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Ketzalcalli CONTENIDO / CONTENTS Capitalismo y medio ambiente en las relaciones internacionales del siglo XXI Leonardo Rioja Peregrina Rafael Romero Mayo 5 La relación México-Cuba: Un camino sinuoso – Las primeras etapas (1821-1959) – Ricardo Domínguez Guadarrama Jazmín Benítez López 23 Seguridad humana: la experiencia mexicana Liliana Mendizábal Hernández 51 Migración y dinámica poblacional en Michoacán, México Teodoro Aguilar Ortega 63 Historia urbana de Payo Obispo/Chetumal, Quintana Roo (1898-1955) Juan Carlos Arriaga Rodríguez 73 Juan de Palafox y Mendoza – Hacedor de la limpieza en su honra - Rosa María Alcalá Esqueda Amparo Reyes Velázquez 97 Editorial / Impressum 2 1 2013

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Ketzalcalli

CONTENIDO / CONTENTS

Capitalismo y medio ambiente en las relaciones internacionales del siglo XXI

Leonardo Rioja Peregrina

Rafael Romero Mayo

5

La relación México-Cuba: Un camino sinuoso – Las primeras etapas (1821-1959) –

Ricardo Domínguez Guadarrama

Jazmín Benítez López

23

Seguridad humana: la experiencia mexicana

Liliana Mendizábal Hernández

51

Migración y dinámica poblacional en Michoacán, México

Teodoro Aguilar Ortega

63

Historia urbana de Payo Obispo/Chetumal, Quintana Roo (1898-1955)

Juan Carlos Arriaga Rodríguez

73

Juan de Palafox y Mendoza – Hacedor de la limpieza en su honra -

Rosa María Alcalá Esqueda

Amparo Reyes Velázquez

97

Editorial / Impressum 2

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013

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Ketzalcalli

IMPRESSUM

EDITORES/EDITORS

Barbara Blaha Pfeiler (Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida / University of

Hamburg, Hamburg), Andreas Koechert (Universidad de Quintana Roo, Chetumal / University of

Hamburg, Hamburg), Alexander W. Voss (Universidad de Quintana Roo, Chetumal)

COMITE EDITORIAL/EDITORIAL BOARD

Grace L. Bascopé (Maya Research Program, Fort Worth), M. Jill Brody (State University of

Louisiana, Baton Rouge), Alfredo Barrera Rubio (Instituto Nacional de Arqueología e Historia,

Mérida), Karen Dakin (Universidad Nacional Autónoma de México, D.F.), Marie Gaida (Museum of

Ethnography, Berlin), Galina Ershova (Universidad Nacional Estatal de Humanidades de Rusia,

Moscú), Javier Omar España Novelo (Universidad de Quintana Roo, Chetumal), Juan Manuel

Espinosa Sánchez (Universidad de Quintana Roo, Chetumal), Mercedes de la Garza (Universidad

Nacional Autónoma de México, D.F.), Ingolf Goritz (University of Hamburg, Hamburg), Claudine

Hartau (University of Hamburg, Hamburg), Alfredo López Austin (Universidad Nacional Autónoma de

México, D.F.), Enrique Martín Briceño (Instituto de Cultura del Estado de Yucatán, Mérida), Lorenzo

Ochoa (Universidad Nacional Autónoma de México, D.F., †), Clifton Pye (University of Kansas,

Lawrence), Edgar Santiago Pacheco (Bibliotecarios del Sureste A.C., México), Julio C. Robertos

Jimenez (Universidad de Quintana Roo, Chetumal), Peter Schmidt (Instituto Nacional de Arqueología

e Historia, Mérida), Ortwin Smailus (University of Hamburg, Hamburg)

INSTITUCIÓN/INSTITUTION

Cuerpo Académico Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe – Universidad de

Quintana Roo, México;

Institute of Mesoaericanistics, University of Hamburg, Germany;

Bibliotecarios del Sureste A.C., México.

INDIZACIÓN/INDIZATION: LATININDEX y/and CLASE (www.latindex.unam.mx)

DIRECCIÓN/ADDRESS: Dr. Alexander W. Voss, DCSEA, Universidad de Quintana Roo, Boulevard

Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, México, C.P. 77019

Tel. (+51) 983–8350300, Fax. (+51) 983–8329656

WEB / CONTACTO/CONTACT. www.ketzalcalli.com; voss-uqroo(at)gmail.com

AÑO DE IMPRESIÓN/YEAR OF PRINT: 4 Agosto 2014 / 4 August 2014

EDITORIAL/PUBLISHER: Kommission Verlag für Ethnologie, Hannover, Germany

PRODUCCIÓN/PRODUCTION: México/Germany

PORTADA/COVER: Alexander Voss

CORRECCIÓN DE PRUEBAS/REVISION: Andreas Koechert, Alexander W. Voss

WEB-Master: M.A. Alfredo Meza Artmann

ISSN: 1860-5710 (Alemania/Germany)

© by A. Koechert, Hannover. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der tontechnischen Wiedergabe und der Übersetzung. Ohne schriftliche Zustimmung ist es – auch für den Eigengebrauch – nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus in einem photomechanischen, digitalen

oder sonstigen Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung anderer Systeme zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

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PRESENTACIÓN

En este número de Ketzalcalli, el Cuerpo Académico de Estudios Estratégi-

cos y de Frontera de la Universidad de Quintana Roo, presenta por invitación de las instituciones de la revista, como temática general, cinco trabajos que giran en torno al eje central de las relaciones internacionales y a los estudios regionales, y finaliza con una colaboración de corte humanista.

Las tres primeras contribuciones se centran en análisis de corte interna-cional, así Rioja Peregrina y Romero Mayo analizan la relación entre capita-lismo y medio ambiente a partir de diversos fenómenos interrelacionados con el funcionamiento y estructuración del capitalismo a partir del desarrollo de las fuerzas productivas cuyo impacto en el deterioro ambiental se hace cada vez más notorio desde mediados del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI.

Posteriormente, Domínguez Guadarrama y Benítez López describen la forma en que se establecieron los primeros contactos entre las sociedades y las autoridades de la Nueva España y la Capitanía General de Cuba desde el siglo XVI hasta el XIX, aunado a las relaciones que se establecieron entre los diferentes gobernantes del México Independiente y las autoridades españolas en la Capitanía General de Cuba, así como los efectos en la relación México–Cuba ocasionados a partir del establecimiento de las relaciones formales en-tre los gobiernos de México y España.

Por su parte, Mendizábal Hernández hace una revisión del impacto que ha tenido la seguridad humana en México, las acciones que la acompañan y su efecto en el proceso de mejoramiento de las condiciones de seguridad para la sociedad que habita el territorio nacional.

Los siguientes dos trabajos, atienden situaciones más específicas dentro del contexto mexicano, en ese sentido, Aguilar Ortega hace un recuento de la forma en cómo la migración ha modificado el componente demográfico en Michoacán y los elementos que han afectado los flujos migratorios de los mi-choacanos.

Por su parte, Arriaga Rodríguez presenta una revisión acerca de la expan-sión urbana de Payo Obispo/Chetumal, ocurrida entre 1898 y 1955, genera-da por los cambios de la economía primaria de exportación y el crecimiento poblacional. Se pretende demostrar que el sector agro-forestal de especializa-ción para la exportación (chicle, caoba y, a partir de la década de 1950, azú-car) fortaleció progresivamente la función de Payo Obispo/Chetumal como nodo comercial intrarregional, a la vez que influyó en el crecimiento del es-pacio urbano de la ciudad.

Finalmente y a manera de colofón, Alcalá Esqueda y Reyes Velázquez se centran en revisar cómo Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Ángeles (1639) nació, vivió y murió acunado por la polémica construyén-dose sobre él una imagen oscilante entre la maldad, la herejía y la deshonra, por un lado, y la santidad, la veneración y la honra, por otro.

Rafael I. Romero Mayo

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CAPITALISMO Y MEDIO AMBIENTE EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

DEL SIGLO XXI

Leonardo Rioja Peregrina Universidad de Quintana Roo, México

Rafael I. Romero Mayo Universidad de Quintana Roo, México

[Ketzalcalli 1|2013: 5–21]

Resumen: El presente artículo, está enmarcado en la disciplina de las rela-

ciones internacionales. Por tal razón, es importante hacer una referencia

general respecto al objeto de estudio aquí abordado, entendido éste como

un sector de la realidad internacional. Consecuentemente el objetivo central

consiste en analizar un conjunto de fenómenos interrelacionados con el

funcionamiento y estructuración del capitalismo a partir del desarrollo de

las fuerzas productivas cuyo impacto en el deterioro ambiental se hace

cada vez más notorio desde mediados del siglo XX hasta la primera déca-

da del siglo XXI.

Palabras clave: Medio ambiente, Relaciones Internacionales, tecnología,

capitalismo

FUERZAS PRODUCTIVAS, INNOVACIÓN TECNOCIENTÍFICA Y MEDIO AMBIENTE Se dilucida que las fuerzas productivas están constituidas por un complejo entramado de las relaciones de producción que llevan a la creación de las nuevas tecnologías. Es decir, son producto del desarrollo creciente y acelerado de descubrimientos, innovaciones e in-venciones de los componentes del proceso de producción y reproducción que modifican las condiciones materiales de existencia de la humanidad, tanto en sus formas de estructu-ración, organización social y visión del mundo, como en su relación con el medio amiente. Su impulso ha generado avances significativos en la transformación de la realidad mundial en términos materiales, como en el terreno de la producción de nuevos productos, innova-ciones, conocimientos y aplicaciones científico tecnológicas, a la par del surgimiento de nuevos sujetos sociales a escala internacional (Baylis 2001). De manera consustancial tam-bién se han agudizado la contradicciones inherentes al proceso histórico–social del modo de producción capitalista a escala mundial en relación con el entorno natural.

Una de las contradicciones del capitalismo consiste en la lucha por los recursos natura-les sus formas transformación, de apropiación, cuyas consecuencias se hacen notar en los

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procesos de degradación ambiental, tales como contaminación del aire, suelo, agua, así como repercusiones en la salud humana, animal y vegetal. Desde esta perspectiva, uno de los problemas centrales del debate en torno a la crisis y degradación ambiental, se centra en el terreno conceptual respecto al significado de naturaleza. Este tema problema aunque parece resuelto de antemano, ha sido puesto en la palestra de la discusión filosófica, teóri-ca, metodológica y conceptual dado el interés mostrado no sólo en las ciencias naturales, sino también en los diversos campos de la investigación social.

Como se ha señalado, este artículo se centra en la concurrencia de dos aspectos como los son el desarrollo del capitalismo y el deterioro ambiental. Por lo que, se pretende abor-dar aspectos teóricos y metodológicas que permita una mejor ubicación de la problemática en cuestión. Cabe indicar que este trabajo no es ajeno al “(…) debate ideológico y político que no han generado una conceptualización adecuada sobre los modos de inscripción a los procesos naturales en los procesos socio–históricos” (Leff 1994, p. 124).

Desde los orígenes de la perspectiva del materialismo histórico el proceso de “(...) –la enajenación mercantil– (...) ubica (...) que el capital explota al tra-bajo y destruye la naturaleza, un aspecto ampliamente desconocido para los lectores de Marx y más aún para quienes lo ignoran (...) Marx no ignoró las relaciones entre sociedad y naturaleza, pero no fueron tratadas con suficiente sistematicidad, sino solamente de paso (...)” (Amin1997: 116–117).

De hecho el punto de apoyo teórico para la reflexión en torno a la naturaleza la da el pro-pio Marx. “La producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combi-nación del proceso social de producción sino socavando al mismo tiempo, los dos manan-tiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (Marx 2001: 612–613).

El problema de la relación entre naturaleza y capital se plantea como una necesidad apremiante para explicarse el papel del capitalismo en esta nueva fase de depredación acelerada de los recursos naturales mediante la revolución de los medios de producción a través de la investigación científico tecnológica, complementándose en el ámbito superes-tructural de las esferas jurídica, ideológica y política de la sociedad internacional. Es decir que, desde la perspectiva del materialismo histórico–dialéctico, se puede plantear que la naturaleza es un problema filosófico, epistemológico y político y no exclusivamente cientí-fico o tecnológico.

La naturaleza no solamente es una construcción social que articula las relaciones entre el ser humano y su entorno, sino que se da partir de “(.…) concebir al mundo como un ‘complejo de procesos’, y no como un “complejo de cosas acabadas” (Leff 2004: 132). Por tal motivo, que para explicar las causas profundas que provocan la degradación am-biental, se requiere partir del proceso de conocimiento mediante

“(...) la unificación del mundo (...) no como la unidad ontológica entre lo natural y lo social, sino como el efecto de la articulación de los procesos na-turales del proceso de producción del valor y de plusvalor; el cual, a su vez, genera un proceso de uniformación cultural, a partir de la desintegración de la diversidad étnica y ecológica de las diferentes regiones, causada por la generalización del intercambio mercantil y de la acumulación del capital a escala mundial” (Leff 2004, 133).

De esta manera, se establece que es a partir del análisis de las características de “(...) la materialidad de las relaciones culturales, su articulación con el proceso de reproducción del capital, así como de los efectos resultantes sobre la práctica de la apropiación de los recursos naturales y la transformación del medio (...)” (Leff 2004: 134) que puede expli-

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carse ampliamente en fenómeno del deterioro ambiental, el cual no puede quedar reduci-do a una interpretación de las relaciones simples entre flujos de energía y la materia orgá-nica, ni es producto de las interacciones sociales y sus respectivos imaginarios en términos empíricos.

Desde esta perspectiva, los fines que persigue el ser humano no son solo na-turales, por que de ser así, “(...) se olvida que ni el sujeto es el principio de sus propios deseos y necesidades, ni las leyes de la naturaleza son verdades ahistóricas. Marx, produjo el conocimiento del proceso histórico que traduce el deseo humano en demanda creciente e insaciable de mercancías y en un deseo de saber, que dentro del proceso de la lucha de clases determina la producción teórica y a la aplicación práctica de los conocimientos científicos. Este proceso se desarrolla no para someter la materia y la naturaleza a los ‘fines del hombre’, sino a la lógica del capital” (Leff 2004: 135).

En estas condiciones se exacerba el mito de las necesidades crecientes, el cual plantea que el aumento de la producción está en función de satisfacer cualquier deseo humano. De tal manera, emerge Nueva Revolución Científico Tecnológica (NRCT), expresada como la necesidad del capital para garantizar su reproducción, incorporando a su vez los valores de naturaleza y la cultura mediante la producción creciente de satisfactores de necesida-des creadas por la propia lógica capital.

“El proceso material que determina y da forma al objeto y al sujeto del proce-so de trabajo es la historia, con las condiciones específicas que surgen de sus relaciones sociales de producción, las cuales no pueden reducirse a una dialéctica abstracta entre naturaleza y sociedad como medio para alcanzar fines indeterminados de la subjetividad humana” (Leff 2004: 135).

Sin embargo, por un lado, el mantenimiento de la ideología dominante, garantizan relacio-nes sociales guiadas por una valoración subjetiva generalizada. Mientras por el otro, se obtienen los beneficios del valor de cambio gracias al régimen de apropiación privada del excedente mediante el mejoramiento de los medios de producción.

“Los conocimientos generados por las prácticas científicas no son un simple valor de uso, a pesar de sus múltiples aplicaciones técnicas (…). El conoci-miento científico, además de permitir una apropiación cognoscitiva de lo real, es el fundamento teórico de una apropiación productiva por medio de sus aplicaciones tecnológicas. Este proceso modifica los efectos de las leyes de la ganancia capitalista en los procesos naturales como objetos y medios de trabajo para el capital” (Leff 2004: 135–136).

Así las cosas, se refuerza la lógica de la producción orientada hacia la generación de valor de cambio materializado en mercancía. Mercancía que a su vez entra a su vez en un pro-ceso de metamorfosis en la generación, adquisición y asignación de valor que es impulsa-do por la NRCT. Desde este punto de vista, la naturaleza y muchas de sus diversas mani-festaciones adquieren un valor de cambio importante, en la medida en que el capitalismo expande sus relaciones en el ámbito mundial en pos de la apropiación de valor por lo que

“(...) el modo de producción capitalista, se articula con el ambiente en el que se reproducen sus relaciones sociales de producción mediante el proceso mismo de apropiación de la naturaleza, en el consumo productivo de los re-cursos naturales, para valorizar el capital (...). Sin embargo, la naturaleza no es un ente pasivo (...) en la producción de valor y plusvalor del capital” (Leff 2004: 137).

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Por lo tanto, la naturaleza, en su proceso de degradación gana valor porque se vuelve cada vez más escasa y sujeta a nuevas formas de explotación y apropiación marcada por los límites de su auto–reproducción, pero que debido al avance de las nuevas tecnologías, los nuevos productos son objeto de la disputa y contradicciones del capital.

El adjetivo nuevas tecnologías tiene vigencia en la medida de su aplicación espacio–temporal. Es decir, que hablar de lo nuevo supone una superación histórica, cuantitativa y cualitativamente hablando, con relación a la disposición de los medios tecnológicos exis-tentes anteriormente y que son objeto de un proceso sociohistórico de transformación material que alcanza su expresión más acabada del capitalismo contemporáneo, entendido como el desarrollo e innovación incesante de las fuerzas productivas (Schumpeter1942). Por lo anterior, y en el contexto de la contemporaneidad, hacer referencia a las nuevas tecnologías es hacer patente la particularización del producto de la denominada NRCT, expresado concretamente en las siguientes grandes áreas tecnológicas y de amplias reper-cusiones económicas, políticas, sociales y ambientales de alcance mundial como lo son:

1. la Informática, automatización, microelectrónica y telecomunicaciones, 2. la biotecnología e ingeniería genética, 3. la robótica, aerospacial y microelectrónica, 4. Los nuevos materiales y fuentes alternas de energía, tanto por las ventajas,

desventajas y riesgos en su aplicación práctica supone, como algunas de sus contradicciones en el plano de la expansión del capital y su impacto en el deterioro ambiental a escala.

ACERCA DE LA TÉCNICA, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA Ante el uso cada vez más recurrente e indiscriminado de los términos, técnica, tecnología y ciencia, resulta importante definirlos en primera instancia, con el objetivo de diferenciar-los, al menos en el ámbito conceptual, y establecer algunas de sus características, relacio-nes y sentido en íntima vinculación e integración con el quehacer científico.

Un ejemplo, donde no se distinguen los términos antes señalados, se refiere únicamen-te a la técnica como

“(...) el conjunto de conocimientos empíricos (know why) y de prácticas (know how), de objetos, de instrumentos, de herramientas, de máquinas de formas y de procedimientos, de habilidades requeridas, todos elaborados o transformados por seres humanos, que se usan para obtener resultados deter-minados, para actuar sobre el mundo natura, para dominar y manipular a otros seres humanos, y para satisfacer necesidades (...)” (Kaplan 1993: 28).

Esta definición es interesante pero no aclaratoria de dos diferencias fundamentales porque no se hace la distinción entre técnica y tecnología y se asumen como una sola cosa.

Para aclarar este punto, baste decir que la técnica se refiere a un cómo simple, respec-to al uso y aplicación práctica mediante el desarrollo de habilidades en el manejo y mani-pulación de los instrumentos, métodos y procesos diseñados tecnológicamente. Por lo que respecta a la tecnología, se puede decir que se refiere un cómo elaborado, es decir, a algo de mayor complejidad que está vinculado con el desarrollo del pensamiento (logos) que conlleva la concepción de ideas, imágenes, formas en el diseño y aplicación de los instru-mentos, métodos y procesos que permiten la transformación de la naturaleza mediante la acción humana en una amplia interacción de múltiples elementos en un proceso de di-

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mensiones histórico–sociales (Bernal 1997). Por lo tanto, la ciencia cobra un papel funda-mental y requiere un análisis más detallado, aunque la discusión de este tema es suma-mente compleja y puede ser abordado desde diferentes perspectivas disciplinarias y con-cepciones filosóficas.

Según la definición de una fuente “especializada” como el Diccionario científico y tec-nológico Chambers (Collot 1979), la ciencia es la disposición ordenada de los conocimien-tos comprobados, que comprende los métodos mediante los que se adquiere tal conoci-miento y los criterios con los que se comprueba su certeza. En otras palabras, y desde este punto de vista, la ciencia no es sino el creciente cúmulo de conocimientos a los que se ha llegado mediante la aplicación de un método, es decir, del “método científico”, específica-mente determinado por un proceso que comprende la observación, el cuestionamiento, la experimentación, la formulación de hipótesis y su respectiva comprobación. La definición, continúa precisando que la ciencia moderna1 incluye el estudio y el dominio de la Natura-leza como objeto que es, o podría ser, útil a la humanidad e incluso se propone el gobier-no del destino del hombre mismo2. La misma fuente “enciclopédica” refiere a una defini-ción aún más escueta de tecnología como el “(...) ejercicio, descripción y terminología de cualquier ciencia aplicada o de todas las ciencias aplicadas que tienen valor indus-trial” (Collot 1979: 1534).

Ante tales definiciones, queda plantear la complementariedad entre ciencia, tecnología y técnica, en el sentido que se responde a un qué, por qué y para qué, por parte de la primera, y a un cómo, ya sea éste complejo o simple en el caso de las dos últimas. En su-ma, la relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la praxis, entre la relación cono-cimiento– ciencia, y conocimiento aplicado –tecnología– se ve aquí conjugada y enriqueci-da. El orden preestablecido entre la relación técnica, tecnología y ciencia ha sido inventa-do, desarrollado, manipulado, reproducido y adoptado a lo largo de la historia, dependien-do de las condiciones y en el contexto histórico en que ha planteado dicho problema.

“No siempre ni ineludiblemente ha recurrido [a] la técnica la concurrencia de la ciencia en sentido estricto (…). La ciencia, sin embargo, ha estado pre-sente desde temprano en la historia de las sociedades. Aparece en estado larval, en la mente de pensadores aislados y en la actividad de grupos (sacerdotes, comerciantes, artesanos), bajo forma de instrumental, en la apli-cación de principios abstractos para resultados restringidos, y con referencia a fines prácticos. El desarrollo histórico va perfilando una tendencia a la aso-ciación y a la interacción creciente entre ciencia y técnica. La creación y el uso de instrumentos eficientes plantean problemas: suscitan curiosidades; exigen experimentos y soluciones; requieren destrezas controladas; principios abstractos que tienden a estructurarse en teorías, y métodos científicos, su construcción sistemática y su verificación empírica” (Kaplan 1993: 37).

Efectivamente, es a partir del énfasis puesto en la denominada ciencia normal que se arti-culan fenómenos consustanciales y se entrecruzan condiciones en torno al ejercicio del poder por el control de los saberes y dominio de su aplicación, instrumentación e investi-gación (Kuhn 1971).

El surgimiento de los paradigmas dominantes se constituye en la lucha por la razón y el conocimiento. A su vez, la legitimación de dichos saberes a lo largo de la historia, en-cuentra eco en los círculos de poder y se retroalimentan a partir de una compleja interre-lación de intereses creados y alimentados a costa de amplios sectores de la población que se encuentra al margen de dichos procesos, pero que directa e indirectamente los subsi-

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dian. Los símbolos, el prestigio y la lógica del conocimiento se convierten en la razón del quehacer científico (Habermas 1996). La sociedad occidental avanza en este sentido y ha logrado constituirse y consolidarse en las últimas décadas en el eje fundamental sobre el cual gira el proceso civilizatorio, modernizante y globalizador.

Ante este panorama, se requiere poner énfasis en la importancia de las fases, no nece-sariamente sucesivas ni lineales, sino complejas y contradictorias, mediante las cuales ha transitado el complejo científico–tecnológico, hasta llegar a las condiciones en las que se encuentra el entramado complejo mundial contemporáneo que supone la instrumentación de las nuevas tecnologías y los acontecimientos que se presentan sin precedentes en la historia de las actividades humanas en el ámbito de la NRCT. A continuación se presentan los rasgos más significativos de un conjunto de trabajos en torno a este proceso donde se expresa un orden interno en cada uno de ellos con las siguientes características:

1. La revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial.

2. La revolución de la agricultura, la revolución agrícola y la revolución indus-trial.

3. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y la tercera revolución.

4. La revolución agrícola, la revolución urbana, la revolución del regadío, la revolución metalúrgica, la revolución mercantil, la revolución industrial y la revolución termonuclear.

Problematizar acerca de la definición y las diversas formas de análisis de tales revolu-ciones escapa al objetivo planteado en este punto. Sin embargo, se aborda la actualidad y vigencia de la última fase de la NRCT (Guadarrama 1988) y sus expresiones tecnológicas a principios del siglo XXI.

LA IMPRONTA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU ALCANCE MUNDIAL La cualidad de ésta NRCT radica, con relación a sus formas precedentes, en la manipula-ción de la estructura atómica y genética como fuente de un sinnúmero de aplicaciones en diversos campos.

“La primera revolución consistió en la dominación de los animales, las plantas y demás elementos naturales. Así, nació la agricultura y la ganadería y con ello la posibilidad de aprovechar tanto la fuerza animal como de la naturaleza, por ejemplo: ríos, caídas de agua, viento, corrientes marítimas y el fuego (...). La Segunda Revolución se caracteriza por la conversión de la fuerza domeñada de la naturaleza en fuerza mecánica. Esta transformación parte de la innovación de los instrumentos de trabajo, así como la invención de otros; los nuevos ins-trumentos de trabajo amplían la capacidad física del hombre con relativa auto-nomía de él mismo, en la realización de sus actividades y lo posibilitan para efectuarlas ininterrumpidamente durante períodos prolongados, muy superio-res a los que física y culturalmente podía hacer” (Guadarrama 1988: 4–12).

Por sus orígenes, potencialidades y efectos, las generalidades y las particularidades de la NRCT se encuentran inmersas en la dinámica de la dimensión histórica de las relaciones internacionales. Es decir, que el desarrollo científico–tecnológico es subyacente y compo-nente de las relaciones internacionales contemporáneas en tanto se distingue como un factor que incide de manera importante en la dinámica de los fenómenos y procesos inter-

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nacionales, lo cual a su vez también se convierte en un tema relevante del estudio de ésta área de conocimiento (Merle 1986).

La NRCT por sus impactos en el acontecer mundial, condiciona, define y determina múltiples expresiones de la realidad internacional en tanto que se constituye como un ele-mento de desarrollo de la capacidad económica y política de los sujetos que conforman la sociedad internacional contemporánea. Esto permite su establecer en las relaciones inter-nacionales, la posición jerárquica dentro de la estructura internacional se caracteriza por un lado, por la constitución de centros difusores y concentradores de conocimiento tecno–científico, conformados por grupos de países y empresas transnacionales que controlan el proceso de desarrollo capitalista en el ámbito de la agroindustria, la industria y los servi-cios, y por el otro, el resto de las naciones –con diversas escalas de integración al sistema– que se encuentras supeditadas por las primeras tanto por sus niveles de integración, como por su dependencia científica y tecnológica inherentes al proceso de transformación de la realidad mundial.

Una referencia obligada para la comprensión de la NRCT, requiere también de un estu-dio de las características generales de las nuevas tecnologías, antes referidas, enmarcadas en el contexto de los impactos y modificaciones generados en diferentes niveles de expre-sión del ámbito de la realidad mundial. Sin embargo, en este trabajo se desarrollan aque-llos aspectos significativos desde el punto de vista conceptual, temporal –referido a la con-temporaneidad– y material por lo que respecta a sus impactos en la transformación de dicha realidad. Es decir, que el sistema internacional en el ámbito tecno–científico refleja que los grados de interrelación de las tecnologías de punta son amplios, de tal manera que no podría explicarse ninguna de ellas en sus diferentes niveles y grados de avance, sin comprender las relaciones de interdependencia que les dieron origen.

En este sentido, analizar de manera general las tecnologías informáticas y de las teleco-municaciones en relaciones internacionales es hacer referencia, entre otras cosas, a la confluencia de las ciencias de la información y la comunicación. Estas sólo pueden enten-derse por la integración de las matemáticas, la lógica, la física y la química para la crea-ción de dispositivos, herramientas, instrumentos y conocimientos basados ciencias bási-cas. Gracias a sus aportaciones teóricas y resultados prácticos se reflejan en un complejo andamiaje de ingeniería de almacenamiento, control, procesamiento, envío y recepción de datos en formas sucesivas y de manera creciente. El soporte material de este tipo de tec-nologías está asociado al desarrollo de un sinnúmero de elementos que giran en torno a la industria microelectrónica sustentada por los constantes descubrimientos, invenciones e innovaciones, producto de la investigación, desarrollo y aplicación de nuevos conocimien-tos sobre materiales tales como el silicio, algunos polímeros y nuevas cerámicas.

El alcance mundial de este fenómeno responde a la aceleración relativa de los tiempos donde la capacidad para procesar información corresponde directamente a la velocidad con la que cada una de las generaciones de máquinas computadoras pueden procesar en menos tiempo mayores cantidades de datos.

“La velocidad de cálculo de las computadoras se multiplica por mil cada cin-co años. El tamaño de las funciones lógicas se divide entre diez (...). La mi-niaturización acorta las transmisiones y por lo tanto los tiempos de recorri-dos de las señales eléctricas (...). Actualmente el tiempo de cálculo oscila en promedio entre 300 y 500 nanosegundos (nano: división del segundo entre mil millones; pico: división entre un billón o un millón de millones)” (Kaplan 1993: 52).

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Esta interacción y dinámica compleja, se constituye como una revolución en sí misma, siendo la vertiente científico–tecnológica por excelencia y eje fundamental de la NRCT.

Otra de las características fundamentales de estas tecnologías consiste en la capacidad que han desarrollado para producción de los medios que permiten la transmisión de infor-mación mediante impulsos electromagnéticos en una amplia gama de frecuencias, tanto al interior de los sistemas de computo como entre sistemas distantes de los mismos, pero interconectados entre sí por redes e interfaces que permiten la articulación y retroalimen-tación de los mensajes. A este salto cualitativo se le denomina la revolución de las teleco-municaciones y tiene como precedentes el proceso revolucionario de los años cincuenta y el de los ochentas (Kaplan 1993). El impacto que ha tenido el auge de las telecomunica-ciones y la informática, tanto en el campo teórico de las relaciones internacionales como en la transformación de la realidad mundial puede constatarse ampliamente. El peso del factor científico–tecnológico que definen las múltiples interacciones de la sociedad mun-dial es fundamental en la medida en que los procesos de comunicación y transmisión de la información se amplían y complejizan mediante los flujos y reflujos de la misma.

En tal sentido, se ha observado la incidencia de dicho factor como constituyente cen-tral de la teoría de las comunicaciones y de la interdependencia, como concepciones de tipo transnacional.

“El punto de partida de ésta perspectiva es que las relaciones que se produ-cen a través de las fronteras estatales, a consecuencia del comercio, del turis-mo, de las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones y una vasta red de relaciones transnacionales entre ciudadanos privados, asociaciones y Empresas Transnacionales (E.T.), han alcanzado tal grado de intensidad y desarrollo que hoy se puede afirmar la existencia de una sociedad mundial, no solo interestatal” (Del Arenal 1993: 289).

La multiplicación de los sujetos de sociedad mundial y su influencia en la misma también está condicionada, entre otros aspectos, por la capacidad que tengan para controlar, no solamente el contenido de los mensajes y los medios de comunicación como productos tecnológicos, sino la capacidad en sus estructuras científico–tecnológicas para la produc-ción del conocimiento para desarrollar dichos medios, es decir; la articulación de sus es-fuerzos para reforzar el control de los medios de producción mediante la constante rees-tructuración las formas de organización social del trabajo. De esta manera se apuntala la composición orgánica del capital a través de la mejoría y el perfeccionamiento continuo de los medios de producción y el perfeccionamiento de la mano de obra, lo cual se tradu-ce a su vez en formas dominantes de organización que imponen los criterios para el mane-jo del tipo de información que circula a través de sus medios.

Por su parte, el papel de las E.T. es sin duda alguna relevante, ya que de ésta manera se controla una de las actividades más importantes y punto nodal de las redes y flujos fi-nancieros mundiales. “La universalización del capitalismo financiero, que en Hobson anuncia al nuevo parasitismo global y en Lenin luego, al futuro terrorismo internacional del crédito (...)” (Orozco 1992: 132). La forma en que el capitalismo avanza, también se mantiene un control más estricto mediante los recursos de las marcas, las patentes y las concesiones de los conocimientos que permiten desarrollar el complejo del conocimiento en campo informático–comunicativo, que para el desarrollo del capitalismo transnacional representa la generación de un círculo virtuoso, donde quienes no poseen el capital en tales proporciones, resultan ser los más afectados.

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Como se ha indicado anteriormente, otra área significativa de la NRCT es la biotecno-logía. Este tipo de tecnología es ampliamente entendida como una actividad ligada al desa-rrollo de diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Esto nos conduce a inferir que también algunos de los primeros grupos de homo sapiens descubrieron los beneficios de la fermentación para la producción de alimentos y bebidas, incorporándolos a la reproducción de sus condiciones de vida. En tal virtud, la biotecnología como activi-dad práctica y concreta tiene antecedentes en el proceso evolutivo de la propia especie humana. Sin embargo, la acuñación del término biotecnología es muy reciente y su estu-dio muy complejo. Podemos clasificar de manera general a la biotecnología en dos grupos: la biotecnología tradicional y la nueva biotecnología. La primera está asociada a procesos de carácter cultural que supone la obtención de ciertos productos que satisfagan, tanto necesidades materiales, como espirituales de las sociedades humanas. Por ejemplo, la utili-zación de las bebidas fermentadas ha estado asociada a la realización de ritos mágicos y/o religiosos. Así, la base de la alimentación de las culturas más importantes a lo largo de la historia ha requerido de la utilización procesos biotecnológicos de corte tradicional. La segunda, está vinculada con la capacidad para incidir profundamente en la estructura de la vida misma en el ámbito de las moléculas y sus componentes principales, ubicados éstos en el núcleo de la célula y que permiten incidir en los procesos de reproducción de las características genéticas particulares de cada ente viviente mediante la manipulación voluntariamente controlada.

La palabra biotecnología se refiere a todos aquellos procesos tecnológicos en el que sean utilizados microorganismos o partes de ellos para, transformar sus funciones y natu-raleza. “Quizá, su definición más aceptada sea la que se refiere a la utilización de procesos biológicos que involucran células microbianas de plantas y animales, o fracciones celula-res, para la producción de bienes y servicios” (Paredes 1990: 1143–1144). Sin embargo, dicha definición requiere ser ampliada considerando que la biotecnología también está asociada a la creación de medios de destrucción masiva y selectiva y, no solo a “bienes y servicios” como recurrentemente suele hacerse.

Desde una perspectiva amplia, puede observarse el factor científico–tecnológico, en el cual la biotecnología se fundamenta y retroalimenta mediante la integración interdiscipli-naria de ciencias como la bioquímica, la biología celular, la inmunología y la ingeniería genética. Pero, que a su vez, también depende de los avances en el campo de las ciencias matemáticas, físicas y químicas aplicadas en el campo de informática y los nuevos mate-riales. Un rasgo de suma importancia lo constituye la consideración de la informática y la computación como soporte para el desarrollo metodológico y técnico, sin el cual no podría desarrollarse la biotecnología como tal. Por esto dicha interrelación ha permitido ampliar el conocimiento sobre las características y propiedades moleculares de los organismos vivos y cómo se puede obtener de ellos, a través de la aplicación de determinadas técnicas obteniendo resultados específicos.

“Es importante considerar que debido a que éste manejo de material genéti-co se realiza a nivel molecular, es decir manipulando las moléculas que cons-tituyen los genes, es una tecnología que puede ser aplicable a todos los orga-nismos vivientes, incluyendo microorganismos como bacterias y virus, hasta organismos más complejos como lo son las plantas, los animales y desde lue-go, los humanos” (Blanco 1988: 20).

Los aspectos históricos más importantes del desarrollo de la nueva biotecnología estable-cen sus orígenes a mediados de este siglo cuando los científicos Crick y Watson descubrie-

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ron la forma en que se estructura el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y mostraron al mundo cómo era el ADN en un trabajo sin precedentes. Ahora bien, el modelo de la doble hélice se asemejaba a una estructura parecida a una escalera de caracol, se trata de una hélice doble, formada por dos hilos o filamentos paralelos en forma espiral. Desde el pun-to de vista del lenguaje de bioquímica y la ingeniería genética, resulta relativamente com-plicado comprender y explicar la estructura del ADN. Es imprescindible señalar que el ADN se encuentra localizado en el núcleo de las células de todos los organismos vivientes y cumple con funciones vitales para la reproducción y transmisión de información de una generación a otra desde los orígenes de la vida en este planeta. Para efectos de este traba-jo de tesis, baste indicar que los componentes más importantes de ésta estructura molecu-lar son cuatro bases púricas y pirimídicas identificadas como Adenina (A), Citocina (C), Guanina (G), Timina (T) y Uridina (U) para el caso de Ácido Ribonucléico (ARN) (Lenhinger 1990). Los cromosomas son parte de esta estructura y el número de cromoso-mas varía, dependiendo del tipo de ser vivo y especie de que se trate. En el caso del ser humano, éste cuenta con 46 pares de cromosomas, de los cuales solamente la mitad, es decir, 23, son fundamentales en el proceso de reproducción debido a que tienen que unir-se con los otros 23 provenientes del sexo opuesto. Los genes, son fracciones de los cromo-somas y son a su vez cadenas de moléculas constituidas por la combinación de las bases antes mencionadas y contienen en sí toda la información de la herencia y los fundamentos del proceso de la vida articulados mediante un orden y secuencia. Hasta la fecha se tienen estudiados genomas parciales de algunos organismos menos complejos como ciertas bacte-rias y virus, algunos animales y plantas, de los cuales ya se ha obtenido dicha información. Por lo tanto, el Proyecto del Genoma Humano (PGH) pretende descubrir la secuencia en que se encuentran dichos genes e identificar la información que porta cada uno de ellos mediante la experimentación y aplicación de conocimiento en la ingeniería genética y ciencias afines (Rioja 2009).

El significado y la relevancia que tiene la biotecnología en el plano de las relaciones internacionales son fundamentales debido a que ésta actividad se traduce como elemento que incide ampliamente en las aplicaciones actuales y futuras en el campo de la produc-ción de alimentos, medicamentos para la salud humana y animal, su utilización en la agri-cultura, en la fabricación de medios de defensa y ataque de tipo bacteriológico, así como su utilización para remediar ciertos daños causados al entorno natural....

Por otro lado, la forma en que los nuevos materiales inciden en la transformación mun-dial en los albores del Siglo XXI, está definida por el conjunto de relaciones dinámicas del desarrollo tecno–industrial del capitalismo a partir de la crisis de los energéticos en la década de los setentas. La lucha por las materias primas por parte de las E.T. en los países atrasados se ve modificada por el cambio gradual que se da hacia la búsqueda de alternati-vas para hacer más eficientes los procesos productivos que permitirá mejorar los índices de rentabilidad del capital mediante el ahorro de energía o de la sustitución, en cierta me-dida, de las fuentes de su producción. Sin duda alguna, la crisis energética hizo evidente el grado de dependencia que los países desarrollados y sus E.T. tenían de las materias primas generadas en el mundo subdesarrollado. Esta fase crítica en las relaciones económicas internacionales dio pauta para la revalorización estratégica de los energéticos, particular-mente del petróleo y el gas como recursos para el desarrollo. Ante tal situación, se advert-ía en el Informe del Club de Roma (Meadows 1972), planteó los límites del crecimiento al señalar que la crisis del capitalismo requerían imprimir nuevos bríos para la reconversión industrial donde la investigación científica y tecnológica se orientara a la búsqueda y apli-

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cación de nuevos materiales. Esta obra, además de haber sido criticada profundamente por su carácter tecnocrático, constituye un punto de partida para la discusión respecto a los problemas del desarrollo y crecimiento económico y sus contribuciones al deterioro ambiental. Por lo anterior, su referencia es ya un lugar común en el ámbito académico relacionado con los problemas ambientales (Meadows 1972). Después de asumida la expe-riencia, de la crisis de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, la valoración económica de otro tipo de recursos fue creciendo en la medida en que se re–articulaban los procesos productivos. De esta forma nuevos tipos de materiales van apareciendo en el ámbito de las aplicaciones productivas. Dichos materiales tienen tales características que están considerados dentro de una gama de elementos que no se encuentran en estado natural y que substituyen a los materiales tradicionales que se encuentran regularmente en la naturaleza. Las investigaciones en este sentido, se han enfocado a conocer la estruc-tura física y química que resulta de la combinación de los niveles atómicos y subatómicos, formándose así nuevas estructuras. Las cinco áreas fundamentales en que se pueden divi-dir estos novedosos materiales son: superconductores y semiconductores, aglomerados avanzados, aleación de metales, cerámicas y fuentes de energía alterna. Algunos de estos materiales tienes como característica poseer propiedades fisico–químicas de semi–conducción de electricidad.

