subjetiva, comosntesis de perspectivas y propsitos,constituye algo nuevo: espacio y un estilopoltico en el que puede construirse elderecho como objetivacin de voluntadespuestas de comn acuerdo acerca dedeterminados fines. La democracia es la

sntesis del principio discursivo con laforma de derecho. Esto constituye "unagnesis lgica de derechos, que se dejareconstruir progresivamente"24.

Segn esto el principio discursivo searticula en la libertad no slo desde elpunto de vista privado; tambin en lopblico, donde se expresa el sentido de unproyecto de vida de quienes han decididoconvivir orientados por leyes constituidas

con base en acuerdos mnimos. Losderechos humanos fundamentales, si sereconstruyen como competencias, y laautonoma publica que funda el Estado dederecho no son realidades independientes,se determinan recproca-mente. Por ellolas instituciones jurdicas democrticas se

23 Hannah Arendt, "Sobre la revolucin", enRevista de Occidente, Madrid, 1967,pgs. 185-18624Jrgen Habermas, Faktizitt und Geltung..., Pg.. 155

debilitan sin ciudadanos formados encultura poltica capaces de ejercer susderechos.

Una cosa es el sistema de derechos y otrala legitimidad del poder paraorganizarlos, defenderlos y fomentar surealizacin. Es necesaria por tanto unafundamentacin discursiva del Estado dederecho y sus instituciones y unajustificacin publica de las acciones delEstado, como ejecutorias de derechos.Pero precisamente la ntima relacin entrederecho y poder poltico es la que

posibilita la manipulacin de aquel porintereses parciales. Ello hace necesarioque el Estado de derecho y susinstituciones se legitimen en un derecho,cuyo origen este en una autenticaparticipacin democrtica, y que los usosdel derecho sean aceptados porcorresponder a las expectativas de losciudadanos. Una reconstruccincomunicativa del derecho permite mostrarcmo en el desarrollo democrtico de la

soberana popular confluyen los derechossubjetivos de libertad y asociacin con losaspectos objetivos de institucionalizacinde practicas de autodeterminacin de losciudadanos. El poder comunicativoorigina el derecho legtimo y este a la vezregula la transformacin de dicho poderen decisiones administrativas.

Se trata de caracterizar el sentido de losprocesos democrticos que mejor

canalicen el poder comunicativo: lainstitucin del parlamento y susprocedimientos, el pluralismo poltico, lagaranta de una opinin publicainformada y autnoma, la competencialimpia los partidos, las practicaslectorales, la separacin entre sociedad yEstado, la diferenciacin de instancias yfunciones (legislativa judicial yejecutiva), la regla de las mayoras, etc.Mediante la regeneracin discursiva,


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segn el caso, de todos esto componentesde democracia se pueden conservar losprincipios del Estado de Derecho como

fuerza del proceso de autorrealizacin deciudadanos libres e iguales, al adaptarsesus aplicaciones a los intereses, motivos yactitudes de los asociados.

Esto tiene como consecuencia lavinculacin del sistema de derecho engeneral, tanto el legislativo, como eljudicial el ejecutivo-administrativo, alpoder comunicativo, para mantener alderecho libre de privilegios particulares.

El sistema de derecho se regenera con lavigorizacin del poder comunicativo. Lasoberana del pueblo se va realizandomediante procesos discursivos, cuyoorigen es un pblico independiente: susdecisiones pueden tomar forma dederecho con base en acuerdosdemocrticos asumidos por legisladorescon responsabilidad poltica. Esto nosignifica reprimir el pluralismo en favorde las mayoras. La democracia

participativa se nutre de un sentido de lorazonable, anclado en la estructuracomunicativa de lo pblico, el cual nootorga a ningn consenso fuerzalegitimadora, si no se reconocecuestionable por otras opcioneslibertarias. 'En el vrtigo de esta libertadno hay ningn punto fijo mas que el delmismo proceso democrtico, un proceso,cuyo sentido ya esta implcito en elsistema de derechos25. Se trata de una

comprensin participativa de lademocracia, casi que fin en s misma, porcuanto su finalidad no es el desarrollo delmercado y de la economa, sino laconstruccin de una sociedad pluralista,en la que as diferencias, los disensos, losanarquistas, tambin puedan solucionarproblemas, proponer nuevasconcepciones sociales y acciones

25 Idem., pgs. 228- 229.

alternativas. Por eso la democraciaparticipativa privilegia la multiplicidad deformas asociativas, cuyos objetivas

todava no han funcionalizado laparticipacin de los ciudadanos a finesdemasiado lejanos de la misma sociedadcivil26.

Pero esto no equivale al fundamentalismode movimientos sociales, que seautocomprendieran como crticapermanente al sentido mismo dedemocracia: esta sera una opcin maspor "diversas formas de lucha" que de

"participacin". Por ello la tareafundamental de la democraciaparticipativa es precisamente conservarseabierta a los ms diversos movimientossociales, para que encuentren en ella sumejor articulacin. Una comprensindiscursiva de la poltica, como polticadeliberativa, insiste en que la formacinde la voluntad general no gana su fuerzalegitimadora de la convergencia dada portradiciones o por convicciones no

cuestionables; la democracia participativase apoya mas bien en las posibilidades deconstruir acuerdos con base en lainterrelacin de las diversas formas deaccin poltica: tanto las establecidasoficialmente, como las informales de losnuevos movimientos sociales, cuyoescenario de influjo mas que la polticatradicional es un espacio publico masabierto.

