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GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGODE DESASTRES (GIRD),
UN CAMBIO DE PARADIGMA, ¿UNA POLÍTICA PÚBLICA
EN RETROCESO?
La gestión del riesgo de desastres hace referencia a los procesos para diseñar, aplicar y
evaluar estrategias, políticas y medidas prospectivas, correctivas y reactivas con el objeto
de mejorar la comprensión del riesgo de desastres, impulsar la reducción y la protección
financiera del riesgo de desastres, y la mejora continua en las prácticas de elaboración,
respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el propósito de aumentar la
seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
En nuestro país, en octubre de 2016, mediante la sanción de la Ley 27.287, se creó el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR. Este hecho
marcó una evolución conceptual y operativa respecto del Sistema Federal de Emergencias
– SIFEM – el cual mantenía vigencia legal desde 1999, pero carecía de institucionalidad
federal, de mecanismos de prevención, coordinación y de capacidad operativa real.
Se incorporaron las estrategias internacionales y las herramientas que establece el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas bajo su resolución 69/283, del 3 de junio de 2015.
Las mismas representan un cambio de visión, de paradigma o modelo, al centrar su
esfuerzo y acción en la gestión del riesgo de desastres, en lugar de concentrarse en la mera
gestión de los desastres y sus consecuencias. Se focaliza en el planeamiento, la prevención
y la preparación de las comunidades, buscando aumentar su resiliencia, así como un
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de
prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las
instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha
ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de
origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos.
La gestión gubernamental 2015 / 2019, trabajó inicialmente sobre un proyecto propio y
luego de analizar distintas iniciativas, se consensuó avanzar sobre el proyecto de la
Senadora Sigrid Kunath. La ley se implementó a través de normativa complementaria,
planes nacionales, consejos federales y técnicos, se incorporó tecnología, se desarrollaron
programas de concientización, programas de capacitación y planificación en territorio. Se
inició un camino para integrar al sistema a la sociedad civil organizada y al sector privado.
Se enfatizó sobre la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar de
1
manera eficaz dicho riesgo, la inversión en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia y el aumento de la preparación para casos de desastre, lo que permite también
dar una respuesta eficiente y la posibilidad de “reconstruir mejor” en el post desastre.
Esta política pública es responsabilidad primordial de los Estados, prevenir y reducir el
riesgo de desastres, mediante la cooperación internacional, regional, subregional,
transfronteriza y bilateral.
Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean
compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, todos los sectores y actores
nacionales, y requiere la participación y colaboración de toda la sociedad, así como de
todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado en todos los niveles y una
articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados.
Asimismo, está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida
y bienes de producción, los activos culturales y ambientales, se respetan todos los derechos
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.
Incorpora a la sociedad civil y al sector privado empresarial como actores ineludibles en un
rol activo ante una problemática que es transversal a todas las comunidades de nuestra
nación. Interpela a comprender mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones
relativas a la exposición de la población y sus bienes, la vulnerabilidad de una comunidad y
las características de las amenazas.
A los efectos de la Ley se definió a la GIRD (Gestión Integral de Riesgo de Desastres), como
un proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico de formulación,
adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección,
ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus
efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas en el manejo
de las emergencias y/o desastres. Comprende acciones de mitigación, gestión de la
emergencia y recuperación.
Se implementó una política pública que ha permitido lograr avances en la reducción del
riesgo de desastres a nivel local, regional y nacional, pero aún requiere de más desarrollo,
inversión, capacitación y continuidad, ya que volver a una política de reacción y respuesta
anterior, como la desarrollada en SIFEM provocaría la regresión a una argentina que no sabe
construir estratégicamente y que privilegia las autorías personales por sobre el interés
general que beneficia a la todos los ciudadanos.
Se concibieron planes y programas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de
Protección Civil (PC), estrechamente relacionados con los programas específicos de
seguridad pública, con enfoque en la preservación de la vida, los bienes y el hábitat de la
población ante desastres, coordinando el empleo de recursos humanos y materiales del
Estado Nacional, en las etapas de mitigación / prevención, respuesta y rehabilitación.