“Los semiconductores, sólidos cuya conductividad eléctrica cuya conductivi-dad eléctrica a la tem preatura del cuarto se ubica entre la de un conductor y la de un aislante, que poseen una conductividad eléctrica ni muy alta ni muy baja, son usados en los transistores” (Kaplan 1993: 30).

Como se puede observar, la gama de aplicaciones de los nuevos materiales tiene un am-plio rango posibilidades de uso y aplicaciones tanto en la industria civil como militar; bas-te señalar que resultan básicos para la fabricación de fibras ópticas, carcasas para compu-tadoras, microchips, fuselajes de aviones, cohetes, transbordadores espaciales, satélites y armas de diversas características, entre otros. Este tipo de aplicaciones, tal y como se ha señalado, inciden de manera cruzada en otras áreas tecnológicas, por lo que los ciclos de interacción y retroalimentación con la electrónica, la robótica, la aeroespacial e inclusive con la biotecnología, está apenas mostrando las potencialidades de su alcance.

El complejo fenómeno de la robotización se ha constituido en un área de aplicación del conocimiento, producto a su vez de las interacciones del proceso de industrialización, ba-sado en los principios de automatización productiva, donde la transformación de la fuerza de trabajo se va dando históricamente por medios ajenos a la fuerza del hombre. Dicha fuerza ha sido canalizada mediante la articulación de mecanismos físicos y químicos relati-vamente autónomos de la injerencia humana. La concentración de las actividades produc-tivas en la división del trabajo y el papel de la especialización en los talleres artesanales constituye el preámbulo del surgimiento del sistema capitalista (Dobb 1985).

Desde la perspectiva del materialismo dialéctico se desarrolla el análisis de las relacio-nes económicas, sociales y políticas, desde el punto de vista histórico que permiten la inte-gración de los elementos que conformarán el fenómeno de la “maquinaria y gran indus-tria” (Marx 1986: 302). Si bien dicho trabajo es un estudio de la industria del siglo XIX, de éste se pueden extraer un conjunto elementos conceptuales y metodológicos para com-prender los procesos que después desembocarán en la robotización y automatización de las actividades productivas y de servicios adicionando nuevos elementos al proceso de pro-ducción capitalista. Dado que este ejemplo parte de un nivel elevado del desarrollo de las fuerzas productivas de su tiempo, es aquí donde se dan elementos para el análisis del pro-

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ceso de incorporación gradual de la ciencia y la tecnología para el mejoramiento de los instrumentos de trabajo.

Los centros industriales crecieron en dimensiones y en complejidad, mientras que la relativa abundancia de mano de obra, materias primas, recursos naturales, se transforman en la fuente energética por excelencia.

“Después de convertirse las herramientas de instrumentos del organismo humano en instrumentos de un aparato mecánico –la máquina herramienta–, la máquina motriz reviste una forma sustantiva, totalmente emancipada de las trabas con que tropieza la fuerza humana” (Marx 1986: 308).

En este plano y desde el punto de vista tecnológico, surgen las condiciones donde la las fases, no necesariamente continuas, en las cuales la articulación de los instrumentos de trabajo, comenzando por la mano del ser humano, hacen posible la creación de nuevos medios de producción entre los que se encuentran los propios instrumentos de trabajo denominados herramientas, hasta la creación de formas automatizadas como la síntesis del proceso de transformación de la naturaleza.

La máquina, en primera instancia es el resultado de la interrelación e integración de dispositivos articulados entre sí donde el control de las fuerzas de la naturaleza se van in-tegrando unos con otros en diferentes escalas y dimensiones.

“La máquina de trabajo combinada, que ahora es un sistema orgánico de diversas máquinas y grupos de máquinas, es tanto más perfecta cuanto más continuo es su proceso total, es decir, cuanto menores son las interrupciones que se deslizan en el tránsito de la materia prima hasta la fase última y, por tanto, cuanto menor es la intervención de la mano del hombre en este proce-so y mayor la del mecanismo mismo” (Marx 1986: 310–311).

Ascienden, por lo tanto, las cualidades de las interacciones en torno a ciertos principios de automatización para cada una de las fases e interfaces de los procesos productivos.

“Tan pronto como la máquina puede ejecutar sin ayuda del hombre todos los movimientos necesarios para elaborar la materia prima, aunque el hombre la vigile e intervenga de vez en cuando, tenemos un sistema automático de ma-quinaria, susceptible, sin embargo, como es lógico, de constante perfecciona-miento en sus detalles” (Marx 1986: 311).

El grado de escalamiento de dichas actividades impacta al conjunto de la actividad indus-trial que pone el énfasis en la mejora y perfeccionamiento de los medios de producción mediante invención y la innovación de los instrumentos de trabajo, en la búsqueda de la ganancia como la lógica central del sistema económico, político y social del modo de pro-ducción capitalista.

Así pues, lo que se conoce como robótica no es más que la articulación mecánica de dispositivos automáticos sujetos a una determinada programación de las tareas a realizar dictadas por un ordenador programado por la mente humana. La robótica, es entonces producto histórico que tiene como antecedente la Revolución Industrial registrada en el siglo XIX, pero cualitativamente diferente. Los rasgos actuales de los procesos producti-vos, debido a la modificación de la composición orgánica del capital, han desplazado signi-ficativamente la participación de la mano de obra directa en el proceso de producción, fundamentalmente en los países centrales. Los denominados robots han suplido funciones en términos de tiempo, calidad y costo, superiores a lo que la mano de obra directa puede hacer concretamente.

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UNA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y RELACIONES INTERNACIONALES Sin duda alguna, otra dimensión del proceso tecno–científico corresponde a una nueva relación de las fuerzas productivas en el ámbito internacional caracterizado por la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT), donde la reubicación de los centros de produc-ción, la disponibilidad de materias primas y de fuerza de trabajo corresponde al nivel arti-culación en la composición orgánica del capital a nivel mundial, representado en cierta medida, por las nuevas tecnologías.

“En la economía mundial capitalista la producción industrial sólo se ha des-arrollado en los lugares que garantizan rentabilidad. En consecuencia, dicho desarrollo se manifestó históricamente no sólo con el surgimiento del trabajo asalariado como la relación de producción dominante y progresiva división del trabajo en las fábricas, sino también con el continuo desarrollo de una división regional e internacional del trabajo” (Fröbel, Heinrichs & Kreye 1978: 831).

Con base en lo anterior, las nuevas tecnologías encabezadas por el desarrollo de la in-formática y seguidas en orden de importancia por la biotecnología, los nuevos materiales y la robótica, constituyen un punto central que permite el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, sociales y políticas en el ámbito mundial y se expresa de manera concreta en desarrollo del sistema capitalista en sus formaciones más avanzadas.

Desde el punto de vista económico, la fase de la reestructuración del capitalismo mun-dial concuerda con el agotamiento del patrón de acumulación basado en el despliegue industrial a gran escala característico de los modelos fordista y tylorista. Desde la década de los sesentas y específicamente en los setentas de nuestro siglo, las relaciones económi-cas internacionales del mundo capitalista comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Los elevados costos de la energía, particularmente del petróleo, mano de obra y materias primas obligaron a modificar substancialmente el proceso productivo.

“(…) ha aparecido una reserva mundial de mano de obra disponible. Esta reserva de trabajadores potenciales se creó, sobre todo, mediante el avance de la capitalización de la agricultura en los países en desarrollo (es decir la destrucción de la pequeña agricultura de subsistencia y, por lo tanto, de la modesta base tradicional de supervivencia de grandes segmentos de la pobla-ción rural); además es posible integrar a muchos trabajadores de países ’so-cialistas’ en el proceso de producción del capital, mediante subcontratos. De ese modo, el capítal puede contar con un fondo de varios cientos de millones de trabajadores potenciales en Asia, África y América Latina, y en cierto sen-tído en países ‘socialistas’ “(Fröbel, Heinrichs & Kreye 1978: 822). ). ). ).

De este análisis se desprenden los impactos del desarrollo capitalista en términos de la baja de los salarios reales, el aumento de las jornadas de trabajo, la flexibilización del tra-bajo y pérdida de derechos laborales, la relocalización de las actividades industriales y la creación de nuevos polos de crecimiento económico, aumento del ejército de reserva labo-ral entendido como el aumento del desempleo.

Las sociedades al servicio de las nuevas tecnologías caracterizadas por la alta concen-tración de capital humano y recursos financieros vienen a constituirse como uno de los sectores donde se da la posibilidad de obtención de mayor valor agregado. Las tecnologías de punta enclavadas en las áreas de investigación y en la frontera del conocimiento huma-no, se establecen como un elemento del capital en condiciones de consolidar el sector

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cuaternario de la economía: la investigación y el conocimiento científico–tecnológico con aplicaciones en el plano de la producción en los sectores primario, secundario y terciario de la economía mundial.

Los cambios y las transformaciones cualitativas de las relaciones de producción en el ámbito mundial se encuentra de manera subyacente el quehacer científico–tecnológico.

“Desde finales del siglo XVIII, la irrupción de la técnica ha producido inmen-sas transformaciones en todos los niveles de la vida de las sociedades. Indiscu-tiblemente, ha sido el progreso técnico, fruto de los descubrimientos científi-cos, el que ha engendrado, más que el sistema socialista o que el sistema capi-talista, el fenómeno bien conocido de la <<aceleración de la historia>>, me-diante la acción que ha ejercido sobre la producción de bienes, el nivel de vida, el género de vida y la vida misma (…), pero no se observó suficientemen-te que los efectos combinados de la revolución científica y técnica también se ejercían al nivel de las relaciones internacionales” (Merle 1986: 173 ).

En consecuencia, el capitalismo, desde el punto de vista histórico–social se constituye como la formación económico social dominante en el mundo, cuyas raíces profundas hacen de la experiencia histórica una superación constante las crisis cíclicas del sistema en su conjunto, pero se topa con las contradicciones de la reproducción de la naturaleza viva, de los ecosiste-mas dada su la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales (AFP 2011).

Para comprender este complejo proceso a principios del siglo XXI, es importante carac-terizar el reacomodo de las fuerzas políticas y económicas a escala mundial desde las cua-tro últimas décadas del siglo XX. La tendencia más significativa está dada por el surgi-miento de una economía mundial altamente transnacionalizada, diversas economías nacio-nales que compiten por el excedente económico y concentración y centralización del capi-tal en nuevos centros de producción y consumo. La apuesta al desarrollo de tecnologías de punta, gradualmente va dejando de lado el modelo de acumulación industrial y la econom-ía de servicios, financieros fundamentalmente se encuentra en crisis cada vez más recu-rrentes. Los indicadores más significativos en torno a este problema se ubican en diferen-tes niveles y su grado de correlación es amplio y complejo. Sin embargo, el proceso de transformación y reestructuración en el esquema del poder económico y político mundial, antes y después de la destrucción del muro de Berlín, apunta hacia la agudización de las contradicciones sociales, económicas, políticas, militares y ambientales. En esquema mun-dial de la ‘guerra contra el terrorismo’ además de resultar altamente costosa, económica, social y humanamente también incide en el deterioro ambiental a pesar de las diversa cumbres sobre medio ambiente y desarrollo que ha organizado la ONU en los últimas tres décadas y el impulso del desarrollo sustentable (Black 2011).

En la expresión externa de estos reacomodos mundiales se encuentran los alcances y límites de la NRCT, que inciden en la modificación sustancial de las relaciones sociales de producción, pues afecta directamente la base productiva y las relaciones de poder de la sociedad internacional, aumentando la vulnerabilidad y los riesgos ambientales por efectos del calentamiento global (Efe/Reuters 2011).

En el nuevo patrón de desarrollo de las fuerzas productivas en las sociedades contem-poráneas, y en particular en los países desarrollados, priva el principio automático y la ten-dencia general a la automatización y estandarización de todos los procesos productivos y las formas de consumo masivo de una amplia gama de mercancías. El actual grado de desa-rrollo desigual de las fuerzas productivas en el contexto internacional, permite percibir que los impactos generados por las contradicciones del sistema internacional. (Corona, 1991).

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La transformación mundial también impone retos importantes para los diversos sectores y grupos que conforman las sociedades nacionales y la compleja interacción y transforma-ción de la sociedad internacional.

“La reestructuración capitalista, sin embargo, no puede explicar por sí misma el cambio mundial que orienta y trata de ordenar. También son parte de él otras múltiples tendencias que convergen desde perspectivas muy distintas y aún antagónicas en atacar los fundamentos del orden anterior, común al vie-jo sistema bipolar (…) y sus rasgos estatistas, fordistas, nacionalistas, milita-ristas, destructores de la naturaleza, y patriarcales.” (Dabat, 1993, 18–19).

Es difícil, después de hacer una evaluación, como la planteada anteriormente, encontrar posiciones que pretendan rescatar de la crisis, elementos para la construcción de opciones diferentes a lo planteado por el mundo desarrollado dentro de la lógica que impone la NRCT y su abrumador proceso de exclusión.

Ante el actual panorama de las relaciones mundiales, surgen alternativas a los poderes hegemónicos, y se manifiestan mediante la emergencia y proliferación de actores de múlti-ples características, objetivos, dimensiones, pesos específicos en su capacidad política y económica, que pueden incidir significativamente para contrarrestar las tendencias domi-nantes.

“La propia ‘tercera revolución tecnológica’, constitutiva de la base técnica del cambio mundial, es mucho más que el fundamento tecnológico de la re-estructuración capitalista. Contiene suficiente elasticidad como para permitir diferentes vías de desarrollo social, y parece... [establecer] una base más ade-cuada que la taylorista–fordista de la anterior revolución tecnológica, para posibilitar procesos populares de autosugestión social y transformaciones progresistas de las condiciones de trabajo” (Dabat 1993: 18– 19).

Sobre estas bases, se afirma que en el ámbito de la NRCT y los fenómenos generados “(...) se sustentan en la característica de que la ciencia precede a la tecnología y ésta a la producción, la ciencia, se convierte en pre–requisito del avance técnico y productivo, es decir, en ‘fuerza productiva directa’. La difusión gene-ralizada del principio automático en la producción genera indicios de una nue-va racionalidad económica basa en un sistema científico de la economía del tiempo, que implica un ahorro del trabajo social global" (Corona 1991: 21).

En tal sentido, la apropiación y distribución del producto de dicho trabajo es desigual, alta-mente concentrada, centralizada y depredadora del entorno natural, a pesar de los esfuer-zos para impulsar el desarrollo sustentable. Por lo tanto, la NRCT, responde a ésta lógica general en la medida en que acrecientan las desigualdades y polariza las relaciones econó-micas y políticas internacionales, mediante el control de los instrumentos de producción y del conocimiento científico–tecnológico que permite su reproducción. La propiedad priva-da tan defendida por las grandes corporaciones transnacionales abre su esfera de influencia hasta lograr la apropiación del propio conocimiento a partir del refuerzo del control de los centros de poder mundial mediante sutiles y refinadas formas de injerencia directa e indire-cta en los principales organismos internacionales. De esta forma algunas de las organizacio-nes internacionales han reforzado la lógica del poder económico, político y social en el ámbito planetario y no han logrado frenar el deterioro ambiental del planeta, lo que sigue representando un reto como parte del objeto de estudio de las relaciones internacionales como disciplina académica.

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NOTAS 1. La añadidura de este adjetivo se hace para distinguir el concepto de ciencia de las antiguas nocio-

nes de “filosofía natural” y “ciencia especulativa”, aunque el carácter filosófico de esta discusión

rebasa con mucho el alcance y objetivo de este artículo.

2. A esta alusión, se le puede atribuir el significado y la importancia que en éste sentido adquieren

las ciencias sociales en general y las relaciones internacionales en particular para profundizar y

ampliar sus respectivos campos y objetos de estudio.

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LA RELACIÓN MÉXICO–CUBA

UN CAMINO SINUOSO

– LAS PRIMERAS ETAPAS (1821–1959) –

Ricardo Domínguez Guadarrama Universidad Nacional Autónoma de México, México

Jazmín Benítez López Universidad de Quintana Roo, México

[Ketzalcalli 1|2013: 23–49]

RESUMEN: El presente trabajo describe la forma en que se establecieron los

primeros contactos entre las sociedades y las autoridades de la Nueva Es-

paña y la Capitanía General de Cuba desde el siglo XVI hasta el XIX; poste-

riormente analiza: 1) las relaciones que se establecieron entre los diferentes

gobernantes del México Independiente y las autoridades españolas en la

Capitanía General de Cuba; 2) los efectos en la relación México–Cuba oca-

sionados a partir del establecimiento de las relaciones formales entre los

gobiernos de México y España, lo que se tradujo inicialmente en el debilita-

miento del apoyo mexicano a los movimientos de independencia en Cuba

y, posteriormente, en un cambio de la estrategia diplomática mexicana

hacia España y los movimientos independentistas cubanos; 3) las relacio-

nes del gobierno mexicano con la nueva República de Cuba, etapa caracte-

rizada por el apoyo mutuo entre estos países, particularmente durante la

Revolución Mexicana.

PALABRAS CLAVE: Relaciones diplomáticas, migración, independencia, Méxi-co, Cuba

INTRODUCCIÓN A propósito del festejo de los 200 años de las independencias latinoamericanas, resulta pertinente realizar un análisis histórico de las relaciones bilaterales entre México y Cuba. En 2012 se cumplen 110 años de relaciones diplomáticas interrumpidas, pero al mismo tiempo, son 520 años desde que ambas sociedades iniciaron sus contactos. Otro algoritmo señala que hace 175 años se establecieron los primeros contactos oficiales, pues para algu-nos el establecimiento del primer consulado mexicano en La Habana en 1837 tuvo ese significado, aunque lo cierto es que para aquel momento sólo México era independiente.

México y Cuba gozan en la actualidad de una innumerable cantidad de análisis sobre sus vínculos, aunque quizá siga faltando un estudio minucioso que descubra los hilos de la

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razón del entrelazamiento que existe entre ambos pueblos, lazos mucho más profundos que los gubernamentales, económicos, políticos, diplomáticos o estratégicos.

LOS PRIMEROS CONTACTOS ENTRE NUEVA ESPAÑA Y LA CAPITANÍA GENERAL DE CUBA Hasta la fecha no se han encontrado documentos que reseñen posibles relaciones entre los territorios que hoy comprenden México y Cuba en el periodo precolombino; ellas, se dice, nacieron como parte del proceso de la conquista y colonización española (Rivera Carbajal 1968). De ese tiempo hasta la primera década del siglo XIX, la Capitanía General de Cuba tuvo una función de base para la expansión y la salvaguarda de los intereses coloniales de España, situación que provocó el inicio de contactos con el Virreinato de la Nueva España, que aunque determinados desde un centro de poder, generaron relaciones trascendentes y profundas entre la sociedad novo–hispana y la cubana (Guerra Vilaboy 2003: 15–49). Con el paso del tiempo, la Nueva España adquirió fuerza e importancia financiera mien-tras que Cuba la perdía, lo que provocó que el virreinato comenzara a enviar recursos fi-nancieros a la Isla, a las demás Antillas y a La Florida, estos últimos a través de La Habana (Espinosa Blas 2004: 53; Le Riverend 1954: 54–108). En las décadas siguientes comenza-ron los intercambios de mercancías, igualmente surgieron los vínculos institucionales, so-bre todo asuntos que tenían que ver con la Santa Inquisición en Cuba que se desviaron a México en 1571 (Bagu 1992: 78). Así, durante estos primeros tiempos las relaciones pro-dujeron intercambios políticos, mercantiles y de movilidad humana, aunque se descono-cen las cantidades de los flujos migratorios.

Se podría establecer que es en el siglo XVIII cuando se consolida el inicio de una prime-ra etapa en las relaciones bilaterales entre la Nueva España y la Capitanía General de Cu-ba —integrada además por La Florida y La Luisiana—caracterizada por la diversificación de contactos entre las sociedades de ambos territorios, aunque con niveles distintos entre los sectores político, económico, comercial, financiero y hasta intelectual, pues es un hecho que criollos cubanos viajaban a la Nueva España a realizar estudios superiores. Incluso en ese siglo algunos capitanes generales de la Isla fueron promovidos como virreyes en la Nueva España. Otro ejemplo de importancia sobre las relaciones entre la Nueva España y la Capitanía General de Cuba, lo constituye la promulgación en 1775 del llamado comer-

cio libre, a través del tráfico mercantil entre Veracruz y La Habana que permitió un movi-miento promedio de 18 barcos anuales, los cuales en años posteriores a 1790 constituir-ían un nexo de primer orden entre ambas colonias, principalmente porque se multiplicó la cantidad de cubanos que vinieron a la Nueva España a realizar estudios y a desempeñar funciones públicas y religiosas.

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y LOS VÍNCULOS CON LA CAPITANÍA GENERAL DE CUBA La independencia de México en 1821y la falta de ella en Cuba, otorgó a la Isla un carácter de primera importancia para el gobierno mexicano por distintas razones, entre las que destacan: 1) la condición geográfica y por tanto estratégica de Cuba que la convierten en un paso obligado para el comercio mexicano y una porción de tierra apetecible para los intereses comerciales de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y por supuesto de España; 2) su condición colonial la hacía un tema de preocupación para los países recién indepen-

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dizados de Hispanoamérica, especialmente para México y la Gran Colombia, pues repre-sentaba un punto estratégico para cualquier intento de reconquista por parte de España, sobre todo cuando Cuba era el Cuartel General de las fuerzas españolas y el principal refu-gio de las familias que se retiraban del resto de Hispanoamérica (Guerra Vilaboy 2007: 185); 3) la situación cubana resultaba objeto de diversas especulaciones en toda direc-ción, lo que provocaba tensiones o desconfianzas políticas tanto entre los países recién independizados de Hispanoamérica, como entre éstos y las potencias europeas.

“(…) una vez que las colonias continentales de España alcanzaron su indepen-dencia, se especulaban diversas posibilidades acerca del futuro de las posesio-nes insulares españolas. Se sospechaba que alguna de las potencias maríti-mas: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se posesionara de la Isla. Tam-bién existía la posibilidad de que México y la Gran Colombia intentaran anexársela o independizarla, o que la Isla obtuviera su emancipación a través de un movimiento autóctono” (Méndez Reyes 1996: 156–157).

Estados Unidos destacó su interés sobre el territorio de Cuba desde inicios del siglo XVIII, pues el presidente Thomas Jefferson (1801–1809), consideraba que anexarse a Cuba ser-ía la “adición más importante” a su sistema de Estados. Unos años más tarde, el Secreta-rio de Estado John Quincy Adams señaló que Cuba y Puerto Rico “(…) por su posición local resultaban de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos” (Méndez Reyes 1996: 157). La situación cubana ponía también en la mesa de discusiones del gobierno mexicano valoraciones adicionales de carácter más ge-neral a partir de sus intereses en el exterior, de los que desde luego Cuba formaba parte: 1) la incipiente política exterior mexicana se estaba caracterizando desde muy temprano por su interés en promover la unidad latinoamericana a través de una confederación de naciones independientes y mediante acuerdos comerciales, en los que las naciones se comprometieran a brindarse apoyo para enfrentar agresiones externas1 y, 2) se había im-pulsado ante los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso España, el reconoci-miento de la independencia de las ex–colonias que la habían declarado. Por tanto, pensar en la independencia de Cuba no sólo respondía a una cuestión de seguridad inmediata para México sino también a su política hispanoamericana.

Además del deseo de México por apoyar la independencia de los territorios ocupados por España en la segunda década del siglo XIX, la situación política de inestabilidad en cada uno de esos territorios ocupados alentaba las aspiraciones mexicanas, pues “(...) el ejemplo de la independencia de las colonias españolas de la masa continental, creó en Cuba un ambiente muy favorable para las conspiraciones separatistas, que se realizaban a contracorriente de los plantadores esclavistas” (Guerra Vilaboy 2007: 185)2. Bajo ese am-biente, el gobierno de Guadalupe Victoria (1824–1829) se planteó apoyar de manera dire-cta la independencia de Cuba en 1825, aunque ya en 1824 se habían realizado intentos en ese sentido para liberar a Cuba desde Yucatán a cargo del general Antonio López de Santa Anna, en apoyo a un primer plan diseñado por Simón Bolívar.

Quizá, el primer proyecto concreto a favor de la liberación de Cuba en el cual las fuer-zas bolivarianas estuvieron involucradas se gestó en 1823, cuando en la Isla ya actuaba la conspiración que ha sido denominada de los Soles y Rayos de Bolívar, por la logia del mis-mo nombre que existió en La Habana

“(…) El movimiento revolucionario se había organizado en toda la isla, sobre la base de logias secretas —desde 1820 existían asociaciones masónicas del rito de York: Caballeros Racionales, Cadena Eléctrica y Cadena Triangular de

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Bolívar y la mencionada Rayos del Sol—, nutridas de las capas medias y el sector ilustrado de la juventud criolla, dirigidas a preparar un alzamiento ar-mado para fundar la República de Cubanacán” (Guerra Vilaboy 2007: 186).

El 17 de agosto de 1823 estaba preparada la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar, que en principio se retrasó por diversas cuestiones logísticas. En octubre de aquel año, Colombia solicitó al gobierno mexicano apoyo para llevar a cabo su empresa en Cuba, que coincidió con una solicitud militar mexicana hecha a Simón Bolívar para rendir la fortale-za de San Juan de Ulúa, al amparo del Tratado de Unión Liga y Confederación Perpetua suscrito el 3 de octubre de 1823 entre los gobiernos de México y la Gran Colombia, pese a que aún no estaba ratificado. En ese contexto, el gobierno de México decidió apoyar a los Soles y Rayos de Bolívar con un aporte de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos (la cifra cambia de acuerdo con la fuente, Acervo Histórico Diplomático Mexicano y Vilaboy, respectivamente), para llevar a cabo su empresa libertaria en la Isla. Destaca también que unos meses antes de la firma del Tratado, Guadalupe Victoria con la estrecha colabora-ción del cubano Simón de Chávez —entonces coronel del ejército mexicano— y un grupo activo de yorquinos, fundaron en Puente de la República, Veracruz, la Gran Legión del Águila Negra el 30 de mayo de 1823, sociedad basada en un pacto secreto para combatir a los españoles y obtener la libertad general de las Américas (Flamand 1982 tomo 1: 14),

que no tardaría en ramificarse en Cuba. Al año siguiente, el 18 de agosto de 1824, el general del ejército mexicano y goberna-

dor de Yucatán, Antonio López de Santa Anna, con órdenes del gobierno federal, organizó una expedición para liberar a Cuba. Al respecto, se conoce que en octubre de 1824 Santa Anna llegó a tener movilizados unos 700 hombres y cuatro buques, mientras que en Cam-peche los cubanos emigrados llegaron a formar dos compañías que recibían instrucción militar. La expedición no llegó a salir como estaba previsto en marzo de 1825, debido a la llegada a la Isla de refuerzos militares españoles y por no contar con la autorización del Congreso Mexicano (Vivanco 1986 tomo 2: 166). El mismo Santa Anna en una comunica-ción a la presidencia destacó que:

“Efectivamente la unión de ambos países [Cuba y México] nos procuraría la rendición del Castillo de San Juan de Ulúa, ahorrándonos los crecidos gastos de la guerra que mantenemos [con España], y perjuicios irreparables que Veracruz experimenta, y facilitaría la explotación [sic] de nuestras minas, la exportación [sic] de nuestras producciones e importación de efectos estran-geros [sic] con ventajas inmensas, la creación de una marina, que es de pri-mera consideración, y en una palabra, la promoción de todos los ramos de prosperidad pública”.

Paralelamente a las intenciones mexicanas de promover la liberación de Cuba, el 4 de julio de 1825, los cubanos asentados en territorio mexicano constituyeron la llamada Jun-

ta Promotora de la Libertad Cubana, a través de la que solicitaron el apoyo del gobierno de México para lograr la independencia de la mayor de las Antillas. Debe agregarse que muchos senadores y diputados mexicanos formaron parte activa de dicha organización. Al mismo tiempo, el gobierno de México realizó consultas diplomáticas con el gobierno de Gran Bretaña para conocer la posición que ese país asumiría en caso de que Cuba fuera anexada a la nación mexicana.

“(…) En fin si se considera que esta Isla es la llave del gran Seno sobre cuyas bases se extiende la población mexicana, fácilmente se convencerá que nin-

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guna Potencia americana tiene mejor derecho que México, para reclamar la posesión de Cuba, cuando llegue el caso de separarse de España, aconteci-miento que es preciso prever, y que la prudencia aconseja al Gobierno de México de ponerse de acuerdo con el de la Gran Bretaña sobre asunto de tan alta trascendencia”( Secretaría de Relaciones Exteriores s/f: 170).

Si bien en mensajes diversos Gran Bretaña favoreció que México desarrollara sus relacio-nes con Cuba de acuerdo con sus intereses, lo cierto es que tanto ese país como Estados Unidos estaban mucho más orientados a mantener a la Isla en manos de España, antes que modificar su status quo. No obstante, las acciones que por su cuenta estaba llevando a cabo el gobierno de México y el apoyo a la Gran Colombia para preparar una expedición a Cuba a fin de lograr su independencia, sumado a la mejora de condiciones político–militares en América del Sur, coadyuvaron para que Simón Bolívar pudiera aprobar final-mente la empresa libertadora de la Isla con el apoyo mexicano o por presión de las inicia-tivas mexicanas que contaban con la activa participación de los emigrados cubanos.

Cuba era y tenía que ser, sobre todo, para Colombia y México lo que fue el Perú para el hemisferio del Sur; el punto de apoyo desde donde España, vencida pero no domada, intentaría la reconquista de sus colonias. Colombia y México, por lo mismo, guiados por el instinto de conservación, reconocieron que tenían que luchar juntas, en los campos de Cuba y Puerto Rico (Roig 1956: 156).

El apoyo del gobierno de México a Simón Bolívar y sus esfuerzos emancipadores en la Isla han sido explicados por diversos investigadores en dos sentidos distantes: por un lado se considera que el gobierno de México no podía permitirse, en función de su seguridad e integridad física, que alguna nación se apoderara de Cuba y que ante ese peligro, de acuerdo con el ministro de relaciones exteriores Lucas Alamán, “(…) la política exige del Gobierno de México, que se dedique a hacerse de dicha Isla si fuere posible, o por lo me-nos, a hacer que quede independiente, y que no se engrandezca con tan rica posesión nin-guno de sus vecinos” (Secretaría de Relaciones Exteriores 1971: XXIII–XXIV). Alamán supuso que la intención de Simón Bolívar de liberar a Cuba pasaba por el hecho de adue-ñarse de la Isla y de Puerto Rico, lo que llevó al gobierno mexicano a promover la inde-pendencia cubana, para lo que incluso, hizo gestiones ante el Reino Unido de la Gran Bre-taña, país que además de reconocer la independencia mexicana en diciembre de 1824 tenía la disposición de mediar con España para que aceptara la independencia de sus terri-torios.

Por otro lado, una segunda corriente de pensamiento sobre la decisión del gobierno de México de apoyar a Colombia, está basada en las coincidencias no sólo emancipadoras de ambos países, sino en las intenciones de unificación de las naciones independizadas en una Confederación Hispanoamericana que tanto Bolívar como Lucas Alamán compartían. En lo que sí coinciden los investigadores, es que tanto para México como para Colombia, la posesión española significaba una amenaza para su seguridad e integridad física; el hecho de que Cuba estuviera en posesión de la España reacia a reconocer la independen-cia de sus ex–colonias, llevaba a estar en alerta permanente ante cualquier intento de ata-que español desde la Isla, así que resultaba menos oneroso luchar por la liberación de Cu-ba que mantener armadas las fronteras y puertos mexicanos y colombianos.

El Ejército Unido Colombo–Mexicano, promotor de la liberación cubana, tiene un pri-mer antecedente en junio de 1825, fecha en la que el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, envío una carta al Presidente Simón Bolívar donde señala, entre otras cosas, que:

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“Tengo entre manos y muy reservado el proyecto de bloquear La Habana con una fuerte escuadra. Llevo tres objetivos: 1. cooperar a la reducción de Ulúa, sobre lo cual estamos de acuerdo con el Gobierno mejicano [sic], que paga los gastos; 2. encerrar a los españoles en la isla para que no se metan a hosti-lizar nuestras costas; y 3. contribuir a realizar la gloria y reputación de Co-lombia” (Ponte 1960: 90–91).

El periódico El Indicador Federal, publicado en México, reseñaba de la manera siguiente el ánimo político y social en Cuba ante la posible intervención de mexicanos y colombia-nos para su liberación:

Hay mucho desorden, la gente habla ya de independencia abiertamente, las familias se están yendo sin saber la causa. Se espera a sus libertadores, mexicanos o colombianos: muchos guajiros se han ido a las costas, pues les habían asegurado que los expedicionarios estaban desembarcando la tropa y ellos iban a unírseles; otros se jactaban de que tienen sus caballos bien gordos y sus machetes bien afilados para que en cuanto lleguen sus her-manos los mexicanos o colombianos, se les admita en sus filas y morir si es menester por hacer libre a su patria (Guerra Vilaboy 2002: 202).

Hacia octubre de 1825 estaba casi lista la expedición conjunta que saldría de Yucatán, sólo se aguardaba la llegada de unos buques que se construían en el extranjero, así como el traslado del batallón colombiano Girardot a Cartagena, misión encomendada por Bolí-var al general puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé. En Cartagena, la presencia de las fragatas Venezuela y Bocayá, la corbeta Ceres y los cañoneros Oreja y Bolívar indica-ban la próxima partida de la expedición. Además, el presidente mexicano Guadalupe Vic-toria logró que el 26 de enero de 1826 los comités de Guerra y Asuntos Constitucionales del Senado aprobaran la siguiente resolución:

1. Se autoriza al Gobierno para que en unión de la República de Colombia em-prenda una expedición militar con objeto de secundar los esfuerzos de los habitantes de Cuba en la consumación de su independencia.

2. En caso de que la causa de la libertad triunfe en Cuba, el gobierno está obli-gado a procurar por todos los medios que se establezca en ella la representa-ción nacional con las mismas bases y derechos del pueblo que en las nuevas Repúblicas americanas (Secretaría de Relaciones Exteriores 1971: XLIV).

Esta resolución estuvo motivada por algunos hechos que otorgaban cierta confianza a los diputados mexicanos de que el país no sufriría un ataque de las potencias por sus ac-ciones para librear a Cuba, como lo fue el reconocimiento de jure de la independencia por parte de Gran Bretaña realizado en diciembre de 1824; la derrota española en la batalla de Ayacucho, Perú, también en diciembre de 1824; el acuerdo implícito británico de que México promoviese la independencia y la anexión de Cuba y, la toma del castillo de San Juan de Ulúa por parte de las fuerzas mexicanas en noviembre de 1825. En ese contexto, el 17 de marzo de 1826 Colombia y México firmaron el Plan de Operaciones para la Es-

cuadra Combinada de México y Colombia que regulaba su alianza para combatir a Espa-ña, tanto en las Antillas como en las propias cosas del continente.

A pesar de que en 1826 estaban preparadas las tropas mexicanas y colombianas para llevar a cabo la expedición a Cuba, ésta no se efectuó debido a los problemas políticos y económicos en México y la presión político–diplomática de Estados Unidos contra México y Colombia a través del secretario de Estado, Henry Clay, quien exigía la “(...) inmediata suspensión de la salida de la expedición contra Cuba y Puerto Rico que se sabe se está preparando en Cartagena, o de cualquier otra que se medite contra esas islas” (Guerra

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Vilaboy 2007: 205). Bajo esa circunstancia, durante el Congreso de Panamá celebrado del 22 de junio al 15 de julio de 1826, la delegación colombiana propuso que “(...) se conside-re la conveniencia de combinar las fuerzas de las Repúblicas para libertar a las islas de Cuba y Puerto Rico del yugo de España, y en tal caso, con qué contingente debiera contri-buir cada uno a este fin” (Guerra Vilaboy 2007: 208), también Luciano Franco 1961: 361). El enviado estadounidense dejó en claro que su gobierno no permitiría ninguna ac-ción que modificara la situación en la Isla. Estados Unidos utilizaba como mecanismo de presión las supuestas acciones diplomáticas que llevaba frente a España y otros países de Europa para que se aceptara la independencia de las naciones Hispanoamericanas.

El gobierno de México, ya encabezado por Vicente Guerrero, intentó una nueva acción para liberar a Cuba. Por instrucciones secretas al coronel José Ignacio Basadre, la presiden-cia de México buscó en septiembre de 1929 el apoyo del presidente de Haití, Jean Pierre Boyer, quien aceptó enviar una misión conjunta libertadora mexicano–haitiana a la Isla de Cuba. Diversos elementos frustraron esa nueva tentativa, entre ellos, los inicios de la revo-lución en Francia que finalmente estalló en 1830; la oposición de Gran Bretaña y de Esta-dos Unidos ante cualquier intento de apoyo a la emancipación de Cuba y la situación inter-na en México que derivó en el derrocamiento de Vicente Guerrero en el mismo 1829.

Durante el gobierno de Anastacio Bustamante, Lucas Alamán ocupó nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores del 30 de enero de 1830 hasta agosto de 1832. En ese periodo, conocido como la Administración Alamán debido a la influencia que el ministro tenía en el gobierno (Méndez Reyes 1996: 210), destacó la política mexi-cana más proclive en su historia por acercarse a los países de Hispanoamérica. Para esos años, igualmente la independencia de Cuba seguía siendo de vital importancia para Méxi-co y para Colombia, pues un año antes, como se señaló, España había intentado recon-quistar el territorio mexicano. A pesar de que fue vencida la intentona española, continua-ron las pretensiones de ese país por llevar adelante nuevas incursiones en México, por lo que resultaba menester para el gobierno de Bustamante obtener garantías de Gran Breta-ña y/o de Estados Unidos de que actuarían en contra de España si ese gobierno realizara una ofensiva en contra de los países independientes de Hispanoamérica. Ninguna de las potencias se comprometió públicamente a actuar en contra de España en caso de un ata-que a las naciones hispanas. Ante ese hecho, Lucas Alamán se propuso seriamente realizar acciones que llevaran a la independencia de Cuba o su anexión a México, para lo cual instó nuevamente a Simón Bolívar a actuar en conjunto. La Gran Colombia aceptó, lo cual se conjugó con una nueva estrategia de México en el sentido de hacer creer a Gran Breta-ña que era inminente una expedición a Cuba para su liberación, a fin de que se presionara a ese país actuar contra España o bien a intensificar su acción diplomática para que fuera reconocida por Fernando VII la condición de independencia que se había logrado en sus ex–colonias.

Para 1831 el contexto interno e internacional no favoreció los intentos mexicanos por liberar a Cuba. En México la situación interna de caos impedía cualquier acción sobre la Isla. La Gran Colombia se desintegró el 1o de enero de 1831, naciendo los estados de Co-lombia, Venezuela y Ecuador. Además, Argentina y otros países de Sudamérica habían ofrecido a España acabar con las hostilidades sin que ello implicara su reconocimiento como países independientes, lo que quitaba peso a una acción conjunta. Es decir; la uni-dad latinoamericana impulsada por los libertadores entre 1820 y 1830 había prácticamen-te desaparecido en los primeros años de la década de los treinta, instaurándose en su lugar la búsqueda de intereses autónomos a fin de consolidar a los nuevos estados.

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El abandono por Colombia y México de sus proyectos independentistas para Cuba y Puerto Rico, debido a los cambios en la coyuntura internacional y las presiones norteame-ricanas, unido al boom de la plantación azucarera, las oportunas concesiones españolas a la aristocracia esclavista antillana y el temor a una repetición de lo ocurrido en Haití, en-tre otros factores, explican que las dos islas del Caribe permanecieran como colonias des-pués de lograda y consolidada la emancipación de las restantes colonias españolas en América (Méndez Reyes 1996: 218).

En efecto, el reacomodo de las fuerzas políticas en México y en América Latina suma-do a una clara tendencia hacia la recomposición de relaciones con España motivadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, derivaron en el establecimiento de relaciones diplomáti-cas, políticas y de cooperación entre México y su ex metrópoli en 1836, cuyos efectos in-mediatos fueron terminar con las conspiraciones directas para promover la independencia de Cuba y Puerto Rico.