Habermas entiende por lo pblico27

aquello que Kant sealaba como principiotrascendental de la democracia. Se tratade un sentido de opinin pblicacorrespondiente al tejido de las relacionescomunicativas del mundo de la vida; allse dan momentos ms intensos comoreuniones, asambleas, manifestaciones,

26 Idem., Pg.. 620.27 Idem., pags. 435 y ss.


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etc., que se realizan en espacios abiertoscomo foros, escenas, teatros, etc. Lasredes de lo pblico se extienden al mbito

potencial de lectores, oyentes,espectadores y participantes en general.

La comunicacin se concentra a veces entorno a determinados contenidos ydecisiones, lo que hace que en el espaciopblico se diferencien los ciudadanos delcomn, de intelectuales y dirigentes,respetados por su visin de los asuntosgenerales y por su capacidad deexplicarlos en un lenguaje pblico. La

opinin pblica, que como puede sermanipula a por los medios, tambinpuede ser orientad por ellas, es unpotencial poltico de influjo encomportamiento electoral y en lascorporaciones publicas, organismos degobierno e instancias judiciales; es unpoder con respecto los electores y a loselegidos. Pero el influjo depende de lacomunicacin efectiva: el pblico puedeser convencido de la importancia de los

temas mediante un lenguaje comprensiblecapaz de motivar el compromiso de lasmayoras. Un pblico bien formado noser comprado, ni presionado: sabrdetectar la veracidad y capacidad de susdirigentes y su compromiso con lacomunidad.

Esto nos lleva a caracterizar el sentidoque se da hoy al trmino "sociedadcivil''28, en intima relacin con el de los

''nuevos movimientos sociales". Lasociedad civil no es la sociedad burguesade la tradicin liberal, conformada solo enfuncin del trabajo y el mercado. Suncleo esta formado ms bien pororganizaciones no gubernamentales y nointeresadas primordialmente en asuntoseconmicos: son asociaciones ymovimientos relativamente espontneos

28 Idem., pags. 443 y ss.

que descubren los problemas mssensibles en diversos estratos de lasociedad y les dan relevancia poltica. Por

ello su fortalecimiento no va en contra dela democracia29. Se trata de un estiloasociativo para manejar asuntos de intersgeneral en un espacio pblico cada vezms complejo, que se vigoriza en el tejidode diversas perspectivas. Es una reservade opiniones y participantes que procedende crculos privados pero se potencianfrente a intereses generales e influyen asen los mismos medios de comunicacin yen la esfera poltica.

La sociedad civil tiene una conformacinradicalmente pluralista, la cual fortalecelas estruc turas del mundo de la vida,diversificando las formas de organizacinsocial. El poder comunicativo que laanima es origen de la democraciaparticipativa y fuente de legitimidad delEstado de derecho. Esto permite que lasrelaciones entre sociedad civil y polticapuedan ser desarrolladas con realismo: no

se puede confiar slo en el poder de losdiscursos informales, de los movimientosde protesta y de las polticas alternativas,sino que hay que intentar articularlos enlas formas de la democracia participativapara influir en los partidos, en los rganosde decisin y en el gobierno mismo.

Pero este reconocimiento de sus lmitesno significa que la sociedad civil debasilenciarse. A veces los asesores del

Estado piensan que su lgica tecnocrticasupera la opinin pblica: esto pareceahorrarles el esfuerzo de interpretar lasnecesidades del pueblo para hacercomprensibles a la gente las medidas desu gobierno. Este sera slo uno de losmuchos casos de conflicto entre sociedady Estado. El caso extremo es el de ladesobediencia civil, que ciertamente

29 Fernando Moran, op. cit.


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exige un fuerte grado de explicacinpublica, en lo cual consiste su fuertepoder comunicativo. Estos actos de

violacin simblica de lo establecido sonla expresin de protesta contra decisionesque, segn los desobedientes, as seanlegales, no responden a los principios enlos que se basa el orden social. Talesprotestas, asumidas en actitud tica, sedirigen a los que gobiernan para querevisen la legislacin y al mismo tiempoapelan a las ideas de los derechosfundamentales, a la legitimidaddemocrtica y a la sensibilidad moral de

las mayoras. "La desobediencia civil espues un medio de reafirmar la vinculacinentre la sociedad civil y la sociedadpoltica..., cuando los intentos legales defortalecer la influencia de aquella en estahan fracasado y se han agotado otrosmedios"30.

En la desobediencia civil se manifiesta laconciencia de poder de la sociedad parapresionar el sistema poltico de suerte que

tenga en cuenta las situacionesconflictivas y las soluciones de acuerdocon los principios fundamentales de laconstitucin poltica. Esta es un proyectoen cuya realizacin progresiva estacomprometida la sociedad civil mediantereformas al mismo derecho. Su poderpoltico se manifiesta mas radicalmenteen los nuevos movimientos sociales:ecologistas, feministas, cvicos,populares, barriales, campesinos, etc.

Estos movimientos buscan redefinir lopblico, crear nuevos valores eimaginarios, renovar solidaridades,recrear la cultura poltica en nivelestodava no colonizados por el clientelismotradicional o por el Estado paternalista.La desobediencia civil en la que puedendesembocar estos movimientos no

30 A. Arato y J. L. Cohen, Civil society and PoliticalTheory. Cambridge, Mass, 1992. pgs. 587 y s.

siempre se queda en la denunciasimblica, sino que tiene a veces carcterreivindicativo, como por ejemplo en el

caso de toma de tierras: es la exigencia dehecho de lo equitativo frente a loformalmente legal. Esto hace que muchosmovimientos sociales sean criminalizadospor los tradicionalistas como causantesdel desorden, de la violencia y comoforma ilegitima de participacinciudadana. La respuesta siempre tendrque ser la explicacin publica delcomportamiento no legal.

