la reforma - inicio · crisisﬂ, que plantea las ideas centrales para la reforma de los sistemas...

La reformade pensiones

La Paz, Bolivia

2003

Nº 2

D E B AT E S O C I A L

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y AgrarioArze Vargas, Carlos; Bernedo Alvarado, Jorge; GarcíaColque, Julio; Gómez Gutiérrez, Ricardo; Poveda AvilaPablo.

La reforma de pensiones / por Carlos Arze Vargas; JorgeBernedo Alvarado; Julio García Colque; Ricardo GómezGutiérrez y Pablo Poveda Avila.

(Serie Debate Social Nº 2)La Paz: CEDLA, agosto 2003, 121 pág.

I. tII. s

DESCRIPTORES:<REFORMAS ECONOMICAS><REFORMAS SOCIALES><SEGURIDAD SOCIAL><PRIVATIZACION><REFORMAS FINANCIERAS><REFORMA DE PENSIONES><JUBILACION><LEY DE PENSIONES><JUBILADOS><TRABAJO EVENTUAL><BOLIVIA><TRABAJADORES TEMPORALES>

DESCRIPTOR GEOGRAFICO:<AMERICA LATINA><BOLIVIA>

2003, CEDLA

Primera edición, agosto de 2003

Editores: CEDLAAv. Jaimes Freyre Nº 2940SopocachiLa Paz, Bolivia

Cuidado de edición: Hans Huber Abendroth

Depósito Legal: 4-1-1135-03

Impresión: EDOBOL Ltda.Telf. 241 04 48La Paz, Bolivia

Impreso en BoliviaPrinted in Bolivia

Ninguna parte de esta publicación, incluido eldiseño de tapa, puede ser reproducida, almacenadao transmitida de manera alguna ni por ningúnmedio, sin permiso previo del editor.

El Centro de Estudios para el Desarro-llo Laboral y Agrario (CEDLA) y el Proyec-to Control Ciudadano se complacen enpresentar el segundo número de �Debate So-cial�, que está dedicado a evaluar los resul-tados de la reforma de pensiones iniciada enmayo de 1997, tema de verdadera importan-cia para los trabajadores activos e inactivosy para la población en su conjunto.

En enero de 1996, el CEDLA patrocinóun debate sobre las orientaciones de la pro-puesta de reforma de la seguridad socialpropiciada por el gobierno de GonzaloSánchez de Lozada. En la oportunidad, lasautoridades gubernamentales sosteníanque esta reforma �debido a la virtual quie-bra financiera del sistema de seguridadsocial �de reparto simple�� permitiría, en elplano social, una ampliación de la cobertu-ra hacia nuevos segmentos de la población,en particular, de los trabajadores no asala-riados y elevar el ingreso de los bolivianosen edad de jubilación. Ya entonces los parti-cipantes en este debate llamaban la atenciónsobre el carácter eminentemente mercantily suplantador de la solidaridad social de lapropuesta gubernamental.

Presentación

A escasos años de la aplicación de la re-forma de pensiones, las críticas señaladaspor los trabajadores y otros sectores socialesson posibles de corroboración. En efecto,información oficial y diversos análisis per-miten concluir que los verdaderos propósi-tos que animaron esta reforma, no fueronajenos a la preocupación central del neoli-beralismo que tiene como objetivo supremola acumulación creciente de capital , enoposición al bienestar de la población tra-bajadora.

Es por esta razón que el presente núme-ro de �Debate Social� está dedicado a anali-zar esta problemática, con la seguridad quelos análisis presentados constituyen un apor-te a la discusión actual que se está generan-do a raíz del fracaso de la reforma.

Queremos agradecer en esta oportuni-dad a Julio García Colque, Secretario Gene-ral de la Confederación Nacional de Jubi-lados y Rentistas de Bolivia, a Jorge BernedoAlvarado, y a Ricardo Gómez Gutiérrez, es-pecialistas invitados, así como a Carlos ArzeVargas y Pablo Poveda Avila, investigado-res del CEDLA, quienes han hecho posiblela publicación de este segundo número.

Javier Gómez AguilarDIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

La Paz, agosto de 2003

Fundamentos operativos de la

seguridad social: el debate presente ............................................................................................................................................................................................................... 1Jorge Bernedo Alvarado

La privatización de la seguridad

social: una reforma financiera

fracasada ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27Carlos Arze Vargas

Actual situación y perspectiva de

la reforma de pensiones .................................................................................................................................................................................................................................................... 39Ricardo Gómez Gutiér rez

La seguridad social boliviana.

El régimen de pensiones desde

la óptica de los jubilados ................................................................................................................................................................................................................................................ 65Julio García Colque

La Ley de Pensiones y la

�generación sándwich� ...................................................................................................................................................................................................................................................... 99Julio García Colque

Trabajo eventual y a destajo:

problemas para la jubilación.

El caso de los trabajadores

fabriles de la castaña ........................................................................................................................................................................................................................................................... 111Pablo Poveda Avila

Contenido

1

Debate Social

Fundamentos operativosde la seguridad social:

el debate presente

Jor ge Bernedo Alvarado*

En el presente artículo se prestará aten-ción especial a los términos en que se llevaadelante el debate doctrinario actual sobrela seguridad social, centrado especialmenteen el financiamiento y la administración desus diversos sistemas, en la responsabilidaddel Estado, y que gira de manera particularen torno al régimen de pensiones. Lo quesucede en las presentes circunstancias his-tóricas, es que el sistema de pensiones, porla posibilidad de acumular importantes ca-pitales, ha concitado la atención del sectorfinanciero privado, el cual ha venido criti-cando el desempeño de los sistemas tradi-cionales e incluso cuestiona los fundamen-tos de la protección social en su conjunto.

El Estado benefactorTras la denominada Edad de Oro del

crecimiento, que comenzó luego de la Segun-da Guerra Mundial, el Estado benefactorentró en crisis y fue cuestionado (Andersen,1996). Los patrones sociales tradicionalescambiaron de manera acelerada, y de forma

más pronunciada en los países de menordesarrollo industrial. El modelo del jefe defamilia masculino, asalariado industrial, conun trabajo estable e ingresos crecientes quesostienen al conjunto de su entorno familiar,deja de predominar. La crisis del empleo yla competencia internacional, el amplio en-vejecimiento de la población, especialmen-te en las sociedades industriales, la crecien-te desigualdad entre las naciones y laexclusión creciente de los marginados hanpuesto en duda no solamente la persisten-cia del modelo previo, sino incluso su posi-bilidad como objetivo en las naciones queno se han industrializado y que lo ven ale-jarse de su horizonte histórico1.

La perspectiva que cuestiona los obje-tivos sociales fundados en el modelo delEstado benefactor �predominantementeliberal y asociada al punto de vista de losorganismos multinacionales de crédito�discute esencialmente la eficacia de un sis-tema de subsidio generalizado, de costoscrecientes, independiente de las diferencias

* Peruano; matemático, demógrafo. Trabaja como consultor.1 De los múltiples diagnósticos sobre la seguridad social citamos aquí el de Ruth Ben Israel (1994).

2

Fundamentos operativos de la seguridad social: el debate presente

interpersonales. Sin objetar la necesidad deun sistema mínimo de responsabilidadessociales, propone el reemplazo de la solida-ridad por la subsidiariedad, la ampliacióndel sector privado en la adopción de fun-ciones sociales en detrimento del prota-gonismo estatal previo, y el derecho dequienes realizan mayores aportes a recibirmayores beneficios2.

Es claro que las objeciones y replantea-mientos no son gratuitos. Han existido gra-ves procesos recesivos e inflacionarios querepercutieron en la capacidad de finan-ciamiento de los estados, y el proceso demo-gráfico ha llevado las cargas sociales a nive-les que seguramente eran imprevisibles hacemedio siglo. No se requiere mucha suspica-cia para establecer que las repercusiones deestos fenómenos en la seguridad social songraves. Para completar este panorama nopuede dejarse de mencionar tampoco el con-junto de errores de manejo de los sistemasde seguridad social en diversos países, res-tándoles credibilidad y confianza (Fergusony Blackwell, 1994).

Antecedentes de la intervención privadaen la seguridad social

La intervención privada en la seguridadsocial, tanto en el seguro de pensiones comoen el de salud, no es, sin embargo, reciente.Existe una larga experiencia al respecto: losseguros privados de vida y de salud, porejemplo, son de antigua data, pues ya se ofre-cían en su forma actual a comienzos del sigloveinte. Los fondos de pensiones privados

basados en el ahorro obligatorio (destinadoa fondos de inversión), existen hace variasdécadas: desde los años cincuenta enMalasia y Singapur (al de este último paísse le presta especial atención por su antigüe-dad (1955) y extensión. Ellos han registradoun gran impulso a partir de los años seten-ta, especialmente en los países sajones y enel Japón. La diferencia esencial con respectoa la propuesta actual es que les fue asigna-do un papel complementario. Además, pre-veían la reversibilidad de la afiliación, quedependía de la voluntad personal de susmiembros.

El cambio radical es definitivamente elplanteado por Chile en su reforma de 1980,ampliamente conocida por su repercusión enel debate posterior3. El sistema privado depensiones liquida al sistema público previo,asumiendo el Estado los costos de transición,y genera un sistema de ahorro obligatoriohasta la jubilación, íntegramente administra-do por sociedades privadas en competencia;la regulación corre a cargo del Estado. Losfondos se invierten en títulos de renta fija(básicamente bonos estatales), en el sistemafinanciero, en títulos de renta variable (esen-cialmente empresas privadas desvinculadasde las administradoras) y, en menor grado,en el extranjero.

La importancia de la experiencia chilenaEl sistema chileno, sin embargo, ha teni-

do mayores repercusiones en Latinoamérica�a la vez casi íntegramente comprometidacon programas de ajuste estructural� que

2 Tres documentos del Banco Mundial son importantes para esta línea de argumentación. El primero es el ya clásico �Envejecimiento sincrisis�, que plantea las ideas centrales para la reforma de los sistemas de pensiones con participación privada (Banco Mundial, 1994).El segundo es el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1995, que desde una perspectiva liberal centra el desarrollo en el crecimientodel mercado y define las líneas de acción estatales (Banco Mundial, 1995). Y, finalmente, el artículo de Holzmann del Banco Mundial(Holzmann, 1995).

3 El proceso de cr eación del sistema fue narrado por su propulsor (Piñera, 1991).

3

Debate Social

en el mundo, puesto que los países indus-trializados, con la excepción de Gran Bretañay Suiza, han procedido a reformas de diversaintensidad en sus sistemas tradicionales an-tes que a la privatización del sistema de se-guridad social.

Con diversas variaciones de grado, laprivatización ha llegado a extenderse enLatinoamérica en la década de 1990 con unacapacidad inaudita, paralela y en cierto gra-do concomitantemente con los procesos deajuste y seguimiento de las economías na-cionales por los organismosfinancieros internacionales.La experiencia chilena,históricamente importante�y coincidente, además,con una sostenida expan-sión de su economía y laposterior reordenación desus instituciones� tuvo untrascendental efecto de de-mostración. Su éxito inicialfue impresionante, princi-palmente por la rapidez deexpansión del fondo de pensiones que, a losquince años, y gracias a una elevada renta-bilidad real promedio, llegó a equiparar al40 por ciento del producto interno bruto. Esobvio que ello llevó a superar la increduli-dad existente con respecto a ella y estimulóla réplica regional. Pero es cierto también quelas nuevas versiones se produjeron en for-mas y escenarios particulares, y que el

propio proceso chileno de los últimos añosha sufrido contratiempos variados.

Dichos contratiempos van desde los quereplican las dificultades del viejo sistema,como es el caso del incumplimiento de lasempresas en la entrega de las cotizaciones olas dificultades del sistema para extendersea la población parcial o totalmente no cu-bierta, hasta los inéditos. Entre estos últimosse encuentran las recientes bajas de rentabi-lidad, las presiones de liquidez, las presio-nes sobre los costos operativos originadas

por los traspasos, y las difi-cultades del Estado paramantener sus compromisosconforme el sistema madu-ra y la cantidad de pensio-nistas aumenta.

De manera progresivaha ingresado también en elescenario del debate sobre laseguridad social la revisióndel optimismo relativo a laprivatización como pilaresencial, propugnando más

bien superar la ineficiencia pública y la de-fensa de los objetivos sociales originales. LaOrganización Internacional del Trabajo (OIT)4

y, en general, las diversas organizaciones delas Naciones Unidas, constituyen vanguardiade esta posición.

Las posiciones básicasTenemos ahora en el ámbito de la segu-

ridad social realidades contrastantes: la de

4 Las posiciones de OIT pueden considerarse resumidas en el texto de los convenios r eferidos a la seguridad social, en especial, el 102,128, y 157. El Departamento de Seguridad Social de la OIT cumple a su vez una amplia labor institucional, con posiciones hacetiempo reflejadas, por ejemplo, en �La seguridad social en la perspectiva del año 2000� (1984), y en la Memoria del Director Generalpresentada a la 80a. Confer encia Tripar tita (1993), además de los continuos documentos que, en esencia, defienden el sistema dereparto r eformado y la solidaridad inter generacional. Como resumen consúltese el ar tículo del Director del Departamento de Segu-ridad Social de OIT (Gillion, 2000). Para nuestra r egión es muy importante la documentación r egistrada en la publicación de laConsulta Regional Tripartita sobre la Reforma y Desarrollo de los Sistemas de Pensiones (Lima, 1997) y Bonilla García y Conte-Grand (1998).

De manera progresiva haingresado también en el

escenario del debate sobre laseguridad social la revisióndel optimismo relativo a la

privatización como pilaresencial, propugnando másbien superar la ineficienciapública y la defensa de los

objetivos sociales originales.

4


los cuestionados Estados de bienestar quepugnan por mantener un sistema seguridadsocial extenso como condición de existenciade la paz social y elemento central de su pre-ocupación y, en el otro extremo, países queviven períodos inaugurales de esos sistemas,como los de buena parte del Asia y Africa,pero que no tuvieron por base un universode asalariados, sino una industrializaciónbloqueada y una informalidad generaliza-da. Es de especial interés también el caso delas naciones del este europeo, las ex repú-blicas socialistas, que han presenciado lacaída del Estado anterior e intentan reedi-ficarlo sobre bases privadas, teniendo en elcamino la necesidad de reconstruir tambiénsu sistema de seguridad social.

Estamos ante uno de los debates mástrascendentales en el largo proceso de bús-queda del equilibrio entre la eficiencia y laequidad. Se discuten, pues, las condicionesen las que pueden formularse, si no un mo-delo único de seguridad social, al menos laspautas esenciales que aseguren la consecu-ción de sus fines.

Arriesgando una opinión, podemos de-cir que ingresamos al siglo XXI acercándo-nos a un modelo plural y flexible de seguri-dad social. Una gran base de asistenciageneralizada, un sistema central obligatoriotodavía fundado en las aportaciones perma-nentes durante la vida activa �generalmen-te mixto en la administración�, y un tercerpilar complementario de ahorros adiciona-les voluntarios.

Las aportacionesUn tema esencial �e inicial� en el fun-

cionamiento de la seguridad social es el dequién o quiénes aportan para que las pres-taciones puedan efectuarse. No es muy

aventurado afirmar que el proceso ha idomarchando del financiamiento tripartitohacia el personal, y de la esfera pública ha-cia la privada.

Superadas las fases mutualistas al ins-taurarse los seguros sociales, éstos fueronpatrocinados por el Estado, y los fondosde aporte eran constituidos tanto por elempleador como por el trabajador e inclusi-ve alimentados por una cuota fiscal adicio-nal tendiente a afianzar el sistema. Esta últi-ma aportación fue retirada prontamente,limitándose el Estado a participar en la apor-tación cuando actuaba él mismo comoempleador y a intervenir en el control de laadministración. De esta forma, el sistemabipartito se extendió en la seguridad socialconjuntamente con el reclamo de autonomíaadministrativa formulado por los aportantes.

De hecho, existen pocos regímenestripartitos (el Estado haciendo aportes adi-cionales a los del trabajador y el empleador).Un caso importante es el de Suiza, donde elEstado aporta el 20 por ciento adicional alaporte bipartito, pero esto no lo exime deimportantes responsabilidades económicasen la marcha de la seguridad social, gene-ralmente circunscritas a aspectos asisten-ciales o a la garantía de una pensión míni-ma. Es fácilmente verificable también lapreponderancia de los regímenes bipartitossostenidos por empleadores y trabajadores,en los que aportan ambos en función de ta-sas (primas de aporte) calculadas a partir delingreso del trabajador.

La reforma chilena planteó y desarrollóel sistema de aportes exclusivos del traba-jador, y en ello ha sido continuada solamen-te por algunos de los países que se han aso-ciado a este tipo de sistema, como es el casodel Perú, Uruguay (salvo el primer nivel),

5

Debate Social

México y Bolivia; continúan manteniéndo-se sistemas bipartitos en Argentina y Colom-bia. En el caso de los Países Bajos, no existetampoco, siendo un caso excepcional, elaporte de los empleadores (Ministerio deTrabajo y Seguridad Social, 1994).

En el ángulo opuesto, en la ex UniónSoviética y en otros países de Europa cen-tral o del Este, la pensión de jubilación fuefinanciada, total o casi totalmente por elempleador (Turner y Korczyck, 1997). Lopropio sucede con las pensiones comple-mentarias suecas a partir de 1994.

En los casos de Estados Unidos y Cana-dá, la cobertura del sistema público es obli-gatoria y casi total, incluidos los trabajado-res extranjeros. El sistema estadounidense depensiones (Old Age and Survivor Insurance,OASI) y el Plan de Pensiones del Canadá,conviven con extendidos sistemas comple-mentarios: planes de retiro a cargo de lasempresas para la protección de sus trabaja-dores. De esta manera se asegura una pen-sión más amplia a la que resultaría de la ex-clusiva cotización al sistema público (7,64%del salario del trabajador en los EE.UU.;6,35% en el Canadá con un incremento anualdel 0,25% hasta llegar al 10 por ciento). En elcaso de los Estados Unidos existe también,desde 1973, la obligación de las empresas deotorgar compensaciones adicionales a sustrabajadores financiadas a través de los pla-nes complementarios de pensiones cuandodejan el empleo antes de su edad de retiro(Employee Retirement Income Security Act,ERISA).

Por supuesto, como en el caso de lospaíses europeos, existen en los Estados Uni-dos y en el Canadá problemas de financia-miento del seguro público que son en-frentados a través de una combinación deelementos: aumento de las aportaciones; li-mitación de los beneficios (en especial du-rante la era Reagan); ampliación de la edadde retiro; cambios en el sistema de cálculoy, en el caso canadiense, inversión de losfondos del sistema en carteras privadasdiversificadas5.

Dos versiones particulares que vale lapena mencionar son el sistema de aportacio-nes en Francia, fijadas mediante negociacióncolectiva (constituyen un régimen adicionalal general), así como los planteamientos dereforma en Costa Rica (en 1996) y de Vene-zuela (en 1998) de aportes tripartitos al ré-gimen básico, y libres al régimen complementario de administración privada.

Pero seguramente la más importanteobservación es que independientemente dela fuente de aportación, el financiamiento dela seguridad social resulta siendo una fina-lidad compartida. Por un lado, porque aunen el caso de los regímenes privados en losque el aporte es supuestamente exclusivo deltrabajador, existen pensiones mínimas queestán a cargo del Estado6, o bien los costosde transferencia fueron formalmente asumi-dos por el Estado.

Por otro, porque a pesar que se definande manera que el aportante sea el trabaja-dor, la presión salarial actúa en sentido com-pensatorio, resultando que indirectamente,

5 Véase Córdova (1996 y 1998) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1994). Cabe anotar, que desde enero de 1998 existe un ampliodebate sobre seguridad social en los EE.UU. debido al planteamiento republicano de invertir los fondos de seguridad social en instru-mentos privados, a lo cual se opuso el presidente Clinton.

6 Con la excepción del Perú, donde la cuestión se halla en el limbo entre la falta de reglamentación y una ambigua definición por la cualcorrerán �a cargo del sistema�.

6


aunque sin responsabilidad legal, el sectorempleador tiene un compromiso en el soste-nimiento. Finalmente, en los países en que elaporte es efectuado únicamente por elempleador, la cotización se convierte en uncosto salarial que forma parte de las condicio-nes que determinan la fijación de las remune-raciones al suscribirse el contrato laboral.

Los modelos de financiamiento

El repartoEl sistema más extendido de financia-

miento, que fue también el inicial �para mu-chos, el sistema �tradicional�� es el de repar-to. En sus términos más simples, es el sistemacuyo equilibrio depende de la satisfacción delpago de las pensiones y de los gastos admi-nistrativos a partir del aporte de los trabaja-dores activos. En un inicio (todos aportantesy ningún jubilado) el sistema es superavitarioy los fondos aportados deben constituirse enreservas estratégicas del sistema. Conformeavanza el tiempo y la relación entre apor-tantes y pensionistas va disminuyendo, di-chas reservas tienden a ser consumidas.

Esta circunstancia implica cambios den-tro del propio régimen de reparto, frecuen-temente obviados cuando se trata de su en-juiciamiento. En efecto, si bien inicialmentepuede hablarse de un sistema basado en unaprima media general, esta pasa a ser unaprima escalonada o de períodos de equilibriocuando vuelve a ser calculada de maneraperiódica en forma tal que quede garantizado

el equilibrio financiero. La alteración �usual-mente hacia arriba� de la prima inicial sebasa o debe basar en los respectivos estu-dios actuariales, y su periodicidad es varia-ble, llegando incluso a ser anual.

En el caso del denominado reparto puro(Thullen, 1986)7, la prima de un año dado sefija de modo tal que cubra exactamente losegresos del mismo año. En el caso de la ver-sión de reparto de capitales constitutivos, lascontribuciones de un año deben cubrir lasuma de los valores de capital de todas las pen-siones nuevas otorgadas ese año; es decir, segarantiza la prestación efectiva del benefi-cio de jubilación.

El sistema de financiamiento de repartocon actualización de las tasas, denominadotambién de beneficios definidos o pay as way(pague como vaya) en la literatura de lasinstituciones financieras internacionales,tiene como mayor argumento a su favor elestar basado en una solidaridad inter gene-racional. Los trabajadores en edad pasivason financiados por los activos de tal formaque, en teoría, el sistema se mantiene siem-pre en equilibrio.

El mayor problema del sistema8 suele sersu debilidad frente a la evolución demográ-fica. El teórico equilibrio derivado de la so-lidaridad de las generaciones jóvenes con lasadultas, una vez puesto a prueba, es pertur-bado en el largo plazo �particularmente enel siglo XX en los países industrializados9�porque no basta cubrir los egresos con los

7 La clasificación es de este autor.8 Dejamos al mar gen el examen de factores que afectan a cualquier sistema de financiamiento, como es el caso de los riesgos finan cieros

de corto y largo plazo; la evolución del mercado laboral y el salario; la incompetencia administrativa; el incumplimiento en el pago deaportes; la interferencia política, o las acciones ilícitas de cualquier tipo.

9 Los cambios demográficos, si bien son predecibles en su tendencia, tienen diferente duración según el período histórico. La duplicaciónde la proporción de personas de la tercera edad, del 7,5 al 15% de la población total, tardó entre 80 y 120 años en Europa, pero solamentetardará 40 años en Japón. En América Latina, el proceso tiende a ser similar al de Japón, e inclusive en algunos países puede ser máscorto, dada la cr eciente velocidad del progr eso médico y de su propagación.

7

Debate Social

aportes sino que, además, para mantener laspensiones en un nivel aceptable, deben ele-varse las tasas de los aportes, ya que la rela-ción entre aportantes y pensionistas decrececonforme madura el sistema. Esta relacióndepende de manera importante de los cam-bios en la composición etárea de la pobla-ción, en tanto que es cada vez mayor la pro-porción de quienes sobrepasan la edad dejubilación con respecto a quienes se mantie-nen en edad de trabajar. Sin embargo, es máspreciso no considerar el �componente demo-gráfico� simplemente como tal, sino a partirde los cambios en la composición del merca-do de trabajo �definido por los aportantesactivos�, especialmente de los segmentos deempleo estable y bajo desempleo.

Adicionalmente, se aduce que el sistemapierde eficiencia si, a la vez, el entorno eco-nómico afecta al mercado de trabajo compri-miendo la población asalariada del sector for-mal, que contribuye con el aporte principal.En tal caso la capacidad de financiamiento seva reduciendo progresivamente.

Thullen estima una relación directa en-tre la tasa de crecimiento demográfico y laprima de reparto necesaria para una pensiónsemejante al salario medio, que varía entreel 8,6% de prima para los países con un cre-cimiento demográfico del 3% anual; el 11,8%si la tasa de crecimiento es del 2%; el 16,3%para una tasa del 1%; el 22,4% para un creci-miento nulo, y 30,8% para una población quedecrece al ritmo del 1% por año. En el pri-mer extremo se sitúan pocos países (princi-palmente africanos o asiáticos), en las esca-las intermedias la mayor parte de los paíseslatinoamericanos y, en las dos últimas, lospaíses industriales (Thullen, 1986: cuadro 1).

El Banco Mundial hace sus propias esti-maciones basadas en los coeficientes de

dependencia �relación directa entre benefi-ciarios y aportantes� y la tasa de beneficiosesperada, siendo esta última una proporcióndel salario medio. En el caso menos exigen-te, solamente se retorna un quinto del sala-rio a los pensionistas y existen diez apor-tantes por cada uno de ellos; bastaría unaporte del 2% que se elevaría a 10 para darpensiones con un 100% de tasa de beneficio.Pero, en el otro extremo, si se pretende un100% de tasa de beneficio en un país concoeficiente de dependencia de 1/2, el apor-te debería representar el 50% del salario delos activos. Las tasas de aporte más bajascorresponden a las actuales poblaciones �jó-venes� en el hemisferio sur. La tendenciaapunta al otro extremo y, de hecho, la ma-yor parte de las tasas de aporte en Europavarían entre el 15 y 30% de los salarios (Ban-co Mundial, 1994: cuadro 4.3).

Debe señalarse también que de acuerdocon la fase de la transición demográfica queatraviesen los países �inicialmente una caí-da de la mortalidad, sobre todo infantil, lue-go el descenso de la natalidad y, posterior-mente, el descenso de ambas tasas y acer-cándose, e incluso produciéndose más de-funciones que nacimientos�, los efectos delcomportamiento demográfico sobre las pen-siones varían. La mayor presión resulta delenvejecimiento a partir de la caída de la fer-tilidad. Cuando la fertilidad ya es baja y seestabiliza, el efecto principal en las pensio-nes proviene del aumento de la longevidado de la prolongación de la esperanza de vida(Gillion, 1997).

La reacción de los regímenes de repartoal estrechamiento de la base de aportantesha sido, mayormente, y al menos en sus ini-cios, mantener el nivel de la prestación ajus-tando los aportes y, en todo caso, tratar de

8


reducir al máximo los costos administrati-vos o lograr más eficiencia en la colocaciónde las reservas. La agudización de la crisis,sin embargo, ha llevado ya a versiones dife-rentes de ajuste de los beneficios por diver-sas vías tanto formales, como la posterga-ción de la edad de jubilación, el recorte delas pensiones, o informales como la demo-ra creciente de los trámites relacionados conlos expedientes de jubilación o el abiertodesconocimiento de derechos legalmenteadquir idos .

En tanto que los regímenes de reparto sonvinculados con las administraciones guber-namentales, con frecuencia se les endosa loserrores de éstas. La colocación de los fondosen títulos públicos (bonos) desprotegidosfrente a la inflación, la burocratización admi-nistrativa, o el compromiso fiscal para salvarlos sistemas con problemas de financia-miento, se atribuyen al sistema de reparto,siendo que se trata, en sentido estricto, de dosasuntos independientes: por un lado de loserrores de gobierno y, por el otro, del proce-dimiento utilizado para equilibrar el fondouna vez que se mantienen los objetivos delbeneficio.

La capitalización individualEl sistema alternativo al de reparto por

excelencia es el de capitalización o, más pro-piamente, el de capitalización individual, de-nominado también régimen de aportacionesdefinidas. Por oposición, entonces, y en for-ma simplificada, el sistema de reparto fun-ciona a partir de cotizaciones o aportes va-riables y de beneficios o prestacionesconstantes, y el régimen de capitalización a

partir de aportaciones constantes, variandolos beneficios individualmente en función delos aportes acumulados por cada trabajadordurante su vida activa.

En efecto, en el régimen de capitaliza-ción, y también teóricamente, se supone quela tasa de aportación es fija, dando esto lu-gar a que se acumule un fondo para cadatrabajador cuya tasa de crecimiento serámayor mientras mayores sean sus ingresos(para un período de actividad dado). Lo de-finitorio del sistema, sin embargo, es que losfondos acumulados son vertidos al merca-do de capitales en búsqueda de una tasa deinterés real superior a la tasa de evolución sa-larial, de forma tal que la acumulación se mul-tiplique y pueda proveer a los afiliados deun fondo mayor para su jubilación. El fondoacumulado se paga en pensiones que puedenser vitalicias, calculadas en función de la es-peranza de vida, o fijas, en cuyo caso tendránla duración propia del fondo más los intere-ses que se acumulen. También pueden darsecombinaciones de ambas modalidades.

En el sistema de capitalización los ries-gos son trasladados al mercado de capita-les, y lo social se enfoca antes que como ejer-cicio de solidaridad, como un compromisocon lo que se denomina equidad individual10,es decir, una armonía entre la cuantía de laspensiones recibidas y las cotizaciones paga-das por los trabajadores a lo largo de su des-empeño laboral.

Los argumentos más importantes que seesgrimen en favor del sistema son su inde-pendencia frente a los cambios demográficosen tanto que los ahorros son individuales, y

10 En el caso del sistema de pensiones privado peruano se viene dando la particularidad que el aporte al régimen constitutivo del fondo(sin contar comisiones ni primas de seguros) es del 8% del salario, mientras que en el régimen público es del 13%. La medida obedeceal deseo de �promocionar� el sistema privado, pero el efecto para los afiliados es contraproducente.

9

Debate Social

su saludable contribución a la ampliacióndel ahorro individual y al dinamismo queprofieren a los mercados de capital.

El argumento en torno a la independen-cia del factor demográfico resulta de la defi-nición individual del sistema y es incontras-table en cuanto a los efectos directos, perotiene efectos indirectos a través del ahorro,conforme se verá después. Este éxito frenteal impacto demográfico puede ser tambiénconsiderado como una fuente de críticas y,de hecho, así sucede: los cambios en la es-tructura de población exis-ten en todas las nacio-nes; dejar de presumirlosadoptando la vía de la�equidad individual� au-mentará seguramente ladesigualdad de los ingre-sos y actuará directamen-te en contra de la estabili-dad social.

El argumento econó-mico (un mayor ahorro in-terno), fue consideradotambién como una verdadabsoluta, especialmente por la influencia dela experiencia chilena, cuyas tasas de renta-bilidad real, e inclusive rentabilidad real neta(que descuenta los pagos por comisionesadministrativas de los fondos) en los prime-ros años superaron largamente el 12% pro-medio anual, con lo cual no solamente pro-metían una elevada tasa de retorno, sino queefectivamente produjeron un boom financie-ro sin precedentes.

Con el tiempo, sin embargo, se ha ate-nuado esta impresión. Como bien indican

nuevas estimaciones financieras (Gruat,1998), los efectos en el ahorro nacional se-rán claros mientras el sistema es �joven� ytiene una proporción de aportantes bastan-te mayor que de pensionistas. Conforme estasituación se altera, la demanda de dineroaumentará y, con ella, la tasa de interés quedebe pagarse por el capital. Como resultadotambién disminuyen las rentas de los fon-dos de jubilación derivadas de colocacionesno financieras. Desde luego, tampoco cabeque tanto aportes como pensiones se colo-

quen íntegramente en el sis-tema financiero, pues semanifestaría primero unatendencia al equilibrio y lue-go a la fragilidad total. Tam-poco se apuesta por coloca-ciones en el exterior, pues sepierde el objetivo del ahorrointerno, así se registrara unarentabilidad positiva.

El efecto positivo sobreel ahorro nacional ha sidotambién observado desdeotros ángulos, como el de su

análisis conjunto con los aportes importan-tes del Estado, especialmente en el caso chi-leno. Cuando son incluidos en la medicióndel impacto, pueden inclusive invertir la ge-neralizada conclusión de saldos positivosen la cuenta de ahorro nacional, como re-sultado inmediato del funcionamiento delos sistemas de capitalización11.

En lo esencial, en este caso, la suerte delsistema depende del comportamiento delentorno financiero y, más ampliamente, dela salud económica del país que lo aplica, la

11 Véanse especialmente los artículos de Bonilla y Conte-Grand (1998), y los de Mesa-Lago y Uthoff (1998).

Los argumentos másimportantes que se esgrimenen favor del sistema son suindependencia frente a loscambios demográficos entanto que los ahorros son

individuales, y su saludablecontribución a la ampliación

del ahorro individual y aldinamismo que profieren a los

mercados de capital.

10


cual debería favorecer un crecimiento cons-tante de los capitales.

Si las estimaciones se fundaran en laexperiencia de la rentabilidad del capital enlas últimas décadas, el sistema de capitali-zación sería cuestionable. La mayor parte delas proyecciones (la cantidad de supuestoses ardua) consideran que es necesaria unarentabilidad media real neta de alrededor del4% en las actuales condiciones demográfi-cas de los países industriales, pero ésta notiene antecedentes.

En un trabajo reciente (Thompson, 1997)examina el comportamiento de la rentabili-dad de los bonos estatales a diez años entre1953 y 1995, y las tasas de cotización quehubiera sido necesario mantener para con-servar una tasa de retorno (de sustitución)de solamente el 50%, suponemos, teniendoen cuenta que los bonos gubernamentales,si bien estables, no son la mejor inversiónposible. Los países a partir de los cuales sehace la simulación son Alemania, Japón, elReino Unido y los Estados Unidos. Las ta-sas de cotización más bajas se registran enlos Estados Unidos en los últimos veinteaños (entre 5 y 6%), pero pueden ser tan al-tas (entre el 60 y 70%) como en la décadade reconstrucción de la posguerra en losotros tres países. Para el período de cuaren-ta años (cercano a lo que se considera unavida activa casi ininterrumpida), las tasasmedias fueron del 25,5% para Alemania, 28para Japón, 32 para el Reino Unido y 13,5para los Estados Unidos, el país menos afec-tado por la Guerra y el dominante en la se-gunda mitad del siglo. Thompson muestra,además, que una tasa media es una figura-ción, y que si se invierte el orden temporalde la acumulación de los fondos, comenza-do de los actuales y mejores rendimientos

y terminando en los más bajos, el resulta-do mejoraría.

Es imposible encontrar estabilidades fi-nancieras de largo plazo en el pasado delos países del Tercer Mundo, y es difícil su-ponerlas a futuro. Es igualmente cierto queno podemos fundar, en esta materia, el com-portamiento futuro a partir de la experien-cia pasada, y que las simulaciones intentanexpresamente dar idea de las magnitudesen juego antes que desvirtuar o afirmar unpronóstico.

De cualquier forma, estamos ante unreto antes que una victoria anunciada. Elpropio proceso chileno, con sus 18 años devida, es todavía una experiencia que no hasuperado la prueba de madurez y se hallamás bien sintiendo los primeros efectos dela presión de las pensiones en el conjuntodel ahorro nacional.

Los regímenes mixtos

Los dos sistemas anteriormente reseña-dos, el de reparto y el de capitalización sonprincipalmente paradigmas o modelos, an-tes que realidades actuantes. Ni los benefi-cios suelen quedar definidos en los sistemasde reparto, ni los aportes dejarían de ajus-tarse en los sistemas de capitalización.

De la misma manera, la capitalizaciónno tiene porqué estar ausente en un régimende reparto y, de hecho, no tiene cómo estarlo,si necesariamente tiene que colocar las reser-vas en alguna versión del mercado financie-ro. Y, a la vez, los sistemas de capitalizaciónrequieren la cobertura del riesgo, no solamen-te de la quiebra financiera del fondo que sesupone cubierto por la diversificación y poruna serie de medidas de protección que de-ben desarrollarse a través de la supervisión,sino también de las contingencias de una

11

Debate Social

pensión sumamente baja, es decir, debe guar-darse alguna forma de prestación definida.

Esto ha llevado al planteamiento de losregímenes mixtos: o bien, en el caso de repar-to, se promueve la capitalización en el mer-cado antes que en las arcas oficiales o, alter-nativamente, los sistemas de capitalizacióntienen que definir bases de prestaciones mí-nimas que cumplen con la cuota de solidari-dad sin desnaturalizar totalmente el conteni-do del principio de equilibrio individual.

En la práctica éste es el camino mayor-mente elegido cuando se ha venido plan-teando la reforma de los sistemas de pen-siones. En el caso europeo occidental, laalternativa más socorrida para evitar el cre-cimiento desmesurado de las tasas de apor-tes del sistema público de reparto ha sido ladiversificación de las colocaciones. El siste-ma chileno ha nacido con la cobertura de laspensiones mínimas a cargo del Estado. Lossistemas argentino y uruguayo, el colombia-no y el costarricense, han adoptado tambiénformas combinadas de financiamiento.

La más importante afirmación de la po-sibilidad y conveniencia del régimen mixto,es la convergencia entre el Banco Mundial yla Organización Internacional del Trabajo(OIT) en una estrategia fundada en tres pi-lares: uno asistencial obligatorio, otro tam-bién obligatorio con capitalización y, un ter-cero, voluntario, a partir del ahorro individual(Mesa-Lago, 1996). La diferencia esencial es-triba en el pilar de capitalización, que para laOIT debe ser colectiva y estar bajo adminis-tración pública, mientras que para el BancoMundial favorece una capitalización indivi-dual de administración privada12.

Este acercamiento es tan importantecomo la divergencia para los derroteros de laseguridad social inmediatamente venidera.Parece sensato definir el sistema de maneraque adopte las conveniencias de cada unode los sistemas �clásicos� y, a la vez, evite losriesgos. Pero en la parte medular se debate elproblema de la eficiencia de lo público y co-lectivo frente a lo privado e individual, comogarantes de una jubilación digna.

El régimen administrativo:¿Público, privado, mixto?

En el mismo plano medular que el sis-tema de financiamiento, y seguramente conun peso más amplio respecto al destino delos fondos, se halla la decisión sobre el régi-men administrativo: en especial �en lo querespecta a los fondos de aporte obligatoriodirectamente descontados de la planilla depagos� por la elevada liquidez que éstossuponen y su incidencia en la posibilidad demejorar las pensiones a través de la capitali-zación adecuada.

La mayor parte de los argumentos hancentrado inicialmente el debate en el ámbi-to de la ineficiencia estatal o privada, paraconvenir posteriormente en una salida a tra-vés de regímenes mixtos o complementarios.En rigor, sería bueno recordar que una am-plia mayoría de los sistemas �la excepciónson los de administración exclusivamentefiscal� han estado formalmente bajo admi-nistración privada en tanto se suponen diri-gidos por entidades autónomas, con di-rectorios de trabajadores, empresarios, ygobierno. En la mayor parte de las reformaslatinoamericanas, como señala Verdera para

12 Son muy importantes sobre este acercamiento diversos artículos aparecidos r ecientemente en la Revista de la AISS (Sherman, 2000);Ross (2000); Queisser (2000). Véase también Guillén Romo (2000).

12


el caso peruano, tenemos más bien unaprivatización de la administración del siste-ma nuevo sin participación laboral y unaestatización de los sistemas antiguos, igual-mente al margen de la participación de lostrabajadores en los sistemas administrativos(Verdera, 1996).

Sin embargo, si se abunda más en la pre-cisión resulta que en el antiguo régimen clá-sico de inspiración tripartita y sus deriva-ciones, el gobierno ha sido siempre el admi-nistrador real a través de la fórmula de re-servarse la mayoría de losmiembros del consejo admi-nistrativo o directorio, con-trolar directa o indirecta-mente su elección, o bien losmecanismos esenciales (con-tratación, infraestructura, re-caudación, control de losfondos), constituyendo laparticipación múltiple másuna descripción figurativaque una realidad actuante13.

Un primer elemento dela polémica, que en partedistorsionó el debate inicial especialmenteen los países latinoamericanos en la presen-te década, es la fundación del sistema priva-do siguiendo el ejemplo chileno, a partir deuna campaña de crítica al sistema anterior. Elargumento, frecuentemente cierto en gradosvariados, consistía en que habiendo sido losfondos de pensiones dilapidados por los go-biernos quedaba comprobada la naturalezainefi-ciente del sector público, y apuntalabala necesidad de ceder su administración alsector privado, eficiente por naturaleza.

A pesar de las experiencias negativas, elrazonamiento anterior era equivocado envarios sentidos. Primero, y lo más obvio, quela apelación a hechos particulares no consti-tuye por sí misma un criterio de verdad. Escierto que diversos gobiernos precipitaronla crisis de las instituciones de la seguridadsocial, pero ella no ha sido la única explica-ción de esta crisis, pues ésta corresponde aun conjunto de elementos, algunos de loscuales escapan largamente a la acción esta-tal, como la transición demográfica o las cri-

sis financieras nacionales,en lo que fuera su compo-nente de origen exógeno.