En ese sentido, destaca que entre los años de 1821 a 1836 existieron fuertes motiva-ciones geoestratégicas que llevaron a México y a la Gran Colombia a promover por todos los medios la libertad de Cuba. Los intereses de los distintos gobiernos mexicanos se com-plementaron con el apoyo solidario y de hermandad que se habían establecido entre los pueblos de México y Cuba, así como con el resto de las sociedades latinoamericanas, espe-cialmente con los países andinos dominados por las fuerzas de Simón Bolívar. No obstan-te, la debilidad institucional de las nacientes repúblicas y los intereses específicos de las grandes potencias fueron factores de amplias repercusiones que impidieron lograr la em-presa que se habían fijado México y la Gran Colombia: lograr la independencia de Cuba. El proceso de la consolidación de las relaciones de México con España actuaría implícita-mente en el debilitamiento del apoyo mexicano a las causas independentistas en Cuba, aunque también provocaría el diseño de una nueva estrategia mexicana para convalidar, por un lado, los acuerdos de respeto recíproco a la soberanía con la ex metrópoli y, por el otro lado, reactivar el apoyo a los revolucionarios cubanos.

LA FORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE MÉXICO CON ESPAÑA Y EL DEBILITAMIENTO DEL APOYO AL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA EN CUBA POR PARTE DE MÉXICO El gobierno mexicano presidido por Anastacio Bustamante estableció en La Habana su primer Consulado en 1837, no para regular las relaciones con los revolucionarios cuba-nos, sino como resultado del establecimiento de relaciones diplomáticas con España. A pesar de que algunos autores sostienen que con dicha apertura se iniciaron las relaciones oficiales entre México y Cuba5, esta aseveración no concuerda con los cánones del Dere-cho internacional en materia diplomática. Más bien, a partir de ese momento, las relacio-nes de México con la Isla en calidad de territorio español se circunscribirían a una obser-vación estrictamente oficial, de respeto a la soberanía española y de silencio sobre las aspi-raciones de libertad de sus revolucionarios. “Por orientación expresa del presidente mexi-cano (al primer vicecónsul mexicano en La Habana Manuel de Céspedes), se le previno de observar la más estricta concentración en sus funciones consulares y se le indicó que bajo ningún pretexto o circunstancia se viera involucrado en cuestiones políticas” (Morales Pérez 2002: 69)6.

La actitud de México también estaba condicionada a una situación interna de inestabili-dad; desde el mismo momento de la segunda designación de Bustamante como presidente

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de México el 19 de abril de 1837, y hasta el fin de su mandato el 10 de marzo de 1839, se registraron levantamientos en su contra, además vivió la independencia de Texas en 1836 y la llamada Guerra de los Pasteles contra Francia en 1838. El escenario internacional se complicó para México con la guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848 que acabó con el arrebato de más del 50% del territorio nacional. Esa situación mantuvo las relaciones con Cuba en un status permanente de no inmiscuirse en los asuntos internos de esa pose-sión española.

La nueva relación con España se confirmó con el establecimiento de tres viceconsula-dos en la Isla (que hoy serían consulados de carrera): Matanzas en 1853; Puerto Cárdenas en 1859 y, Santiago de Cuba en 1860. A través de ellos se cuidaban las actividades mer-cantiles, al tiempo que se observaban de cerca las conmociones insulares con el fin de medir las posibles repercusiones para el país (Muñoz Mata 2001: 123–146).

No obstante, la importancia geoestratégica de Cuba no dejó de ser fuente del mayor interés para el gobierno mexicano, sobre todo desde la perspectiva del resguardo soberano y de las rutas comerciales, pues el Golfo de México era la puerta privilegiada para el con-tacto internacional mexicano. De hecho, varios investigadores mexicanos y cubanos han destacado que la actividad o pasividad de la política exterior de México hacia Cuba ha de-pendido en gran medida de los sucesos externos que han rodeado a la Isla en el curso de los años. Así, la política exterior de México hacia la Isla ha sido de mayor o menor intensi-dad cuando la situación externa cubana pone en riesgo la soberanía mexicana. No obstan-te, otras valoraciones apuntan a que el activismo de la política exterior de México hacia Cuba o en general hacia otros temas internacionales está directamente relacionado con la situación propia de México; a mayor capacidad económica y política mayor activismo in-ternacional. De cualquier forma, la condición geoestratégica de Cuba ha sido un elemento que ha mantenido importancia en la política exterior mexicana. Otro elemento de trans-cendencia en las relaciones entre mexicanos y cubanos han sido los lazos que los liberales de ambos países mantuvieron durante todo el Siglo XIX.

Con el advenimiento de la República Restaurada los vínculos entre cubanos y mexica-nos fueron más fructíferos gracias a la coyuntura creada por la vuelta al poder del grupo liberal y la marginación de los sectores conservadores. El grupo político e intelectual de línea liberal le dio a su discurso pro–independentista un tinte de política oficial. Al calor de la Guerra de los Diez Años, contados a partir de 1868, México se convirtió en escena-rio propicio para alentar las operaciones de los insurrectos antillanos. Además fue el refu-gio de un contingente calculado entre dos y tres mil cubanos que huían de la isla persegui-dos por la represiva política insular (Espinoza Blas 2004: 56–57; Armas 1982: 253–289).

De tal manera que restaurada la República en 1867 bajo el mandato de Benito Juárez (1867–1872), los movimientos de independencia en Cuba adquirieron relevancia y mues-tras de apoyo solidario y político por parte del pueblo y gobierno mexicano. La identifica-ción liberal entre cubanos y mexicanos se complementa con el hecho de que para cuando se da El Grito de Yara (10 de octubre de 1868) que marca el inicio formal de la lucha por la independencia de Cuba bajo el liderazgo de Carlos de Manuel Céspedes, México y Espa-ña tenían suspendidas sus relaciones diplomáticas debido al apoyo que el gobierno español había otorgado a la monarquía francesa impuesta en México7.

El apoyo solidario de los mexicanos a los independentistas de Cuba quedó manifiesto mediante la organización de un mitin de respaldo en la capital mexicana en diciembre de 1868. Por su parte, el gobierno de Benito Juárez dispuso el 3 de abril de 1869, aún cuan-do Cuba no tenía Constitución, recibir buques con bandera cubana en todos los puertos

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mexicanos. Paralelamente, el gobierno dio apoyo a la creación de clubes por todo el terri-torio nacional en pro de la independencia cubana (Sosa Rodríguez 2003: 57). Además, el Congreso aprobó una resolución el 5 de abril de 1869 que autorizó al presidente a recono-cer la beligerancia de los insurgentes cubanos en el momento en el que lo creyese conve-niente. Sin embargo, las manifestaciones de simpatía al movimiento independentista de los mambises cubanos se vieron reducidas como resultado de la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y España, lograda por mediación de Estados Unidos el 21 de julio de 1871. El gobierno mexicano adoptaría nuevamente una actitud de neutralidad estricta sobre los acontecimientos en Cuba, en cumplimiento de un acuerdo hispano–mexicano. De hecho, el gobierno de Lerdo de Tejada (1872–1876) sólo se comprometió apoyar las gestiones de Estados Unidos frente a España para que ésta reconociera la inde-pendencia en Cuba (Morales Pérez 2002: 119–120).

Lo que destaca en este periodo es la gran simpatía que causaba el movimiento indepen-dentista entre funcionarios y la sociedad mexicana más allá de la postura que el gobierno debió asumir (Santana Hernández 2006). Ello explica por qué los independentistas cubanos gozaron de cierta libertad de movimiento y de prensa, siempre que no afectaran el orden público o pusieran en entredicho de manera evidente los compromisos contraídos entre los gobiernos de México y España. Un claro ejemplo de lo anterior fue la visita que realizó a México en noviembre de 1884 Antonio Maceo, uno de las máximos dirigentes del movimien-to patriótico cubano, cuyo propósito era entrevistarse con el presidente Porfirio Díaz; si bien no se dio tal encuentro, Maceo pudo encontrarse con la esposa del mandatario mexicano, en apego a sus instrucciones. Maceo regresaría a México al año siguiente, en marzo de 1885, para organizar nuevos clubes cubanos de apoyo a la independencia de la Isla.

Durante el porfiriato (1877–1880/1884–1911) se pueden observar algunas variaciones en las posturas del gobierno mexicano sobre el movimiento independentista en la Isla, aun-que un elemento común en esos 25 años es la ambivalencia de la postura mexicana motiva-da por diversos factores de carácter nacional e internacional. En una primera etapa (1871–1894) México acompañó los intereses de España frente a la emancipación cubana, pues se consideró que la pérdida de Cuba significaría un avance incontenible de la hegemonía de Estados Unidos en el Caribe y en toda la región latinoamericana, razón fundamental para apoyar al gobierno español en su esfuerzo por dominar la sublevación en la Isla. Existía el temor también de un posible contagio revolucionario en México. De acuerdo con el cónsul de México en La Habana nombrado en 1886 —el cubano naturalizado mexicano Andrés Clemente Vázquez—, los refugiados cubanos representaban un peligro para la estabilidad político–social de México8, sobre todo en un ambiente que empezaba a manifestar inconfor-midades respecto del ejercicio autoritario de Díaz. Aunado a ello, España ejerció una fuerte presión política en México a fin de que se vigilara y evitara cualquier actividad del exilio cubano en territorio mexicano en apoyo a los revolucionarios antillanos. En ese sentido, se tuvo disposición de aplicar de manera discrecional el Artículo 33 de la Constitución que daba base legal a la posible expulsión de cualquier extranjero que interviniera en la política mexicana. No obstante, sólo dos cubanos fueron objeto de dicha disposición durante el pe-riodo del presidente Porfirio Díaz (Morales Pérez & Sánchez Andrés 1998: 22). Adicional-mente, el gobierno mexicano a través del secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Ma-riscal, garantizó al gobierno español el impedimento de cualquier acto hostil contra España desde territorio nacional (Morales Pérez & Sánchez Andrés 1998: 20–30)9.

La crisis económica que vivió Cuba a partir de 1890 complicó el escenario para Méxi-co. A partir de ese año se registró un aumento considerable de la corriente migratoria des-

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de la Isla hacia territorio mexicano atraída también por la política de desarrollo de la in-dustria tabacalera que impulsó el gobierno de Porfirio Díaz. Los cubanos se concentraron en los estados de Yucatán, Campeche y Veracruz, reactivando los clubes separatistas exis-tentes anteriormente en Veracruz y en la ciudad de México, además de establecer otro en Yucatán. Esta ola migratoria preocupó no sólo al gobierno mexicano sino también a las autoridades españolas, pues estaba el antecedente del armamento reunido por los exilia-dos cubanos en Campeche, Veracruz, Mérida, Progreso e Isla Mujeres entre los meses de mayo y septiembre de 1885. La reiteración de las presiones diplomáticas de España con-tra el gobierno mexicano no se hizo esperar, aunque a pesar de ello, lo cierto es que los cubanos gozaban de simpatías por parte de algunas autoridades locales en los estados mexicanos que se hacían de la vista gorda en lo referente a sus actividades revolucionarias (Morales Pérez 2002: 127–128).

En este contexto, los gobiernos de México y España establecieron diversos mecanismos de cooperación. Entre ellos: vigilancia policíaca sobre el exilio cubano; órdenes expresas a los gobernadores de los estados del Golfo de México de controlar las actividades de los independentistas cubanos en sus respectivas demarcaciones; la representación española en México fue autorizada para subvencionar determinadas operaciones de la policía del Distri-to Federal, cuyos agentes, infiltrados en los círculos de exiliados cubanos de la capital, recibieron la orden de informar directamente de sus actividades al representante español (Morales Pérez & Sánchez Andrés 1998: 21).

Adicionalmente, la representación diplomática española movilizó a su colonia en México para contrarrestar las acciones del exilio cubano lo que produjo la multiplicación de las jun-tas patrióticas en territorio nacional y la recaudación de dinero para el enfrentamiento en la Isla, mientras que las autoridades mexicanas extremaron las medidas de control aduanero, vigilaron los embarques de armas, reprimieron las manifestaciones favorables a los indepen-dentistas y limitaron la libertad de acción de determinados medios de comunicación cuando éstos traspasaban ciertos límites en sus ataques a España. Las autoridades mexicanas permi-tieron también una campaña de prensa del diario El Imparcial (semioficial), en defensa de la política española en Cuba, al que siguió la prensa conservadora mexicana (La Voz de

México, El Tiempo y El Nacional) (Morales Pérez 1988: 158–177). En esta etapa de las relaciones México–Cuba se pueden sustraer algunos elementos

que delinearon la actitud de México hacia los independentistas cubanos. El apoyo político abierto y solidario del gobierno y la sociedad mexicana hacia los libertadores de Cuba se amplía cuando México no tiene buenas relaciones con España. Una vez que se restablecen los vínculos con el país ibérico, México se ve comprometido a respetar acuerdos recípro-cos de respeto a la soberanía. Sin embargo, en tanto que las relaciones con España no dejan de tener asuntos bilaterales de tensión política, comercial o financiera, el gobierno de México decide no romper de lleno con los revolucionarios cubanos, de ahí que les deja-ra cierta liberad de acción política en territorio nacional, una línea de acción que se con-solidaría con el paso del tiempo.

MÉXICO ENTRE LOS COMPROMISOS CON ESPAÑA Y LA SIMPATÍA POR LA INDEPENDENCIA CUBANA A medida que avanzaba la última década del siglo XIX, los preparativos para una nueva ofensiva de los independentistas cubanos se consolidaban. La creación del Partido Revolu-cionario Cubano (PRC) en 1892 por iniciativa de José Martí significó un nuevo capítulo en

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el enfrentamiento entre España y las organizaciones revolucionarias cubanas (Morales Pérez 1988: 167), lo que sumado a la dependencia económica creciente de la Isla con respecto de Estados Unidos y el interés del país del norte por anexarse a Cuba, implicó una nueva estrategia mexicana frente a España, los revolucionarios cubanos y al gobierno estadounidense.

El 1 de agosto de 1894 José Martí logró entrevistarse con Porfirio Díaz en un breve viaje que realizó a México luego de haber salido del país en 1876 cuando precisamente Díaz se hizo del poder. De acuerdo con distintas investigaciones, el círculo gobernante mexicano coincidía con los planteamientos de Martí en cuanto a la preocupación que causaba a revo-lucionarios y mexicanos la pretendida aspiración de los estadounidenses por anexarse Cu-ba. No obstante, para México el tema resultaba más que espinoso; por un lado el gobierno de Díaz al igual que sus antecesores se había mostrado contrario a la posibilidad de que Estados Unidos se hiciera de la Isla y por el otro, la atracción de inversiones estadouniden-ses en la economía mexicana seguían siendo un objetivo importante para el gobierno mexi-cano, a lo que se agregaban los acuerdos de neutralidad pactados con España. Como resul-tado de la entrevista, el general Díaz informó a Martí que no podría conceder la condición de beligerancia a Cuba, aunque el presidente mexicano aportó de su bolsillo 20 000 pesos como una contribución a la causa cubana (Herrera Franyutti 1991: 208).

El inicio formal de los enfrentamientos entre España y los insurgentes cubanos el 24 de febrero de 1895 implicó la redefinición de posturas, tanto de los revolucionarios cuba-nos, como del gobierno español, el mexicano y el estadounidense. El gobierno mexicano adoptó una doble política sobre tales acontecimientos; una oficial (pública) y la otra extra-oficial (privada). Por un lado, a la llegada del nuevo representante diplomático español a México el 4 de marzo de 1895, José Brunetti y Gayoso, el secretario de Relaciones Exte-riores de México, Ignacio Mariscal, le dio la garantía total de la neutralidad mexicana con respecto de los acontecimientos en la Isla y el compromiso gubernamental de impedir acciones hostiles hacia España en territorio mexicano. Este clima de acompañamiento a los intereses españoles se debía, tanto al cumplimiento de la cláusula suscrita en 1871 —en la que se acuerda la no intervención en los asuntos de la Cuba española— como a la presencia de capital español en México, pero sobre todo a que en 1894 ambos países hab-ían alcanzado un acuerdo definitivo en materia de deuda favorable a México. En cuanto a la política privada, la prensa mexicana anunció un par de hechos convertidos en rumores periodísticos, que a la luz del tiempo se pueden considerar parte de una táctica que el go-bierno mexicano había puesto en marcha para tomar el pulso del ambiente político inter-no y externo sobre una decisión de fuerte impacto.

Se trata de la participación de oficiales mexicanos en los preparativos expedicionarios hacia Cuba desde Veracruz. En el supuesto grupo Guerrilla José Martí se habían enlistado 44 cubanos con un presupuesto calculado en 35 000 pesos mexicanos a los que, según informes del PRC, se habían adherido “40 hombres en la ciudad de México dispuestos a ir a la revolución y que dicen ser jefes, oficiales y clases del ejército mexicano” (Morales Pérez 2002: 137). Estos rumores aparecieron en la prensa nacional y estadounidense en julio de 1895, apenas cinco meses después de iniciada la segunda gran revolución cubana. El gobierno de México se dio a la tarea entonces de desmentir dicha información periodís-tica y acallar los rumores que habían surgido en el mismo puerto de Veracruz. El otro ru-mor trata de un documento elaborado en 1883 en el que se promueve la anexión de Cuba a México y que fue publicado en el periódico La Patria el 25 de julio de 1895 llamado “Cuba debe ser mexicana” (Espinoza Blas 1995: 160).

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La elaboración y difusión del proyecto anexionista fueron atribuidas a una secreta ins-piración gubernamental, cuyo autor es Carlos Américo Lera, funcionario del servicio exte-rior mexicano y secretario particular del canciller Ignacio Mariscal. El documento y su difusión habrían contado, al parecer, con la aprobación del presidente Díaz. En este caso ni el gobierno mexicano ni los revolucionarios cubanos ofrecieron una postura oficial, aun-que Tomás Estrada Palma, secretario general del Partido Revolucionario Cubano y sucesor de José Martí, quien había muerto en batalla en mayo de 1895, declaró en una entrevista que “Los cubanos no desean anexarse a ningún país” (The World, Nueva York, 29 de sep-tiembre de 1895).

El proyecto mereció un crecido debate en los diarios La Patria y El Nacional en sus ediciones del 12 y 23 de agosto de 1895. Hasta el Correo Español, medio auxiliar del mi-nistro de la monarquía española se hizo eco del debate como lo muestra su publicación del 17 de agosto del mismo año. Los diarios estadounidenses The Two Repulics y The

Mexican Herald, participaron de igual manera (Espinoza Blas 1995: 162, 165, 167 y 173). El polémico documento fue discutido prácticamente hasta mayo de 1896, aunque el asunto perdió toda relevancia dado el avance de las fuerzas revolucionarias en la Isla. Lo que destaca de ambos casos es la fecha de su aparición en julio de 1895, a escasos meses de haber empezado la revolución cubana y con ello la evidencia de la política a doble vía que estaba ejerciendo el gobierno del presidente Porfirio Díaz.

Existe un tercer aspecto también de la política exterior mexicana en torno al conflicto cubano–español. Se trató de una postura que va desde la cierta neutralidad hasta la im-

parcialidad política, como la denominan Rafael Rojas, Salvador E. Morales y Laura Mu-ñoz que derivó en los hechos en una vigilancia antipática hasta actos de hostilidad no siempre sistemática hacia los revolucionarios cubanos.

“A grandes rasgos, puede decirse que la neutralidad, oficialmente asumida, encerraba más bien aquiescencia y cooperación con la presencia española en el punto estratégico cubano. De ahí que Laura Muñoz Mata matizara su afir-mación refiriéndose a la ‘pretendida neutralidad’” (Morales Pérez 2002: 147; Muñoz Mata 1998: 22).

Esta política ambivalente por tanto puede entenderse a partir de la consideración del cúmulo de intereses tanto nacionales como internacionales que bordeaban la postura ofi-cial del gobierno mexicano en torno a la situación en la Isla, como los del llamado grupo de los científicos más convencidos de privilegiar la relación con Estados Unidos, el sector empresarial hispano–mexicano, la derecha católica mexicana y por último los sectores liberales con tendencias anti estadounidenses.

La actuación oficial del gobierno de Porfirio Díaz tendría un nuevo matiz a partir de 1896 cuando se supieron las intenciones del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Grover Cleveland (1893–1897), de querer comprar la Isla a España. En ese contexto, Tomás Estrada Palma instruyó al encargado de negocios en Washington, representante de la República de Cuba en Armas, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, a realizar una misión especial y secreta a México en mayo de 1896, con el fin de entrevistarse con el presidente Díaz y ponerlo al tanto de las intenciones de los estadounidenses, exponiendo los peligros que aquella acción encerraba no sólo para el movimiento independentista cubano sino para la seguridad mexicana. Al mismo tiempo solicitó del gobierno mexicano acciones diplomáticas frente a España contra la posibilidad de vender la Isla. Con algunas dificulta-des la entrevista se dio en los jardines de Chapultepec con el propósito de no hacerla ofi-cial. El presidente Díaz se comprometió a realizar gestiones ante el gobierno español, cosa

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que cumplió a través del representante de México en Madrid, quien comunicó que “México consideraría un acto de falta de amistad por parte de España que vendiese Cuba a los Esta-dos Unidos, dada la situación geográfica de la isla en relación con México” (Quesada y Mi-randa Llaverías, Martínez & Academia de la Historia de Cuba 1939: 14).

A raíz de estos sucesos, el gobierno mexicano decidió poner en marcha iniciativas de mediación frente a España y Estados Unidos, país al que se le propuso una acción conjunta con la región latinoamericana para lograr la autonomía cubana. Estos acontecimientos se inscriben además en el avance de las fuerzas independentistas cubanas, en la creciente in-capacidad financiera de España para seguir manteniendo su fuerza militar en la Isla y por tanto su política de genocidio para terminar cuanto antes con la revuelta, táctica que fue criticada por Estados Unidos y México. Además, el presidente Cleveland en su mensaje al Congreso en diciembre de 1896 dio a conocer la propuesta formulada al gobierno español en abril de 1896 para comprar la Isla, lo que ratificó los temores de cubanos y mexicanos.

Las propuestas mediadoras de México se sostuvieron hasta 1897 sin resultados favora-bles. De manera paralela, se observó una mayor apertura a las actividades de los comités pro cubanos en México —que para ese año se contaban 46 distribuidos en Yucatán (6), Veracruz (19), Distrito Federal (8), Puebla (3), Hidalgo (1), Guanajuato (1), Saltillo (2), Tabasco (1), Nuevo León (3) y Tampico (2), no sólo integrados por cubanos sino también por mexicanos, alguno de ellos incluso sólo tenían miembros mexicanos— (Bobadilla González 2001: 149–162), así como entrevistas frecuentes entre el embajador de México en Washington, Matías Romero, y el encargado de negocios de la República de Cuba en Armas en Estados Unidos, Gonzalo Quesada y Aróstegui. Otra acción en ese sentido fue la aceptación a la propuesta del presidente de Ecuador Eloy Gutiérrez para que se efectuase en México un congreso panamericano, fijado para el 10 de agosto de 1896, en el que se discutiría una acción coordinada para promover la independencia cubana, con el pretexto de hacer respetar la Doctrina Monroe sin que ello lesionara los derechos de cada nación. Estados Unidos fue el encargado de obstaculizar la iniciativa que finalmente no se llevó a cabo.

Para 1897 al gobierno mexicano le quedó claro que la actitud asumida por Estados Unidos con respecto de la beligerancia en Cuba —el Congreso había aprobado en marzo de 1896 una resolución que permitía al ejecutivo reconocer esa situación en la Isla— y las recriminaciones a España por la táctica militar que desplegaba contra los independentis-tas, conduciría inevitablemente a una conflagración entre Washington y la metrópoli his-pana. De hecho había diversas circunstancias internas y externas que reforzaban la opi-nión mexicana.

Era claro para 1897 que el régimen colonial no podía ya detener el movimiento de liberación. España, por su parte, enfrentaba en su territorio agudas críticas sociales ante la pérdida de tantas vidas en la guerra independentista cubana, a eso se sumaba la cada vez más escasa capacidad financiera de seguir manteniendo la lucha armada, mientras que Europa le negaba nuevos préstamos. Al mismo tiempo, Estados Unidos presionaba a los españoles para que dieran fin a la política de reconcentración que habían desplegado en la Isla y que en los hechos era un verdadero genocidio en contra del campesinado cubano (Domínguez Guadarrama 2011: 25).

La debilidad española frente a la circunstancia cubana se evidenció en noviembre de 1897 cuando aplicó un Decreto Real a través del cual autorizó el régimen autonómico en la Isla, una medida por cierto desesperada y de nula efectividad. En ese contexto, Estados Unidos puso en marcha acciones más agresivas y concretas para lograr la anexión o el

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protectorado de la Isla. Además de las presiones políticas y sugerencias para dejar en liber-tad a Cuba, ofreció sus buenos oficios para mediar en el conflicto así como una nueva oferta a España para la compra de la Isla. Ante la negativa española, Washington envió en enero de 1898 un barco para la defensa de los estadounidenses y sus posesiones en Cuba. La polémica explosión del barco Maine que Washington había embarcado en el puerto de La Habana, dio origen a la declaración de la Guerra Hispano–Americana el 20 de abril de 1898. Uno de los argumentos de la declaratoria de guerra fue que “el pueblo de la Isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente” (Nearing & Freeman 1977: 67).

Cabe aclarar que con esta declaración de guerra por parte de Estados Unidos a España se empalman dos guerras en Cuba y no la consecuencia de una sobre la otra; una entre cuba-nos y españoles y otra entre España y Estados Unidos. Washington tuvo el cuidado de no reconocer al movimiento emancipador cubano ni a su ejército libertador, a pesar de que se había coordinado con él para atacar y vencer a las fuerzas españolas.

Las hostilidades entre España y Estado Unido que iniciaron el 20 de abril de 1898, apenas duraron tres meses; el 15 de julio las fuerzas españolas fueron vencidas con el apo-yo de los mambises cubanos, lo que dio paso a la suscripción del Convenio de Capitula-ción en Santiago de Cuba. Posteriormente, Estados Unidos y España firmaron el Protocolo de Paz el 12 de agosto de 1898. Washington impuso, incluso, un bloqueo a Cuba por el que evitó la llegada de alimentos a la Isla, armas o apoyo al ejército revolucionario. Final-mente, el 10 de diciembre de ese año, Estados Unidos y España firmaron el Tratado de París, despojando a España de todos sus territorios; Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, así como otros enclaves menores.

En el escenario de guerra, el gobierno estadounidense exigió al de México la más clara postura de neutralidad, misma que fue expresada de manera oficial por las autoridades mexicanas. Lo cierto es que si bien ante la posibilidad de alguna represalia estadouniden-se, Porfirio Díaz “toleró en la medida en que le fue posible las actividades encubiertas de los agentes españoles en México” (Morales Pérez & Sánchez Andrés 1998: 28). Entre di-chas actividades se encuentran el apoyo a militares españoles para una posible provoca-ción desde territorio mexicano a Estados Unidos, apoyo al rompimiento del bloqueo naval impuesto por los estadounidenses, abastecimiento de carbón a los navíos españoles y el rechazo del mismo a los barcos estadounidenses, ayuda para el envío de armas a Cuba, así como una campaña mediática en contra de Washington (Espinoza Blas 2004: 121–133). En diversas ocasiones Estados Unidos recriminó a México su pasividad o falta de atención ante las actividades de los españoles en territorio mexicano en contra de los intereses esta-dounidenses, ante lo que el gobierno mexicano tuvo que actuar y detener, algunas veces, las actividades hispanas. Pero las críticas a la actitud asumida por México no sólo proven-ían de Estados Unidos sino también de varios sectores mexicanos, principalmente de los sectores liberales.

La actitud mexicana en esta etapa puede entenderse desde su interés primario sobre la necesidad de preferir una Cuba anexada al territorio mexicano o bien, como una nación independiente o autónoma antes que como apéndice de otra potencia o país. Incluso, an-tes que verla bajo el dominio directo de Estados Unidos, México prefería a una Cuba en manos de España de la que quizá en el futuro se hubiera independizado con mayor rapi-dez. En manos de Washington las cosas cambiarían y la amenaza a la soberanía mexicana se incrementaría irremediablemente, tal como sucedió.

La actitud de apoyo velado a España se detuvo prácticamente en julio de 1898 cuando se vio perdida la causa española, en adelante México observó absoluta neutralidad y silen-

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cio sobre las acciones de Washington en Cuba y luego adoptó una posición de reconoci-miento sobre el dominio estadounidense en aquel país antillano a partir de enero de 1899. Estados Unidos asumió por tres años el control total de Cuba bajo el mando del goberna-dor militar Leonard Good, hasta que en 1901 se estableció una Constitución a la que se le agregó la Enmienda Platt, por la que el gobierno estadounidense se otorgó el derecho de intervenir en la Isla en momentos en que se pusiera en peligro la paz y la estabilidad inter-nas. Una vez declarada la República de Cuba, el gobierno de México establecería relacio-nes diplomáticas con ese nuevo país, cuya característica fue su actitud estrictamente for-mal, aunque con apoyos solidarios y políticos entre ambos gobiernos y pueblos. MÉXICO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA DE CUBA: LA ACTITUD FORMAL DE LOS PRIMEROS CONTACTOS La actitud de neutralidad y reconocimiento de México a la primera ocupación militar de Estados Unidos en Cuba persiguió resarcir desconfianzas políticas y diplomáticas con Was-hington, debido a que había tomado partido por España en el contexto de la Guerra del 98. La nueva estrategia mexicana en su política exterior también respondió a otras cir-cunstancias de índole nacional e internacional. En 1899 el gobierno de Porfirio Díaz inició los preparativos para una nueva reelección que se realizaría en 1900 bajo una intensa acti-vidad política de oposición, además México participaría en la Conferencia de La Haya en ese mismo año y sería sede de la II Conferencia Internacional Americana entre 1901 y 1902 a sugerencia del presidente estadounidense William Mckinley, quien gobernó entre 1897 y 1901. De ahí, que en 1899 el secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Maris-cal, autorizara al cónsul de México en La Habana, Clemente Vázquez, a otorgar el recono-cimiento mexicano al gobierno estadounidense como el único poder de facto en la Isla.

Este hecho llevó a que Estados Unidos reconociera al representante de México en la Isla en octubre del mismo 1899, uno de los intereses prioritarios del gobierno mexicano (Espinoza Blas 2004: 141). Una preocupación adicional para el gobierno de Díaz era resta-blecer los canales de confianza con los revolucionarios y el pueblo cubano, a fin de borrar el apoyo de México a España durante su lucha por la independencia. En ese sentido, se registraron acercamientos entre el líder revolucionario Máximo Gómez y el representante mexicano en la Isla que resultaron de buen entendimiento. Previo a la instauración de la nueva República, el Congreso mexicano aprobó una resolución de felicitación a Cuba y, diversas organizaciones estudiantiles y sociales realizaron una marcha en el Distrito Fede-ral en muestra de júbilo por la independencia cubana. Las mismas expresiones se observa-ron en los estados de Veracruz, Campeche y Yucatán10. El 20 de mayo de 1902, fecha en la que asumió el poder el primer presidente de la nueva República, Tomás Estrada Palma —ex secretario general del Partido Revolucionario Cubano— el gobierno de México otorgó su reconocimiento a Cuba Diario Oficial de México, 21 y 24 de mayo de 1902; estableció relaciones diplomáticas y, elevó su representación en aquel país, que pasó de Consulado General a Legación Diplomática. En esta línea, el 12 de junio de 1902 se acreditó a Gil-berto Crespo y Martínez como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, quien presentó cartas credenciales el 1 de julio de ese mismo año11, hecho que inauguró una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

De acuerdo con diversos investigadores y según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las relaciones con Cuba entre 1902 y 1959 se destacaron por su carácter es-trictamente formal, debido a las circunstancias nacionales e internacionales que enfrenta-

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ba la Isla, tales como la inestabilidad política y las ocupaciones militares por parte de Esta-dos Unidos, aunado al largo periodo de inestabilidad que también vivió México con la Re-volución Mexicana. Así, en ese periodo, México suscribió con la Cuba solamente un Con-venio Consular y dos convenciones; una para el cambio de Bultos Postales en abril de 1904 y otra para el cambio de Correspondencia en abril de 1911; un Tratado de Extradi-ción el 25 mayo de 1925, y un Convenio de Servicios de Radiotelegrafía el 30 junio de 1927 (Secretaria de Relaciones Exteriores 2005).

No obstante y más allá de la cotidianidad destacada por los respectivos representantes de México y Cuba a través de sus informes mensuales a la Cancillería mexicana, sumado a un escaso, aunque atento y amistoso contacto oficial y gubernamental; la prensa, algunos sectores sociales y en general los pueblos de México y Cuba se mantuvieron atentos a los sucesos en uno y otro lado del Golfo de México y del Mar Caribe. La segunda presencia de los marines estadounidenses en 1906 en la Isla, derivada de la inconformidad social que provocó la reelección de Estrada Palma, por ejemplo, fue uno de los acontecimientos de mayor atención por parte del gobierno de México aunque su posición fue de neutralidad. No obstante, el gobierno de México había nombrado en su Legación un año antes de la invasión estadounidense a José F. Godoy, miembro del Servicio Exterior Mexicano, como encargado de negocios de México en lugar del embajador García y Crespo. La Embajada mexicana mantuvo ese bajo nivel hasta el 19 de abril de 1909, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente cubano, José Miguel Gómez, quien gobernó hasta 1913.

Resultó claro que el retiro del enviado extraordinario y plenipotenciario de México en La Habana era una respuesta del gobierno de Porfirio Díaz a la actitud injerencista de Es-tados Unidos, sobre todo porque la segunda intervención en Cuba, entre 1906 y 1909, tenía como antecedente la toma de Panamá en 1903 y las ocupaciones de Haití y Repúbli-ca Dominicana en 1905. Adicionalmente, la circunstancia nacional mexicana despertaba ciertos temores sobre la actitud que asumiría la potencia ante la situación interna mexica-na, por ejemplo, en el caso de la huelga de Cananea en 1906 y el activismo de los Flores Magón y el Partido Liberal en 1907.

Por parte del gobierno y sociedad cubana, la Revolución Mexicana fue objeto de parti-cular atención. El representante de Cuba en México, Loynaz del Castillo, fue el primer diplomático que saludó la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la ciudad de México en mayo de 1911, suceso que suscitó decenas de columnas de opinión en diversos diarios cubanos observando un total apoyo a la Revolución. En ese sentido destacan la revista literaria Cuba y México, que inicia su circulación a partir de noviembre de 1911. Esta pu-blicación tenía una sección denominada México, en la cual se abordaron aspectos de la vida política del país y aparecieron varios artículos en los cuales se exaltaba la figura de Francisco I. Madero. Otras revistas y periódicos cubanos que destacaban la figura de Ma-dero eran Tierra, La discusión, El triunfo, El Mundo, entre otras. En estas publicaciones se enfatizaba la importancia de la solidaridad del proletariado internacional con los traba-jadores mexicanos, ya que esta ayuda debía servir para contrarrestar los intentos de la burguesía norteamericana, en contubernio con los sectores reaccionarios mexicanos, de solicitar la intervención del coloso yanqui en el país azteca12.

Los asesinatos de Madero y Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, —pese a las infructuosas gestiones realizadas por el ministro plenipotenciario de Cuba en México, Ma-nuel Márquez Sterling,— tuvo fuerte impacto en Cuba que llevó a la realización de un mi-tin de repudio el 27 de febrero de 1913 en el Campo Marte de La Habana. Los manifes-tantes en seguida marcharon hacia la Secretaría de Estado y de Gobernación a fin de soli-

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citar a su gobierno que rompiera relaciones con el usurpador Huerta (Argüelles Espinoza 1982: 426–427).

“El presidente cubano José Miguel Gómez hizo hincapié en un punto de tras-cendencia: no entrar en relaciones con Huerta, no sancionar la usurpación a los derechos de un pueblo hermano, a quien el autócrata ajustaba, nueva-mente, las oprobiosas cadenas de la dictadura” (Márquez Sterling 1960: 265).

Además retiró a su ministro plenipotenciario, aunque Márquez Sterling reasumió su cargo el 7 de marzo siguiente, sin que ello significara el reconocimiento de parte del gobierno cubano al gobierno de facto en México. El gobierno de Cuba valoró entonces como una posible afrenta al pueblo mexicano la ruptura de relaciones diplomáticas, en cuyo caso quedarían sin protección los cubanos radicados en México. No obstante Márquez Sterling salió definitivamente de México el 31 de marzo de ese mismo año quedando la legación cubana en manos de un encargado de negocios. Por otro lado, Cuba facilitó la entrada de numerosos refugiados mexicanos a su territorio entre políticos, militares e intelectuales, incluida a la familia de Madero13. La prensa fue especialmente crítica de la dictadura de Victoriano Huerta. De hecho, dados los acontecimientos en México la legación mexicana en La Habana estuvo acéfala entre 1913 y 1919, atendida por un encargado de negocios.

Como se sabe, Cuba fue escenario de enfrentamientos entre las distintas facciones re-volucionarias mexicanas y centro de conspiraciones de seguidores de Huerta, representan-tes de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata. No fue sino hasta el 10 de noviembre de 1915 que el gobierno cubano, encabezado por Mario García Menocal entre 1913 y 1921, reconoció provisionalmente al gobierno de Venustiano Carranza. En 1917 Ramón Pío Ajuria fue acreditado por el gobierno cubano como enviado extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de México, elevando nuevamente el nivel de su represen-tación ante el gobierno mexicano que había quedado a nivel de encargado de negocios desde 1913.

Otro episodio que también mereció especial atención por parte de distintos sectores sociales cubanos fue la nueva invasión estadounidense al puerto de Veracruz en abril de 1914. Por ejemplo, el periódico cubano Tierra, en su editorial del 30 de abril de 1914, se opuso resueltamente a la intervención y señaló que el supuesto agravio al honor nacional norteamericano no era más que un pretexto y que el móvil verdadero era el de una expan-sión económica y política que beneficiaba a la burguesía yanqui. Por lo menos hasta 1919, la prensa cubana continuó dando seguimiento puntual a la Revolución Mexicana y, el go-bierno de aquel país mantuvo su política de puertas abiertas para los mexicanos que emi-graban a Cuba por la situación de violencia que se vivía en México.

Otro factor que también explica una cierta inmovilidad en las relaciones formales entre ambos países fue la Primera Guerra Mundial (1914–1918), pues fue poco lo que se re-gistró más allá de las medidas estrictas en las aduanas que ambos países dispusieron, de las que incluso fue víctima Isidro Fabela cuando era secretario de Relaciones Exteriores. A su llegada a Cuba en junio de 1918, le fue sustraído su equipaje por las autoridades adua-neras y una vez registradas, sus cosas aparecieron abandonadas cerca del aeropuerto, co-mo si hubiera sido un robo. Esta situación provocó un serio disgusto a las autoridades mexicanas quienes estuvieron al borde de retirar al embajador de territorio cubano, cosa que no ocurrió tras la consideración de Venustiano Carranza, al señalar que el hecho tenía como causa las fuertes presiones que Cuba sufría por parte de Estados Unidos (Rivera

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Carbajal 1968: 18). Si acaso es digno de mencionar la oposición de diversas personalida-des políticas cubanas, en 1919, ante la exclusión de México de la Liga de las Naciones.

La llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de México entre 1920 y 1924 significó un nuevo episodio de distanciamiento en las relaciones con Cuba, debido a la negativa de Estados Unidos de reconocer al nuevo gobierno mexicano, lo que impidió, por añadidura, que tanto el presidente cubano García Menocal como su sucesor Alfredo Zayas (1921 y 1925), reconocieran a las nuevas autoridades mexicanas. Esto condujo a que las legacio-nes diplomáticas en ambos países se redujeran nuevamente a nivel de encargado de nego-cios. No fue sino hasta principios de septiembre de 1923, cuando se dieron los primeros pasos para descongelar los vínculos formales entre ambos países. Cuba nombró entonces a su nuevo enviado, Antonio Martín Rivero, quien tomó posesión de su cargo el 26 de no-viembre de 1824, aunque al poco tiempo debió dejar el país por problemas personales (Portillo López Tostado 2008 y 2007: 51–52). Contrariamente a las relaciones oficiales, intelectuales mexicanos iniciaron a partir de los años veinte su colaboración en distintas publicaciones periódicas cubanas, difundiendo los aspectos de la renovación política, so-cial y cultural producto de la Revolución Mexicana. Figuras como Alfonso Reyes, Mariano Azuela, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, Genaro Estrada, entre otros, destacaban en las pu-blicaciones cubanas.

Es importante señalar que durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles (1924–1928) y de Gerardo Machado (1925–1933), las relaciones entre México y Cuba observaron un creciente nivel de cooperación pero también un terrible enfriamiento. Por un lado suscri-bieron un Tratado de Extradición el 25 mayo de 1925 y un Convenio de Servicios de Ra-diotelegrafía el 30 junio de 1927, así como un Acuerdo Consular para la Exención de Visa-do en 1922 y otro para la realización del servicio militar en cualquiera de los dos países suscrito en 1929: de igual forma, se dio el cambio de nivel de las legaciones a Embajadas a partir de julio de 1927, cargo para el cual fue designado Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, convirtiéndose así en el primer embajador de México ante la República de Cuba.