Se han tomado como modelo a seguir las políticas de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres de México donde se han fortalecido sus instituciones para responder a desastres
de una forma más eficaz y eficiente. Se estima que las reformas que ha realizado México en
su marco jurídico, institucional y presupuestario de gestión de riesgos en los últimos años
han reducido el número de decesos por desastres. Las reformas del marco jurídico
mexicano han sentado las bases para la puesta en marcha de iniciativas de reducción del
riesgo de desastres, pasando de un modelo reactivo, donde las intervenciones comenzaban
después de una catástrofe, a un modelo proactivo, en el que se priorizan las acciones de
prevención.
El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres
(iGOPP), una herramienta creada por el BID que evalúa el nivel de condiciones favorables
de gobernabilidad para poder implementar una política pública para la gestión integral del
riesgo de desastres muestra que México es el país con la gobernabilidad de gestión de
riesgos más consolidada de América Latina y el Caribe.
La sanción de la Ley fue impulsada como consecuencia de la capacidad de reflexión y
concientización que se tuvo con respecto a la complejidad del problema y la necesidad de
comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones, por lo que
consideramos que abandonar el camino iniciado implicaría perder la capacidad como
Estado en la reducción del riesgo de desastres. Siendo consecuente la falta de prevención,
planificación de medidas y reducción de los mismos afectando de manera negativa la
protección de la sociedad, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus
activos socioeconómicos y sus ecosistemas. Ante un desastre aumentarían
considerablemente las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y
salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas, las empresas y las comunidades.
La nueva gestión gubernamental, al respecto, anuncia un cambio de prioridades, lo que nos
sitúa ante un marco de posible abandono de las políticas adoptadas relacionadas con GIRD,
nos muestra que la magnitud de la problemática a la cual nos enfrentamos no ha sido
comprendida, que no existe un interés genuino ni la voluntad política para llevarlas
adelante, de proteger a las personas, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio
cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas, lo que nos llevaría a un nuevo
fracaso en la materia.
La gestión del riesgo de desastres hace referencia a los procesos para diseñar, aplicar y
evaluar estrategias, políticas y medidas prospectivas, correctivas y reactivas con el objeto
de mejorar la comprensión del riesgo de desastres, impulsar la reducción y la protección
financiera del riesgo de desastres, y la mejora continua en las prácticas de elaboración,
respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el propósito de aumentar la
seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
En nuestro país, en octubre de 2016, mediante la sanción de la Ley 27.287, se creó el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR. Este hecho
marcó una evolución conceptual y operativa respecto del Sistema Federal de Emergencias
– SIFEM – el cual mantenía vigencia legal desde 1999, pero carecía de institucionalidad
federal, de mecanismos de prevención, coordinación y de capacidad operativa real.
Se incorporaron las estrategias internacionales y las herramientas que establece el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas bajo su resolución 69/283, del 3 de junio de 2015.
Las mismas representan un cambio de visión, de paradigma o modelo, al centrar su
esfuerzo y acción en la gestión del riesgo de desastres, en lugar de concentrarse en la mera
gestión de los desastres y sus consecuencias. Se focaliza en el planeamiento, la prevención
y la preparación de las comunidades, buscando aumentar su resiliencia, así como un
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de
prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las
instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha
ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de
origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos.
La gestión gubernamental 2015 / 2019, trabajó inicialmente sobre un proyecto propio y
luego de analizar distintas iniciativas, se consensuó avanzar sobre el proyecto de la
Senadora Sigrid Kunath. La ley se implementó a través de normativa complementaria,
planes nacionales, consejos federales y técnicos, se incorporó tecnología, se desarrollaron
programas de concientización, programas de capacitación y planificación en territorio. Se
inició un camino para integrar al sistema a la sociedad civil organizada y al sector privado.
Se enfatizó sobre la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar de
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manera eficaz dicho riesgo, la inversión en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia y el aumento de la preparación para casos de desastre, lo que permite también
dar una respuesta eficiente y la posibilidad de “reconstruir mejor” en el post desastre.