En segundo lugar, noexistía tampoco prueba delo contrario, que se dabapor aceptado: el sector pri-vado puede mostrar en suactuación los mismos defec-tos que eran la fuente delas críticas o, que, de hecho,gran parte de la actividadprivada en materia de segu-ros no ha podido sobrevivir

a la crisis financiera de los años setenta yochenta. El argumento que cuando quiebrauna empresa los costos son asumidos porel propietario y si se trata de las institucio-nes públicas son asumidos por el conjuntode la sociedad a través de la presión fiscaly la inflación, se rinde ante la constataciónque mucho de la ineficiencia privada setraslada a los precios, y que en la mayorparte de países, las deudas privadas con elexterior pasaron a ser avaladas y luego asu-midas por el sector público.

13 Una revisión integral sobre la administración de la seguridad social se encuentra en Bailey (1998).

Es cierto que diversosgobiernos precipitaron la

crisis de las instituciones dela seguridad social, pero ella

no ha sido la únicaexplicación de esta crisis, pues

ésta corresponde a unconjunto de elementos,

algunos de los cuales escapanlargamente a la acción

estatal.

13

Debate Social

También se registraron acusaciones o ac-tuaciones criticables de la gestión privada enel propio campo de la seguridad social, parano tocar el tema del financiamiento de la eco-nomía en general. En el otro extremo, se hatenido que reconocer que en algunos paísesla seguridad social de origen público ha fun-cionado bien, como en el caso de Alemaniaen el terreno de las pensiones, o el del Perú oColombia en el de la atención de la salud14.

En suma, los términos del debate no es-tán se refieren a los fracasos sino a las razo-nes que sustentarían una mayor eficiencia ycalidad del desempeño de los sectores en elcumplimiento de sus fines.

En este campo la principal de las razo-nes esgrimidas a favor del ámbito privado esla libertad de opción y la disponibilidad queel sistema puede brindar para elegir entrevarias administraciones en competencia.Esta posibilidad de los afiliados de poderbalancear diferentes opciones de ahorroprevisional decidiendo a lo largo de su vidapor las mejores oportunidades a su alcance,es un argumento mayor.

Sin embargo, debe también tenerse encuenta que esta libertad se relativiza por elgrado de información brindada, su transpa-rencia, y la capacidad de los afiliados paraasimilarla, particularmente en las nacionesde menor desarrollo. Aún así, esta depen-dencia de la �cultura de la seguridad social�no elimina la superioridad del argumentode la permanente posibilidad de optar entrevarios oferentes de servicios frente a la op-ción única de un manejo gubernamental.

Más bien aboga por una mayor abundanciay transparencia de la información sobre lasopciones en materia de seguridad social paralas pensiones.

En cuanto a las ventajas públicas, el ar-gumento más fuerte parece ser el de losmenores costos administrativos. En la me-dida que las administradoras privadasdeben obtener ganancias precisamente apartir del cobro de sus servicios, por defi-nición resultan más costosas que cuandoeste móvil no existe. Salvo que, por su-puesto, el ahorro proveniente de una ad-ministración única en lugar de una sumade administraciones individuales, sea re-emplazado por la burocratización del enteadministrador central , e l cual entoncesgenera costos no tangibles pero sí existen-tes (James y Palacios, 1995).

Las administraciones centrales públicastienen, de otra parte, mecanismos de coer-ción y amplia infraestructura que, de seradecuadamente empleadas para la publici-dad, comunicación, capacitación, etc., tien-den a disminuir los costos directos, con ma-yor razón si los organismos necesarios yaexisten y si se dispone de capacidades ocio-sas. Ello no elimina la valorización de cos-tos si se trata de hacer una valoración justa,pero mantiene las ventajas de la economíade escala.

En el otro plato de la balanza, la eficien-cia privada dispone también del motor delahorro para ampliar las ganancias, como al-ternativa al despilfarro público. Esto ha ve-nido apreciándose, en términos generales, en

14 Una autora �del FMI� de un documento de trabajo sobre la reforma de la seguridad social en los países bálticos, r econoce para el casode Alemania que �debido a su alta cobertura y a las altas tasas de sustitución del ingreso del sistema público, los planes de p ensionesprivados han tenido tradicionalmente una importancia relativamente menor�. Se refier e a fondos opcionales, siendo posible infer ir quepara los fondos obligatorios una reforma privatizadora es muy difícil para la mayor parte de Europa occidental (Castello Branco, 1998).

14


lo que lleva de desempeño el sistema priva-do de pensiones en la región.

Finalmente, un argumento a favor de laadministración por el sistema público, o bienpor un régimen mixto, es que éste es menosdiscriminatorio, mientras que la administra-ción privada tiende a concentrarse en lossectores de mayores ingresos y, por tanto,más rentables.

Las tendencias en la administraciónComo señalamos, la tendencia parece-

ría ahora inclinarse hacia la coexistencia delos sistemas, de forma tal que se aprovechenlas ventajas que cada uno de ellos ofrece.Chile sigue siendo el paradigma de régimende administración privada. Le sigue el casodel Perú donde, si bien el régimen públicono ha sido cerrado, las reglas de juego �adiferencia de Colombia, que también man-tiene abierto el régimen público� son talesque no puede ser considerado elegible en susactuales condiciones operativas. El Salvador,Bolivia y México han clausurado sus regíme-nes públicos, pero en el caso de México elsistema público puede intervenir adoptandola conducta de uno más de los administrado-res privados. Uruguay y Argentina represen-tan los ejemplos más cercanos del modelomixto de administración, en el sentido queen todas las fases de operación hay una in-tegración de beneficios.

Las experiencias continúan �aunque apaso más cauteloso, y frecuentemente bajola presión financiera� en la dirección de darpaso a la intervención privada en las pen-siones, sea en el financiamiento, en la admi-nistración, o en ambos. Si hay un fenómenocomún, y se seguirá presentando, es estaapertura hacia el espacio privado. Es dudo-so que ello sea para sustituir al régimen

público, y es lo más posible que se trate deintegrarlos, porque parece ser, hasta el mo-mento, lo más sensato. Pero ello pone en elescenario de manera definitiva a un nuevoactor, el administrador de pensiones de ori-gen privado para regímenes obligatorios, an-teriormente confinado al sistema financieroy a los planes de ahorro diferido voluntarios.

Organización centralizada odescentralizada

La discusión pasa también por discrimi-nar entre un organismo central único de laseguridad social en materia de pensiones yuna administración descentralizada. Es ob-vio que ahora tampoco proceden las asocia-ciones simples, como la de considerar a lossistemas centralizados como públicos y a losdescentralizados como privados. Resultamás correcto pensar en la especialización dela administración por las contingencias.

La especialización por contingencias si-gue en buena cuenta el derrotero lógico dela separación de los regímenes de salud yde pensiones. Es tradicional, por ejemplo,que desde un inicio el sistema de seguridadpara accidentes de trabajo se independizó,y lo propio puede decirse de los regímenesde seguro de desempleo allí donde existen,pues responden a modos de operación cla-ramente diferenciados.

Una prolongación de estas necesidadesadministrativas es la revisión de la posibili-dad de confinar al sector público o, más pre-cisamente, al gobierno central la recaudacióncentralizada de las cotizaciones. En especial,se discute la pertinencia, particularmentepara los países en desarrollo, de una recau-dación única a cargo del gobierno central,en tanto que si bien puede significar unamayor especialización y una disminución de

15

Debate Social

los costos por razones de economía de esca-la, también supone un conjunto paralelo deriesgos, por lo cual diversos países han pre-ferido la alternativa de recaudaciones inde-pendientes para los impuestos y las aporta-ciones a la seguridad social (Japón, Alemania,Francia, Chile), inclusive a pesar de las ven-tajas. Los riesgos son evaluados por Bailey yse refieren a las demoras en las transferencias,las preferencias que pudieran establecerse,la identificación de los aportes con los im-puestos, y la imagen de la seguridad social(Bailey, 1998).

Concluyendo, es cierto que existen exi-gencias evidentes, diríase que naturales,para separar determinadas contingencias ydarles administración propia. Es posible, in-clusive, que el sistema descentralizado o laseparación e independencia de las institu-ciones de seguridad social deba mantenersefrente al riesgo de una administración gu-bernamental. Ello, sin embargo, no impideque existan niveles de centralización y coor-dinación, especialmente en los regímenesmixtos, donde se imponen como una condi-ción de eficiencia en el desarrollo de los fi-nes de la seguridad social.

Las administradoras de pensionesLa intervención privada en la adminis-

tración de pensiones ha traído un nuevo ac-tor central, en competencia interna y exter-na con respecto al sistema público: las orga-nizaciones que administran pensiones o,simplemente, administradoras de fondos depensiones en virtud de la denominación pio-nera surgida en Chile, adoptada por el Perú,y que llevan diversos nombres según el país:AFJP en Argentina, AFORES en México,también AFP en El Salvador.

Las administradoras privadas de pen-siones son usualmente sociedades anónimas

con fines de lucro (así en las experiencias ini-ciales de Chile y Perú). Sin embargo, la ex-tensión del sistema privado en la región haabierto la posibilidad a casi todo tipo de en-tidad. En los casos de Uruguay y Méxicotambién pueden cumplir esta función las en-tidades públicas de la seguridad social. Elnúmero es variado, y tras la diversificaciónproducida en el caso de Chile, las legislacio-nes tienden a controlar la cantidad de ellas,en búsqueda de disminuir los costos produ-cidos por necesidades de competencia y es-cala en publicidad, operaciones, comerciali-zación e infraestructura, principalmente.

Carmelo Mesa-Lago hace la interesanteobservación que existe una relación positi-va entre el tamaño del mercado (número deasegurados) y el número de administrado-res. Argentina con 5,4 millones tiene vein-tiún administradoras; México con 11 millo-nes tiene diecisiete pero varias esperandoautorización; Chile con 5,5 millones trece; Co-lombia con 2 millones nueve; Perú con 1,3 mi-llones cinco (ahora cuatro); El Salvador conmenos de 500 mil posiblemente dos o tres;Bolivia con 355 mil y ahora una sola; peroUruguay (que desentona) con 355.000 tieneseis administradoras. En el camino, anota, hahabido variaciones de tamaño por absorcio-nes pero también, en el caso chileno, por in-gresos al mercado (Mesa-Lago, 1998).

Lo anterior insinúa que existe un tama-ño óptimo de la cantidad de administrado-ras en función del mercado potencial. A ellohabría que agregar las limitaciones de ingre-so que suponen las exigencias de capitalinicial. Las cifras menores son las peruanas(500.000 dólares) y la de El Salvador (570.000),y las más altas las de México y Argentina(3.000.000) y la de Colombia (4.000.000), res-pectivamente.

16


Los fondos acumulados igualmente va-rían de país a país, principalmente por la an-tigüedad y por el tamaño del mercado, salvoel caso excepcional del intento boliviano deque los fondos resultantes de la privatizaciónde las empresas públicas se transfieran a unareserva para el pago del bono compensatoriopara la tercera edad (Bonosol), actualmentesuspendido y reemplazado por una menorprestación. En proporciones del PIB, Chile seacerca al 40%; el resto de los países registrauna proporción inferior al 5%. Por el antece-dente chileno, sin embargo, en la mayor par-te de los países se parte de un desempeñooptimista en el futuro, aún teniendo en cuen-ta los contratiempos de los últimos años enla rentabilidad del sistema en Chile.

Cabe anotar en justicia, que respecto asus objetivos financieros, las administrado-ras �inclusive considerando que corre a sufavor el impulso inicial de partida� han ve-nido mostrando un aceptable desempeño enla mayor parte de los países de la región. Engeneral, sus plantas de trabajadores han sidoselectas y sus tecnologías modernas. Sus vin-culaciones con el ámbito financiero les hanpermitido también una buena labor de se-lección de cartera de inversiones, y han ve-nido continuamente exigiendo y agilizandoel mercado de capitales. En casi todos los ca-sos �la excepción es Perú, donde los títulosde gobierno han dejado de ser destino de lainversión� los riesgos se reparten entre va-lores de renta fija gubernamentales, el sec-tor financiero, y valores de renta variablepr ivados .

Lo anterior tiene directa relación con losrendimientos de las inversiones. Mesa-Lago

no registra en sus averiguaciones sobre elasunto tasas promedio inferiores al 7% des-de el inicio de los respectivos sistemas (Mesa-Lago, 1998)15. Pero debe volverse a insistir enque es temprano aún para determinar unéxito o un fracaso, en especial si se tienen encuenta algunas recientes bajas rentabilidadesde los sistemas reformados y, de otra parte,las amplias posibilidades de expansión delos mercados emergentes en el caso latino-americano.

La transparenciaLa generación de un mercado libre en

el sistema de pensiones, en sustitución deun régimen único, como es de esperar, poneen escena un fenómeno anteriormente noconocido por los trabajadores y emplea-dores, y es el de la competencia por captarla afiliación.

En la generalidad de las experiencias, elsistema privado se inició con el apoyo delgobierno �en Chile y Perú, países en que seimplantaron los dos primeros sistemas pri-vados latinoamericanos, su aprobación notuvo que pasar por un debate parlamenta-rio, pues se determinó mediante un decretodel Poder Ejecutivo�, el cual desarrolló unacampaña a favor de la capitalización, asu-miendo los costos de la transferencia. A con-tinuación se inicia una carrera entre las ad-ministradoras por captar el mercado. Aquíla excepción son los mercados pequeños,como los de Bolivia y El Salvador, donde elnúmero de administradoras es de dos o tres,al menos en al principio.

Cuando las opciones entre sistema pú-blico y privado existen, es decir, en los casosen que no se cierra este último, se plantea el

15 En el año 2000 la rentabilidad histórica de las AFP peruanas se situaba en un rango del 5 al 6%, a pesar de las deformaciones en elsistema de cálculo.

17

Debate Social

extraño conflicto de un Estado que mantienevigente el ingreso a uno de los sistemas peropromueve el otro, considerándolo ventajoso.En su siguiente paso, los gobiernos se venante la opción, cuando ya existe competenciaentre administradoras, de garantizar la trans-parencia de la publicidad. Esta decisión setomó en Chile recién en 1991, a diez años defuncionamiento del sistema como bien apun-ta Mesa-Lago, pero en casi todas las otras ex-periencias se reglamenta y controla la publi-cidad desde el lanzamiento del sistema, einclusive �en la Argentina� desde antes.

La transparencia de las administradorasno solamente se procura por las vías de re-gulación de la publicidad. Un factor impor-tante es también la comunicación periódicay constante a que están obligadas con susafiliados, de manera que no sólo estén con-venientemente informados, sino que puedantomar la decisión de optar por otra admi-nistradora si lo consideran conveniente.Adicionalmente, las entidades de supervi-sión de las administradoras (superinten-dencias, consejos, comisiones) suelen estaren la obligación de brindar atención perma-nente al público en general.

Un siguiente paso, que igualmente com-promete la necesidad de publicidad y lasgarantías de transparencia, se da cuando seproduce la saturación inicial del mercado dela afiliación y los traspasos pasan a ser elmecanismo principal de la competencia. Laexperiencia parece mostrar que esta compe-tencia y el constante traslado de los afilia-dos es más intensa en los mercados de unapoblación con mayores niveles educativos,más �vieja� en el sentido demográfico, y con

mayor cultura de la seguridad social. Así,en Chile y Argentina, los traspasos se hicie-ron altamente frecuentes, encareciendosignificativamente los costos operativos delas administradoras y obligando a modifi-caciones de la reglamentación tendientes aespaciar la movilidad y encarecerla.

La cultura de la seguridad social a la quehemos aludido, es al final la mayor garantíadel sistema y de la seguridad social en ge-neral16. Si bien pueden establecerse normasy procedimientos específicos, la vigilanciageneral de los miembros del sistema es lamayor garantía de que la transparencia seplasme, en tanto que los riesgos existen per-manentemente, con diversa intensidad.

Así, el sistema está continuamente ex-puesto a deformaciones respecto a su obje-tivo de liberalidad y transparencia. Gruposde capital pueden actuar de manera encu-bierta corporativamente, vinculando la cap-tación de afiliados con inversiones en em-presas propias con lo cual aumenta el riesgodel fondo. Pueden también desarrollarseacuerdos tácitos en los casos de competen-cia escasa. En la puja por las nuevas afilia-ciones se han observado desviaciones comoofertas extras a los potenciales nuevos afi-liados, acciones de captación a través de laoferta de empleo, o de la influencia de losresponsables de recursos humanos en lasempresas, o acuerdos entre vendedores paratraspasos. Ha habido, igualmente, casos decorrupción de funcionarios para obtener re-conocimientos de cotizaciones anteriores.

En suma, los diversos actores del siste-ma, público y privado, están expuestos adesviaciones del ideal de una competencia

16 Sobre este punto y la experiencia peruana véase AELE/USAID/SAFP (1997).

18


transparente y el beneficio general. Ante ta-les eventualidades, la información y el co-nocimiento previo son los elementos quegarantizan el cumplimiento de las normaspara evitar estas distorsiones, tan vistascomo combatidas en todas las realidades.

Los costos administrativos

Los costos de administración del siste-ma son importantes, hasta el momento, perovarían. En el caso más agudo actual, el pe-ruano, frente a un aporte del 8%, las comi-siones añaden un costo adicional del 3,7%,si se incluye el seguro de invalidez. Ello sig-nifica un monto superior al 45% de lo que elafiliado capitaliza. En el sistema chileno, lascomisiones también han sido objeto centralde crítica: en la actualidad ascienden a 3,1%para un aporte del 10%. En El Salvador y laArgentina las comisiones también son del 3%para aportes del 10 y 11%, respectivamente(Mesa-Lago, 1998).

En lo esencial, sin embargo, la cuestiónes si estas cotizaciones se justifican. Debereconocerse, en principio, que los costos delas administradoras en un sistema de com-petencia se ven elevados significativamentepor acciones que no afectan a los sistemaspúblicos obligatorios y únicos. Captar unafiliado significa gastos en publicidad y ven-tas y, mantenerlo, gastos de comunicación einformación y de trato personalizado quesuelen ser escasos en el sistema público, aje-no a la presión de la competencia.

Es también de importancia sustantivael hecho que la capital ización individualsupone un costo mucho mayor de admi-nistración en el mantenimiento de cuenta�pero también una mayor garantía si se dauna supervisión adecuada� que la adminis-tración de una cuenta colectiva. El sistema

informático interconectado de las adminis-tradoras es de un costo mucho más alto queel de una entidad central, pero necesariopara las acciones de control y para la actua-lización de los traspasos.

Presionan también, sobre todo inicial-mente, los costos de lanzamiento del siste-ma que significan para las administradorasuna inversión inicial elevada no solamenteen publicidad y comercialización, sino tam-bién en infraestructura de sucursales y enequipo y materiales. Ello lleva a esperar quelos costos disminuyan con el tiempo y, conellos, las comisiones actualmente cobradas.

Uno de los puntos más atendibles res-pecto a estos costos es la posibilidad que sedefinan en función del fondo administrado yno de los salarios, como sucede actualmenteen la mayor parte de sistemas privados depensiones. Además de su nivel, los costos dela administración privada, al ser fijados so-bre la nómina y ascender conjuntamente conella, son a largo plazo no solamente de volu-men significativo, sino exentos de los riesgosasumidos por los afiliados, pues se detraenindependientemente de la marcha del capi-tal acumulado en el fondo del trabajador.Una comisión fijada en función del fondoindividual capitalizado sería solidaria con eldestino de los afiliados y constituiría, conseguridad, un importante estímulo a la efi-ciencia del sistema, adicional a los que la le-gislación determina. Pero debe tenerse tam-bién en cuenta que esta modalidad esaplicable una vez que se haya captado lamayor parte de activos, pues en el períodoinicial, siendo el fondo pequeño, la sumadetraída sería de poca significación.

Para la mayor parte de las administrado-ras de pensiones instaladas en los años noven-ta, a pesar del volumen de las comisiones, el

19

Debate Social

camino no ha sido ni se presenta fácil. Lascondiciones de mercado diferentes a lasexcepcionalmente vividas por Chile, la com-petencia, la necesidad de desarrollar el mer-cado de capitales con instrumentos insuficien-tes o por crearse, la oposición de los defen-sores del régimen anterior, el incumplimien-to de compromisos por parte del Estado, sonalgunas de las causas que dificultan su mar-cha por el momento.

La crisis asiática, y posteriormente la dela ex Unión Soviética, la de Brasil y los efec-tos subsiguientes en la región, han mostra-do �específicamente en el ámbito financie-ro� la verdadera dimensión de los proble-mas. Prácticamente todos los sistemas pri-vados de pensiones han sido afectados ensu rentabilidad, sobre todo en 1998, siendola situación previsible desde el año anterior.Sin embargo, las repercusiones y alternati-vas no son iguales. Pueden centrarse en elcontrol estricto, como en Chile, en reformasdel sistema como en Bolivia, en la flexi-bilización de controles �a costa de la capi-talización� como en el caso peruano, ennegociaciones para dicha flexibilización,como en el caso argentino. La moraleja cen-tral es que siendo los fondos de pensionescapitales de riesgo, recién hemos podidoapreciar �antes se partía solamente del op-timismo derivado del desempeño chileno�la volatilidad de los fondos y la relativa pro-tección de los mismos, en tanto que las enti-dades administradoras presionan por cam-bios en las reglas de juego que salvaguardensu patrimonio aun a costa de los intereses delos afiliados que cotizan17.

A pesar de la calificación de sus recursos,las administradoras se desempeñan �salvocasos excepcionales de favoritismo� en con-diciones dificultosas, sobre todo en su etapainicial. Si bien dan la impresión de desem-peñarse como un negocio seguro, no cabeduda también que, en sentido inverso a lamaduración de los sistemas de jubilación,sus dificultades se presentan en los perio-dos de implantación, y volverán a surgir enun horizonte de alrededor de treinta añosdespués, cuando pueda realmente evaluarsela bondad de las pensiones que depararán.

El papel regulador del EstadoPor su naturaleza, el Estado es el regu-

lador de todas las actividades económicas ysociales y, en el caso de la reforma del siste-ma de pensiones, un actor principal. Allí don-de ha existido el sistema público, sin embar-go, no es un regulador ajeno a las institucio-nes que pretende reformar, sino que es tam-bién parte interesada en las modificaciones,pues es responsable de las instituciones pú-blicas y se debe autorregular. No es muyaventurado afirmar que el éxito de las refor-mas se juega, en gran parte, en las decisio-nes de gobierno para asumir las responsabi-lidades estatales y establecer reglas de juegoclaras para todos los actores, sin inclinarsepor ninguno, incluido él mismo.

Una primera condición de su eficienciacomo ente regulador, es para el Estado sucapacidad de planificar y diseñar con eficien-cia, superando las presiones seculares degrupos particulares y, a la vez, despoliti-zando el campo de acción, actuando con vi-sión de largo plazo y real conocimiento de

17 No se trata exclusivamente de un problema americano. Los problemas de costos, mercado e imagen afectan también, por ejemplo, aGran Bretaña, el sistema de pensiones europeo más avanzado en la privatización, donde se presentó el caso Maxwell de �desaparición�de un importante fondo pensionario. Véase �Britain: The great pension debate�, en The Economist, 19 de Julio de 1997.

20


causa. En rigor, un nuevo diseño previsio-nal tendría que basarse en los estudiosactuariales y financieros que disminuyan ra-zonablemente sus riesgos. Tal situación seha venido, felizmente, comprendiendo enAmérica Latina a juzgar por las experienciasrecientes. Si bien las administradoras de pen-siones deben hacer previamente sus estudiosde factibilidad, no queda duda que el grue-so de la información sobre la viabilidad alargo plazo del sistema (además del poderde decisión) se halla en manos del Estado yen la capacidad de sus cuadros.

En tal sentido, la expe-riencia de los sistemas re-formados, siendo desigual,tiene un saldo poco favora-ble, a juzgar por la frecuen-cia de sus idas y venidas ylos márgenes de incerti-dumbre gratuita en los quese han venido desempe-ñando en muchos países.De hecho, para dar un ejem-plo simple, es sorprenden-te la semejanza de tasas de aporte para rea-lidades demográficas y de mercado laboraltan disímiles como las de Chile, Perú o ElSalvador.

Un segundo punto de examen es elgrado de compromiso real de los gobiernosy la sociedad con las reformas que deseanimplementar, y con la seguridad social engeneral. Este solamente puede mantenerse apartir de un grado importante de diálogo yconsenso social, fruto de un ambiente de par-ticipación. No es extraño que la mayor partede los sistemas o reformas exitosos, digamosde Alemania y Japón, se han desenvuelto ennaciones de sólido espíritu nacional. En Chi-le, donde la reforma correspondió a un

gobierno cuestionado, el convencimientoprovino de la desfavorable situación delsistema a ser reemplazado (una variedad defondos corporativos que cobraban tasas ma-nifiestamente más altas que las propuestaspor el nuevo sistema y cuya eficiencia se re-cusaba), en la gestión de un personaje caris-mático y convincente como el Ministro deTrabajo de aquel entonces, José Piñera, quelideró la reforma, y en el clima de recupera-ción económica que se comenzaba a percibir.No necesariamente estas condiciones se hanvuelto a presentar en otros países. En realidad,

fueron excepcionales.Para el cumplimiento

de sus responsabilidades,el Estado, como ente regu-lador, requiere la autoridadque viene de la equidad, delconocimiento y del diálogo.No siempre coinciden todoslos componentes, y ello re-presenta una causa esencialde los problemas de los re-gímenes anteriores y de las

incertidumbres de los nuevos.

El papel de control del Estado

El control y la vigilancia constituyen otraresponsabilidad elemental del Estado. En lasformas la actuación de los organismos ges-tores de la seguridad social tiene frentes di-versos, la mayor parte de los cuales se con-templa en la legislación. Una lista sumariacomprende el control sobre los aspectos re-gulados y regulables. Según Tamburi: a) so-bre la regulación de los aportes y beneficios;b) sobre las condiciones de protección de losfondos; c) sobre la estructura de las inversio-nes; d) sobre el destino de las inversiones; e)sobre los procedimientos de representación;

En rigor, un nuevo diseñoprevisional tendría quebasarse en los estudios

actuariales y financieros quedisminuyan razonablementesus riesgos. Tal situación se

ha venido, felizmente,comprendiendo en América

Latina.

21

Debate Social

f) sobre los procedimientos de gestión y, g)sobre los mecanismos que eviten la discri-minación y exclusión (Tamburi, 1993).

Siendo amplio el margen de control yregulación y estando usualmente normado,ello no significa que los controles sean real-mente efectivos o que las instituciones ofi-ciales de supervisión no estén expuestas adar concesiones en el manejo del sistema queincrementan el riesgo de los afiliados de per-der sus ahorros para jubilación. En sentidocontrario, la excesiva reglamentación y elexacerbado �controlismo� perjudican al con-junto del sistema, incrementando sus costosoperativos y restándole dinamismo.

El punto neurálgico para lograr unequilibrio entre el relajamiento complacien-te y la exageración en la vigilancia, resideen quién controla a los controladores. Lasentidades de supervisión de las adminis-tradoras o los consejos de vigilancia de lossistemas públicos suelen ser entidades demuy relativa autonomía y ello puede com-plicar sensiblemente el panorama de unavigilancia real y eficiente. Alternativamen-te, algunas democracias tienen los mecanis-mos suficientes como para compensar losactos de gobierno, sea a través de otros po-deres (Judicial, Legislativo) con capacidadde intervención o reformulación, o de enti-dades específicas como las encargadas devigilar la libre competencia, o también de lasdefensorías del pueblo.

Una alternativa, sin embargo, casi noestá presente en la organización de los siste-mas reformados (y, en verdad, es bastantedébil en los sistemas públicos): la participa-ción activa de los propios actores, tantoempleadores como trabajadores. Si bien con-tinúa asociada a la cultura de la seguridadsocial de la que hablábamos antes, no deja

de ser sugerente la posibilidad de plurali-zar y democratizar al menos en aspectosconcretos y determinantes, las responsabili-dades y la participación de la sociedad civil.

El papel ejecutor del EstadoAhora bien, al margen de sus funciones

de regulación y control, el Estado debe tam-bién asumir sus funciones ejecutivas. En estepunto deben distinguirse dos frentes impor-tantes: el de dar cauce y viabilidad al sistemaen funcionamiento en el corto plazo, y el deresolver sus problemas seculares pendien-tes, en especial la debilidad de la cobertura.

En el primer campo se encuentra la se-rie de reclamos pendientes de las institucio-nes de seguridad respecto de aspectos tantrascendentes como aumentar �mediante lavinculación con el sistema fiscal, la mejorade la administración tributaria, y el uso delos registros públicos� la recaudación de lacotización de los afiliados, o bien el proveersuficientes instrumentos de colocación deinversiones como para diversificar el mer-cado de capitales haciendo decrecer sus ries-gos. En especial, se ha sugerido asociar laseguridad social �en Chile y Bolivia ello hasido así� con los procesos de privatización,o ampliar el mercado hipotecario, un típicomercado de largo plazo.

En el otro sentido, el reto mayor siguesiendo �en especial para países de mayorretraso industrial� la incorporación de sec-tores campesinos y del creciente sector in-formal. Para el futuro no muy lejano es com-pletamente previsible en estos países unaenorme presión social a partir de estos sec-tores, cuyos miembros llegaban antes a vi-vir hasta la tercera edad solamente de ma-nera excepcional, pero en las próximasdécadas lo harán masivamente. Cambiando

22


según el país, la situación actual al respectoes en general deficitaria o se ha �resuelto�por vías elusivas como contemplar para es-tos sectores la afiliación facultativa con unacarga mayor de aportaciones, a sabiendas delas deficiencias de sus niveles de ingreso.

En su acción diaria ejecutora, los Esta-dos también tienen responsabilidades queasumir con respecto a la buena marcha de laseguridad social y la incursión en ella de laacción privada. Pero seguramente las másinmediatas, las económicas, son las más im-portantes, y las que denotan con mayor cla-ridad el compromiso de gobierno con lasreformas.

Los costos de transferencia hacia el

sistema privado

Los procesos de reforma de los sistemasde pensiones deben contemplar usualmen-te el costo del reconocimiento de las contri-buciones efectuadas al régimen públicocuando existe una transferencia al sistemaprivado. La mayor razón por la cual en lasreformas se ha dejado abierto el régimenpúblico ha sido precisamente el problemaplanteado por la necesidad de reconocer es-tas contribuciones y cancelarlas para quepuedan pasar a ser parte de los fondos decapitalización individual. De muchas mane-ras se puede enfrentar este compromiso,como pasaremos a ver.

La primera experiencia, la de Chile, fueradical. Implicaba el cierre del régimen pú-blico, asumiendo el Estado el pago de las pen-siones y el de un bono de reconocimiento paraquienes se trasladaban al nuevo sistema (casitodos por tratarse de un régimen con meno-res aportaciones y, precisamente, porque deinmediato podían capitalizar sus anterioresaportes). El bono de reconocimiento es tal,

es decir, un título de valor negociable en elmercado para que ingresara a capitalizarseo cancelable en el momento de la jubilaciónincrementado por una tasa de interés anualreal del 4%. Se le calcula de manera que equi-valga a una tasa de sustitución del 80% paraquien haya aportado treinta y cinco años enel momento de la iniciación del sistema. Elgobierno ha ido cumpliendo este compro-miso con pulcritud, y resulta evidente quepara Chile la transición es la más costosa detodas las reformas, pudiendo llegar a equi-valer a un 20% del PIB (Superintendenciasde las AFPs, 1997).

El Perú ha reconocido un bono de mu-cho menor costo por afiliado, alrededor dela mitad del chileno nominalmente, dadoque su fórmula de cálculo se basa en las re-muneraciones de los cuatro años anterioresal inicio de la reforma (afectadas sensible-mente por la inflación) y que el objetivo conrespecto a la tasa de sustitución es muchomenor a juzgar por su arbitraria fórmula decálculo. El bono peruano no es tal �el gobier-no no cumple con emitir un título negocia-ble sino más bien un certificado de valor sim-bólico de determinación de la deuda� ysolamente se reconoce en el momento de lajubilación con una tasa de interés real nula.Definitivamente, este es uno de los puntosmás débiles de la reforma peruana. El bajovalor del bono hará que las pensiones en lospróximos años, conforme madure el siste-ma, sean tan o más reducidas que las del sis-tema público.

Argentina es otro prototipo del trata-miento que puede darse al caso. No emiteningún bono de reconocimiento sino unapensión compensatoria espaciada en el tiem-po que se capitaliza en el nuevo sistema. El

23

Debate Social

costo de esta prestación adicional llegará a seralrededor del 10% total del PIB en un perío-do de alrededor de 50 años.

En realidad estamos ante varios tratamien-tos. Aceptar el pago del bono reconociendo lacarga fiscal y capitalizando desde su inicioal sistema privado, diferir el pago del bono�debió hacerse por ley� hasta el momento dela jubilación, o convertir el reconocimiento delas cotizaciones prácticamente en un gasto co-rriente. Las diversas reformas son variacioneso combinaciones de estas opciones.

Lo que queda en evidencia de esta revi-sión, es que el éxito de una reforma queamplíe la capitalización individual reposa demanera importante en lo que haya sucedi-do con las contribuciones pasadas, pues siéstas no se reconocen y el Estado crea siste-mas de elusión de las mismas, el conjuntode la reforma se desprestigiará. En general,no es arriesgado afirmar que el elementoeconómico nuclear de la reforma se encuen-tra en este aspecto. Si el sistema público fun-ciona (existen los capitales y financian laspensiones) la reforma privatista puede ha-cerse pero su impacto es débil, como en elcaso colombiano. Si los fondos previos noexisten, la reforma procede a costa de unsignificativo esfuerzo fiscal que la sostieneo, en la peor alternativa, el Estado elude suresponsabilidad y pone al borde del despres-tigio al conjunto de la reforma.

Pensiones mínimasEl otro elemento a través del cual el Es-

tado sostiene las reformas privadas es lagarantía de pensiones mínimas, a través delas cuales los sistemas privados puedenmostrar su componente solidario y su res-ponsabilidad social (Valdez, 1997). Para sermás estricto, el Estado puede actuar como

garante, pero también asumir las responsa-bilidad �claramente en los Estados Unidosy en el Canadá�, o bien pueden darse situa-ciones intermedias, como de hecho sucedeya en la actual experiencia americana.

La pensión mínima chilena se definecomo aquella que otorga el Estado para com-plementar un monto básico �alrededor de140 dólares mensuales� en el caso que la ca-pitalización de un afiliado sea insuficientepara garantizar dicho monto. El derecho aesta pensión se obtiene con veinte años decotizaciones totales acumuladas en ambossistemas, y a los 65 años de edad de los hom-bres o 60 de las mujeres. En Chile se otorgaademás una pensión de beneficencia a quie-nes no hayan cumplido con el requisito delos aportes. Equivale a unos 40 dólares y ac-tualmente tiene una cobertura de 300 milpersonas.

Casi todos los sistemas proveen formal-mente pensiones mínimas, y el Estado asu-me la diferencia cuando la capitalización esinsuficiente, como en el caso uruguayo o deEl Salvador. Algunos países no han reglamen-tado la legislación al respecto, como es el casodel Perú, y en el caso de Bolivia no está legis-lada aunque existe suspendido el Bonosol (unpago anual de 200 dólares a todos los boli-vianos mayores de 65 años y a quienes lle-guen a esa edad, si tenían 21 años en diciem-bre de 1995) y, restringido, el Bonovida.

Argentina muestra en este campo �elde pensiones no contributivas� una llamati-va variedad que tiene diferentes segmentosdemográficos como objetivos: personasancianas o inválidas carentes de recursos;familiares de desaparecidos; madres de másde siete hijos; excombatientes de la Guerrade las Malvinas, y personas designadas porel Congreso de la Nación.

24


La asistencia socialPara países con una baja cobertura del

sistema, las pensiones mínimas pueden sig-nificar un costo importante que es, además,y a diferencia del bono de reconocimiento,un gasto permanente, al menos mientrasexistan asegurados que no lleguen a acumu-lar la base definida. Al calcular esta basemínima, se presenta el dilema que si es rela-tivamente alta puede tener el efecto indesea-ble de desanimar el ahorro en el sistemaprevisional subvaluando el aporte de quie-nes se conformen con ponerse la meta dedicha pensión y, en el otro extremo, de serdemasiado baja, deja de tener un sentidoprotector y constituye másbien un desprestigio del sis-tema. La determinación delmonto adecuado es, pues,crucial para este objetivo.

Una alternativa com-plementaria, tal vez la máscomún en los países conescaso financiamiento parala protección de la vejez, esel reforzamiento de la redde asistencia social de latercera edad, en salud, asilo y alimentación,reforzándola a través de los gobiernos loca-les y las organizaciones de base. En la mis-ma dirección, algunos sistemas privados depensiones �Chile, Perú al inicio, Colombia,México, Venezuela� implementaron unaporte de solidaridad, cuyo destino es re-forzar las acciones de atención a la terceraedad a través de la administración estatal,principalmente para las personas de meno-res recursos. Lo que difícilmente puede sos-tenerse, e insistimos en que será un proble-ma crecientemente grave, es la desatencióny la falta de prevención.

Breve colofónEste vasto repaso de los aspectos doctri-

narios en debate, como habíamos advertido,puede facilitar una visión de la situaciónactual de la seguridad social en la región,con la cual lograr nuevamente la generaciónde un vínculo entre las políticas desarrolla-das y los objetivos ulteriores de defensa delos derechos humanos, en especial de loseconómicos y sociales de las personas y lospueblos. Los cambios de los últimos tiem-pos han venido debilitando las posicionesdel modelo militar en todo nuestro subcon-tinente y, con ellos, también la propuesta deun sistema de jubilaciones viable y eficien-

te. Este estaría basado en elahorro personal y confiadoal sistema financiero priva-do. Las perspectivas llevanhacia modelos mixtos ocombinados que compren-dan la enorme dificultad deahorrar lo suficiente parajubilarse y de, al menos, ga-rantizar la no volatilidad deese ahorro, debido princi-palmente a la asunción de

responsabilidades por parte del Estado.En la perspectiva de nuestros pueblos, sin

embargo, en especial en el área andina, urgela toma de conciencia de la jubilación comoun problema presente, es decir, la generaciónde una cultura previsional entre los trabaja-dores y, sobre todo, entre sus gremios. Lairresponsabilidad estatal �la irresponsa-bilidad de los políticos tradicionales� y la vo-racidad privada, han confluido también enel área de las pensiones. Pero no deberíamosolvidar el tercer factor necesario, que ha sidoel de nuestra propia ignorancia e inmovilidad,y que es el primero que debemos modificar.

En la perspectiva de nuestrospueblos, sin embargo, en

especial en el área andina, urgela toma de conciencia de la

jubilación como un problemapresente, es decir, la generaciónde una cultura previsional entrelos trabajadores y, sobre todo,

entre sus gremios.

25

Debate Social

BibliografíaAELE/USAID/SAFP 1997, Propuesta de un

sistema previsional integral (Lima).Andersen, Gosta Esping 1996, �Después de

la edad de oro: el futuro del Estado be-nefactor en el nuevo orden mundial�, enDesarrollo Económico (Buenos Aires), Vol.36, Nº 142.

Aparicio Valdez, Luis 1997, �La necesidadde ingresos mínimos garantizados�, enAporte, Revista de la Superintendenciade la AFP (Lima), Nº 9.

Bailey, Clive 1998, Problemas de gobernabilidad(Ginebra: Departamento de la SeguridadSocial de la OIT).

Banco Mundial 1994, Envejecimiento sin cri-sis (Washington, D.C.).

Banco Mundial 1995, Informe sobre el Desa-rrollo Mundial 1995. El mundo del trabajoen una economía integrada (Washington,D.C.).

Bonilla García, Alejandro y Alfredo H.Conte-Grand (comps.) 1998, Las pensio-nes en América Latina. Dos décadas de re-forma (Lima: OIT).

Castello Branco, María de 1998, �Reforma dela seguridad social en los paísesbálticos�, en Boletín FMI (Washington,D.C.), Vol. 27, Nº 5.

Córdova, Efrén 1996, �Síntesis de la legisla-ción sobre la seguridad social en EE.UU.�,en Análisis Laboral (Lima), agosto.

Córdova, Efrén 1998, �Trends in SocialSecurity� en ISSA (Ginebra), Nº 2.

Consulta Regional Tripartita sobre la Refor-ma y Desarrollo de los Sistemas de Pen-siones (Lima, 1997).

Ferguson, Karen y Kate Blackwell 1994,Pensions in Crisis. Why the System isFailing in America and How You can ProtectYour Future (Nueva York: Arcade).

Gillion, Colin 1997, La aritmética de los regí-menes de prestación definida y de cotizacióndefinida (Ginebra: Departamento de laSeguridad social de la OIT).

Gillion, Colin 2000, �Desarrollo y reforma delas pensiones de seguridad social: Elenfoque de la Organización Internacio-nal del Trabajo�, en Revista de la AISS(Ginebra), Nº 1.

Guillén Romo, Héctor 2000, �Hacia la ho-mogeneidad de los sistemas de jubila-ción�, en Comercio Exterior (México),Vol. 50, Nº 1.

Gruat, Jean Víctor 1998, �Pertinencia, prin-cipios de la seguridad social y refor-ma de las pensiones�, en García yConte-Grand (comps.) Pensiones enAmérica Latina. Dos décadas de Reforma�(Lima: OIT).

Holzmann, Robert 2000, �El enfoque delBanco Mundial respecto de la reformade pensiones�, en Revista de la AISS (Gi-nebra), Nº 1.

Israel, Ruth Ben 1994, �Seguridad social enel año 2000. Potencialidades y proble-mas�, en Reporte General al XIV Congre-so Mundial del Derecho del Trabajo y la Se-guridad Social (Seúl).