Cul es el sentido de las relaciones entresociedad civil y Estado en el contexto deuna democracia participativa? Habermas,cuya argumentacin hemos intentadoreconstruir hasta aqu, hace cinco aoshaba escrito que el poder comunicativositia, sin pretender tomrselo, el sistemade gobierno 31. Ahora piensa que lametfora puede llevar a confusiones, puessi bien las intenciones de una opininpublica critica, con pretensiones de

participacin poltica, no son tomarse elpoder, tampoco pueden ser nicamentesitiar al Estado cual fortalezainexpugnable. La metfora y suaclaracin ayudan a comprender en quesentido las estructuras comunicativas dela sociedad civil son recurso delegitimidad para la conformacindemocrtica del Estado de derecho.

Para esto propone Habermas un

paradigma procedimental del derecho,que equivaldra a la concepcin desociedad subyacente a los diversosmodelos de democracia: la sociedadcompuesta por individuos autnomos delliberalismo clsico, la integrada porpersonas cuyo desarrollo material y sociales responsabilidad del Estado, laconstituida cultural y polticamente por

31 Jrgen Habermas. Faktizitt und Geltung... Pg.. 626


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los valores de un republicanismotradicionalista. Frente a estas ideas desociedad, se opta ms bien por un

paradigma procedimental: este sintetizalos elementos informativos de la teoradiscursiva del derecho con los aspectosempricos de una concepcincomunicativa de la sociedad. En otraspalabras, si el estilo comunicativo delmundo de la vida permite solucionarconflictos y llegar a acuerdos paradesarrollar determinadas tareas,reconociendo el derecho fundamental dela diferencia y la posibilidad de

asociacin de las personas, este mismoestilo puede constituirse en paradigmapara el todo social. Entonces es posiblereconstruir la gnesis radicalmentedemocrtica de las relaciones entresociedad y Estado en la interrelacinentre poderes legalmente constituidos yformas no institucionalizadas desoberana popular. El sistema jurdico nose debe solo a las fuerzas del mercado, nia las polticas de bienestar; su

legitimacin radica sobre todo en el podercomunicativo generado por mltiplesinteracciones sociales en las que se tejela sociedad civil en el espacio pblico. Suinflujo en las diversas instancias delEstado se logra mediante la participacinampliada de los ciudadanos, la funcincrtica de partidos independientes y elpoder de medios de comunicacinautnomos. La despolitizacin delpblico se evita gracias a elementos

plebiscitarios, procedimientos de consultapopular, polticas de descentralizacin,renovacin de procesos electorales, etc.Es urgente que el publico efectivamenteinfluya con su sentido comn y su fuerzamotivacional en todas las rbitas delsistema poltico, confiriendo autoridad allegislador, controlando al ejecutivo y

exigiendo una justicia ms equitativa ypublica32.CONCLUSIN: DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA Y TICADISCURSIVA

El paradigma procedimental, comoimpronta de una democracia participativa,tiene una normatividad ms fuerte que lateora liberal clsica o neoliberalcontempornea, as formativa que elliberalismo social, pero as dbil que elmodelo republicano. En l hay elementosde todos estos paradigma, como hemos

podido mostrarlo: el reconocimiento delEstado de derecho como forma adecuadade organizacin social, el ejercicio dederechos como proceso fundador deinstituciones democrticas y la opcintica por una forma de vida autnomaprivada y pblica. Para una teoradiscursiva el progreso poltico radicasobre todo en la competenciacomunicativa de ciudadanos y en elaprendizaje de procedimientos de

organizacin en el mbito de la poltica,la economa y la administracin.

Pero si en el paradigma procedimentaltodo se reduce a la forma de lacomunicacin, entonces se carece deaquello "substancial" que permitaplantear cual es la sociedad deseable. Eldilema es: formalismo procedimental ocomunitarismo. Antes de discutirlo habraque saltar lo mucho que se gana con la

propuesta de democracia participativa:esta no es slo el procedimiento paraestablecer las mayoras en torno a losacuerdos que legitimen el derecho, sino elespacio para que se articulen losconflictos, se desarrollen los movimientosociales, se fortalezca la opinin publica yen una palabra se inventen las diversasformas de participacin ciudadana, que

32 Idem., pgs. 532-533.


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permiten recrear la complementariedadentre sociedad y Estado. Con esto seampla el sentido de participacin para

relativizar el directivismo del Estado, susuperespecializacin y la consecuentejuridizacin de la sociedad. Sobre todo sehace frente a quienes privatizan lopublico: el paramilitarismo y laprivatizacin de la justicia, la corrupciny la deslegitimacin de la poltica y elmismo terrorismo de Estado como"ejercicio criminal del poder supremo delEstado, sin estar sometido a controlalguno, mediante un sistema organizado y

alentado desde sus estructuras para ellogro de sus fines"33. Si el derechorequiere de la democracia para nopositivizarse, para ganar su autenticaracionalidad, la democracia requiere delderecho, no slo en aspectos delegitimidad procedimental, sino sobretodo como articulacin necesaria deprocesos y de acuerdos.

La concepcin participativa de la

democracia no identifica la legitimidad delas instituciones con su eficiencia en lasolucin de asuntos relacionados con laseguridad y el bienestar. Si bien un usopragmtico de la razn prctica esnecesario para un desarrollo material delmundo de la vida, es su uso tico y moralel que reconstruye la solidaridad y laequidad como fundamento de la sociedad.La solidaridad se vale tambin delderecho para realizar progresivamente las

tareas, proyectos y utopas de laconstitucin de una nacin: las fuerzasde la solidaridad social no se puedenregenerar sino en formas de practicas deautodeterminacin comunicativa34. Eneste punto parecen coincidir hoyHabermas y Rorty, quien enfatiza: ''La

33 M. C. Caiati y D. Frontalini, El mito de la guerrasucia, Buenos Aires, Editorial CELS, 1984, P g. 83.34 Jrgen Habermas, Faktizitt und Geltung..., Pg. 536

solidaridad tiene mas bien que serconstruida a partir de pequeas piezas,que ser encontrada, como si ya estuviera

esperando a ser reconocida en la forma deun protolenguaje en cuanto looyramos35.