Por otro lado, la llegada y posterior asesinato del líder estudiantil y político cubano Julio Antonio Mella, baleado en la ciudad de México en 1929 por órdenes del presidente Machado, provocó una fuerte crisis diplomática bilateral, sobre todo cuando diversas in-vestigaciones apuntaban a que el entonces embajador de Cuba, Guillermo Fernández Mas-caró, había participado en el homicidio. Además, Calles y Machado mantuvieron serias diferencias en cuanto al principio de la no intervención en los asuntos internos de los Es-tados que, desde 1926 México y otros gobiernos latinoamericanos promovían en las Con-ferencias Panamericanas, mientras que Cuba secundaba a Estados Unidos en su férrea oposición. Dicho principio fue reconocido finalmente en la Séptima Conferencia de Canci-lleres Americanos que se celebró en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1933, cuando finalmente la política del Buen Vecino se puso en marcha por parte del gobierno de Fran-klin Delano Roosevelt. Para entonces también la crisis política y económica en Cuba había estallado contra la dictadura de Machado, quien abandonó el país el 12 de agosto de 1933.

El secretario de Estado del gobierno de Machado se hizo cargo de la presidencia de manera interina. No obstante y a pesar de contar con el apoyo de Estados Unidos, Carlos Manuel de Céspedes Jr. —hijo del revolucionario cubano—, no pudo contener la situación de caos en el país dando paso al Golpe de los Sargentos registrado el 4 de septiembre de 1933, donde surgió la figura de Rubén Fulgencio Batista Zaldívar, sargento taquígrafo del Estado Mayor. A la semana del golpe, Batista apodado El mexicano por su origen humilde y su ascendencia indígena fue ascendido a sargento y nombrado por el nuevo gobierno

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provisional conformado por cinco ciudadanos notables, jefe del Estado Mayor. La Pentar-quía dio paso al gobierno de Ramón Grau San Martín quien duró en el cargo sólo cuatro meses. El gobierno de Estados Unidos se opuso a otorgar su reconocimiento a Grau.

El gobierno de México, por su parte, actuó en tres sentidos ante los acontecimientos en Cuba:

1. Interpuso junto con Argentina, Brasil y Chile sus buenos oficios ante el go-bierno de Estados Unidos a fin de evitar un nuevo desembarco de tropas esta-dounidenses en territorio cubano y para mediar en el conflicto interno entre las distintas fuerzas que se disputaban el poder;

2. observó su estricto apego a la Doctrina Estrada de 1930 —la mediación y los buenos oficios fueron producto de un pedido directo del presidente estadou-nidense Roosevelt—( López Portillo Tostado 2008: 42) y,

3. reconoció inmediatamente al gobierno provisional de Grau. Este último tema es de vital importancia, ya que en cumplimiento de la Doctrina Estrada el encargado de negocios de México en Cuba, Octavio Reyes Espíndola y Prieto, envió al presidente interino una nota en la que manifiesta “Los más expresivos y firmes votos de fe porque la Comisión Ejecutiva que ha asumido el gobierno de la nación confirme su patrio-tismo y capacidad para establecer en Cuba un gobierno que responda en todas las justas y altas aspiraciones nacionales” (López Portillo Tostado 2008: 43). Para el gobierno cubano fue claramente un reconocimiento de facto a su encargo. De hecho, los trabajos de la em-bajada mexicana continuaron en La Habana, incluso, el gobierno mexicano fue el único país que mantuvo relaciones con Cuba durante los cien días de gobierno de Grau.

Si bien el gobierno de México veía en Batista a un adepto de los intereses de Estados Unidos, sobre todo por la mano dura que aplicó durante el gobierno de la Pentarquía y los cien día de la presidencia de Grau —quien lo mantuvo al frente de las fuerzas armadas—, también se le consideró como un posible nacionalista, pues aún cuando pudo hacerse del poder desde el mismo 4 de septiembre dejó el mando al Directorio Estudiantil Universita-rio (DEU), creado en 1927 y, verdadero protagonista de la Revolución del 30. Aún más, el DEU en su órgano de difusión llamado Alma Mater, destacó su adhesión a los ideales de Bolívar y Raúl Haya de la Torre, así como su admiración al movimiento social de 1910 en México.

Adicionalmente, como una muestra de agradecimiento a México por su actitud ante los sucesos cubanos, se declaró el 16 de septiembre de 1933 —fecha del grito de independen-cia de México— día de fiesta nacional en la Isla, sin paro de labores pero sí con el izamien-to de las banderas de ambos países en fortalezas y edificios públicos. Ante la inestabilidad política en Cuba entre 1933 y 1939, tiempo durante el cual fueron nombrados tres presi-dentes en la Isla, el gobierno de México observó una posición de neutralidad aunque man-tuvo sus puertas abiertas para recibir a los perseguidos políticos en Cuba. La Embajada permaneció abierta todo el tiempo y estuvo representada al más alto nivel.

Cabe señalar que el inicio de la consolidación del Estado mexicano con Lázaro Cárde-nas como Presidente entre 1934 y 1940 trajo momentos de suma emotividad en las rela-ciones de México con Cuba. La política del nuevo gobierno mexicano significó la recompo-sición de la estructura interna, que como consecuencia llevó a la expropiación de la indus-tria petrolera en marzo de 1938. El decreto expropiatorio encontró en Cuba una cálida acogida en la prensa obrera y progresista de la época. Incluso se formó en la Isla la Socie-

dad de Amigos del Pueblo Mexicano que brindó gran apoyo moral a la causa mexicana, pero también material. Por ejemplo, a unos días de la expropiación, el sector de transporte

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cubano acordó emplear en sus equipos exclusivamente petróleo mexicano. Además, los transportistas iniciaron una campaña nacional dirigida a promover la compra exclusiva de hidrocarburo azteca. La solidaridad cubana alcanzó su clímax el 12 de junio de 1938, cuando en el Estadio Popular de La Habana asistieron aproximadamente 80 000 manifes-tantes convocados por el Bloque Revolucionario Popular, acto en el que se recaudaron 10 000 pesos para contribuir con la indemnización mexicana a las compañías expropiadas. Cuba de hecho fue el único país que auxilió a México cuando Estados Unidos dispuso blo-quearlo económicamente. El gobierno cubano envió entonces un barco con diversas mer-cancías a México (Argüelles Espinoza 1982: 161).

Un acto que despertó interés en las relaciones bilaterales, fue la invitación que el gene-ral Lázaro Cárdenas hizo al todavía jefe del Estado Mayor de la República de Cuba, Ful-gencio Batista, cuya visita a México se realizó el 13 de febrero de 1939. Diversos análisis destacan que para el momento de la visita, tanto México como Cuba requerían de apoyo internacional; el primero por la reciente expropiación petrolera que había efectuado en contra de empresarios estadounidenses y británicos y, el segundo, por la inestabilidad polí-tica que imperaba en la Isla desde 1933.

En febrero de 1939, el coronel Batista efectuó una visita a nuestro país; venía por invi-tación expresa del Ejecutivo y en calidad de huésped de honor de la Secretaría de la De-fensa Nacional. Fue investido como embajador extraordinario, pues no tenía el carácter de Jefe de Estado (aunque se le hicieron los honores como si lo fuera), se hizo acompañar de altos funcionarios de diversos ministerios cubanos a fin de estudiar, in situ, [nuestra eco-nomía y la obra social] de la Revolución Mexicana (López Portillo Tostado 2004: 135).

La llegada de Batista a la presidencia cubana en julio de 1940, a través de elecciones y con una Constitución renovada —que integró algunos aspectos de la mexicana sobre todo en materia social, laboral y educativa—, motivó al gobierno de México a mantener en un buen nivel las relaciones con Cuba. Batista inició su gobernó cuando el general Cárdenas estaba a cinco meses de dejar la presidencia de la República. El contexto de la Segunda Guerra Mundial fue un factor determinante para que las relaciones bilaterales no tuvieran un signo de mayor dinamismo.

Si bien la política exterior de México puede considerarse entre 1940 y 1970 como juri-dicista, pacífica, aislacionista, reservada y cautelosa (Ojeda 1986: 10), lo cierto es que en el caso de Cuba y de otros países latinoamericanos tuvo gran importancia en cuanto a las posiciones asumidas. Ante los movimientos sociales en Bolivia en 1952 y el Golpe de Esta-do en Cuba a manos de Fulgencio Batista en marzo del mismo año (Ortiz Pérez–Galdos 2003: 57), el gobierno de México sostuvo sus principios de no intervención en los asunto internos de los Estados y la libre determinación de los pueblos, aunque con el claro propó-sito de resguardar las reformas de la Revolución Mexicana y su proceso interno para pro-mover el crecimiento económico y fomentar la estabilidad interna. El Golpe de Estado en Guatemala en 1954 y el Asalto al Cuartel Moncada en Cuba en 1953 —realizado por el Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro— sirvieron para ratificar la postura internacional de México de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, aunque siempre mantuvo abiertas sus puertas para el exilio cubano, como fue el caso del propio Fidel Castro en 1955.

Los revolucionarios cubanos no sólo tuvieron acogida en México, sino que gozaron de libertades e incluso apoyo político para preparar su expedición a Cuba y, si bien como respuesta a una petición formal del gobierno de Batista fueron detenidos Fidel Castro y sus compañeros, lo cierto es que el gobierno mexicano los dejó en libertad dándoles opor-

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tunidad a que zarparan del puerto de Tuxpan en el yate Granma rumbo a Cuba para ini-ciar la lucha contra el dictador Fulgencio Batista. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 195914 marcó el inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales entre México y Cuba, caracterizada por diversos momentos de tensión y apoyo, aunque en términos generales con un saldo positivo en diversos terrenos, como el de la cooperación en sus diversas vertientes y, sobre todo, en el político, siendo México el único gobierno de América Latina y el Caribe que mantuvo sus relaciones diplomáticas con el gobierno revo-lucionario más allá de las presiones de Estados Unidos.

CONCLUSIONES En la historia de las relaciones entre las sociedades y gobiernos de México y Cuba durante los siglos XVI hasta mediados del XX, destaca la conformación de una identidad propia en-tre los criollos cubanos y mexicanos que derivó, con el paso de los siglos, en un entrelaza-miento de solidaridades, apoyos e intereses mutuos; primero a escala social y posterior-mente a nivel oficial. De tal manera que a diferencia de las relaciones que se establecieron entre la sociedad mexicana y la latinoamericana durante la etapa colonial, es con la de Cuba que adquirieron un carácter mucho más intenso y profundo, tanto por su cercanía geográfica como por sus vínculos comerciales, económicos y políticos. Sobre estas bases es que, en un segundo momento, se sientan y se fortalecen las relaciones culturales, socia-les, políticas y económicas entre el Virreinato de la Nueva España y las autoridades de la Metrópoli en la Capitanía General de Cuba.

En un tercer momento, la cercanía geográfica y el elemento político adquirieron un pe-so de importancia mayúscula en las relaciones mexicano–cubanas, precisamente cuando México logró su independencia mientras que Cuba continuó como colonia española. Entre 1821 y 1836, etapa en la que España no reconoció la independencia mexicana, los inde-pendentistas cubanos contaron con el importante apoyo de México, tanto de sus gobiernos como de su sociedad, circunstancia que cambió con el establecimiento de relaciones di-plomáticas ibero–mexicanas. No obstante, las intenciones de reconquista del territorio mexicano por parte de la corona española motivaron el reimpulso del apoyo mexicano a la independencia de Cuba, aunque no tan intenso como en la primera etapa porque estaba de por medio el interés del gobierno mexicano de mantener las mejores relaciones con España y, sobre todo, de garantizar su reconocimiento y el respeto a la soberanía nacional.

Finalmente, si bien la solidaridad y el apoyo entre los gobiernos y las sociedades de Cuba y México quedaron establecidos en el proceso histórico, y adquirieron formas con-cretas de expresión mutua, lo cierto es que los intereses políticos, económicos y comercia-les de las cúpulas gubernamentales de México y Cuba dotaron a las relaciones bilaterales a partir de 1902 y hasta 1958 de un elemento de pragmatismo, y acaso de oportunismo político, que ha resultado en momentos de distanciamiento o acercamiento entre ambos países. No obstante, entre los apoyos más memorables en la historia de las relaciones en-tre México y Cuba se encuentran las expresiones de solidaridad y amistad que el pueblo y gobierno cubanos otorgaron a la sociedad mexicana durante la Revolución de 1910 o bien durante el proceso de la expropiación petrolera en México.

De manera general, se pueden sustraer otras conclusiones en este recuento histórico que quedan como elementos para futuros análisis sobre las relaciones de México y Cuba. Por un lado, la identidad fraternal conformada entre cubanos y mexicanos antes que los vínculos formales y oficiales. Por otro lado, la necesidad de atender coyunturalmente el

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interés gubernamental mexicano con respecto a la circunstancia cubana, para comprender el nivel de las relaciones intergubernamentales y el papel que en dicha coyuntura ocupan las sociedades de ambos países. Finalmente, resulta menester observar los intereses de las potencias en turno respecto de México y Cuba como otra variable en las relaciones mexi-cano–cubanas.

NOTAS 1. Una vez fracasadas las negociaciones entre México y España para el reconocimiento de la inde-

pendencia mexicana, el 3 de octubre de 1823 los gobiernos de México (presidido por Guadalu-

pe Victoria) y de la Gran Colombia (encabezada por Simón Bolívar) suscribieron en la capital

mexicana el Tratado de Unión Liga y Confederación Perpetua, similar al suscrito recientemen-

te por Colombia, Perú y Chile. Entre otras disposiciones, el Tratado estableció una alianza

para la defensa común, rechazar todo ataque del exterior, trabajar en pro de la reunión de los

Estados americanos en Panamá y la garantía recíproca de la integridad de los territorios res-

pectivos conforme al uti possidetis de 1810. México ratificó el tratado el 31 de diciembre de

1823, mientras que Colombia lo hizo el 30 de junio de 1824. El 30 de septiembre de 1825 fue

publicado en el órgano oficial de México (Méndez Reyes 1996: 128–129; Secretaría de Rela-

ciones Exteriores 1971: XLVI – XLVII).

2. Como afirma el destacado investigador cubano, a pesar de los esfuerzos libertarios en Cuba, lo

cierto era que las condiciones propias de esa nación —donde las clases terratenientes y escla-

vistas se rehusaban a la independencia, si acaso se planteaban cierta autonomía— resultaron

en uno de las más grandes obstáculos para la causa de la independencia cubana que no se

lograría sino hasta 1902 y, quizás hasta 1959.

3. “El propio López de Santa Anna dirigió un manifiesto a los habitantes de la isla de Cuba, fe-

chado en Campeche el 7 de marzo de 1825, en el que, entre otras cosas, decía: Cubanacanos

(…) A la República de Méjico [sic], a esta nación poderosa, vuestra vecina, no puede serle indi-

ferente la desgracia vuestra. Desea vuestra regeneración política, ora forméis un Estado distin-

to de su confederación, ora os agreguéis a ésta o a la República de Colombia. De cualquier

modo os lo aseguro a nombre de mi gobierno, contad con sus recursos y coopera-

ción” (Secretaría de Relaciones Exteriores 171: 123–125.

4. Fue ministro de relaciones exteriores e interiores en dos periodos 1823–1825 y 1830–1832.

En el primero promovió la creación de un Mecado Económico Latinoamericano, secundó los

esfuerzos de Bolívar para crear una Confederación de naciones y para realizar un congreso

anfictiónico. En su segundo periodo, intentó poner en práctica un proyecto integracionista

americano de vastos alcances, para lo cual envió dos misiones diplomáticas especiales a Cen-

tro y Sudamérica. En ambos periodos se realizaron los proyectos de mayor importancia que México ha diseñado para liberar a Cuba o bien anexársela. Alamán regresó a ocupar su puesto

en 1853, aunque sólo unos meses pues murió en ese año (Méndez Reyes 1996: 1). 5. Véase Espinoza Blas (2004: 75) y Muñoz Mata (1996: 214, 218 y 221).

6. El vicecónsul fue sustituido en junio de 1837 por el cónsul Juan Fernández de la Vega y Mata,

quien estaría en La Habana hasta 1846.

7. Debe recordarse que España y México desde 1836 mantuvieron fuertes contradicciones por cues-

tiones de deuda y pago de ella. Incluso, fue motivo de ruptura de relaciones diplomáticas entre

diciembre de 1856 y noviembre de 1859 y luego de enero de 1861 hasta julio de 1871. Para un

buen resumen de las relaciones México–España (véase Gutiérrez Hernández 2007: 29–63).

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8. No debe malinterpretarse el destacado papel que jugó Clemente Vázquez tanto como cónsul en

1886 y como cónsul general en La Habana a partir del año siguiente cuando México elevó el

rango a su oficina en Cuba. Clemente Vázquez había sido participante en los movimientos

revolucionarios cubanos de 1868 y a raíz del Pacto del Zanjón en 1878 que dio por terminada

la lucha a favor de España, se refugió en México. Se naturalizó y se incorporó al Servicio Exte-

rior Mexicano. Para una justa apreciación de su desempeño (véase Pulido Llano 2000).

9. Resulta útil recordar también que el abogado Mariscal se mantuvo en el puesto desde 1880

hasta 1910.

10. Véase La Discusión, edición del 31 de mayo de 1902: 5.

11. Crespo y Martínez ocupaba el lugar de cónsul general de México en Cuba desde finales de

1900 luego de la separación y muerte del entonces cónsul Andrés Clemente Vázquez quien

ocupó el cargo durante 15 años (véase Camacho & Espinoza 2008: 47–53).

12. Véase Argüelles Espinoza 1982: 423.

13. Entre 1914 y 1917, 2,354 mexicanos salieron hacia la isla, lo que es un promedio de 588 por

año, cuando entre 1904 y 1910 habían sido 196 en promedio anual (Márquez Sterling 1960:

109–117). 14. Véase s/a 1987, 1985 y Galeano 1987.

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SEGURIDAD HUMANA: LA EXPERIENCIA MEXICANA

Liliana Mendizábal Hernández Universidad Nacional Autónoma de México, México

[Ketzalcalli 1|2013: 51–61]

Resumen: Se presenta una revisión del impacto que ha tenido la seguridad

humana en México, las acciones que la acompañan y su efecto en el proce-

so de mejoramiento de las condiciones de seguridad para la sociedad que

habita el territorio nacional. La premisa de la que partimos es que por sus

características universalistas la seguridad humana ha sido fácilmente in-

cluida en el discurso gubernamental de la protección a la sociedad nacio-

nal. No obstante, en la práctica este tipo de seguridad ha encontrado una

mayor proyección en el ámbito de las políticas de seguridad pública sin

que ello signifique la aplicación real de sus preceptos.

Palabras clave: Seguridad humana, seguridad pública, desarrollo humano

INTRODUCCIÓN La primera vez que se habló formalmente de la Seguridad Humana fue en el Informe de Desarrollo Humano de 1994, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo con este informe, la seguridad humana tiene cuatro características centrales: es universal, sus componentes son interdependientes, es más fácil velar por la prevención que por la intervención posterior y está centrada en el ser humano. Asimismo, se señala que abarca dos aspectos fundamentales: la seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, así como la protección contra las alteracio-nes súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comu-nidad.

En los años noventa este nuevo tipo de seguridad sufrió una suerte de expansión acele-rada en la que se convirtió en el objeto de un gran debate teórico que señaló sus deficien-cias y ambigüedades. Principalmente, se argumentaba que su origen institucional le daba un carácter tan amplio que difícilmente podría llevarse a la realidad1. No obstante, al iniciar siglo XXI pareció haber un consenso más o menos generalizado sobre la necesidad de trans-formar la vieja concepción de la seguridad nacional centrada en el Estado, para avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma de seguridad de las comunidades humanas.

Por su flexibilidad y maleabilidad, en todo el mundo creció el interés por adoptar casi de manera inmediata los principios de la seguridad humana como elemento discursivo en

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temas tan amplios como el desarrollo humano, los derechos humanos, la seguridad nacio-nal e internacional, entre otros. La atención a sus siete aspectos centrales (seguridad per-sonal, ambiental, política, económica, social, alimentaria y comunitaria) abrió el espacio necesario para colocar al individuo definitivamente en el escenario de la seguridad.

Sin embargo, en este trance la seguridad humana ha sido sujeto de diversas y muy va-riadas interpretaciones. Este hecho la ha vuelto vulnerable y su definición ha sido puesta en duda por estudiosos y políticos interesados en llevar los preceptos humanistas a la vida cotidiana de la sociedad. Su carácter multidimensional hace complicada su asimilación, especialmente cuando se trata de la elaboración de iniciativas específicas de atención a los problemas de la seguridad.

En respuesta a ello ha crecido la conciencia de que para hacer operativo un concepto tan discutido debe llevarse a cabo un proceso de adecuación práctica que le de viabilidad a la seguridad humana en el mundo real. Es así como ha surgido, como alternativa a este concepto general, la aplicación del llamado ‘enfoque de seguridad humana’. Se trata pues de una observación general de la seguridad humana que tiene como objetivo aplicar sus contenidos a las acciones cotidianas de la seguridad de las personas2.

Este artículo tiene como objetivo el revisar el impacto que ha tenido la seguridad humana en México, las acciones que la acompañan y su efecto en el proceso de mejora-miento de las condiciones de seguridad para la sociedad que habita el territorio nacional. La premisa de la que partimos es que por sus características universalistas la seguridad humana ha sido fácilmente incluida en el discurso gubernamental de la protección a la sociedad nacional. No obstante, en la práctica este tipo de seguridad no ha encontrado los espacios propicios para desarrollarse, ni siquiera en el ámbito de las políticas de seguridad pública, área que podría considerarse natural para su aplicación. LA EXPERIENCIA MEXICANA En México como en América Latina la asimilación de la seguridad humana ha sido genera-lizada, en los años noventa la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) incluyeron a la seguridad de las personas como parte de su discurso para el desarrollo. En consonancia con la Organización de las Nacio-nes Unidas (ONU), principal promotora de este concepto, se ha asumido que la seguridad humana es complementaria a la seguridad del Estado y que por lo tanto, ésta sólo puede ser posible a través de él. Por lo tanto, el enfoque de seguridad humana necesariamente recae en el proceso de atención de las necesidades de seguridad dirigidas por el Estado, aunque puede involucrar a actores no estatales.

A nivel regional la seguridad humana ha encontrado en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), uno de sus medios de mayor difusión. A través de las acciones para la investigación y formación sobre la paz se han realizado diferentes reuniones de expertos que buscaron esclarecer la importancia y peso de la seguridad humana para la región, así como su relevancia en el campo de la difusión del desarrollo económico y humano. Entre el año 2000 y el 2002 se realizaron en Santiago de Chile primero, y Montevideo Uruguay posteriormente, dos impor-tantes reuniones de expertos que al amparo de la UNESCO sirvieron para discutir sobre el enfoque regional de la seguridad humana para América Latina. Posteriormente se realizó otra reunión de idénticas características en México que coincidió con el plan de acción de largo plazo 2002–2007, de la UNESCO, para la promoción de la seguridad humana3.

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En aquellos años los gobiernos nacionales experimentaron con la aplicación de los pre-ceptos de la seguridad humana y, como era de esperarse, creció la aceptación de la concep-ción amplia de la seguridad humana, es decir, la protección de las sociedades e individuos a toda amenaza a su existencia y desarrollo, y no sólo contra la violencia como apunta la con-cepción restringida de la misma. La creación de un consenso regional dio pie a la búsqueda de mecanismos para avanzar en esta materia, pero también se observa el gradual abandono de los debates acerca de la indefinición conceptual de la misma y, por consiguiente, de los problemas que puede causar el uso y abuso político de la seguridad humana4.

En general se acepta que América Latina no puede prescindir de políticas claramente definidas de seguridad humana y apoyo gubernamental para superar sus problemas de inseguridad humana, cuyo origen se encuentra en los altos índices de pobreza y la des-igualdad económica, política y social persistente en la región. La aplicación del enfoque de seguridad humana ha resultado en la revisión de los procesos de pacificación regional y su relación con la prevalencia de conflictos sociales, en donde resaltan asuntos como las mi-graciones, la descomposición social, los problemas ambientales, etc.

En México la posición gubernamental con respecto a la seguridad humana ha sido de aceptación, actitud que coincide principalmente con la disposición estatal de aceptar la vigencia y validez de los Derechos Humanos en el territorio nacional. Desde el final de los años ochenta hasta la fecha se han asumido y ratificado diversos instrumentos internacio-nales para la protección de los derechos humanos, económicos, políticos y culturales que tocan diversos aspectos relacionados con la seguridad humana. No obstante, ésta recibió una mayor cobertura en el área de la construcción de las políticas de seguridad partir del año 2007.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007–2012, (Gobierno de la República: 2007) documento rector de la acción del gobierno mexicano, se reconoció la validez de los principios del Desarrollo Humano Sustentable como eje rector del desarrollo para México. En él se propuso asegurar para los mexicanos la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. Al incluirse este concepto se establecieron las condiciones para incorporar al discurso oficial los preceptos humanistas que acompañan al desarrollo huma-no en las esferas ya señaladas, y en otras que interrelacionadas con ellas, como es el caso de la seguridad pública, también reciben su influencia.

Dicho documento establece a la Seguridad y al estado de Derecho como parte de sus ejes estratégicos, lo que creó el puente necesario entre el planteamiento general del desa-rrollo humano y el ámbito de la seguridad; concepto que por supuesto atiende tanto la política general de seguridad nacional como la de seguridad pública.

No obstante, el reconocimiento de la interrelación entre el desarrollo sustentable, la seguridad humana y la seguridad pública no es una tarea sencilla. Primeramente, porque si bien es cierto que, en términos teóricos se ha argumentado que la seguridad humana complementa a la seguridad del Estado, en la práctica no conocemos el verdadero peso que la seguridad humana tiene o puede tener sobre la seguridad estatal. Asimismo, aun cuando es sencillo reconocer una interdependencia entre la seguridad del Estado y la se-guridad pública, es difícil encontrar los espacios exactos de la seguridad pública en los que la seguridad humana puede actuar.

La experiencia mexicana en esta materia es poca y muy reciente, pues a pesar de que en el papel el PND abrió el camino para la implementación de conceptos novedosos, la realidad es que su aplicación es lenta y muchas veces poco eficaz. Para algunos expertos

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como Francisco Javier Peña, la seguridad humana es un elemento valioso para la recons-trucción del concepto de seguridad pública en México. Desde su perspectiva, “la seguridad humana conlleva la resignificación del concepto tradicional de seguridad, lo que implica otras construcciones teóricas. Por ello es válido abordar la problemática de la seguridad pública desde la perspectiva de la seguridad humana” (Peña 2011: 157).

Fundamentalmente, lo que encontramos en México es una larga tradición de construc-ción de las políticas de seguridad pública inspiradas en el combate al crimen y la persecu-ción de la actividad delictiva que, por un lado, cuanta con una infraestructura operativa definida, pero que por otro lado, debe hacer frente a las nuevas tendencias internacionales de protección y salvaguarda de la integridad de las personas, sus intereses, sus bienes y sus derechos. Este hecho provoca la confrontación entre dos formas distintas de planear y practicar la seguridad pública que difícilmente puede superarse sin la modificación de fon-do de las instituciones y fuerzas de la seguridad pública.

Ante las fuertes contradicciones que surgen entre la realidad mexicana y las nuevas tendencias teóricas, se han abierto paso otros conceptos como el de ‘seguridad ciudadana’5 que, sin ser adoptados en su totalidad, abogan por el desplazamiento de las viejas concepciones de la seguridad pública controlada por el Estado y la adopción de es-quemas de seguridad que protejan a los ciudadanos y le permitan el libre y pacífico ejerci-cio de sus derechos humanos.

El debate sobre la aplicación de la seguridad humana a la seguridad pública es extenso, pero para los objetivos de este trabajo consideramos importante señalar que, en términos generales, se trata de condicionar la relación entre ambos conceptos a la existencia de una situación ideal de seguridad para las sociedades humanas. No obstante, aun cuando el planteamiento resulta moralmente correcto, en la realidad la inclusión de una variedad tan amplia de factores en la consolidación del bienestar de la sociedad complejiza en extremos la realización tanto de la seguridad pública como de la seguridad humana. La realidad nos deja ver que las sociedades con altos niveles de desarrollo humano son sociedades más seguras, mientras que en sociedades con altos niveles de pobreza y marginación presentan serios problemas de inseguridad.

Para el caso mexicano es claro cuando observamos que ante el bajo desempeño econó-mico nacional de los últimos años y la descomposición de las condiciones de vida de la sociedad mexicana, los requisitos para cumplir con los preceptos del desarrollo humano se vuelven cada vez más difíciles. De ello da cuenta el descenso de nuestro país en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al bajar del puesto 57, obtenido en el año 2011, al 61 del 2013 (UNDP 2013). A pesar de que México es considerado como parte del ascenso general de Sur mundial, nada parece indicar que el desarrollo humano calificado por la ONU le signifique a la sociedad mexicana su mejoría general, y por ende, de su seguridad.

En este mismo sentido, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar de sus miembros en mate-ria de seguridad. La calidad de vida en nuestro país es más baja que en países como Tur-quía y Chile, con importantes deficiencias en sus servicios de salud y educación. Además, distintos estudios sobre el estado de la pobreza en México señalan que en más de veinte años, la población mexicana ha experimentado el empeoramiento de sus condiciones de vida (UNAM 2010).

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Más aún, en los ejercicios de evaluación de la seguridad humana que se han realizado por medios académicos o de la sociedad civil mexicanos, y que han desarrollado metodo-logías propias para su desarrollo, los resultados son evidentes en cuanto a la calificación negativa de México en esta materia.

Por ejemplo, en un ejercicio de evaluación general sobre los contenidos del discurso de la seguridad humana y la realidad mexicana, el autor Francisco Javier Peña comprobó que en los siete aspectos considerados por la seguridad humana México presentaba resultados negativos. Es decir, sin que existan mecanismos formales de evaluación de la seguridad humana, la simple verificación de los datos sobre temas como la seguridad personal, am-biental, política, económica, social, comunitaria y alimentaria demostrarían los altos nive-les de inseguridad humana que prevalecen dentro del territorio nacional. Los cuales pue-den ser considerados más grabes si la observación se realiza a nivel estatal y municipal.

(Peña 2011). Asimismo, este ejercicio sirve para comprobar que al no existir una defini-ción exacta de la seguridad humana y menos de herramientas para su medición, el resulta-do puede obviar aspectos en los que se hayan generado resultados positivos.

En esta misma línea, en la ciudad de México la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) elaboró un informe en donde bajo una metodología propia se propuso medir la seguridad humana de la ciudad más importante del país. El objetivo del “Informe especial sobre seguridad humana en la Ciudad de México 2006–2008 (CNDH 2008) fue el de medir los riesgos que enfrentan las personas que viven en el Distrito Fede-ral a la luz del concepto de seguridad humana, que considera situaciones de riesgo, peli-gro, contingencia o cambio repentino para superar las consideraciones sobre seguridad centradas en la violencia física.

A través de las acciones de la Tercera Visitaduría de la CDHDF que atiende otro tipo de inseguridades como las que genera la pobreza, los daños medioambientales, la inseguri-dad laboral, la falta de agua o necesidad de vivienda, se midió la incidencia de las quejas referidas a estas temáticas entre el año 2006 y 2007.

Evidentemente, se trata de un ejercicio que intenta medir la seguridad humana desde la perspectiva de los derechos humanos, pues como afirma el informe se atendieron que-jas individuales, familiares o colectivas en las que se consideró había una presunta viola-ción de algún derecho. El resultado fue amplio, pero con propuestas muy específicas y recomendaciones dirigidas a las instancias directamente relacionadas con las problemáti-cas analizadas. Su valía además de recaer en la forma de identificar problemas y solucio-nes, representa un paso más en la labor por desarrollar métodos para conocer el estado de la protección de las comunidades humanas que padecen inseguridad. SEGURIDAD HUMANA Y SEGURIDAD PÚBLICA Como señalamos líneas arriba, una buena parte de la atención que ha recibido la seguri-dad humana en México ha recaído el área de la seguridad pública. La integración en al Plan Nacional de Desarrollo de los planteamientos del Desarrollo Humano Sustentable sir-vió para establecer la interrelación entre el desarrollo humano, el Estado de derecho y la seguridad como factores necesarios tanto para el bienestar ciudadano, como para mejorar las condiciones de inversión económica en México. Sin embargo, las acciones guberna-mentales entre el 2006 y el 2012 contrastaron fuertemente con el discurso oficial.

Primeramente, porque en su afán por mejorar su imagen y aceptación ciudadana, la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa se propuso iniciar una lucha frontal contra las

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fuerzas del narcotráfico que derivó en la movilización de policías y militares cuyo accionar produjo severas violaciones a los derechos humanos y el aumento de la violencia en am-plias zonas del país. Asimismo, y como consecuencia de los compromisos financieros y políticos que asumió este gobierno con el de Estados Unidos, y de otros derivados del Tra-tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la iniciativa Mérida y el proyecto de incorpo-ración de México al Comando del Norte y a la Defensa Nuclear en el espacio de América del Norte (NORAD), se homologó el concepto de seguridad mexicano con el de Estados Unidos para acotar las libertades civiles y ampliar los poderes del Estado al militarizarse la seguridad pública.(Regino 2007)

La acción de la seguridad pública altamente represiva se centró en la persecución de los actos delictivos, sin que ello significara la atención a los factores originarios de la cri-minalidad. Ello dejó ver que, como en antaño, el Estado mexicano asumió una definición muy amplia de la seguridad pública en donde los involucrados en el sistema penal son los responsables ante la sociedad de producir la seguridad. El objetivo de este tipo de seguri-dad pública es la producir detenciones (reos) para generar una imagen de seguridad.

En la realidad, lo que experimentamos fue la ampliación del discurso gubernamental hacia el terreno del desarrollo humano sin que las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos hayan cambiado su desempeño tradicional. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública no integró esas ideas a sus acciones.

De acuerdo con Rodolfo García y Humberto Márquez, el que la presidencia mexicana se asesorara con instancias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, demostró el afán del gobierno mexicano de atacar el crimen organizado con acciones de mano dura. La militarización de la lucha contra la de-lincuencia da constancia de una reingeniería de la política de seguridad pública en sinton-ía con las políticas estadounidenses, más que la transformación o modernización de la seguridad mexicana. (García & Márquez 2013)

Por el contrario, el que las policías y el ejército hayan aumentado su importancia en la generación de la seguridad pública sólo nos demuestra que existe un distanciamiento entre los postulados del desarrollo humano y los de la seguridad pública. Es decir, si bien es cier-to que en los planes de desarrollo a largo plazo se incluyeron elementos o partes del con-cepto del desarrollo humano, principalmente identificados con la satisfacción de las necesi-dades de educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos hu-manos, estos mismos no se colocaron formalmente como parte o fundamento de la práctica de la seguridad pública, y mucho menos como elementos para la prevención delictiva.

En aquel momento podemos apreciar que existía una intención gubernamental por aceptar y asimilar en su discurso los nuevos conceptos de las relaciones internacionales, especialmente los que surgen del seno de la ONU. No obstante, persistió una fuerte reticen-cia oficial a modificar los términos clásicos de su actuación y manejo de las políticas de seguridad interna y externa.

Por ejemplo, nos encontramos que a pesar de los grandes cambios históricos naciona-les e internacionales, la seguridad nacional mexicana está definida en los mismos términos que en el pasado. Es decir, de defensa de la soberanía y la integridad territorial, el resguar-do fronterizo y la cooperación internacional para la defensa y seguridad territorial. Esto hace que la seguridad nacional se encuentre completamente desligada de un proyecto de desarrollo económico incluyente, ambientalmente autosustentable y democrático. Por lo tanto, la seguridad pública no puede transformar su misión, pues no existe un verdadero

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cambio en el eje rector de la política nacional general que considere realmente al desarro-llo humano y por tanto el enfoque de seguridad humana.

En el fondo de esta discusión se encuentra la situación económica, política y social de México, que después de más de veinte años de aplicación de las políticas neoliberales, pa-dece altos índices de pobreza, desigualdad y descomposición social, factores que por sepa-rado o en conjunto impiden la consecución del desarrollo humano deseable. Asimismo, a pesar de que existen diversas propuestas académicas, políticas o provenientes de la socie-dad civil para arribar al desarrollo humano sustentable y, por ende, a la seguridad humana de la que tanto se ha hablado en el mundo entero, no se han promovido cambios económi-cos que lo posibiliten.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, parece haber una intención de marcar una diferencia en el manejo de las políticas de seguridad pública con respecto a la administración presidencial anterior. La sustitución de la Secretaría de Segu-ridad Pública por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (en enero del 2013), parece obedecer al replanteamiento de la estrategia gubernamental en esta materia. En ella se asegura que se abandonará la vieja concepción de la seguridad pública represiva y se op-tará por siete líneas de trabajo que observaran la prevención, un programa transversal de planeación, un programa nacional de derechos humanos, la reestructuración de las polic-ías estatales y de la procuraduría de justicia, así como la evaluación.

El planteamiento, aunque interesante, debe afrontar diversos desafíos. No obstante, pa-rece haber la intención, por lo menos institucional, de avanzar hacia estrategias que, sin enarbolar la seguridad humana de la sociedad mexicana, puede aportar algunos elementos para su desarrollo. En el momento en que se escribe este artículo no contamos con la infor-mación suficiente para demostrar que la política de seguridad pública haya generado resul-tados positivos en materia de seguridad humana. Probablemente, al final del sexenio tampo-co los veremos. Y es que como mencionamos líneas arriba, no existe una metodología exac-ta que nos permita medir el avance real de los preceptos de la seguridad humana o de su impacto en la aplicación de los instrumentos de la política de seguridad pública.

En el año 2014, el gobierno mexicano asegura que los niveles de criminalidad en el país han disminuido. El presidente Peña Nieto declaró en el mes de junio que la criminali-dad en México es un fenómeno localizado e identificado en los estados de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. No obstante, aún es pronto para identificar los efectos de la aplica-ción de una nueva visión de la seguridad pública, aunque es deseable que en un corto pla-zo el aumento de los niveles de seguridad pública sea el reflejo de la mejoría de las condi-ciones de vida de la población nacional. MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Sin lugar a dudas, la seguridad humana es un tema que ha sido recibido muy positivamen-te en México, y aunque se trata de un concepto en construcción, ha logrado que desde coordenadas muy distintas se trabaje y discuta sobre las estrategias para su consecución.

En este último año hemos sido testigos de importantes acciones a favor de la seguridad humana en nuestro país. La convicción de que nos encontramos frente a una manera de concebir la seguridad desde una óptica multifactorial ha dejado en claro que en el esfuer-zo para llevar acciones a cabo en esta materia deben incluir no sólo a los gobiernos, sino además a las agencias internacionales y a la sociedad civil.

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Un ejemplo claro de ello ha sido la puesta en marcha del Programa Conjunto para Mi-grantes en Tránsito6 que bajo el auspicio del Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguri-dad Humana se encarga de fortalecer las capacidades gubernamentales, de las organizacio-nes de la sociedad civil y de las comunidades locales para brindar mejor atención para la población migrante. La visita a nuestro país en octubre de 2013 de los encargados de este fondo fiduciario posibilitó la realización de un foro de discusión entre miembros del go-bierno, el poder legislativo y funcionarios de la ONU, en un primero momento, y posterior-mente la puesta en marcha un programa que articula sus objetivos con las políticas públi-cas migratorias locales y federales en nuestro país.

Los objetivos de este programa están enfocados a la atención de los migrantes (en su mayoría centroamericanos) que de manera permanente utilizan el territorio nacional co-mo puente para llegar a Estados Unidos. La atención del programa se centra en mejorar la seguridad humana de los migrantes, entendida bajo criterios muy amplios. Es decir, prote-ger a los individuos en situación migrante de las amenazas a su persona, sus derechos y su bienestar en general. La ONU a través de este instrumento, busca atacar las vulnerabilida-des a las que se ven sometidos los migrantes, por eso trabaja directamente con el gobierno federal y local de los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como con las asociaciones civiles que entran en contacto con este grupo itinerante.