Esta política pública es responsabilidad primordial de los Estados, prevenir y reducir el
riesgo de desastres, mediante la cooperación internacional, regional, subregional,
transfronteriza y bilateral.
Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean
compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, todos los sectores y actores
nacionales, y requiere la participación y colaboración de toda la sociedad, así como de
todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado en todos los niveles y una
articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados.
Asimismo, está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida
y bienes de producción, los activos culturales y ambientales, se respetan todos los derechos
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.
Incorpora a la sociedad civil y al sector privado empresarial como actores ineludibles en un
rol activo ante una problemática que es transversal a todas las comunidades de nuestra
nación. Interpela a comprender mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones
relativas a la exposición de la población y sus bienes, la vulnerabilidad de una comunidad y
las características de las amenazas.
A los efectos de la Ley se definió a la GIRD (Gestión Integral de Riesgo de Desastres), como
un proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico de formulación,
adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección,
ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus
efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas en el manejo
de las emergencias y/o desastres. Comprende acciones de mitigación, gestión de la
emergencia y recuperación.
Se implementó una política pública que ha permitido lograr avances en la reducción del
riesgo de desastres a nivel local, regional y nacional, pero aún requiere de más desarrollo,
inversión, capacitación y continuidad, ya que volver a una política de reacción y respuesta
anterior, como la desarrollada en SIFEM provocaría la regresión a una argentina que no sabe
construir estratégicamente y que privilegia las autorías personales por sobre el interés
general que beneficia a la todos los ciudadanos.
Se concibieron planes y programas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de
Protección Civil (PC), estrechamente relacionados con los programas específicos de
seguridad pública, con enfoque en la preservación de la vida, los bienes y el hábitat de la
población ante desastres, coordinando el empleo de recursos humanos y materiales del
Estado Nacional, en las etapas de mitigación / prevención, respuesta y rehabilitación.
Se han tomado como modelo a seguir las políticas de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres de México donde se han fortalecido sus instituciones para responder a desastres
de una forma más eficaz y eficiente. Se estima que las reformas que ha realizado México en
su marco jurídico, institucional y presupuestario de gestión de riesgos en los últimos años
han reducido el número de decesos por desastres. Las reformas del marco jurídico
mexicano han sentado las bases para la puesta en marcha de iniciativas de reducción del
riesgo de desastres, pasando de un modelo reactivo, donde las intervenciones comenzaban
después de una catástrofe, a un modelo proactivo, en el que se priorizan las acciones de
prevención.
El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres
(iGOPP), una herramienta creada por el BID que evalúa el nivel de condiciones favorables
de gobernabilidad para poder implementar una política pública para la gestión integral del
riesgo de desastres muestra que México es el país con la gobernabilidad de gestión de
riesgos más consolidada de América Latina y el Caribe.
La sanción de la Ley fue impulsada como consecuencia de la capacidad de reflexión y
concientización que se tuvo con respecto a la complejidad del problema y la necesidad de
comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones, por lo que
consideramos que abandonar el camino iniciado implicaría perder la capacidad como
Estado en la reducción del riesgo de desastres. Siendo consecuente la falta de prevención,
planificación de medidas y reducción de los mismos afectando de manera negativa la
protección de la sociedad, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus
activos socioeconómicos y sus ecosistemas. Ante un desastre aumentarían
considerablemente las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y
salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas, las empresas y las comunidades.
La nueva gestión gubernamental, al respecto, anuncia un cambio de prioridades, lo que nos
sitúa ante un marco de posible abandono de las políticas adoptadas relacionadas con GIRD,
nos muestra que la magnitud de la problemática a la cual nos enfrentamos no ha sido
comprendida, que no existe un interés genuino ni la voluntad política para llevarlas
adelante, de proteger a las personas, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio
cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas, lo que nos llevaría a un nuevo
fracaso en la materia.