De acuerdo con la distincin entre moraly derecho, la solidaridad mas que unacategora moral, deducible de unmacroprograma, es aquel acontecersociopoltico, en el que se reconoce elprincipio discursivo de la democracia: sufuerza integradora se teje de momentos

comunicativos cotidianos, opininpublica, procesos de participacinciudadana, movimientos sociales, mediosjurdicos, instituciones, etc. Se busca unasociedad capaz de organizarsedemocrticamente con una constitucin,que no slo es fundacin sino tambinproyecto de autorrealizacin, conprocedimientos democrticos y autodeterminacin de la sociedad civil desdesus orgenes en el mundo de la vida: para

no vivir en funcin de la polticainstitucionalizada, los ciudadanos recreanmas ac de ella el principio la democraciacomo solidaridad y equidad.

Para llegar hasta aqu se ha partido de unadistincin fuerte entre moral y derecho, esdecir entre el principio de la moral y elprincipio de la democracia. Peroentonces de que ndole es el principio dela democracia: es moral tambin? Como

reclama Laport la legitimidad del derechohace necesaria "la apelacin a ciertosderechos bsicos de los individuosconcebidos como derechos moralesidentidad anteriores al sistema de normas

35 Richard Rorty, Contingency, irony andsolidarity. Cambridge, Cambridge UniversityPress. Versin castellana "Contingencia, irona ysolidaridad", Buenos Aires, Paids, 1989-1991.Pg.. 94.


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jurdicas" Dichos derechos bsicos"constituyen un ncleo de personal ymoral que ni el proceso poltico ni las

normas jurdicas estn ticamenteautorizados para ignorar36.

A estos reclamos responde Habermas conel principio discursivo de todanormatividad. Pero este principio slo selegitima, como lo ha explicitadorecientemente Ch. Larmore, si laidentidad entre destinatario y autor delderecho, que se requiere para elprincipio discursivo, "descansa sobre un

principio moral fundamental, que se debeasumir como ya valido: nadie debera serobligado con violencia a someterse anormas de accin, si no le es posible verrazonablemente su validez"37.

El poder no violento de la comunicacin,su no coactividad por medios distintos ala comunicacin misma, su capacidad dereconocer reciprocidad y construirsolidaridad antes que presionar

estratgicamente las relacionescotidianas, seria el punta de partida detodo el anlisis, inclusive de aquel quereconoce al mismo derecho como accinestratgica legitima. Pero entonces si elprincipio normativo de la democracia noes directamente la moral, ni menos aun laeficacia, solo queda en el medioprecisamente el uso tico de la raznpractica. Lo tico poltico del discurso dela democracia participativa y del derecho

no es lo mismo que la moral, perotampoco es simplemente la eficiencia.Estaremos en presencia de una confesinde la tica discursiva a morales

36 Laporta en Victoria Camps, Historia de latica, 3 tomos, Barcelona, Critica, 1989, Pg.. 292.37 Ch. Larmore y otros, "Symposium zu JrgenHabermas: Faktizitt und Geltung", en Deutscheeitschrlt filr Philosophie, Berln, Bd. 41, Nr.2,1993, pags. 326327.

comunitaristas, contextualistas, inclusivede raigambre republicana?La democracia participativa tiene el

sentido no slo de una prctica poltica,sino que ella misma como procedimientoes una especie de ideal social, frente alliberalismo clsico, al liberalismo social oal republicanismo comunitarista. Lasospecha es que este paradigmaprocedimental para no ser puramenteformal, tiene que apoyarse en elcontextualismo, puesto que toda accincomunicativa se desarrolla en la tensinentre "facticidad y validez": la facticidad

del lenguaje y la validez que se vaconsolidando con base en razones ymotivos, la facticidad de las perspectivasde una cultura poltica, de una forma devida, de una concepcin del bien, y lavalidez a la que aspira en su constitucin,su derecho y su idea de sociedad.Entonces habra que acudir a un modelode identidad tico-existencial en uncontexto determinado, que por un lado seproyecta moralmente en un horizonte

universalista, pero en su articulacinconcreta se compromete con idealesnacionales. La tensin necesaria seriaentre lo moral universal y lo polticonacional, que bien puede llevarse atrminos de democracia radicaltransnacional o patriotismo paradjico. Eluso moral no supera el uso tico, es smucho su horizonte: se complementan,porque no pueden darse el uno sin el otro.

Pero esto conlleva un riesgo, del cual hayque ser conscientes. Si bien las tareastico-polticas, la constitucin quearticula la "constitucin" de un pueblo yal mismo tiempo es propuesta de surealizacin en un contexto mundial,tienen que poder motivar y convocar a laautenticidad y a la solidaridad, el peligroesta de nuevo en el particularismo y en elnacionalismo. Y si bien el nfasis quetome la democratizacin en un futuro


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depende mucho de la historia de lospueblos, la democracia participativapodr conservar vigorosa la relacin de

los diversos usos de la razn prctica,evitando todo reduccionismo ounilateralidad. Si el universalismo parecetener escasos recursos motivacionales, elcontextualismo de estirpe republicana,sobre todo si faltan experienciasdemocrticas, tiende al dogmatismo eintolerancia, y el pragmatismo reduce lamodernidad a modernizacin en el puro'despliegue de la racionalidad formal"38.