James, Estelle y Robert Palacios 1995, �Elcosto administrativo de los planes depensiones�, en Finanzas y Desar rollo(Washington, D.C.), junio.

Mesa-Lago, Carmelo 1996, �Las reformas delas pensiones en América Latina y laposición de los organismos internacio-nales�, en Revista de la CEPAL (Santiagode Chile), Nº 60.

Mesa-Lago, Carmelo 1998, �La reforma estruc-tural de pensiones en América Latina.Tipología, comprobación de presupuestosy enseñanzas�, en García y Conte-Grand

26


(comps.) Pensiones en América Latina. Dosdécadas de reforma (Lima: OIT).

Mesa-Lago, Carmelo 1998, �Fondos de pen-siones, el financiamiento de los costosde transición y el desarrollo de los mer-cados financieros. Lecciones de la refor-ma de privatización en Chile�, en Garcíay Conte-Grand (comps.) Pensiones enAmérica Latina. Dos décadas de reforma(Lima: OIT).

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1994,Libro Blanco de la jubilación (Madrid).

Piñera, José 1991, El cascabel al gato. La bata-lla por la reforma previsional (Santiago deChile: Zig Zag).

Queisser, Monika 2000, �Pension Reformand International Organizations: FromConflict to Convergence�, en Revista dela AISS (Ginebra), Nº 2.

Sherman, K.G. 2000, �¿Un nuevo consensoen la reforma de la seguridad social?�,en Revista de la AISS (Ginebra), Nº 1.

Stanford G. Ross 2000, �Doctrine and Practicein Social Security Pension Reforms�, enRevista de la AISS (Ginebra), Nº 2.

Superintendencias de las AFPs 1997, Refor-mas de los sistemas de pensiones � Argenti-na, Chile y Perú (Santiago de Chile).

Tamburi, Giovanni 1993, �Seguros de pen-siones y participación de la empresaprivada�, en Revista de la AISS (Ginebra),Nº 2.

Thompson, Lawrence 1997, La previsibilidadde las pensiones (Ginebra Departamentode la Seguridad Social de la OIT.

Thullen, Peter 1986, �El financiamiento delas pensiones de la seguridad social:Principios, problemas actuales y tenden-cias�, en La crisis de la seguridad social yla atención a la salud (México: Fondo deCultura Económica).

Turner, John y Sophie Korczyck 1997, Refor-ma del diseño de los regímenes de pensiones(Ginebra: Departamento de la SeguridadSocial de la OIT).

Uthoff, Andras 1998, �La reforma estruc-tural de pensiones en América Latina:t ipología, comprobación de presu-puestos y enseñanzas�, en García yConte-Grand (comps.) Pensiones enAmérica Latina . Dos décadas de r eforma(Lima: OIT).

Verdera, Francisco 1996, �Seguridad socialy pobreza en el Perú. Una aproxima-ción�, en La seguridad social en AméricaLatina: seis experiencias diferentes (BuenosAires: CIEDLA).

27

Debate Social

La privatización de la seguridad social:una reforma financiera fracasada

Carlos Arze Vargas *

La orientación fundamental de las polí-ticas de corte neoliberal ha sido la de pro-mover la preeminencia del mercado, privi-legiándolo como el mecanismo ideal para laasignación de recursos económicos. De estemodo, se intentó limitar el papel del Estadoal de un simple fiscalizador de las accionesde la empresa privada, subordinando losobjetivos sociales, como el bienestar de losciudadanos, al logro de rentabilidad de lasinversiones capitalistas. Sin embargo, la eva-luación posterior de la aplicación de dichaspolíticas arroja un resultado que dista mu-cho de la teoría que respaldaba a las mis-mas: aunque el Estado fue despojado de susatribuciones en el plano productivo, man-tuvo un perfil alto en el ámbito de las accio-nes de salvataje de la inversión privada, quese mostró incapaz de remontar todos losdesafíos de una economía de libre mercado.Asimismo, la debilidad extrema a la que fueconducido por las políticas de liberalizaciónde los mercados y de privatización, obliga-ron al fisco a recurrir a diversos medios para

captar el ahorro generado internamente yutilizarlo para el financiamiento de sus pro-pias actividades, en desmedro de las activi-dades productivas. Este es el marco de lareforma del sistema de seguridad social enBolivia y otros países de la región.

En el caso particular de nuestro país, lareforma del sistema de pensiones fue pre-sentada como una necesidad social �argu-mento auxiliado por la evidente ruina delsistema de pensiones vigente por varias dé-cadas�, pero fue diseñada para convertirse,más bien, en una fuente de recursos para lainversión privada. Empero, el balance de losresultados y las perspectivas de la nueva si-tuación creada, nos llevan a afirmar que lareforma también fracasó como reforma fi-nanciera.

La justificación de la reforma ysus objetivos

Según uno de los principales promoto-res de la reforma (Peña Rueda, 1996), la ne-cesidad de sustituir el sistema de seguridad

* Investigador del CEDLA.

28

La privatización de la seguridad social: una reforma financiera fracasada

social a largo plazo, deno-minado �de reparto sim-ple�, estaba justificada porla virtual quiebra financie-ra del mismo. Esta afirma-ción habría estado respal-dada por algunos datos: larelación entre trabajadoresactivos y jubilados era de 3a 1, inadecuada para per-mitir la sostenibilidad fi-nanciera del sistema y muyreducida frente a la rela-ción considerada ideal (10a 1); la cobertura del sistema era muy pe-queña, pues con relación a una poblacióneconómicamente activa (PEA) de 2,6 millo-nes de personas, el número de trabajadoresque cotizaban regularmente era de sólo314.437; el sistema también era discrimi-natorio porque no abarcaba al amplio uni-verso de trabajadores no asalariados y, fi-nalmente, era vulnerable a la inflación y ala variación y movilidad del empleo. To-das esas características derivaban en un�desfinanciamiento estructural� explicadoporque los pocos aportes, las malas inver-siones de baja rentabilidad y la ausencia deahorro, generaban un elevado déficit finan-ciero que sólo permitía el otorgamiento derentas de jubilación bajas y obligaba a la mo-dificación arbitraria de las tasas de cotiza-ción. En conclusión, se sostenía que el siste-ma era financieramente insostenible y, portanto, una carga para el Estado.

En criterio de los gobernantes de esemomento correspondía, entonces, avanzaren la implementación de un nuevo sistemaque permitiese al Estado reducir, hasta su eli-minación, la carga financiera causada por elviejo sistema quebrado y posibilitase otorgar

a la población beneficiosque aseguren su retiro de lavida activa de manera dig-na. En este sentido, la refor-ma debía consistir en el es-tablecimiento de un fondocontributivo que realizaríainversiones en el mercadofinanciero, logrando buenarentabilidad y asegurandola renta de jubilación. Así,las características distinti-vas de este nuevo sistemaserían:

1. Ampliación de su cobertura hacia nuevossegmentos de la población, en particular,de los trabajadores no asalariados.

2. Autofinanciamiento.3. Transparencia en el manejo de sus inver-

siones.4. Potencial para fortalecer el mercado de

valores.5. Capacidad para enfrentar de manera efi-

ciente las crisis económicas.6. Capacidad de brindar mecanismos para

el mantenimiento del valor de las pen-siones, y

7. capacidad para elevar el ingreso de losbolivianos en edad de jubilación.

Adicionalmente, se aseguraba que estenuevo sistema incluiría la creación de unfondo no contributivo sobre la base de losdividendos que reportarían las empresascapitalizadas, que tendría la función de pa-gar un subsidio especial, denominadoBonosol, a las personas de 60 y más años deedad, las que sumarían alrededor de450.000. Este fondo fue, posteriormente, lla-mado Fondo de Capitalización Colectiva(FCC) y su administración también paso a

En el caso particular denuestro país, la reforma del

sistema de pensiones fuepresentada como una

necesidad social �argumentoauxiliado por la evidente

ruina del sistema de pensionesvigente por varias décadas�,

pero fue diseñada paraconvertirse, más bien, en una

fuente de recursos para lainversión privada.

29

Debate Social

manos de las administradoras de fondos depensiones (AFP).

Pasado más de un lustro de la aplica-ción de la reforma del sistema previsional,es posible realizar un balance que nos per-mita comprender con más claridad su natu-raleza y sus propósitos. Por ello, a continua-ción contrastaremos alguna informaciónrelativa a sus resultados y sus perspectivasactuales con el discurso inicial de sus propug-nadores.

El espejismo de una mayorcobertura

Uno de los argumentos preferidos de losfuncionarios gubernamentales y de los em-presarios de las AFP para hacer apología dela reforma, es que el nuevo sistema habríalogrado un incremento excepcional de su co-bertura con relación al antiguo sistema dereparto.

Sin embargo, en la evaluación de la co-bertura del nuevo sistema se debe ponermucho cuidado al leer las cifras globales,puesto que el inusitado crecimiento delnúmero de afiliados con respecto al anteriorsistema �más delcien por ciento�oculta el hecho que,en la actualidad, elnúmero de traba-jadores que efecti-vamente aportana los fondos admi-nistrados por lasAFP es sustan-cialmente inferioral de los inscritos.

En el Cuadro 1 se puede observar quedicha diferencia es abrumadora, pues la re-lación entre aportantes efectivos y afiliadosfue, en los dos últimos años, de sólo 46,9%,es decir, que menos de la mitad de los afilia-dos aporta regularmente al sistema.

Contrastando el alcance de los dos regí-menes de seguridad social a partir de sumagnitud relativa respecto a la PEA, se pue-de observar que la situación no ha cambia-do excepcionalmente con la reforma (Cua-dro 2). Aunque el alcance del anteriorsistema en el año previo a la privatizaciónfue menor que el del nuevo sistema, se debetomar en cuenta que para 1996 la cifra de laPEA, de acuerdo a la Encuesta Nacional deEmpleo, era más elevada, inclusive que ladel Censo del año 2001 y la proyectada parael 2002.

Peor aún, si considerásemos la informa-ción utilizada por los funcionarios guberna-mentales encargados de aplicar la reforma1

(que la PEA del año 1996 alcanzaba a 2,6millones de personas), el anterior sistema ha-bría tenido una alcance mucho mayor queel actual, con un número de trabajadores

1 Véase ibídem.

Cuadro 1Cobertura del sistema de capitalización individual(número de personas)

Afiliados Aportantes Relación (%)

Diciembre de 1998 453.291 n.d.



Diciembre de 2001 675.889 317.528 46,9

Diciembre de 2002 760.959 357.207 46,9

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico nro. 8 de la Asociación Inter-nacional de Organizaciones de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS)

30


cotizantes que sumaría el 12% de la pobla-ción activa.

A despecho de los diseñadores y eje-cutores de la reforma, tampoco la informa-ción desagregada del número de afiliadospor tipo de trabajador da cuenta, de manerarotunda, de una superioridad del nuevo sis-tema respecto al que sustituyó, para exten-der su cobertura hacia segmentos de trabaja-dores no asalariados o independientes. Segúninformación de las AFP, el número de traba-jadores independientes afiliados a los fondosde pensiones no supera el 4,3% del total delos afiliados registrados a junio del 2003.

Las razones de esta situación deben bus-carse en las características del propio siste-ma y en las que prevalecen en el mercadolaboral: por un lado, las entidades privadasque administran los fondos, como toda em-presa financiera privada, al buscar lamaximización de sus ganancias, eluden laadministración de recursos de pequeñacuantía, pues sus costos son relativamentealtos con respecto a las utilidades que pue-den generar y, por otro lado, los ingresos

de los sectores in-dependientes, ma-yoritariamente si-tuados en el deno-minado sector in-formal, son extre-madamente bajos,por lo que no brin-dan la posibilidadde generar algúntipo de ahorro des-tinado a la etapade retiro. Esta se-gunda presunciónse ve reforzada porla siguiente infor-

mación estadística: según la Asociación In-ternacional de Organizaciones de Supervisiónde Fondos de Pensiones (AIOS), el salariopromedio cotizable del sistema de capitali-zación individual en Bolivia era de US$ 282,en tanto que el ingreso promedio de los tra-bajadores del sector semiempresarial para elmismo año, según el INE, era sólo de US$ 127.

De este modo, una lectura más deteni-da de las estadísticas oficiales nos permiteaseverar que ellas sólo pretenden crear unespejismo de las virtudes de la reforma.

La insostenibilidad del sistemafrente a las expectativas de losreformadores

Como se ha mencionado más arriba, lospromotores de la reforma de la seguridadsocial en el país prometían que el nuevo sis-tema de capitalización individual, a diferen-cia del anterior, tendría la virtud de autofi-nanciarse (no requeriría del apoyo delgobierno para sostenerse financieramente),apoyándose en la rentabilidad de las inversio-nes que realizaría en el mercado de valores,

Cuadro 2Alcance de los regímenes de seguridad social(número de personas y porcentajes)

1996 2001 2002

Sistema de reparto

Número de aportantes 314.437

PEA 3.740.703

Relación aportantes/PEA 8,4

Sistema de capitalización

Número de aportantes 317.528 357.207

PEA 3.131.813 3.307.472

Relación aportantes/PEA 9,9 10,8

Fuente: Elaboración propia con base en el Boletín Estadístico nro. 8 de la Asociación Inter-nacional de Organizaciones de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS)

31

Debate Social

a cuyo fortalecimiento contribuiría. La efi-ciencia de las entidades privadas de admi-nistración de los fondos financieros, obvia-mente, se basaría en la transparencia y en elprofesionalismo.

La información disponible sobre las ac-ciones de las AFP y las inversiones de losrecursos que ellas administran, desmientelos supuestos sobre la eficiencia de mercadoa la que estaría, teóricamente, sujeto el fun-cionamiento del nuevo sistema.

En primer lugar, no son las fuerzas li-bres del mercado las que definen las deci-siones de inversión de los recursos maneja-dos por las AFP. De acuerdo a las normasvigentes, estas entidades están obligadas amantener una cierta estructura del portafo-lio de sus inversiones, en la que predomi-nan los valores emitidos por el Estado. Mien-tras las normas limitan las inversiones envalores de entes emisores en el extranjerohasta un 10%, la inversión en valores públi-cos, ya sea del Tesoro General de la Nacióno del Banco Central de Bolivia, no tiene lí-mites; en otras palabras, ellas podrían alcan-zar hasta el 90% y explicarían la inusual con-centración de la cartera de las AFP.

En el caso de la AFP Previsión, las in-versiones en bonos del TGN (obligatorios)alcanzarían la suma de US$ 458 millones,correspondientes al 69% de su cartera y, enel caso de la AFP Futuro, llegarían a US$ 365millones, constituyendo el 61% de su carte-ra. Correspondientemente, el total de US$823 millones de inversiones en los bonosemitidos por el TGN representaría el 65% deltotal de recursos acumulados en el Fondode Capitalización Individual (FCI).

Sin embargo, según información deAIOS (Gráfico 1), a diciembre del año 2002la concentración de la cartera del FCI en

valores fiscales superaba el 69% del total.Esto quiere decir que aparte del 65% inver-tido en bonos del TGN, existiría un 4% in-vertido en otros valores estatales.

Esta estructura de la inversión encauza-da por el Estado, se explica porque la dete-riorada situación de las finanzas públicas,ocasionada por las políticas de privatización,no le permite al Estado financiar el gasto pú-blico de manera normal, por lo que debe re-currir, de manera permanente, al expedien-te de la deuda pública. Aquí se debe remar-car que una buena parte de dicho gasto pú-blico está destinado a cubrir el costo de lapropia reforma del sistema de seguridad so-cial: el pago de las rentas de jubilación de losbeneficiarios del anterior sistema de reparto.

Empero, no se debe olvidar que en elmarco de una economía tan pequeña y po-bre como la boliviana, en la que está ausen-te un mercado de valores y en el que subsisteun sistema financiero poco eficiente, el fi-nanciamiento del déficit fiscal con recursos

Gráfico 1:Composición de las inversionesdel FCI (diciembre de 2002)

Deudaguberna-mental(69%)

Fondos mutuosy de inversión

(0%)Instituciones

no financieras(13%) Otros

(2%)

Acciones(0%)

Institucionesfinancieras

(15%)

Emisoresextranjeros

(1%)

32


del FCI se convierte para el Estado en unaalternativa más rentable que la que ofrece elsistema financiero privado. Al mismo tiem-po, se debe tener presente que la dependen-cia excesiva de la oferta de valores públicossomete a las AFP a un riesgo muy alto, pueslas hace vulnerables a los cambios repenti-nos de las políticas gubernamentales.

En efecto, en los últimos tiempos, las de-cisiones gubernamentales destinadas a redu-cir paulatinamente el volumen de la deudapública y a cumplir con determinadas ofer-tas electorales, han modificado drásti-camente la rentabilidad de las inversionesen valores públicos de los recursos del FCI.Por un lado, a partir de la ley que crea laUnidad de Fomento a laVivienda (UFV) como nue-va unidad de referenciapara la indexación de lasdeudas, el actual gobiernoha rebajado la tasa de inte-rés de sus bonos del 8 al5%; por otro, con el objetode garantizar el pago delBonosol, ha dispuesto laobligación para el FCI deadquirir acciones del Fon-do de Capitalización Co-lectiva (FCC), con lo que ha fusionado lasutilidades obtenidas por el primero (8%) conlos dividendos que el FCC recibe de las em-presas capitalizadas (2,9%), haciendo caer larentabilidad anual promedio.

De esta manera se puede colegir que elsupuesto de una administración eficiente,basada en la transparencia de las decisionesde inversión no se ha cumplido, puesto que

no son los afiliados o cotizantes del sistemacomo auténticos propietarios de los recur-sos acumulados quienes influyen en la tomade decisiones relativas al destino de sus aho-rros y de las rentabilidades esperadas, sinolos funcionarios y autoridades políticas quehacen prevalecer sus intereses, imponiéndo-los autoritariamente a las AFP.

Considerando estos hechos, se puededecir también que la actuación de las AFPpierde toda relevancia por cuanto el manejofinanciero no está ya sujeto a la capacidadtécnica para identificar las opciones de mer-cado, sino a decisiones exógenas de cumpli-miento obligatorio. Contrariamente, estasempresas privadas aprovechan la situación

generada por la actuacióndiscrecional de los gobier-nos, obteniendo elevadas ycrecientes utilidades. En tér-minos absolutos, los resul-tados anuales netos de lasdos AFP en conjunto, prove-nientes de la diferencia en-tre ingresos por comisionesy gastos totales, habrían su-mado los US$ 2 millones enel año 2001 y US$ 6,1 millo-nes en el 2002. Dichos resul-

tados se explican, principalmente, porquemientras el gasto operativo anual por afilia-do llegaba a US$ 6,3 en el 2001 y a 5,6 en el2002, los ingresos anuales por comisiónpor aportante era de US$ 27 en el año 2001 yde US$ 31 en el 2002. Así, su rentabilidad�la relación entre utilidad y patrimonio�habría sido de 14,4% en el 2001 y de 36,5%en el año 20022. Todo esto pese a los magros

Considerando estos hechos, sepuede decir también que la

actuación de las AFP pierdetoda relevancia por cuanto elmanejo financiero no está yasujeto a la capacidad técnicapara identificar las opcionesde mercado, sino a decisiones

exógenas de cumplimientoobligatorio.

2 Boletín Estadístico de la Asociación Internacional de Organizaciones de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), números 6 y 8,de diciembre de 2001 y 2002, r espectivamente.

33

Debate Social

resultados en términos de ampliación de lacobertura del sistema hacia segmentos de tra-bajadores independientes o no asalariados.

En segundo lugar, la esperada potencia-lidad del nuevo sistema para impulsar elfortalecimiento del mercado de valores bo-liviano tampoco se vio materializada. Lasujeción extrema de la gestión de los recur-sos de pensiones a las decisiones del gobier-no, junto con las particulares característicasde la economía nacional, impidieron el sur-gimiento y, menos aún, la consolidación deun verdadero mercado de valores.

Como se ha mencionado, del total de losrecursos acumulados por el FCI a diciembrede 2002, que alcanzaba a US$ 1.144 millo-nes, el 69% ha sido dirigido a financiar elgasto corriente del fisco, haciendo práctica-mente imposible la canalización de recursoshacia los sectores privados a través del mer-cado de valores. Un ejercicio más detalladosobre el destino de los recursos del sistema,realizado por el gerente de la Bolsa de Valo-res3, permite comprender mejor esta situa-ción. Si se considera que anualmente el FCIaumenta a razón de US$ 200 millones deaproximadamente, y que el gobierno, me-diante los distintos tipos de valores emiti-dos, se ha estadoprestando alrede-dor de 140 millo-nes anuales, el vo-lumen disponi-ble para finan-ciar inversionesprivadas a travésdel mercado devalores sería deUS$ 60 millones;

empero, como el gobierno ha decidido re-currir, arbitrariamente, a los recursos del FCIpara financiar el pago del Bonosol a partirde este año, se estima que cerca de otros US$40 millones serán utilizados con ese propó-sito. En resumen, la absorción del 90% delos recursos acumulados anualmente porparte del gobierno hace imposible contar conlos recursos del FCI como alternativa paraimpulsar la actividad bursátil en el país.

En tercer lugar, la ausencia de una nor-matividad adecuada para garantizar el fun-cionamiento óptimo del sistema de seguri-dad social de largo plazo y la acentuadadebilidad del sistema de regulación para elcumplimiento de las reglas de juego, ha ge-nerado una elevada deuda de los emplea-dores frente a las AFP. En efecto, a marzo de2003 esta deuda excede los Bs. 140 millones yes, aparentemente, de muy difícil cobranza.

Finalmente, es incorrecto separar de ma-nera artificial la situación del fondo contri-butivo correspondiente al sistema de capi-talización individual, de la situación preva-leciente en el sistema residual de jubilación�el llamado sistema de reparto�, que, segúnel diseño de la reforma, debería tender a des-aparecer eliminando, a su vez, el costo fiscal

3 Declaraciones de Armando Alvarez al matutino El Diario (4 de agosto de 2003). <www.eldiario.net>

Déficit del sector público no-financiero(como porcentaje del PIB)

1997 1998 1999 2000 2001

Superávit (déficit) global -3,28 -4,76 -3,86 -3,75 -6,49

Pensiones -2,51 -4,01 -4,12 -4,50 -4,83

Como porcentaje del total 76 84 106 120 74

Fuente: Elaboración propia con base en el Dossier Estadístico, varios números, de la Unidadde Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

34


que representa. En este sentido, se puedeafirmar que la forma en que se ha llevado acabo la reforma ha derivado en un alarman-te costo para las arcas públicas por conceptode pago de rentas a los jubilados del desapa-recido sistema de reparto, el cual representómás del 90% del total del déficit anual delsector público no financiero en los últimoscinco años; en términos monetarios, este cos-to creció de US$ 198 millones en 1997 a másde 384 millones en el año 2001.

Los aspectos preocupantes de esta situa-ción consisten en que dicho costo debe sercubierto regularmente mediante la asunciónde deuda pública que ocasiona la obligaciónde elevados intereses y en que la obligaciónasumida por el Estado, de pagar las men-cionadas rentas, ha ido creciendo sosteni-damente hasta la fecha, y lo seguirá hacien-do debido a los compromisos adquiridos porlos sucesivos gobiernos de turno.

Estimaciones de algunos expertos4 seña-lan que existiría un crecimiento sostenido dejubilados del sistema residual �causado porel establecimiento del beneficio denomina-do �anticipo de vejez�� (desde 110.000 per-sonas en enero de 1997 a 156.000 en diciem-bre de 2001), con un incremento promedioanual de 10.000 personas. Asimismo, se pre-vé que por ese mecanismo, hasta fines del2003, se sumarán a esa cifra alrededor de24.000 nuevos rentistas. Pero la presión so-bre el costo de las pensiones del sistema resi-dual no sólo proviene del aumento del nú-mero de nuevos rentistas, sino también de lassucesivas disposiciones gubernamentales

referidas al ajuste monetario de las rentas.Así, en el curso del año 2002, los nuevos me-canismos dispuestos para la modificación dela renta mínima y la actualización de las ren-tas (referidos a la tasa de devaluación del sig-no monetario nacional con respecto al dólar),supusieron un incremento de los gastos enel orden del 8,6%. Asimismo, desde el 2002se inició el pago de la Compensación deCotizaciones �derivada del reconocimientode los aportes de trabajadores afiliados alnuevo sistema pero que aportaron en perío-dos previos a mayo de 1997� que beneficia-ría, paulatinamente, a 340.000 trabajadoresdurante los próximos 40 años.

En suma, todos estos hechos estaríanprovocando que el costo de la reforma parael Estado �por concepto del pago de rentasa los jubilados del anterior sistema�, excedalas previsiones iniciales de quienes lo calcu-laron en US$ 616 millones en los primeroscinco años de vigencia del nuevo sistema5.

En síntesis, todas las características men-cionadas dan cuenta de una situación deevidente insostenibilidad del sistema y enla que prevalece una contradicción dramá-tica �opuesta a la propia lógica que dio na-cimiento a la reforma�, consistente en quese ha producido una especie de retorno alviejo sistema; en otras palabras, el ahorroacumulado de los aportantes del nuevo sis-tema provee �a un elevado costo� la liqui-dez necesaria para pagar a los jubilados delantiguo régimen. Adicionalmente, los traba-jadores que aportan al FCI están obligadosa subsidiar el pago del Bonosol, ya sea a

4 Véase en este mismo volumen el artículo de Ricardo Gómez.5 Con todo, no se debe eludir el hecho de que un porcentaje no despreciable del exceso en el costo efectivo de la reforma respecto del costo

proyectado por la Secretaría Nacional de Pensiones, y que fue utilizado como justificativo para la liquidación del sistema de r eparto,proviene de graves er rores y omisiones de los técnicos de dicha r epartición pública. Una explicación muy bien sustentada de ello seencuentra en el estudio de Edgar Gamboa Costo fiscal de la Reforma de Pensiones: proyección vs. ejecución <www.spvs.gov.bo/Pensiones/Estudios/Costo_fiscal.pdf>

35

Debate Social

través de la reducción de sus fondos acumu-lados individuales, destinados a financiar sufutura jubilación, o mediante el aumentoobligado de más años de trabajo para garan-tizar una renta digna6.

De la solidaridad al abandono: lasesperanzas frustradas de unajubilación digna

La promesa de una jubilación digna quesuperaría los resultados sociales obtenidospor el anterior sistema de reparto, se convir-tió en la principal justificación enarbolada porlos reformadores. Dicha promesa debería re-flejarse, además del incremento de la pobla-ción beneficiaria, en el mejoramiento de losingresos de jubilación y en la garantía paraque todas las personas que hayan arribado ala edad laboralmente inactiva obtengan unarenta mínima adecuada a sus necesidades.

La evaluación de los resultados obtenidosen esta perspectiva arroja un saldo más dra-mático que en los otros casos y refuerza la hi-pótesis de que los verdaderos objetivos perse-guidos por la reforma tuvieron que ver muypoco con la búsqueda de mejores condicionesde vida para la población trabajadora.

En primera instancia, como se precisólíneas arriba, la transformación del sistemano ha dado lugar a un incremento de la po-blación beneficiaria en magnitudes relevan-tes, por lo que no se puede afirmar que hayacontribuido a atenuar el extendido fenóme-no de exclusión de los beneficios de la segu-ridad social para vastos grupos sociales.

Una segunda consideración, relativaal incremento de los ingresos, provoca lamisma desilusión. De la manera en que se

diseñó el nuevo régimen, el acceso a una ren-ta de jubilación está ligado a la extensión sus-tancial de la vida laboral del trabajador. Aun-que según las disposiciones vigentes lostrabajadores afiliados al nuevo sistema tie-nen dos opciones diferentes para acogerse ala jubilación �a cualquier edad, si poseen unahorro acumulado suficiente para financiarun pensión equivalente al 70% de su salariobase o, a los 65 años, independientemente delahorro acumulado�, varias característicasprevalecientes en el mercado laboral bolivia-no restringen las posibilidades para una ju-bilación temprana.

Como se menciona en un artículo inclui-do en este mismo volumen7, muchos segmen-tos de trabajadores de bajos ingresos no po-drán acceder a la jubilación antes de los 65años o, de hacerlo, deberían empezar su vidaactiva a edades muy tempranas. Asimismo,la cuantía de la renta está ligada ineludible-mente a la cuantía de los ingresos obtenidosa lo largo de su vida activa, por lo que unaeventual mejora de sus ingresos en la edadinactiva depende de que haya ahorrado unmonto extraordinariamente alto, lo que pue-de ocurrir únicamente si extiende su vidaactiva más allá de lo normal. Esta situaciónse verá agravada de aquí en adelante, debi-do a que algunas disposiciones gubernamen-tales, como la mencionada fusión de las uti-lidades del FCI y los dividendos del FCCnecesaria para el pago del Bonosol, la reduc-ción de la tasa de interés de los bonos públi-cos, y el cambio de indexación de la deudapública, provocarán la dramática reducciónde la rentabilidad de las inversiones reali-zadas por las AFP con los recursos de sus

6 Véase en este mismo volumen el revelador trabajo de Pablo Poveda.7 Véase ibídem.

36


afiliados, elevando proporcionalmente eltiempo de trabajo necesario para alcanzar unahorro adecuado.

Finalmente, cabe mencionar que elnuevo sistema tampoco garantiza el accesoa una renta jubilación digna a todos lostrabajadores del país. La Ley de Pensionesprevé una situación especial que genera unafigura denominada �retiros mínimos� porla que un trabajador que no haya alcanza-do el monto suficiente para financiar almenos el 70% del salario mínimo nacionaly alcance los 65 años de edad, obtendrá unapensión o renta anual igual a dicho porcen-taje �hasta agotar los recursos acumula-dos�, sea que ellos cubran ono la mencionada pensión alo largo de los años de vidaque le queden después de ju-bilarse. En pocas palabras,existirán trabajadores quepodrán acceder a una rentamuy reducida �el salario mí-nimo actual no excede los US$ 58� por untiempo que no necesariamente coincidirácon su expectativa de vida8.

Como se puede ver, en este ámbitodestaca la diferente óptica que guía a losdos sistemas en cuestión: mientras el an-terior sistema de reparto asumía como unaobligación ineludible del Estado la provi-sión de seguridad a los trabajadores des-pués de su vida activa, el nuevo sistemadesecha esa responsabil idad estatal , atri-buyéndole a la �excelencia� del mercadola posibi l idad de proveer seguridad a lapoblación inactiva9.

ConclusionesPor todas las razones anotadas, es posi-

ble concluir afirmando que la experiencia deestos más de cinco años de aplicación de laReforma de Pensiones revelan que los ver-daderos propósitos que la animaron no sonajenos a la preocupación central del credoneoliberal, que antepone, bajo el auspicio deuna discutible superioridad del libre merca-do sobre la intervención estatal en la econo-mía, como objetivo supremo la acumulacióncreciente del capital, en oposición al bienes-tar de la población trabajadora.

En sentido estricto, por lo tanto, en lavaloración de esta reforma no se debe olvi-

dar que el capitalismo,más aún en tiempos decrisis, recurre a todos losmecanismos a su alcancepara permitir que el pro-ceso de acumulación ca-pitalista se realice sin in-convenientes, incluidos

aquéllos que se basan en el aprovechamien-to del propio salario del trabajador paraconstituir el caudal dinerario suficiente paraejecutar el proceso circulatorio del capital demanera eficiente. En el fondo, no es interésdel capitalista el bienestar de la fuerza detrabajo inactiva, sino, más bien, el potencialque puede alcanzar la explotación de la fuer-za de trabajo activa, no sólo a través de losmecanismos propios del proceso de trabajo,sino también mediante el aprovechamientode los recursos que puede confiscar �aun-que sea momentáneamente� de su salario o,lo que es lo mismo, restar de su consumo.

Finalmente, cabe mencionarque el nuevo sistema tampoco

garantiza el acceso a unarenta jubilación digna a todos

los trabajadores del país.

8 Véase ibídem.9 Véase en este mismo volumen el trabajo de Julio García titulado Seguridad social boliviana. El régimen de pensiones desde la

óptica de los jubilados.

37

Debate Social

Así, la Reforma de Pensiones debe entender-se fundamentalmente como una reforma fi-nanciera, antes que como una reforma social.

Empero, por los resultados conocidos,dicha pretensión �la de promover el merca-do financiero�, tampoco ha sido alcanzada.La presencia de un Estado insolvente, aco-sado por los crecientes gastos destinados ahonrar la deuda pública, los compromisospolíticos de la llamada �gobernabilidad de-mocrática�, y la asunción de los costos delas reformas impuestas por los organismosfinancieros internacionales, desvirtúa lospropósitos de la clase dominante en esteámbito y concluye haciendo del sistema depensiones una alternativa de financiamientodel gasto improductivo.

Como no podía ser de otra manera, elactual gobierno no halla otra salida para losproblemas que han emergido de la aplica-ción de esta reforma que no sea la de casti-gar a todos aquellos trabajadores que, frentea la inminente pérdida de un beneficio quelegítimamente les correspondía, adultera-ron de una u otra manera algunos docu-mentos para acceder a la jubilación; peoraún, se dispone a superar el problema deldéficit fiscal a través de la imposición deun nuevo régimen tributario francamenteautoritario, que tendría en la introduccióndel impuesto directo al salario su instru-mento preferido.

Se puede decir, entonces, que hemosarribado a una etapa en la que el fracaso deesta reforma es evidente; fracaso que haacontecido mucho antes de lo esperado, ape-nas cinco años después de iniciado el nue-vo sistema, muy pocos comparados con las

cuatro décadas que se sostuvo el anteriorrégimen de pensiones. Lastimosamente, loscostos sociales de este fallido experimentose traducen en la desprotección y abandonode importantes sectores laborales como el dela llamada �generación sándwich� y de otrosque tienen salarios miserables, a los que, des-pués de décadas de trabajo esforzado, sóloles espera la continuación de una vida depobreza y precariedad extrema. Más aún, lafutura jubilación de los trabajadores bolivia-nos en su conjunto ha acabado pendiendode un delgado hilo, puesto que los resulta-dos del sistema de pensiones dependen delos avatares de un Estado extremadamentedébil, sometido al despojo por parte de unaclase dominante rentista y corrupta.

BibliografíaEl Diario (matutino de la ciudad de La Paz de

circulación nacional). Edición del 4 deagosto de 2003. <www.eldiario.net>

García Colque, Julio 2003, �La seguridadsocial boliviana. El régimen de pensio-nes desde la óptica de los jubilados�.(En este mismo volumen).

Peña Rueda, Alfonso 1996, �La ampliacióndel sistema de pensiones� en CEDLA(ed.) Capitalización de YPFB - Reformade la seguridad social - Uso de los r ecur-sos de los bolivianos (La Paz).

Poveda, Pablo 2003, �Trabajo eventual y adestajo: problemas para la jubilación.El caso de los trabajadores fabriles dela castaña�. (En este mismo volumen).

Gómez, Ricardo 2003, �Actual situación yperspectiva de la Reforma de Pensio-nes�. (En este mismo volumen).

39

Debate Social

Actual situación y perspectivade la reforma de pensiones

Ricardo Gómez Gutiér rez*

AntecedentesBolivia incursionó en seguridad social

de largo plazo en 1956 con la sanción de suCódigo de Seguridad Social, adoptando unsistema de reparto de beneficio definido, conun vínculo débil entre aportes y beneficios1.

Por más de treinta años, la gestión delos seguros de largo plazo estuvo bajo la res-ponsabilidad de las cajas de seguro secto-riales, que administraron en forma integrallos seguros de corto y largo plazo. Sin em-bargo, a partir de 1987, los fondos comple-mentarios sectoriales y, posteriormente, elFondo de Pensiones Básicas, tuvieron a sucargo de manera exclusiva la recaudación yadministración de los aportes destinados alos regímenes complementario y básico, res-pectivamente.

Dentro del esquema de funcionamien-to del régimen de seguridad social de largoplazo no se produjo la constitución de

reservas, por lo que todos los cambios en suadministración, a través de distintas entida-des gestoras, no incluyeron la transferenciade reservas actuariales o financieras.

Para la década de los años noventa, elsistema de reparto confrontaba preocu-pantes indicadores demográficos relativos asu sostenibilidad financiera: una baja cober-tura que derivaba en una relación entrecotizantes activos y rentistas pasivos de 3 a12; lo que fue enfrentado por las entidadesgestoras del sistema de reparto con incre-mentos en las tasas de cotización3 orienta-das a financiar las pensiones calificadas.

Sin embargo, la aparición de déficit cadavez mayores en las entidades señaladas hizoprever que, en términos de balance actuarial,la mayoría de éstas hubieran sido incapacesde enfrentar sus obligaciones futuras, lo quealentó la aprobación de la Ley de Pensionesen 1996 (Ley 1732 del 29 de noviembre),

* Consultor especialista en seguridad social.1 Aportaciones menores al 10% durante 15 años (o más), permitían la jubilación con el 70% (o más) a la edad de 50 años en las mujeres

y 55 años en los hombres.2 De acuerdo con parámetros internacionales, esa relación debía alcanzar al menos a 10 a 1.3 La tasa de cotización para invalidez, vejez y muerte en el Régimen Básico alcanzaba a 8,5% del salario, y en el Régimen Complemen-

tario alcanzaba a 6,3% (en promedio), sumando un total de 14,8%.

40

Actual situación y perspectiva de la reforma de pensiones

reemplazándose el sistema de reparto porun sistema de capitalización individual ad-ministrado por administradoras de fondosde pensiones (AFP) privadas. El nuevo sis-tema fue denominado Seguro Social Obliga-torio (SSO). Se transfirió al Tesoro Generalde la Nación (TGN), a través de la actual Di-rección de Pensiones, la responsabilidad delpago de las pensiones de los rentistas califi-cados y por calificar pertenecientes al siste-ma de reparto, dentro el denominado Siste-ma de Reparto Residual.

Precisamente, el pago de pensiones den-tro del Sistema de Reparto Residual repre-senta más del 4% del PIB (anualmente) y casila totalidad del déficit fiscal. Este porcentajepodría elevarse en virtud de dos aspectos:a) los asegurados que iniciaron trámites den-tro de esta modalidad hasta el 31 de diciem-bre de 2001 tienen el derecho a elegir la fe-cha para hacer uso de su renta de vejez hastael 31 de diciembre de 2003, autorizándoseque hasta esa fecha puedan seguir trabajan-do y, b) a partir de la aprobación de la Ley2197 (del 9 de mayo de 2001)4 la renta men-sual promedio de un rentista titular no pue-de ser inferior a Bs. 850.

El pago de la Compensación de Cotiza-ciones (CC) también representa un pasivodel Tesoro y se prevé irá adquiriendo impor-tancia conforme se vayan redimiendo lamayoría de los Certificados de CC hasta aho-ra emitidos5. Califican para obtener este be-neficio las personas que hayan realizado

cotizaciones en el sistema de reparto en for-ma previa al 1° de mayo de 1997. Esta com-pensación se pagará por una sola vez o demanera mensual en forma vitalicia por unaAFP o una entidad aseguradora a partir delmomento en que el afiliado tenga derecho ala prestación de jubilación en el SSO. Estaprestación, conforme a la Ley de Pensiones,estaría indexada al dólar estadounidense, almenos en el inicio de su otorgamiento.

Con relación al SSO, la afiliación a esesistema es personalísima, vitalicia e impres-criptible; teóricamente, las personas que ini-cien relaciones de dependencia laboral que-dan afiliadas al SSO desde el inicio de dicharelación. Las personas sin relación de depen-dencia laboral pueden afiliarse al SeguroSocial Obligatorio mediante el pago de suprimera cotización.

Cada una de las AFP6 administran dosfondos: el Fondo de Capitalización Indivi-dual (FCI), conformado por el aporte de losafiliados al nuevo sistema pensiones, y elFondo de Capitalización Colectiva (FCC),conformado por el 50% de las acciones delas empresas capitalizadas que originalmen-te pertenecían al Estado. Ambos fondos sonpatrimonios autónomos y diversos de lasAFP, son además indivisos, imprescriptiblesy no afectables por gravámenes o medidasprecautorias de cualquier especie.

Básicamente, las prestaciones otorgadaspor el antiguo sistema de reparto en los re-gímenes de invalidez, vejez y muerte se han

4 Esta ley establece que las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto gozarán de un incremento anual fijado con base en un sistemade distribución inversamente proporcional.

5 La Dirección de Pensiones ha emitido hasta el 31 de diciembre más de 50 mil Certificados de CC, casi la totalidad de éstos mediante elProcedimiento Automático de Calificación.

6 La selección de las AFP fue realizada mediante un proceso de licitación pública internacional. El 23 de enero de 1997, en la ciudad deSanta Cruz, se adjudicó la primera AFP al Consorcio Invesco PLC � Argentaria y la segunda AFP al Banco Bilbao Vizcaya (BBV), quehizo valer su opción de igualar la mejor oferta. La fusión de estos dos consorcios derivó en la venta de la AFP Futuro de Bolivia alConsorcio Zurich.

41

Debate Social

mantenido en el nuevo sistema. Lo que hacambiado es la modalidad de su finan-ciamiento y, particularmente, en el régimende vejez (jubilación) las condiciones para suotorgamiento. Con el FCI, las AFP otorga-rán las siguientes prestaciones:

1. La prestación de jubilación se pagará alafiliado independientemente de su edadcuando tenga en su cuenta individual�agregada con su CC cuando correspon-da� un monto que permita el finan-ciamiento de una pensión igual o supe-rior al 70% de su salario base7, o a partirde los 65 años de edad, independiente-mente del monto acumulado en sucuenta individual. Existen dos modali-dades de prestación de jubilación, la deSeguro Vitalicio, administrada porcompañías de seguro, y la de Mensua-lidad Vitalicia Variable, administradapor las AFP.