Por otra parte, en la esfera legislativa, se realizó en 2014, el Foro la Seguridad Human como pilar del desarrollo social en México, en donde se reafirmó el papel de la seguridad humana como elemento definitorio de las políticas públicas y las reformas legislativas en México. El pronunciamiento de legisladores, académicos, miembros de los cuerpos de segu-ridad nacional y miembros de asociaciones civiles, representa un gran paso para la asimila-ción del concepto de seguridad humana en el diseño de políticas públicas. El significado de estas iniciativas es importante, pues el que la seguridad humana abandone el plano teórico es el primer paso para que pueda cristalizarse en la realidad como políticas públicas. CONCLUSIONES En el ejercicio de llevar a la realidad los preceptos de la seguridad humana se han desarro-llado propuestas y ejercicios de suma relevancia para la operatividad de un concepto am-plio, complejo y aún en construcción. En México la experiencia nos ha dejado ver las limi-taciones que supone el trabajar con un concepto que, aunque continente de importantes elementos para el desarrollo de la sociedad nacional, presenta serios problemas de aplica-ción a los problemas reales que impiden la consecución del desarrollo humano.

El que la seguridad humana sea observada por la seguridad pública plantea tanto desaf-íos como oportunidades. Primero porque al no existir una definición clara de este concep-to, la seguridad pública sólo puede apelar a la utilización de un enfoque general de seguri-dad humana que le permita establecer puentes entre los objetivos propios de su accionar y los que idealmente establece el concepto original emanado de la ONU.

El reconocimiento y aceptación del lazo existente entre el desarrollo y la seguridad humana puede resultar en una ventaja, más que en un obstáculo para la seguridad pública. Atacar los problemas de seguridad pública bajo principios humanistas puede transformar la concepción tradicional de la seguridad pública represiva en una seguridad pública pre-ventiva que atienda las necesidades de seguridad de la sociedad bajo nuevos postulados.

Desafortunadamente, para el caso de México la seguridad humana no ha logrado super-ar el ámbito meramente discursivo gubernamental. La búsqueda del desarrollo humano

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para México sin que se desplieguen políticas encaminadas a mejorar los niveles de vida de la población, ha redundado en la criminalización de la pobreza y en el despliegue de una seguridad represiva. En el periodo que corre entre 2006 y 2012 el gobierno centro su atención en la lucha contra el narcotráfico y no en la mejoría de la seguridad pública na-cional. Esto es, la seguridad pública se ha vuelto miope y torpe para tratar problemáticas distintas relacionadas con las necesidades de seguridad de la sociedad mexicana.

Quizá el efecto más importante que se ha operado tras la aparición del concepto de seguridad humana es el reconocimiento, por parte de la sociedad mexicana, de que es posible acceder a situaciones de seguridad que van más allá de la atención a los temas tradicionales de la esfera pública y que tiene que ver con la posibilidad de alcanzar una seguridad multifactorial interesada en la protección de los seres humanos.

A pesar de que en la actualidad no existen instrumentos específicos para medir la segu-ridad humana, resulta claro que la sociedad civil mexicana tiene interés por aportar desde diversas posturas su granito de arena para que la seguridad humana evolucione y se super-ponga a los viejos principios de la seguridad nacional clásica que antepone al Estado fren-te al individuo o a la sociedad.

Mientras tanto, parece crecer la opinión sobre la pertinencia de aplicar un enfoque de seguridad humana a temas tan relevantes para México como el desarrollo económico, la atención a las crisis medioambientales, la migración, entre otros que han sido puestos so-bre la mesa frecuentemente desde una perspectiva de derechos humanos y que actualmen-te son revisados bajo la perspectiva de seguridad humana.

La sociedad mexicana experimenta un proceso de concientización sobre la seguridad humana y, al igual que en otras partes del mundo el debate es permanente. Seguramente las conclusiones a las que llegaremos en México servirán para ampliar y enriquecer a la seguridad humana teórica y práctica. No obstante, el principal reto que tenemos de frente el lograr que la seguridad humana se instale en el debate político y se convierta en políti-cas públicas de atención a las necesidades de seguridad de los individuos y las comunida-des humanas de nuestro país. NOTAS 1. Se puede encontrar una muy buena compilación de textos al respecto en Chen L. Lincoln, Saki-

ko Fakuda–Parr y Ellen Seidensticker (2004).

2. En el año 2009, la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU publicó el documento:

Teoría y Práctica de la Seguridad Humana, en el que se explica que el enfoque de seguridad

humana puede hacerse operativo a través de la aplicación de los principios básicos de la seguri-

dad humana: se centra en las personas, es multisectorial, integral, es específica para cada con-

texto y su orientación preventiva. No obstante, al señalar los contenidos de dicho enfoque la lista

de condicionantes se complejiza de tal manera que, resulta casi imposible cumplir con cada uno

de los elementos señalados (véase Coordinación de Asuntos Humanitario – ONU 2009).

3. Una interesante compilación de artículos emanados de estas reuniones de expertos puede en-

contrarse en Rojas Aravena y Moufida Goucha (2002).

4. El debate crítico sobre la seguridad humana, sus contenidos y aplicación ha tenido lugar mayor-

mente en el medio académico europeo (véase Pérez de Armiño 2007).

5. La seguridad ciudadana es una situación o condición en la que los habitantes de una comunidad

pueden ejercer la generalidad de sus derechos en ausencia de violencia, con un nivel razonable

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de confianza de que se mantendrá en el tiempo (véase Salinas Escobar 2006).

6. La información detallada sobre este programa puede encontrarse en UNDP (2013b).

REFERENCIAS Chen L. Lincoln, Sakiko Fakuda–Parr & Ellen Seidensticker (eds) 2004 Human security in a global world. Cambridge: Harvard University Press. Coordinación de Asuntos Humanitarios/ONU. 2009 Teoría y Práctica de la Seguridad Humana: Nueva York: ONU. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 2008 Informe especial sobre seguridad humana en la ciudad de México 2006–2008:

México: CDHDF. Gobierno de la República 2007 Plan Nacional de Desarrollo, 2007–2012. México: Presidencia de la República. Senado de la República / LX Legislatura / AFES–Press. García Zamora, Rodolfo y Márquez Covarrubias, Humberto. 2013 “México: violencia e inseguridad. Hacia una estrategia de desarrollo y seguridad

humana”, en Nómadas: 2013: 381–409. Coordinación de Asuntos Humanitario – ONU 2009 Teoría y Práctica de la Seguridad Humana. Nueva York: ONU. Peña Razo, Francisco Javier 2011 La seguridad humana para la reconstrucción del concepto de seguridad públi-

ca en México: México: Universidad de Guadalajara / Miguel Ángel Porrúa. Pérez de Armiño, Karlos 2007 “Seguridad Humana: conceptos, experiencias y propuestas. El concepto y uso de

la seguridad humana: análisis crítico de sus potencialidades y riesgos”, Revista

CIDOB d'Afers Internacionals: Barcelona: 76: 59–77. Regino, Gabriel, 2007 “Seguridad pública en México: una aproximación al holocausto”, en Revista Cri-

minogenesis: México: 1 (1): 1–17. Rojas Aravena, Francisco & Moufida Goucha (eds) 2002 Seguridad Humana, prevención de conflictos y paz, Santiago de Chile: UNES-

CO / FLACSO. Salinas Escobar, Mauricio 2006 Reflexiones en torno al concepto de seguridad ciudadana y su situación en Chi-

le. En: América Latina en Movimiento, Agenica Latinoamericana de Informa-ción. Disponible en <http://alainet.org/active/20511&lang=es>.

UNDP véase United Nations Development Programme United Nations Development Programme 2014a Informe de Desarrollo Humano 2013. <http://hdr.undp.org/es/informes/mun-

dial /idh2013/capitulos/espanol/> (acceso XII/2013). 2014b Programa Conjunto para Migrantes en Tránsito <http://www.mx.undp.org/ con-

tent/mexico/es/home/operations/projects/poverty_reduction/apoyo–al–fortalecimiento–de–instituciones–gubernamentales–y–de–l.html> (acceso XII/ 2013).

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1994 Informe de Desarrollo Humano de 1994 <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial /idh1994/capitulos/espanol/> (acceso: XII/2013).

Universidad Nacional Autónoma de México 2010 México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo, México, Universi-

dad Nacional Autónoma de México.

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MIGRACIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL EN MICHOACÁN, MÉXICO

Teodoro Aguilar Ortega Universidad Nacional Autónoma de México, México

[Ketzalcalli 1|2013: 63–72]

Resumen: El objetivo de este trabajo es hacer un recuento de la forma en

cómo la migración ha modificado el componente demográfico en Micho-

acán y los elementos que han afectado los flujos migratorios de los michoa-

canos. En este sentido, la migración ha modelado la estructura y creci-

miento de la población en Michoacán, pero los flujos migratorios se han

ampliado o contraído en función de factores económicos, tanto nacionales

como internacionales.

Palabras Clave: Migración, crecimiento poblacional, estructura demográfi-

ca, Michoacán (México)

INTRODUCCIÓN El crecimiento poblacional en una nación está en función de tres factores, el número de nacimientos, el de defunciones y del saldo migratorio. Si existen elevadas tasas de natali-dad es de esperarse que la población crezca aceleradamente aunque también dependerá de las tasas de mortalidad observadas en ese mismo periodo. Por otra parte, el factor mi-gratorio puede ser determinante en una sociedad si existe una salida generalizada de per-sonas o la llegada masiva de otras. Actualmente nuestro país es una zona expulsora de población hacia los Estados Unidos y de paso de los migrantes centroamericanos que tam-bién buscan llegar al país del Norte.

Para el caso michoacano, si bien la migración tiene larga data es a partir de los años ochenta del siglo pasado cuando el factor migratorio alcanza tales dimensiones que incide en el componente demográfico en la entidad. A partir de esos años la variación en el nú-mero de residentes en Michoacán ha dependido en mayor porcentaje del número de mi-grantes que de las tasas de natalidad y mortalidad; es decir, los datos que reportan los Censos y Conteos Generales de Población y Vivienda están muy lejos del crecimiento na-tural de la población.

Ante ello, el objetivo de este trabajo es hacer un recuento de la forma en cómo la mi-gración ha modificado el componente demográfico en Michoacán y los elementos que han afectado los flujos migratorios de los michoacanos. En este sentido, la migración ha mode-lado la estructura y crecimiento de la población en Michoacán, pero los flujos migratorios

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se han ampliado o contraído en función de factores económicos, tanto nacionales como internacionales. MIGRACIÓN EN MICHOACÁN La vecindad geográfica entre nuestro país y los Estados Unidos y la relativa cercanía ge-ográfica de todas las entidades mexicanas con el país del Norte, ha propiciado que el prin-cipal destino de los migrantes mexicanos sea ese país. Según datos de INEGI, en el 2009, salieron de nuestro país 534 mil 725 mexicanos que cambiaron su residencia a los Esta-dos Unidos de América, ello significa en ese año cada día partieron de México mil 465 migrantes con destino al país del Norte (Aguilar 2012: 188).

La migración michoacana hacia los Estados Unidos se remonta a fines del siglo XVIII y se refuerza con el programa bracero de 1942, aunque hasta los años setenta del siglo pasa-do dicha migración tenía un carácter temporal pues los trabajadores michoacanos partían a trabajar al país del Norte y retornaban a sus lugares de origen una vez que se les vencía el permiso de trabajo o cuando lograban juntar una cierta cantidad de dinero. A partir de los años ochenta del siglo pasado la migración de los michoacanos hacia la Unión Ameri-cana comienza a ser permanente.

En este sentido, la tradición migrante de los michoacanos ha creado un flujo continuo de trabajadores hacia el país del Norte apoyados por las redes que se han ido formando entre los que aún residen en México y los michoacanos que ya viven al otro lado de la frontera. Esa tradición se remonta a poco después de 1848, con el desarrollo de la arriería y el comercio; cuando la parte norte de México pasó a formar parte de los Estados Unidos, muchos michoacanos llegaron a establecerse en aquellos territorios (Neira 2008: 284).

La tradición migrante de los michoacanos se fortaleció a partir del programa bracero pues junto con Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y San Luis Potosí, aporta-ron más de la mitad de los cinco millones de trabajadores que fueron a trabajar los cam-pos agrícolas en los Estados Unidos durante dicho programa. Por lo cual, la migración michoacana a Estados Unidos comienza a tener importancia para la entidad a partir de los años cuarenta, aunque como ya se mencionó la mayor parte de los trabajadores del pro-grama bracero migraban temporalmente a los Estados Unidos y una vez que terminaban su contrato regresaban a sus lugares de origen.

Sin embargo, la experiencia de trabajar en el programa les ofreció las herramientas a miles de michoacanos que aprendieron las rutas y las formas de trabajo en aquél país y comenzaron a irse a trabajar a los Estados Unidos ya sea dentro del mismo programa o por su cuenta. Pero, hasta los años sesenta del siglo pasado el grueso de la migración mi-choacana era temporal y sólo a partir de los años ochenta los michoacanos comienzan a radicar de manera permanente en el país del Norte.

Hasta 1970 el total de michoacanos que habían salido de sus localidades para vivir en los Estados Unidos era de 145 mil 501 personas. Aunque a partir de la década de los años setenta Michoacán comienza a mostrar tendencias crecientes de expulsión de población posición (CONAPO 2012: 111-112), principalmente hacia los Estados Unidos, debido a los problemas económicos en nuestro país. En 1980 había 190 mil 860 migrantes michoaca-nos (ver cuadro 1). En esos 20 años partieron de Michoacán más de 10 mil migrantes cada año. En 1980 el 11 por ciento de los michoacanos radicaba en los Estados Unidos; dicho porcentaje correspondía a 336 mil 362 michoacanos.

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Los problemas económicos de México durante la llamada crisis de la deuda provocaron un éxodo masivo de millones de mexicanos hacia el país del Norte, sobre todo a partir de la segunda mitad de esa década que fue cuando se sintieron con mayor dureza los estragos de la crisis. Aquí, los michoacanos fueron de los primeros en salir rumbo a Estados Unidos conducidos por aquellos que contaban con experiencia migratoria previa. Sólo durante la década de los años ochenta del siglo pasado 373 mil 988 michoacanos dejaron sus tierras para irse a trabajar al Norte (ver cuadro 1). Para 1990 más de 710 mil michoacanos hab-ían abandonado el país, que representaban el 17 por ciento de la población michoacana en ese año.

Pasada la década de los años ochenta la situación económica en México no tuvo mejora y las condiciones de vida de los mexicanos seguía retrocediendo, además de la crisis agríco-la que afectaba en mayor medida a algunas entidades, razón por lo cual la migración mexi-cana se mantuvo casi sin cambios durante los años noventa del siglo pasado. Para el caso michoacano la migración sí tuvo un evidente incremento pues en esos años más de 650 mil michoacanos se fueron al país del Norte. Aunque durante la primera mitad de esa década salieron 299 mil michoacanos y durante la segunda mitad los restantes 359 mil (cuadro 1).

Cuadro 1: Población migrante en Michoacán

(A) Porcentaje que representa de la población censada

(B) Porcentaje sobre la población estimada

La estimación se hace con base en considerar que del total de población faltante en la entidad,

el noventa por ciento de ella se ha ido hacia los estados Unidos, considerando un porcentaje

menor al que señalan las estimaciones de expulsión de población michoacana de CONAPO y

del gobierno de Michoacán.

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de CONAPO (1990) y INEGI (1961, 1971, 1981, 1991,

1996, 2001, 2006, 2011)

La palpable diferencia entre esos dos periodos tiene su explicación en el hecho que si

bien durante los primeros cinco años de la década de los noventa en nuestro país no se crearon los empleos que la población demandaba todavía las familias lograban sobrevivir a pesar de los bajos ingresos, el desempleo y la inseguridad. En ese periodo el ocho por ciento de los michoacanos emigraron hacia los Estados Unidos. Sin embargo, con el famo-so error de diciembre de 1994 y la consecuente crisis de 1995-1996, la economía familiar

Periodo Población Mi-

grante Porcentaje mi-

gración (A) Migración acu-

mulada Porcentaje acu-

mulada (B)

1960-1970 145,501 6.260 145,501 5.829

1970-1980 190,860 6.653 336,362 10.871

1980-1990 373,988 10.540 710,350 17.805

1990-1995 299,339 7.734 1,009,689 23.904

1995-2000 359,804 9.027 1,369,493 31.051

2000-2005 462,637 11.665 1,832,130 40.604

2005-2010 146,148 3.359 1,978,278 43.733

Total 1,978,277 7.891 1,978,278 43.733

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sufrió un duro revés y los michoacanos respondieron prontamente cuando el nueve por ciento de su población abandonó la entidad. Para el año 2000 uno de cada tres michoaca-nos por nacimiento radicaba en los Estados Unidos, lo que en términos absolutos corres-ponde a 1.37 millones de michoacanos.

INEGI reporte que hasta el año 2000; de cada mil habitantes de Michoacán, 42 habían salido con rumbo a los Estados Unidos con la intención de cambiar de residencia. Para hacer una comparación INEGI también señala que en ese mismo periodo el promedio de todo el país era de 16 por cada mil (López 2007: 102). Es decir, los michoacanos siempre han tenido una mayor predisposición para irse al “Norte”, casi el triple del promedio na-cional. De hecho, en la última década del siglo pasado, de cada diez migrantes que salían de nuestro país, uno era michoacano (Aguilar 2011: 136). sta migración ha sido de tal magnitud que ha transformado la dinámica demográfica en toda la entidad.

Con el cambio de gobierno en México las esperanzas de un mejor entorno económico hicieron pensar en un cambio radical en los flujos migratorios de los mexicanos; sin em-bargo, dichas esperanzas pronto se vieron desvanecidas y México mantuvo sus tendencias de expulsión de población. Michoacán no fue la excepción y durante los primeros diez años de este siglo más de 650 mil michoacanos huyeron hacia los Estados Unidos (Mendoza & Tapia 2010: 17). Aunque, siguiendo la tendencia de la década anterior, la migración michoacana tuvo dos etapas migratorias muy marcadas.

Durante los primeros cinco años de este siglo 462 mil 637 michoacanos se trasladaron a los Estados Unidos, cifra que representa el 11 por ciento de la población de la entidad, aunque para el 2005 el número de migrantes michoacanos en el país del Norte era de 1.8 millones. Es decir, el número de michoacanos que salieron de sus localidades durante el primer quinquenio de este milenio ascendió a casi 100 mil por año. Lo que sitúa a Micho-acán como una de las entidades con mayor pérdida de población para esos años. Sin em-bargo, para el siguiente quinquenio de esa década la migración michoacana tuvo un gran repliegue pues sólo 164 mil 148 michoacanos huyeron hacia el país del Norte. En 2010 el 43.7 por ciento de las personas que habían nacido en la entidad se encontraban en los Estados Unidos; es decir, casi dos millones de exiliados michoacanos1.

El comportamiento de la migración michoacana durante la primera década de este siglo tiene su explicación por el hecho que durante los primeros cinco años el estanca-miento económico de nuestro país sumió a miles de mexicanos a la miseria y las familias tenían pocas opciones para mejorar su situación económica, una de ellas era irse a los Estados Unidos donde se insertaban en los servicios o la construcción principalmente. De ahí que el flujo migratorio de los michoacanos se haya disparado en esos años.

Pero la recesión económica en los Estados Unidos, cuyos efectos comenzaron a sentir-se desde 2007 arrojó a miles de mexicanos al desempleo en aquél país y en las entidades donde existe una larga tradición migrante las personas respondieron prontamente a esa situación y pospusieron su viaje al país del Norte en espera de una mejora en las condicio-nes económicas de aquél país. Además de las políticas anti inmigratorias de los norteame-ricanos que encarecieron e hicieron más peligroso el viaje a aquél país.

Por ejemplo, Las cifras señalan que sólo en 2012 fueron expulsados de los Estados Uni-dos un aproximado de 35 mil michoacanos que debieron regresar a sus lugares de origen. En este sentido, los michoacanos, apoyados por la gran cantidad de familiares y amigos radicando en aquél país tuvieron información oportuna de la mala situación económica en los Estados Unidos y respondieron de manera pronta reduciendo su flujo migratorio en el corto plazo.

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CRECIMIENTO POBLACIONAL EN MICHOACÁN En Michoacán, la tasa de crecimiento natural de la población (nacimientos menos defun-ciones) no ha tenido cambios importantes en los últimos 30 años2, ello significa que la variación en el número de habitantes en la entidad no es causada por una alteración en estas tasas, sino en un factor como la migración. Los datos sobre migración permiten con-firmar que de esta entidad han salido más casi dos millones de personas en esos 30 años. De ahí el señalamiento de que uno de cada tres personas nacidas en Michoacán ya no vi-ven ahí. Además, las cifras oficiales señalan que poco más de 370 mil michoacanos salie-ron rumbo a los Estados Unidos en la década de 1990-2000, es decir, en diez años 11 de cada cien migrantes eran michoacanos (López 2007: 103).

Michoacán durante los primeros cinco años del presente siglo ha tenido un saldo nega-tivo en torno al crecimiento poblacional. Estimaciones propias revelan que del 2000 al 2005 Michoacán registró una disminución de 500 mil personas, debido al fenómeno mi-gratorio, cuyas consecuencias han recaído en que once mil localidades en todo el estado hayan sufrido un reacomodo geográfico y que prácticamente hayan quedado sólo habita-das por mujeres, niños y adultos mayores. Además, de acuerdo con los resultados definiti-vos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, en ese año residían en Michoacán un total de tres millones 966 mil 073 personas, de las cuales 52 por ciento eran mujeres y 48 por ciento hombres. Entre 2000 y 2005, la población de la entidad decreció a una tasa media anual del -0.1 por ciento, cuando en el quinquenio anterior creció a 1.2 por ciento.

De 1990 a 2010 la población mundial aumentó en dos mil 300 millones de personas, mien-tras que los países en vías de desarrollo duplicaron su población. Sin embargo, en el caso de México y de Michoacán se registró poco repunte en el crecimiento poblacional, que pasó de 100 millones de personas a 104 millones en un lapso de cinco años. Mientras que Michoacán registró un aumento poblacional de 3.9 a 4.3 millones en ese mismo lapso (INEGI 2011).

En los últimos 20 años ha ocurrido un proceso de cambio estructural en los patrones migratorios de los michoacanos hacia los Estados Unidos, sobre todo por leyes más estric-tas en contra de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, ello ha provocado la disminución del flujo circular de los migrantes que a su vez ha provocado la emigración de familias enteras y hombres y mujeres jóvenes (Arias 2012: 271).

Para nadie es un secreto que la entidad es una de las principales expulsoras de mano de obra hacia Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno ha tenido su impacto en una po-blación cada vez menor, y donde a diferencia de otras entidades, el estado presenta un fenómeno particular. Considerado por especialistas como un reto demográfico, complejo y difícil de encarar, debido a que se requieren conservar condiciones para que la población pueda mantenerse en sus lugares de origen, la migración ha tomado dimensiones preocu-pantes en el estado, en donde datos del INEGI indican que tan sólo en el 2005, 69 mil per-sonas salieron del estado.

Esto explica el hecho que la entidad, en el año 2000, estuviera catalogada con un gra-do Muy alto de intensidad migratoria y para ese año era la segunda entidad que más pobla-ción perdía por ese concepto. Según estimaciones del gobierno mexicano, para el año 2003, la población residente en los Estados Unidos y nacida en Michoacán era de un millón 59 mil 366 personas (Presidencia 2006: s/p); es decir, a principios del presente siglo, el 25 por ciento de la población nacida en Michoacán, según datos oficiales, radica-ba ya en el país del Norte.

Michoacán mantuvo una reducción progresivo en sus tasas de crecimiento promedio anual de 1960 hasta 1990, periodo en que dichas tasas fluctuaban entre el 3 y el 2 por

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ciento; aunque, como ya se mencionó cada vez más cercanas al límite inferior. En el mis-mo periodo, el promedio de crecimiento poblacional estaba por arriba del tres por ciento. Esta etapa del crecimiento demográfico en Michoacán se debió a varios factores, el princi-pal de ellos fue la salida generalizada de michoacanos al exterior a partir de los años se-senta del siglo pasado, pues en esos años las redes de migrantes que se formaron en la década pasada ya habían madurado como para sostener un flujo constante de michoaca-nos con rumbo al norte, eso favoreció la salida constante de michoacanos que se vio refle-jado en una reducción en las tasas de crecimiento poblacional de la entidad.

Si bien la evolución poblacional en Michoacán había estado muy cerca de los prome-dios nacionales de crecimiento poblacional, al llegar a la década de los años noventa co-mienza a darse un cambio muy marcado en las tendencias de crecimiento poblacional en la entidad. Dicho cambio se hace evidente al observar que, de 1970 a 1990, la TCPAP en Michoacán fue del 2.3 por ciento; y para la siguiente década esa cifra bajó hasta el 1.2 por ciento; es decir, de 1990 al año 2000, la TCPAP en la entidad fue casi la media a la obser-vada en las dos décadas anteriores (ver cuadro 1).

Para el caso mexicano, todavía la tasa de crecimiento poblacional de México tuvo un ligero aumento de 1990 a 1995, pues su la tasa se incrementó del 2 al 2.3 por ciento anual. Mientras que para el caso michoacano dicha tasa cayó por debajo del uno por cien-to. Es decir, a partir de 1991 se identifica un cambio demográfico en Michoacán, pues a partir de ese año las tasas de crecimiento anual de la población se redujeron acelerada-mente. Mientras en el año 1995 ya habían caído al 1.7 por ciento, para el año 2000 llega-ron al 0.6 por ciento. Como ya se mencionó, decremento de población que sólo ha ocurri-do en Michoacán. Esta reducción en el número de michoacanos se entiende por el hecho que nuestro país venía acarreando problemas económicos como fue la crisis de 1995-96 y ello acentuó la salida de michoacanos al exterior; además, que la migración tuvo un cam-bio estructural en esos años donde comienzan a emigrar tanto hombres, como mujeres y niños.

Durante el último lustro del siglo pasado y en el primero de este siglo, las tendencias de crecimiento poblacional en Michoacán y el promedio nacional eran muy similares. En ambos casos se observa una reducción gradual y sostenida de las tasas de crecimiento promedio de la población hasta el 2005, para el caso mexicano fueron del 1.2 por ciento, las más bajas desde 1920. Aunque, esa tendencia de acelerada reducción de población en Michoacán fue mucho más aguda y en los primeros cinco años de este milenio la entidad registró una tasa de crecimiento promedio anual negativa, de -0.1 por ciento. Este creci-miento negativo de población se entiende por la severa recesión económica que atravesa-ba nuestro país en esos años, donde no se crearon empleos y miles de personas perdieron sus trabajos.

A pesar de los graves problemas actuales que la economía mexicana enfrenta en los últimos años y cuyos pronósticos de mejora no son nada optimistas, tanto las tasas de cre-cimiento promedio anual de población en México, como de Michoacán, tuvieron un sor-prendente crecimiento en la segunda mitad de los años noventa; de 1.7 por ciento, para el promedio nacional y; 1.9 por ciento, para el caso michoacano. Esas tasas de crecimiento llevaron a que la población total en México se incrementara un 8.8 por ciento, mientras que para Michoacán el incremento fue mayor, de 9.7 por ciento. Es decir, en este periodo Michoacán tuvo un crecimiento poblacional mucho más elevado que el promedio nacional, cosa que no había ocurrido ni en el siglo pasado, ni en lo que va de este.

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El acelerado crecimiento de la población en Michoacán se deduce por el hecho que un gran porcentaje de los michoacanos han emigrado a los Estados Unidos desde mediados del siglo pasado, lo anterior implica que en aquél país radiquen aproximadamente el 25 por ciento de los oriundos de la entidad. Con los problemas económicos en los Estados Unidos, particularmente la crisis de 2008, miles de michoacanos han retornado a sus luga-res de origen en espera de una mejora en la situación económica y laboral del país del Norte y ese retorno masivo se ha visto reflejado en el acelerado crecimiento poblacional en la entidad, muy por encima del promedio nacional y también un incremento despropor-cionado con respecto a las tasas de natalidad en la entidad3.

Si bien el mayor porcentaje de emigrantes son personas que buscan trabajo y preten-der enviar remesas a sus familiares, la falta de opciones laborales pone en entredicho el objetivo de la migración y de ahí que algunos decidan quedarse más tiempo en nuestro país a la espera que mejoren las condiciones económicas en los Estados Unidos.

Finalmente, el cambio demográfico en la entidad parece no tener una clara dirección, sobre todo si se observa la pérdida tan marcada de población durante el primer lustro de este siglo y su acelerada recuperación en el segundo. Estos datos muestran una modifica-ción en las tendencias de crecimiento poblacional que en teoría deberían ser resultado de cambios en las tasas de natalidad y en general en las Tasas de Crecimiento Natural de la Población (TCNP)4. Aunque si incluimos la migración neta (número de emigrados menos número de inmigrados) las cifras pueden ser diferentes en la entidad. En general, las tasas de crecimiento anual de la población en Michoacán se pueden agrupar en cuatro etapas durante los últimos 50 años:

− La primera de ellas de 1960 a 1980, Michoacán crecía poblacionalmente 2.2 por ciento, en promedio. En esos 20 años la población total en Michoacán se incrementó un 24.5 por ciento

− La segunda comprende de 1981 a 1995, aquí Michoacán tenía una tasa de crecimiento promedio de 1.9 por ciento. En esos 15 años la entidad incre-mentó su población en un 16.4 por ciento

− La tercera etapa ocurrió durante el periodo de 1996 a 2005 la entidad tuvo una disminución en sus tasas de crecimiento al caer al 0.2 por ciento anual en promedio. Con un crecimiento acumulado de población de apenas el 1.2 por ciento

− Finalmente, de 2006 al 2010, ocurrió la cuarta etapa cuando la población en Michoacán creció a una tasa de 1.9 por ciento anual (similares a las del pe-riodo de 1981-1995), debido principalmente al retorno de miles de michoa-canos de los Estados Unidos. En total, la población michoacana creció al 9.7 por ciento

Esas cuatro etapas dejan en claro que el crecimiento demográfico en Michoacán está en función directa con las condiciones económicas de México y de los Estados Unidos, pues los ciclos económicos en ambos países concuerdan con las etapas de crecimiento y contracción de la población en la entidad. Además, se puede afirmar que la dinámica de-mográfica en Michoacán está determinada por los flujos migratorios. Es decir, la migra-ción michoacana tiene como causa principal la falta de un crecimiento económico que genere las opciones laborales y de ingreso que la población demanda, a su vez ésta ha sido de tal magnitud que ha modificado sustancialmente la dinámica demográfica.

Es que desde los años ochenta los michoacanos comenzaron a resentir los estragos de la economía mexicana; por ejemplo, la crisis mexicana de 1982 y la restructuración de la

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economía mexicana siguiendo los preceptos del neoliberalismo ocasionaron un grave dete-rioro social que ha contribuido a intensificare los flujos migratorios hacia los Estados Uni-dos y a desalentar el retorno de los migrantes (Tuirán 2010: 116). Actualmente, los mi-grantes que logran llegar al país del Norte no piensan en su retorno sino en la manera de llevarse a sus familiares para aquél país.

CONCLUSIONES La migración michoacana ha mantenido un flujo permanente desde fines del siglo XVIII pero hasta los antes de los años ochenta tuvo un carácter circular. El objetivo de los traba-jadores michoacanos era insertarse en actividades donde la población norteamericana difí-cilmente se ocuparía, enviar dinero a sus familias vía remesas y retornar después de un tiempo.

En esos años la migración era circular y los trabajadores migrantes mantenían el flujo migratorio de manera permanente; sin embargo, a partir de los años ochenta del siglo pa-sado la migración de los michoacanos comienza a ser permanente y el flujo circular se rompe debido a la dificultad de trasladarse continuamente a los Estados Unidos y a las constantes crisis económicas en nuestro país.

A partir de los años setenta el flujo migratorio de los michoacanos es de gran tamaño y comienza a tener un peso importante en la dinámica demográfica en la entidad. En los años ochenta la migración había alcanzado tal magnitud que el crecimiento poblacional en la entidad dependería no sólo de las tasas de natalidad sino de las tasas de migración.

Lo que se hace más evidente es que si bien el crecimiento poblacional está en función del tamaño de los flujos migratorios, estos a su vez dependen de los ciclos económicos de nuestro país y de los Estados Unidos. Se observa claramente que a medida que hay una recesión o crisis económica en nuestro país la migración de los michoacanos aumenta aceleradamente y ello modifica enormemente la dinámica demográfica. Por otra parte, la crisis económica en los Estados Unidos obligó el retorno de miles de michoacanos a sus localidades de origen y ello dio pie a un crecimiento demográfico muy acelerado en la entidad, poniendo en evidencia que el crecimiento demográfico depende mayormente de los flujos migratorios y estos a su vez de las condiciones económicas.

La migración michoacana sigue teniendo fuerte un componente económico aunque dicha migración se ve facilitada por la gran tradición migrante de los michoacanos. Aun-que si bien la tradición migrante de los michoacanos mantiene un flujo de michoacanos hacia los Estados Unidos, las condiciones económicas siguen siendo las que determinan que dicho flujo se amplíe o se reduzca.

Los problemas económicos en el país del Norte, que arrastró a nuestro país debido a la enorme dependencia de nuestra economía a la del norte, provocó el retorno generalizado de michoacanos; sin embargo, con el mejoramiento en las condiciones económicas en los Estados Unidos es de esperarse una salida generalizada de michoacanos que buscarán lle-gar a ese país en busca de trabajo pues las expectativas de la economía mexicana no son nada alentadoras. En este sentido, la migración michoacana hará aún más evidente que la misma está en función de factores económicos y con ello la estructura demográfica en Michoacán también habrá de modificarse en relación directa al tamaño de los flujos migra-torios.

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NOTAS * Este documento forma parte del proyecto titulado: Desarrollo económico, migración y empleo en

la región Lerma-Chapala de MIchoacán, a mi cargo que se está desarrollando en la UAER-UNAM.

1. En 2012 el gobierno michoacano, a través del ejecutivo, reconoció que además de los cuatro

millones de habitantes en Michoacán, hay otros dos millones de michoacanos de nacimiento en

los Estados Unidos (Agencia Mexicana de Información y Análisis, en: quadri.com.mx, publicado

el 4 Marzo 2012).

2. Estas estadísticas se pueden consultar en CONAPO y en el gobierno de Michoacán, se calculan

con base en el número de nacimientos registrados en la entidad y las actas de defunción expedi-

das.

3. De hecho, estas cifras echan en tierra el argumento de que la violencia que sufre la entidad en los

últimos años ha provocado la huida de miles de personas en Michoacán. Aunque de no existir

tanta violencia en esta entidad, sin duda, el incremento poblacional en esos años sería aún mayor.

4. Las Tasas de Crecimiento Natural de la Población se calculan con base en el cociente de la dife-

rencia entre el número de nacimientos menos el número de defunciones en un periodo específi-

co, entre la población total de una localidad. El dato muestra la tasa porcentual de crecimiento

poblacional en esa localidad en un periodo específico, generalmente un año.

REEFERENCIAS Agencia Mexicana de Información y Análisis 2012 Son 12 mil los beneficiarios del programa ex bracero en Michoacán. En: Quadra-

tin.com.mx, publicado el 04 marzo 2012. En: <http://www.quadratin.com.mx/regiones/Son–12–mil–los–beneficiarios–del–programa–ex–bracero–en–Michoacan/> (acceso: III/ 2013).

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HISTORIA URBANA DE PAYO OBISPO/CHETUMAL, QUINTANA ROO (1898–1955)

Juan Carlos Arriaga–Rodríguez Universidad de Quintana Roo, México

[Ketzalcalli 1|2013: 73–96]

Resumen: Revisión exploratoria de la expansión urbana de Payo Obispo/

Chetumal, ocurrida entre 1898 y 1955, generada por los cambios de la

economía primaria de exportación y el crecimiento poblacional. Se demu-

estra que el sector agro–forestal de especialización para la exportación

(chicle, caoba y azúcar) fortaleció progresivamente la función de Payo Ob-

ispo/Chetumal como nodo comercial intrarregional, a la vez que influyó en

el crecimiento del espacio urbano de la ciudad.

Palabras clave: Chetumal, frontera sur mexicana, historia urbana, chicle,

colonización

INTRODUCCIÓN La historia del crecimiento urbano de Payo Obispo/Chetumal refleja en gran medida el desarrollo económico regional de la frontera México–Belice. Ello se debe, en primer lugar, a que la fundación de la ciudad a finales del siglo XIX permitió consolidar el proceso de delimitación territorial entre México y Honduras Británica. En segundo lugar, vinculado con factores como la ubicación geográfica de la ciudad y su condición de centro político–administrativo, Payo Obispo/Chetumal ha dominado económica y políticamente a las loca-lidades agrícolas de la zona fronteriza con Belice. Por último, respecto a la infraestructura de transporte y comunicaciones, la ciudad ha sido el principal punto de enlace de la regi-ón fronteriza con las ciudades mexicanas de otros estados.

Algunas de las ciudades de la frontera sur de México fueron instaladas durante el perío-do colonial, o bien fueron espacios de poblamiento dependientes de aquellas. En el caso de Chetumal, sin embargo, no ocurrió así, pues fue fundada a finales del siglo XIX como un puesto de avanzada militar para vigilar y controlar la frontera, como centro de apoyo en la guerra contra el movimiento indígena rebelde de los mayas cruzoob y, en menor medida, para contener la expansión de colonos ingleses al noroeste del Río Hondo. Cuando el pobla-do de Payo Obispo (primer nombre oficial de Chetumal) fue fundado en 1898, la frontera ya estaba claramente identificada por el Río Hondo como límite natural de México con la colonia inglesa de Honduras Británica (según el tratado de límites Mariscal–St. John de 1893, ratificado en 1898).

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En cierta forma, Payo Obispo fue un asentamiento humano insertado en una región de frontera en la que las estructuras sociales estaban definidas por las prácticas económicas y sociales de los habitantes originales: los indios mayas. Con el poblamiento progresivo de Payo Obispo por inmigrantes mexicanos y extranjeros, esas estructuras fueron reemplaza-das por otras sustentadas en la agricultura de exportación. La circulación de personas, mercancías e ideas entre los pobladores de Payo Obispo y los de Corozal, Sarteneja o Con-sejo –poblados fronterizos de Honduras Británica con México– y los vínculos entre los productores, contratistas y comerciantes de maderas y chicle –ingleses y estadounidenses– fueron las primeras acciones que transformaron las estructuras sociales en la región.

En las primeras tres décadas del siglo XX, el Estado mexicano aplicó políticas de colo-nización y de fomento a la actividad forestal para toda la zona de frontera, mismas que tuvieron una fuerte influencia en la evolución del sistema urbano de Payo Obispo. Sin em-bargo, el objetivo central de esas políticas no fue impulsar el crecimiento del núcleo urba-no, sino poblar para ejercer dominio efectivo en una zona poco vigilada y controlada.

La ocupación de la frontera fue realizada para satisfacer la demanda de mano de obra de las actividades primarías de exportación. Esas actividades primarias fueron instaladas de manera sucesiva, sustituyendo a una actividad económicamente improductiva por otra más lucrativa. En este sentido, la producción del palo de tinte fue reemplazada por la pro-ducción de caoba, la cual a su vez fue complementada con la producción de chicle, de manera que ambas fueron las preponderantes hasta finales de la década de 1940. Posteri-ormente fue impulsada la producción de caña de azúcar, complementada con la ganadería y el cultivo de unos cuantos productos agrícolas (chile habanero, papaya, maíz y naranja). En conjunto, todas esas actividades primarias determinaron los cambios en los tipos de apropiación, división y transformación de las tierras agrícolas a lo largo de la frontera. En este proceso, tales actividades también afianzaron la configuración de Chetumal como nodo de comercio intrarregional.

Este artículo explora la vinculación entre el proceso de crecimiento urbano de la ciu-dad de Payo Obispo/Chetumal, el incremento poblacional causado por la inmigración la-boral y las transformaciones en la economía primario exportadora de la zona fronteriza de del Río Hondo. El período de análisis abarca de 1898, año de fundación de la ciudad, a 1955, fecha que marca el fin del Chetumal tradicional e inicia el proceso de transformaci-ón acelerada del paisaje urbano.

La hipótesis de trabajo es que las políticas de colonización y de fomento de las activida-des primario exportadoras en la zona fronteriza definieron a Payo Obispo/Chetumal como el centro nodal de una frontera agrícola. El sector agrícola de especialización para la ex-portación (chicle, caoba y, a partir de la década de 1950, azúcar) determinaron la función de nodo comercial intrarregional de la ciudad, a la vez que estimuló la expansión del espa-cio urbano a través de la inmigración laboral. EL ANÁLISIS DE LA HISTORIA URBANA DESDE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Para entender la historia económica y poblacional de Payo Obispo/Chetumal es necesario identificar los cambios en las estructuras sociales, así como los ritmos y los momentos en que ocurrieron esos cambios. Los cortes de tiempo están marcados por acontecimientos coyunturales que establecieron un cambio en la estructura económica. La permanencia de esta estructura puede ser medida en tiempos de mediana duración, que para nuestro caso de estudio tienen una escala de 17 a 20 años. Esta escala se refiere a la temporalidad du-

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rante la cual se manifiestan reiteradamente determinadas relaciones sociales de produc-ción, el dominio de determinada actividad económica y ciertas formas específicas de cir-culación de bienes y recursos entre la ciudad nodal y su periferia circundante.