Por tanto, habra que aceptar la necesidadde nfasis en alguno de los tres usossegn la historia de cada nacin (sudesarrollo material, nivel de educacin,apertura a migraciones, guerras civiles,identidad nacional, etc.) y la urgencia desus tareas, pero sin absolutizar ningunode los tres: la interrelacin entre lo moral,lo tico y lo pragmtico no solo es posibledesde un paradigma procedimental, sinonecesaria para evitar unilateralidades que

debilitan la democracia. Porque ms quela interrelacin de sus diversos usos hayque fortalecer el sentido mismo de raznpractica en su forma de democraciaparticipativa como paradigmaprocedimental en estrecha relacin con elEstado de derecho.

38 Norbert Lechner, op. cit.


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ESTADO Y CRISIS REGINEL CASO DE URABWilliam Ramrez Tobn

ALGUNAS PREMISASCONCEPTUALES

Cuando, en los aos sesenta, AmricaLatina empez a preocuparse por lasrelaciones entre el Estado y la regin, elentorno conceptual de la poca acerca deldesarrollo predetermin la ptica sobre elasunto. Como bien lo seala FranciscoUribe Echevarria, "el concepto dedesarrollo estaba dominado o eraequivalente al de crecimiento econmicoy este a su vez deba provenir de undesarrollo industrial, intensivo en capitaly orientado a la sustitucin deimportaciones. Se requera en sntesis dela modernizacin de la economa y paraello los obstculos principales eranescasez de capital y tecnologa"1.

Sobre ese teln de fondo emergi enAmrica Latina la Planificaci n delDesarrollo Regional como disciplinaacadmica y profesional al servicio de laspolticas estatales. Los desequilibriosinterregionales configuraron su campo detrabajo, la redistribucin territorial delcrecimiento econmico le proporciono suestrategia de cambio, y los planes dedesarrollo le dieron el procedimiento

central para canalizar e instrumentar laaccin. Se trataba de explicar y modificarla persistencia de un fenmeno, el de lapobreza, que no dejaba de controvertircon su dramtica presencia las supuestas

Socilogo, profesor del Instituto de Estudiospolticos y Relaciones Internacionales.1 Francisco Uribe Echavarra: "Pobreza y Planificacindel Desarrollo Regional: Elementos para una Critica",en: Pobreza, Participacin y Desarrollo Regional,CIDER, BCH, Bogot 1986, Pg. 287

virtudes autorreguladoras del modelosocioeconmico vigente.En contrapeso a las visibles fallas del

modelo de intervencin oficial paraerradicar o disminuir la pobreza, hubo enel campo de la teora replanteamientosimportantes que a pesar de su falta desistematizacin le fueron dando unamayor claridad al problema. Se trataba,en lo principal, de explicaciones mspolticas sobre las desigualdades dedesarrollo y de bsquedas de estrategiascon mayores nfasis en una concepcinsocial de la pobreza. As, sobre el valor

concedido a las reglas de crecimientoeconmico como medios deminimizacin progresiva de la pobreza, sefue consolidando una visin en la cual lapobreza, lejos de ser un problemapuramente tcnico o econmico, es laexpresin de la estructura de poderconcreta"2.

Varias fueron las corrientes tericasagrupadas alrededor de tal

reconocimiento y diversas las opcionesacerca de los factores que definan losprocesos de dominacin y subordinacin,de enriquecimiento y empobrecimiento,de seleccin y exclusin. Marxistas,tericos de la dependencia, seguidores dela ''marginalidad social", dualistas y otrosestructuralistas mas, contribuyeron aldesencanto sobre las proclamadasvirtudes automticas del crecimientoeconmico, a la desconfianza sobre las

dotes libradoras del mercado, a unamayor suspicacia respecto de los alcancesde las polticas contributivas oficiales. Alfinal, se impuso la idea de que eldesarrollo regional centrado en el objetivode reducir la pobreza y las desigualdades,se poda garantizar a travs de un sistema

2 Idem., Pg.. 304.


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de calificacin formal dirigido por elEstado3.

El que la pobreza dejara de ser unproblema abordable de modo exclusivopor el instrumento tecnocrtico de losgobiernos y exigiera consideracionespolticas estructurales sobre ladistribucin social de la riqueza, le abrala puerta a reconsideraciones sobre lacrisis social y sus vnculos con el Estadoy con el fenmeno de la pobreza.

En realidad, la nocin de crisis social no

ha estado ausente de las elaboracionestericas y programticas que sobre lapobreza y el desarrollo regional se hanhecho en Amrica Latina desde hace msde treinta aos. Sin embargo, pese a nohaber logrado un estatuto preciso ydiferente, s alimentaron desde lassociologas en curso algunas de laspremisas que soportara las ideascentrales acerca del desarrollo social. Lasescuelas de la sociologa funcionalista,

por ejemplo, con su ptica de la crisiscomo disfuncin asimilable siempre porla capacidad integracionista del sistema,nutrieron una excesiva expectativa en lacapacidad de este para impulsar elcrecimiento econmico y distribuir susbeneficios a travs de los canalesplanificadores del gobierno central.Despus, en la medida que se fueronreduciendo tales expectativas, lassociologas estructuralistas se dieron a la

nocin de crisis social una dimensin deantagonismo de poderes que, segn elcumplimiento de ciertos requisitospolticos, poda fracturar el sistemavigente y llevarlo a profundas reformas oa su desmantelamiento final a favor de unorden nuevo.