2. En el sistema de reparto la renta de jubi-lación podía ser otorgada a partir de los55 años de edad del afiliado que hayarealizado al menos 180 cotizaciones (enel caso de los varones, o los 50 años deedad en el caso de las mujeres)8.

3. Las prestaciones de invalidez por ries-go común o por riesgo profesional, queconsisten en una pensión que se paga alafiliado en caso de sufrir incapacidadtotal y definitiva para efectuar un tra-bajo razonablemente remunerado.

4. Las prestaciones por muerte, que con-sisten en pensiones, que se pagarán enfavor de los derechohabientes, en casode fallecimiento del afiliado.

El financiamiento de las prestacionesseñaladas tiene las siguientes características:

1. La prestación de jubilación se financiacon las cotizaciones que el afiliado hacea su cuenta individual, de 10% de sutotal ganado y/o de su ingreso cotizable.

2. Las prestaciones de invalidez y muertecausadas por riesgo común o profesionalse financian con el 1,71% del total ganadoo ingreso cotizable del afiliado, o con el1,71% calculado de igual manera pero pa-gada por el empleador, respectivamente.

Las inversiones de los FCI, así como todala liquidez de los FCC, están sujetas a lími-tes tomándose como criterios el valor totaldel fondo, el tipo genérico de instrumento,el ente emisor, la categoría y los niveles deriesgo y, también, a límites por liquidez delinstrumento. Los valores emitidos por elTGN o el Banco Central de Bolivia (BCB) noestán sujetos a los límites señalados.

A través del FCC, las AFP pagan los be-neficios de la capitalización, cuya modalidadha sido modificada ya en dos oportunida-des: el año 1997 se pagó el Bonosol que, pos-teriormente, en el año 1998, fue reemplaza-do por el Bolivida y las Acciones Populares.Recientemente, en noviembre de 2002, se

7 El cor respondiente al promedio de las últimas 60 cotizaciones previas a la jubilación o declaración de invalidez por riesgo común oriesgo prof esional.

8 La discriminación en términos de la edad permitida para la jubilación, establecida por el sistema de reparto, y que favorece a las mujeres,no fue emulada por el SSO, que no establece ninguna distinción equivalente a la señalada. Los r equisitos para la jubilación, en cuantoa edad límite como a porcentaje de jubilación, son únicos para todos, no obstante las mujer es a lo lar go de su vida activa obtienensalarios y/o ingresos menores, pasan por períodos más largos de desempleo y su esperanza de vida es mayor en comparación con loshombres. Esto deriva en que el capital acumulado y constituido por sus aportes resulte, en promedio, significativamente menor a l delsexo opuesto. Aún obteniendo un capital acumulado igual al de un hombre de la misma edad y condiciones familiares, sólo puedenfinanciarse una pensión menor por su mayor esperanza de vida. Ambos factores definitivamente posponen la edad probable de jubila-ción de las mujeres en comparación con la de los hombres.

42


repuso el Bonosol. Tanto el Bonosol como elBolivida representan una anualidad vitali-cia que es pagada a partir de los 65 años deedad. El FCC también cubre los gastos fu-nerarios de los beneficiarios elegibles quefallecen y no están afiliados a ningún segu-ro de largo plazo.

Análisis del estado de situacióndel SSO

Hasta diciembre de 2002, el Seguro So-cial Obligatorio presenta indicadores9 quemerecen cierto análisis.

Por ejemplo, el número total de afilia-dos registrados en las dos AFP alcanza a760.959 personas, de las cuales el 96% esdependiente y el 4% restante independien-te; La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con-centran el 79% de esa cifra.El porcentaje de afiliadosregistrados que tienen susrecaudaciones acreditadasasciende al 90%. Asimismo,el grupo comprendido en-tre los 26 y 40 años de edadrepresenta prácticamente el50% de esa población (Cua-dros 1, 2 y 3 del anexo estadístico). Sin em-bargo, de acuerdo a información estadísticade la Asociación Internacional de Organis-mos Supervisores de Administradoras deFondos de Pensiones (AIOS), el número deaportantes10 efectivos en Bolivia asciende, enpromedio, al 58% (afiliados registrados enel período comprendido entre diciembre de2001 y junio de 2002 (Cuadro 4 del anexoestadístico). Este porcentaje revela la distor-sión existente entre los afiliados registrados

y los que efectivamente aportan de maneramás permanente. Es evidente que el contra-to firmado con las AFP, que exige metas deafiliación (cobertura), queda trunco al noconsiderar un criterio que defina con preci-sión al aportante.

Por otro lado, también es evidente quela Reforma de Pensiones no ha alcanzado alos trabajadores independientes (esto fue unobjetivo en el diseño original). Las AFP nohallan poco atractiva la afiliación de traba-jadores por cuenta propia debido principal-mente a dos razones: i) la actual estructurade comisiones no premia un mayor nivel deportafolio, al menos no más allá de US$ 1.500millones, y ii) existen elevados costos de re-caudación de aportes de este tipo de traba-jadores.

No obstante lo señala-do, los niveles de cobertu-ra del SSO son superioresa los que registraba el anti-guo sistema de reparto. Elnúmero de aportantes, conrelación a la población eco-nómicamente activa, se haincrementado de 11% en

junio de 1996 a 13% en junio de 2002.Con relación a las recaudaciones, el to-

tal agregado ha alcanzado a US$ 1.210 mi-llones, lográndose un flujo promedio anualmayor a US$ 200 millones. El año de mayorrecaudación fue 1999, a partir del cual esteflujo se vio afectado por la crisis económica(Cuadro 5 del anexo estadístico). Esta evo-lución es también contraria al crecimiento delos afiliados registrados y devela su escasaefectividad como indicador de cobertura.

Por otro lado, también esevidente que la Reforma de

Pensiones no ha alcanzado alos trabajadores

independientes (esto fue unobjetivo en el diseño original).

9 La información estadística presentada proviene de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).10 La definición de aportante corresponde al afiliado que r egistró una cotización el último mes.

43

Debate Social

Por su parte, las prestaciones otorgadaspor el SSO en todo su período de vigencia,y correspondientes a los regímenes de in-validez y muerte, escasamente superan losdiez millones de dólares; recién a partir delúltimo trimestre de la gestión pasada se hancalificado pensiones de vejez, pero cuyofinanciamiento proviene exclusivamente dela redención de la Compensación de Coti-zaciones, vale decir, no son financiadas conlas correspondientes cuentas individualesde los afiliados.

Con respecto al valor del FCI, éste �aprecios de mercado� asciende a US$ 1.143,8millones. El 56,7% de estos recursos está in-vertido en bonos del Tesoro emitidos exclu-sivamente para financiar la Reforma de Pen-siones; el 14,6% en depósitos a plazo fijo delsistema bancario; el 12,9% en bonos privadosa largo plazo; 10,7% en bonos del Tesoro ad-quiridos en subasta, y el resto en otros ins-trumentos (Cuadro 6 del anexo estadístico).

El valor de la cuota del FCI alcanzaba,como promedio de las dos AFP, a Bs. 226,1,equivalente a un 126,1% de rentabilidad enmoneda nacional en los cinco años y sietemeses de su vigencia, y equivalente a unarentabilidad aproximada anual del 15,7%(Cuadro 7 del anexo estadístico).

La información descrita del FCI reflejaun rápido crecimiento del ahorro laboralgenerado por la Reforma de Pensiones, apo-yado principalmente en la rentabilidad ob-tenida desde el momento de su constitución.

El valor del FCC, conformado por elvalor de la capitalización de las empresascapitalizadas a partir del año 1996 y los re-cursos remanentes de alta liquidez de la

distribución de los dividendos de esas em-presas, no ha registrado mayores variacio-nes y alcanza a US$ 1.570,6 millones11. Estose debe a que los diferentes beneficios finan-ciados con este fondo hicieron uso única-mente de los correspondientes dividendos,excepto el Bonosol pagado en 1997 que en-deudó al propio fondo.

El pago del primer Bonosol en 1997 de-mandó US$ 90 millones. El pago del Bolivida,correspondiente a las gestiones de 1998 y1999, hecho efectivo a partir del 20 de diciem-bre del año 2000, ascendió a US$ 45,9 millo-nes, y el correspondiente a las gestiones 2000y 2001, hecho efectivo a partir del 23 de di-ciembre de 2001, alcanzó a US$ 44,9 millo-nes. Por su parte, el pago por concepto degastos funerarios con recursos del FCC, des-de la fecha de su inicio, superó los US$ 2millones.

La sostenibilidad del déficit fiscaloriginado por la Reforma dePensiones

La Reforma de Pensiones, al sustituir elsistema de reparto por el de capitalización in-dividual, impuso al Estado boliviano costosfiscales que excedieron los previstos por mo-delos previos a la promulgación de la Ley dePensiones (Cuadro 8 del anexo estadístico).

Los costos fiscales se generan por efectodel :

1. pago de pensiones a la población jubila-da antes de noviembre de 1996, las de-nominadas rentas en curso de pago. Elreconocimiento de este pasivo incluye atoda la población rentista existente antesde la reforma sin discriminación alguna.

11 El valor de la capitalización de las empresas del Estado (YPFB, ENTEL, ENFE, ENDE y LAB,) en el momento de su capitalizaciónasciende a US$ 1.536 millones.

44


2. pago de pensiones a la población quecalifique su renta de acuerdo a las con-diciones del sistema de reparto a partirde noviembre de 1996, las denominadasrentas en curso de adquisición.

3. pago de la Compensación de Cotizacio-nes por aportes que los afiliados activosdel sistema de reparto hayan realizadoen forma previa al 1° de mayo de 1997.

El pago de estos tres beneficios contem-pla el pago de rentas de carácter vitalicio alos correspondientes beneficiarios una vezque estos califiquen los requisitos exigidos.El número de rentistas por invalidez, vejezy muerte, hasta diciembre de 2001, asciendea más de 156 mil personas incluyendo a to-dos los derechohabientes, el promedio decalificación de nuevas rentas sería de alre-dedor de 10 mil por año12.

El total del gasto en pensiones en el año2002 representó la suma de US$ 368,5 millo-nes, de los cuales 290,5 correspondieron alpago de las rentas básica y complementaria,35,2 al pago de rentas de COSSMIL, y 28,1millones al costo de acuerdos a los que searribó durante el año (Cuadro 10 del anexoestadístico).

La situación descrita se agravará en con-sideración de que se continuarán califican-do rentas hasta el año 2003 dentro del siste-ma de reparto, debido a que se ha permitidoa las personas que no hayan cumplido lasedades establecidas, pero que sí tengan másde ciento ochenta cotizaciones, jubilarse conel beneficio denominado Anticipo de Vejez13

teniendo como plazo para hacerlo el 31 dediciembre de 2001. Los asegurados14 que pre-sentaron su trámite en esta modalidad tienenel derecho a elegir la fecha para hacer uso desu renta de vejez incluso hasta el 31 de di-ciembre de 2003, autorizándose que hasta esemomento puedan seguir trabajando.

Adicionalmente, a partir del segundotrimestre del 2001, el incremento de las ren-tas se realiza por medio de ajustes inversa-mente proporcionales: cada año se efectúanaumentos mínimos de las rentas de elevadovalor y mayores incrementos de las rentasde bajo valor, no pudiendo ser ninguna ren-ta mensual �en el caso de un titular� infe-rior a Bs. 850. A partir de 2002 se comienzatambién con el pago de la Compensación deCotizaciones, cuyo procedimiento de califi-cación automática y manual, ya establecidomediante Decreto Supremo, permitirá a másde 340 mil trabajadores obtener este benefi-cio de manera paulatina durante los próxi-mos cuarenta años.

En este sentido, la sustitución del siste-ma de reparto simple por el de capitaliza-ción individual ha significado anualmenteen promedio un costo superior a los US$ 350millones durante las gestiones 1997 a 2001(equivalente a más del 4% del PIB); este cos-to ha representado en promedio más del 90%del déficit global del Sector Público No Fi-nanciero, que fue financiado principalmen-te con recursos externos (60% del déficit glo-bal en el período), y el restante 40% conrecursos internos.

12 El número de rentistas de invalidez, vejez y muerte a enero de 1997, dos meses después de aplicada la reforma de pensiones, alcanzabaa poco más de 110 mil personas.

13 Consiste en restar el 8% de tasa de reemplazo a la pensión calificada por año de diferencia con la edad de 55 años en los hombr es y 50años en las mujeres.

14 De acuerdo a la edición de La Razón del día 3 de febrero de 2003, existirían 24 mil carpetas en trámite de calificación en la Direcciónde Pensiones.

45

Debate Social

El stock de la deuda interna a diciembre de2001 supera los US$ 2.100 millones, más del 25%del PIB. El nivel de deuda señalado, ha demanda-do el 2002 el pago de intereses por cerca de US$95 millones.

De acuerdo a proyecciones de la Unidadde Programación Fiscal y a la Unidad deAnálisis de Políticas Sociales y Económicas(UDAPE), el déficit generado por la Refor-ma de Pensiones será de alrededor del 4,6%del PIB anualmente durante los siguientesdiez años, alcanzando el stock de la deudainterna un nivel superior a US$ 5.300 millo-nes (39% del PIB), volumen que demandaráel pago de intereses por aproximadamenteUS$ 300 millones el año 2012.

Para evaluar la sostenibilidad de la deu-da mencionada, se debe considerar que laevolución de cualquier deuda contraída porun país depende de la relación entre la tasade interés real de su economía, la tasa de cre-cimiento de la producción y el superávit pre-supuestario fiscal primario, esto es, no to-mando en cuenta el pago de intereses:

donde:

Var(b) = variación del cociente deu-da/producto

b = cociente deuda/productor = tasa de interés realy = tasa de crecimiento del pro-

ducto realz = superávit presupuestario pri-

mario como porcentaje delproducto nominal.

Cuanto más alta la tasa de interés y másbaja la tasa de crecimiento de la economía,

es más probable que aumente el cociente deuda/producto. Un elevado superávit fiscal primario haceque el cociente evolucione en dirección contraria,disminuyendo la presión de la deuda.

La trayectoria del déficit del sector público seconsidera insostenible si el cociente deuda/pro-ducto aumenta ilimitadamente. Cuanto mayor eseste cociente, más importancia tiene la tasa de in-terés real. Si ésta es superior a la tasa de crecimien-to de la economía, los problemas relativos a la deu-da empeoran.

De acuerdo a cifras oficiales, la economía bo-liviana ha crecido a un promedio anual de 3,3% enel período 1992-2001. Por su parte, la tasa de inte-rés de los bonos del Tesoro de Bolivia a 15 añosplazo, emitidos exclusivamente para las AFP a efec-tos de financiar la reforma de pensiones fue fijada,hasta la gestión pasada, en un 8% anual con man-tenimiento de valor respecto del dólarnorteamericano. Si se considera que la tasade inflación de los Estados Unidos es de al-rededor del 2% anual, la evolución de la deu-da sería insostenible de acuerdo a lo señala-do anteriormente.

Con relación al déficit fiscal, el sectorpúblico registró, en general, déficit tanto entérminos globales como en la relación desuperávit/déficit primario, con excepción delos años de 1995 y 1996. En promedio, en losúltimos diez años, el déficit fiscal primarioha alcanzado el 2% del PIB y el déficit fiscalconsolidado el 4%, también del PIB. En estesentido, el pago de intereses, tanto por con-cepto de deuda interna como de deuda ex-terna, fue de alrededor del 2% del PIB (Cua-dro 9 del anexo estadístico).

Si se presume que en el mediano plazoel sector fiscal no va a conseguir generarsuperávit consolidados, y lo máximo que logre seael equilibrio de sus cuentas antes del pago de inte-reses, el nivel de las tasas de interés en dólares de

Var(b)=b*(r-y)-z

46


los bonos del Tesoro emitidos para las AFP nodebería ser mayor a la suma de la tasa de creci-miento de la economía boliviana y a la inflaciónestimada para los Estados Unidos.

Si se espera que en los próximos años la eco-nomía boliviana registre tasas de crecimiento, enpromedio, del 4,5% anual, y que la tasa de infla-ción de Estados Unidos permanezca en un 2%promedio al año, la tasa de interés soportable porel TGN de los bonos del Tesoro emitidos en favorde las AFP debería girar en torno al 6,5% anualcon mantenimiento de valor respecto al dólar nor-teamericano.

Sin embargo, a partir de la presente gestión elGobierno ha decidido fijar �mediante la Resolu-ción Ministerial 1355 del 27 de diciembre de 2002�la tasa de interés de los mencionados bonos en5% e indexarlos a la Unidad de Fomento a la Vi-vienda (UFV). Esto significa que, al menos el año2003, si se prevé una inflación doméstica del 2,75%,con similar evolución de la variación de la UFV, yuna tasa de devaluación de nuestra moneda conrespecto al dólar de 6,67%, la tasa de interés com-parable a la hasta ahora vigente tendrá un valorcercano al 1%.

La Ley del BonosolLa restitución del Bonosol (Ley 2427 del

28 de noviembre de 2002), y la paralela eli-minación del Bolivida y de las Acciones Po-pulares, debió tener en cuenta al menos lossiguientes aspectos:

Los aspectos legales1. La Ley 2152 creó una base de datos de

personas a partir del padrón de la CorteNacional Electoral; debió definirse si se man-tiene tal base de datos o si se paga el beneficioa la persona que acredita su edad mediantealgún documento de identidad.

2. Por otro lado, las AFP fijaban el monto delBolivida bajo supervisión de la

Superintendencia de Pensiones, Valores y Se-guros (SPVS); debió definirse quién iba a de-terminar el monto del Bonosol: las AFP, laSPVS o el Poder Ejecutivo.

3. Existe población beneficiaria que no co-bró el Bonosol en 1997 y/o que tampo-co cobró el Bolivida en las cuatro últi-mas gestiones. Se debió normar la forma deproceder en estos casos: si el beneficio co-rrespondiente prescribe o no y, de existirderecho a reclamo, definir si se toma la basedel referido padrón o se cancela el respecti-vo beneficio contra presentación del docu-mento de identidad.

4. Se debieron establecer criterios relativos a lasposibilidades de monetización de las accionesde las empresas capitalizadas por parte de lasAFP.

Aspectos técnicos1. Determinar el valor del beneficio corres-

pondiente al primer año.2. Determinar si el mencionado valor ten-

dría un mínimo, y en tal caso definir lafuente de financiamiento de un eventualdéficit por insolvencia del FCC.

3. Definir las modalidades regulares definanciamiento del beneficio.

4. Determinar la fuente o elaborar el cál-culo del total de la población elegible aconsiderarse.

5. Determinar la fuente o realizar la pro-yección relativa a la evolución delnúmero de beneficiarios en el tiempo. Estoimplica la utilización de una (o varias) tabla(s) de mortalidad, criterios de migración a fu-turo, etcétera.

6. Estimar la rentabilidad futura de lasempresas capitalizadas tomando encuenta las actuales perspectivas de losrespectivos sectores económicos.

47

Debate Social

7. Definir el valor del FCC a considerarse, ya seael valor patrimonial o el valor de capitaliza-ción vigentes, o determinar la forma y/o cri-terios para su cálculo.

Sin embargo, la Ley del Bonosol aprobada endiciembre normó solamente lo concerniente a losdos primeros puntos de los aspectos legales men-cionados, estableció la base de datos de los benefi-ciarios del Bonosol y de los gastos funerarios, de-terminó el monto del Bonosol para el período2003-2007 en Bs. 1.800 y de los gastos funerariosen Bs. 900, y definió que el monto del Bonosol apartir de la gestión 2008 sería fijado por laSuperintendencia de Pensiones, Valores y Seguros(SPVS) con base en un estudio actuarial basado enel valor de los fondos del FCC y la mortalidad delos beneficiarios, pero no menciona lo relativo alpago de beneficios de la capi-talización pendientes y/o nocobrados y, más allá de estable-cer criterios de monetizaciónde las acciones de las empresascapitalizadas, ha dispuesto quelas AFP inviertan obligatoria-mente, considerando su valorde capitalización original, las acciones de las em-presas capitalizadas que forman parte del activode los fondos del FCC en cuotas de los fondos delFCI que representan y administran, permitiendoque, para ese propósito, tales acciones no se suje-ten a los límites de inversión del FCI establecidosen la Ley de Pensiones.

Las AFP, si hubieran tenido la opción deinvertir en las acciones del FCC, seguramen-te no lo hubieran hecho. Históricamente, ta-les acciones han rendido un 2,99% anual endividendos respecto al valor patrimonial delas empresas capitalizadas. En cambio, el FCI

ha obtenido rendimientos superiores al 8% anualen los seis últimos años.

En este sentido, la obligatoriedad des-crita impuesta a las AFP, en primera instan-cia hará que la rentabilidad del valor cuota15

que componen los FCI disminuya, esto es, la ren-tabilidad de los aportes realizados por los traba-jadores a estas entidades. En segunda instancia,tornará más volátil dicha rentabilidad, porquelas acciones de las empresas capitalizadas repre-sentarán aproximadamente el 60% del valor de lacartera de los correspondientes FCI, y mantendráficticiamente el valor de la cartera mencionadaporque el valor de capitalización de las accionesno será contrastado con su valor efectivo por nocomerciarse ellas en el mercado. Finalmente, per-mitirá el establecimiento de un subsidio otorgado

por el FCI al FCC, toda vez queeste último no genere los recur-sos necesarios líquidos para elpago de los beneficios de la ca-pitalización, Bonosol y gastosfunerarios.

Con relación a los aspec-tos técnicos cabe decir que se

determinó el valor del beneficio para el primer año,no se le fijó un valor mínimo, se definió la modali-dad de finan-ciamiento del beneficio, se creó la basede datos que servirá para su otorgamiento, y sedefinió al valor de capitalización como valor delFCC. Con respecto a la rentabilidad de las empre-sas capitalizadas, la concepción implícita de la Leydel Bonosol parte de que una mayor responsabili-dad de los directores y síndicos nombrados porlas AFP en estas empresas se traducirá en mayoresrendimientos de ellas.

Esta ley también atribuye a la SPVS laactualización y posterior regulación, control

Las AFP, si hubieran tenido laopción de invertir en las

acciones del FCC,seguramente no lo hubieran

hecho.

15 Se refiere al precio de la cuota del FCI.

48


y supervisión de la adecuada administración y se-guridad de la base de datos de los beneficiarios delBonosol y de los gastos funerarios. En virtud deque responsabiliza a las AFP de los perjuicios dela actuación de los directores y síndicos propues-tos por estas entidades en las empresas capitaliza-das, además de que les impone el financiar con suspropios recursos el apoyo logístico y profesionalespecializado a estas autoridades, permite el esta-blecimiento de una comisión de administración deportafolio en función al valor y rendimiento de losFCI que administren, vale decir, incluyendo el FCCcorrespondiente.

La Ley de Actualización yMantenimiento de Valor

Esta ley (Ley 2434 del 6 de enero de 2003)cambia la modalidad de indexación utiliza-da tanto para los pasivos del sistema antiguocomo para los que se califiquen en el nuevosistema, mudando del uso de la devaluacióndel dólar estadounidense a una proxy de lainflación pasada. Específicamente, el tercerartículo de esta ley establece que las rentas en cur-so de pago y en curso de adquisición, y las pensio-nes de vejez, invalidez o muerte del sistema de re-parto y del Seguro Social Obligatorio de largo plazose pagarán en Bolivianos con mantenimiento devalor respecto a la variación de la Unidad de Fo-mento de Vivienda (UFV) publicada por el BancoCentral de Bolivia el último día del año anterior.

Las perspectivas del Seguro SocialObligatorio (SSO)

Con las leyes del Bonosol, principalmen-te, y también de Actualización y Manteni-miento de Valor, el SSO ha sufrido un cam-bio estructural. La incorporación de las accionesde las empresas capitalizadas al portafolio del FCIsignifica, en cierta forma, y porque representaráun subsidio, el retorno a un sistema de reparto en

que los afiliados activos jóvenes financiarán conparte de sus ahorros el pago de un beneficio a losasegurados y no asegurados ancianos pasivos. Estehecho derivará en que los afiliados activos al SSOsoporten una pérdida de rentabilidad que signifi-cará que tengan que aceptar una pensión menor ala misma edad esperada de jubilación, o que ten-gan que cotizar más años para obtener un nivel depensión igual al esperado antes del impacto de laaprobación de la mencionada ley.

Según estimaciones actuariales de cál-culo de pensiones en el nuevo sistema, ladisminución de un punto porcentual en larentabilidad del FCI a lo largo de todo elperíodo de cotización (aproximadamente 25años), obliga a que se tenga que cotizar alre-dedor de dos años más para obtener un mis-mo nivel de pensión o que, alternativamen-te, se acepte una reducción del nivel de lapensión del 10%. En todo caso tal relación no eslineal, lo que significa que la disminución de unpunto porcentual más en la rentabilidad llevará aefectos más desfavorables para los actuales afilia-dos al SSO (Cuadro 11 y Gráfico 1 del anexo esta-dístico).

¿Pero a cuánto ascenderá la variación dela rentabilidad en el nuevo FCI? Estimacio-nes realizadas para los siguientes diez años,incluso esperando un ascenso de la rentabi-lidad de las empresas capitalizadas a partirdel actual promedio histórico de 2,99% has-ta el 7,49% anual, hace prever que ella dis-minuiría del actual 8% (en dólares) hasta un6%. Ese porcentaje va a sufrir una mayordisminución en vista de que los nuevos bo-nos del Tesoro emitidos para las AFP van aestar indexados a la UFV y pagando sólo un5% que, como se señaló anteriormente, almenos en el año 2003 significará un 1% com-parado con el 8% indexado al dólar que es-taba vigente hasta la pasada gestión.

49

Debate Social

Si la medida tomada con respecto a los bonosque financian la Reforma de Pensiones fue acerta-da dependerá del compor-tamiento de la relaciónentre inflación y devaluación en el mediano ylargo plazo. Considerando las actuales presionesregionales externas que aceleran la devaluación delBoliviano y la recesión por la que atraviesa nuestraeconomía, es de esperar que al menos los siguien-tes tres años la política adoptada con la emisión dedeuda interna por la reforma previsional generaráahorro al Tesoro y pérdida a los afiliados del SSO.

Es de esperar también que las consecuenciasseñaladas generen, a su vez, otras en el mediano pla-zo: disminución de la cobertura, porque ahora esmenos atractivo mantener los ahorros en una cuen-ta individual administrada por una AFP en compa-ración con alternativas de ahorro en otras entida-des financieras; preferencia de la modalidad delSeguro Vitalicio �ofrecida por compañías asegura-doras� en vez de la de Mensualidad Vitalicia Varia-ble ofrecida por las AFP para efectos de jubilaciónen el nuevo sistema, debido a que, por la baja rentabi-lidad del FCI, se querrá excluir de la administraciónde los ahorros acumulados a estas últimas entida-des.

Otros efectos no menos importantes sonlos siguientes:

1. La nueva función de la SPVS, la admi-nistración de la base de datos del Bonosoly de los gastos funerarios, incursiona encampos que no le corresponden y susti-tuye la labor del Registro Civil que, se-gún la ley, ni siquiera está obligado atransmitirle mensualmente los registrosde las defunciones para la actualizaciónde la base mencionada; esta situacióneventualmente distraerá a la SPVS desus legítimas funciones de supervisar yfiscalizar a las entidades que caen bajosu regulación.

2. El establecimiento de comisiones por valor yrendimiento en la administración de los co-rrespondientes FCI de parte de las AFP im-plica la firma de un nuevo contrato entre es-tas entidades y el Estado boliviano, cuyanegociación aún no ha comenzado y que pue-de acarrear mayores perjuicios a los afiliadosal nuevo sistema por el incremento que lascomisiones puedan alcanzar bajo el argumen-to de que se premie la obtención de cierta ren-tabilidad en la administración de estos fon-dos.

Por su parte, la Ley de Actualización y Man-tenimiento de Valor genera la aproba-ción de una nueva normativa, tanto en elsector de pensiones como en el de seguros,directamente relacionado con el primero. Elcambio en la modalidad de indexación delos beneficios en el SSO modificará el cálcu-lo de variables tales como el salario prome-dio, el capital necesario por unidad depensión, los márgenes de solvencia, las reservasmatemáticas, etcétera.

Adicionalmente, existen algunos aspectos pen-dientes que la Reforma de Pensiones aún no hasolucionado íntegramente. Entre ellos tenemos alcaso de los trabajadores de la �generaciónsándwich�, la plena incorporación de los miem-bros de las Fuerzas Armadas de la Nación, y laafiliación de grandes sectores de la economía, quepor sus condiciones laborales de carácter tempo-ral, deben recibir un tratamiento especial (coope-rativistas mineros, zafreros, etcétera).

Con relación a la denominada �generaciónsándwich�16, la crítica situación que el mercado la-boral ha soportado durante los últimos años, haobligado a estos ex trabajadores emprender una se-rie de movili-zaciones, con marchas, huelgas de ham-bre y bloqueo de calles, solicitando al Gobierno ladevolución de sus aportes al desaparecido sistema de

50


reparto o la calificación y posterior otorgamiento depensiones de jubilación con base en tales aporta-ciones. El actual Gobierno, a través del Ministeriode la Presidencia y el Viceministerio de Pensionesy Seguros, ha firmado con la organización que losconcentra un acuerdo en noviembre pasado enla localidad de Sica-Sica en elque se compromete �enbase al número de afiliados deesta organización (8.725)� aevaluar caso por caso su situa-ción y definir la pertinencia delreclamo de beneficios, ya sea através del sistema de reparto odel SSO. El acuerdo incluye unacláusula de generación de em-pleo para algunos de estos extrabajado- res. Se ha instaladouna oficina específica para laevaluación señalada.

La plena incorporación delos miembros de las FuerzasArmadas al SSO no se ha com-pletado debido a la continuaoposición de la Corporacióndel Seguro Social Militar(COSSMIL) a dejar de calificarlas rentas de sus afiliados y a la controversia relati-va a la constitución de un fondo que financie suspensiones de jubilación de acuerdo a la LeyOrgánica de las Fuerzas Armadas17.

La afiliación de sectores de la economíahasta ahora ignorados por la Reforma de Pen-siones, como el caso de los cooperativistasmineros, zafreros y trabajadores temporales engeneral, no ha recibido mayor atención que la otor-

gada por la SPVS. El Poder Ejecutivo no ha emiti-do señales de tratar el tema, tampoco se ha traba-jado en proyectos normativos relacionados con lamateria.

ConclusionesLa implementación de la

Reforma de Pensiones se en-cuentra cuestionada por el altodéficit fiscal que ha generado,que puede tornarse insostenibleen el mediano plazo aun cuan-do los nuevos bonos del Teso-ro emitidos para financiarlo seencuentren indexados a la UFVy comprometan un interés desolamente el 5%.

El esquema definanciamiento de la Reformade Pensiones, por el que más dela mitad del gasto es cubiertocon deuda interna contraída conel FCI, atenta contra su propiasupervivencia y va en contra lasexpectativas de jubilación de losafiliados al SSO. Este aspecto hasido profundizado con la re-

ciente aprobación de la Ley del Bonosol que prác-ticamente constituye un retroceso y una vuelta alesquema del extinto sistema de reparto.

Un aspecto crítico en la evolución de laimplementación de la Reforma de Pensio-nes es el excesivo retraso que lleva el otor-gamiento del beneficio de la jubilación den-tro del nuevo sistema, el que se debería alretardo en la aprobación de una normativa

16 Sector de la población boliviana comprendida, principalmente, entre los 45 y 55 años de edad, y que no cumple con los r equisitosexigidos para jubilarse bajo las condiciones del Sistema de Reparto Residual y que tampoco puede acceder de manera inmediata abeneficio alguno dentro del Seguro Social Obligatorio.

17 La tasa de reemplazo de un miembro de las FF.AA. debe ser de 100% de su salario promedio al jubilarse.

Adicionalmente, existenalgunos aspectos

pendientes que la Reformade Pensiones aún no ha

solucionado íntegramente.Entre ellos tenemos al caso

de los trabajadores de la�generación sándwich�, laplena incorporación de losmiembros de las Fuerzas

Armadas de la Nación, y laafiliación de grandes

sectores de la economía,que por sus condiciones

laborales de caráctertemporal, deben recibir

un tratamientoespecial.

51

Debate Social

que defina los procedimientos a seguir en este caso.Finalmente, de entre los objetivos más impor-

tantes incumplidos por la Reforma de Pensionesse encuentran los referidos a la cobertura (la esca-sa consideración del sector informal no ha sidosuperada), y al desarrollo del mercado de capitales,porque las AFP no se convirtieron en aquellosinver-sionistas institucionales previstos en el dise-ño original.

53

Debate Social

Anexo estadístico

55

Debate Social

Cuadro 1Administradoras de fondos de pensiones: número total deafiliados registrados desde el 1.5.1997 (fecha de inicio) al31.12.2002, por departamentos y según tipo dedependencia Departamento Dependientes Independientes Total

La Paz 263.819 11.491 275.310

Cochabamba 102.781 6.675 109.456

Santa Cruz 211.629 5.148 216.777

Oruro 32.446 4.806 37.252

Beni 19.126 419 19.545

Pando 3.020 79 3.099

Chuquisaca 30.710 969 31.679

Potosí 36.693 2.559 39.252

Tarija 27.749 840 28.589

Total 727.973 32.986 760.959

Fuente: Intendencia de Pensiones, elaborado con base en información de las administradoras defondos de pensiones

Cuadro 2Administradoras de fondos de pensiones: número total de cuentasindividuales con recaudación acreditada desde el 1.5.1997 (fechade inicio) al 31.12.2002, por departamentos y según tipo dedependencia Departamentos Dependientes Independientes Total %

La Paz 234.272 10.572 244.844 35,67

Cochabamba 96.399 5.718 102.117 14,88

Santa Cruz 188.047 3.190 191.237 27,86

Oruro 31.042 3.818 34.860 5,08

Beni 17.364 336 17.700 2,58

Pando 2.896 75 2.971 0,43

Chuquisaca 29.463 912 30.375 4,43

Potosí 33.258 2.473 35.731 5,21

Tarija 25.806 773 26.579 3,87

Total 658.547 27.867 686.414 100

Fuente: Intendencia de Pensiones, elaborado con base en información de las administradoras de fondos depensiones

56


Cuadro 3Administradoras de fondos de pensiones: afiliadosregistrados según edad y sexo desde el 1.5.1997 (fecha deinicio) al 31.12.2002 Tramos de edad Hombres Mujeres Total

Hasta 20 años 5.466 2.922 8.388

21 a 25 55.065 29.627 84.692

26 a 30 85.748 48.061 133.809

31 a 35 82.206 43.287 125.493

36 a 40 72.396 37.764 110.160

41 a 45 62.786 32.911 95.697

46 a 50 53.050 26.840 79.890

51 a 55 38.634 18.699 57.333

56 a 60 27.274 9.881 37.155

61 a 65 12.334 3.706 16.040

66 años y más 10.034 2.268 12.302

Total 504.993 255.966 760.959

Fuente: Intendencia de Pensiones

Cuadro 4Administradoras de fondos de pensiones: evolución delnúmero total de afiliados registrados y aportantes efectivos(del 31.12.1998 al 30.06.2002) Períodos Afiliados registrados Aportantes efectivos Relación (%)

Al 31.12.1998 453.291 n d

Al 30.6.1999 491.925 n d

Al 31.12.1999 518.816 n d

Al 30.6.2000 569.790 n d

Al 31.12.2000 633.152 n d

Al 30.6.2001 655.231 437.755 66,8

Al 31.12.2001 675.889 317.528 47,0

Al 30.6.2002 702.808 420.231 59,8

Promedio 57,8

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Administradoras de Fondos dePensiones (AIOS)

57

Debate Social

Cuadro 5Administradoras de fondos de pensiones: total de las recaudacionesglobales desde la fecha de inicio, por departamentos, según años (endólares) Departamentos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total general

La Paz 66.803.816 132.508.717 139.515.581 124.106.178 132.779.203 130.990.816 726.704.311

Cochabamba 14.056.320 30.314.427 23.738.882 22.295.064 19.948.849 16.891.714 127.245.258

Santa Cruz 22.169.054 43.109.017 45.489.652 44.711.097 43.230.205 42.255.660 240.964.685

Oruro 2.989.293 5.683.863 5.325.482 5.377.537 5.498.281 5.100.340 29.974.796

Beni 920.806 2.214.449 2.204.595 1.815.525 1.990.636 2.095.384 11.241.394

Pando 176.495 406.953 258.905 332.865 329.361 258.468 1.763.048

Chuquisaca 2.740.383 5.274.333 5.406.645 5.026.233 5.111.320 5.077.728 28.636.642

Potosí 2.051.153 3.741.354 3.627.476 3.672.837 3.667.155 3.455.833 20.215.808

Tarija 2.569.034 4.741.460 4.158.073 4.336.474 4.032.974 3.846.923 23.684.938

Total 114.476.353 227.994.574 229.725.291 211.673.812 216.587.985 209.972.866 1.210.430.881

Variación (%) 99,2 0,8 -7,9 2,3 -3,1

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Intendencia de Pensiones

58

Actu

al situ

ació

n y p

ersp

ectiva

de

la re

form

a d

e p

en

sion

es

Cuadro 6Resumen de las inversiones y del valor del FCI al 31 de diciembre de 2002 (en dólares)

Inversiones Total delas administradoras de fondos de pensiones

Valor nominal Valorado a precios Rentabilidad a tasa Porcentajede mercado de mercado del fondo

Cartera del FCI

Bonos del TGN (tipo 3) 786.000.000 648.380.804 8,00 56,68

Bonos del TGN (tipo 2) 115.289.000 122.881.730 5,15 10,74

Cupones de Bonos del TGN 6.920.000 5.518.534 6,88 0,48

Letras del Tesoro 1.000.000 971.130 3,98 0,08

CDD del BCB 0 0 0,00 0,00

Bonos del BCB 11.000.000 12.342.316 3,00 1,08

Bonos a largo plazo 139.746.000 147.775.529 9,39 12,92

Valores de procesos de titularización 6.400.000 6.285.462 8,61 0,55

DPF sin cupones UFV 0 0 0,00 0,00

DPF sin cupones 130.977.572 138.865.258 3,84 12,14

DPF con cupones 26.699.752 28.015.097 3,93 2,45

Total de la cartera del FCI en el mercado local 1.224.032.324 1.111.035.861 7,19 97,13

Time deposits 15.139.003 15.147.067 1,32 1,32

Total de la cartera del FCI en el mercado extranjero 15.139.003 15.147.067 7,11 1,32

Total de la cartera del FCI 1.239.171.327 1.126.182.928 98,46

Recursos de alta liquidez (*) 17.655.930 17.655.930 1,54

Valor del FCI 1.256.827.257 1.143.838.858 100,00

Fuente: Informes Diarios de las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBV

Notas: (*) Los recursos de alta liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes1. La valoración de las inversiones del FCI se realiza según los criterios de la Resolución Administrativa de la SPVS Nº 398/99 (Norma Unica de Valoración)

59

De

ba

te S

ocia

l

Cuadro 7Fondo de Capitalización Individual: AFP Futuro de Bolivia S.A. y BBV Previsión AFP S.A., mayode 1997 a diciembre de 2002 (en Bs.)

Valor cuota Valor del fondo Rentabilidad nominal Rentabilidad nominal

Meses anual mensual (%) anual diaria (%)

AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión31-may-97 100,00 100,00

30-jun-97 100,39 100,18 26.000.672,09 27.878.766,95

31-jul-97 101,45 101,31 69.612.724,15 75.366.498,24

31-ago-97 102,45 102,39 110.292.183,82 123.640.614,94

30-sep-97 103,53 103,25 151.529.586,10 161.696.472,50

31-oct-97 104,79 104,33 197.450.980,83 209.932.417,60

30-nov-97 105,89 105,28 238.290.895,36 255.928.145,75

31-dic-97 107,23 106,46 282.097.478,08 301.336.946,52

31-ene-98 108,26 107,49 326.164.446,42 351.257.535,68

28-feb-98 109,39 108,41 379.242.148,12 393.088.739,65

31-mar-98 110,62 109,57 425.379.601,19 455.302.518,18

30-abr-98 112,12 110,89 473.956.875,75 517.491.857,63

31-may-98 113,30 111,88 519.736.704,90 565.979.609,86 12,74 11,37 12,76 11,38

30-jun-98 114,47 113,00 573.861.862,48 619.102.242,30 13,69 12,42 13,69 12,42

31-jul-98 115,70 114,10 621.137.617,34 674.178.154,25 13,96 12,65 13,96 12,65

31-ago-98 116,74 115,00 678.586.249,41 733.283.697,97 13,95 12,43 13,95 12,43

30-sep-98 118,11 116,30 737.794.426,84 796.970.933,33 13,99 12,49 13,99 12,49

31-oct-98 119,33 118,08 791.288.312,68 858.626.025,34 14,07 13,12 14,07 13,14

30-nov-98 120,48 119,40 848.027.397,30 922.243.684,85 13,97 13,38 13,97 13,38

31-dic-98 122,12 120,72 899.405.160,55 976.864.714,07 13,85 13,37 13,85 13,37

31-ene-99 123,18 121,71 953.479.688,21 1.024.209.831,63 13,84 13,35 13,83 13,35

28-feb-99 124,58 123,10 1.002.460.776,53 1.090.233.825,26 13,67 13,28 13,68 13,28

31-mar-99 126,04 124,57 1.083.016.567,00 1.165.233.966,61 13,89 13,49 13,88 13,48

30-abr-99 127,60 126,22 1.217.565.599,67 1.255.172.726,26 13,64 13,60 13,64 13,60

31-may-99 129,38 127,99 1.285.281.751,82 1.324.846.345,64 13,91 14,11 13,91 14,12

(Continúa en la siguiente página)

60

Actu

al situ

ació

n y p

ersp

ectiva

de

la re

form

a d

e p

en

sion

es

Cuadro 7 (Continuación)

Fondo de Capitalización Individual: AFP Futuro de Bolivia S.A. y BBV Previsión AFP S.A., mayode 1997 a diciembre de 2002 (en Bs.)



AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión

30-jun-99 130,80 129,45 1.351.123.987,50 1.381.258.594,45 14,20 14,40 14,20 14,40

31-jul-99 133,71 133,08 1.426.929.353,34 1.350.723.443,97 15,26 16,52 15,28 16,53

31-ago-99 135,86 135,32 1.482.325.968,49 1.387.139.003,98 15,95 17,25 15,96 17,27

30-sep-99 137,42 139,07 1.544.482.002,94 1.324.683.754,78 16,38 17,70 16,38 17,70

31-oct-99 139,05 139,48 1.624.491.030,36 1.373.393.306,39 16,41 18,64 16,41 18,61

30-nov-99 140,51 140,27 1.683.407.980,34 1.494.688.928,10 16,46 17,65 16,46 17,65

31-dic-99 141,95 140,86 1.740.364.235,73 1.617.268.731,48 16,46 17,08 16,45 17,07

31-ene-00 143,80 142,14 1.792.515.360,80 1.740.638.736,68 16,58 16,68 16,60 16,68

29-feb-00 145,41 143,40 1.873.331.990,29 1.826.318.035,66 16,83 16,71 16,80 16,68

31-mar-00 147,47 145,28 1.953.602.499,54 1.919.211.942,81 17,01 16,70 16,96 16,66

30-abr-00 149,30 146,91 2.079.159.701,38 2.061.544.312,27 17,10 16,63 17,05 16,58

31-may-00 150,83 148,67 2.148.472.009,47 2.148.966.178,83 16,79 16,32 16,73 16,27

30-jun-00 152,51 150,36 2.235.311.915,03 2.222.153.299,74 16,71 16,25 16,65 16,15

31-jul-00 154,43 152,20 2.305.842.749,51 2.308.994.866,20 15,75 14,36 15,68 14,31

31-ago-00 156,11 154,00 2.381.094.418,36 2.414.804.673,61 15,33 14,06 15,26 13,98

30-sep-00 158,26 156,09 2.455.849.654,21 2.510.563.884,63 15,03 13,88 14,98 13,78

31-oct-00 159,99 157,65 2.529.286.529,84 2.583.738.129,87 15,00 12,61 14,97 12,61

30-nov-00 162,08 159,71 2.539.890.659,23 2.671.208.794,03 15,19 13,52 15,15 13,50

31-dic-00 164,20 161,78 2.565.386.669,39 2.729.519.670,01 15,48 14,37 15,45 14,36

31-ene-01 166,12 163,58 2.638.803.397,42 2.870.450.141,82 15,62 15,07 15,57 15,06

28-feb-01 167,65 165,10 2.680.365.257,68 2.939.970.823,70 15,39 15,11 15,37 15,09

31-mar-01 170,02 167,31 2.764.886.028,06 2.930.099.076,94 15,35 15,18 15,35 15,18

30-abr-01 172,07 169,16 2.835.916.033,40 3.067.147.534,13 15,32 15,22 15,32 15,22

31-may-01 174,49 171,62 2.931.137.743,95 3.156.558.735,75 15,41 15,17 15,41 15,17

30-jun-01 176,74 173,78 3.007.710.606,07 3.251.403.301,39 15,67 15,43 15,67 15,43

(Continúa en la siguiente página)

61

De

ba

te S

ocia

l

Cuadro 7 (Continuación)

Fondo de Capitalización Individual: AFP Futuro de Bolivia S.A. y BBV Previsión AFP S.A., mayode 1997 a diciembre de 2002 (en Bs.)



AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión AFP Futuro AFP Previsión

31-jul-01 179,54 176,66 3.095.414.304,73 3.397.119.303,13 16,09 15,86 16,09 15,87

31-ago-01 181,89 178,86 3.203.431.003,92 3.499.673.244,13 16,34 16,10 16,34 16,10

30-sep-01 184,16 181,13 3.399.537.188,84 3.599.232.797,52 16,47 16,13 16,47 16,13

31-oct-01 187,09 184,01 3.461.420.464,65 3.672.410.151,01 16,61 16,31 16,62 16,32

30-nov-01 190,93 187,04 2.928.476.460,21 3.300.993.123,16 17,91 17,24 17,91 17,25

31-dic-01 192,23 188,28 2.998.501.594,71 3.373.110.309,82 17,39 16,73 17,38 16,72

31-ene-02 195,93 191,93 3.133.004.785,97 3.487.839.798,68 17,46 16,80 17,47 16,79

28-feb-02 199,90 196,05 3.238.956.853,95 3.597.916.478,65 18,72 18,11 18,67 18,05

31-mar-02 203,86 199,08 3.367.227.668,40 3.740.199.850,59 19,36 18,87 19,37 18,87

30-abr-02 205,93 201,70 3.367.060.345,42 3.771.129.569,53 19,83 19,02 19,83 19,02

31-may-02 208,16 203,82 3.429.904.061,00 3.852.682.847,71 19,60 19,08 19,59 19,08

30-jun-02 211,72 207,13 3.678.275.289,91 3.978.626.352,88 19,74 19,16 19,74 19,16

31-jul-02 215,07 210,28 3.727.498.563,01 4.128.211.948,61 19,69 19,01 19,68 19,00

31-ago-02 218,15 213,09 3.815.557.359,71 4.242.549.574,90 19,75 19,05 19,74 19,05

30-sep-02 221,12 215,66 3.886.269.532,77 4.235.462.931,05 19,98 19,09 19,98 19,09

31-oct-02 223,83 218,31 3.965.939.766,63 4.411.867.548,83 20,04 19,03 20,04 19,03

30-nov-02 226,42 220,98 3.996.504.070,77 4.516.162.089,71 18,57 18,09 18,57 18,09

31-dic-02 229,08 223,37 4.049.942.578,20 4.505.972.077,86 18,85 18,40 18,86 18,41

Fuente: Elaborado con base en los Informes Diarios de Valoración presentados por la AFP Futuro de Bolivia S.A. y BBV Previsión S.A. a la Intendencia de Pensiones

62


Cuadro 8Costo de la Reforma de Pensiones, 1997-2001 (proyectadovs. ejecutado, en millones de dólares corrientes)

Período Ejecutado UPF Proyectado SNP-UDAPE Diferencia

1997 271,7 231,5 40,2

1998 341,2 225,3 115,9

1999 339,9 219,3 120,7

2000 373,2 213,4 159,9

2001 386,7 207,4 179,3

Fuente: UDAPE - Unidad de Programación Fiscal

Cuadro 9Evolución del déficit fiscal del sector público consolidadoy déficit primario

Período Déficit SPNF (% del PIB) Déficit primario (% del PIB)

1992 4,4 1,2

1993 6,1 3,2

1994 3,0 0,6

1995 1,8 -0,9

1996 1,9 -0,3

1997 3,3 1,7

1998 4,8 3,4

1999 3,9 2,6

2000 3,7 1,9

2001 6,5 4,3

Promedio 4,0 2,0

Fuente: UDAPE

63

Debate Social

Cuadro 11Impacto de la rentabilidad en la pensión de los afiliadosal SSO

Rentabilidad (%) CNU1) Años adicionales Pensión menorpor cotizar a aceptar (%)

8 148,12 - 0

7 163,12 1,8 14

6 181,09 4,0 26

5 202,87 6,7 36

4 229,57 10,2 44

3 262,71 14,8 51

2 304,38 21,3 57

1 357,51 31,5 63

Fuente: Elaboración propia

Nota: 1) Grupo familiar compuesto por un hombre de 55 años, una mujer de 50 años y un niño de15 años de edad

Cuadro 10Gasto en pensiones en la gestión 2002 (en millones dedólares)

Acumulado en diciembre (p)

Total 368,5

Básica y complementaria 290,5

COSSMIL 35,2

Otros (gastos administrativos) 4,8

Nuevos rentistas en el año 2002 8,1

Pagos globales 2,0

Compensación de las cotizaciones 0,0

Costo de los acuerdos 28,1

Compensación monetaria 21,7

Importe adicional 6,4

Fuente: UPFNota: (p) = preliminar

64


Gráfico 1Impacto de la rentabilidad en la pensión de losafiliados al SSO

70

60

50

40

30

20

10

0

Por

cen

taje

35

30

25

20

15

10

5

-

Añ

os

Rentabilidad

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Presión menor a aceptarAños adicionales a cotizar

Fuente: Elaboración propia.

65

Debate Social

La seguridad social boliviana.El régimen de pensiones desde

la óptica de los jubilados

Julio García Colque *

IntroducciónEn la órbita del sistema capitalista de

producción, de manera general, la protec-ción de la sociedad contra las contingenciasde la vida existe en variadas formas de ad-ministración y constitución:

1. La seguridad social de capitalizacióncolectiva.

2. La seguridad privada de capitalizaciónindividual .

3. Los servicios de salud públicos (estatales).4. Los servicios de salud ofrecidos por or-

ganizaciones religiosas.5. Los servicios de salud ofrecidos por or-

ganizaciones no gubernamentales.

La seguridad social se halla constituidapor normas y medidas de previsión para lasociedad, principalmente para los trabajado-res y su grupo familiar, por tratarse del sec-tor más necesitado. Está inspirada mayor-mente en los principios filosófico-doctrinales dela solidaridad, universalidad, unidad de gestión,oportunidad y eficacia, cuyo financiamiento

económico es tripartito: éste se basa en apor-tes patronales, estatales y laborales.

La capitalización individual representaun régimen de seguro mercantil e individua-lista cuyo sustento económico-financiero eseminentemente individual, es decir, la pro-tección �consistente en el otorgamiento deprestaciones médicas y jubilación� del suje-to de la seguridad y de su familia dependede la capacidad de aportación del asegura-do. Por tanto, las prestaciones dependen delimporte de los recursos acumulados duran-te el período de capitalización. En otras pa-labras, dicho régimen no es sino el ahorroindividual para enfrentar las contingenciasde la vida. En este caso, el sujeto del seguroes el �dueño absoluto de su propio destino�en cuanto a su protección y la de su grupofamiliar.

Las primeras organizaciones deprotección social en Bolivia

En nuestro país, el intento de estable-cer la seguridad social integral, exigido

* Secretario General de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia.

66

La seguridad social boliviana. El régimen de pensiones desde la óptica de los jubilados

permanentemente por los trabajadores mi-neros y fabriles, sometidos a mayores ries-gos en su laboreo diario, ha transitado pormuchas décadas por caminos escabrososante la ineficiencia de los servicios de pro-tección por la insensibilidad patronal y gu-bernamental, y el influjo del súper Estadominero-feudal de los Hochschild, Patiño yAramayo, a quienes sólo les importaba lo-grar mayores utilidades con la explotaciónminera para beneficio propio sin importarla protección del trabajador y su familia.

Sin embargo, la tenaz lucha de los ex-plotados, especialmente de las minas, hizoposible la promulgación de muchas leyes,aún dispersas y limitadas:

1. La Ley del 9 de enero de 1924, sobre laprotección contra accidentes de trabajoen la minería;

2. la Ley del 25 de enero de 1924, que esta-blece el Ahorro Obrero Obligatorio;

3. la Ley del 18 de abril de 1928, sobre elreconocimiento de enfermedades profe-sionales en la minería, y

4. la Ley del 22 de mayo de 1935, que dis-pone la creación de la Caja de Seguro yAhorro Obrero.

5. La Ley General del Trabajo del 24 demayo de 1939, cuyo reglamento (8 dediciembre de 1942), instituye normas dejubilación sólo para determinados sec-tores de trabajadores de empresas de ser-vicios y de producción. Son muchos lossectores que no logran el beneficio de lajubilación y quedan marginados de lasleyes sociales, como se dijo, dispersas ycon limitaciones.

El Código de Seguridad Social y la CajaNacional de Seguridad Social

La insurrección popular del 9 de abrildel año 1952, protagonizada por sectores

importantes del país y, muy especialmente,por mineros y fabriles, logra la constituciónde la Central Obrera Boliviana (COB), orga-nismo sindical matriz de los trabajadoresbolivianos que aglutina en su seno a traba-jadores mineros, fabriles, ferroviarios, cons-tructores, gráficos, maestros, bancarios, cam-pesinos, artesanos y otros, a la cabeza de suSecretario Ejecutivo, Juan Lechín Oquendo,y junto a una camada de dirigentes nacio-nales de base.

Con el apoyo popular la COB se consti-tuye en un órgano de poder obrero y cam-pesino, con vasta influencia en el aparatogubernamental, cuyos postulados �naciona-lización de las minas, reforma agraria, votouniversal, reforma educativa, fortalecimien-to de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-vianos (YPFB), y seguridad social integral�se constituyen en una realidad palpitante enel contexto de los nuevos destinos de la na-ción boliviana, gracias a su impulso revolu-cionario.

Por primera vez Bolivia �a partir del año1952 y después de cincuenta años y más desometimiento a intereses extranjeros� esdueña de su propio destino nacional y sueconomía logra un despegue efectivo alcrearse la Corporación Minera de Bolivia(COMIBOL), incentivándose de esta mane-ra el desarrollo de la industria minera y laindustria de los hidrocarburos, al mismotiempo la vertebración caminera y la crea-ción de las Corporaciones Regionales deDesarrollo y, de esa manera, una variedadde industrias en torno a los siguientes pro-ductos y áreas: azúcar, aceite, cemento, me-tal-mecánica, agricultura, etc., lo que permi-tió el crecimiento del empleo y dio lugar,finalmente, al nacimiento de la seguridad so-cial boliviana.

67

Debate Social

Con el Código de Seguridad Social (CSS)del 14 de diciembre de 1956 y la creación dela Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS),es incorporado a sus servicios más del 80%de la población de los trabajadores para otor-garles la seguridad social integral concebi-da en el Código, que cubre las contingen-cias de invalidez, vejez y muerte (IVM), asícomo los riesgos profesionales (RP); tambiénse prevén asignaciones familiares y de vi-vienda. Este instrumento jurídico-social, porsu enorme sustento filosófico-doctrinal deservicio social, en su tiempo fue considera-do por la comunidad internacional como elmás avanzado de América Latina.

La Caja Nacional de Seguridad Social

y su financiamiento económico tripartito

Los aportes a este principal ente gestordel seguro social integral del país consistenen aportes patronales, estatales y laborales,descontados de las planillas de pago men-suales que son inmediatamente transferidosa la CNSS. El cálculo de las aportaciones esel resultado de estudios matemático-actuariales. El sostenimiento holgado de lasdiferentes prestaciones establecidas obede-ce a que descansa, inicialmente, en el colchónfinanciero de Bs. 2.929.149.540,21 transferi-dos de los fondos económicos del AhorroObrero Obligatorio, de propiedad de los tra-bajadores, que aportaron mensualmente el5% de su salario por más de una treintenade años según el saldo al 31 de diciembredel año 1957, expresado en el balance de ges-tión del mismo año.

Los resultados de las prestaciones mé-dicas son los más óptimos y se cuenta conespecialidades avanzadas, como tambiéncon infraestructura hospitalaria moderna.Asimismo, las prestaciones familiares son las

más solventes. En un comienzo son pocaslas jubilaciones por IVM y RP pero, transcu-rridos unos años se registra un cuadro pau-latinamente ascendente. No obstante sueficiente servicio social, la CNSS sufre per-manentes asechanzas de la clase dominan-te, que busca por todos los medios su desar-ticulación en la perspectiva de liberar o, porlo menos, disminuir tasas de las aportacio-nes del Estado y patronales.

El Decreto Ley de racionalización deaportes

Originalmente, el Código de SeguridadSocial y su decreto reglamentario establecíanlas siguientes tasas de cotización:

1. Aporte patronal equivalente al 21% delmonto total de las remuneraciones parael Seguro Social Obligatorio.

2. Aporte laboral equivalente al 5% parainvalidez, vejez y muerte, más el 2,5%para los seguros contra enfermedad y dematernidad.

3. Aporte estatal del 1,5%.

Mediante el Decreto Ley 10137 del 28 demarzo del año 1972, el gobierno del Gral.Hugo Banzer Suárez establece las nuevastasas de cotización para la CNSS destinadasal financiamiento de los seguros y regíme-nes establecidos como norma básica y obli-gatoria por el Código de Seguridad Socialen los siguientes porcentajes disminuidos,sin ningún estudio matemático-actuarial, ya ser descontados de las planillas de pagode sueldos y salarios:

1. Aporte patronal equivalente al 15% delmonto total de las remuneraciones men-suales de los trabajadores dependientes.

2. Aporte laboral equivalente al 3,5% delmonto total de las remuneracionesmensuales.

68


3. Aporte estatal equivalente al 1,5% delmonto total de las remuneraciones men-suales.

Como se puede apreciar, la reducción dela tasa patronal no tiene otro fin que un me-nor financiamiento de la CNSS, en contra-dicción con el crecimiento de la poblaciónasegurada que significa mayores gastos.

Los fondos complementarios sectorialesdel seguro de jubilación

Forman parte del sistema de pensionesa partir de 1972 en nuestro país los fondoscomplementarios sectoriales facultativosde invalidez, vejez y muerte, creados por lostrabajadores en virtud del artículo 247 delCSS con la exclusiva finalidad de aumentarlas rentas mínimas de subsistencia del régi-men básico en curso y las rentas provenien-tes de los seguros de invalidez, vejez y muer-te y, asimismo, de los seguros contra riesgosprofesionales (accidentes de trabajo). Pode-mos enumerar los siguientes:

1. Fondo Complementario Minero de Se-guridad Social,

2. Fondo Complementario Fabril de Segu-ridad Social,

3. Fondo Complementario de la Adminis-tración Pública de Seguridad Social,

4. Fondo Complementario Municipal deSeguridad Social,

5. Fondo Complementario de Constructo-res y Varios de Seguridad Social,

6. Fondo Complementario de Profesiona-les de la Minería de Seguridad Social,

7. Fondo Complementario de Comercio deSeguridad Social,

8. Fondo Complementario del Magisteriode Seguridad Social,

9. Fondo Complementario Petrolero deSeguridad Social,

10. Fondo Complementario de Caminos deSeguridad Social,

11. Fondo Complementario Universitariode Seguridad Social,

12. Fondo Complementario de Aduanas deSeguridad Social,

13. Fondo Complementario de Luz, Fuerzay Teléfonos de Seguridad Social,

14. y otros máscuyo financiamiento sectorial mayormenteprovino de tasas de aportación laborales ypatronales en porcentajes variados, segúnestudios técnicos matemático-actuarialesrealizados para cada uno de estos fondos.Con el correr del tiempo los entes gestorescomplementarios lograron adquirir patri-monios propios: edificios, terrenos y hastacolonias vacacionales; en conjunto, su po-tencial patrimonial, según estudios econó-micos realizados por la COB, alcanzaban aUS$ 500 millones.

Dichos patrimonios han sido desbara-tados a título de monetización, dispuesta porla Ley de Pensiones (Ley 1732), puestos enventa a precios irrisorios y, en otros casos,transferidos a entidades del Estado y tam-bién a las universidades. De esta forma sedesarticula y llega a su fin el Régimen Com-plementario, en obediencia a organismosinternacionales como el Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacional(FMI), y el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID) al amparo de la referida ley.

El Régimen Básico de Pensiones para elSeguro de Vejez otorgaba al beneficiario el30% del salario básico promedio cotizable delos últimos 12 ó 24 meses a quienes cumplíancon ciento ochenta cotizaciones y la edadexigida de 55 años (varones) y 50 años (mu-jeres); se les agregaba el 2% por cada 12

69

Debate Social

meses excedentes sobre las ciento ochentacotizaciones. En el Seguro de Invalidez seaplicaban las mismas normas.

Durante la vigencia de los fondos com-plementarios, a quienes cumplían con losrequisitos mínimos a partir del factor decálculo diferenciado de cumplir con las dosterceras partes de los aportes laborales(computados desde la fecha de fundación delrespectivo fondo hasta la fecha de retiro deltrabajador), se les otorgabael 40% más el 1% por cada12 meses excedentes a lascotizaciones y el 1% por añoque excediera la edad de 55años (hombres) y 50 (muje-res). Sin embargo, la sumade los importes de ambasrentas �básica y comple-mentaria�, por normas esta-blecidas por el Instituto Bo-liviano de Seguridad Social(IBSS), no podía sobrepasar el importe del100% del salario promedio cotizable (Decre-to Supremo 23004; en adelante DS).

La renta de viudedad representaba el40% de la renta que le correspondía al titu-lar y el 20% la renta de orfandad por cadahijo. Posteriormente, gracias a la lucha de laCNJRB, la asignación a la viuda subió al 80%.En ausencia de viuda y huérfanos podíanacceder a la renta, como derechohabientes,los papás o hermanos del causante.

Corresponde mencionar que las reser-vas económicas del Régimen de PensionesBásicas y de los fondos complementariosfueron afectadas por el DS 19342 del 3 denoviembre de 1982 durante el gobierno delDr. Hernán Siles Suazo, quien, para enfren-tar la hiperinflación y las demandas delgasto público, desdolarizó los ahorros y los

depósitos a plazo fijo de los fondos comple-mentarios. La moneda nacional enfrentó elimpacto negativo hasta el tipo de cambio de27.000 pesos bolivianos por dólar estadouni-dense, hecho que se tradujo en una difícilsituación financiera de los seguros socialespor haber bajado los recursos económicos asu mínima expresión y perdido su poderadquisit ivo.

Esta situación, que creó un hueco fi-nanciero mayormente delos fondos complementa-rios, empeoró al implantar-se el modelo neoliberal du-rante el gobierno del Dr.Víctor Paz Estenssoro en1985 con el DS 21060. Aldesarticular la Corpora-ción Minera de Bolivia des-pidió a más de 34.000 tra-bajadores mineros, quienesdejaron de aportar a la se-

guridad social, hecho que también tuvo re-percusiones imprevistas como el cierre defábricas textiles y otras. En suma, el DS 21060paralizó en gran parte el aparato producti-vo y aumentó el desempleo en el país.

Los fondos complementarios

deficitarios

Ciertamente algunos de ellos, como elFondo Complementario de Profesionales dela Minería, acusaban déficit, pero se encon-traban a punto de superarlo. El Fondo Com-plementario Minero (FONCOMIN) registróun elevado déficit financiero al haber sidodespedidos de la COMIBOL más de 34.000trabajadores. Sin embargo, las reservas deFONCOMIN estaban constituidas por unedificio de diecisiete pisos ubicado en la Ave-nida 20 de Octubre en La Paz, cuyo costo

La renta de viudedadrepresentaba el 40% de la

renta que le correspondía altitular y el 20% la renta de

orfandad por cada hijo.Posteriormente, gracias a la

lucha de la CNJRB, laasignación a la viuda subió al

80%.

70


sobrepasaba los US$ 5 millones, según lamemoria anual de FONCOMIN de 1989. Porotra parte, fue interpuesta una demanda alEstado por FONCOMIN ante la Corte Supre-ma de Justicia de Sucre, con la que se recla-maban los recursos económicos de plazo fijodesdolarizados en la banca durante el gobier-no del Dr. Hernán Siles Suazo en 1982. Unavez ganada la demanda, se había logrado ladevolución del importe de US$ 5.063.685,84,los que fueron destinados al pago de las ren-tas complementarias. En efecto, con dichosrecursos se enfrentaba el déficit.

Para enfrentar la crisis económica se lle-vó adelante otra demanda contra el Estado,reclamándose el reconocimiento de la tasade supersiniestralidad (costo de agravaciónde contingencias) establecida en el Códi-go de Seguridad Social en caso de un des-pido masivo de trabajadores (el caso deCOMIBOL). Bajo la premisa de anteceden-tes como el reconocimiento de subvencionesa los trabajadores ferroviarios y del Bancodel Estado en situaciones similares, se habíalogrado ganar la demanda, según informedel Dr. Edgar Arias Blacutt en la memoriaanual de FONCOMIN de 1995. El Estadoreconoció el monto global de bs. 38.855.833,destinado igualmente al pago de rentas. Porotra parte, FONCOMIN había hecho gestio-nes para que el sector de los cooperativistasmineros fuera incorporado a su seno en lacantidad inicial de 15.000 aportantes, signi-ficando esto un ingreso de más de Bs. 600mil mensuales, con el que se habría supera-do definitivamente el déficit de FONCOMIN.Mencionamos este caso por ser los más no-tables; en la mayoría de ellos no había pro-blemas. El Gobierno justificó la Reforma dePensiones con la precaria situación econó-mica de algunos fondos complementarios.

Sin embargo, éstos tenían la posibilidad desuperarla, puesto que, si acudían al estudiomatemático-actuarial conforme a sus estipu-laciones, los asegurados se obligaban a can-celar su acostumbrado aporte.

La separación de los seguros desalud y pensiones

Con la Ley Financial 0924 del 15 de abrilde 1987 y su Decreto Supremo Reglamenta-rio 21637 (gobierno de Paz Estenssoro), seven afectados los principios fundamentalesde la integridad institucional de la CNSS alsepararse el Régimen de Salud de los segu-ros de corto plazo (enfermedad maternidady riesgos profesionales), encomendándoseestos servicios a la Caja Nacional de Salud(CNS) y a las cajas sectoriales. Por su lado,los seguros de largo plazo son encomenda-dos al régimen de pensiones (seguros de in-validez, vejez, muerte, y riesgos profesiona-les), y las prestaciones a los fondos com-plementarios sectoriales, que contaban coninfraestructura (edificios) y equipamientopropio, adquirido por los trabajadores. Porefecto de la Ley 0924 y el DS 21637 rige lanueva tasa de aportaciones (Cuadro 1).

El aporte estatal se reduce al 1% sobreel total ganado de los asegurados del país,destinado a financiar desajustes presupues-tarios de los entes gestores.

El Fondo Nacional de Reservas(FONARE) y el Fondo de PensionesBásicas (FOPEBA)

La referida ley da origen al FONAREcomo principal mecanismo de compensa-ción y de gestión de mayor jerarquía del Ré-gimen de Pensiones Básico de Invalidez, Ve-jez y Muerte como también de RiesgosProfesionales de largo plazo. Esta entidadfue transitoria y de corta duración por falta

71

Debate Social

de consistencia institucional. El FOPEBA escreado �dando así fin al FONARE� al ampa-ro de los Decretos Supremos 22407 de 13 deenero de 1990 y 22578 de 13 de agosto de 1990,otorgándosele autonomía de gestión para queasigne las rentas del Régimen Básico y Obli-gatorio de los Seguros de Invalidez, Vejez yMuerte y el de Riesgos Profesionales.

El sostenimiento económico-financierodel FOPEBA se sustentó en los aportestripartitos: patronales, estatales y laborales,y se sujetó, en cuanto a la prestación de ser-vicios, a las normas y reglas instituidas en elCódigo de Seguridad Social y leyes conexas(Cuadro 2).

La Ley de Pensiones deCapitalización Individual (Ley 1732del 29.11.1996)

AntecedentesDentro de los cambios estructurales

que ha impuesto en el país el régimenneoliberal en el contexto del modelo deeconomía de mercado, se promulga la Leyde Pensiones con la perspectiva de dar final régimen de pensiones basado en la soli-daridad intergeneracional y económica, ycon la finalidad de liberar al Estado y al

empleador del sos-tenimiento econó-m i c o - f i n a n c i e r otripartito, a su vezen la pretensión derebajar el gasto fis-cal, reducir la deu-da externa e internay generar ahorro in-terno.

La Ley de Ca-pitalización Indivi-

dual nace con dos cuerpos importantes: elrégimen de reparto simple (seguridad socialsolidaria) y el régimen de capitalización in-dividual (seguro social obligatorio de largoplazo).

El régimen de reparto simpleAl amparo del Código de Seguridad

Social, éste está destinado a pagar las ren-tas a los asegurados del sistema de seguri-dad social con recursos del Tesoro Generalde la Nación hasta la muerte de los benefi-ciarios, titulares y derechohabientes. Es ad-ministrado actualmente por la Direcciónde Pensiones en cuyo seno, a enero 2003, sehallan protegidos 134.797 beneficiariosentre titulares y derechohabientes de todoel país. El costo de pago de las rentas

Cuadro 2Tasas de aportes para el Fondode Pensiones Básicas fijadaspor el DS 22578 (en porcentajes)Laboral 2,5

Patronal 5,0

Estatal 1,5

Total 9,0

Cuadro 1Nuevas tasas de aportaciones fijadas por el DS21637 (en porcentajes)

Régimen Aporte laboral Aporte patronal Total de aportes

IVM IVM RP

Básico 1,5 3,5 0,5 5,5

Complementario 3,5 1,0 4,5

Total 5,0 3,5 1,5 10,0

Notas: IVM = invalidez, vejez y muerte; RP = riesgos profesionales

72


fusionadas �básicas y complementarias�asciende a Bs. 171.111.987,54, calculados apartir de la base de datos elaborada por laDirección de Pensiones.

El régimen de capitalización individual:

el Seguro Social Obligatorio

Es manejado por dos administradoras defondos de pensiones (AFP), Futuro de Boliviay Previsión BBV, cuya misión fundamental esla de administrar y capitalizar los recursos pro-venientes de los aportes individuales de losasegurados para el pago de pensiones tantopor concepto de invalidez, vejez y muerte,como de riesgos profesionales.

La Ley de Pensiones, en su capítulo pri-mero (disposiciones generales) manifiestaque tiene el objetivo de asegurar la continui-dad de los medios de subsistencia del capi-tal humano a través del Seguro Social Obli-gatorio de Largo Plazo, supuestamente encumplimiento del artículo 158 de la Consti-tución Política del Estado (CPE), asumien-do la responsabilidad de las prestaciones dejubilación por IVM y RP (de conformidadcon la Ley de Capitalización o Ley 1544 del21 de marzo de 1994). La Ley de Pensiones,en su artículo 5º, da origen a nuevas entida-des gestoras de servicios: las administrado-ras de fondos de pensiones, administradasde forma privada y con base jurídica en elCódigo de Comercio; su financiamiento co-rre por cuenta exclusiva del afiliado (capita-lización individual). Por tanto, sus bases deconstitución se contradicen con el espíritudel artículo 158 de la CPE, porque destru-yen la esencia solidaria de los seguros deIVM y RP, sustentados en la solidaridadintergeneracional y económica.

Esta ley, que en los hechos destruye laseguridad social, fue resistida por toda las

organizaciones laborales y populares. Fuetambién a partir de la Central Obrera Boli-viana que el Gobierno fue demandado pornueve organizaciones laborales ante la Cor-te Suprema de Justicia de Sucre por lainaplicabilidad e inconstitucionalidad de laLey de Pensiones. Paradójicamente, la Cor-te falló declarando improbada dicha deman-da, impulsada y cuestionada con más énfa-sis por la Confederación Nacional deJubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB), yse constituyó en una frustración más entrelas tantas medidas tomadas por el régimenneoliberal.

Lamentablemente, los objetivos de dichaley, consistentes en generar ahorro interno,reducir la deuda interna y externa, e impul-sar el desarrollo económico, no se dieron pornuestro incipiente mercado financiero, nues-tro escaso desarrollo industrial, y la inestabi-lidad laboral, debido a nuestro anquilosadoaparato productivo, habiéndose, por el con-trario, incrementado la deuda interna, exter-na y abultado el gasto por obligaciones depago de rentas, y afectado el Producto Inter-no Bruto (PIB) en la proporción del 5,1% (pen-siones como porcentaje del PIB). Como seaprecia, no se consultó nuestra realidad na-cional y el Gobierno no se respaldó, princi-palmente, en un estudio matemático-actuarial. Se adoptó el modelo chileno decapitalización individual, que fue tan malcopiado que se obvió incorporar a los asegu-rados de 40 años para arriba y de 40 años paraabajo al nuevo régimen, lo que pudo evitar elsurgimiento de la �generación sándwich�.

El abuso del poder puede más, y connueva ley se consuma la violación del artí-culo 158 de la CPE. Los resultados son defunestas consecuencias en cuanto a las pres-taciones: son marginados de su derecho a

73

Debate Social

jubilación más de 25.000 ex trabajadores (lamal llamada generación sándwich), no obs-tante de tener en su haber la mayoría cientoochenta cotizaciones, pero no la edad exigi-da en el momento. De esta forma no ingre-san, definitivamente, a la calificación de ren-ta porque se interpone un plazo fatal (el 30de abril de 1997) en franca violación del ar-tículo 230, inciso c, del Código de SeguridadSocial y del artículo 532 de su Reglamento,que determinan la imprescriptibilidad delderecho de jubilación y un período de espe-ra para que el aseguradopueda cumplir la edad re-querida e incorporarse a lajubilación. En el modelochileno de capitalización in-dividual se prevé la coexis-tencia del antiguo sistemade pensiones con el nuevo;las personas menores a 40años pueden optar por cual-quiera de las AFP.

Como consecuencia dela ausencia de la coexisten-cia de ambos modelos deseguro en Bolivia, se dio lugar a dicha margi-nación y a que los afectados se organizaran ycontinúen reclamando su derecho a la jubila-ción, porque una mayoría ya tiene la edad es-tipulada en el Código de Seguridad Social.

Además de esta injusticia existen otrasy mencionaremos unas cuantas para teneridea de los aspectos negativos de la refor-m a .

1. La Ley de Pensiones fija la edad de jubi-lación en los 65 años cumplidos. Sinembargo, en nuestro país la esperanzade vida está, en promedio, por debajode los 65 años. Los habitantes de la zona

oriental del país �Beni, Pando, y SantaCruz� sobrepasan la esperanza de vidade los 70 años, mientras en los valles�Cochabamba, Tarija, y Chuquisaca� éstaes de 60 a 65 años. Por su lado, en la re-gión del Altiplano �Potosí, Oruro, y par-te de La Paz�, particularmente en laszonas montañosas, la esperanza de vidasólo alcanza los 50 a 55 años por el cli-ma menos saludable, lo que se tomó encuenta en el Código de Seguridad So-cial (además, por considerar que la ma-

yor parte de la poblaciónactiva trabajaba en la mine-ría). Con la nueva ley, losafiliados con baja esperan-za de vida no podrán jubi-larse si no logran capitali-zar sus recursos de maneraque cubran el requisito del70% de su salario cotizable.2. En la mayoría de loscasos, la calificación de ren-tas en el contexto del Códi-go de Seguridad Social al-canzaba un 100%, al juntar

las rentas básicas y complementarias; enel nuevo régimen este porcentaje sóloascenderá al 70% del salario base.

3. Textualmente establece el artículo 8º dela Ley 1732, que la prestación por inva-lidez común consiste en una pensiónequivalente al 70% del salario base y enel pago del 10% del mismo salario a sucuenta individual, porque cuando elafiliado cumple 65 años se le suspendela pensión por invalidez y se prosiguecon el pago de la de vejez. En el régi-men anterior el rentista tenía derecho aincrementar su renta con la calificaciónpor concurrencia de vejez, lo que le

Como consecuencia de laausencia de la coexistencia deambos modelos de seguro enBolivia, se dio lugar a dicha

marginación y a que losafectados se organizaran ycontinúen reclamando suderecho a la jubilación,

porque una mayoría ya tienela edad estipulada en el

Código de Seguridad Social.

74


permitía una asignación de hasta el100% de su salario base.

4. La asignación de pensiones vitalicias ymensualidades vitalicias variables porperíodos de 5, 10 y 15 años, no están res-paldadas por estudios técnico-matemá-ticos, ya que dichos períodos básicamen-te deberían depender de la edad yesperanza de vida del asegurado.

5. Cuando un asegurado, sin importar laedad, no ha logrado acumular el 70% desu salario base, al cumplir los 65 años sele asignará una pensión vitalicia corres-pondiente al 70% del salario mínimonacional. Esta asignación se contradicecon las leyes sociales que disponen queninguna renta, salario o pensión puedeser menor al equivalente del salario mí-nimo nacional.

6. Mal que bien, el trabajador activo esta-ba acostumbrado al descuento de susaportaciones al régimen de pensiones,tanto básico como complementario. Alasumir esta obligación el Estado, lógi-camente son afectadas sus arcas; alsoldarse el importe del aporte patronalal salario del trabajador, la carga igual-mente la asume el Estado. Sumado aello, al asumir las responsabilidades depago de las rentas de las otras cajas sec-toriales e integrales, el Estado ha creadoel déficit fiscal por cuenta propia sin quenadie se lo hubiera pedido y, simple-mente, por carecer de autodetermina-ción y atender las demandas del BM,BID, y FMI.

7. La Ley de Pensiones dispone que los pa-trimonios de los fondos complementa-rios, consistentes en edificios, terrenos,colonias vacacionales, etc., pasan al con-trol del Estado para su respectiva

monetización. En efecto, la mayor partede dicho patrimonio ha sido dispuesto.Lo exasperante para los jubilados delpaís como para el pueblo que cree viviren democracia y en igualdad de condicio-nes ante la ley, es que al margen de laLey de Pensiones y con sólo el Manualde Pensiones, se declara no afectable elpatrimonio de los fondos complemen-tarios del Poder Judicial, la Policía, y delas Fuerzas Armadas de la Nación. Loque evidentemente refleja una discrimi-nación y abuso de poder: mientras quelos privilegiados conservan sus bienespatrimoniales, los más se rematan otransfieren a otras entidades como par-te de las deudas contraídas por el Esta-do. (Ejemplo: se transfieren veintitrésedificios a la CNS como pago de las deu-das del Estado).

8. Desde un comienzo las administradorasde fondos de pensiones, Futuro de Boli-via y Previsión BBV, fueron obligadaspor el Gobierno a comprar anualmentebonos del Tesoro (títulos valores) por elvalor de US$ 180 millones al interés del8% durante 15 años, al cabo de los cua-les serían redimibles. Con un plazo tanprolongado y el interés del 8%, la deu-da interna del Estado frente a las admi-nistradoras de fondos de pensiones y labanca alcanza la suma de US$ 2.191 milmillones, es decir, casi la mitad de ladeuda externa (US$ 4.299 mil millones),según datos publicados por el matutinoLa Razón el 16 de marzo de 2003. Men-cionamos estas cifras por el riesgo queentraña la incapacidad de pago del Es-tado y el estancamiento de su desarro-llo, lo que pone en duda el futuro delRégimen de Pensiones de Capitalización

75

Debate Social

Individual y el Régimen de Pensionesde Reparto Simple, ya que al disolverselas cajas sectoriales que pagaban por sucuenta las rentas a sus asegurados, elGobierno oficiosamente se hace cargodel pago de las rentas de los diferentessectores, incluidos la de los fondos com-plementarios que se hallaban sostenidoseconómica y financieramente por losaportes directos de los trabajadores conaportes mensuales que fluctuaban entreel 4,5 y 9%.

El promedio general ponderadoen el ajuste anual de rentas y la escalainversamente proporcional en elsistema de reparto

Desde 1986 en adelante, el ajuste anualde rentas para la gran mayoría de jubiladosno tenía significación económica por cuan-to el Gobierno decretaba incrementos direc-tos en porcentajes mínimos que se traducían,per cápita, en Bs. 13,50 y, otras veces, en Bs.15 sobre rentas de Bs. 100, 150, 200, 300 y dehasta de Bs. 350; fueron incrementos nomi-nales y virtualmente significaban el con-gelamiento de las rentas, creándose una si-tuación desesperante en la gran familia delos rentistas y jubilados. Entonces no se apli-caba el ajuste de las rentas, es decir, el pro-medio general ponderado instituido en el ar-tículo 159 del Código de Seguridad Social.Este hecho motivó que nuestra organizaciónmatriz, a pedido de las bases y especialmentedel sector minero, fabril, y otros, reclamaraante el Gobierno la puesta en vigencia delpromedio general ponderado en el ajuste delas rentas. Lamentablemente, los consabidos�diálogos� se tradujeron en parloteos esté-riles que sólo estaban destinados a ganartiempo por parte del Gobierno, hasta que a

comienzos del mes de abril de 1992 se tomala decisión de la movilización de las basesmineras de todo el país, para cuyo fin se tras-ladaron del interior a La Paz 2.500 rentistasmineros que, junto a los rentistas de La Paz,realizaron marchas diarias por diferentes ar-terias de la ciudad a las que se sumaron otrossectores de los jubilados. Las marchas, que semasificaron, tuvieron una duración de cuaren-ta y cinco días y se llegaron a fortalecer con lahuelga de hambre de los dirigentes de los di-ferentes sectores (catorce personas mayores deedad), instalados en la sede de la COB. Entretanto, se cumplían gestiones por parte de laCNJRB ante el Gobierno con el apoyo decidi-do de los dirigentes de la Central Obrera Boli-viana. Los objetivos claros eran:

1. El ajuste de rentas anual con el porcen-taje promedio general ponderado.

2. La aplicación del ajuste anual de rentaspor la escala inversamente proporcional.

La decisión de lucha fue tenaz y persis-tente al extremo que los compañeros AngelCapari Berríos y Liborio Muñoz decidieronvoluntariamente crucificarse semidesnudosen la terraza del frontis del edificio princi-pal de la Universidad Mayor de San Andrés.En las inmediaciones se produjo unamultitudinaria concentración de jubilados yrentistas, arrojando un cuadro por demás do-loroso, lo que en los hechos determinó queel Instituto Boliviano de Seguridad Socialpor instrucciones del Gobierno y, finalmen-te, como parte de los acuerdos entre el Go-bierno, la COB y la organización matriz delos jubilados, emitiera la Resolución Admi-nistrativa 03-019-92 del 11 de junio de 1992,disponiendo la autorización �correspon-diente al FOPEBA� de la aplicación del pro-medio general ponderado en el ajuste de las

76


rentas de allí en adelante (concretamentedesde enero de 1992). Paralelamente seaprueba también la Escala de Incrementosde Pensiones Básicas para las pensiones encurso de pago al 31 de diciembre del año de1991 con ocho niveles de ajuste inversamenteproporcional, elaborada por los compañerosWenceslao Argandoña, Julio García y JoséQuiroga (Cuadro 3).