En Ciencias Sociales el concepto estructura hace referencia al conjunto de reglas, roles, prácticas y relaciones que condicionan causalmente la acción social. Son relaciones que se manifiestan en la organización social y sus instituciones. Asimismo, son un patrón de rela-ciones sociales que se materializan en el tiempo y en el espacio, y que adquieren una gran variedad de formas. Las instituciones del Estado son las encargadas de regular los cambios en las estructuras; enmarcan o guían las relaciones sociales, las califican y especifican, legi-timan o sancionan. Existe una amplia variedad de tipos de estructuras (económicas, políti-cas, religiosas, poblacionales, de parentesco, etcétera), sin embargo en este artículo sólo nos enfocamos en las estructuras socio–demográfica y de la vida material o económica, dejando para otro texto el análisis de las estructuras política e ideológica.

Así pues, la estructura socio–demográfica se refiere a los cambios en el tamaño de la población local (por incremento natural y las inmigraciones) y a las características de género, edad, origen étnico, estratificación social, etcétera. Con esta estructura pretende-mos identificar los saltos en el tamaño de la población, vinculados con la expansión de la ciudad y con los procesos de circulación económica local y regional –particularmente en el volumen del consumo y en las relaciones de intercambio del núcleo poblacional con los poblados circundantes.

La información disponible para reconstruir el proceso de cambio de la estructura socio–demográfica en Payo Obispo/Chetumal entre 1898 y 1940 es escasa, imprecisa y poco confiable. Evidentemente, investigar este proceso es un trabajo que aún está por ser reali-zado: por un lado, seleccionando los indicadores más importantes que reflejen los cambios ocurridos en la estructura socio poblacional de la ciudad; por el otro, relacionando esos datos con el proceso de crecimiento urbano. En todo caso, abordamos el crecimiento po-blacional de la ciudad, el municipio y el Territorio con base en los datos registrados en los censos de población realizados por la Dirección General de Estadística (DGE).

Por otra parte, si bien el tamaño de la población de Payo Obispo/Chetumal creció, en términos absolutos, poco más del 450% en un periodo de cincuenta años (1910–1960), esa tasa acumulada no siguió una tendencia constante, pues presentó momentos de estan-camiento, e incluso de decrecimiento generado por eventos extraordinarios, por ejemplo la epidemia de influenza de 1919–1922, y los desastres naturales generados por los hura-canes de 1916 y el Janet de 1955.

Como podemos observar en la gráfica 1, fue a partir de la década de 1970 cuando la población de Payo Obispo/Chetumal experimentó un crecimiento acelerado, debido políti-cas de colonización dirigida, cuyo objetivo principal fue apoyar la transformación del Terri-torio de Quintana Roo en estado de la república y, con ello, a Chetumal en la ciudad capital y cabecera del municipio de Othón P. Blanco, simultáneamente. Así pues, la tasa de creci-miento poblacional en las décadas de 1960–1970 (84.25%) y 1970–1980 (139.43%) fue-ron superiores a las registradas en las décadas previas (DGE 1956, 1963, 1970, 1982).

Se debe resaltar que las políticas de colonización implantadas por el gobierno federal entre 1900 y 1960, no sólo apoyaron el crecimiento de la poblacional residente en Payo Obispo/Chetumal, sino que además influyeron en la expansión urbana de la ciudad. De igual forma, debe quedar claro que esas políticas de colonización no buscaron poblar una ciudad, sino ocupar y explotar una región.

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Por otra parte, en cuanto a la estructura económica, la definimos como aquella que se materializa, por un lado, en el comercio a larga distancia entre centros urbanos y, por el otro, en el comercio entre el núcleo urbano con los poblados y las unidades de producción de su propia periferia. La circulación económica permite identificar un área geográfica diferenciada (región), y explicar las funciones que cumple su centro urbano en el sistema económico regional.

Durante la etapa de conversión de campamento militar a localidad de administración burocrática (1916–1936), Payo Obispo/Chetumal fue consolidada como un nodo urbano de enlace para la región sur del territorio de Quintana Roo. Esto significa que a partir de

la designación de Payo Obispo como ciudad capital del Territorio en 1916, este centro urbano adquirió funciones de regulación fiscal, distribución comercial y provisión de servi-cios para los pobladores de la región sur (Macías 2007: 69). Durante todo el período que abarca este artículo, la principal actividad económica del poblado fue la reventa de mer-cancías de consumo diario –importadas de las colonias británicas Consejo, Sartenejas y Corozal y de Estados Unidos– a los jornaleros forestales y chicleros, y a las pequeñas co-munidades regadas en la zona fronteriza del Río Hondo.

La explotación de maderas (caoba y algunas variedades de maderas duras), palo de tinte y chicle fueron las actividades primarias que generaban la riqueza de la región, al tiempo que Payo Obispo era el centro de enlace para la exportación y fiscalización de las operaciones de comercialización de esos recurso. Esto se confirma con el hecho de que el mulle de Payo Obispo fue hasta la década de 1920 uno de los tres puertos en las costas del Golfo de México y el Caribe con mayor actividad en flujo de personas y mercancías (Macías 1997: 156).

Gráfica 1: Tasa de crecimiento poblacional (%)

Payo Obispo/Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (1996, 2010), DGE (956,1963, 1963)

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DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN EN LA QUE ESTÁ INSERTA LA CIUDAD DE CHETUMAL El territorio terrestre y marino de México está demarcado por los límites internacionales con Estados Unidos al norte, y Guatemala y Belice al sur. En el sur existen diversas zonas de frontera caracterizadas por los espacios urbanos que contienen, la diversidad cultural de sus poblaciones, y la singularidad de sus relaciones locales y de sus fenómenos trans-fronterizos. Asimismo, cada una de esas zonas está bajo jurisdicción de municipios. Son veintiuno los municipios que tienen derechos en la administración de la frontera en el sur de México: dieciséis en el estado de Chiapas, dos en Tabasco, uno en Campeche y uno en Quintana Roo (Tamayo 1996).

Los siguientes datos permiten entender la singularidad de la ciudad fronteriza de Payo Obispo/Chetumal. En primer lugar, el límite terrestre con Belice es el de menor longitud, comparado con los otros límites internacionales de México con Estados Unidos y Guate-mala; mide apenas 193 km. En segundo lugar, la frontera adyacente a ese límite interna-cional está bajo la administración de un sólo municipio, Othón P. Blanco. Tercero, en toda esa zona de frontera sólo existe un núcleo urbano que cumple los requisitos poblacionales para ser denominado ciudad; se trata de Chetumal, cabecera municipal de Othón P. Blan-co y, desde 1936, capital Quintana Roo.

Las características de localización geográfica, y de las estructuras urbana, poblacional y político–administrativa: cabecera municipal y capital del estado, simultáneamente, hacen de Chetumal una ciudad fronteriza con una dinámica espacial muy singular, tanto en lo local, como en lo regional y lo nacional. Es una ciudad de frontera en donde se desarro-llan procesos urbanos y sociales distintos a los que ocurren en otras ciudades fronterizas de México. Estos procesos se manifiestan en diversas escalas y son influenciados por la relación trasfronteriza con las poblaciones cercanas en Belice. Características biogeográficas de la zona de frontera México–Belice

La ciudad de Chetumal está ubicada al sur–oriente de la Península de Yucatán, en la des-embocadura del Río Hondo y en la bahía homónima de la ciudad. Sobre ambos espacios fluviales corre el límite internacional entre México y Belice. Está localizada en las coordena-das geográficas 18º 30’ 13’’ latitud norte y 88º 18’ 19’’ longitud oeste (INEGI 2011b: 10).

El terreno en Chetumal es rocoso–calcáreo, prácticamente plano –la altura máxima en la ciudad es de 10 m sobre el nivel del mar– con escasas pendientes y numerosas llanuras de inundación, pantanos y cavernas subterráneas. El suelo está compuesto de piedra cársti-ca, la cual es altamente permeable, lo que permite la filtración y acumulación de agua en el subsuelo. La roca del suelo ha sido sometida de manera natural a presiones de disolución–corrosión–construcción que con el tiempo han originado la formación de estanques de agua llamados “cenotes” en la Península (Schmitter–Soto, Escobar–Briones, et. al. 2002).

La ciudad de Chetumal está enclavada en el centro de un sistema hidrográfico. Las corrientes y cuerpos de agua dulce que rodean a la ciudad son la ya mencionada Bahía de Chetumal, el Río Hondo, y las lagunas de Bacalar, Guerrero y Milagros y el Estero de Cha-ac. Existen además numerosas corrientes subterráneas a poca profundidad que en algunos sitios emergen de manera natural y son conocidas como aguadas (INEGI 2011b: 10; Dalta-buit 2007: 51).

Los ríos Hondo y Azul son las únicas corrientes pluviales de superficie. En particular, el Río Hondo es navegable en la mayor parte de sus 160 km de extensión. Esta característica

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fue aprovechada hasta mediados del siglo XX para trasladar los productos forestales extraí-dos de la selva, o para transportar personas y mercancías entre Payo Obispo/Chetumal y los campamentos y poblados ribereños.

El clima de la región es cálido–húmedo, con lluvias abundantes en verano. La tempera-tura promedio anual es de 26.5º C, con una máxima de 30.6º C en verano y 20º C en in-vierno. La precipitación pluvial anual es de 1244.7 mm, característica que corresponde en México a la de una región de precipitación pluvial alta, sólo debajo de la región de muy alta precipitación pluvial (2,365mm anuales) que abarca la mayor parte del territorio de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. La humedad relativa oscila entre 71% y 86% (Carrillo, et. al. 2009: 14–16; INEGI 2011b: 10).

El sistema climático de la bioregión está dominado por tormentas tropicales y huraca-nes que ocurren entre los meses de junio y noviembre. Algunos de estos eventos climáti-cos extremos han seguido trayectorias sobre la ciudad que han dañado e incluso destruido la infraestructura urbana. Podemos mencionar para nuestro período de estudio, por ejem-plo, los huracanes de 1916 (sin nombre), 1942 (sin nombre), Janet de 19551. Debido a la orografía, la mayor parte de Chetumal es altamente vulnerable a los huracanes y tormen-tas tropicales, por lo cual la ciudad es calificada de alto riesgo de inundación.

La bioregión es megadiversa en especies animales y vegetales, terrestres y acuáticas. En la región que conforman la Bahía de Chetumal y la cuenca del Río Hondo, la vegeta-ción se caracteriza por sus extensas zonas de manglar y humedales, y tierra adentro, por una franja de selva baja subcaducifolia. Al oeste, en los límites con el estado de Campe-che, además de los numerosos canales, pantanos y lagunas, domina la vegetación de selva húmeda, con árboles medianos (de 15 a 25m de altura) y altos (de 30 a 50m de altura). La elevada precipitación pluvial media anual permite el desarrollo de árboles maderables de alto valor comercial como la caoba, y de especies no maderables como el palo ek (palo de Campeche) y el zapote. Del palo de Campeche, o palo de tinte como también se le lla-ma, se extrae, mediante cocción, un líquido que al ser mezclado con sulfato de hierro pro-duce un colorante vegetal que fue de gran demanda en Europa hasta finales del siglo XIX; en cuanto al árbol de zapote, de este se extrae una resina gomosa masticable llamada chi-cle, uno de los dos productos en los Quintana Roo sustentó gran parte de su economía durante la primera mitad del siglo XX; el otro fue la madera.

Hasta mediados de la década de 1940, Payo Obispo/Chetumal estuvo incomunicada por tierra y aislada del resto de las ciudades de la Península por la gran barrera selvática y fluvial que ya mencionamos, de manera que la única forma de llegar o salir del poblado era por barco. Debido a esta situación, el poblado fue percibido simbólicamente por sus habitantes como una de las islas de Quintana Roo. En aquellos años, el territorio de Quin-tana Roo estaba dividido en tres delegaciones: dos tenían sus cabeceras administrativas en una isla (Cozumel e Isla Mujeres); la tercera, Payo Obispo/Chetumal, aunque ubicada en la parte continental, como dijimos, estaba incomunicada por tierra (García 2001: 325).

LAS ETAPAS DE LA HISTORIA URBANA DE CHETUMAL, 1898–1955 El período de estudio que abarca este artículo lo hemos dividido en las siguientes etapas: la embrionaria (1898–1915); la de conversión de campamento militar a localidad de ad-ministración burocrática y comercial (1916–1935); y la de consolidación como nodo co-mercial intrarregional (1936–1955).

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Etapa embrionaria, 1898–1915

La etapa embrionaria de la historia urbana de Payo Obispo/Chetumal abarca los primeros diecisiete años del núcleo poblacional. Inicia con la fundación y el primer trazado del po-blado en una superficie de aproximadamente 13 km2 con 4 km de frente a la Bahía y 3.84 de fondo, aproximadamente, justo en la desembocadura del Río Hondo; concluye un año antes de la designación del poblado como capital del Territorio.

El establecimiento del núcleo poblacional se realizó en terrenos del distrito de Bacalar, que entonces pertenecía al territorio del estado de Yucatán, mediante un decreto del go-bierno federal emitido en noviembre de 1902. El nombre original del poblado fue Payo Obispo, en honor de un antiguo obispo de Guatemala, arzobispo de México y virrey de la Nueva España, Fray Payo de Rivera Enríquez (1622–1684) (Bautista 1980: 122; Bautista 1989: 15–16).

El poblado de Payo Obispo fue instalado en un lugar remoto e incomunicado de la peri-feria peninsular. Estuvo desvinculado económica y políticamente de las ciudades de Cam-peche y Yucatán hasta prácticamente principios de la década de 1950. En sus primeros cinco años, fue uno más de los poblados regados a lo largo del Río Hondo, tales como Cal-deritas y Santa Elena.

Los primeros edificios de equipamiento urbano fueron: el muelle, el taller, la bodega y la planta desalinizadora de la Flotilla del Sur; el muelle fiscal, un parque (el Parque Hidal-go), la casa de la autoridad municipal y la estación telegráfica. La Flotilla del Sur fue un grupo de la Armada de México que realizaba tareas de vigilancia y transporte militar entre Cozumel –en donde estaba localizada su base– y Payo Obispo.

En 1910 fueron trazadas dos nuevas calles: la 27 de Septiembre: hoy Plutarco Elías Calles y Centenario: hoy Lázaro Cárdenas. En lote ubicado sobre la calle Centenario, en-tre las avenidas 2 de Abril y 5 de mayo fue utilizado como el primer panteón municipal. Esta puede ser considerada la primera expansión del espacio urbano de payo Obispo.

Prácticamente desde la fundación de Payo Obispo, la arquitectura urbana tuvo una fuerte influencia inglesa. Las primeras casas y locales comerciales fueron construidos con piezas prefabricadas de madera, traídas de Honduras Británica. La técnica de construcción de este tipo de edificios ya era bien conocida por los primeros colonos, pues en su mayor-ía fueron refugiados mexicanos que huyeron hacia la colonia británica, debido a los ata-ques de los mayas rebeldes ocurridos en el siglo anterior. De esta manera, la arquitectura del poblado fue adquiriendo su estilo diferenciado entre los poblados de la península, pero sobre todo, fue un símbolo de estatus social y poder económico para sus poseedores.

Al igual que otros poblados fronterizos latinoamericanos de la época, Payo Obispo fue establecido para cumplir funciones específicas, definidas y asignadas por el gobierno cen-tral. Bajo esta condición, los asuntos políticos, económicos y administrativos de la locali-dad, y en general de todo el Territorio, se resolvían en la ciudad de México (Macías 1997: 53–54; Dachary y Arnaiz 1998: 115).

Las funciones asignadas originalmente a Payo Obispo fueron las siguientes: − Militar. Campamento militar de abastecimiento y apoyo en la campaña de las

tropas federales contra la guerra de resistencia indígena de Yucatán, iniciada en 1848 y finalizada, oficialmente, en 1901.

− Aduanero–fiscal. Regular la exportación de caoba, chicle y palo de tinte, así como recaudar impuestos por la explotación de estos productos.

− Vigilancia. Impedir el arribo de extranjeros “indeseables”, reprimir el contraban-do de maderas y erradicar el tráfico de armas para los indios mayas rebeldes.

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− Presidio. Por su situación de incomunicación y lejanía, Payo Obispo sirvió como colonia del “Cuerpo de Operarios”, un sistema de control de convictos –en su mayoría presos políticos que combatían al gobierno de Porfirio Díaz– a quienes se ocupaba en los campos chicleros y madereros; muchos morían por enfermedad al poco tiempo de haber llegado a los campamentos. Este sistema fue implantado en 1902 por el jefe del Territorio, el general Ignacio Bravo, y finalizó en 1911 cuando este militar porfirista fue reemplazado por el general maderista Manuel Sánchez de Rivera (García 2001: 328; Macías, 1997: 11–12; Higuera 1997: 88–94; Bautista 1980: 159).

En los primeros años, la fuente de riqueza económica de Payo Obispo fue la selva que lo rodeaba, en específico las especies de valor comercial como la caoba y la resina del chico-zapote. Ambas especies se explotaban de forma alternada, y aunque eran actividades com-plementarias, cada una obedecía a distintos ciclos del comercio extrarregional. Otras activi-dades primarias fueron la recolección de palo de tinte y coco, aunque pronto perdieron importancia. Debido al tipo de suelo y las características del agua, la agricultura era poco productiva, de manera que el cultivo de alimentos sólo se realizaba para el autoconsumo.

La actividad primario exportadora más importante en la zona de frontera fue la fabrica-ción de chicle. La producción intensiva de la materia prima de este producto inició hacia 1915, impulsada por la demanda de chicle generada durante la Primera Guerra Mundial (Ponce, 1990: 25). Ya comenzado este conflicto bélico, el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó grandes compras de chicle a las empresas American Chicle Compa-ny creada en 1899 de la fusión entre Adams Gum, Yucatan Gum, Beeman’s Gum, Kus–Me Gum y S. T. Britten y Wrigley Chewing Gum fundada en 1891, entre otras, para abas-tecer de esta golosina a sus tropas, pues se consideraba que tenía propiedades relajantes como por ejemplo calmaba los nervios y digestivas, además de que ayudaba a blanquear los dientes (Mathews 1969: 52–70, Konrad 1987: 467–468). Esas empresas se abastecían de la goma de chicle –la materia prima– producida en Campeche, Veracruz, Quintana Roo y, en menor medida, en Belice y Guatemala.

Tanto en México como en Guatemala, la producción de chicle estaba controlada por empresas extranjeras a las que los gobiernos de esos países otorgaron concesiones especia-les para la producción y el control del mercado. Las empresas instaladas en los estados mexicanos empleaban principalmente a intermediarios locales, quienes se encargaban de ‘enganchar’, ed decir reclutar y contratar a los trabajadores jornaleros: los chicleros, fabri-car la goma de chicle, empacar y almacenar la goma en los centros de almacenaje para la exportación –en la zona sur de Quintana Roo ese centro de almacenaje fue Payo Obispo. Asimismo, los intermediarios se encargaban de la compra de chicle producido por jornale-ros independientes, y con frecuencia también eran los encargados de la producción de maderera.

En Payo Obispo, las oficinas de los contratistas estaban ubicadas en las cercanías del muelle fiscal. Junto a estas estaban las bodegas de chicle y madera. En las oficinas se en-ganchaba a los chicleros independientes, y también se recibía a los presos que el gobierno federal enviaba a Payo Obispo a purgar sus condenas en el Cuerpo de Operarios (Konrad 1987: 477).

La pujanza de la economía del chicle estimuló la inmigración temporal y definitiva hacia la región fronteriza de Quintana Roo, especialmente de jornaleros chicleros origina-rios de Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán e incluso de Honduras Británica. Un buen número de chicleros mexicanos con sus familias fincaron su residencia en los caseríos

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regados a lo largo del Río Hondo o se radicaron en Payo Obispo; otro tanto incrementó la población de las centrales de producción chiclera como Chacchóben y Pucté (Konrad 1987: 499).

Es muy difícil tener certeza de la cantidad aproximada de la población que habitó Payo Obispo durante la etapa embrionaria. Algunas fuentes señalan (Secretaría de Economía 1956: 8–9), por ejemplo, que en 1905 el poblado tenía 1500 habitantes, y que para 1910 la población residente había crecido a 2112 personas. Es probable que la metodología utilizada para realizar el censo haya sesgado los resultados finales del conteo. En todo ca-so, un dato interesante, basándonos en la misma fuente, es que en veinte años, los habi-tantes de Payo Obispo equivalían al 23% de la población total del Territorio.

En las primeras dos décadas, la población inmigrante fue muy importante en la coloni-zación de Payo Obispo y el Río Hondo, y puede ser considerada como un ejemplo de las políticas de colonización impulsadas durante el porfiriato. En 1910 fueron registrados 2149 extranjeros como residentes en Quintana Roo (DGE 1956: 39), el 23.59% de la po-blación total del Territorio. Una parte de esos extranjeros establecieron su residencia en Payo Obispo. Por el país de procedencia destacaban los ciudadanos de origen anglo–beliceño, español, cubano, hondureño, turco, japonés y haitiano, en ese orden.

La población inmigrante radicada en Payo Obispo fomentó el comercio local, particular-mente de herramientas, utensilios, ropa y víveres importados de Corozal, Consejo y Sartene-jas y, a partir de 1924, de Estados Unidos. Durante la etapa embrionaria, el poblado dependió completamente de las mercancías importadas de Honduras Británica, vendidas a precios su-mamente elevados por los comerciantes locales, quienes a su vez eran los mismos arrendata-rios y concesionarios forestales. En un intento por evitar que la carestía de víveres y utensilios impidieran el desarrollo de la económica local, en 1901 el gobierno porfirista decretó una franquicia de zona libre para beneficiar a los pobladores de la frontera. La medida fue ratifica-da en 1905 y vigente hasta 1912 (Irigoyen 1934: 30; Bautista 1994: 14–15).

Ya hemos señalado que la economía de Payo Obispo dependía de la explotación de madera y la producción de chicle. Pues bien, durante la etapa embrionaria, para explotar la selva fueron impuestas las relaciones sociales de producción y la propiedad de la tierra, propias modelo agrario porfirista, las cuales consistieron en grandes latifundios y hacien-das que operaban mediante la explotación de la fuerza de trabajo de peones acasillados2 o trabajadores indígenas semiesclavos.

El decreto por el cual fue creado el territorio federal de Quintana Roo, con capital en Santa Cruz de Bravo (antes Chan Santa Cruz X–Balam Náh) fue emitido en 1902 por el gobierno de Porfirio Díaz –muy a pesar del gobierno y oligarquía yucatecos. Esta medida facilitó la explotación de la selva y la comercialización de las materias primas en los merca-dos de Estados Unidos e Inglaterra. La exportación de productos forestales fue impulsada mediante la entrega de concesiones a ciertas compañías madereras, el reparto de tierras a nuevos inversionistas nacionales y el apoyo a la colonización de aquellas tierras. La revali-dación de las concesiones de explotación forestal abarcó un área de aproximadamente 50 mil hectáreas; tres de esas concesiones estaban a lo largo del Río Hondo, una en Bacalar y la última en la costa del mar Caribe. Esas concesiones tuvieron una duración de 10 años, y aunque otorgaban derechos para la explotación de recursos forestales, no daba la propiedad de los terrenos (Villalobos 1993: 97). Las primeras concesiones fueron entregadas mayori-tariamente a inversionistas mexicanos, pero hacia 1909, prácticamente todas las concesio-nes estaban en manos de extranjeros.

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La toma de Chan Santa Cruz por tropas federales y el triunfo de la campaña en el sur contra los indios mayas rebeldes en 1901 fueron acontecimientos que abrieron el camino para que los inversionistas pudieran explotar las riquezas forestales en la frontera. Asimis-mo, dichos triunfos militares permitieron al gobierno federal establecer su presencia sobre esta parte del territorio peninsular. Sin embargo, el gobierno porfirista estaba consciente de que para ejercer dominio efectivo sobre la frontera y, al mismo tiempo, explotar las riquezas forestales de la selva, se requería poblar la zona.

La explotación de la riqueza forestal demandaba de trabajadores en abundancia. Una empresa forestal necesitaba mano de obra para realizar hasta una decena de tareas distin-tas. El trabajo en este tipo de actividades era extenuante y peligroso, lo que aunado a la rudeza del clima, las enfermedades, las alimañas, la incomunicación, la lejanía de las ciu-dades de la península y la escasez de víveres y productos de uso cotidiano, dificultaban la contratación de trabajadores.

Por lo tanto, durante la etapa embrionaria, la colonización de la frontera con Honduras Británica fue una condición necesaria para el sostenimiento y la viabilidad económica de la actividad forestal, pero sobre todo, para garantizar la sobrevivencia de Payo Obispo.

La colonización de la frontera fue encargada a las compañías deslindadoras de terrenos baldíos. Una de estas fue la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, la cual obtuvo la concesión de los terrenos en los alrededores de Payo Obispo para su coloni-zación (Macías 2002). Entre 1912 y 1913 fueron repartidas de manera gratuita 28 hectáre-as entre campesinos pobres, en lotes de una hectárea por campesino (Dachary 1998: 163).

La etapa de conversión de campamento militar

a localidad de administración burocrática y comercial, 1916–1935

La segunda etapa duró veinte años, aproximadamente, y estuvo delimitada por dos aconte-cimientos políticos. El primero fue el cambio de residencia del gobierno del territorio, de Santa Cruz de Bravo a Payo Obispo, en 1916; el segundo fue la derogación en 1936 del nuevo intento de desaparición del territorio de Quintana Roo.

Esta etapa se caracterizó por la transformación de Payo Obispo de un campamento de avanzada militar a una localidad burocrático–administrativa y núcleo coordinador de las actividades económicas preponderantes en la frontera (explotación forestal y del chicle). Otro elemento característico de esta etapa fue la evolución irregular en la producción y comercio de chicle –actividad sobre la cual descansaba la economía del Territorio y en particular de la ciudad.

La designación de Payo Obispo como capital del Territorio atrajo a una pequeña canti-dad de población inmigrante. Burócratas, soldados y comerciantes con sus familias fueron trasladados de Santa Cruz de Bravo a la nueva capital, reavivando temporalmente la activi-dad económica local y ampliando el área urbana hacia el norte con la incorporación de nuevos lotes de uso público, habitacional y comercial. En su nueva condición de capital del Territorio, Payo Obispo fue elevado a la categoría de ciudad –a partir de entonces, así quedó señalado en los censos nacionales de población— lo cual obligó al gobierno local a edificar la infraestructura urbana indispensable.

Además de la designación de ciudad capital del Territorio, Payo Obispo fue declarado cabecera municipal en 1917. La Constitución Federal de ese año estableció la figura del municipio para todas las entidades y territorios del país, de manera que Payo Obispo fue uno de los tres municipios de la entidad; los otros fueron Isla Mujeres y Cozumel. Así

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pues, en su doble carácter de ciudad capital y cabecera municipal, Payo Obispo adquirió una influencia muy importante en la administración pública de la región sur del Territorio.

Durante esta etapa, el gobierno del Territorio invirtió en las siguientes obras de equipa-miento: el edificio en madera del primer palacio de gobierno, en los terrenos anteriormen-te ocupados por la Flotilla del Sur; la modernización del hospital de campaña militar en la Delegación Sanitaria Marítima, posteriormente reemplazado por el edificio en mamposter-ía del Hospital Morelos (Fajardo 2004: 49); reconstrucción del muelle fiscal de 110 m de longitud y 3.8 m de ancho (Menéndez 1936: 105); los galerones de las escuelas de educa-ción básica Francisco I. Madero y Belisario Domínguez; los caminos de terracería hacia los poblados de Calderitas y Santa Elena, de 12km de largo cada uno; la torre de telefonía pública, que comunicaba a Payo Obispo con Calderitas y Santa Elena y con algunas cen-trales chicleras; el mercado y el rastro municipales; la reconstrucción de la torre telegráfi-ca, destruida por el huracán de 1916; una planta de energía eléctrica; tres aljibes techados para el servicio público, uno en Payo Obispo, otro en Calderitas y el último en Santa Ele-na; la adecuación de una pista aérea; y la nivelación de cuatro calles principales (Irigoyen 1934: 82; Hoy 1983: 90).

Es importante señalar que los caminos de terracería antes mencionados no reemplaza-ron al Río Hondo como vía para el transporte, comercio y comunicación de Payo Obispo con la región forestal, ni tampoco eliminaron la incomunicación de la nueva capital con las ciudades de la Península yucateca. Fue por eso que en un intento por superar la situa-ción de aislamiento, en 1929 inició el trazado de la pista de aterrizaje ‘Campo de aviación Morelos’ renombrada ‘Campo de Aviación Francisco Sarabia’ en 1940. La pista fue inau-gurada al año siguiente, y era utilizada en las operaciones de las aeronaves que transporta-ban chicle, servicio postal y pasajeros, primero entre Payo Obispo y Mérida, y a partir de 1940, entre Payo Obispo–Cozumel–Mérida. Esta pista formó parte de la red de los campos de aviación regados por todo el Territorio, destinados principalmente al embarque de chi-cle (Rosado 1940: 329; Méndez 1978; Sánchez 1994: 1)

Todas las obras de equipamiento antes señaladas fueron realizadas meses antes de que el Territorio de Quintana Roo fuera repartido entre Campeche y Yucatán. En 1931, el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la desaparición de Quintana Roo, en con-secuencia, Payo Obispo dejó de ser ciudad capital y municipio. La ciudad quedó bajo juris-dicción de Campeche, cuyo gobierno adoptó una serie de medidas fiscales y económicas que afectaron profundamente la economía de los habitantes y generaron la emigración de un tercio de la población.

El crecimiento poblacional de Payo Obispo ocurrido durante esta la segunda etapa fue interrumpido en tres ocasiones: primero por el huracán de octubre de 1916 que destruyó el poblado; luego, entre 1919 y 1920, a causa de una grave epidemia de gripe española (Hoy 1983: 90–91); por último, entre 1932 y 1933, cuando la ciudad perdió el estatus jurídico de ciudad capital. Según datos del censo de 1910, la población de Payo Obispo sumó ese año 2121 personas; en 1921 esa cantidad bajó a 1773, lo que significó una re-ducción poblacional del 16%. Posteriormente, en el censo de 1930 fueron contabilizadas 1790 personas; dos años después el cálculo fue de 1774 (Irigoyen 1934: 83), una caída equivalente al 36.4%. Así pues es evidente que la pérdida del estatus político administrati-vo de Payo Obispo fue más dañina, en términos poblacionales, que las epidemias y los desastres naturales.

No obstante lo anterior, el crecimiento poblacional acumulado durante la década de 1920 mantuvo a la aún ciudad capital como el centro urbano más poblado de Quintana

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Roo; hacia 1930, la población de la capital equivalía al 26% de los habitantes del Territo-rio. Durante esta última década, la población de Quintana Roo tuvo una tasa media de crecimiento anual de 5.85%, levemente inferior al 6.38% registrado en todo el distrito Sur (gráficas 1 y 2).

Al igual que en la etapa embrionaria de la ciudad, el crecimiento de la población en Payo Obispo durante las décadas de 1920 y la segunda mitad de 1930 fue impulsado por la inmigración de trabajadores para la economía del chicle y la explotación de madera en la región fronteriza. Entre los meses de junio y julio, cuando se realizaba el reclutamiento y contratación (enganche) de trabajadores chicleros, la población flotante crecía significa-tivamente; decenas de esos jornaleros inmigrantes se arraigaron en Payo Obispo.

Por otra parte, en cuanto a la economía del chicle, al principio de la década de 1920 el Territorio ya estaba claramente dividido en tres regiones productoras: la zona norte, con su base de acopio en Santa María, cuya producto se transportaba por mar de Puerto More-los a Cozumel, y por tierra a Tizimín y Valladolid; la zona centro, con su base de acopio en Carrillo Puerto, poblado de donde se transportaba el producto al puerto de Vigía Chico,

para finalmente enviarlo a Cozumel; la zona sur, con centro de acopio en Chetumal para el reenvío de la goma, vía marítima a Cozumel y vía aérea a Mérida (Ponce 1990: 7).

En esta última zona, las bodegas de acopio estaban ubicadas a lo largo del Río Hondo. Ahí también se guardaban víveres para los jornaleros y los fardos de chicle que posterior-mente serían trasladados por lancha a Chetumal. De esta manera, Chetumal era el centro de almacenaje regional y de exportación tanto de chicle como madera.

Independientemente de donde se produjera, el precio del chicle seguía los vaivenes de la demanda mundial. Durante la etapa de 1916 a 1936, el precio de la resina base tuvo tres momentos de auge, seguido de crisis severas. El primer momento de auge en la pro-ducción y precios ocurrió entre 1916 y 1918; fue impulsado, como ya se dijo, por el incre-mento de la demanda en el mercado de Estados Unidos. Entre 1919 y 1921 hubo un des-plome en la producción, prácticamente a los niveles de 1905. A partir de 1922, la produc-ción y los precios crecieron nuevamente, para sufrir una nueva caída en 1929. La produc-

Gráfica 2: Crecimiento poblacional (asoluto) – Payo Obispo/Chetumal, 1910–1960

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (1996, 2010), DGE (1956,1963, 1963)

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ción se mantuvo estancada hasta 1936, cuando la Segunda Guerra Mundial estimuló un nuevo auge, el más grande en la historia de la economía del chicle; la bonanza chiclera ini-ciada en 1936 se mantendría hasta 1942, para inmediatamente volver a caer y nunca más recuperarse (gráfica 3). En su momento de mayor auge, Quintana Roo aportaba el 44% de la producción mundial de chicle, detrás de Campeche que generaba el 52% de la produc-ción nacional (Konrad 1987: 471; Ponce 1990: 6). Asimismo, los derechos de explotación y comercialización del chicle generaban hasta el 58% de los ingresos de la tesorería local.

La mayor parte de la producción de chicle en Quintana Roo se exportaba a Nueva Or-leans, y de ahí era reembarcada a Chicago y Nueva York en donde estaban localizadas las plantas industrializadoras de las compañías Wingley y Adams. Uno de los principales com-

pradores al menudeo del chicle industrializado fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La industrialización del chicle consistía, básicamente, en adicionar azúcar y sabo-rizante o medicamentos como por ejemplo ciertos laxantes, aspirinas o jarabes para la tos, a la goma natural; el producto era suministrado a los soldados como parte de su equipo de campaña. Además del chicle industrializado, el Departamento de Defensa adquiría goma natural para usarla como pegamento en moldes de piezas militares. No sorprende, pues, que el gobierno estadounidense haya declarado material militar estratégico a la goma na-tural de chicle en 1943 (Redclift 2003: 162).

Así pues, la economía del chicle en las zonas de producción seguía los ciclos de deman-da y precios del mercado de Estados Unidos –lo mismo ocurría en el comercio de la made-ra. Por eso, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizaba compras extraordinarias, la demanda y el precio de la goma natural crecían significativamente. Esta situación se puede observar durante la Primera y Segunda Guerra mundiales.

En los momentos de bonanza en la economía del chicle se generaba un estímulo extra en la actividad económica de Payo Obispo. Por ejemplo, el crecimiento sostenido en las

Gráfica 3: Producción de chicle en Quintana Roo, 1918–1971

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Irigoyen (1934: 27), Dachary y

Arnais (1998: 160 y 247)

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exportaciones de la goma de la década de 1920, avivó la actividad del muelle fiscal. Para entonces, la instalación portuaria ya estaba consolidada como uno de los puertos más im-portantes para la transportación de dicha materia prima, y de importación de productos de uso cotidiano destinados al abastecimiento del mercado del Distrito sur del Territorio (Menéndez 1936: 104, 105, 112). Derivado de lo anterior, durante esa década fueron ins-taladas nuevas bodegas, tiendas y oficinas de intermediarios y contratistas de trabajadores chicleros y caoberos en terrenos cercanos al muelle fiscal.

Junto al muelle estaba la oficina de la Aduana Marítima y Fronteriza de Chetumal. La jurisdicción de esta oficina abarcaba toda la zona fronteriza con Honduras Británica. Re-caudaba impuestos y aranceles sobre gasolina, maderas, chicle, animales, derechos de tráfico marítimo y navegación. La Aduana ocupaba un edificio de dos pisos, construido en madera, en donde además estaba las siguientes las oficinas de las siguientes dependencias federales: correos y telégrafos, migración, servicios navales, Capitanía de Puerto, Direc-ción de Educación Federal, Delegación Sanitaria Marítima, Delegación del Departamento Agrario y Delegación Forestal, de Caza y Pesca (Menéndez 1936: 104).

El muelle también fue utilizado para realizar una actividad ilegal que marcaría la ima-gen de la ciudad fronteriza de entonces: el contrabando de importación (licores y drogas) y de exportación (chicle y madera). El contrabando generó un daño profundo en las finan-zas del gobierno del Territorio, el cual era sumamente dependiente de los ingresos aduana-les para financiar su gasto público. Al respecto, Ulises Irigoyen, autor de un estudio para la Secretaría de Hacienda federal sobre la situación económica del territorio de Quintana Roo, señaló que entre 1918 y 1924, el déficit fiscal acumulado fue de 6.57 millones de pesos, más de un millón por año (Irigoyen 1934: 29).

La economía del chicle entró en un ciclo de contracción en 1929 debido a la caída de la demanda en el mercado de Estados Unidos. En consecuencia, los ingresos para el go-bierno del local se redujeron significativamente. Esta situación, sumada al contrabando de importación y exportación, alimentó la idea de que el Territorio era inviable, tanto econó-mica como políticamente.

En un intento por contrarrestar los efectos en la caída de las exportaciones de chicle, en gobierno del territorio adoptó algunas reformas en las concesiones forestales, las cuales incluyeron el pago de impuestos por parte de los permisionarios, y el compromiso de estos últimos de colaborar en la construcción de la carretera entre Payo Obispo y el puerto Francisco I, Madero; la construcción de ese puerto estuvo planeada en la Bahía del Espíri-tu Santo, aunque nunca se construyó (Irigoyen 1934: 24; Higuera 1997: 161–162). A pe-sar de que la carretera no fue terminada, los ingresos del gobierno del Territorio sí se in-crementaron considerablemente (Dachary y Arnais 1998: 187).

Para entonces, las oligarquías yucateca y campechana ya participaban activamente en los negocios del chicle y la madera en Quintana Roo. A finales de 1931, mientras la eco-nomía del henequén estaba en plena crisis y enfrentaba las demandas del sindicalismo agra-rio, las economías del chicle y la madera estaban daban cierta confianza de estabilidad a los inversionistas. En este contexto fue que esas oligarquías impulsaron y apoyaron la demanda de sus gobiernos para que el territorio de Quintana Roo fuera repartido entre sus respecti-vos estados, lo cual ocurrió efectivamente en diciembre de ese año. Sin embargo, el 16 de enero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas dio marcha atrás a dicho decreto, y devolvió a Quintana Roo su estatus político administrativo anterior (Menéndez 1936: 63).

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LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN COMO NODO COMERCIAL REGIONAL, 1936–1955 La tercera etapa en la historia urbana de Chetumal tuvo una duración de veinte años, aproximadamente. Inició con la recuperación de Quintana Roo de su estatus de Territorio, y de Chetumal de su condición de ciudad capital. A diferencia de la etapa anterior, las figuras de municipio ya no fueron establecidas, en su lugar fueron creadas tres Delegacio-nes, una de las cuales tuvo su cabecera en Chetumal. Durante las dos décadas que duró esta etapa, el crecimiento del espacio urbano fue sostenido y, al final de la etapa, suspen-dido súbitamente debido a la destrucción generada por el huracán Janet de 1955. La ter-cera etapa coincide con el proceso de urbanización acelerada que ocurría en otras ciuda-des del país y con el ciclo de expansión económica nacional impulsado por la Segunda Guerra Mundial.

Al igual que en las etapas anteriores, la expansión urbana de Chetumal siguió el ritmo de los cambios en las estructuras económica y poblacional. En el caso de la estructura económica, los cambios en las relaciones de producción de las actividades chiclera y fores-tal estimularon el crecimiento de la economía de servicios (comercio, comunicaciones, salud, trámites administrativos, etcétera) en la ciudad. En el segundo caso, la ciudad mani-festó mayores índices de crecimiento poblacional, causados tanto por la inmigración, co-mo por los nacimientos.

Los cambios en las relaciones de producción de las actividades chiclera y forestal fue-ron consecuencia de las reformas impulsadas durante el gobierno cardenista. Esas refor-mas fueron la laboral, el reparto agrario, la nacionalización de la actividad agrícola y modi-ficaciones en las concesiones forestales.