3 Idem., Pg.. 311.

El sentido conferido a la crisis regionalpor cada una de estas dos concepcionesresultaba, de hecho, estrechamente

subordinado a los principios globales quejustificaban, en un caso, o cuestionaban,en otro, el destino general del sistema.Las posibilidades distributivas y a lapostre equilibrantes que la visin liberalneoclsica le concede al orden capitalista,han minimizado la crisis regional al hacerde ella un episodio de inestabilidadfcilmente reductible por las fuerzasintegracionistas del poder central. Por elcontrario, la fragilidad estructural que las

visiones crticas del capitalismo leatribuyen al ordenamiento social de este,han magnificado la crisis regional hastallegar a conferirle la virtualidad de unacto revolucionario. En un caso o en otro,las crisis de las regiones han sido vistas,por polticas e ideologas contrapuestas,como puntos de inflexin a la orden delas fuerzas que contra ponen a losdiversos actores y procesos nacionales.

Pero la crisis regional no puede ser lamera inflexin, la sencilla desviacin desentido de determinada curvamacroeconmica en el plano general delcrecimiento, ni, tampoco, el simpleinstrumento tctico de una estrategiarevolucionaria de desestabilizacin delsistema. Ella es, ms bien, una seriamutacin, al nivel de las estructurasterritoriales, de las relaciones deintercambio socioeconmico y polticovigentes, un punto de ruptura crtica en la

trama que articula la institucionalidadpublica con los intereses privados de losactores sociales. En esa perspectiva eldesarrollo tendra que ser visto como unproblema esencialmente sociopoltico, laregin como una comunidad que encarnaa agentes polticos, la planificacin estatalcomo un proceso de promocin yconcertacin de fuerzas sociales.


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La crisis regional, como momento demxima maduracin de los conflictossociales, objetiva las singularidades que

hacen de la comunidad territorial un entehistrico particular en su gnesis,evolucin y formas de insercin dentrodel sistema nacional. La crisis convierte ala regin en una entidad poltica que porefecto de las circunstancias, tiende ahacer de la autoconciencia de losproblemas y de sus posibles soluciones,una practica poltica concreta. Es por elloque dicha crisis expresa no slo lascruciales representaciones que la regin

hace de s misma como entidad parcialdentro de un conjunto, sino tambin suscrticas visiones sobre la totalidadnacional y sobre los nexos que la vinculana ella.

Para que la crisis social pueda operarcomo categora sociolgica en un anlisisde tipo regional, es necesario elcumplimiento de ciertos requisitos. Unode ellos, importante porque asume el

sentido de presupuesto lgico, es que elproceso de constitucin socio-histrica dela realidad objeto de estudio hayaalcanzado el grado de madurez suficientepara que se pueda hablar no solo deterritorio, a la manera de una corporeidadgeogrfica mas o menos precisa, sino deregin, entendida esta como un cuerpopoltico y social colectivamenteautoidentificable. En este transito de loterritorial, como agregado simple de

elementos en el que predominan losfactores naturales sobre los sociales, a loregional, como entidad compleja donde lapreeminencia en los trminos es inversa ala anterior, la conformacin de lasociedad civil es el rasgo principal detodo el proceso. La sociedad civil, en sudinmica de acumulacin ydiferenciacin de las relaciones socialesva creando el tejido comunitario a partirdel cual, por el entrecruzamiento

progresivo de actores e intereses, seafirma la necesidad de construir lasinstancias jurdico-polticas que regulen

los intercambios individuales y legitimenlos proyectos de realizacin colectiva. Lasociedad regional logra as, a travs de sudesarrollo interno, emitir las seales quele indicaran al Estado las oportunidadeshistricas de intervencin para implantaren su seno el instrumental administrativo,la normatividad jurdica y losfundamentos polticos orientados alegitimar las relaciones entre el podercentral y la comunidad local.

La progresiva extensin y profundidaddel tejido civil comunitario induce, pues,al establecimiento de estructuras localesde Estado. Es este un proceso en el cual,dentro del engranaje de lo privado y lopublico como componentes bsicos de lavida colectiva, van incorporadas las crisissociales tanto en su dimensin virtualcomo activa. La crisis social, agenterevelador de las necesarias tensiones que

atraviesan la vida de la comunidad, es unindicativo de la evolucin alcanzada porla sociedad civil y el Estado: suemergencia como cualificada medicin defuerzas entre actores sociales conproyectos econmicos, sociales ypolticos contrapuestos, va a la par con elcrecimiento y diferenciacin de lasestructuras regionales de relacin social.

URAB: UN PROCESO HISTRICO

DE IDENTIDAD REGIONAL

Las condiciones que conducen a la crisisde Urab en la actualidad son en unamplio trazado histrico, las mismas quele van proporcionando su identidad desdeel inicial cuerpo territorial hasta elposterior y ya maduro entramadoregional. Como se ver a continuacin, elpaso de lo territorial a lo regional es elproceso que jalonado por lo fenmenos


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Urab se dio ms en la va de las simplesanexiones geogrficas, que de unpropsito real para involucrar al territorio

en los desarrollos polticos y econmicosde sus sociedades. Urab era un territoriovasto y extrao a protocolosinstitucionales de carcter nacional queregularan los difusos espacios de susrelaciones civiles. Tal vez por eso, losciclos de explotacin de sus recursosnaturales traa consigo intensivos ylocalizados usos de violencia en elterritorio.

Aun cuando los ncleos humanosresidentes en Urab durante esta fase notuvieron, por su dispersin y bajadensidad, la capacidad de modificar enprofundidad el espacio y generarestructuras socioeconmicas estatales,ellos son importantes por constituir elembrin de lo que seran las formascolonizadoras del futuro, las mismas quemarcaran el paso de lo territorial a loregional. Es el caso, por ejemplo, de la

poblacin negra que empez a hacersepresente en las mrgenes del ro Atratogracias a los desplazamientos estimuladospor el cimarronismo en la poca de laesclavitud y por la libertad de los esclavosen la coyuntura republicana de mediadosdel siglo XIX. O el caso del poblamientosinuano originario de las tierras bajassituadas entre los ros Sin y San Jorgeque iniciado en 1883, empez en 1909 ahacer de la carretera Montera-Turbo,

abierta por la empresa maderera Emeryde Boston, la ruta de colonizacin futurade 108 campesinos sinuanos haciaUraba5. O, aun mas, el caso d los Cunas yde los Emberas, etnias ancestrales delterritorio de Urab que, mucho masadelante, le sirvieron de soporte receptora las migraciones Senes, originarias deldepartamento de Crdoba.