La gestión del riesgo de desastres hace referencia a los procesos para diseñar, aplicar y
evaluar estrategias, políticas y medidas prospectivas, correctivas y reactivas con el objeto
de mejorar la comprensión del riesgo de desastres, impulsar la reducción y la protección
financiera del riesgo de desastres, y la mejora continua en las prácticas de elaboración,
respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el propósito de aumentar la
seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
En nuestro país, en octubre de 2016, mediante la sanción de la Ley 27.287, se creó el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR. Este hecho
marcó una evolución conceptual y operativa respecto del Sistema Federal de Emergencias
– SIFEM – el cual mantenía vigencia legal desde 1999, pero carecía de institucionalidad
federal, de mecanismos de prevención, coordinación y de capacidad operativa real.
Se incorporaron las estrategias internacionales y las herramientas que establece el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas bajo su resolución 69/283, del 3 de junio de 2015.
Las mismas representan un cambio de visión, de paradigma o modelo, al centrar su
esfuerzo y acción en la gestión del riesgo de desastres, en lugar de concentrarse en la mera
gestión de los desastres y sus consecuencias. Se focaliza en el planeamiento, la prevención
y la preparación de las comunidades, buscando aumentar su resiliencia, así como un
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de
prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las
instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha
ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de
origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos.
La gestión gubernamental 2015 / 2019, trabajó inicialmente sobre un proyecto propio y
luego de analizar distintas iniciativas, se consensuó avanzar sobre el proyecto de la
Senadora Sigrid Kunath. La ley se implementó a través de normativa complementaria,
planes nacionales, consejos federales y técnicos, se incorporó tecnología, se desarrollaron
programas de concientización, programas de capacitación y planificación en territorio. Se
inició un camino para integrar al sistema a la sociedad civil organizada y al sector privado.
Se enfatizó sobre la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar de
manera eficaz dicho riesgo, la inversión en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia y el aumento de la preparación para casos de desastre, lo que permite también
dar una respuesta eficiente y la posibilidad de “reconstruir mejor” en el post desastre.
Esta política pública es responsabilidad primordial de los Estados, prevenir y reducir el
riesgo de desastres, mediante la cooperación internacional, regional, subregional,
transfronteriza y bilateral.
Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean
compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, todos los sectores y actores
nacionales, y requiere la participación y colaboración de toda la sociedad, así como de
todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado en todos los niveles y una
articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados.
Asimismo, está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida
y bienes de producción, los activos culturales y ambientales, se respetan todos los derechos
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.
Incorpora a la sociedad civil y al sector privado empresarial como actores ineludibles en un
rol activo ante una problemática que es transversal a todas las comunidades de nuestra
nación. Interpela a comprender mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones
relativas a la exposición de la población y sus bienes, la vulnerabilidad de una comunidad y
las características de las amenazas.
A los efectos de la Ley se definió a la GIRD (Gestión Integral de Riesgo de Desastres), como
un proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico de formulación,
adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección,
ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus
efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas en el manejo
de las emergencias y/o desastres. Comprende acciones de mitigación, gestión de la
emergencia y recuperación.
Se implementó una política pública que ha permitido lograr avances en la reducción del
riesgo de desastres a nivel local, regional y nacional, pero aún requiere de más desarrollo,
inversión, capacitación y continuidad, ya que volver a una política de reacción y respuesta
anterior, como la desarrollada en SIFEM provocaría la regresión a una argentina que no sabe
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construir estratégicamente y que privilegia las autorías personales por sobre el interés
general que beneficia a la todos los ciudadanos.
Se concibieron planes y programas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de
Protección Civil (PC), estrechamente relacionados con los programas específicos de
seguridad pública, con enfoque en la preservación de la vida, los bienes y el hábitat de la
población ante desastres, coordinando el empleo de recursos humanos y materiales del
Estado Nacional, en las etapas de mitigación / prevención, respuesta y rehabilitación.