La reforma laboral cardenista introdujo en el Territorio una serie de medidas que eran demandas de los sindicatos agrarios en otros lugares de la península. En Yucatán por ejemplo, los sindicatos reclamaban pago de salario mínimo, jornada de ocho horas, pago del séptimo día y prestaciones sociales. Con base en la Ley Federal del Trabajo de 1931, el gobernó del territorio implantó las reformas laborales que afectaron a las compañías privadas. Al respecto se pueden señalar el incremento del salario mínimo de 1.5 a 3 pesos, el decretó del domingo como día de descanso obligatorio y la jornada laboral de ocho horas. Todas estas medidas fueron adoptadas en 1935 (Baños 1993).

Por su parte, la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas impulsó en Quintana Roo la creación de instituciones públicas (la Comisión Agraria Mixta), promovió la forma-ción de cooperativas de trabajadores (la primera cooperativa chiclera fue creada en 1935; al final del sexenio existían treinta y nueve que integraban a cerca de tres mil socios, además de una cooperativa de trabajadores forestales), alianzas entre la cooperativas (la Federación de Cooperativas Chicleras de Quintana Roo y la Federación de Cooperativas de Quintana Roo) y comités reguladores de la producción, comercialización, contratación laboral y vigilancia de derechos laborales (comité para el Fomento y Vigilancia de la Pro-ducción, Explotación y Exportación de la Riqueza Forestal). A través de estas instituciones se buscó socializar la economía chiclera, aunque sin afectar las relaciones capitalistas de comercialización nacional y de exportación (Konrad 1987: 471).

Además de la creación de las instituciones antes señaladas, la reforma agraria puso fin a las concesiones forestales que daban a las compañías privadas el dominio absoluto sobre las áreas de producción forestal. También se expropiaron grandes latifundios, modificando con ello la estructura de la tenencia de la tierra. En total fueron afectadas poco más de 900 mil hectáreas en todo el Territorio.

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Para eliminar el control extranjero sobre la producción de chicle y maderas, la organi-zación productiva fue transformada en propiedad ejidal a partir de 1935. Ese año, el presi-dente Cárdenas nombró jefe del Territorio a Rafael E. Melgar. La primera medida agraris-ta que adoptó el nuevo gobernador cardenista fue la creación de cooperativas –la primeras de éstas fue establecida Pucté, en el Río Hondo. La siguiente medida fue la creación de ejidos forestales en los terrenos anteriormente controlados por las concesionarias maderas y chicleras. Los terrenos ejidales fueron entregados a los cooperativistas, lo mismo que a comunidades de la zona maya.

El gobierno federal también intervino en la producción chiclera y forestal a través del Banco Nacional de México otorgando financiamiento a los contratistas y a las cooperati-vas, y negociando los volúmenes de producción y los precios con las empresas extranjeras (Konrad 1987: 480). Otras medida complementaria para impulsar el crecimiento econó-mico de la frontera fue el decreto de 1936 por el cual fue implantado el régimen de zona libre.

Sin duda, todas esas medidas fortalecieron a la economía del chicle y mejoraron el in-greso de los trabajadores chicleros y caoberos. Esto se confirma con el hecho de que, a partir de 1939, la producción de la goma natural creció de manera sostenida hasta llegar a su máximo histórico de 3,870 toneladas en 1942 –a partir de ese año, la producción em-pezó a decrecer (ver gráfica 3).

Las instituciones creadas durante el cardenismo para socializar la economía del chicle, sin embargo, no eliminaron la capacidad de influencia de los intermediarios y contratistas en el mercado del producto, por el contrario, ambos personajes se convirtieron en agentes indispensables para garantizar el suministro de materia prima a las compañías extranjeras. Por otra parte, dichas instituciones tampoco modificaron el método de reclutamiento de mano de obra ni mucho menos las técnicas de producción (Konrad 1987: 479). La con-servación del sistema social de producción y de las técnicas de producción tampoco elevó la productividad de las empresas chicleras. Por lo tanto, el incremento en el ingreso de los trabajadores chicleros fue más consecuencia de factores externos (incremento de la de-manda y de los precios) que a mejora en la productividad.

A pesar de lo anterior, el incremento extraordinario en el ingreso de los trabajadores agrícolas de la zona de frontera fomentó la demanda de bienes de subsistencia por parte de la población del Río Hondo, reafirmando con ello el papel de Chetumal como nodo comercial. En cierta forma, la bonanza de la economía del chicle financió la transforma-ción de la ciudad, no sólo en cuanto al crecimiento económico a través del comercio, sino también en términos de equipamiento, infraestructura e imagen urbana.

La primera medida de trasformación urbana ocurrió en 1937 con el cambió de nombre de la localidad, de Payo Obispo a Chetumal3. Fue un acto profundamente simbólico que formó parte de las medidas que buscaban erradicar la imagen de Chetumal como un po-blado semi–rural densamente habitado, a una ciudad en crecimiento. Esta medida estaba vinculada con las políticas para Quintana Roo del Plan Pro Territorios Federales. Este Plan del gobierno de Lázaro Cárdenas consistía en ejecutar en los Territorios de fomento pro-yectos de desarrollo económico, mejorar en la organización política y vincular a esas enti-dades con el resto del país (Taylor 200: 65–67).

En este sentido, como producto del Plan Pro Territorios Federales fueron ejecutadas entre 1937 y 1940 las siguientes acciones que tuvieron incidencia directa en el crecimien-to urbano de Chetumal: impulso el crecimiento económico de la ciudad a través de las actividades del sector servicios (comercio, comunicaciones y transportes, administración

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pública); segundo, la eliminación del aislamiento y la incomunicación terrestre de la ciu-dad; y tercero, la introducción de servicios y equipamiento urbanos.

En cuanto al fomento económico de Chetumal, el gobierno buscó incrementar y diver-sificar los establecimientos comerciales locales mediante la incorporación del Territorio, en 1936, en la ley de perímetros libres. La medida efectivamente impulsó la actividad co-mercial de la Ciudad –las tiendas incrementaron su oferta de productos importados y na-cionales– sin embargo también reforzó la costumbre de importar cada vez mayores volú-menes de mercancías, no sólo para el consumo local, sino especialmente para su reventa fuera del Territorio. Cabe señalar que el auge económico permitió la creación de una inci-piente industria local, básicamente de bebidas embotelladas, ropa, jabones, muebles, im-prenta y hielo (Menéndez 1936).

En lo que respecta al problema del aislamiento e incomunicación terrestre de la ciu-dad, el gobernador del Territorio, Rafael Eustacio Melgar, inició en 1937 la construcción de las carreteras esfaltadas Chetumal–Peto –prolongada hasta Mérida en 1958. También ese año fue ampliado el muelle fiscal y continuó la instalación del servicio de telefonía local. Asimismo, fue rehabilitada la pista aérea; renombrada Francisco Sarabia, en 1940.

Por último, el equipamiento urbano creció y mejoró significativamente. Durante el go-bierno de Rafael E. Melgar fueron instalados el Hospital Morelos aún en funcionamiento, la amplísima Escuela Socialista Belisario Domínguez: Centro Cultural de las Bellas Artes, el Mercado Benito Juárez, el penal Aquiles Serdán, el malecón, el Quiosco del Parque Hidalgo, el parque Josefa Ortiz de Domínguez popularmente conocido como parque de los Caimanes, el parque infantil Rébsamen, la explanada de la bandera: hoy Plaza de la Ban-dera. También fue remodelado en madera el Palacio de Gobierno originalmente denomi-nado Palacio Federal, y fue reubicado el panteón municipal sobre la Calle Efraín Aguilar, en donde se encuentra actualmente; hoy Panteón Civil4. Además, fueron empedradas las avenidas Héroes, 5 de Mayo y Juárez, dio inició la instalación del sistema de agua entuba-da y fue construido el aljibe público Lázaro Cárdenas ubicado en el espacio sur del merca-do Ignacio Manuel Altamirano, conocido popularmente como Mercado Viejo. El Censo de 1950 registró 5542 casas, de las cuales solamente 490 poseían el servicio de agua entuba-da, de manera que el aljibe prestaba un servicio muy importante para la salud de los habi-tantes de la ciudad (DGE 1953).

Probablemente la instalación pública más emblemática de la época cardenista en todo Quintana Roo fue la Escuela Belisario Domínguez. Esta obra fue inaugurada por el gober-nador Rafael E. Melgar en 1939. Fue equipada con biblioteca, talleres, imprenta, sala de exposiciones, una parcela escolar, jardín de niños, museo, un anfiteatro con capacidad para mil espectadores, entre otras áreas funcionales. También albergó a las oficinas de la Dirección de Educación Federal.

En síntesis las acciones de transformación del espacio urbano de Chetumal formaron parte del Plan Pro Territorios Federales ejecutado por el gobierno del presidente Cárdenas. Esas acciones fueron realizadas durante el gobierno de Rafael E. Melgar y significaron un cambio profundo en la imagen urbana y en las percepciones que sus habitantes tenían so-bre su ciudad. Para los chetumaleños, su ciudad colaboraba ya con el desarrollo nacional.

Las obras de equipamiento urbano continuaron con los gobernadores Gabriel R. Gue-vara (1940–1944) y Margarito Ramírez (1944–1957). Con el primero dio inicio la construc-ción de la carretera esfaltada Chetumal–Escárcega (1940), fueron erigidos el obelisco de la Explanada de la Bandera (hoy considerado uno de los monumentos emblemáticos de la ciu-dad) y los monumentos a la madre y al maestro localizados frente al Palacio de Gobierno.

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Por su parte, durante el largo gobierno de Margarito Ramírez fueron construidas las escuelas Presidente Obregón ubicada en el terreno que hoy ocupa el Congreso del estado y como primera telesecundaria en Chetumal la de Presidente Adolfo López Mateos; develó el monumento Álvaro Obregón frente a palacio de gobierno, permitió que se continuara la instalación de bustos de personajes históricos de México y el Territorio: “paladines de la raza y la República” (Menéndez 1936): a lo largo de la avenida de los Héroes. En una mala decisión, ordenó derrumbar la Torre del Reloj, monumento que hasta entonces era conside-rado el símbolo de la ciudad. También durante su mandato fueron inaugurados el mercado Miguel Alemán y el teatro Manuel Ávila Camacho; y fueron agregados el segundo y tercer pisos al Palacio de Gobierno, conservando su diseño original en madera (Xacur 1998).

Los edificios de uso comercial y habitacional que aparecieron durante esta etapa modi-ficaron la imagen arquitectónica del poblado, pues fueron construidos en ladrillo y cemen-to; anteriormente predominaban las construcciones en madera, de estilo inglés, comunes en Honduras Británica y en ciertas localidades de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Co-lombia. El estilo arquitectónico de las nuevas casas era de tipo ‘posmodernista’, influencia-do por las casas que en la misma época ya se construían en la ciudad de Mérida. Algunas de esas casas, ubicadas en las colonias Campestre y Centro, aún conservan su fachada original.

La ciudad creció con nuevas zonas habitacionales. Al oriente de la ciudad fueron insta-lados los barrios Punta Estrella, Pueblo Nuevo y Barrio Bravo. En el mismo rumbo cerca de la pista aérea fue construida una de las llamadas Colonias para Trabajadores Burócra-tas; la otra estuvo entre las calles Lázaro Cárdenas y Héroes de Chapultepec. La aparición de esas zonas habitacionales era síntoma de que la población local estaba creciendo en forma sostenida, especialmente la población inmigrante.

En efecto, los años del auge chiclero (1936–1942) fueron también tiempos de inmigra-ción hacia próspera ciudad. En 1940, la población de Chetumal había alcanzado 4,672 habitantes, aproximadamente; para 1950, la población sumaba 7,247 personas. La pobla-ción residente en Chetumal equivalía, en 1940, al 50% de la población del municipio y al 24.9% de la población total del Territorio. Para 1950 esa relación creció al 60.1% respecto de la población municipal y al 26.87% del Territorio.

Hacia 1944 la economía del chicle había iniciado su ciclo descendente, y al mismo tiempo comenzaba el ciclo ascendente de la economía del azúcar, actividad económica dominante en las décadas siguientes. La sustitución de una actividad económica por otra afectó, sin duda, los ingresos fiscales de la ciudad, y con ello estimuló la desaceleración de la actividad económica en Chetumal.

La crisis económica se conjugó con la crisis de gobernabilidad generada por el jefe del Territorio, Margarito Ramírez. Este personaje gobernó de manera despótica entre abril de 1944 y principios de 1958. Su administración fue calificada de corrupta e ineficiente por diferentes personajes políticos locales. En un intento por frenar los abusos del mandatario e instalar un gobernante nacido en el Territorio, ciudadanos chetumaleños –algunos sólo inconformes y otros plenamente disidentes– fundaron el Frente Renovador Quintanarro-ense en 1948. Otra organización enfrentada con el gobernador fue el Comité Pro Gober-nante Nativo, establecida en Cozumel en 1946.

En este contexto de crisis económica y política, la ciudad sufrió el desastre natural más grave de su corta Historia. El 27 de septiembre de 1955 Chetumal fue azotado por el huracán Janet, el cual marcó el carácter de los residentes y nativos de Chetumal, y además forzó el inicio de una nueva etapa en la historia urbana de la ciudad.

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CONCLUSIONES Como hemos visto a lo largo de este artículo, la expansión del espacio urbano de Payo Obispo/Chetumal puede ser analizado a través de los cambios ocurridos en las estructuras económica y poblacional de la localidad. Los ritmos en que ocurrieron esos cambios nos permiten dividir el período de estudio tres etapas, e identificar las características del pro-ceso de expansión urbana en cada etapa.

De esta manera, la etapa embrionaria (1898–1915) tiene una duración de diecisiete años. Inicia con la fundación de la ciudad y concluye un año antes de la designación del poblado como capital del Territorio de Quintana Roo. Las funciones asignadas originalmen-te al núcleo fundacional fueron: militar, aduanero fiscal, vigilancia y presidio. La economía del poblado pronto quedó atada a la actividad forestal. La ubicación geográfica de Payo Obispo fortaleció su función aduanero–fiscal, a pesar de que las condiciones del suelo, el clima, la insalubridad y el entorno hidrográfico frenaban el rápido crecimiento del poblado.

La segunda etapa (1916–1935) la denominamos de conversión de campamento militar a localidad de administración burocrática y nodo comercial. Esta etapa duró veinte años, y aunque estuvo delimitada por dos acontecimientos políticos muy importantes, la consoli-dación de la economía del chicle en el sur de Quintana Roo definió las características principales de la expansión urbana.

En este sentido, en la segunda etapa Payo Obispo dejó de cumplir funciones militares, pues la guerra con los indios rebeldes mayas ya había sido prácticamente sofocada. Aun-que seguía siendo un punto de control y vigilancia de la frontera con la colonia británica, el poblado ya había adquirido una triple función: núcleo coordinador de las actividades agroforestales dedicadas a la explotación forestal y del chicle que se realizaban en la re-gión fronteriza, centro político administrativo territorial–regional y nodo comercial.

La economía del chicle fue determinante en la expansión y estancamiento urbano de la ciudad. Esta actividad atraía inmigración, sostenía la actividad comercial, generaba los ingresos fiscales del gobierno del territorio y, muy importante, produjo varios de los símbolos de la identidad quintanarroense actual como por ejemplo el traje típico, danzas, música, o historias y leyendas de la vida del chiclero. En el caso de la inmigración, este fue el principal factor que estimuló crecimiento de la población en Payo Obispo durante las décadas de 1920 y la segunda mitad de 1930; una buena parte de esa población inmi-grante estaba conformada por trabajadores para la producción chicle y el corte de madera en la región fronteriza.

La ciudad permaneció incomunicada por tierra de las principales ciudades de la Penín-sula, lo cual, por otra parte, fortaleció las relaciones sociales y comerciales con las comu-nidades próximas de Honduras Británica, en especial con Sartenejas, Consejo y Corozal. La única vía de transporte de personas y mercancías era por barco, en la ruta Payo Obispo–Cozumel–Progreso–Veracruz.

Por último, la tercera etapa, denominada de consolidación como nodo comercial regio-nal (1936–1955), fue de expansión del área urbana de la ciudad, ahora llamada Chetu-mal. Esta etapa tuvo una duración de veinte años, aproximadamente, y coincidió con los procesos de urbanización acelerada que ocurrían en otras ciudades del país.

Al igual que en las etapas anteriores, la expansión urbana de Chetumal siguió el ritmo de los cambios en las estructuras económica y poblacional. En el caso de la estructura económica, los cambios en las relaciones sociales de producción de las actividades chicle-ra y forestal estimularon el crecimiento de la economía de servicios (comercio, comunica-ciones, salud, trámites administrativos, etcétera). En el segundo caso, la ciudad manifestó

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mayores índices de crecimiento poblacional, causados tanto por la inmigración, como por los nacimientos.

Los cambios en las relaciones de producción de las actividades chiclera y forestal fueron consecuencia de las reformas impulsadas durante el gobierno cardenista. Las reformas fue-ron la laboral, el reparto agrario, la nacionalización de la actividad agrícola y modificacio-nes en las concesiones forestales. En conjunto, tales reformas permitieron un incremento extraordinario en el ingreso de los trabajadores agrícolas de la zona de frontera, lo cual a su vez fomentó la demanda de bienes de subsistencia, reafirmando la función de nodo comer-cial de Chetumal. En cierta forma, la bonanza de la economía del chicle financió la trans-formación de la ciudad, no sólo en cuanto al crecimiento económico a través del comercio, sino también en términos de equipamiento, infraestructura e imagen urbana.

En todo el período el estudio que abarca este estudio (1898–1955), el momento de mayor expansión urbana de Chetumal ocurrió durante esta etapa, específicamente durante el gobierno de Rafael E Melgar. Todas las obras construidas formaron parte de las políticas del Plan Pro Territorios Federales, diseñado por el gobierno del presidente Cárdenas para los Territorios federales de Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo.

Así pues, como resultado del Plan Pro Territorios Federales, en Quintana Roo fueron ejecutadas, entre 1937 y 1940, una serie de medidas que tuvieron incidencia directa en el crecimiento urbano de Chetumal. Identificamos al respecto: primero, el impulso al creci-miento económico de la ciudad a través del régimen de perímetros libres; segundo, la eli-minación del aislamiento y la incomunicación terrestre de la ciudad; y tercero, la introduc-ción de servicios y equipamiento urbanos. Ese conjunto de medidas generaron un cambio profundo en la imagen urbana y en las percepciones que los chetumaleños tenían sobre su ciudad. Para los locales, vivían en una ciudad mexicana que colaboraba con el desarrollo nacional.

A principios de la década de 1950, la economía del chicle estaba en plena decadencia, al mismo tiempo que empezaba a profundizarse la crisis política en la gubernatura de Mar-garito Ramírez. En este contexto, el desastre natural provocado por el huracán Janet forzó el inicio de una nueva etapa en la historia urbana de Payo Obispo/Chetumal, hasta enton-ces, la ciudad isla de la costa sur oriental de la Península de Yucatán.

Este artículo exploratorio intenta aportar una perspectiva diferente en la reconstruc-ción de la historia urbana de Payo Obispo/Chetumal. La novedad radica en la identifica-ción de las estructuras sociales que han marcado el ritmo en la expansión de la ciudad y, con base en estas estructuras, identificar etapas por las que ha transitado el proceso de expansión urbana. Aún falta por analizar la influencia de las estructuras política y de las mentalidades, lo cual forma parte de otra investigación. NOTAS 1. Otros huracanes que azotaron posteriormente a Chetumal fueron: Carmen de 1974, Dean de

2007 y Ernesto de 2012.

2. Los peones acasillados eran “trabajadores permanentes, alojados en las haciendas, que reciben

un jornal, ración de alimentos y otras prestaciones”. Véase Meyer, 1986.

3. En todo el Territorio fueron cambiados los nombres de los poblados que refirieran a santos y

extranjerismos. Por ejemplo, en la frontera sur, el poblado de Santa Elena pasó a ser Subteniente

López, y Menguel cambió a Álvaro Obregón.

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4. En este panteón fue instalado en diciembre de 1946 un pequeño monumento en honor de Rosa-

lino López, el famoso Subteniente López, en cuyo honor fue renombrado el poblado de Santa

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JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA – HACEDOR DE LA LIMPIEZA DE SU HONRA –

Rosa María Alcalá Esqueda Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Amparo Reyes Velázquez Universidad de Quintana Roo, México

[Ketzalcalli 1|2013: 97–115]

Resumen: Se presenta a Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla

de los Ángeles (1639), entre los dos polos que detractores y partidarios se

empeñaron en atribuirle a partir del pleito habido con los jesuitas que habi-

taban el territorio por él administrado. Bajo esa circunstancia se construyó

una imagen oscilante entre la maldad, la herejía y la deshonra, por un la-

do, y la santidad, la veneración y la honra, por otro. El trabajo se centra en

revisar cómo Palafox nace, vive y muere acunado por la polémica; noso-

tros sólo somos receptores de los avatares padecidos por este hombre extra-

ordinario.

Palabras clave: Compañía de Jesús, Nueva España, libelo

Cada vez que me ofendéis

de nuevo me hacéis morir

y gustáis que el cielo llueva

nuevas penas para mí.

Juan de Palafox y Mendoza Aunque los versos con los cuales iniciamos este texto pertenecen a la escritura poética anterior de don Juan de Palafox y Mendoza, más adelante obispo de Puebla de los Ánge-les, hallamos que en ellos nuestro ilustre personaje se acerca bastante al modelo de San Juan de la Cruz, y “contrahace o vuelve a materia sagrada una composición de aire popu-lar” (Buxó, 1995: 15). No obstante lo anterior, y leídos fuera de su contexto original y de su filiación sanjuaniana, bien pueden ser aplicados a la condición de profunda tribulación que sin duda alguna el prelado poblano experimentó a raíz del convulsivo pleito con los jesuitas1 durante su obispado en la región. Los acontecimientos alcanzaron tal magnitud y escándalo, que despertaron reacciones múltiples: asombro, beneplácito y contrición entre

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propios y extraños; pasión de toma de partido a favor o en contra de los protagonistas (Palafox y los jesuitas), de suerte tal que juanetes2 y palancas3 daban profusa y larga tela de dónde cortar.

Como sabemos, Juan de Palafox y Mendoza nació en Fitero, provincia de Navarra, Es-paña, el 26 de junio de 1600. Fue hijo natural4 de Jaime de Palafox y Mendoza, marqués de Ariza, y de Ana de Casenate y Espés5. Siendo ya un adolescente su vocación e inclina-ción inicial, dicen sus biógrafos, fue hacia las armas, mismas que después, y para fortuna nuestra, trocó por las letras. Hizo sus estudios primarios en Huesca, y los superiores en las universidades de Alcalá y Salamanca. Tuvo la fortuna de ser conocido por el rey Felipe IV en las Cortes de Aragón del año de 1626 a las que Palafox asistió como diputado por el estado de la nobleza. Agradecido el rey por los favores que éste prestó a la Corona en di-chas cortes lo nombró su consejero, después fue elegido como Fiscal del Consejo de Gue-rra, y posteriormente, en 1629, elevado al mismo cargo en el Consejo de Indias.

La primer función dentro de su carrera eclesiástica la desempeñó como Tesorero de la Santa Iglesia de Tarazona, más adelante como Abad de Cintra, Limosnero y Capellán Ma-yor de la Infanta doña María, emperatriz de Alemania y hermana de Felipe IV, quien con-trajo matrimonio con el Emperador Ferdinando III. Su cercanía con la emperatriz le hizo viajar a lo largo de dos años por Italia, Moravia, Bohemia, Suecia, Flandes y Francia. Vuel-to a España, continuó desempeñando su cargo del Consejo de Indias, recibió las bulas de Obispo electo, y fue consagrado en Madrid por el cardenal don Agustín Espíndola, arzobis-po de Compostela.

En 1639 fue elegido para ocupar la sede de la Puebla de los Ángeles, en la Nueva Espa-ña, y en diciembre del mismo año sale hacia su destino, a donde arriba el 24 de junio de 1640. Antes de emprender el viaje para tomar posesión de su diócesis, estuvo en Salaman-ca con el encargo de resolver un grave asunto en el Colegio Mayor del arzobispado. Como misión en tierra americana le fueron confiados los cargos de Visitador General de las In-dias y juez de residencia de tres virreyes6 de la Nueva España. Sabemos que enjuició con dureza al virrey marqués de Villena7 y que en 1642 lo suspendió en su oficio por hallar irregularidades; ese mismo año Felipe IV lo nombró virrey interino, gobernador, presiden-te y capitán general de la Nueva España, funciones que ejerció por poco tiempo. Los car-gos de virrey interino y capitán general los desempeñó hasta noviembre de ese mismo año, y fue relevado en el puesto por el siguiente virrey, el conde de Santiesteban.

La dureza y mano firme conque actuó en ánimo de cumplir en forma por demás recta los encargos encomendados le generaron simpatías y animadversiones. Simpatías por quie-nes ya cuestionaban la mucha laxitud que existía tanto en algunos espacios gubernamenta-les de la Nueva España como en el obispado cuya encomienda le correspondió; animadver-sión por quienes vieron puesto en peligro sus muchos privilegios no siempre alcanzados por el desempeño de una honrosa labor. Los rumores de una Nueva España gobernada con principios laxos ya preocupaba al reino español, y Palafox era un hombre ideal para encauzar por el camino recto tanto las vidas como las arcas del obispado poblano en el Nuevo Mundo.

Dentro de las obras trascendentes que llevó acabo durante su administración se desta-ca la conclusión de la catedral de Puebla, acción para la cual no escatimó esfuerzo alguno, digno de su talento, su cultura y su entrega. Esta circunstancia llevó a sus detractores a acusarlo de llenar por ello de deudas al obispado; también promulgó las Reglas y Ordenan-zas del Coro y las Constituciones para la Contaduría; dio Reglas a las Comunidades Reli-giosas; fundó el convento de Dominicas de Santa Inés de Monte Policiano; añadió al Semi-

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nario de San Juan el de San Pedro (dedicado a la gramática, a la retórica y al canto) y el de San Pablo (para grados académicos); creó el de Niñas Vírgenes de la Concepción, a todos los cuales dotó de bibliotecas. Correspondiendo a los caros deseos de Felipe IV armó la milicia local8, y se enfrentó a los jesuitas defendiendo la dignidad y los derechos de su iglesia diocesana. En suma, su presencia se hizo fundamental en el obispado, y me-reció el reconocimiento de quienes anhelaban esa recomposición, no así el de quienes fueron llamados al orden, ellos no pensaban lo mismo, y los ánimos se caldearon en serio.

Enmarcados en el litigio, los jesuitas realizaron una gran labor propagandística y de-tractora contra Palafox, generándose ridículas excomuniones cruzadas y cartas al rey y al Papa Inocencio X por parte del obispo. 1647 fue un año de gran polémica, circunstancia que obligó a Palafox a salir de su obispado en mayo de 1649 rumbo a España. A su regre-so al viejo mundo desempeñó el cargo de obispo de Osma (Soria) de 1654 a 1659, donde muere, pero su muerte no atenuó la polémica, ni su nombre quedó del todo resarcido pese al esfuerzo de muchos de sus partidarios. Un ejemplo de lo antes dicho es el juicio de resi-dencia de 1652 donde se le da por ‘bueno, limpio y justo’. Sus partidarios señalan que muere tal cual había vivido, ‘en santa pobreza’. Su cadáver fue enterrado en el presbiterio de la catedral, debajo de una sencilla lápida, en la cual se colocó un epitafio compuesto por el propio prelado. En 1666 sus restos fueron trasladados a una urna de piedra, y quie-nes presenciaron la exhumación de su cadáver aseguran que pudo observarse cómo su cuerpo conservaba aún su color natural, y que se hallaban íntegros los ornamentos sacer-dotales que le cubrían. Su causa de beatificación fue introducida en 1726, pero objetada por los jesuitas, sus eternos enemigos y detractores, convirtiendo la razón más en un asun-to político que de certificación de las manifestaciones milagrosas que después de su muer-te se le adjudicaban. Finalmente fue beatificado por la Iglesia el 16 de agosto de 1785, pero el Papa Pío VI suspendió el proceso de su canonización en 1790.

Un elogio hacia el prelado reza “Infatigabilis, eclesiasticae jurisdictiones acerrimus pro-pugnator et ex hoc aerummnosus”, cuya traducción es ‘Infatigable defensor acérrimo de la jurisdicción eclesiástica y por lo tanto sufrido pacientísimo’.

En un retrato que se halla en la Sala Capitular de Osma al calce se lee: “El Excmo. y V (venerable) Siervo de Dios, Sr. Dn. Juan de Palafox y Mendo-za, nono Obispo de la Puebla de los Angeles, Capellán y Limosnero Mayor de la Serenísima Emperatriz María Infanta de España, Electo Arzobispo de Méxi-co del Consejo de su Majestad en el Reino de las Indias y Supremo de Aragón, Visitador General de esta Nueva España, Presidente de la Real Au-diencia Obispo y Sr. de Osma” (Ayuntamiento de Fitero) 2011.

Para quienes le amaron y respetaron, Palafox y Mendoza fue un hombre de singulares do-nes de santidad y sabiduría, que logró plasmar en sublimes concepciones del arte la gran-deza de la suntuosa catedral de Puebla, cuya mole gris, atrevida y genial exhala una estéti-ca extraordinaria. La inspiración de los artistas, dicen sus partidarios, quedó subordinada al genio creador de Palafox quien con su temperamento dinámico arrancó de la inercia la chispa fulgurante de la gloria inmortal. Al ilustre obispo se le reconoce por su labor doctri-nal, por el mejoramiento de los conventos y aposentos de los religiosos, por las obras de caridad en favor de los pobres y de los enfermos, entre muchas otras labores dignas de mención; para quienes le recriminan por sus actos, fue un sujeto carente de título nobilia-rio, que llegó a ser virrey por las circunstancias que aprovechó para destituir al marqués de Villena. Lo tildan de carácter conflictivo, vanidoso y mentiroso, le acusan de que en el poco tiempo que gobernó el Virreinato se ocupó en demasía de asuntos de la Iglesia con la

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organización de ceremonias, pero que en lo externo de los usos religiosos hizo demolicio-nes y generó la pérdida de muchas piezas de gran valor9, de ídolos y obras de las antiguas culturas mexicanas; le imputan haber levantado una fuerza armada que de ninguna mane-ra representaba un ejército porque, seguramente, fue más para su seguridad personal que para defensa oficial; se le censura su franca inclinación hacia el clero secular, al cual per-tenecía, y casi se concluye que son estos algunos de los muchos motivos que dieron origen a su dificultad con los jesuitas, quienes se empeñaban en actuar fuera de su dependencia como autoridad religiosa, suscitándose entre ambos un pleito muy grave que trascendió en la Historia.

Quienes se han ocupado, o prefieren quedarse sólo con la parte vulgar de la polémica suscitada entre Palafox y los jesuitas, tienden a resaltar este hecho como lo más sobresa-liente de su estancia en la diócesis poblana dado que se propagó a muchos territorios, y resonó en ellos con estridencia por su acre contenido, y no solo en la Nueva España, sino también en Madrid y en Roma, allá en el siglo XVII. Y a modo del llamado karma (permítasenos la licencia del término), el mismo pleito sirvió más tarde -y fue usado con tintes por demás políticos- en el marco de la supresión de la Compañía de Jesús (mediados del siglo XVIII) cuando los enemigos de dicha orden sacaron todos los registros habidos y por haber, haciendo de los mismos una búsqueda acuciosa, casi enferma, y una lectura e interpretación tendenciosas, provocando el resonar fragoso de la trompetería bélica en el ámbito mundial. Este hecho reconoce como origen de la disputa entre Palafox y los jesuitas el litigio por el pago de los diezmos, y el que los jesuitas se negaran a mos-trar al obispo las licencias de predicar y confesar que éste en pleno derecho les exigía, por ser de su competencia.

Un sermón predicado en Puebla por el padre Legazpi, pese a la advertencia del auto episcopal con inhibición de confesar y predicar si no mostraban las licencias correspon-dientes, determinó a Palafox a publicar un apabullante edicto en el cual además de repetir la prohibición antes dicha, establecía excomunión mayor a los fieles de su diócesis que acudieran a las doctrinas y confesionarios de los jesuitas; a su vez éstos, en virtud del dere-cho que les competía de elegir jueces conservadores que examinaran la justicia o injusticia del edicto episcopal, usaron de tal derecho eligiendo para este oficio a los padres domini-cos, mostrándose así un craso fallo de prudencia del padre provincial de los jesuitas al no intentar primero algunos términos de reconciliación. Intervino además en este acto un yerro jurídico porque el decreto de Palafox era justo, aunque quizá cargado de emociones incontroladas, sutilmente disfrazadas de humildad, así como de algunas exageraciones y falsedades, por lo cual carecía de motivo el nombramiento de jueces conservadores contra él. La polémica y el odio se habían desatado y su ascenso iba en franco posicionamiento.

Los jesuitas comenzaron aquel famoso pleito apoyados por el virrey conde de Salvatie-rra, por las órdenes religiosas, y por algunos miembros del Cabildo, y se extendió por seis largos años, tiempo durante el cual fue de lamentarse la realización de hechos tan tristes como absurdos, como el intercambio de excomuniones, o la determinación de Palafox de buscar refugio seguro para su persona, o el declarar vacante su sede, sin estar en verdad vacante. Duras fueron las represalias que tomó el prelado, como es de suponer. Menudea-ron, hasta el ridículo, las amenazas y las excomuniones, y se multiplicaron escenas de vio-lencia lamentable, dotadas y salpicadas de extravagancia y vanidad pueril, cocinadas con el fiero ingrediente de la arrogancia y el empecinamiento mutuos.

Palafox escribió varias cartas al papa Inocencio X. De ellas la conocida con el nombre de Inocenciana se considera como el resumen de todas las extensas epístolas que escribió

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contra la Compañía de Jesús. Sus censuradores aseguran que en ella se perciben manifies-tos yerros y flagrantes contradicciones, que innumerables son las calumnias que éste amontona contra los jesuitas, pintándolos con colores tan horribles que el más vulgar sen-tido común se subleva contra aquella torpe manera de exponer los hechos históricos. Sea como sea, la realidad es que el propio Felipe IV, quien durante años había confiado plena-mente en la buena razón y juicio del obispo, le intimó la orden de regresar a España, y el 6 de mayo de 1649 Palafox se vio obligado a abandonar la Puebla de los Ángeles. Desem-barcó en el Puerto de Santa María en septiembre de dicho año. Compartimos con Pascual Buxó la idea de que la toma del obispado de Osma fue una degradación a su destacada investidura. En Madrid concluyó el litigio entre Palafox y los jesuitas con la firma de la Concordia del 20 de mayo de 1653, pero la realidad es que hasta la fecha perviven los puntos de vista encontrados y el odio enconado por parte de los jesuitas (aunque no de todos), quienes no han podido atenuar la fuerza del resentimiento y siguen oponiéndose a su canonización.

Desde nuestro punto de vista, resulta interesante la reconstrucción de la vida y la obra de Don Juan de Palafox y Mendoza, pero no desde el ángulo de la disputa ya aludida, o al menos no solo desde ella, porque eso sería empobrecerla. Convocamos ahora hacia la ob-servación de cómo desde su nacimiento su figura está marcada por una oscilación entre la honra y la deshonra, entendido el fenómeno solo como un asunto de carácter axiológico, donde ensuciar lo limpio y limpiar lo sucio pertenece al proceso ético moral que envolvió su vida; Palafox nació y murió en medio de batallas, y se fortaleció en medio de ellas, has-ta sucumbir. Su concepción y nacimiento parten de la deshonra, y su muerte no termina por brindarle el descanso eterno porque la lucha de partidarios y enemigos por lograr o no la beatificación, primero, y la canonización, después, le arrebatan la paz anhelada. Su for-talecimiento post mortem se lo dan sus partidarios quienes siguen en la lucha por llevarlo a la canonización y a la pazque merece. La exaltación de su figura como un hacedor de milagros está orientada a reconocerle como un ser impoluto, de virtud franca; lo opuesto, la no beatificación, la no canonización, la integración de algunos de sus escritos en el índex, y la calificación de herejes para quienes creen en su capacidad de obrar milagros, es señalarlo como un individuo manchado, enmascarado y carente de honra verdadera. Este es el tema que nos proponemos abordar en las siguientes líneas.

Partamos del nacimiento del pequeño Juan. Siendo hijo de ilustres personajes −un mar-qués y una señora principal− es desconocido y abandonado por ambos progenitores. La madre, ya lo hemos dicho líneas arriba, empujada por las condiciones sociales, familiares y religiosas, mediante el abandono del vástago intenta ocultar la deshonra que individual, familiar y socialmente le representa el tener un hijo fuera del sagrado sacramento del ma-trimonio. La condición ilustre de sus padres es solo nominal, porque en sentido humano, y como católicos practicantes, ambos caen en grave pecado que la Iglesia juzga en modo severo, aunque curiosamente al propio tiempo provee a las damas de familias principales, y por supuesto de recursos indiscutibles, la posibilidad de limpiar la honra mediante la reclusión de la infractora en los monasterios y su consecuente entrega vehemente a la vida piadosa que de ella se espera en adelante.

Colocados en la época de los acontecimientos, podemos entender el apremio de una mujer de noble familia quien ha entregado su amor sin reparar en las consecuencias que ello puede generar; podemos imaginarla atormentada por su conciencia y vilipendiada por sus padres a causa de haber manchado el buen nombre de la familia; aún la imaginamos en el agobio inútil porque el padre de su hijo reconozca la falta y cumpla como cristiano y

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como caballero. La verdad es que el marqués de Ariza desconoce su obligación religiosa y moral ante Ana de Casenate y Espés, del mismo modo que la dama desconoce las propias obligaciones morales ante el pequeño Juan, provocando un efecto de deshonra abrumado-ra que envolverá los primeros años de vida del pequeño. A su condición de hijo natural que empaña su nacimiento, debe agregarse la de hijo expósito (doble rechazo) y oponer a ello la fortuna de haber crecido sus primeros años en el seno de una familia humilde, cui-dado por un vasallo de su padre, pero rodeado de un amor que sus propios progenitores le negaron.

Algunos biógrafos aseguran que la madre de Juan, ya retirada en un monasterio, y vi-viendo la vida ejemplar que de ella se esperaba, en forma oculta compensó al honrado campesino, mientras que el marqués, su padre, decidió reconocer al pequeño y hacerse cargo de su educación y crianza, cuando éste tenía diez años, insertándolo dentro de las exigencias propias de su noble alcurnia. Para entonces la formación de un carácter noble, solitario, un tanto cuando retraído, pero firme, está cristalizada, porque los primeros años de su existencia habían sido marcados por la condición antes descrita, que él no ignoraba. Quizá la acción tardía de sus padres pueda ser considerada como un paliativo que resarce (limpia) en parte su actuación anterior. En adelante Juan de Palafox y Mendoza será soste-nido por el principio de honra, amor y respeto hacia los desvalidos que su condición humilde de los primeros años de existencia le donó, frente a la honra social (orgullo y en-soberbecimiento) que el nombre ilustre de sus antepasados le proporciona y exige. Quizá esta doble mirada equilibra el desarrollo ulterior de Juan, cuya inteligencia, dedicación y compromiso ante la vida prontamente se exhiben.

Como dato anecdótico, se recuerda el triste efecto que en su corazón causó el espectá-culo de la vida palaciega que experimentó a causa de su incursión en la corte, de suerte tal que cuando el marqués de Torres, su pariente, le pregunta sobre sus impresiones al respecto, en una sencilla redondilla le contesta:

Marqués mío, no te asombre

ría y llore, cuando veo

tantos hombres sin empleo

tantos empleos sin hombre.

(Medina, 1898)

Su reconocimiento en la corte es pronto y atinado, sostenido con méritos propios y com-plementarios. Los propios son su inteligencia, su dedicación, su honradez, su entrega de servicio, su vocación religiosa, y por supuesto su amor hacia los demás; los complementa-rios son el nombre ilustre que le acompaña, quizá su oculto orgullo herido que consciente o inconscientemente le lleva a una vertiginosa, límpida y brillante carrera eclesiástico académica. A los veintiséis años ya es uno de los favoritos de Felipe IV, ya se le han enco-mendado tareas importantes, ya camina por el mundo cortesano sin restricción alguna, ya se le tiene por hombre de bien y plenamente confiable en las tareas que le son encomen-dadas; su elección para ocupar el obispado de Puebla es solo una constatación más de la confianza absoluta que el rey vuelca sobre su persona; por su rectitud e inquebrantable fidelidad le asigna la resolución de graves conflictos, como el del Colegio Mayor en el arzo-bispado de Salamanca, y los asuntos varios que debe indagar, enfrentar y resolver en la Nueva España en general son de grave envergadura, y en particular para el obispado po-blano su misión es sustantiva.