5 Idem., Pg.. 93.

Todas esas experiencias de poblamiento,desarrolladas a lo largo de cuatro siglos,conformaron la materia prima del tejido

social que en un proceso de acumulaciny diferenciacin de relaciones sociales ledaran a Urab su carta regional deciudadana.Urab, entidad regional

Si Urab fue durante un poco ms decuatro siglos un territorio en los trminosantes dichos, ello no quiere decir que sucarcter regional se le hubiese dado de unmomento a otro por efecto de puntuales

eventos econmicos, sociales o polticos.Hay en esta metamorfosis de territorio aregin, una gruesa y complejaconfluencia de procesos largos en eltiempo, decisivos en sus cualidades, quegeneran antecedentes y esbozantendencias de comportamiento social.

Uno de los rasgos, el principal por cierto,que le da carcter especfico a la regin esel de los procesos colonizadores ya que

estos son los cimientos sobre los cuales selevanta la sociedad civil y se construyenlos factores que van a determinar losmodelos de produccin de la riqueza. Lacolonizacin de Urab es una historia deritmo dislocado cuyo conjunto de fracasosy resultados expresa la irregularevolucin de un espacio desde lacerrilidad de sus vastos escenariosnaturales basta su amaestramiento, aunhoy inacabado, por parte de las sucesivas

migraciones humanas.

En realidad la colonizacin, comoproceso estructurador de relacioneseconmicas y sociales, se inicio en lafrontera geogrfica del Sin detrs de losproyectos madereros adelantados hasta1929 por la Emery de Boston. Ya en1930, un visitador fiscal de lagobernacin de Antioquia reconoca enlos pobladores de las Sabanas de Bolvar,


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hoy departamentos de Crdoba y Sucre,los responsables de la transformacineconmica del sector, constataba la

precaria administracin civil en manos dedos inspectores de polica nombradosdesde Turbo y recomendaba la necesidadimperiosa de antioqueizar aquelconglomerado social formado, en sumayora, por elementos extraos,desligados del concierto departamentalpor la mala administracin de Turbo6.

Posteriormente, en la coyuntura de lasreformas agrarias inducidas por los

gobiernos liberales en los aos treinta, ladescomposicin de tierras en las sabanasde Bolvar aument el desplazamiento decampesinos que ya se venia produciendodesde mediados del siglo XIX por elproceso de fortalecimiento de la haciendaterrateniente. A estas corrientescampesinas, junto a las ya nombradasrespecto de la explotacin maderera de laEmery hay que destacar la de Antioquia,muy irregular en el flujo poblacional y

poco receptiva, en un principio, a losestmulos institucionales ofrecidos, perode influencia decisiva en la configuracinsocioeconmica de la regin.La otra colonizacin de importancia es lade los negros chocoanos y caribeosprofundizada, en esta etapa, a partir decimarronismo y de la libertad de esclavossealada en la etapa territorial anterior. Amediados del siglo XIX, la abolicin de laesclavitud desat un proceso migratorio

negro desde Antioquia, Cauca y el Caribeque hizo de Urab, la tierra elegida. Losmigrantes se fueron vinculando a laseconomas cclicas de extraccin agraria yminera que transitaron por el territorio alo largo de casi ochenta aos. Despus, enla dcada del 30, la actividad econmicaempieza a perder el rasgo de trnsfuga

6 Carlos Muoz, problemas de Urab, ImprentaOficial, Medelln, 1931, pg. 101.

que la haba caracterizado antes: de susafanes extractivos inmediatos comienza apasar a asentamientos mas sedentarios de

operarios negros que constituyen con susfamilias ncleos estables de poblamientoy polos de atraccin para nuevos flujosmigratorios.Finalmente hay que mencionar tambin lacolonizacin de los indgenas Senes,expulsados desde el departamento deCrdoba por el mismo proceso deexpansin de la hacienda ganadera delcual se hablo a propsito de lasmigraciones sinuanas. Esta etnia, que

logro conservar su autonoma culturalfrente a las otras comunidades socialesincluidas las indgenas nativas de losCuna y los Embera, mantiene con estasrelaciones destinadas a preservar suidentidad histrica dentro de la complejatextura antropolgica propia de lasociedad de Urab.

El paso de lo territorial a lo regional queva a la par y se deriva de los

poblamientos en Urab es, pues, unproceso histrico mediante el cual laentidad sociolgica en va deconformacin se va llenando de nuevoscontenidos y cualidades. Talmetamorfosis expresa el trnsito de Unasuma mas o menos fortuita de accioneshumanas dispersas en un espaciogeogrfico, a un conjunto de actividadesarticuladas entre si por el poderreestructurador de las relaciones sociales.

Estas, como lazos que superan los nexosespordicos entre personas paraconvertirse en vnculos entre actoressociales determinados por una serie deestructuras econmicas, sociales, polticasy culturales, son la materia prima deltejido que va conformando a la sociedadcivil.