La aplicación de esta modalidad de ajus-te por la escala inversamente proporcionaldesde 1992 mejora de alguna manera las ren-tas. El 10 de septiembre de ese año se ratifi-can los acuerdos a petición de nuestra orga-nización mediante la Resolución Biministerial0796, firmada por las el Ministerio de Finan-zas y el Ministerio de Previsión Social y Sa-lud Pública para su aplicación permanente;ella tuvo vigencia en los períodos de 1992,1993, 1994, 1995 y 1996. Lamentablemente,esta norma establecida con relación al ajus-te de las rentas es interrumpida el 29 de no-viembre de 1996 y modificada por la Ley dePensiones. Sin embargo, fue reclamada porla CNJRB permanentemente buscándose su

reposición. No obstante, las variadas conver-saciones con funcionarios del Gobierno�entre ellas, como siempre, �diálogos� quejamás arrojan resultados positivos� no se lo-gró nada y transcurrieron años enteros, lo quenos obligó a decidir acciones de presión, pla-nificándose una marcha masiva desde Oruroa La Paz con la participación de todos los sec-tores para sensibilizar al Gobierno.

En la ciudad de Potosí, aprovechandola presencia de las delegaciones mineras, ydespués del fracasado congreso de la COB,se instala formalmente el ampliado nacio-nal minero el 10 de julio del año 2000, el quees presidido por el compañero Julio GarcíaColque, Secretario de Relaciones de laCNJRB, con la presencia de las delegacionesy contando con mayoría absoluta. Luego deun análisis pormenorizado de las formas deorganización de la marcha, se llega a las si-guientes resoluciones:

1. Efectuar la marcha por la sobrevivenciade jubilados y rentistas por el estable-cimiento de la renta mínima de Bs. 1.000.

2. Organizar en los departamentos y regio-nes donde existanrentistas, los pactosintersindicales parahacer efectiva la lu-cha nacional y uni-taria hasta conse-guir la renta míni-ma de Bs. 1.000 y laaprobación del Pro-yecto de Ley 1862.3. La urgente con-formación de comi-tés de organizacióndepartamentales yregionales para hacerefectiva la marcha

Cuadro 3Escala de ajuste anual de rentas por sistemainversamente proporcional, 1992

Tramos de rentas (en Bs.) Porcentaje de incremento (%)

Hasta 150 21

150,01 a 200 19

200,01 a 300 17

300,01 a 400 15

400,01 a 600 12

600,01 a 1.000 10

1.000,01 a 2.000 8

2.000,01 en adelante 2

Fuente: FOPEBA

77

Debate Social

nacional desde Oruro (lugar de concen-tración) hasta la ciudad de La Paz.

4. Paralelamente a la marcha nacional, enlugares de concentración como plazas oplazuelas, efectuar vigilias con la parti-cipación masiva de los rentistas mien-tras dure la marcha.

5. Insistir en la devolución de aportes alFONVIS o, por lo menos, del beneficio delsubsidio de vivienda a quienes no fueronfavorecidos con ningún bien dentro losplanes de la vivienda popular y barata.

6. Buscar por los mecanismos más viablesla fijación del tope de la renta ante elabuso descarado de la clase dominanteque se favorece con rentas exorbitantesde hasta Bs. 30.000 mientras existen ren-tas irrisorias de Bs. 285.

La justificación del postulado �rentamínima de Bs. 1.000�

Las rentas de IVM y por concepto deriesgos profesionales, calificadas en el perío-do de los primeros años de su vigencia, tu-vieron capacidad de compra y podían hol-gadamente costear los gastos del hogar.Lamentablemente, la economía del país sedeteriora visiblemente desde el gobierno delDr. Hernán Siles Zuazo por la pronunciadahiperinflación monetaria. Las rentas pierdensu poder adquisitivo y pasan a representarsimplemente rentas nominales. Posterior-mente se devalúan aún más por efecto deldeterioro del aparato productivo minero, lasfábricas, y otros sectores a cau6sa de las me-didas económicas de cambio estructural im-plantadas con el modelo de economía de li-bre mercado desde 1985, lo que pone fin alcapitalismo de Estado (destrucción, a partirde 1986, de la COMIBOL con su descentrali-zación mediante DS 21377).

La crisis en el país surge por dicho cam-bio estructural, encaminado por el trágicoDS 21060. Las rentas quedaron virtualmen-te congeladas en montos miserables (para lagran mayoría); con el correr del tiempo fue-ron llamadas �rentas históricas�. Con la ideade buscar un mecanismo que garantice lacapacidad de compra de las rentas, la CNJRBinició acciones de presión en 1992 ejecuta-das por los jubilados y rentistas, y logra laaplicación del promedio general ponderadoy de la escala inversamente proporcional enel ajuste de rentas según el artículo 159 delCódigo de Seguridad Social. Sin embargo,el incremento de las rentas no es suficientepor el pronunciado deterioro de la econo-mía (Anexo 1).

Hasta mediados del año 2000 las rentasde los titulares son de Bs. 355 (la gran mayo-ría), mientras que las de algunas viudas yderechohabientes son de Bs. 120 y 280 (comoejemplo). Como se puede apreciar, se tratade montos miserables que no logran costearni siquiera la alimentación. Paradójicamen-te, a partir de la vigencia del corrupto mo-delo neoliberal, aparecen en planillas rentasde Bs. 10.000, 20.000, 25.000, y hasta 30.000mensuales. Quienes gozan de estas rentasprivilegiadas son miembros de la clase do-minante, al calor de las influencias político-partidarias. Arbitrariamente, con sólo el Ma-nual de Prestaciones, es anulado el tope deBs. 4.000 y el 30% del excedente establecidoen el Código de Seguridad Social, dando asílugar a rentas exorbitantes y, lógicamente,creando una brecha abismal entre rentas al-tas y bajas, y desnaturalizando de esta ma-nera los principios de equidad. Por ejemplo,quienes reciben cada mes rentas privilegia-das de Bs. 30.000, tienen para ahorrar por lomenos Bs. 25.000. Dichos ahorros en 3 años

78


y 4 meses significan la acumulación de Bs.1.000.000, mientras la mayoría de los humil-des ex trabajadores y sus familias se moríade hambre con rentas de Bs. 355 los titularesy de Bs. 180 (por poner otro ejemplo) losderechohabientes.

Esta injusticia creada por el autoritaris-mo gubernamental, consistente en mantenerrentas de Bs. 355 y de Bs. 30.000 para arriba,motivó que los rentistas mineros, fabriles, yde otros sectores desfavorecidos, a quienesno les alcanzaba para comer, formularan unalucha sin cuartel para lograr la renta míni-ma de Bs. 1.000 y el ajuste de rentas por elsistema inversamente proporcional. De ma-nera que se buscaba encontrar un caminoque permitiera la equidad tanto en el pagode las rentas como en su ajuste anual, todoesto por la gran desigualdad existente, comose puede apreciar en el siguiente ejemplo(Cuadro 4).

Las rentas altas se incrementaban cadaaño con sumas importantes, mientras que lasrentas bajas mejoraban de forma miserable.Por ello se luchó infatigablemente por laaplicación del ajuste de rentas por el siste-ma inversamente proporcional (tanto enporcentaje como en valor). De esta manera,es el ajuste de las rentas el que determinaque aquellas personas con rentas bajas

reciben un mayor incremento porcentual,mientras que aquéllas que tienen rentas al-tas reciben un porcentaje menor. Para lograrque se materialice dicho propósito de los ju-bilados y luego de haber fracasado los �diá-logos�, se tomó la penosa decisión de unamarcha desde Oruro hacia la ciudad de LaPaz, habiéndose fijado, en concordancia tan-to con el ampliado nacional de la CNJRB,como con los acuerdos intersindicales entrelos sectores más decididos, iniciar la llama-da Marcha por la Sobrevivencia.

La Marcha por la Sobrevivencia: Oruro-

La Paz

La Marcha por la Sobrevivencia comen-zó el 10 de agosto de 2000 con la presenciade los dirigentes de la Confederación Na-cional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, laAsociación de Rentistas Mineros de La Paz,trabajadores fabriles, municipales, mineros,cooperativistas, y constructores varios. En eltrayecto se sumaron a ella representantes deotros sectores. La marcha, por su caráctereminentemente reivindicativo, ganó la sim-patía del pueblo y organizaciones laboralesy también fue acompañada por dirigentesnacionales de la Central Obrera Boliviana,la Federación Sindical de Trabajadores Mi-neros de Bolivia, la Central Obrera Departa-

mental de Oruro, el Ma-gisterio Urbano Nacional.Cerca de 2.700 manifes-tantes parten de Oruro,luego éstos llegan a alcan-zar la cifra de 3.000. Elprimer tramo de 37 kiló-metros, tal como fue mos-trado por los medios decomunicación, fue agota-dor y penoso por el mal

Cuadro 4Comparación de ambos extremos de las rentasotorgadas (en Bs.)

Importe de la Porcentaje del Importe del Renta

renta incremento incremento mejorada

30.000,00 8 2.400,00 32.400,00

355,00 8 28,40 383,40

Fuente: CNJRB

79

Debate Social

tiempo. Los ancianos, cansados, agotados,y con los pies lastimados, llegaron a Cara-collo en horas de la noche, y fueron atendi-dos por personal médico de la Caja Nacio-nal de Salud.

El Convenio de Caracollo

Al siguiente día, el 11 de agosto de 2000,arribaron a Caracollo el Viceministro delTesoro General de la Nación, Abel Martínez,y el Director de Pensiones, José Luis PérezO., quienes, después de una prolongada dis-cusión con las partes interesadas, termina-ron proponiendo Bs. 500 de renta mínima.Esta propuesta fue dada a conocer en unagran asamblea general de los manifestantes,que la rechazaron terminantemente por in-suficiente. Los representantes del Gobiernose retiraron y quedó ratificado el objetivo deluchar por la renta mínima de Bs. 1.000.

Además de ello, los representantes delGobierno expresaron el compromiso de quearribaría a Caracollo una comisión del Go-bierno de alto nivel con amplias facultadespara dar solución definitiva al problema. Enefecto, al siguiente día, el 12 de agosto, sehicieron presentes Guillermo Fortún, Minis-tro de Gobierno; Ronald Mc Lean Abaroa,Ministro de Hacienda; Walter Guiteras, Mi-nistro de la Presidencia, y Guillermo Cuen-tas, Ministro de Salud y Previsión Social. Lacomisión negocia-dora y los dirigen-tes de los diferentessectores de los jubi-lados estuvieronpresentes en lasdiscusiones que tu-vieron una dura-ción de más de cua-tro horas, al cabo de

las cuales se firmó el �Acuerdo de Caracollo�,estableciéndose la renta mínima de Bs. 550 ysu cancelación a través del sistema inversa-mente proporcional, y respetándose la de-valuación de la moneda nacional con res-pecto al dólar oficial (establecida por elBanco Central de Bolivia).

Este beneficio es refrendado por el DS26104 del 16 de marzo de 2001, que otorgauna compensación monetaria de Bs. 195 apartir de la renta mínima de Bs. 355 paraalcanzar la renta nueva fijada de Bs. 550(Cuadro 5).

No obstante este acuerdo, aceptado porla mayoría de las representaciones, hubie-ron sectores disconformes como la represen-tación de la Asociación de Rentistas Mine-ros de La Paz. Por otra parte, el dirigente delos rentistas mineros de Cochabamba se opu-so al convenio sin comprender sus alcances.Lamentablemente, los acuerdos no se apli-caron en los niveles acordados y sólo se be-nefició el sector minero, quedando exclui-dos los demás sectores, resultando esto enuna burla de parte del Gobierno. El incre-mento de las rentas sólo tuvo una duraciónde tres meses, al cabo de los cuales y conargucias innobles, fue suspendida la eleva-ción a los Bs. 550, retractándose el Gobiernodel pago y retornando a los montos de rentaoriginales.

Cuadro 5Resultados del �Acuerdo de Caracollo�Renta mínima nacional Bs. 355 Recursos ordinarios del TGN

Compensación monetaria Bs. 195 Recursos extraordinarios del TGNNuevo importe de la rentamínima nacional Bs. 550

Fuente: Anexo 2Nota: TGN = Tesoro General de la Nación

80


La marcha de Caracollo a PatacamayaEste hecho, como era de esperar, moti-

vó la protesta generalizada de los jubiladosy rentistas de todos los sectores, quienes enotro ampliado nacional de la ConfederaciónNacional de Jubilados y Rentistas de Boli-via, resuelven retornar a las carreteras hastalograr la atención del Gobierno, reanudan-do la marcha de Caracollo a La Paz el 15 demarzo de 2001, esta vez decididos no sólo aratificar la renta de Bs. 550, sino, más allá deello, lograr nuevamente el objetivo de la ren-ta mínima nacional de Bs. 1.000. La marchade Caracollo a Patacamaya se reanuda conmás de 3.000 rentistas y jubilados, vencién-dose los diferentes tramos en plena lluvia yfrío. En el trayecto se suman a ella diaria-mente una mayor cantidad de rentistas, has-ta que se llega a la cifra de 7.000. Los diver-sos medios de comunicación fuerontransmitiendo las horas dramáticas de losmarchistas hasta Patacamaya, luego de ha-ber vencido 91 kilómetros de distancia condescansos �día por medio� en diferentes po-blaciones entre el punto de partida y la meta.

Como era previsible, hubo muchas ba-jas por diferentes causas de salud en las fi-las de los jubilados. A esta altura, pasado elmedio día del 21 de marzo de 2001, arriba-ron a la localidad de Patacamaya autorida-des de gobierno para darsolución al conflicto: estabanencabezadas por GuillermoFortún, Ministro de Gobier-no; Marcelo Pérez Monaste-rios, Ministro de la Presi-dencia; Luis Vásquez Villa-mor; Ministro de Justicia;Guillermo Cuentas, Minis-tro de Salud; Abel Martínez,Viceministro de Tesoro

General de la Nación, y José Luis Pérez,Director de Pensiones. También asistiómonseñor Jesús Juárez y Waldo Albarracín,de Derechos Humanos. La comisión nego-ciadora de la CNJRB, dirigentes de los dife-rentes sectores en conflicto, además de re-presentantes de la COB, FSTMB, COD, yotros, en reunión conjunta con los facilita-dores de la Conferencia Episcopal y de De-rechos Humanos, discuten con autoridadesde gobierno sosteniendo el pedido de Bs.1.000 de renta mínima.

El Convenio de Patacamaya

Finalmente el Gobierno, apabullado porla fuerza de las razones de los rentistas, ypor consenso de partes, acuerda fijar la ren-ta mínima en Bs. 850 con el soporte de unacompensación monetaria de Bs. 148, previanivelación a Bs. 550 (DS 26104) de las rentasde todos los sectores a partir del mes de ene-ro de 2001, con validez retroactiva a septiem-bre del año 2000, excepto para el sector mi-nero, cuyas rentas, como se ha visto, yahabían sido ascendidas. Por tanto, la rentade Bs. 850 sería incorporada a las planillas apartir de marzo del 2001, y fue sujeta a lamodificación del artículo 57 de la Ley dePensiones, para cuyo efecto el Gobierno, me-diante el DS 26163, se compromete interce-

der en el parlamento parala aprobación del Proyectode Ley 179/00-01. Lamen-tablemente, ya en el con-greso, se tropieza con la re-sistencia del Sr. Jalhil Melgar,Presidente de la Cámara deDiputados, que presentóuna consulta al TribunalConstitucional. Esta dila-ción causa preocupación y

El incremento de las rentassólo tuvo una duración de tresmeses, al cabo de los cuales y

con argucias innobles, fuesuspendida la elevación a los

Bs. 550, retractándose elGobierno del pago y

retornando a los montos derenta originales.

81

Debate Social

desconcierto en las organizaciones de losjubilados, quienes, por esa razón, efectúanmarchas en las capitales de todos los depar-tamentos del país y, paralelamente, ingresana una huelga general de hambre masiva lle-gando al número de 4.000 jubilados, rentis-tas y derecho-habientes; además, seis ancia-nos se crucifican en La Paz y Cochabamba.Tuvieron que pasar cuarenta y nueve díasfatídicos para que el Gobierno al fin pusierauna solución definitiva al conflicto. Pese ala manifiesta oposición del MNR en el par-lamento, el proyecto fue aprobado. Esta ley,signada con el número 2197 es promulgadaa regañadientes por el presidente Banzer el9 de mayo de 2001, y el respectivo DecretoSupremo Reglamentario (26600) el 30 demayo de 2001 (Cuadro 6).

Para esta conquista ofrendó su vida elcompañero Vicente Bautista Flores, de 61años de edad �sometido a un ayuno volunta-rio falleció por extrema deshidratación. Eniguales condiciones murió Vicente Pairumani.La compañera Honoria vda. de Taboada fueaccidentada por un patrullero de la policía.En los más, quedó una secuela de enferme-dades respiratorias, artritis, reumatismo yotros por las marchas realizadas en mediode las lluvias y el frío.

A pesar de irreversibles sacrificios devidas humanas de otrora servidores de losintereses del país y la nación boliviana, losgobernantes de turno, insensibles por sucondición de clase y en obediencia ciega alBanco Mundial, Banco Interamericano deDesarrollo y Fondo Monetario Internacional,buscan superar la crisis económica y finan-ciera del país pretendiendo imponer a lanación oprimida y, entre ella, a los jubiladosy rentistas, medidas tendientes a disminuirel gasto por concepto de rentas que, eviden-temente, tiene mucho peso dentro de las obli-gaciones del Estado. Pero se debe reconocerque éste es el resultado que hoy lamenta elgobierno de Gonzalo Sánchez de Lozadacomo el mayor fracaso de la Ley de Pensio-nes de Capitalización Individual; ella cons-tituye el costo negativo de la Reforma juntocon el fracaso de la capitalización de las em-presas del Estado. Los jubilados, a tiempo deoponernos a la Reforma de Pensiones, sostu-vimos que la única forma de dotar desostenibilidad en el tiempo al financiamientode las rentas, era la preservación de sistematripartito que, acertadamente, mantiene lasolidaridad intergeneracional y económica.Los hechos han probado otro episodio del fra-caso del modelo de economía de mercado.

Cuadro 6Componentes de la nueva renta mínima nacional de Bs. 850Renta mínima anterior (SMN) año 2000 Bs. 355 Recursos ordinarios del TGN

Convenio de Caracollo, compensación monetaria Bs. 195 Recursos extraordinarios

Convenio de Patacamaya, importe adicional Bs. 148 Recursos extraordinarios

Distribución inversamente proporcional (1er tramo) Bs. 152 Recursos ordinarios

Importe de la nueva renta mínima Bs. 850

Fuente: Anexo 3Nota: SMN = salario mínimo nacional

82


La marcha de Patacamaya a La Paz: por

la modificación de artículo 3º de la Ley 2434

En su desesperación, sin estudio previoni consulta a la población, con esta ley elGobierno pretendió una �bolivianización dela economía� y despojarnos de la indexaciónde nuestras rentas al dólar estadounidense(instituida en la Ley 2197), y sustituirla porel mantenimiento de valor ligado a la Uni-dad de Fomento para la Vivienda (UFV),expresada en términos porcentuales equiva-lentes al índice de precios al consumidor(IPC) � un factor de cálculo manejable enfunción de los intereses del Gobierno.

Los jubilados y rentistas comprendieronque la supuesta bolivianización de la eco-nomía no era sino otra de las argucias delGobierno para rebajar el costo de las rentas,porque en los hechos, mientras el factor decálculo resultante de la devaluación de lamoneda boliviana con respecto al dólar es-tadounidense es de 8,51%, el del IPC sólollega al 2,45%; ello representa una rebaja enel ajuste de las rentas en más de un 6%.

Tomando en cuenta la diferencia ne-gativa, la CNJRB pidió a las autoridadesde Gobierno la modificación del artículo3º de la Ley 2434. Lamentablemente notuvimos ninguna respuesta posit iva. Loscinco encuentros de �diálogo� entre am-bas partes sólo sirvieron para que se nosreiteren una y otra vez las supuestas bon-dades de la ley a la larga. Informados so-bre el particular los jubilados y rentistas engrandes asambleas de base, las reaccionesfueron airadas, pidiéndose el respeto al Con-venio de Patacamaya, y para cuyo fin, en unampliado nacional de dirigentes nacionales,regionales y de base de todo el país, se acor-dó reanudar la marcha desde Patacamayahasta La Paz.

Una vez efectuadas las reuniones con lascomisiones de organización de las asociacio-nes de base, se acuerda la concentraciónmasiva de los manifestantes para el 9 de ene-ro de 2003, y se inicia la marcha el 10 de ene-ro, recorriéndose 96 kilómetros con descan-sos intermedios (el tramo hasta Calamarcaabarca más de 46 kilómetros). Lo difícil enadelante, es que el recorrido entre Calamarcay La Paz no tiene poblaciones intermediascapaces de cobijar a más de 15.000 marchistas.Por esta razón, y a la espera de una solucióndel conflicto, la concentración permanece enCalamarca, pueblo que es declarado zona deatrincheramiento hasta que el Gobierno es-cuche la petición de los jubilados. A las dosde la madrugada del 15 de enero, el Gobier-no pretende desbandar a los manifestantesy logra forzar el retorno de los jubilados asus lugares de origen, para cuyo fin dispusoaproximadamente 2.000 efectivos de fuerzascombinadas de la Policía y las Fuerzas Ar-madas y más de medio centenar de buses.

Usando la violencia, logró llevarse másde 2.000 marchistas, huyendo los otros porlos cerros protegidos por las sombras dela noche. Aun así, al día siguiente los mar-chistas lograron reagruparse con más de13.000 jubilados, reanudando la marcha a las7 de la mañana rumbo a La Paz. Lo sorpren-dente fue que la mayoría de los jubilados for-zados a abandonar la marcha lograron re-tornar sumándose a ella, que ahora bordeabalas 20.000 personas. Esto seguramente porhaberse enterado de los hechos luctuososocurridos como resultado de un accidenteocurrido en Panduro (localidad situada entePatacamaya y Oruro), donde se produjo undesafortunado choque entre las flotas deTrans Copacabana y Aroma, que dejó el sal-do de diez fallecidos y cincuenta y siete

83

Debate Social

heridos; seis de ellos eran rentistas embar-cados por la fuerza policial y responden alos nombres de:

1. Roberto Clavijo Vargas2. Gerardo Ponce Choque3. Edmundo Galarza Gamarra4. Félix Martínez Copa5. Zacarías Ramos Barreta6. Liborio Ticona Cano

La marcha, potenciada con la participa-ción de más de 20.000 jubilados, rentistas yderechohabientes, llegó a la próxima pobla-ción intermedia de San Antonio, la que notiene capacidad para alojar a tanta gente.Muchos tuvieron que pasar la noche a la in-temperie. Al siguiente día, el 16 de enero,prosiguió la marcha hasta la localidad deSenkata, que tampoco tenía alojamiento paratanta gente, la que se instaló en carpas pres-tadas por varias entidades de socorro. El 17de enero la multitud partió rumbo a La Paz.

El recibimiento por la población de ElAlto fue multitudinario y apoteósico, seapostó en las avenidas para aplaudir el co-raje de los ancianos en la lucha justa por lasobrevivencia. Fue seguramente la mayormuestra de simpatía y repudio a un régimeninsensible, en la entrada a la hoyada de labella ciudad de La Paz. Igualmente, se pudoexperimentar la solidaridad del pueblopaceño, que igualmente se mostró solidarioexpresándose a coro con los marchistas con-tra la falta de atención del Gobierno de laspersonas mayores.

La firma del Convenio de La Paz

Luego de varias reuniones sostenidascon altas autoridades de Gobierno encabe-zadas por Carlos Mesa Gisbert, Vicepresi-dente de la República; Javier Comboni, Mi-nistro de Hacienda; Guillermo Justiniano,

Ministro de Desarrollo Sostenible y Planifica-ción; Francisco Javier Suárez, Ministro sinCartera encargado de Servicios Financieros, yotros viceministros, previa consulta en asam-blea de marchistas realizada en el Teatro al AireLibre de la ciudad de La Paz, se firmó el con-venio entre el Gobierno y la representación delas organizaciones nacionales de jubilados yrentistas de Bolivia el 21 de enero de 2003. Sucontenido resumido es como sigue.

1. El ajuste de las rentas para la gestión delaño 2003 se calculará de acuerdo a lamodalidad vigente hasta la promul-gación de la Ley 2434 (indexación al dó-lar estadounidense para el período com-prendido entre el 1º de enero y el 25 dediciembre de 2003 y con el factor de cál-culo de ajuste de la UFV entre el 26 y 31de diciembre de 2003).

2. El Gobierno nacional se compromete alreconocimiento de una indemnizaciónde Bs. 50.000 para los familiares de losfallecidos en el accidente de Panduro.

3. Se declara conclusión del conflicto y ladesmovilización de los marchistas, queal momento de la suscripción del Con-venio de La Paz hacían vigilia en las se-des de las organizaciones sindicales y enla Universidad Mayor de San Andrés.

Posteriormente a la firma del Conveniode La Paz y la desmovilización se hicieronlas gestiones correspondientes para la ela-boración de la escala inversamente propor-cional para el año 2003, para cuyo fin laCNJRB, mediante sus secretarios de finan-zas, elaboró la propuesta dada a conocer alViceministerio de Pensiones (Anexo 4). Porsu parte, el Viceministerio de Pensiones ela-boró otra escala que fue dada a conocer a laCNJRB. Por falta de tiempo, el que corría en

84


contra de los jubilados, se procedió a forma-lizar, mediante disposición legal, como estáestablecido, la escala propuesta por elViceministerio de Pensiones, que fue ratifi-cada por el Decreto Supremo 26980 del 31de marzo de 2003, cumpliéndose así el con-venio firmado el 21 de enero de ese año(Anexo 5).

Corresponde destacar desde la perspec-tiva de la historia del movimiento obrero,que ninguna mejora de las condiciones devida o conquista social se logra con el diálo-go simplemente. Lamentablemente tuvieronque encararse acciones que pusieron en pe-ligro la vida de personas de la tercera edadcomo en nuestro caso, todo ello por la tozu-dez del gobierno neoliberalinsensible. Para consolidarla conquista del ajuste derentas por el sistema inver-samente proporcional, losancianos tuvieron que ca-minar a pie desde Oruro ala ciudad de La Paz (más de235 kilómetros), perdernueve vidas y aceptar una secuela de enfer-medades contraídas debido a las inclemen-cias del tiempo. Culmina de esta forma unepisodio más de la vida de los pobres frentea los poderosos dueños de los destinos delos bolivianos

Conclusiones

La necesidad socialEs imprescindible en todos los niveles

sociales de la comunidad para lograr unaconvivencia satisfactoria y libre de preocu-paciones, dotarse de un ente gestor de ser-vicios y prestaciones de protección social.Para este noble propósito es necesarioconstituir un núcleo económico colect ivo con

aportes de sus integrantes para enfrentarlas contingencias en sus distintas manifes-taciones, con sostenibilidad en el tiempo.Sin lugar a dudas acude a ello con muchaelocuencia la seguridad social bajo los pi-lares de sustentación de la solidaridad so-cial, intergeneracional, y económica.

En el mundo del sistema capitalista deproducción no habrá otro sistema de protec-ción para el trabajador y su grupo familiarque no sea la seguridad social solidaria.

La violación de las normas básicas dela seguridad social

El estudio del sistema de la seguridadsocial integral es producto de experiencias

recogidas sobre diferentesseguros puestos en prácti-ca a lo largo del tiempo quevienen desde Grecia, Roma,y otros países de la civiliza-ción antigua, habiendo al-canzado su perfección enlas prestaciones y univer-salmente instituido normasespecíficas para mantener

el equilibrio en la gestión administrativa. Esasí que, en nuestro país, en lo que respectaal Régimen de Pensiones, éste adoptó lasnormas de una base económica tripartita.

La asignación de las rentas vitalicias fuedeterminada en función de las normas esta-blecidas que fijaban una renta mínima equi-valente al salario mínimo nacional y la máxi-ma a quince salarios mínimos.

El Código de Seguridad Social Bolivianoestableció un tope en Bs. 4.000 más el 30% delexcedente sobre el salario promedio. Por ejem-plo, si se partía de un salario promedio de Bs.10.000, se tomaban como base los Bs. 4.000 ylos Bs. 6.000 restantes que, multiplicados por

En el mundo del sistemacapitalista de producción no

habrá otro sistema deprotección para el trabajadory su grupo familiar que no seala seguridad social solidaria.

85

Debate Social

el 30%, arrojan 1.800 que, sumados a los4.000, daban una renta de Bs. 5.800.Lastimosamente, por abuso de poder, se vio-laron las normas y retiró el tope de Bs. 4.000y, de pronto, se dio lugar a rentas exorbitan-tes desnaturalizándose los principios deequidad, abriendo abismales diferenciasentre las rentas bajas y altas. Las rentas altasse convirtieron en negocio lucrativo: porejemplo, un privilegiado con haber cotiza-do dos años altas sumas obtiene una rentade Bs. 30.000, 40.000, 45.000, etc. Lo aconse-jable es restituir el tope establecido en elCódigo de Seguridad Social.

La protección privada individualistaEl régimen capitalista de producción, en

su propósito de lograr mayores ganancias abajo costo, ensaya diferentes formas de elu-dir la obligatoriedad de asumir la protecciónsocial de los trabajadores y recurre para elloa métodos que encaminan a sus dependien-tes a velar por su protección personal y la desu familia por cuenta propia, desligándosehábilmente de gastos que son de su obliga-ción. Con esa finalidad se ha logrado elabo-rar una nueva doctrina de seguros de capi-talización individual. En Chile se establecepor primera vez dicha reforma previéndosela opción de acogerse al nuevo régimen decapitalización individual o al régimen anti-guo de capitalizacióncolectiva. Sin embar-go, se establece que losmayores de 40 añospueden permaneceren el anterior sistemay que los trabajadoresjóvenes hasta los 40años aporten a lasadministradoras de

fondos de pensiones de capitalización indi-vidual. Es de resaltar que en Chile la indus-tria mediana y pesada se halla altamente de-sarrollada y el mercado de valores tienemayor movimiento comercial, así como seobservan algunos logros, pero también fra-casos (han entrado en quiebra algunas AFPy otras se han fusionado.

En nuestro país se han instituido las ad-ministradoras de fondos de pensiones Fu-turo de Bolivia y Previsión BBV, las que in-corporaron a su seno a trabajadores de todaslas edades sin discriminación con las si-guientes tasas de aportación: 10% de aportelaboral para capitalización; 2% de aportepatronal para el fondo común de riesgos pro-fesionales; 2% de aporte laboral para FC einvalidez común, y el 0,5% para gastos deadministración de las AFP (Cuadro 7), cuyavigencia comienza el 1º de mayo de 1997,logrando mayor porcentaje de afiliados queantes. Sin embargo, quedó vigente el régi-men de pensiones de reparto simple queotorga rentas a jubilados, incluidos los in-corporados hasta el 30 de abril de 1997 (fe-cha de corte).

Algunos aspectos negativos de lareforma de pensiones

1. Las AFP no ofrecen ninguna garantía ala larga por hallarse obligadas por el

Cuadro 7Tasas de aportación vigentesAporte laboral 10% Para capitalización individual

Aporte laboral 1,71% Para el régimen de invalidez común

Aporte patronal 1,71% Para el régimen de riesgos profesionales

0,5% Para gastos de administración de las AFP

Total de los aportes 13,92%

86


Estado a transferir, a cambio de títulosvalores, bonos del Estado por la suma deUS$ 180.000.000 anualmente al interésdel 8%, redimibles en 15 años. El Estado,cuya situación económico-financiera esprecaria por la caída de sus ingresos, nogarantiza la devolución de recursos a lasAFP, lo que pone en duda lo que podráser ya en el período masivo de prestacio-nes (lo que pone en duda el funcionamien-to del nuevo régimen una vez que se lle-gue a la fase de las prestaciones masivas).

2. El Gobierno promulgó la reforma en elentendido de motivar el ahorro interno,imprimir dinamismo a la bolsa de valo-res, y bajar el costo de las pensiones.Nada de ello ocurrió, por el contrario,la deuda externa y la deuda interna cre-cen aceleradamente, asimismo, el servi-cio de la deuda externa será mayor. Fi-nalmente, no hubo tal disminución delgasto público, las obligaciones de pagode las rentas subieron mucho más y elresultado es que se ingresa al mismo cir-cuito de gasto, representando las obli-gaciones del Estado frente al régimen dereparto simple mensualmente la sumade Bs. 171.111.987,54 para el total de los134.797 jubilados y rentistas del país (adiciembre del 2002).

3. Las prestaciones: Se jubilarán los afilia-dos a las AFP sólo cuando hayan acu-mulado su capital, cuando su capacidadde pago sea el 70% del salario cotizable;ello fue calculado para 25 años de tra-bajo. El empleo precario no garantiza aningún trabajador la permanencia en sutrabajo por 25 años por varias razones,como la libre contratación, la escasez deempleo por el disminuido mercado detrabajo, y los bajos salarios.

4. Los derechohabientes sólo podrán reci-bir la renta por viudedad u orfandadcuando el causante �aún fallecido� cum-pla los 65 años de edad.

5. Las rentas pueden programarse por pe-ríodos de 5, 10 y 15 años y hasta que seagote su capital acumulado. Para la ren-ta vitalicia contrataran a otra asegura-dora privada que se haga cargo del pagovitalicio del seguro. Ello tampoco ofre-ce garantía por cuanto en nuestro me-dio las entidades de seguridad privadason incipientes.

6. En cuanto a la compensación de las co-tizaciones, la fórmula que multiplica elvalor del salario cotizable (SC) por losaños de servicio (AS) y por el factor 0,70(70% del salario cotizable), y divide di-cho resultado entre 25 (años de trabajorequeridos), disminuye a su mínima ex-presión la compensación de las cotiza-ciones y, lamentablemente, no tiene unaexplicación técnica razonable.

Ejemplo:

SC (Bs. 1.000) x AS (12) x 0,70 = Bs. 336 25

Como se puede apreciar, la reformano es convincente y sólo ocasiona mayo-res gastos al Estado, la desconfianza delos trabajadores, la negación de la seguri-dad social, y las permanentes protestas delos miles de marginados sin derecho a lajubilación.

Lo aconsejable : Retornar al sistema depensiones solidario y de capitalización co-lectiva con aportes tripartitos, el que per-mite el gasto compartido y el sostenimien-to permanente de la capacidad del pago

87

Debate Social

directo de las jubilaciones vitalicias en elmarco del Código de Seguridad Social.

La causa principal del déficit fiscal

El Gobierno sostiene que �una de lascausas más impactantes que determina eldéficit fiscal presupuestario del país, es elalto costo del sostenimiento de los jubiladosy rentistas�. Es decir, que el alto costo de laReforma de Pensiones del 5% del ProductoInterno Bruto es excesivo, ya que se estimósolamente un máximo del 2,5%. En los he-chos resultó un total fracaso: durante su es-tadía en Bolivia, los expertos Stanley Fisher,ex Director del Fondo Monetario Internacio-nal, y Joseph Stiglitz, ex director del BancoMundial, coincidieron en que el su costo esmuy elevado. Mientras que Stanley Fisheraconsejaba al gobierno nacional �repensarel modelo de la Reforma de Pensiones, quebusque disminuir el costo�, Joseph Stiglitzle planteó �asumir acciones más proactivascomo la titularización de las ventas futurasdel gas� (declaraciones hechas al matutinoLa Prensa el 21 de noviembre de 2001).

Seguidamente, el presidente del BancoCentral de Bolivia, Juan Antonio Morales,informó que el Gobierno encaminó sus accio-nes para aplicar prudentemente las recomen-daciones de los expertos mencionados. Elloes una muestra de que el destino nacional noesta en manos de los bolivianos, sino en ma-nos de nuestros opresores. Los fracasos en ca-dena del actual régimen es haber perdido laautodeterminación de nuestros asuntos internos .

Se pretende ocultar las causas más evi-dentes del déficit fiscal cuando solamente sepone énfasis en las pensiones y se minimizala causa real que no es otra que los ingresosdel TGN han bajado ostensiblemente por-que las empresas estratégicas más rentables

del Estado han sido transferidas a las em-presas transnacionales, que se llevan al ex-tranjero las utilidades en el porcentaje de82%, dejando al país tan sólo el 18%. Si sólotuviéramos el control de las empresas petro-leras que anualmente transferían al Estadoun promedio anual de US$ 440 millones ysumaríamos a ello las utilidades de las otrasempresas supuestamente �capitalizadas�, nose estaría hablando de un déficit fiscal.

Los politólogos de la burguesía que seesfuerzan por hacer creer a la población quelas jubilaciones que se pagan son subsidiadaspor el Estado, carecen de visión político-ad-ministrativa al desconocer que las generacio-nes de jubilados que reciben su renta paga-ron por su seguro de vida con parte de susalario durante 30 años o más. No es una dá-diva ni concesión graciosa de nadie, ya quecon su fuerza de trabajo y durante su cicloproductivo, construyeron la economía nacio-nal con la entrega generosa de parte de suvida. Por tanto, la jubilación no es otra cosaque la retribución de parte de su salario acu-mulado para su vejez.

Definitivamente , el déficit fiscal no serásuperado con la rebaja de las rentas de losjubilados y rentistas como se pretende conla aplicación de la Unidad de Fomento a laVivienda con base en el índice de precios alconsumidor como factor de cálculo para suajuste. La visión político-administrativa delGobierno debe procurarle mayores ingresosal país incentivando una reactivación delaparato productivo que permita la genera-ción de mayores recursos y más empleos conla finalidad de superar las dificultades eco-nómicas y tener una mejor distribución deingresos.

Finalmente, las reformas estructuralesdel régimen de pensiones en los países de la

88


órbita capitalista destinadas al ahorro delgasto público, no tuvieron asidero político,económico, y menos social, por carecer deestudios de las realidades socio-económicosy culturales de cada ámbito geográfico quevive bajo el dominio de organismos inter-nacionales como el BM, BID, FMI. Estosalentaron dichas reformas estructurales, laprivatización de las empresas estratégicas deproducción y servicios, patrimonio del pue-blo, por cuya causa muchos países soportanconsecuencias negativas como en el nuestroque, siendo tan inmensamente rico en re-cur6sos naturales, no los puede desarrollardebido a nuestro extremo sometimiento a in-tereses extranjeros.

Recomendación: El régimen de pensionespuede salir a flote con mucha holgura con sóloretornar al régimen solidario de aportestripartitos, incorporando al régimen al sectorde los trabajadores del transporte departa-mental, provincial, pesado y urbano, los quecuentan con un parque automotor de más de250.000 vehículos, y creando una escala mí-nima de aportaciones e igualmente una

escala prudente de pensiones cuando hayancumplido con el período de sus aportaciones.Hace veinte años atrás estuvieron a punto decrear su Caja Integral de Seguridad Social delChofer o incorporarse a la CNS, pero esta ini-ciativa no prosperó. De la misma forma, losgremiales estuvieron a punto de ingresar a laCNS, y para ello ya se habían desarrolladoconversaciones con personeros de la entidaddel seguro, pero, como siempre, en la cúpulaadministrativa había funcionarios que care-cían del más elemental sustento doctrinarioy filosófico de la seguridad social, profesio-nalismo y pasión de servicio. Desafortunada-mente tienen un solo basamento: aval políti-co-partidario... y todo se derrumba.

No se difunden las bondades de la se-guridad social tripartita por los entes gesto-res de la seguridad social y no son alenta-dos los sectores económicamente fuertescomo los transportistas y gremiales, quienespodrían constituirse en puntales del soste-nimiento del régimen de pensiones, ya quejuntos ambos sectores se aproximan al mi-llón quinientos mil aportantes.