Se han tomado como modelo a seguir las políticas de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres de México donde se han fortalecido sus instituciones para responder a desastres
de una forma más eficaz y eficiente. Se estima que las reformas que ha realizado México en
su marco jurídico, institucional y presupuestario de gestión de riesgos en los últimos años
han reducido el número de decesos por desastres. Las reformas del marco jurídico
mexicano han sentado las bases para la puesta en marcha de iniciativas de reducción del
riesgo de desastres, pasando de un modelo reactivo, donde las intervenciones comenzaban
después de una catástrofe, a un modelo proactivo, en el que se priorizan las acciones de
prevención.
El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres
(iGOPP), una herramienta creada por el BID que evalúa el nivel de condiciones favorables
de gobernabilidad para poder implementar una política pública para la gestión integral del
riesgo de desastres muestra que México es el país con la gobernabilidad de gestión de
riesgos más consolidada de América Latina y el Caribe.
La sanción de la Ley fue impulsada como consecuencia de la capacidad de reflexión y
concientización que se tuvo con respecto a la complejidad del problema y la necesidad de
comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones, por lo que
consideramos que abandonar el camino iniciado implicaría perder la capacidad como
Estado en la reducción del riesgo de desastres. Siendo consecuente la falta de prevención,
planificación de medidas y reducción de los mismos afectando de manera negativa la
protección de la sociedad, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus
activos socioeconómicos y sus ecosistemas. Ante un desastre aumentarían
considerablemente las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y
salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas, las empresas y las comunidades.
La nueva gestión gubernamental, al respecto, anuncia un cambio de prioridades, lo que nos
sitúa ante un marco de posible abandono de las políticas adoptadas relacionadas con GIRD,
nos muestra que la magnitud de la problemática a la cual nos enfrentamos no ha sido
comprendida, que no existe un interés genuino ni la voluntad política para llevarlas
adelante, de proteger a las personas, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio
cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas, lo que nos llevaría a un nuevo
fracaso en la materia.
La gestión del riesgo de desastres hace referencia a los procesos para diseñar, aplicar y
evaluar estrategias, políticas y medidas prospectivas, correctivas y reactivas con el objeto
de mejorar la comprensión del riesgo de desastres, impulsar la reducción y la protección
financiera del riesgo de desastres, y la mejora continua en las prácticas de elaboración,
respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el propósito de aumentar la
seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
En nuestro país, en octubre de 2016, mediante la sanción de la Ley 27.287, se creó el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR. Este hecho
marcó una evolución conceptual y operativa respecto del Sistema Federal de Emergencias
– SIFEM – el cual mantenía vigencia legal desde 1999, pero carecía de institucionalidad
federal, de mecanismos de prevención, coordinación y de capacidad operativa real.
Se incorporaron las estrategias internacionales y las herramientas que establece el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas bajo su resolución 69/283, del 3 de junio de 2015.
Las mismas representan un cambio de visión, de paradigma o modelo, al centrar su
esfuerzo y acción en la gestión del riesgo de desastres, en lugar de concentrarse en la mera
gestión de los desastres y sus consecuencias. Se focaliza en el planeamiento, la prevención
y la preparación de las comunidades, buscando aumentar su resiliencia, así como un
conjunto de principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de
prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las
instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha
ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de
origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos.
La gestión gubernamental 2015 / 2019, trabajó inicialmente sobre un proyecto propio y
luego de analizar distintas iniciativas, se consensuó avanzar sobre el proyecto de la
Senadora Sigrid Kunath. La ley se implementó a través de normativa complementaria,
planes nacionales, consejos federales y técnicos, se incorporó tecnología, se desarrollaron
programas de concientización, programas de capacitación y planificación en territorio. Se
inició un camino para integrar al sistema a la sociedad civil organizada y al sector privado.
Se enfatizó sobre la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar de
manera eficaz dicho riesgo, la inversión en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia y el aumento de la preparación para casos de desastre, lo que permite también
dar una respuesta eficiente y la posibilidad de “reconstruir mejor” en el post desastre.
Esta política pública es responsabilidad primordial de los Estados, prevenir y reducir el
riesgo de desastres, mediante la cooperación internacional, regional, subregional,
transfronteriza y bilateral.
Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean
compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, todos los sectores y actores
nacionales, y requiere la participación y colaboración de toda la sociedad, así como de
todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado en todos los niveles y una
articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados.
Asimismo, está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida
y bienes de producción, los activos culturales y ambientales, se respetan todos los derechos
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.
Incorpora a la sociedad civil y al sector privado empresarial como actores ineludibles en un
rol activo ante una problemática que es transversal a todas las comunidades de nuestra
nación. Interpela a comprender mejor el riesgo de desastre en todas sus dimensiones
relativas a la exposición de la población y sus bienes, la vulnerabilidad de una comunidad y
las características de las amenazas.
A los efectos de la Ley se definió a la GIRD (Gestión Integral de Riesgo de Desastres), como
un proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico de formulación,
adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección,
ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus
efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas en el manejo
de las emergencias y/o desastres. Comprende acciones de mitigación, gestión de la
emergencia y recuperación.
Se implementó una política pública que ha permitido lograr avances en la reducción del
riesgo de desastres a nivel local, regional y nacional, pero aún requiere de más desarrollo,
inversión, capacitación y continuidad, ya que volver a una política de reacción y respuesta
anterior, como la desarrollada en SIFEM provocaría la regresión a una argentina que no sabe
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construir estratégicamente y que privilegia las autorías personales por sobre el interés
general que beneficia a la todos los ciudadanos.
Se concibieron planes y programas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de
Protección Civil (PC), estrechamente relacionados con los programas específicos de
seguridad pública, con enfoque en la preservación de la vida, los bienes y el hábitat de la
población ante desastres, coordinando el empleo de recursos humanos y materiales del
Estado Nacional, en las etapas de mitigación / prevención, respuesta y rehabilitación.
Se han tomado como modelo a seguir las políticas de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres de México donde se han fortalecido sus instituciones para responder a desastres
de una forma más eficaz y eficiente. Se estima que las reformas que ha realizado México en
su marco jurídico, institucional y presupuestario de gestión de riesgos en los últimos años
han reducido el número de decesos por desastres. Las reformas del marco jurídico
mexicano han sentado las bases para la puesta en marcha de iniciativas de reducción del
riesgo de desastres, pasando de un modelo reactivo, donde las intervenciones comenzaban
después de una catástrofe, a un modelo proactivo, en el que se priorizan las acciones de
prevención.
El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres
(iGOPP), una herramienta creada por el BID que evalúa el nivel de condiciones favorables
de gobernabilidad para poder implementar una política pública para la gestión integral del
riesgo de desastres muestra que México es el país con la gobernabilidad de gestión de
riesgos más consolidada de América Latina y el Caribe.
La sanción de la Ley fue impulsada como consecuencia de la capacidad de reflexión y
concientización que se tuvo con respecto a la complejidad del problema y la necesidad de
comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones, por lo que
consideramos que abandonar el camino iniciado implicaría perder la capacidad como
Estado en la reducción del riesgo de desastres. Siendo consecuente la falta de prevención,
planificación de medidas y reducción de los mismos afectando de manera negativa la
protección de la sociedad, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus
activos socioeconómicos y sus ecosistemas. Ante un desastre aumentarían
considerablemente las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y
salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas, las empresas y las comunidades.
La nueva gestión gubernamental, al respecto, anuncia un cambio de prioridades, lo que nos
sitúa ante un marco de posible abandono de las políticas adoptadas relacionadas con GIRD,
nos muestra que la magnitud de la problemática a la cual nos enfrentamos no ha sido
comprendida, que no existe un interés genuino ni la voluntad política para llevarlas
adelante, de proteger a las personas, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio
cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas, lo que nos llevaría a un nuevo
fracaso en la materia.
Marcelo Rozas GarayLic en Estrategia y Organización
Ex Subsecretario de Reducción del Riesgo de Desastres.
Integrante del IEES – Departamento GIRD y ACC
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14124/igopp-indice-de-gobernabilidad-y-politicas-publicas-en-gestion-del-riesgo-de