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Ya como obispo de la Puebla de los Ángeles su impopularidad entre ciertos miembros de su grey tenía un sustento: desde 1640, fecha de su arribo a la ciudad de México, inició una reforma que en especial tocó las fibras sensibles del clero regular. Palafox trabajaba y atendía la salud de las almas, defendía la jurisdicción eclesiástica, exigía con amor la ob-servancia de los decretos del santo Concilio de Trento, velaba por los intereses de la Igle-sia y del Imperio recuperando los bienes administrados por algunas religiones, buscaba el pago de los diezmos eludidos desde hacía muchos años, pugnaba, en fin, por el cumpli-miento de las leyes, de los decretos y de las bulas papales, así como por el restablecimien-to de la armonía universal, a más de atender los avances en la construcción de la catedral angelopolitana. La firmeza mostrada por Palafox en sus nuevos cargos le granjeó odio y admiración al mismo tiempo; su labor implicó una reforma en todos los órdenes: el econó-mico, el moral, el de las costumbres. En la teoría y en la práctica fue un hombre de honra, que en palabra y en obra apelaba al fiel cumplimiento de la misma, sin discusión. Parafra-seando su redondilla podemos decir que ‘es un empleo con hombre y un hombre con empleo’. Al respecto Enrique Gómez Haro nos dice:

“Enconados y poderosos enemigos echóle encima el cumplimiento de su de-ber, como obispo (...) y más, aún, el cumplimiento de su deber como Visita-dor del Reino, como Virrey y Capitán General, particularmente como juez de los virreyes de Villena y Duque de Escalona, a quienes depuso de sus cargos, provocando la rabia del gran número de allegados y favoritos de esos perso-najes. Hasta los jesuitas de Puebla figuraron en aquella multitud contraria al Obispo, haciendo mucho mayor el escándalo que se produjo en todo el Re-ino” (Gómez 1997: 23).

Los datos que en adelante estudiamos fueron tomados principalmente de tres textos cardi-nales: dos cartas manuscritas −la dirigida en 1647 al padre Horacio Caroche, miembro de la Compañía de Jesús, y la escrita al sumo pontífice Inocencio X, con fecha 8 de enero de 1649− y un Memorial de oposición que el padre Tirso González, General de la Compañía, presentó en varias instancias buscando contener el progreso de las causas y procesos rela-cionados con la beatificación y canonización del extinto obispo poblano. Este último docu-mento fue suscrito en julio de 1698.

Los tres textos arriba enunciados se encuentran integrados en el volumen 444 de la galería 4, ramo inquisición, del Archivo General de la Nación(AGN). El primero se contie-ne de la foja 328 a la 375 bajo el título Carta del ilustrísimo y reverendísimo señor doc-

tor don Juan de Palafox y Mendoza, español y obispo en la América de la ciudad de los

Ángeles, decano del Consejo de las Indias, escrita al sumo pontífice Inocencio Décimo,

año de 164910; posteriormente, de la foja 376 a la 397 se halla el Memorial de oposición a que hicimos referencia líneas arriba. En él, en lo que podemos llamar ‘foja portada’, a la letra se lee:

(…) oposición hecha / al progreso de las causas y procesos de la beatificación y ca/nonización del venerable siervo de Dios el ilustrísimo y reverendísimo/ señor doctor don Juan de Palafox y Mendoza obispo que/ fue de la Puebla de los Ángeles en la Nueva España y des/pués de Osma en estos reinos de Casti-lla del supremo/ Consejo de Aragón, decano de las Indias, y satisfacción/ que se dio de ella en la junta de los sapientísimos cardenales/ en la curia romana, por Bernardo Peregrino, procu/rador nombrado en esta causa en 10 de marzo del año del/ del Señor de 1699 años” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

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Por último, de la foja 398 a la 438 encontramos la Carta que el obispo poblano dirige al

padre Horacio Caroche, miembro de la Compañía de Jesús. Como particularidad de am-bas epístolas hacemos notar que además de ser muy extensas están divididas en 160 capítu-los, lo cual facilita tanto su lectura como la referencia de los contenidos en ella albergados.

La calidad de copia atribuida a estos documentos se exhibe en el expediente como fiel a sus originales. El Memorial está precedido y seguido de las cartas −la dirigida a Inocen-cio X, primero, y la dirigida al padre Caroche, después−. El objetivo del destinador −el padre Tirso González− es argumentar las razones por las cuales la Compañía de Jesús se opone al progreso de las causas y procesos de beatificación y canonización de Palafox. Una epístola del mismo tenor presenta el padre González a los prelados de toda España, quienes −se afirma−, como lo hiciera Carlos II, tampoco responden a su petición por estar la causa en manos de los cardenales y el Papa, cabeza de la Iglesia. El asegurar la fidelidad del contenido de los documentos cumple para el padre González, y para la Compañía to-da, una función importante, a saber:

“(...) que con sólo su vista ha de formar vuestra señoría muy firme dictamen de la suma justificación de la pretensión de la Compañía que ha sido el que antes de darse paso en la causa del señor Palafox, se examinen los puntos y ápices de dicha carta, que con tanta animosidad han afirmado ser toda ella verdad, suplico aquí que vuestra señoría que la copia que pone en manos de vuestra señoría mi confianza no pase de ellas a otra porque acaso no se es-parza y venga de mano en mano en las del vulgo con los inconvenientes que se pueden temer” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición.

En nombre de esta religión el padre González le pide al rey Carlos II le conceda licencia para presentar ante el responsable de la Sagrada Congregación de Ritos, las especiales razones que le asisten, “(…) sin mezcla de pasión alguna que sea reprensible (…)” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición) −asegura−, las causas por las cuales la Com-pañía se opone al proceso que se ha iniciado; solicita, también, les conceda el beneficio de contramandar a Bernardo Peregrina, representante de la curia romana en esta razón, para que desista y cesen los oficios interpuestos en pro de tal intención porque, asevera, es no-torio tanto el destemple asumido por Palafox cuando dirige la larga epístola a Inocencio X, como las Inflamadas expresiones hijas de su furor, a más de probarse por su contenido el grave desafecto que dicho obispo tuvo contra esta santa religión.

Para reforzar sus palabras cita algunos capítulos de la carta en los cuales dice exhibir las atroces maldades de que falsamente Palafox acusó a los jesuitas; también deplora que el obispo, no contento con haber escrito al vicario de Cristo, haya comunicado a muchos su visión, en particular a jansenistas y calvinistas, recibiendo de ellos las alabanzas que los herejes divulgan contra la Compañía. Pero quizá el motivo de mayor peso al sustentar su argumentación sea que: “(...) los oficios con que vuestra majestad favoreciere esta causa vendrá a ser gravísimo perjuicio de honor a una religión tan santa pues será pretender que queden canonizadas sus deshonras canonizándose al autor de ellas” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

La carta citada −la escrita a Inocencio X− se anexa a este expediente de querella con la finalidad de que solo con su vista el destinatario tenga un firme dictamen de la suma justi-ficación de la pretensión de la Compañía; el destinador suplica, a la vez, que la copia de la misma no se esparza ni pase de mano en mano, por el peligro latente de que ésta caiga en poder del vulgo, con los inconvenientes que de ello se puede tener. Es claro que esta pre-vención sugerida cumple la función de descalificar, de deshonrar la figura pontificia y su

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labor desempeñada al atribuirle haber comunicado a muchos su particular visión que so-bre la Compañía de Jesús tenía, generando con esta acción mayor confusión entre la grey. El oprobio que muchos miembros de la Compañía sienten por las acciones del obispo es cobrado en los mismos términos, haciéndose un principio sustantivo la frase de que ‘quien a hierro mata, a hierro muere’.

Según el padre González, Palafox nunca probó los crímenes de que falsamente acusó a los jesuitas involucrados, de suerte tal que, asegura, el propio rey hubo de sacarlo de las Indias contra toda su voluntad, sosegándole con el obispado de Osma, donde Palafox volvió a incurrir en la desaprobación de las ordenanzas reales publicando un memorial contra una disposición del gobierno tocante a la inmunidad eclesiástica; por otra parte, insiste el padre González, todos los procesos ‘fabricados’ por el obispo contra los padres de la Compañía, y remitidos a la curia, fueron nulos por defecto de citación. No cabe duda que el escozor del pleito bañó a propios y extraños construyendo nuevos detractores y nuevos defensores a quienes culturalmente debemos la construcción de la imagen polémica del hecho.

La posesión de las parroquias, las licencias para confesar y predicar, y el asunto del dinero directamente relacionado con el pago de los diezmos, a más de la contradicción que observa en el modo de proceder de las órdenes mendicantes por cuanto al manda-miento supremo de la pobreza se refiere, convirtió a Palafox en el centro de todas las aten-ciones; sus acciones indirectamente construyeron el espacio propicio para que los habitan-tes de la Nueva España se involucraran en una lucha cruenta, ejercitándose en la ira y en la versificación satírica, lanzando todo tipo de injurias contra el obispo, generando bandos y controversias que amenazaron la estabilidad. Destacamos a manera de ejemplo el papel impreso donde se ordena que nadie obedezca al obispo ni a su provisor, los edictos de excomunión lanzados contra Merlo, primero, y Palafox, después; este último edicto −que ya de por sí era un exceso− resultó desbordante al calificar al obispo de desobediente a los mandatos y bulas apostólicos; aún más, los emisores del mismo ordenan que nadie quite, rompa, tilde o borre el despacho; y qué decir de las detenciones oprobiosas y los encarce-lamientos de destacados palafoxistas.

Viendo los padres jesuitas, dice Palafox, que con estas acciones no lograban su empre-sa y sí, por el contrario, que los pueblos se apartaran de la comunicación con ellos volcán-dose en defensa de su pastor, más se reafirmaron en su negación a las exhortaciones de negociación por él propuestas e hicieron caso omiso de sus consejos, dando paso a una forma más atroz y execrable de humillación con la cual buscaron −asegura− dar un fuerte golpe tanto a su dignidad como a su oficio. En el capítulo 38 de la carta dirigida a Inocen-cio X el obispo poblano narra así los hechos:

“(…) convocados los estudiantes que cursan sus escuelas (a quienes debían instruir con muy diferente doctrina) tomando por pretexto la fiesta del santí-simo fundador San Ignacio de Loyola, dispusieron dichos estudiantes una mascarada en la cual para menosprecio de mi persona, de mi dignidad y ofi-cio, y por mofar a los sacerdotes honestos y virtuosos (...) a vista de una san-tidad con horribles representaciones, gestos y otros diversos modos indignos de tomar en los labios no sólo hicieron irrisión de su obispo, de su dignidad, de los sacerdotes y monjas, sino también en lo que es más sensible mofaron y escarnecieron nuestra sacratísima y católica religión (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

Se refiere a una de las ‘mascaradas’ donde los estudiantes convocados tomando el partido de los padres jesuitas hicieron brutal irrisión tanto del obispo como de sacerdotes altamen-

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te apreciados, partidarios suyos. En la mascarada se les representaba vistiendo trajes infa-mes y disolutos; los participantes circulan envueltos en grotescas figuras que provocaron escándalo entre quienes las contemplaban al ejecutar esto por las calles de la ciudad, al medio día, para constancia de todos. Durante su recorrido iban cantando ya el Padre Nuestro, ya el Ave María, mezclando en su contenido palabras indecentes y profanas; es decir, los participantes proferían francas herejías al mal emplear tan sacras oraciones. La tergiversación consignada en la primera oración implica el cambio de la expresión ‘líbranos de todo mal’ por ‘líbranos de Palafox’, expresión primera con la cual, dice Pala-fox, Cristo santificó esta oración; también corrompían el Ave María mezclando en ella otras muchas cosas malsonantes y dirigidas al mismo fin.

Algunos, narra el obispo, en su desfile se perseguían con las astas impuras de toro, can-tando, gritando, y mostrándolas a manera de símbolo de las armas del buen cristiano, en lugar de la cruz; otro llevaba arrastrando a la cola de un caballo el báculo pastoral y pinta-da en los estribos la mitra para simbolizar cómo habían pisado y vencido su dignidad; algu-nos repartían versos, epigramas escritos en lengua española, así como coplas muy insolen-tes escritas en papelillos, gloriándose de haberle vencido. En esta carta de 1649 Palafox consigna la siguiente copla:

Hoy con gallardo denuedo

Se opone la Compañía

A la formal

Herejía.

(AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición)

En medio del carnaval oprobioso hubo quienes se esmeraron en repartir entre el pueblo versos calificados de insolentes, sacrílegos y satíricos escritos contra el ilustre prelado. Palafox, asegura Artemio López Cruz, no desconocía las causas de estos terremotos por-que siempre contó con un aliado informante. A manera de ejemplo cita al padre Canal, religioso jesuita, quien le relataba las actividades de la Compañía y resumía para él los sermones que se predicaban en la ciudad. Según este autor, uno de los versos que más hirieron al obispo fue la copla citada líneas arriba ¿Y qué podemos decir de la siguiente?

Fuese Juan y Juan volvió

Llévese el diablo tanto Juan.

(AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición) Que Palafox conoció de cerca muchos de estos escritos y acciones que en su contra se generaron, se desprende de lo sostenido por él mismo; un ejemplo a propósito puede leer-se en la foja 403 de la copia de la carta que dirige al padre Caroche cuando al referirse a un libelo infamatorio atribuido al padre Francisco Calderón11, Provincial de la Compañía, señala: “Publicó muy a su satisfacción el Padre Provincial Calderón este papel, o sátira, derramándola por todo este reino. Oída y leída por mí con la paz ni permitiese que se res-pondiese como merecía (…)” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

En medio del cisma, asegura Palafox, se calificó de cobardes y tímidos a los frailes que se habían dejado intimidar, y se generaron disturbios ante su pretensión reformista frente a la disciplina de las religiones, al tiempo que el pueblo se empeñaba en mostrar amor y respeto hacia su pastor, defendiéndolo aun a costa de su propia vida e integridad. De un

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lado estaban situados los pueblos −palafoxistas o juanetes− en su defensa, de otro los po-derosos −palancapatis ‘carne podrida’ o palancas ‘medicina de podridos’- en su ofensa, bañándose entre sí con innumerables injurias y escándalos conque procedieron y, lo que es más grave, cubriendo de mayores penas y oprobio al obispo.

Colocado el muy ilustre y reverendísimo padre don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los Ángeles, entre el vilipendio de que le hacen objeto algunos inconfor-mes miembros de su obispado, y el amor de otros, cercado de tantas angustias y peligros, sintiendo resonar en sus oídos las voces que Cristo hizo a sus apóstoles y discípulos en-señándoles cómo en semejantes casos no conviene buscar la muerte en la guerra ni poner en peligro a los pueblos, sino antes bien solicitar con la fuga el triunfo, se ve obligado en 1647 a defender tanto su vida como su dignidad, pero no con las armas ni con la sangre de sus hijos, sino con la fuga honesta que Jesús aconseja en semejantes casos.

Pese a que en la carta dirigida ese mismo año al reverendo padre Horacio Caroche12, prepósito de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, refiere seis años ya de llamar a las puertas de tan santa religión en la Nueva España, dos años después −en 1649−, en profusa epístola dirigida ahora al sumo Pontífice Inocencio X, afirma aún confiar en que el furor y la ira de esta persecución, este desabrimiento hacia su persona e investidura, pasará tan presto como pasa el rayo, el cual, nos dice, en un mismo instante llega, hiere y se desapa-rece. Porque la ira, señala, “(…) solo se distingue de la locura en que aquélla dura muy poco” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición). Este mismo tono leemos cuando escribe13 al padre Caroche, aún sostenido por la esperanza del anhelo de que todo se com-ponga, porque “¿qué gloria puede resultar a nuestro Señor de ver a la Compañía en perpe-tuas demostraciones de ira en estas provincias con un prelado que los ama y esti-ma?” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

Situado en medio del cisma de 1647, determinado a salvar la República con su fuga, buscando desvanecer o ablandar con sus penas la ira de sus contrarios, empujado por el anhelo de que el pueblo inocente no sea castigado por lo que califica como ‘‘‘‘sus yerros’, , , , después de encomendar su grey a Dios, Palafox deja para el gobierno provisional de su obispado a tres vicarios generales y una carta a su cabildo donde hace notoria tanto la causa de ausentarse por algún tiempo, como las que tiene para defender su eclesiástica jurisdicción. En la huida −narra al padre Caroche− busca refugio en los montes, ‘entre las serpientes, escorpiones y otros animales venenosos’, donde afirma haber hallado la seguri-dad y compañía perdidas entre esta implacable compañía de religiosos. No obstante lo anterior, cabe señalar que en ambas cartas insiste en el amor que hacia la Compañía de Jesús siente, y asegura que quienes contra él pleitean no pueden sino calificarse de ‘indignos miembros de tan santa religión’.

Debemos reconocer que su visión y calificación sobre la Compañía de Jesús resultan menos moderadas en la carta dirigida a Inocencio X, donde entre muchas otras afirmacio-nes dice reconocer que los jesuitas han ilustrado a la iglesia de Dios con sus virtudes, es-critos, predicación y ejemplo, siendo de gran utilidad para los hombres, pero que ahora esta religión −y ninguna otra, asegura− ha causado mayor impedimento a la iglesia univer-sal llenando todo el orbe de discordias y litigios, ocultando sus constituciones y privilegios, impugnando con más libertad la doctrina de los santos padres, tratando con menos reve-rencia a los primeros maestros de la Iglesia porque, apartada de su primer fervor, ha rela-jando tanto las santas como las antiquísimas costumbres religiosas, así en lo que mira a las censuras como en lo tocante a sus preceptos.

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Con relación al estilo de vida de estos padres señala que hoy viven con más suavidad, con más blandura, y que no obstante esta manifiesta relajación de costumbres, con apolog-ías impresas se atreven a defender y sustentar a su orden como la más perfecta, contravi-niendo en ello lo propuesto y ejercitado por el propio san Ignacio de Loyola cuando a la Compañía de Jesús la llamó a ser mínima: mínima, señala, porque así se ha de manifestar en la humildad, en la mansedumbre −y más con los prelados de la Iglesia−, en la modestia, en la paciencia, en la pobreza. Y sobre la herida infligida aún coloca el dedo en la llaga al afirmar: “(…) en mi corto juicio no solo no es recta, la tengo por sospechosa y dañosa a toda la república cristiana (…)” (AG, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición). ¡Quién duda de que con ello en forma no tan inocente Palafox arroja leña al candente fuego! Quizá esto explique por qué el padre Tirso González en el Memorial de oposición califica la carta de “(…) destemplada y de estilo tan inflamado (…)” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

En esta misma misiva, rememorando su huida en medio de lo más áspero del conflicto, narra que después de veinte días de ocultarse, no sin gran peligro de la vida, padeciendo la falta de alimentos porque, afirma, “(…) algunas veces no tuve otro sino es el pan de la tribulación y el agua de mis lágrimas (…)”(AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisi-ción), los religiosos jesuitas lo buscaron con raros y peregrinos medios, entre los cuales, a manera de ejemplo, cita el gasto de muchos reales14 para que hallada su persona o les en-tregara el báculo pastoral, o irremediablemente dejara en sus manos la vida. Mediante este expediente táctico de repliegue −nos referimos a la huida− la República quedó provisional-mente libre y −afirma− aunque esto no bastó para devolver la paz espiritual a la grey, a lo menos la temporal se vio restaurada, porque

“(…) mientras se litiga con los jesuitas (…)”, asegura Palafox a Inocencio X, “(…) la tranquilidad espiritual solo puede restablecerla Jesucristo, o vuestra señoría por el terrible poder que los miembros de la Compañía tienen en toda la Iglesia, a más de sus crecidas riquezas, de tal suerte que de no refor-marse tal situación todo correrá riesgo al hallarse esta religión superior y más poderosa que todas las dignidades, leyes, concilios y constituciones apostóli-cas” (AGN, Volumen 444, galería 4, ramo inquisición).

Algunas de las circunstancias que llevaron al obispo a abandonar la ciudad de Puebla fue-ron, entre otras, los libelos escandalosos que como parte del conflicto inundaron las calles de la capital de la Nueva España y lugares circunvecinos, el embate feroz de aquellos a quienes sin ambages el obispo señaló como corruptos, los alborotos causados por ciertos jesuitas y por quienes se declaraban partidarios de éstos, mientras él defendía y predicaba el limpio amor que todo buen cristiano debe sentir hacia sus enemigos. Reiterada es la refe-rencia que Palafox hace en ambas cartas de los escándalos, desórdenes, palabras ríspidas, discursos y pláticas desapacibles, sermones desbordados, públicas murmuraciones, razones sin razón, razones picantes, entre otras cosas, que en su contra profieren sus opositores.

Los estudiosos de retórica califican de libelo cualquier carta, escritura, cédula, o pas-quín anónimo que contenga la infamia con pretensión pública del prójimo. Dentro del con-texto aquí estudiado, la Iglesia consideraba que el juez o prelado no debía dar crédito algu-no a este tipo de difamaciones, y sí, en cambio, debía realizar la pesquisa del autor para castigarlo. Referido a los consumidores (con frecuencia ávidos) se advertía que pecan en forma grave quienes encontrándolos y reconociéndolos por tales no lo rompen, o queman, incluso antes bien son artífices de su propagación.

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A las interrogantes de si peca en forma grave quien escribe el libelo, y si moralmente le deviene la obligación de restituir alinfamado, se señala que, en efecto, se peca grave-mente y contra justicia, sobre todo cuando dicho libelo es arduamente infamatorio; en consecuencia, quien ensucia la imagen de un sujeto, de una institución (alguna orden reli-giosa, por ejemplo) está obligado a restituirle no solo la fama, sino también los daños que por él se hayan seguido al personaje cruelmente zaherido; por otra parte se afirma que también peca gravemente tanto quien lee el libelo, como quien oye la murmuración, y así como éste debe repeler al murmurador, aquél debe despedazar el libelo, o quemarlo. El hombre prudente, sensato, cristiano fiel, debe evitar que en su corazón se albergue la mal-dad. Un libelo está inyectado de descalificación, de altivez, de fanfarronería, de ofensa, genera repudio, y es el medio más eficaz para con los disidentes. Deben, pues, examinarse las circunstancias del que murmura, de quién se murmura, delante de quiénes se murmu-ra, y de la infamia que se sigue, para inferir, si la murmuración es grave, o leve.

Al respecto nos preguntamos: ¿quién de los contendientes queda libre del grave pecado a que se hace referencia líneas arriba? El fuego cruzado está sostenido por la idea obsesiva de mostrar ante las instancias correspondientes (el rey, el papa, el provincial) que a uno (Palafox) y a otros (jesuitas) les asiste la verdad, que quien infama y deshonra es su res-pectivo contendiente. No dudamos de que la obra de Palafox fue extraordinaria; su presen-cia dejó huella tan profunda y admiración tan acendrada que de algún modo esto explica, años después, los edictos de la Inquisición donde se ordena sean recogidos y aun quema-dos los retratos y estampas que sobre él circulan en Puebla, en México y en otros contor-nos. Su muerte no basta para atenuar la contienda; ahora sus partidarios inician los pasos para obtener su beatificación y canonización, mientras sus detractores se oponen fehacien-temente las mismas argumentando con profusión sus motivos, sobre todo los que tocan a las ideas herejes que, en su opinión, están en los escritos palafoxianos. Éste es el contexto que sostiene documentos como el Memorial de oposición.

En el transcurso de la inacabable pugna los enemigos de Palafox lograron que hacia 1700 algunas de sus obras fueran incluidas en el Índice de libros prohibidos, y retiradas de circulación, pero en 1759 el rey Carlos III −a cuyas reformas políticas se enfrentaban entonces los jesuitas− mandó retirar del índice los escritos que antes habían sido censura-dos; un año después, en 1760, se inició en Madrid la publicación de las obras completas del prelado ilustre. Más adelante, contrario a los deseos de los miembros de la Compañía, el 9 de diciembre de 1770 su santidad Clemente XIII emite un edicto donde sostiene que en los escritos de Palafox presentados por los padres de la Compañía nada se halla nada contra la fe o buenas costumbres religiosas, ni se contiene alguna doctrina nueva y pere-grina, ni ajena del común sentir y costumbre de la Iglesia, por lo cual, y en consecuencia, se puede proceder en la causa de beatificación del obispo poblano. El 5 de febrero de 1771 se levantan las prohibiciones hechas contra los escritos de tan ilustre personaje.

Paralela a esta visión en cuyo contenido advertimos el furor renacido en los padres de la Compañía por motivo de las diligencias hechas a favor de la causa del señor Palafox, destacamos el expediente 48 del volumen 695, también del Archivo General de la Nación, ramo inquisición. El expediente incorpora una carta que un comisario de Oaxaca, de ape-llido Herrera, envía a otro comisario de la misma ciudad. Se trata de un papel en el que está escrita una oración calificada como ‘algo supersticiosa’, la cual, asegura Herrera, le fue entregada por un una persona muy virtuosa quien, a su vez, la recibió de manos de una religiosa.

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El jesuita recuerda que siendo estudiante en la ciudad de México oyó un edicto del santo Tribunal que prohibía unas oraciones impresas y manuscritas que contenían abusos y falsas promesas. La intención de remitir la oración es la de saber si está o no permitida porque tiene noticia de que en la ciudad circulan muchas como ésta; a su vez, don Joseph Ramírez de Aguilar, comisario oaxaqueño, remite esta carta al Santo Oficio de México e informa al Tribunal que conserva en su poder muchos cuadros grandes y pequeños, estam-pas y láminas alusivos tanto al obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, como a Catarina de San Juan, mismos que fueron recogidos a partir del edicto emitido por el San-to Tribunal.

Con relación a los cuadros, láminas y estampas de don Juan de Palafox y de Catarina de San Juan que obran en poder del comisario del Santo Oficio de Oaxaca, por órdenes del Santo Oficio en 1697 se ordena que:

(…) a los cuadros y lienzos los haga quitar los marcos de madera, y a las lámi-nas las guarniciones o varillas de plata u oro y los vuelva a sus dueños y di-chos lienzos y láminas los remita a este tribunal con la persona segura o arrie-ro que hallares y que las estampas las queme” (AGN, Volumen 695, galería 4, ramo inquisición, expediente 48).

Estas láminas y estampas circulaban por la Nueva España como patente muestra del amor y la gratitud que el pueblo aún sentía por el obispo poblano, amor que sin duda devino en adoración sacrílega, en opinión de algunos, a grado tal que ellas eran la prueba de cómo se había elevado su figura a la categoría de santo hacedor de milagros. Y de tal suerte se extendió entre el vulgo esta costumbre, que no fueron raros los informes adosados a los tribunales de la Santa Inquisición, como el que encontramos en el volumen 416, expedien-te 46, con fecha 1551−1652 años. En él se alude una lista de papeles que fueron enviados a la Inquisición y entre los cuales iba “(…) la forma con que en Puebla se hacen los retra-tos del obispo don Juan de Palafox y Mendoza (…)” (Volumen 416, galería 4, ramo inquisi-ción, expediente 46); y qué decir de los edictos como el del 15 de julio de 1653, donde se ordena se recojan y prohíban los retratos del obispo y se denuncie a las personas que los oculten, so pena de que quienes los guarden o tengan sean castigados con azotes, pena de excomunión mayor, y que a los clérigos además de dicha excomunión se les imponga una multa de cien ducados de Castilla. Este edicto muestra, además, que la devoción de que se hizo objeto al ilustre prelado poblano se inició antes de su muerte.

Pese a la prohibición referida líneas arriba, años después es posible encontrar otros edictos similares, incluso podemos asegurar que lejos de mitigarse el fervor que hacia Pa-lafox sentían muchos creyentes, éste se acentúa, extendiéndose incluso a otras regiones de la Nueva España. Al respecto destacamos el edicto impreso en pliego entero y fechado en la ciudad de México el 12 de mayo de 1691; dicho edicto se expide “(…) contra la herética pravedad y apostasía (…)” (AGN, Volumen 416, galería 4,ramo inquisición, expediente 46,), abarcando territorios tales como la ciudad de México, el Arzobispado de México, así como todos los reinos y provincias de la Nueva España, con los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Guatemala, Guadalajara, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Honduras, Nicaragua, Nueva Vizcaya, Islas Filipinas, así como sus distritos y jurisdicciones. La fama y virtudes del otrora obispo de Puebla ha crecido, se ha intensificado, pero sus detractores aún dis-tan mucho de dar la tregua para humildemente ofrecer paz a su descanso.

En el expediente aludido se refiere que en años pasados15 se prohibió y mandó que ninguna persona de cualquier estado, calidad, condición, grado, preeminencia o dignidad, ya eclesiásticos, ya seculares, tenga, pinte, o venda retratos alusivos a don Juan de Palafox

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y Mendoza, y que los habidos y circulantes fueran recogidos sin dilación. La razón que da origen a esta nueva ordenanza es el conocimiento que los inquisidores tuvieron sobre el culto otorgado al antiguo obispo de la Puebla de los Ángeles, y porque consideran que esta acción no puede sino ser calificada por la Iglesia de supersticiosa, ejecutada contravinien-do tanto las bulas que tratan de la veneración de santos, como los decretos de la Iglesia, en especial de los expedidos por el Papa Urbano Octavo16.

Otras referencias que podemos aportar nos las proporciona el volumen 640. En la pri-mera foja se consigna que el 18 de enero de 1674 el doctor Juan Rubí de Marymont, veci-no de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, de oficio maestro de pintor, declara haber visto en casa del bachiller Francisco Lorente, cura de la catedral, un retrato de Juan de Palafox y Mendoza; que habiéndoselo pedido para trasuntarlo le fue negada la gracia, en razón de lo cual solicita le sea concedida la autorización necesaria que le permita copiar dicho retrato. Como respuesta se le indica que está prohibido pintar a personas que han muerto con opinión de santos; que no se los debe pintar con luces ni resplandores, aun-que las luces puedan significar las que Dios les dio por escribir tantos tratados espirituales. Dentro del mismo volumen y expediente el 27 de noviembre de 1675 don Alonso de Ceva-llos refiere haber oído decir a diferentes personas que es tan grande el afecto sentido hacia el padre Palafox que las gentes lo invocan en sus necesidades, poniendo a sus enfer-mos algunos de sus retratos o preseas suyas, mandando decir misas por su alma.

En este mismo volumen encontramos que ante el tribunal de la Inquisición de México, el 6 de diciembre de 1690, el padre Diego Calderón Benavides dice haber tenido noticia de que en los tianguis de Padua y Real del Monte, así como en los pueblos del obispado de la Puebla, se venden estampas de santos canonizados, y que entre ellas está la del señor Palafox y Catarina de San Juan. Como prueba de su dicho hace presentación de dos de ellas ante el tribunal; a su vez pide que se publique el edicto de prohibición en todo el obispado, así como en las demás partes del arzobispado. Se dice, también, que después de 37 años se ha vuelto a introducir la costumbre de pintar, tener y vender estos retratos abusando de ellos la gente rústica y vulgar. Según se sabe, afirma, estos retratos son para dar información sobre la vida del obispo Palafox, quien está calificado por santo, dándole culto como tal, encendiéndole velas, poniéndolo en altares y pintándolo aún en superior lugar a los legítimamente santos.

A la fecha de la expedición del nuevo edicto a que hacemos referencia, los inquisidores aseguran fehacientemente la práctica de esta perniciosa costumbre entre el vulgo, pero además señalan que estos mismos abusos se aplican a otros retratos y estampas de una mujer llamada Catarina de San Juan, recién fallecida en la ciudad de Puebla con opinión de santa. Se recrimina a los poseedores de estas estampas y retratos que coloquen los cua-dros y estampas de ambos personajes en lugar superior a los ya declarados santos. En razón de lo anterior se manda:

“Prohibir, cualesquier retratos de dicho obispo don Juan de Palafox y Mendo-za, y de la dicha Catarina de San Juan, de cualquier forma, y en cualquier manera que sean, y mandamos que ninguna persona de cualquier estado, con-dición, grado, preeminencia, o dignidad... de este nuestro distrito los puedan tener, pintar, ni vender, en virtud de santa obediencia, y so pena de excomu-nión mayor... y de doscientos ducados de Castilla aplicados para gastos extra-ordinarios de este Santo Oficio, y de otras penas a nuestro arbitrio: y luego que este edicto venga a vuestra noticia, o del supiéredes, en cualquier manera, traigáis, y exhibáis ante nos, o ante nuestros comisarios (…) los dichos retratos

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(...) y este edicto se fije en las puertas de las iglesias, de las cuales ninguna persona lo quite, rasgue, ni tilde, so las dichas penas y las demás que a nues-tro arbitrio reservamos (...) Juan Gómez de Mier. Licenciado Juan de Ames-toi” (AGN, Volumen 640, galería 4, ramo inquisición).

La respuesta a esta ordenanza es expedita, tal y como lo muestran los muchos escritos que refieren la observancia de lo estipulado por los inquisidores. La tónica descrita en las líne-as siguientes, y que se relaciona con el modo en que era ejecutado el decreto, es más o menos la misma que se siguió en los lugares17 donde se leyó y fijó el edicto:

“Doctor Diego de Vergara [Gaviria] secretario del secreto del Santo Oficio de la Inquisición de esta Nueva España certifico cómo el domingo de este pre-sente mes y año de la fecha, estando en la santa iglesia de la catedral de la ciudad de México después de acabado el evangelio de la misa matinal subí al púlpito de dicha catedral y leí el edicto de esta otra parte estando presentes muchas personas del pueblo y después se fijó en el sitio acostumbrado para que fuese notorio a todos y para que conste lo firmé en la[cámara] del secre-to de la Inquisición de México en 14 de mayo de mil seiscientos noventa y un años” (AGN, Volumen 652, galería 4, ramo inquisición).

Edictos como este contrastan con cédulas como la expedida desde la curia romana el 21 de diciembre de 1787, según la cual se ordena a todos los señores obispos de dichos rein-os soliciten piedad a sus súbditos para ayuda de la santa causa de beatificación del ilustre don Juan de Palafox y Mendoza, nacido en el reino de Navarra el año de 1600 y muerto el uno de octubre de 1659; a su vez se manda por orden del señor arzobispo que solo pue-dan colectar para esta causa los padres carmelitas, y donde no los hubiere, los curas, pero ninguno otro.

Bajo este contexto, el famoso pleito que por aquellos años se desató entre el obispo poblano y la Compañía de Jesús es no lo más importante, sino lo más comentado cuando se revisa la relación entre estas dos grandes figuras; sin embargo, bien sabemos que más allá del espectacular y controvertido hecho queda el reconocimiento pleno de las extraor-dinarias obras por ambos realizadas y, sobre todo, la invitación de los especialistas a ir más allá del escandaloso capítulo. Como punto final destacamos que los archivos revisados aportan datos culturales que van más allá de lo relativo a la contienda entre Palafox y los jesuitas, y entre los partidarios de uno y otro. Los aspectos adicionales son igualmente importantes porque nos hablan de las costumbres que prevalecían en la época, nos hablan de las marchas tipo carnavalescas, de los libelos, de los enredos provocados por la manipu-lación de la información, y del modo como los empoderados se empeñaban en mantener su poder, entre otras muchas cosas más. Eso, también cuenta. NOTAS 1. Pese a esta generalización que tiende a hacerse al aludir el hecho, en sus cartas Palafox insiste

en la idea de que él no pelea con la Compañía de Jesús, a la cual manifiesta profunda honra y

estima, sino contra unos malos e indignos miembros de esta sagrada orden; también insiste en

que él no pelea, sino solo defiende lo que en derecho cree justo.

2. Partidarios de Palafox: carmelitas, seminaristas y gente sencilla del pueblo (indios, negros y

mulatos).

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3. Filiados a la causa de los jesuitas: las demás órdenes religiosas y miembros de la clase media y alta.

4. A los diez años Juan aún no es reconocido por su padre; ante ello escogió en forma libre sus

apellidos a partir de sus antepasados, como era usual por entonces.

5. Algunos biógrafos aseguran que al principio el nombre de su madre permaneció en secreto por

tratarse de una señora principal urgida por ocultar su deshonra. Después de abandonar al pe-

queño, éste fue recogido por un vasallo del marqués, su padre, y criado con amor de padre en

medio de la pobreza, acción que fue recompensada por la dama quien había tomado por deci-

sión retirarse a un convento. Es a los diez años, aseguran, cuando su padre se hace cargo y lo

educa dentro de las exigencias de su noble alcurnia.

6. Los virreyes en cuestión fueron Cerralvo, Cadereita y Villena.

7. Su función como visitador y comisionado fue para someter a juicio al virrey Diego López Pa-

checo Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena y duque de Escalona, de cuya fidelidad se sos-

pechaba en la corte. Palafox llegó en forma oculta a la ciudad de México y la noche del 9 de

junio de 1642 mandó a arrestarlo, lo confinó en el convento de Churubusco, confiscó y remató

sus bienes y lo remitió a España, donde fue absuelto.

8. Se dice que levantó doce compañías de milicia para la defensa del Reino pues temía que pudie-

ran propagarse a las colonias las revoluciones de Portugal y Cataluña, promulgó unas ordenan-

zas militares.

9. Dato no corroborado con datos precisos que den fe de tal afirmación.

10. Para una mejor lectura actualizamos la ortografía.

11. Francisco Calderón (1583-1661) nació en Alcalá de Henares. El padre Alonso de Castro lo

trajo a las Indias en 1602 para que se ejercitara en el apostólico empleo de las misiones. Por

muerte del padre Luis de Bonifaz, en 1644 el padre Calderón ocupó el cargo de Provincial de

la Nueva España. Sus biógrafos lo califican de genio vivo, ardiente y rígido. Este temperamento

se muestra, nos dicen, en la controversia con el obispo poblano.

Hacia 1646 había venido de España, impreso, el Informe que de la catedral poblana se había

presentado a Felipe IV, y había circulado por toda la república con público deshonor de la

Compañía. En razón del informe, el padre Calderón saltó a la palestra en defensa de su provin-

cia e hizo imprimir una Contestación o Defensa en la cual intenta demostrar la falsedad de

dicho Informe. Sus biógrafos reconocen que dejándose arrastrar de la viveza de su ingenio, o

dolorido por las imputaciones hechas a su orden, usó expresiones bastante fuertes que fueron

comprendidas por Palafox como francas ofensas a su dignidad.

12. José Mariano Dávila Carocci (1570-1662), natural de Florencia. En 1605 pasó a la provincia

de México, donde, según sus biógrafos, hizo una importante carrera literaria y aprendió con

perfección las lenguas mexicana y otomí. Buena parte de su vida la empeñó en el cuidado de

los indios habitantes de Tepotzotlán. Su apellido aparece en los archivos escrito de modos di-

versos, según sea el autor que lo cita: Carochi, Caroche o Caroccius.

13. Según sus biógrafos, la mayor recomendación que del padre Carochi puede hacerse es la de

haber sido el único jesuita a quien Palafox dirigió sus quejas en las controversias que sostuvo

con la provincia de México y cuyas cartas manifiestan el elevado concepto que el obispo pobla-

no tenía de su virtud y letras; como contraparte, aseguran, las epístolas de Caroche demues-

tran su rectitud y el empeño que éste tomó porque terminaran aquellas agrias cuestiones que

tanto lastimaban a las partes contendientes.

14. Recordemos que una de las mayores imputaciones que Palafox hace a los jesuitas se relaciona

con las muchas riquezas que éstos poseen.

15. Tal edicto puede estar haciendo referencia al aludido en este trabajo líneas arriba.

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16. Se refiere a la bula que el Papa Urbano VIII expidió el 21 de marzo de 1624 en el segundo año

de su pontificado, fundamentada, a su vez, en la bula de Paulo V.

17. Algunos de esos lugares son Tehuacán, la Villa de Carrión, Valle de Atlixco, Orizaba, San

Martín Texmelucan, Pátzcuaro, entre otros.

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za, español y obispo en la América de la ciudad de los Ángeles, decano del Conse-

jo de las Indias, escrita al sumo pontífice Inocencio Décimo, año de 1649, fojas 328 a la 375

Memorial de oposición, foja 376 a 397. Carta que el obispo poblano dirige al padre Horacio Caroche, miembro de la Com-

pañía de Jesús, foja 398 a la 438. Volumen 416, galería 4, ramo inquisición, expediente 46, Carta que el comisario de

Oaxaca, Francisco de Herrera, envía al comisario de dicha ciudad, Lista de pape-les que fueron enviados a la Inquisición.

Volumen 640, galería 4, ramo inquisición, Mandato de prohibición. Volumen 652, galería 4, ramo inquisición, Respuesta a la ordenanza de prohibición.