89

Debate Social

Anexo estadístico

91

De

ba

te S

ocia

l

Relación de los incrementos de las rentas por el sistema inversamente proporcional, 1992Importe Importe Porcentaje Importe del Importe de

Titulares Casos % Incremento total Deducción deducido deducido incremento la deducciónde la deducción

135,00 a 150,00 33.835 21 28,34 958.883,90 6 22,34 16,55 755.873,90 203.010,00

150,01 a 200,00 8.833 19 33,15 292.813,95 8 25,15 14,41 222.149,95 70.664,00

200,01 a 300,00 7.730 17 40,43 312.523,90 10 30,43 12,80 235.223,90 77.300,00

300,01 a 400,00 2.631 15 51,76 136.180,56 10 41,76 12,10 109.870,56 26.310,00

400,01 a 600,00 2.384 12 57,67 137.485,28 10 47,64 9,92 113.645,28 23.840,00

600,01 a 1000,00 1.338 10 75,91 101.567,58 13 62,91 8,29 84.173,58 17.394,00

1001,00 a 2001,00 603 8 106,23 64.056,69 20 86,23 6,49 51.996,69 12.060,00

2000,00 en adelante 40 2 50,20 2.008,00 15 35,20 1,40 1.408,00 600,00

Totales 57.394 443,69 2.005.519,86 351,66 1.574.341,86 431.178,00

Viudas

Hasta 150 24.419 21 20,39 497.903,41 4 16,39 16,88 400.227,41 97.676

150,01 a 200 272 19 32,56 8.856,32 4 28,56 16,67 7.768,32 1.088

200,01 a 300 206 17 40,68 8.380,08 4 36,68 15,33 7.556,08 824

300,01 a 400 58 15 51,31 2.975,97 4 47,31 13,83 2.743,98 232

400,01 a 600 39 12 57,83 2.255,37 4 53,83 11,17 2.099,37 156

600,01 a 1000 32 10 73,75 2.360,00 4 69,75 9,46 2.232,00 128

1001,00 a 2000 9 8 107,00 963,00 4 103,00 7,70 927,00 36

Totales 25.035 383,52 523.694,15 355,52 423.554,16 100.140,00

Huérfanos

Hasta 150 20.469 21 5,56 113.807,64 2 3,56 13,45 72.869,64 40938

150,01 a 200 29 19 33,19 962,51 2 31,19 17,86 904,51 58

200,01 a 300 17 17 42,93 729,81 2 40,93 16,21 695,81 34

300,01 a 400 1 15 45,50 45,50 2 43,50 14,34 43,50 2

Totales 20.516 127,18 115.545,46 119,18 74.513,46 41.032,00

Total general 102.945 954,39 2.644.759,47 0 826,36 2.072.409,48 572.350,00

Fuente: FOPEBA

Anexo 1

92


La renta mínima nacional, que fue elevada de Bs. 355 a Bs. 850, tiene tres componentes(de financiamiento estatal): dos tipos de recursos directos del TGN (69,28%; segunda y ter-cera fila del cuadro que sigue) y sólo el 30,72% resultante de la masa del ajuste (6,35% porconcepto de devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, en este casopara el año 2001). Esta es la mejor forma de recuperación del poder adquisitivo de las rentasdevaluadas por la inflación de la moneda nacional.

Componentes de la nueva renta mínima nacional deBs. 850 (año 2001)Base Bs. 355 Renta mínima en el año 2000

39,39% Bs. 195 Compensación monetaria con recursos del TGN

29,89% Bs. 148 Importe adicional con recursos del TGN

30,72% Bs. 152 Inversamente proporcional con recursos del ajuste (6,35%)

100% Bs. 850 Total

La suma de los recursos del TGN alcanza al 69,28% (segunda y tercera fila) y sólo el30,72% de la devaluación se distribuye por el sistema inversamente proporcional.

Lo que prueba claramente que si se arrancó del TGN casi el 70%, es decir, que no escierto que se hubiese quitado de unos para dar a otros, se conquistaron recursos adicionalesgracias a las marchas organizadas desde Oruro a Caracollo y de Caracollo a Patacamaya.

Los jubilados que, según planillas, se beneficiaron con la renta mínima de Bs. 850 son66.661 (IVM) más 12.605 (RP), o sea, 79.266, incluidos los 9.315 del magisterio.

Tramo de rentas y escalas:Se aplicaron nueve escalas para la distribución de los recursos resultantes de la devalua-

ción de la moneda boliviana con respecto al dólar estadounidense en el porcentaje del 6,35%determinado por el BCB que, aplicado a la masa de importe anual para el pago de las rentas,es de Bs. 8.985.629,79.

Demostración:

Bs. 141.505.981,00 Monto de las rentas para el pago mensual

x 6,35% Porcentaje de la devaluación

= Bs. 8.985.629,79 Monto distribuible inversamente proporcional

Anexo 2

93

Debate Social

Escala inversamente proporcionalNueva forma de pago de las rentas

Renta básica Ajuste1 Porcentaje proporcional Bono adicional Total

550 152 27,63 148 850

650 132 20,30 852

750 103 13,73 853

850 96 11,29 946

950 72 7,58 1.022

1.050 61 5,86 1.101

2.050 48 2,58 2.098

3.050 36 1,18 3.086

4.050 21 0,52 4.071

Fuente: CNJRBNota: Inversamente proporcional

Escala inversamente proporcional para el ajuste de rentas, 2001Tramo de renta Seguro Número de rentistas Incremento Importe de

inversamente las rentasproporcional

355 a 550 IVM 37.604 5.231.279,95 15.268.906,51

551 a 650 IVM 8.349 939.680,21 4.999.316,90

651 a 750 IVM 11.519 864.804,64 8.113.527,84

751 a 850 IVM 9.189 528.994,87 7.341.226,14

Subtotal 66.661 7.564.759,67 35.722.977,39

851 en adelante 59.006 1.083.904,64 100.476.460,61

Total 125.667 8.648.664,31 136.199.438,00

355 a 550 RP 11.734 323.519,90 4.386.809,39

551 a 650 RP 416 9.106,78 247.653,04

651 a 750 RP 242 3.113,45 169.236,19

751 a 850 RP 129 1.190,03 102.191,98

851 a 1.000 RP 84 35.32 77.160,54

Subtotal 12.605 336.965,48 4.882.049,19

1.001 en adelante 214 0,00 424.494,61

Total 12.819 336.965,48 5.306.543,80

Total general 138.486 8.985.629,79 141.505.981,80

Fuente: CNJRB

94


Análisis estadístico de jubilados y rentistas beneficiados, 2001Organizaciones Total de Total de Total de % de

sectoriales Tramo de rentas rentistas benefi- no bene- benefi-

500 750 850 1000 ciados ficiados ciados

Administración pública 3.031 1.347 1.469 1.469 9.677 5.847 3.830 60

Aduanas 478 245 80 18 953 803 150 84

Aeronáutica 121 66 51 30 654 238 416 36

Banca estatal 82 16 35 13 670 133 537 20

Banca privada 16 47 25 6 1.225 88 1.137 7

Banco Agrícola 29 5 102 12 204 136 68 67

Banco del Estado 27 24 8 3 436 59 377 14

Banco Minero 240 149 25 11 485 414 71 85

CNS 514 239 680 318 2.955 1.433 1.522 48

Caja de Salud Petrolera 402 162 214 100 3.245 778 2.467 24

Servicio Nacional de Caminos 466 170 380 115 2.174 1.016 1.158 47

Comercio 1.309 368 480 135 4.526 2.157 2.369 48

COMIBOL 16.357 914 500 115 18.628 17.771 857 95

Comunicaciones 656 617 180 44 2.220 1.453 767 65

Construcción 87 18 15 165 120 45 73

Cooperativas mineras 5.685 228 45 7 5.972 5.958 14 100

Corporaciones de Desarrollo 390 213 180 34 2.130 783 1.347 37

Fabriles 4.098 3.473 750 476 10.545 8.321 2.224 79

Fondo CSSFAB1 8 11 12 93 31 62 33

Ferroviarios y ramas anexas 2.211 1.796 650 256 6.766 4.657 2.109 69

Ferroviarios 91 38 39 100 21 910 177 733 19

Justicia (administración) 112 9 25 11 163 146 17 90

Luz, Fuerza, y Teléfonos 220 84 162 30 1.267 466 801 37

Magisterio 6.139 3.176 8.023 2.000 32.403 17.338 15.065 54

Médicos y ramas anexas 65 62 120 33 1.773 247 1.526 14

Metalurgistas 218 145 59 20 718 422 296 59

Minería privada 5.206 283 159 100 6.204 5.648 556 91

Municipales 1.846 941 850 99 5.146 3.637 1.509 71

Poder Judicial 74 18 30 2 714 122 592 17

Policía Boliviana 535 553 560 103 4.406 1.648 2.758 37

Profesionales minería 101 98 36 20 497 235 262 47

SAGUAPAC2 7 28 7 21 25

SINEC Santa Cruz 16 5 7 7 304 28 276 9

Universitarios 193 100 130 17 2.678 423 2.255 16

Varios 2.087 104 66 30 2.450 2.257 193 92

YPFB 772 309 190 35 5.102 1.271 3.831 25

Total 53.829 16.034 16.405 5.690 138.486 86.268 52.218 62

Fuente: CNJRBNotas: 1) Caja de Seguridad Social de la Fuerza Aérea Boliviana

2) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

95

Debate Social

Anexo 3

Proyecto de cálculo para la aplicación del ajuste anual de rentas por elsistema inversamente proporcional (Ley 2197), 2002 (base de cálculo)

Número de rentistas Importe de las rentas

IVM RP Total IVM RP Total

124.953 12.430 137.383 163.200.000 10.000.000 173.200.000

Promedio de variación del dólar con relación Importe para el ajuste de rentas

al Boliviano

Año 2001 US$ 6,62 � 6,1933=0,068897

Gestión 2002: Bs. 11.933.480

Año 2002 US$ 6,1933

Alternativa

Tramo Número de Porcentaje Ajuste Porcentaje Importe Importe ende rentas rentistas en Bs. (2001) Bs. (2002)

850 a 1.000 87.916 63,99 91,50 9,75 56.754.908,03 8.044.314

1.001 a 1.300 19.658 14,31 88,00 9,37 22.342.682,56 1.729.904

1.301 a 1.600 8.645 6,29 84,00 8,95 12.356.264,68 726.180

1.601 a 1.900 4.955 3,61 81,00 8,63 8.615.408,53 401.355

1.901 a 2.200 3.911 2,85 78,00 8,31 7.945.606,94 305.058

2.201 a 2.500 2.569 1,87 75,00 8,00 6.025.424,47 192.675

2.501 a 2.800 1.775 1,29 72,00 7,70 4.691.267,88 127.800

2.801 a 3.100 1.547 1,13 69,00 7,35 4.570.948,24 106.743

3.101 a 3.400 1.423 1,04 66,00 7,03 4.607.916,48 93.918

3.401 a 3.700 1.084 0,79 63,00 6,70 3.844.116,66 68.292

3.701 a 4.000 952 0,69 60,00 6,39 3.659.048,30 57.120

4.001 a 4.300 779 0,57 57,00 6,07 3.225.376,25 44.403

4.301 a 4.600 515 0,37 54,00 5,75 2.288.242,24 27.810

4.601 en adelante 1.654 1,20 0,00 0,00 10.128.137,04 0

Total 137.383 100,00 938,50 100,00 151.055.348,30 11.925.572,00

Saldo 7.908,00

Total 11.933.480,00

Fuente: CNJRB

96


Anexo 4

Cálculo de ajuste de las jubilaciones por IVM y RP según CITEAPEC/INEP.E. 009/03 del 27.2.2003 Datos del Banco Central de Bolivia para el año 2002

Depreciación promedio del Boliviano con relación al dólar estadounidense

del 1.1.2002 al 25.12.2002 8,45%

Variación punta a punta de la UFV del 26.12.2002 al 31.12.2002 0,036%

Datos al 31.12.2002:

Masa de la renta

Masa de la renta IVM Bs. 160.721.567,19

Masa de la renta RP Bs. 10.390.420,35

Masa total IVM + RP Bs. 171.111.987,54

Número de jubilados y rentistas

IVM 122.694

RP 12.103

IVM + RP 134.797

Cálculo de ajuste IVM + RP según convenio con representantes del gobierno del 21.1.2003

174.798.003,76 x 8,45% = Bs. 14.458.962,95

174.798.003,76 x 0,036% = Bs. 62.927,28

Total del monto para el ajuste Bs. 14.833.358,60

Fuente: CNJRB

97

Debate Social

Proyecto de cálculo para la aplicación del ajuste anual de rentas por elsistema inversamente proporcional (ajuste para 2003)

Primera alternativa

Tramo Número de Importe de Total del ajustede rentas jubilados Porcentaje Ajuste1 Porcentaje las rentas para el 2003

y rentistas (2002)

940,50 a 1.000 78.106 57,94 117,50 9,93 68.961.685,20 9.177.455,00

1.001 a 1.300 23.175 17,19 112,00 9,46 26.383.854,04 2.595.600,00

1.301 a 1.600 10.873 8,07 107,00 9,04 15.529.512,29 1.163.411,00

1.601 a 1.900 5.467 4,06 102,00 8,62 9.516.604,87 557.634,00

1.901 a 2.200 4.145 3,07 97,00 8,20 8.454.173,35 402.065,00

2.201 a 2.500 2.668 1,98 92,00 7,77 6.252.131,21 245.456,00

2.501 a 2.800 1.969 1,46 87,00 7,35 5.197.764,44 171.303,00

2.801 a 3.100 1.565 1,16 82,00 6,93 4.621.365,42 128.330,00

3.101 a 3.400 1.445 1,07 77,00 6,51 4.676.330,87 111.265,00

3.401 a 3.700 1.165 0,86 72,00 6,08 4.130.662,53 83.880,00

3.701 a 4.000 1.013 0,75 67,00 5,66 3.899.560,29 67.871,00

4.001 a 4.300 814 0,60 62,00 5,24 3.373.048,99 50.468,00

4.301 a 4.600 535 0,40 57,00 4,82 2.377.685,97 30.495,00

4.601 a 5.000 596 0,44 52,00 4,39 2.844.561,25 30.992,00

5.001 en adelante 1.261 0,94 8.579.063,04

Subtotal 134.797 100,00 1.183,50 100,00 174.798.003,76 14.816.225,00

Saldo de la masa distribuida 17.133,60

IVM + RP 14.833.358,60

Fuente: CNJRBNota: De mantenimiento de valor

98


Anexo 5

Ajuste de las rentas para 2003 según el DS 26980Tramo de rentas Importe del ajuste

0 a 940,50 116,50

940,50 a 1.000 115,32

1.001 a 1.300 103,44

1.301 a 1.600 91,56

1.601 a 1.900 79,68

1.901 a 2.200 61,90

2.201 a 2.500 50,02

2.501 a 2.800 40,04

2.801 a 3.100 32,16

3.101 a 3.400 24,28

3.401 a 3.700 18,50

3.701 a 4.000 12,52

4.001 a 4.300 6,64

4.301 a 4.600 0,86

Fuente: Gobierno

99

Debate Social

La Ley de Pensiones y la�generación sándwich�

Julio García Colque *

IntroducciónLa protección social boliviana, así como

se define en el artículo 158 de la Constitu-ción Política del Estado, sustenta que la �se-guridad social es la piedra angular de la de-mocracia�, sostén de la paz social y desarrollode la economía nacional. Lamentablemente,con la implantación autoritaria del DecretoSupremo 21060 en nuestro país el 29 de agos-to de 1985, se pone en marcha el régimenneoliberal con el modelo de �economía delibre mercado�, timoneado por el gobiernodel Movimiento Nacionalista Revolucionario(MNR) �otrora �nacionalista�� y sus alia-dos coyunturales, cuyo programa vergonzo-so es la enajenación de nuestras empresasmás rentables, que fueron los pilares de laeconomía nacional, a favor de las empresasprivadas y transnacionales. La supuesta ca-pitalización de las empresas estatales no pasade una pose demagógica de los enajenado-res, cuando los administradores �intocables�son extranjeros y los bolivianos no tienen de-recho a participar en nada. Paralelamente a

estas grotescas medidas de cambio estruc-tural, se nos impone la privatización de laseguridad social (del régimen de pensiones)mediante la Ley de Pensiones (Ley 1732),intitulada Reforma de Pensiones de Capita-lización Individual.

La tragedia para los bolivianos comien-za en el año de 1986, con el despido masivode 34.000 trabajadores de las empresas mi-neras del Estado, consecuentemente desar-ticulando lo que fue la gran CorporaciónMinera de Bolivia (COMIBOL), cuya expor-tación de minerales llegó a generar el 70%de las divisas. Por lo tanto, no tiene justifi-cativo histórico la destrucción de las fuer-zas productivas de las minas del Estado, delas empresas de servicios, de las fábricas, yotras empresas, ya que ésta tuvo repercusio-nes funestas como el despido masivo de tra-bajadores. Estos hechos, sumados a las empre-sas �capitalizadas� o, más bien, privatizadas,lógicamente han determinado el cambio deldestino nacional y el fin del capitalismo deEstado, para dar paso al Estado neocolonial

* Secretario General de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia.

100

La Ley de Pensiones y la “generación sándwich”

con pérdida para la nación boliviana desoberanía y control sobre la economía delpaís. En adelante son los extranjeros queusufructúan nuestros recursos naturales yempresas estratégicas mientras la nación,oprimida por el imperialismo, se debate enla miseria. Dichos cambios facilitaron alGobierno encauzar la Reforma de Pensionesde Capitalización Individual que, a la fecha,constituye un descomunal fracaso.

La nave del Estado, unas veces es con-ducida por políticos, por estadistas, opoliticastros. Los políticos generalmente ca-recen de programa en función de los intere-ses nacionales, de visión administrativa delEstado nacional, están lejos de examinar condetenimiento el pasado, el presente y el fu-turo de los resultados de los planes, proyec-tos o cambios estructurales, improvisadossin tomar en cuenta nuestra realidad nacio-nal. Solo les importa escalar al poder, noimporta si pisoteando la realidad. En cam-bio, el estadista conductor del Estado, estu-dioso y consecuente, tiene proyecciones decambio, desarrollo y dignidad: cuando haestudiado la realidad nacional, los resulta-dos a obtener son positivos. El politicastroes un gángster que se agazapa en el poderpara adueñarse de todo cuanto pueda. Lahistoria es la encargada de juzgar y el pue-blo de levantar el dedo acusador.

La Ley de Pensiones deCapitalización Individual y susimplicaciones

El Gobierno, mediante varios medios decomunicación, foros, seminarios, talleres,etc., difundió ampliamente las supuestasbondades de la capitalización individual delrégimen de pensiones. Se dijo que generaríaahorro interno, bajaría el gasto público,

imprimiría dinamismo al mercado de capi-tales. Aún más vehementes fueron las ase-veraciones hechas por el presidente de la re-pública, Gonzalo Sánchez de Lozada, enreuniones protocolares, seminarios, y otros.Por ejemplo, en el seminario realizado en laCámara de Comercio el 16 de noviembre de1995 sobre el tema �Importancia del desa-rrollo de mercado de capitales y fondos depensiones�, enfáticamente dijo que despuésde la capitalización de las empresas del Es-tado vendría la Reforma de Pensiones quepermitiría dinamizar el mercado de capita-les con recursos de la capitalización (US$2.500.000.000), discurso que fue publicadotextualmente por la revista Business Bolivia.

En el Hotel Radisson (La Paz), en un dis-curso pronunciado durante la posesión delnuevo directorio de la Cámara Nacional deIndustrias, Sánchez de Lozada manifestabaque �la capitalización y la Reforma de Pen-siones generarían un ahorro de más de tres milmillones de dólares hasta el año 2000�. El pri-mer mandatario agregó que �el objetivo fun-damental de la reforma a la seguridad so-cial es salvar las pensiones e incrementarlas,porque ahora�, dijo, �es totalmente inade-cuado, pobre y no garantiza el futuro del tra-bajador porque no ofrece ningún mecanis-mo de protección a la vejez ni a sus familias�,finalizó, expresando que �la máquina deahorrar es la máquina de las pensiones�; eldiscurso fue recogido por la agencia de no-ticias Jatha.

Los hechos nos muestran palmariamen-te que ninguno de sus vaticinios se funda-mentaba en un estudio técnico matemático-actuarial; no hubo tal, y se trató simplementede un cálculo de rutina por lo siguiente:

1. Las empresas �capitalizadas� sólo hanlogrado una inversión de 1.671 millones

101

Debate Social

de dólares, mientras el costo fiscal de lasreformas alcanza US$ a 1.756 millonesy en ningún momento alcanzó el montomencionado por el presidente Sánchezde Lozada ni fueron beneficiosos loscambios (El Gráfico, noviembre de 2001� estudios del Ing. Alberto Echazú).

2. No se ha generado ahorro alguno conlas recaudaciones por concepto de apor-tes de los asegurados a las administra-doras de fondos de pen-siones. Por el contrario,el Estado es deudor delas AFP por encima delos US$ 808 millones (ElGráfico, noviembre de2001). Asimismo, lasempresas privadas afi-liadas adeudan a lasAFP la suma de Bs.108.684.888, mientrasla deuda externa esde US$ 4.299.700.000(al 31.1.2003) y la deu-da interna de US$2.191.000.000 (La Razón,16.3.2003). Las deudas externa e internadel país ya son impagables por la bajaostensible de ingresos del TGN, porquelas utilidades generadas por las empre-sas tanto �capitalizadas� como privati-zadas son llevadas al exterior por losextranjeros dueños de las empresastransnacionales.

3. Han empeorado las prestaciones de ju-bilación en el régimen de vejez por el�plazo fatal� que representa la fecha decorte del sistema de reparto (30 de abrilde 1997) impuesta por la Ley 1732, quedespoja del beneficio de la jubilación avarios miles de ex trabajadores que, aún

cumpliendo los requisitos de edad y apor-taciones, no ingresan a la jubilación porqueel Gobierno castra la imprescriptibilidaddel derecho a la jubilación instituido en el ar-tículo 230 del Código de Seguridad So-cial y ratificado por el tenor del artículo530 de su Reglamento que a la letra dice:�No prescribe la acción del aseguradopara reclamar renta o indemnizaciónpagaderas en una sola vez por causa devejez�.

En el capítulo uno de laLey de Pensiones se ratifi-ca la vigencia del artículo158 de la Constitución Po-lítica del Estado, cuando seestablece: �La presente leytiene el objetivo de asegu-rar la continuidad de losmedios de subsistencia delcapital humano mediante elseguro social obligatorio delargo plazo en cumplimien-to del artículo 158 de laConstitución Política delEstado (...)�. Por otra parte,

en el artículo quinto de la misma ley se esta-blecen las siguientes definiciones:

1. Sistema de reparto.- �Es el conjunto delos seguros de invalidez, vejez y muertey otros seguros, prestaciones y benefi-cios administrados por entidades de laseguridad social de largo plazo, ya exis-tentes al momento de la promulgaciónde la presente Ley, sometidas a las nor-mas del Código de Seguridad Social o aotras normas específicas para activida-des o personas de cualquier naturaleza�.De manera que, en cuanto al sistema dereparto, se halla vigente el artículo 158de la constitución, que garantiza la

En el Hotel Radisson (LaPaz), en un discurso

pronunciado durante laposesión del nuevo directorio

de la Cámara Nacional deIndustrias, Sánchez de Lozada

manifestaba que �lacapitalización y la Reformade Pensiones generarían unahorro de más de tres mil

millones de dólares hasta elaño 2000�.

102


continuidad de los medios de subsisten-cia. Implícitamente, también la Ley 1732dispone la sujeción a las normas del Có-digo de Seguridad Social para efectos dela asignación de rentas. Consecuente-mente, se halla vigente el artículo 230 delCódigo de Seguridad Social y el artícu-lo 530 de su Reglamento.

2. Patrimonio social.- El derecho a la jubi-lación es patrimonio irrenunciable de lostrabajadores, adquirido por el asegura-do a lo largo de quince años; en la ma-yoría de los casos adquirido en 30 añosy más. Esta afirmación se fundamentaen el hecho que el trabajador, al ingre-sar a un centro de trabajo �empresa deproducción, explotación, o servicios�establece, al firmar su contrato de tra-bajo, su incorporación al Sistema Inte-grado de Seguridad Social, pagando conparte de su salario los aportes llamadoslaborales por diferentes seguros comolos invalidez, vejez y muerte. Por otraparte, bajo el rótulo de aporte patronalpor riesgos profesionales, el trabajadorpaga de la misma forma con parte de susalario dicho aporte, puesto que el cos-to es parte del costo-labor o, más pro-piamente, del costo-salario. De maneraque los seguros son adquiridos con elproducto de la fuerza de trabajo del asegu-rado, lo que le da el derecho patrimo-nial de los seguros. Consecuentemente,el derecho a la jubilación en los hechoses comprado por el asegurado y adquie-re el canon de derecho privado que nopuede serle arrebatado bajo ningún ar-did leguleyesco del régimen neoliberal.

Aun siendo impopulares, individualistasy mercantiles, las aseguradoras de carácterprivado para seguros de jubilación por

vejez firman contratos con el interesado porel tiempo de sus aportes y el importe a pa-gar por concepto de jubilación mensual.Dichas aseguradoras privadas jamás hanrecurrido al escamoteo vergonzante al querecurre el Gobierno corrupto, insensible einhumano, que ha llevado a una situacióndesesperante a más de 25.000 ex trabajado-res a quienes �habiendo entregado su apor-te al Estado durante 15, 20, 30 años y más ge-nerando recursos económicos durante suciclo vital� hoy día, por un �plazo fatal� (el30 de abril de 1997) fijado por el Gobierno,se les cierran las puertas a su jubilación y seles despoja de su derecho adquirido. Todoesto sin justificativo técnico, jurídico, políti-co o social, y sólo por una ocurrencia irres-ponsable y el manejo de una política autori-taria, abusiva y cruel que se desdice con unestado de derecho democrático, y cuya posturadesaprensiva va creando una desconfianzageneralizada en la nación boliviana.

El origen de la generación sándwichEl Banco Mundial avasalla la soberanía

de las naciones oprimidas despojándolas desu potestad de autodeterminación en susasuntos internos como en el caso de Améri-ca Latina. Allí impuso a los gobiernos dóci-les y en el contexto de la globalización de laeconomía, su participación en los cambiosestructurales como la transferencia de lasempresas estatales más rentables a las gran-des corporaciones transnacionales, y queincluyen, también obligatoriamente, refor-mas de la seguridad social en la perspectivasupuesta de generar ahorro interno y bajarel gasto público de manera que los paísesbajo su dominio tengan a mano recursos eco-nómicos suficientes para cubrir el serviciode la deuda externa.

103

Debate Social

Chile se constituye en el país pionero enaplicar los cambios en la seguridad social bajoel mando del gobernante autoritario Pinochet.En efecto, se impone contra la voluntad delos trabajadores el régimen depensiones decapitalización individual, buscando dar fin deesta manera el régimen de la seguridad so-cial de solidaridad intergeneracional y eco-nómica. Sin embargo, esta reforma establecela coexistencia del �viejo� sistema de presta-ciones de jubilación con el nuevo sistema,disponiendo el ingreso de los asegurados auno de los sistemas vigentes, y determinan-do principalmente que los trabajadores de40 años de edad para arriba se quedan en elantiguo sistema, mientraslos jóvenes de 40 años deedad para abajo se incorpo-ran al nuevo régimen de ca-pitalización individual,entre cuyas AFP puedenoptar libremente. De mane-ra que no existe ningúndespojo del derecho a la ju-bilación lo que, en efecto,asegura la continuidad delos medios de subsistencia del capital huma-no. Por tanto, no se dio lugar al surgimientode una generación sándwich.

La copia del modelo chileno decapitalización individual

Nuestro país, para conformidad del Ban-co Mundial, introduce la Reforma de Pen-siones a partir del modelo chileno de capi-talización individual sin haber consultadopara nada con los sujetos de la seguridad so-cial, es decir, con los interesados quienes decomienzo se resistieron a las intenciones delGobierno, ya que se conocía que en la refor-ma del régimen de salud solidario se habían

creado los Institutos de Salud Previsional,organismos gestores de servicios de saludprivados. Lo lamentable en nuestro país, esque se copia muy mal el modelo chileno decapitalización individual, se obvia inten-cionalmente la coexistencia que forzosa-mente debería imponerse en un periodo detransición.

Las demandas de la generaciónsándwich

Antes y después de haber logrado cons-tituir su organización, los ex trabajadores sinjubilación acudieron ante el Gobierno de-mandando la atención de sus reclamaciones

con respecto a la jubilación,la mayoría al haber sido víc-timas de los retiros masivosde las empresas del Estado,mineros, trabajadores mu-nicipales, empleados en laadministración pública, yotros. Originalmente se es-timaron en 25.000 los afec-tados por la Reforma dePensiones. Muchos de ellos

tenían la edad y las aportaciones requeridas.Por la tardanza de hacer el acopio de sus do-cumentos se hicieron vencer con el plazo del31 de diciembre de 2001.

La mencionada fecha representaba elplazo máximo para la presentación de lascarpetas de solicitud de jubilación otorgadopor el Gobierno y la Dirección de Pensiones.Unos no cumplían con la edad requerida aúnteniendo más de las ciento ochenta cotiza-ciones requeridas hasta la fecha de corte (30de abril de 1997), otros tenían la edad cum-plida pero no alcanzaron a reunir las cientoochenta cotizaciones, a quienes se sumabanderechohabientes cuyos esposos, en vida, no

Lo lamentable en nuestropaís, es que se copia muy mal

el modelo chileno decapitalización individual, se

obvia intencionalmente lacoexistencia que forzosamente

debería imponerse en unperiodo de transición.

104


se jubilaron por descuido, es decir, que exis-tía entre la multitud de los solicitantes unadiversidad de problemas.

La asociación fue clasificando los casosy con esa información acudió a autoridadesdel poder ejecutivo, a la Dirección de Pen-siones, y al parlamento buscando ser apo-yada por parlamentarios de la oposición, aquienes presentó tres proyectos de ley:

El primer proyecto de ley (julio de 2000)Principalmente pedía que la modifica-

ción de la fecha de corte sea recorrida al 31de diciembre de 2002. Asimismo, pedía serecorra el plazo para la presentación de ex-pedientes al 31 de diciembre de 2003 y pa-gos optativos para los casos de los ex traba-jadores que no habían logrado reunir lasciento ochenta aportaciones.

El segundo proyecto de ley (16 de septiembrede 2001)

Contenía seis artículos básicos que fue-ron formulados como sigue:

Art. 1º.- Se dispone, al amparo del artícu-lo 158 de la Constitución Política del Estado,el artículo 22 de la Declaración de DerechosHumanos, y el artículo 230 inciso c) del Códi-go de Seguridad Social, concordante con elartículo 530 del Decreto Supremo Reglamen-tario, que para los trabajadores que durantesu ciclo de trabajo en las empresas producti-vas y de servicios aportaron al régimen depensiones ciento ochenta cotizaciones o más,pero a los que aún les falta edad para jubilar-se, se sometan a la espera de cumplir las eda-des requeridas (55 para hombres y 50 paramujeres) en el marco de la imprescriptibilidad delderecho a la jubilación.

Art. 2º.- Se dispone lo siguiente: en elsector bancario los trabajadores aseguradosque aportaron al régimen de pensiones

doscientos cuarenta aportaciones (20 años),además de haber cumplido la edad de 45años o más, tienen la inmediata opción deacogerse a la jubilación instituida por el Có-digo de Seguridad Social. Tomando en cuen-ta que en similares condiciones existen tra-bajadores de otros sectores, se amplía estebeneficio de jubilación por los años de servicio.

Art. 3º.- Se reitera en cuanto al cálculode las rentas para los trabajadores asegura-dos que cumplieron laboreo en lugares pe-nosos e insalubres, que la rebaja de la edadse mantiene según lo establecido en el Có-digo de Seguridad Social.

Art. 4º.- Se dispone que el cálculo del sa-lario cotizable para el cálculo de la renta vita-licia se hará a partir del importe del últimosalario recibido con mantenimiento de valorrespecto del dólar estadounidense. Además,los recursos de la capitalización individualacumulados desde la fecha de corte (30 deabril de 1997) hasta la fecha de retiro debenser transferidos a la Dirección de Pensionesvía el Tesoro General de la Nación.

Art. 5º.- Se dispone, tomando en cuentaque originalmente los marginados del dere-cho a la jubilación fueron estimados en25.000 ex trabajadores, ampliar tanto el pla-zo para la presentación de expedientes (hastael 31 de diciembre de 2003), así como la fe-cha de corte (del 30 de abril de 1997 hasta el31 de diciembre de 2002).

Art. 6º.- Se establece que el pago global(optativo) para los casos de personas que nohan alcanzado a cotizar las ciento ochentaaportaciones, sea con mantenimiento de va-lor con respecto al último salario percibido,de conformidad con el artículo 47 del Códi-go de Seguridad Social.

Art. 7.- Quedan derogadas todas las dis-posiciones contrarias a la presente ley.

105

Debate Social

Este proyecto, mencionado in extensocomo el anterior, fue discutido en reunionesconjuntas en presencia de comisionados delinterior del país, del Ministro de Trabajo, Jor-ge Pacheco; del representante de la CentralObrera Boliviana, compañero Julio GarcíaColque (proyectista de la referida ley). El pro-yecto tuvo asidero en medios del Gobierno,tanto así que se encomendó a la Dirección dePensiones �en reunión conjunta con los inte-resados� su consideración para presentarloal parlamento. En efecto, se adelantaron dosreuniones con presencia del Director de Pen-siones, Federico Escobar, para darle el respec-tivo marco de seriedad al proyecto de ley, quefue firmado por los integrantes de la reunión:Federico Escobar, Director de Pensiones; c.Julio García Colque, representante de la COB;c. Milton Gómez M., representante de la Fe-deración Sindical de Trabajadores Mineros deBolivia; c. Wilfredo Portugal, presidente dela Asociación Nacional de Trabajadores sinJubilación, y otros dirigentes de la misma aso-ciación como el c. René Salas, el c. SerapioSalvatierra y otros más, en representación delos compañeros afectados por la Ley 1732.

Sin embargo, el curso de las negociacio-nes fue interrumpido por el descontento deaquellos ex trabajadores que tenían cientoochenta aportaciones o más pero cuya edadera menor a los 40 años y por el de otrosmayores a los 40 y menores a los 45. Todosellos se sentían marginados del segundo pro-yecto de ley. Sin embargo, de aprobarse éste,nadie perdía, era cuestión de tiempo. Sólotenían que esperar cumplir las edad de 50 ó55 años en el caso de imprescriptibilidad y,

en el segundo caso, teniendo 20 años de apor-tes, sólo esperar cumplir los 45 años. Por últi-mo, los que no tenían ni la edad ni las cientoochenta cotizaciones, se podían acoger a lafigura de la compensación de cotizaciones.

El tercer proyecto de ley (19 deoctubre de 2001)

Se trata de la redacción de una tercerapropuesta de ley que considera los casosmencionados. Se encomendó redactar el ter-cer proyecto de ley a Jaime Peña Cano, quien,siguiendo las recomendaciones, incorporó alproyecto las escalas de jubilación por añosde servicio sujetándose al artículo 290 delCódigo de Seguridad Social (desde los 40años para arriba con quince años de aporteso más con validez para hombres y mujeres).

En efecto, el artículo 290 del Código deSeguridad Social establece originalmente laposibilidad de otorgar la jubilación de acuer-do a escalas (para hombres desde los 45 añosde edad y 20 años de servicios con el 50% desu salario cotizable, y para mujeres desde laedad de 40 y 20 años de servicios, también conel 50% de su salario cotizable). Lamentable-mente, como sostiene el mismo autor del ter-cer proyecto, dichas tablas fueron derogadasdos años después de su puesta en vigencia.

Dicho tercer proyecto, presentado a con-sideración del poder ejecutivo y a los Minis-terios de Trabajo y Hacienda para su consi-deración, fue desahuciado con el argumentoque el Gobierno no tenía recursos como parasubsidiar la desocupación. Sostuvo ello concuadros demostrativos sobre cuanta genteacudiría a ese beneficio; el �millonario� cos-to lo publicitó hasta en spots televisivos.1

1 El segundo proyecto de ley reclama la imprescriptibilidad de la jubilación por vejez instituida en el Código de Seguridad Social.Transcurridos seis años desde la fecha de corte (30 de abril de 1997), muchos de los marginados estarían hoy ingresando a la jubilación.Los que tenían 39 años tendrían ya 45 años de edad e igualmente estarían ingresando a la jubilación de haberse aprobado el mismo tratoque se da al sector bancario, y que fue solicitado en el proyecto.

106


Desechados los proyectos de ley pro-puestos, se recurrió a las acciones de presiónde las marchas callejeras, en las carreteras, yotras. Los convenios logrados fueron incon-sistentes y meras promesas en los hechos;sólo sirvieron al Gobierno para difundir suninguna sensibilidad. El 11 de abril de 2002se anuncia en el matutino La Prensa: �Enmayo comenzará la jubilación de gente dela generación sándwich�. Se dice que ha-brían iniciado sus trámites 20.000 trabajado-res, de los cuales el 26% corresponde al sec-tor fabril; el 18% al magisterio; el 17% atrabajadores mineros cooperativistas, de laminería chica y otros; el 16% a los emplea-dos públicos, y el 13% a otros sectores. Paraesa fecha simplemente se habían otorgadoalgunos certificados de compensación de co-tizaciones que sirven como base para su ju-bilación en el contexto de la Ley de Pensio-nes y su Decreto Supremo Reglamentario,es decir, no hubo ninguna concesión ni mo-dificación de la Ley de Pensiones para favo-recer a la generación sándwich.

El 13 de octubre de 2002, sobre la carre-tera que pasa por Sica-Sica, se inicia unamarcha de protesta de los trabajadores sinjubilación que reclaman la atención del Go-bierno. Con presencia del Viceministro deGobierno, de Relaciones Laborales del Mi-nisterio de Trabajo, y de la Comisión de Co-ordinación Parlamentaria de Asuntos Socia-les de la cámara baja se suscribe un nuevoacuerdo que dice: �A dos meses de haberasumido una nueva gestión el Gobierno na-cional manifiesta su firme voluntad paraatender y buscar una solución definitiva alproblema que enfrenta hace más de 5 añosla denominada generación sándwich, expre-sando que lo hará con la mayor responsabi-lidad y seriedad posibles a fin de evitar la

repetición de errores y desencuentros delpasado en los que por su carácter de Gobier-no de responsabilidad nacional no incurrirábajo ninguna circunstancia�.

La situación actual de lageneración sándwich

Han transcurrido seis años desde el�plazo fatal� establecido por el Gobierno enel nuevo régimen de pensiones como fechade corte para que reciban el beneficio de ju-bilación quienes en esa fecha no tenían laedad de 50 o 55 años, establecidos como nor-ma en el Código de Seguridad Social. A pe-sar de que la Ley 1732 establece la sujeción adicho código de las asignaciones de rentasen el sistema de reparto simple, en los he-chos ella no se aplica y, por el contrario, seviola la imprescriptibilidad de la jubilaciónpor vejez, instituida en el artículo 230, incisoc) del Código de Seguridad, concordante conel artículo 530 de su Decreto Supremo Regla-mentario. Desde entonces, aproximadamen-te 25.000 ex trabajadores sin jubilación vivenamargados y desesperados al carecer de sus-tento económico. En esa situación difícil va-rios miles optaron por incorporarse a la figu-ra de la compensación de cotizaciones en laesperanza de recibir algún dinero, pero sinresultado alguno después de seis años.

Por ese tiempo han marchado numero-sas veces por carreteras y calles, participan-do en diálogos con los gobiernos de turno,pero nadie se conduele. La tragedia de losex trabajadores es grande y es penoso quejunto a sus familias padezcan hambre y mi-seria. Vana ha resultado la Declaración Uni-versal de los Derechos Humanos, que en susartículos 22 y 25 con meridiana claridad es-tablece: �Toda persona como miembro delasociedad, tiene derecho a la seguridad

107

Debate Social

social, así como a un nivel de vida suficien-te para asegurar su salud, su bienestar y elde su familia�, como tampoco sirve para elGobierno insensible el artículo 58 de la Cons-titución Política del Estado, ratificado en elConvenio 102 de la OIT, que instituye losprincipios y la naturaleza de la seguridadsocial. Tampoco han servido las huelgas dehambre suspendidas con engaños por losgobiernos de turno, que firman conveniostras convenios haciéndoles creer a los afec-tados que existen posibilidades de atender-los; se trata de propaganda gubernamentalpara engañar al pueblo. En resumen, todoesfuerzo, sacrificios, y rogativas de parte delos afectados siempre queda en nada y sólopasa el tiempo: días, meses, y años.

Para efectos de proceder con el acuerdodel 13 de octubre se convino en que la re-presentación de la Asociación Nacional jun-to al Viceministerio de Pensiones proporcio-narían al siguiente día al Gobierno, para surespectiva clasificación y procesamiento, labase de datos concerniente a la diversidadde casos que motivan la postergación de lasjubilaciones. Sin embargo, ante la compleji-dad de los casos, se acuerda iniciar el traba-jo conjunto a partir del 16 de octubre hastala culminación de las tareas propuestas. Lue-go de la conciliación de documentos etc. queduró dos meses, el 11 de diciembre de 2002culminó el trabajo de clasificación, estable-ciéndose el universo de reclamantes en lacantidad de 8.725, los que fueron clasifica-dos en cinco grupos:

1. Con el objetivo de jubilación 4.309 quetienen mayor edad o igual a 40 años el30 de abril de 1997 con más cotizacio-nes o iguales a ciento ochenta.

2. Cumplen con requisitos de jubilación128 personas (hombres con 55 años

cumplidos y mujeres con 50 años cum-plidos el 22 de noviembre del 2002) concotizaciones de más de 25 años.

3. Derechohabientes familiares de perso-nas fallecidas: 190 personas interesadas.

4. Personas mayores a los 40 años o quetienen 40 años cumplidos el 30 de abrilde 1997: 1.724 personas.

5. Por último, existen 2.374 ex trabajado-res de 40 años o más, pero sin cientoochenta aportes (sólo les queda acoger-se a la figura de compensación de coti-zaciones).