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LA CRISIS DE CRECIMIENTO

Las leyes de 1936, mas las posteriores de

1944 y 1961, le dieron piso legal a unmodelo nacional de reforma del agroorientado a estimular su modernizacinmediante el ordenamiento formativo delos derechos de propiedad, unasexigencias mnimas de productividad yun nivel mas racional de relaciones entreel capital y el trabajo. Las nuevasfunciones interventoras del Estado queacompaaron tales medidas, buscabanaliviar los costos sociales de un modelo

cuya consecuencia necesaria era el xodode importantes contingentes decampesinos pobres. En efecto, la lgicamodernizante de las reformas se apoyabaen el desarrollo de un mercado internosegn dos ejes complementarios: uno,intensivo, basado en las expectativas deproductividad dentro de la gran propiedadterrateniente; otro, extensivo, centrado enla ampliacin de la frontera agrcola porparte de los campesinos desplazados.

La evolucin de las tendencias implcitasen el proyecto agrario del Estado,confirma el carcter de la modernizacinbuscada. La Ley 200 de tierras de 1936que buscaba presionar la conversin delos latifundios en empresas capitalistasbajo la exigencia de explotar los suelosbaldos o revertirlos al Estado, trajoconsigo el desalojo de muchos de loscolonos que trataban de formalizar el

transito de poseedores a propietarios delos mismos predios baldos disputadospor los terratenientes. De esta manera lalegislacin logr, de un lado, fortalecer lahacienda e iniciar un lento pero a la largasignificativo cambio de mentalidad de laposesin extensiva hacia la produccinintensiva por parte del gran propietario, ydel otro, crear una forzosa dinmica decolonizacin que movi la fronteraagrcola y ampli el mercado interno de

tierras. Mas tarde, la Ley 100 de 1944concret otro de los elementos bsicos delas reformas al darle al Estado el papel de

equilibrador frente a los excesos de ladinmica modernizante. Se buscaba conello morigerar las expulsiones decampesinos al declarar de

utilidad publica los contratos de aparcera conlo cual, al tiempo que se buscaba reanimar laproduccin de alimentos dentro del mbito deformas atrasadas de trabajo dentro de lashacienda se protega a estas ultimas al ampliara quince aos los plazos anteriores deextincin del dominio siempre y cuando se

cubriera, al menos, una tercera parte del predioinculto con explotaciones de aparcera7.

Despus, en 1961, la Ley 135 afianz elproceso al proponer el establecimiento deunidades de produccin familiar al ladode las grandes unidades empresariales.As, mientras estas ltimas respondan ala amenaza de expropiacin de lalegislacin vigente exhibiendoprocedimientos mas progresistas deexplotacin, intensificaban la expulsin

de campesinos y consolidaban sus ttulosde propiedad. A lo anterior habra queagregar, como otro elemento coactivo delos desplazamientos colonizadores en elpas, el clima de violencia que duranteesos mismos aos cambi de maneradrstica los entornos usuales desupervivencia de gran cantidad decampesinos.

Es dentro de este contexto nacional de

modificaciones agrarias que podemoscomprender mejor la recia etapa decrecimiento iniciada por Urab a partir dela segunda mitad del presente siglo.

Los frutos regionales del transito hacia lamodernizacin presentes desde la dcada

7 Daro Fajardo, Hacienda, campesinos y polticasagrarias en Colombia 1920-1980, CEDE, U.Andes , Bogota, 986, Pg.. 69.


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del cuarenta en el agro colombiano seconcretaron en Urab, a principios delsesenta, en una compaa extranjera (La

United Fruit Company) y en un producto(el banano). Tal empresa abandona lazona bananera de Santa Marta en la quehaba actuado como enclave extranjerocon formas monoplicas de produccin,transporte y comercio, y se establece enUrab donde instaura novedosos mediosde gestin econmica. El mas importantede ellos es el desligarse del procesoproductivo, que deja en manos de sujetosnacionales, para centrarse en las

actividades transnacionales decomercializacin de la fruta, campo en elcual ya ocupaba un importante rango enel mbito mundial.

La compaa Frutera de Sevilla (UnitedFruit Co.) centr sus acciones enpromover el cultivo del banano dentro depotenciales prestatarios que se acogierana una serie de requisitos jurdicos,econmicos y administrativos. Entre losjurdicos habra que renunciar el titulo depropiedad de la tierra, el levantamiento deplanos topogrficos, la constitucin degarantas sobre la finca y las plantacionesde banano, y la celebracin de un contratode compraventa con la compaa. Entrelos econmicos se destacaban laadecuacin de la tierra con drenajes ycaminos, la existencia de un mnimo y unmximo de superficie de cultivo, y laubicacin de la finca dentro de las zonascalificadas aptas por la compaa. Entre

los administrativos sobresalan aseguraruna gestin adecuada de la finca ypermitirle a la compaa el examen deinversiones y gastos8.La presencia de la Frutera de Sevilla y susefectos de tipo econmico y social enUrab, son una expresin concentrada de

8 Fernando Botero Herrera, Urab, Colonizacin,Violencia y Crisis del Estado, U. de AntioquiaMedelln, 1990, pags. 73-74.

las lneas generales de desarrollo que seafianzaban en el pas desde fines de ladcada del treinta. La compaa viabiliza,

en efecto, la promocin de las unidadesempresariales concebida de modoimplcito o taxativo en el pensamientoagrario estatal de los aos precedentes,con un xito individual y un impactoregional superior a cualquier diseooficial de transformacin de lascondiciones locales. Un impacto que, porlo dems, afecto con intensidad loseslabones mas dbiles de las relacionessociales de produccin gracias a un

patrn de inversin capitalista que dejadoa su libre lgica autoexpansiva,concentraba la propiedad y mova lafrontera agrcola a costa de loscampesinos forzados al desplazamiento.

Crecimiento econmico, concentracinterritorial y descomposicin de formasprecedentes de colonizacin campesinason, en sntesis, las tres caractersticasfundamentales de la nueva entidadregional que ya se afianza a principios delos aos setenta en Urab.

La especial ndole de la produccinregional cualific desde el principio e

fals borda reoordenamiento

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