Bajo ese esquema de solución, el 13 dediciembre de 2002 se firma otro de tantosconvenios con el Ministro de la Presidencia,Carlos Sánchez Berzaín; el Ministro de Asun-tos Financieros, Francisco Suárez, y con losrepresentantes de la Asociación Nacional deEx Trabajadores sin Jubilación, RodolfoAyala, Néstor Muñoz, Carlos Paredes yLeoncio Choque. El acuerdo establece el cie-rre de la base de datos con 8.725 personas,la que no podrá ser alterada ni incrementadasino para correcciones de forma y exclusio-nes debidamente justificadas. Por otra par-te, quienes se encuentren en dicho registro,previo cumplimiento de los requisitos exi-gidos, podrán jubilarse en el menor plazoposible (según se comprometió el Gobiernoy cuya lista abarca a las referidas 128 perso-nas). Asimismo, quienes hayan realizadoaportes al sistema de reparto, podrán ads-cribirse al Mecanismo de Compensación deCotizaciones, que consiste en el otorgamien-to de un certificado que indica las cotizacio-nes realizadas hasta la fecha de corte y quequedaron truncas por efecto de la Ley dePensiones. Ello no les significa jubilación nirecibir compensaciones en efectivo; les sir-ve para que puedan jubilarse según normas

108


de la Ley de Pensiones. De manera que noexiste concesión, ni logro alguno. El adscri-to se jubilará cuando en las AFP logren unacapitalización que le permita la acumulaciónbase del salario cotizable del 70%. Pero escasi imposible para la mayoría obtener tra-bajo permanente: sólo podrán obtener sucompensación cuando cumplan 65 años devida. Mientras tanto, el ex trabajador y sufamilia estarán condenados a la indigencia.

Por otra parte, el acuerdo especifica que�aquellos trabajadores sin jubilación que el30 de abril de 1997 cuentan con menos de 40años de edad y menos de 60 cotizaciones,serán beneficiados con la posibilidad de unafuente de trabajo estable y digna a fin de quepuedan hacer las cotizaciones necesariaspara acceder al beneficio dela jubilación de los trabaja-dores�. No se cumplió elacuerdo y el drama de lageneración sándwich con-tinua siendo cruel y lace-rante. El Gobierno pierdecredibilidad y la lucha delos marginados continúa.

Posteriormente a dichoacuerdo, otra vez incum-plido, siguieron realizán-dose otras marchas por lascarreteras y calles de la ciu-dad de La Paz y en todo elinterior del país. Asimismo, se efectuaronmás de un decena de huelgas de hambre, seacudió a la Iglesia, a la Asamblea Permanen-te de los Derechos Humanos, a la Defensoradel Pueblo, y al parlamento nacional buscan-do ayuda para que les apoyaran con una leyque respaldase su derecho de jubilación. La-mentablemente, y no obstante el apoyo brin-dado por las organizaciones ligadas con la

defensa de los más elementales derechos ci-viles, ciudadanos, y humanos, no se ha lle-gado a una solución definitiva.

Han transcurrido seis años de parloteoestéril con los gobernantes de turnoneoliberales, que están lejos de entender eltormento de la miseria de los desposeídos,las lágrimas de los niños hambrientos, y elsollozo de las madres desesperadas: no seha podido ablandar la conciencia petrifica-da de los gobernantes.

A principios de julio de 2003, varios mi-les de ellos se encuentran estacionados en lalocalidad de Caracollo a la espera del arribode autoridades de gobierno. Si lo hay, segu-ramente tampoco se tratará del último con-venio firmado y la tragedia de las familias

afectadas continuará siendoun hecho. El Gobierno, an-tes de asistir a Caracollo alencuentro con la generaciónsándwich, sostuvo que nohabría concesión al margende las normas establecidaspor la Ley de Pensiones. Locontrario motivaría a mu-chos miles de personas aadoptar el mismo camino,no habiendo lugar para ello.

El miércoles 9 de julio,en horas de la tarde, fuerzascombinadas del ejército y la

policía despejan la zona de Caracollo, ocu-pada por los trabajadores sin jubilación quearribaron de todas las zonas del país paraexigir el cumplimiento del último conveniosuscrito con el Gobierno; ellos fueron obli-gados a retornar en buses contratados porel Gobierno a sus lugares de origen (La Paz,Oruro, Cochabamba, centros mineros). Quie-nes vinieron desde Potosí fueron dejados en

Han transcurrido seis años deparloteo estéril con losgobernantes de turno

neoliberales, que están lejosde entender el tormento de lamiseria de los desposeídos,las lágrimas de los niños

hambrientos, y el sollozo delas madres desesperadas: no

se ha podido ablandar laconciencia petrificada de los

gobernantes.

109

Debate Social

El Alto (ochenta personas). El Canal 4 trans-mitió desesperadamente, pedía solidaridada la población alteña para que lleve cobijaso colchones para que los afectados no mue-ran de frío. Son estos losepisodios normalesque vive el país en el marco de un Estado dederecho democrático.

A tiempo de dispersar a los manifestan-tes de Caracollo, el Gobierno había arribadonuevamente con la generación sándwich aun acuerdo, esta vez de ocho puntos. Sinembargo, éste se reduce a la ratificación delos seis puntos del convenio firmado el 13de diciembre de 2002, a los que se agregandos más: un programa de capacitación en elmarco del ATPDEA (conexión de gas a do-micilios y otros proyectos), y la realizaciónde un censo para determinar cuantos ex tra-bajadores representan mano de obra califi-cada y el tipo de apoyo que recibirían paraingresar a una AFP. Por último, el Directorde Pensiones, Fernando Bartelemí, y segúnregistra el matutino La Prensa el 10 de juliode 2003, habría entregado a los miembros dela Asociación Nacional de los Trabajadoressin Jubilación un día antes y como parte delos acuerdos, un listado de treinta y nuevepersonas de la generación sándwich quepodrían acceder a una jubilación dentro delsistema de reparto previa presentación dedocumentos, en razón de que ese grupocumplía con los requisitos. Se ratifica tam-bién que los reclamantes siguen siendo losantedichos 8.725.

Si bien es cierto que se podrá remediarla situación de treinta y nueve personas afec-tadas, el grueso continuará en la vía crucisacosado por el hambre y la miseria. Un diri-gente de la Asociación Nacional de Trabaja-dores sin Jubilación, en el curso de la maña-na del 14 de julio y por medio de Radio

Panamericana, expresaba de que fueron nue-vamente engañados los ex trabajadores porel Gobierno y que su organización se halla-ba estudiando nuevas formas de presiónpara atraer efectivamente la atención del Go-bierno hacia los marginados de la jubilación.Por tanto, queda en pie la exigencia al Go-bierno del cumplimiento del convenio del13 de diciembre de 2002.

Continúa transcurriendo el tiempo y lasvíctimas del régimen neoliberal en verdadse hallan impedidas de acceder a un traba-jo, pues muchas de ellas sobrepasan los 45años. La solución continuará dependiendode la voluntad política de quienes están almando de la nave del Estado nacional.

ConclusionesEs inocultable que las reformas de pen-

siones de capitalización individual, allí don-de fueron aplicadas, resultaron un fracasoincuestionable porque ellas fueron produc-to simplemente de decisiones políticas,carentes de estudios profundos de las realida-des nacionales de cada uno de los países que,naturalmente, se diferencian unos de otros.Mucho más desastrosas resultaron en paísesempobrecidos y menos industrializados comoel nuestro, donde el mercado de capitales esevidentemente incipiente.

El Estado, que quiso rebajar el gastopúblico en pensiones, se hizo de mayoresobligaciones al prestarse recursos de las ad-ministradoras de fondos de pensiones a cam-bio de bonos del Tesoro General de la Na-ción. Esto para cancelar rentas a las personasde la tercera edad, pagando un interés del8% e incrementando la deuda interna, lo que,al final, es un perjuicio para el país portransferirse así el costo de la reforma al pue-blo boliviano. Después de seis años de

110


prueba de la Reforma de Pensiones, fue obli-gado a adoptar otras medidas correctivascomo la supuesta �bolivianización de la eco-nomía� (Decreto Supremo 2434 emitido el26 de diciembre de 2002), que consiste ensustituir el dólar como factor de cálculo parael mantenimiento de valor de las rentas, porel de las Unidades de Fomento a la Vivien-da (UFV) que tiene como base de cálculo elíndice de precios al consumidor (IPC). Ellole permitirá disminuir el impacto del riesgocambiario como también los costos que lerepresenta la Reforma de Pensiones, la quesobrepasa los US$ 350 millones anuales; seha anunciado su indefectible aplicación apartir de junio del presente año. De aplicar-se la medida, significará virtualmente elcongelamiento de las rentas, vale decir, quela consideración del IPC, que fluctúa entreel 1 y 2%, significará una pérdida importan-te. Dicho de otra manera, el ajuste anual delas rentas sólo será �cuento�.

�La reforma de pensiones es un fiascoen el continente�, sostuvo la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) en la reuniónanual realizada en Ginebra según despachode la Agencia EFE, publicado por La Prensael 19 de junio de 2003. Lo que reafirma nues-tra percepción en el sentido de que la reformarepresenta un paso histórico negativo para elpaís y para la nación boliviana. La seguridadsocial sólo es viable dentro del régimen soli-dario con aportes tripartitos, es decir, es el costocompartido que le confiere sostenibilidad ypermanencia a su financiamiento, cuya baseinsustituible es la solidaridad inter generacionaly económica. Dichos pilares, mientras existan

empresas de explotación, servicios y produc-ción, no se extinguirá.

Para superar el déficit fiscal no sólo tie-ne que buscarse el incremento de los ingre-sos mediante un cambio del régimen tribu-tario como lo aconseja el Fondo MonetarioInternacional sino que, en uso de nuestrasoberanía y autodeterminación de nues-tros asuntos internos, se debe impulsar lareactivación del aparato productivo y recu-perar las empresas capitalizadas para seradministradas por el Estado. La prensa per-manentemente denuncia que dichas empre-sas y otras privatizadas evaden el pago deimpuestos o, en algunos casos, simplemen-te están endeudadas con el Estado y las AFP,etc. Sin embargo, estas empresas sacan delpaís miles de millones de dólares como uti-lidades, lo que en efecto esta causando eldéficit fiscal y que también influye podero-samente para que no se encuentre una solu-ción adecuada para los marginados de lajubilación, la �generación sándwich�.

Definitivamente, la solución al crucialproblema de este segmento de la poblaciónpasará por la aplicación del artículo 230 delCódigo de Seguridad Social y el 530 de sureglamento, el que se halla vigente al am-paro de la Constitución Política del Estadoy la propia Ley de Pensiones, en su artículoquinto (antes reproducido). Cuando se sos-tiene que está sometida a normas del Códi-go de Seguridad Social, implícitamente sereconoce su vigencia plena para el sistemade reparto. Por tanto, no puede ser obviadapor disposiciones de menor jerarquía jurí-d ica .

111

Debate Social

Trabajo eventual y a destajo: problemaspara la jubilación. El caso de los

trabajadores fabriles de la castaña

Pablo Poveda Avila *

AntecedentesDesde la introducción del modelo eco-

nómico de carácter neoliberal, las empresashan optado por nuevas estrategias produc-tivas para insertarse en los mercados en es-tas condiciones. Sin embargo, en la mayorparte del sector manufacturero las empre-sas no muestran ninguna orientación haciael cambio en su forma de organización deltrabajo, ya que mantienen un modelo pro-ductivo basado en la lógica taylorista yfordista, o se valen de formas artesanales desubordinación directa e indirecta de la manode obra bajo diversos mecanismos de con-trol (cuotas de producción, supervisiónindividualizada), de disciplinamiento (rota-ción y recambio de personal, control de lossindicatos), y de sometimiento de los traba-jadores a procesos cada vez más autoritarios.

Las formas autoritarias, despóticas, opaternalistas de relación laboral están acom-pañadas de una mayor fragmentación deltrabajo y de una creciente individualizacióny subordinación de los trabajadores a los

intereses empresariales. Además, se combi-nan estas formas de organización atrasadascon la externalización de los procesos, lo queigualmente permite abaratar costos.

Esta estrategia esta básicamente orien-tada al aumento de las ganancias con baseen la obtención de excedente mediante elaumento del número de las horas de traba-jo, de la intensidad de éste, y de una dismi-nución de los costos laborales sin mejora-miento de la tecnología.

La ejemplificación de esa generalidad lapodemos encontrar en el sector agroin-dustrial, y específicamente en la producciónde castaña.

La producción de castaña en Bolivia haganado importancia en los últimos años por-que es un producto no tradicional para laexportación que desde 1997 ha aportado conun promedio de US$ 30 millones anuales ala economía boliviana. Además, representauna fuente importante de generación deempleo directo para más de 14 mil trabaja-dores, tanto en la zafra como en el proceso

* Investigador del CEDLA.

112

Trabajo eventual y a destajo: problemas para la jubilación. El caso de los trabajadores fabriles de la castaña

de beneficio, así como en otras actividadescomo el transporte.

El proceso de beneficio concentra alre-dedor de 4.650 trabajadores, predominante-mente compuestos por fuerza de trabajo fe-menina1 que oscila entre los 67 y 74% deltotal; el 73% de los 4.650 trabajadores tienenentre los 10 y 39 años de edad.

Desde el punto de vista de la generaciónde empleo, el proceso de beneficio de la cas-taña es manual, semilla por semilla (la prin-cipal actividad es el quebrado). Se trata deuna actividad de baja productividad queconcentra al 87% de las trabajadoras. Por estarazón será importante echar una mirada alas condiciones laborales en las cuales ellasse desenvuelven.

En este artículo revisaremos entonces lascondiciones en las que estas trabajadoraspueden acceder al seguro de vejez de acuer-do al nuevo sistema manejado por las ad-ministradoras de fondos de pensiones (AFP),que reemplazó al viejo sistema de repartode carácter solidario, sustituyéndolo por elsistema de ahorro individual.

Marco teóricoEl sentido económico que adquieren las

condiciones laborales se refiere a los acuer-dos que se establecen entre trabajadores yempresarios respecto al valor y uso de la fuer-za de trabajo en la disputa por el valor gene-rado por los primeros en el proceso produc-tivo. Es decir, los trabajadores tratarán devender su fuerza de trabajo al precio más altoy los empresarios querrán tener el mayor usode esa fuerza, sin que esto violente la repro-ducción normal del sistema capitalista.

Es así que, �en las circunstancias norma-les un justo salario cotidiano es la suma quenecesita el obrero para procurarse los mediosde subsistencia necesarios para mantenerlo encondiciones de trabajar y de propagar la clasede asalariados de acuerdo a las condicionesde vida, de su ambiente y de su país. Una jor-nada de trabajo justa corresponde a una dura-ción y a una intensidad de la jornada de traba-jo que absorba sus fuerzas pero que al mismotiempo no le quite sus facultades de produciral día siguiente y en los sucesivos la mismacantidad de trabajo� (Engels, 1881).

Entonces, cuando se habla de la repro-ducción de la clase de los asalariados, sehabla del largo plazo y, específicamente enel caso de las pensiones de vejez, se trata deque una parte del salario adquirido en lavida activa del trabajador sirva para mante-nerlo (a él y a sus derechohabientes) cuandohaya cumplido su ciclo de vida laboral.

La preocupación de lastrabajadoras fabriles de la castaña

Actualmente existe en Bolivia un des-contento generalizado con el nuevo segurode vejez que brindan las AFP. En el caso delas quebradoras de castaña los testimoniosson evidentes2.

Para estas trabajadoras, sus aportes re-presentan un dinero sobre cuyo destino noestán informadas. Dudan si algún día lopodrán recuperar : por un lado temen queesos ahorros desaparezcan y, por el otro, quecon sus expectativas de vida no logren al-canzar la edad requerida para jubilarse.

Por otra parte está la relación del cortocon el largo plazo: por los bajos salarios que

1 En adelante, al hablar de trabajadores, nos referimos a las trabajadoras fabriles de la castaña por su preeminencia en el sector.2 Los testimonios han sido recogidos en entrevistas realizadas por investigadores del CEDLA.

113

Debate Social

ganan creen que deberían disponer hoy de loque se les descuenta para la futura pensiónde vejez, ya que creen que se les está quitan-do el pan a sus hijos al aportar a las AFP.

Las preocupaciones de las quebradorasde castaña se sintetizan en dos puntos: pri-mero, saber si el dinero que aportan no esdinero perdido y si algún día van a poderdisponer de él como pensión de jubilación.En segundo lugar, saber cuántos años tienenque trabajar para tener el capital necesarioque les permita acceder a la jubilación vita-licia mínima requerida de acuerdo con la Leyde Pensiones.

El riesgo de quiebra de las AFP: el costode la reforma del sistema de reparto

En 1996 se promulga la nueva Ley dePensiones. Según esta ley, la intención de lareforma es �asegurar la continuidad de losmedios de subsistencia del capital humano�.

La Ley de Pensiones dispone la creacióndel Fondo de Capitalización Individual(FCI), que remplazaría al viejo sistema dejubilación de reparto. El sistema de repartobeneficiaba a los trabajadores basándose enel principio de solidaridad, que consistía enque la masa de los trabajadores activos sos-tiene a la masa de trabajadores jubiladoshasta su muerte, no importando la cantidadde los aportes que haya realizado.

El nuevo sistema elimina la figura delahorro mancomunado y solidario de losaportantes: las previsiones para acceder a unseguro de vejez las debe tomar el trabajador,aportando a una cuenta individual. La pen-sión de jubilación de los trabajadores depen-de ahora de los aportes que acumule cadauno en su cuenta individual.

El Estado promete que la reforma al sis-tema de pensiones fue llevada adelante con�el objetivo de asegurar la continuidad de

los medios de subsistencia del capital huma-no� (Ley 1732, artículo 1) y dando cumpli-mento al artículo 158 de la Constitución Po-lítica del Estado, que dice: �El Estado tienela obligación de defender el capital humanoprotegiendo la salud de la población; ase-gurará la continuidad de sus medios de sub-sistencia y rehabilitación de las personas in-utilizadas; propenderá asimismo al mejo-ramiento de las condiciones de vida del gru-po familiar. Los regímenes de seguridadsocial se inspirarán en los principios de uni-versalidad, solidaridad, unidad de gestión,economía, oportunidad y eficacia, cubrien-do las contingencias de enfermedad, mater-nidad, riesgos profesionales, invalidez, ve-jez, muerte, paro forzoso, asignacionesfamiliares y vivienda de interés social�.

Las evidencias contradicen toda la retó-rica vertida por el Estado. Veamos:

Según Abelardo Valdez Montero, exper-to en seguros, �existen dos tipos de seguros:el privado y el social. El seguro privado tie-ne por finalidad, además de la cobertura delriesgo, la obtención de utilidades. Los segu-ros sociales son de carácter público y obli-gatorio, no persiguen utilidades, sino el equi-librio financiero entre los beneficios socialesy los costos de operación, además se basanen el principio de la solidaridad�.

Según la definición, las AFP son institu-ciones financieras internacionales privadasy con fines de lucro, por ello rompen con elprincipio de la solidaridad. Además, la obli-gatoriedad de la afiliación a la AFP y la con-gelación de la cuenta individual (sin que sepuedan retirar los ahorros si no se hace elaporte necesario para garantizar una rentadel 70% del salario mínimo o si se alcanza laedad de jubilación), hacen de la reforma unaimposición para los trabajadores con el fin

114


de que los empresarios privados ganen acosta del ingreso de los contribuyentes. Alquedar de lado el principio de solidaridad,lo que aporta el trabajador no es más que unahorro personal del que no puede disponercuando lo necesita.

Se sostiene que la reforma habría sidonecesaria por la crisis del anterior sistema:

1. �Envejecimiento de la población y me-nor índice de natalidad: cada vez unmenor número de pasivos debe soste-ner a un número mayor de pasivos.

2. La reducción de empleo por el avancetecnológico hace que cada vez son me-nos los que aportenpara sostener a los des-ocupados.

3. El aumento de los gas-tos en la asistencia mé-dica por el avance tec-nológico.

4. La inflación persistente,las prestaciones debenser reajustadas para queno vayan perdiendo elpoder adquisitivo� (Pla Rodríguez,1987).

Hoy en día ésta parece una discusiónvieja. Sin embargo, el análisis sobre la ma-nera en que se realizó el traspaso del Fondode Reparto al Fondo de Capitalización Indi-vidual (FCI), y la manera como éste se sos-tiene, hace necesario repensar el anterior sis-tema de base solidaria.

El Estado liquidó el antiguo fondo asu-miendo todos los gastos futuros de las per-sonas que se habían jubilado y tenían rentasen curso de pago. En el presente, esta deuda

constituye un conflicto financiero para elEstado, pues al haber vendido éste las em-presas de su propiedad, se vieron reducidasfuertemente sus fuentes de ingresos, que-dando como única opción real de sosteni-miento de los gastos el aumento de los in-gresos por cobro de impuestos.

Pero la generación de ingresos median-te impuestos no está pudiendo cubrir losgastos del Estado. Es importante señalar quemás del 60% del déficit fiscal actual corres-ponde a la carga asumida con la reforma delsistema de pensiones.

Las posibilidades de aumentar los ingre-sos tributarios están seria-mente comprometidas por-que la economía en generalse ha contraído fuertemen-te. Los violentos sucesos defebrero de 2003 han demos-trado la resistencia que hanopuesto los trabajadores ala ampliación del universode contribuyentes y al so-metimiento a impuestos de

los salarios. Para el Gobierno y los organis-mos financieros internacionales la salidaconsistente en pasar la factura del déficit fis-cal a los trabajadores es la más real dentrodel modelo neoliberal3.

En la medida en que el Estado no logreaumentar sus ingresos mediante impuestos,deberá recurrir al endeudamiento externo ointerno. Recurrir al endeudamiento exter-no tiene sus dificultades, puesto que con laEstrategia Boliviana de Reducción de la Po-breza para países insolventes los créditospara Bolivia se han encarecido al habérsele

3 Recuérdese que antes de los hechos de febrero el Gobierno debía encarar una meta de reducción del déficit fiscal durante la ges tión 2002-2003. El Gobierno optó por el impuestazo, pero los funcionarios del FMI preferían al gasolinazo. Ambas medidas pasan la factura deldéficit fiscal a los trabajadores.

Pero la generación de ingresosmediante impuestos no está

pudiendo cubrir los gastos delEstado. Es importante señalar

que más del 60% del déficitfiscal actual corresponde a lacarga asumida con la reforma

del sistema de pensiones.

115

Debate Social

cortado el otorgamiento de créditos de tipoconcesional.

El financiamiento de la parte del déficitcausado por la reforma del sistema de pen-siones con deuda interna, es el expedienteque esta utilizando el Gobierno. Los recur-sos provienen de la venta de bonos del Te-soro General de la Nación, y son las AFP lasque compran estos bonos.

El mecanismo es el siguiente: las AFPtienen bajo su custodia la administración delFCI. Como fideicomisarias de los ahorristasdel fondo deben invertir estos recursos entítulos valores (acciones o bonos del Teso-ro). La Ley de Pensiones no fija límite a lacompra de bonos del Tesoro con los dinerosdel FCI, por lo que las AFP están obligadasa comprarle bonos al Estado. Actualmente,más del 60% de la inversión del FCI está re-presentada por bonos del Tesoro y, en lamedida que el Estado vaya cubriendo lascargas que adquirió del anterior sistema, iráaumentando el porcentaje de inversiones delas AFP en bonos del Tesoro.

La ley es clara en cuanto al límite devalores financieros no gubernamentales quepueden comprar las AFP para evitar el ries-go de que se pierdan estos recursos. Sinembargo, en la actualidad el mayor riesgode quiebra del FCI proviene de los bonos delTesoro, cuya emisión viene fomentando a unEstado insolvente.

Justamente, una de las razones de la re-forma fue el hecho de que cada vez un nú-mero menor de trabajadores activos sostienea un número mayor de jubilados. En contrade los previsto, esta situación no ha cambia-do, siguen siendo las personas activas quie-nes sostienen a las jubiladas, sólo que ahoralos intermediarios, las AFP, que son priva-das, obtienen una ganancia por hacerlo.

Pero existe otro factor que aumenta laposibilidad de quiebra de las AFP. Es el pagodel Bonosol a partir de la creación del Fondode Capitalización Colectiva (FCC). El FCC secreó con la venta ��capitalización�� de lasempresas estatales. El Estado valoró las em-presas que tenía y luego buscó socios trans-nacionales para entregarles su control yadministración. A cambio, las empresas trans-nacionales invertirían la misma cantidadque el precio de valoración. Estas empresasse convirtieron en sociedades por acciones,lo que les permitió ingresar a la bolsa de va-lores. Entonces, la Ley de Capitalización hacedueños de esas acciones a todos los bolivia-nos mayores de edad en el momento que secede el control de las empresas del Estado alas compañías transnacionales.

Los bolivianos acceden a los beneficiosde las acciones de dichas compañías a partirde los 65 años, cuando se les otorga anual-mente una pensión de vejez. Sin embargo,el monto conjunto que se debe pagar a estaspersonas supera los ingresos del Fondo deCapitalización Colectiva debido a la baja ren-tabilidad actual de las empresas capitaliza-das. Para cumplir su compromiso con losdestinatarios del Bonosol, el gobierno recu-rre al Fondo de Capitalización Individual.

Más allá de que se haya hecho una bue-na o mala reforma, lo cierto es que el con-junto de las políticas estructurales no hansido diseñadas para favorecer a los trabaja-dores, el objetivo es el de favorecer al capi-tal transnacional y sus apéndices naciona-les, dándole todas las facilidades paraextraer excedentes.

Es por eso que en el marco del modeloeconómico �que es aplicado sin ningún tipode cuestionamiento por el Estado bolivianodebido al compromiso asumido con el

116


Fondo Monetario Internacional y el BancoMundial a cambio de la negociación de ladeuda externa durante la década de 1980�un alto y persistente déficit fiscal representauna amenaza para la sostenibilidad del equi-librio macroeconómico. Esto porque, comohabíamos visto, en ausencia de ingresos tri-butarios, el Estado recurre al endeudamientointerno y externo, lo cual puede erosionar laeconomía boliviana, y arrastrar con ello a lasAFP. No hay que olvidar que el motivo queimpulsó a empezar con las reformas econó-micas durante la década de los años ochentafue precisamente la crisis de la deuda externa.

En esta perspectiva, los efectos de laReforma de Pensiones en el conjunto de laeconomía demuestran que los temores de lasquebradoras de castaña de perder sus apor-tes en el futuro no son intuiciones sin fun-damento.

Años de trabajo para acceder a lapensión de jubilación

Examinemos ahora la situación concre-ta de los aportes de las trabajadoras fabrilesde la castaña.

El ingreso de las quebradoras se rige porel producto que entregan, no existiendo nin-gún otro tipo de salario. Se obtienen 20 kilo-gramos de castaña pelada por quebrar 50kilos de castaña con cáscara4. En el Cuadro1 se puede observar la distribución del pro-ducto según la calidad y el valor que le co-rresponde: el 84,5% representa producto deprimera calidad y alcanza un porcentaje del95% del salario. El restante 15,5% del pro-ducto de las otras calidades apenas llega acubrir el 5% del salario diario.

El salario diario que obtienen es de Bs.26,67; en el mes obtienen Bs. 533,40 trabajan-do veinte días. En dólares (véase la nota delCuadro 2), el salario mensual asciende a 71,12.Sin embargo, este salario únicamente lo reci-ben durante ocho meses, que es el tiempo quetrabajan las beneficiadoras de castaña.

Si este salario de ocho meses es distri-buido a lo largo de los doce meses del año ylo comparamos con el salario mínimo nacio-nal, el resultado es el siguiente (Cuadro 2).

Como se puede observar, el salario men-sual de las trabajadoras baja de US$ 71,12 aUS$ 47,41 y, comparándolo con el salario

Cuadro 1Cálculo del salario diario de una quebradora, 2003 (en Bs.)

Calidad Kilos Porcentaje Precio por kilo Precio/cantidad Porcentaje

Primera 16,9 84,5 1,5 25,35 95,0

Segunda 0,5 2,5 0,6 0,30 1,1

Tercera 1,0 5,0 0,5 0,50 1,9

Cuarta 0,4 2,0 0,4 0,16 0,6

Quinta 1,2 6,0 0,3 0,36 1,4

Total 20,0 100,0 26,67 100,0

Elaboración: CEDLA

4 Cincuenta kilos de castaña con cáscara es lo máximo que una trabajadora promedio puede pelar en una jornada de trabajo. Dicho sea depaso, la jornada normal de una quebradora es de 11,5 horas.

117

Debate Social

mínimo nacional, apenas representa el 83%de éste. Las razones para calcular el salariode ocho meses a lo largo del año son tres:

En primer lugar, los aportes que ha-cen las trabajadoras de la castaña a las AFPdurante los ocho meses constituyen suaporte anual .

En segundo lugar, el trabajo por ochomeses, por las características específicas delpropio proceso productivo, debe proporcio-nar al obrero el salario necesario para ad-quirir sus medios de vida durante el año y alo largo de su vida.

Finalmente, las estrategias de compe-titividad en este sector apuntan al aumentodel número de horas de trabajo y la intensi-dad de éste. Las quebradoras trabajan horasextras en horario nocturno, las cuales, segúnla Ley del Trabajo, gozan de un recargo delsalario del 100% (horas extras) y 30% (hora-rio nocturno), por lo que la remuneraciónpor el número de horas que trabajan duran-te el año alcanza 251 jornadas normales queson equivalentes con el año normal de tra-bajo con una jornada de ocho horas por día(260 días).

A continuación se hacen dos ejerciciospara determinar los años de aporte que ne-cesitan las trabajadoras de la castaña parajubilarse en el actual sistema de pensiones.

Para ello es necesario delimitar algunos su-puestos a partir de los cuales se realizan loscálculos:

1. El artículo séptimo de la Ley de Pensio-nes dice que un trabajador se puede ju-bilar cuando haya reunido en su cuentaindividual un capital suficiente que lepermita el pago de una pensión hastasu muerte del 70% del total de su sala-rio promedio percibido durante los úl-timos cinco años de trabajo.

2. Suponemos que el salario en el sectorestudiado no registra mejoras a lo largodel tiempo, es decir, que el salario esconstante. La validez de este supuestoradica en las condiciones propias del tra-bajo del quebrado: en primer lugar por-que lo calculamos en dólares y, en se-gundo lugar, porque se trata de untrabajo por producto (por ello existe unatendencia al abaratamiento del salariodebido a la competencia entre las mis-mas trabajadoras por obtener en el cor-to plazo un salario por encima del pro-medio con un mayor producto).

3. El artículo 13 del Reglamento de la Leyde Pensiones dice que el 70% acumula-do debe ser también igual o mayor al70% del promedio del salario mínimonacional en los últimos cinco años de

Cuadro 2Distribución del salario anual de ocho meses de trabajo de unaquebradora en 12 salarios mensuales

Año Salario anual por 8 meses Salario mensual Salario mínimo nacional

en Bs. en US$ en Bs. en US$ en Bs. en US$

2003* 4.267,20 568,96 355,60 47,41 430 57,33

Elaboración: CEDLANota: * Tipo de cambio al 1º de enero: Bs. 7,50 por dólar de los EE.UU.

118


aporte, de lo contrario el trabajador quehaya alcanzado la edad de jubilación (65años) recibirá una pensión equivalenteal 70% del salario mínimo nacional has-ta que se le acabe el capital acumuladoy no hasta su muerte.

4. El cálculo se realiza sólo para mujeresque, de acuerdo a las tablas de mortali-dad, tienen una expectativa de vidamayor que la de los hombres.

5. El cálculo se hace para una sola personaconsiderando que no tiene derechoha-bientes. Este supuesto tiene la finalidadde simplificar las operaciones y hacermás sencillo el análisis.

Con estas delimitaciones calculamos pri-mero los años que tiene que trabajar una per-sona del sector castañero partiendo de unatasa de rentabilidad del 8,48%5 (Cuadro 3).

El cuadro se divide en dos partes. En laprimera se hace el cálculo con base en el sa-lario mínimo nacional. Obsérvese, por ejem-plo, que una persona que gana el salariomínimo y quiere jubilarse a los 65 años debetener en su cuenta individual un capital deUS$ 10.604,88 para cubrir una pensión de264,26 mesadas que, según las tablas demortalidad que maneja la Superintendenciade Pensiones, son los años que le quedan porvivir a partir de la edad de jubilación. Paraello ha debido trabajar durante 32,48 años,es decir, desde sus 32,51 años.

La primera reflexión que se impone esque las expectativas de vida de los trabaja-dores son muy altas y no corresponden a larealidad de Bolivia. Según la OrganizaciónPanamericana de la Salud, la expectativapromedio de vida de la población boliviana

Cuadro 3Cálculo de años que se necesitan trabajar para obtener la pensiónmensual del 70% del salario base (con una tasa de rentabilidad del8,48%)

Edad Salario Salario Aporte Salario Expecta- Número de Capital Número de Edad en queanual anual de tiva de pensiones necesario años de se debe

jubilación vida según la trabajo* empezar a(en años) expectativa aportar para

de vida jubilarse a(13 por año) cierta edad

Con base en el salario mínimo para el 2003 (en US$)

65 57,33 687,96 68,79 40,13 20,33 264,26 10.604,88 32,48 32,51

50 57,33 687,96 68,79 40,13 32,53 422,86 16.969,83 37,93 12,07

Con base en el salario de una quebradora para el 2003 (en US$)

65 47,41 568,92 56,89 40,13 20,33 264,26 10.604,88 34,67 30,33

50 47,41 568,92 56,89 40,13 32,53 422,86 16.969,83 40,17 9,83

Elaboración: CEDLA* El cálculo de valores de la columna se hizo con base en la fórmula financiera de valor final

5 De acuerdo a la Resolución Administrativa SPVS-IP Nº 723/2002 del 30 de agosto de 2002 (�Fórmulas para el cálculo de pensiones dejubilación en el SSO�), la tasa de rentabilidad histórica promedio que rige para la gestión 2002 es la utilizada para este cálculo.

119

Debate Social

alcanza los 62 años; de acuerdo con el Cen-so 2001, sólo el 4% de la población deRiberalta (ciudad donde se concentran lasplantas de beneficio de la castaña), es ma-yor a los 60 años. Contradictoriamente, lastablas biométricas que son utilizadas actual-mente para calcular el capital necesario parala jubilación, parten de una expectativa devida muy alta para la población boliviana.Por ejemplo, como se observa en el cuadroanterior, una persona que tiene la edad dejubilación (65 años) tiene aún una expectati-va de vida 20 años. Esto revela nuevamenteque las intenciones de la reforma del siste-ma de pensiones no sonotras que favorecer al capi-tal transnacional, en des-medro de la clase de los tra-bajadores.

Siguiendo en la prime-ra parte del cuadro, si unapersona quiere jubilarse amenor edad, por ejemplo alos 50 años, habrá tenidoque trabajar 37,93 años, osea, desde los 12,32 años y contar con uncapital de US$ 16.969,83. Como se puedeapreciar, a menor edad de jubilación aumen-ta el número de años de trabajo y el capitalnecesario para jubilarse, porque las expec-tativas de vida de personas de menor edadson mayores.

Una segunda reflexión que surge delanálisis es que si una persona quiere jubilar-se antes de la edad mínima de jubilaciónhabiendo acumulado el capital necesario (enel ejemplo, a los 50 años), tiene que haberempezado a trabajar y aportar de niño. Estonos lleva a pensar que la posibilidad de ju-bilarse a cualquier edad es un simple enun-ciado de la ley y que, más bien, la reforma

está pensada para que los trabajadores sejubilen a la edad límite de trabajo, esto es, alos 65 años.

Cuando analizamos la segunda parte delcuadro, basada en el salario de una que-bradora, lo primero que llama la atención esque la pensión de jubilación es igual al sala-rio de jubilación del salario mínimo nacio-nal. Si esa pensión fuera el 70% de su salariobase, que es US$ 47,41, su pensión sería deUS$ 33,18, pero, según nuestro tercer supues-to, no es posible jubilarse con un salario in-ferior al 70% del salario mínimo.

Por lo tanto, si la trabajadora no tiene elcapital suficiente para jubi-larse, pero ha alcanzado laedad de jubilación, no pue-de recibir una pensión infe-rior al 70% del salario míni-mo. Le pagarían US$ 40,13hasta que se agote su capi-tal acumulado. Según nues-tro ejemplo, esta trabajado-ra de 65 años tiene unaexpectativa de vida de 20

años, pero su capital acumulado sólo alcan-za para pagarle pensiones durante 15,80años. Ella quedaría, durante el tiempo quele queda por vivir �4,5 años�, sin renta.

Surge otra reflexión del análisis prece-dente. El carácter privado del nuevo siste-ma de pensiones se desnuda si se consideraque el trabajador jubilado que no ha cum-plido con los requisitos para acceder a unapensión pagadera hasta su muerte quedadesprotegido en algún momento de su vida.De esta manera se vulnera el artículo 158 dela constitución. Además, el objetivo princi-pal de la Ley de Pensiones queda en el pa-pel: �asegurar la continuidad y subsistenciadel capital humano�.

Contradictoriamente, lastablas biométricas que son

utilizadas actualmente paracalcular el capital necesariopara la jubilación, parten deuna expectativa de vida muy

alta para la poblaciónboliviana.

120


Cuadro 4Cálculo de años que se necesitan trabajar para obtener la pensiónmensual del 70% del salario base (con una tasa de rentabilidad del 5 %)

Edad Salario Salario Aporte Salario Expecta- Número de Capital Número de Edad en queanual anual de tiva de pensiones necesario años de se debe

jubilación vida de acuerdo trabajo empezar a(en años) a la expecta- aportar para

tiva de vida jubilarse a(13 por año) cierta edad

En base al salario mínimo para el 2003 (en US$)

65 57,33 687,96 68,79 40,13 20,33 264,26 10.604,88 44,36 20,64

50 57,33 687,96 68,79 40,13 32,53 422,86 16.969,83 53,09 -3,09

En base al salario de una quebradora para el 2003 (en US$)

65 47,41 568,92 56,89 40,13 20,33 264,26 10.604,88 47,84 17,16

50 47,41 568,92 56,89 40,13 32,53 422,86 16.969,83 56,72 -6,72

Elaboración: CEDLA

Siguiendo con el análisis, se observaque los trabajadores del sector de la casta-ña, al ganar por debajo del salario míni-mo, tienen que trabajar durante más añospara alcanzar el capital necesario para ob-tener la renta mínima. En el caso de queun trabajador empleado en esta actividadquiera jubilarse a los 65 años deberá tra-bajar 2,19 años más que otro que gana elsalario mínimo.

Aquí la reflexión surge en torno a la pro-pia actividad de las quebradoras de casta-ña: ¿Cómo es posible que en un sector quees publicitado por el Gobierno como cade-na virtuosa de exportación no se distribu-yan los US$ 30 millones provenientes de laexportación, al punto de proporcionarles porlo menos el salario mínimo a los trabajado-res activos en ellas?

Finalmente examinamos el segun-do ejemplo de cálculo de los años que se

necesita trabajar para jubilarse a determina-da edad; para este caso partimos de una tasade rentabilidad del 5%6 (Cuadro 4).

Como el ejemplo anterior, el cuadro sedivide en dos partes, una elaborada a partirdel salario mínimo nacional, y otra a partirdel salario de una quebradora. Por ello, lainterpretación es la misma que para el ejem-plo precedente. La relevancia de este ejerci-cio surge de su comparación con el anterior.Debido a la más baja rentabilidad de estecaso, los años de trabajo para acceder a lajubilación dentro de los mismos tramos deedad es superior, llegándose al caso extre-mo e irreal que si una persona quiere jubi-larse con el salario mínimo a los 50 años,debe trabajar desde algunos años antes dehaber nacido.

La reflexión sobre la baja rentabilidadde los fondos de pensiones y, con ello, laprolongación de la vida activa de los

6 Se utiliza la tasa de rentabilidad de 5%, debido a que el Tesoro bajó la tasa de interés de los bonos a ese nivel.

121

Debate Social

trabajadores para obteneruna renta de jubilación, nosobliga a indagar aspectosestructurales referidos alconjunto de la economíaboliviana que se manifies-tan en el sistema financie-ro. Esto porque la tenden-cia de la rentabilidad de losfondos es a la baja, como seexaminó en la sección queanaliza el riesgo de quiebrade las AFP.

El análisis realizadonos muestra la inviabilidad, no sólo del sis-tema de pensiones, sino del modelo econó-mico en su conjunto para garantizar laconservación del capital humano. Quedaplanteada la necesidad de pensar nueva-mente en un sistema solidario, como un as-pecto que permita luchar a los trabajadorespor mejores condiciones laborales y, como

estrategia, que permita ha-cer frente a la estrategia decompetitividad de los em-presarios basada en el au-mento de la productividadmediante el incremento delnúmero de horas de traba-jo, en la intensidad de éste,y en la disminución de loscostos laborales a través derecursos como la subcon-tratación.

BibliografíaEngels, Federico s.f. (1881), �Los sindicatos�

en Carlos Marx y Federico Engels Acer-ca de los Sindicatos. Cuadernos de For-mación Sindical (S.l., s.d.e.).

Pla Rodríguez, Américo (1987), Ponenciapresentada al I Congreso Latinoame-ricano de Seguridad Social realizadoen el Uruguay.

Debido a la más bajarentabilidad de este caso, losaños de trabajo para accedera la jubilación dentro de losmismos tramos de edad es

superior, llegándose al casoextremo e irreal que si una

persona quiere jubilarse conel salario mínimo a los 50años, debe trabajar desde

algunos años antes de habernacido.

la reforma - inicio · crisisﬂ, que plantea las ideas centrales para la reforma de los sistemas...

Documents