LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 10 al 16 de Marzo 2012 Nº 618

2

INDICE

01. RAJOY DICE AHORA QUE REDUCIR EL DÉFICIT ES "UNA NECESIDAD IMPERIOSA" 02. RAJOY ADMITE QUE EL RECORTE OBLIGADO POR LA UE FRENARÁ EL CRECIMIENTO 03. VARIOS MINISTROS ADMITEN ERRORES EN LA GESTIÓN DEL DÉFICIT CON LA UNIÓN EUROPEA 04. GUINDOS AUGURA QUE EL NUEVO RECORTE NO TENDRÁ “NINGÚN IMPACTO” EN LA ECONOMÍA 05. CASO GÜRTEL: LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE EL 'CASO GÜRTEL' CONTRA BÁRCENAS, MERINO Y GALEOTE 06. CASO GÜRTEL: CONTRATOS DE AENA EN ÉPOCA DE CASCOS REVELAN AMAÑOS A FAVOR DE LA RED GÜRTEL 07. SANTAMARÍA ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO FORZÓ LA RENUNCIA DEL MARIDO DE COSPEDAL 08. EL MARIDO DE COSPEDAL: "RENUNCIO PARA NO CAUSAR PERJUICIO A MI MUJER" 09. FAMILIARES DEL PP EN CARGOS PÚBLICOS 10. TORRES-DULCE DICE AHORA QUE EL 11-M ES “CASO CERRADO” Y EL FALLO,“INCONTESTABLE” 11. RENFE INFORMÓ EN 2007 AL TRIBUNAL DEL DESTINO DE TODOS LOS TRENES DEL 11-M 12. LA DIRECTORA DE LA DGT CUESTIONA LA CIFRA DE MUERTOS EN ACCIDENTES 13. C.A ANDALUCIA: EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EXCONCEJAL DE URBANISMO DE GRANADA 14. C.A ANDALUCÍA: LA CABEZA DE LISTA POR EL PP SE HIZO CON DOS VIVIENDAS PÚBLICAS QUE MANTIENE VACÍAS 15. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL FICHA A UN ‘CONSPIRANOICO’ COMO ASESOR DE SU GOBIERNO 16. C.A GALICIA: UN TESTIGO RATIFICA LA SUPUESTA FALSEDAD DOCUMENTAL DE PORRO 17. C.A GALICIA: EL ALCALDE DE PORTAS BUSCA UN PACTO PARA ELUDIR LA CÁRCEL POR DELITO FISCAL 18. C.A MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE 1.017 MILLONES PENDIENTES DE PAGO A UNAS 1.700 EMPRESAS 19. C.A MADRID: BOTELLA PREFIERE QUE LA IGUALDAD “TARDE MÁS” A “UN CAMBIO FICTICIO" DE CUOTAS 20. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO EMARSA' EMBARGA VIVIENDAS A DOS DE LOS IMPUTADOS

3

21. C. VALENCIANA: ¿BARBERÁ, RESPONSABLE DE EMARSA? 22. C. VALENCIANA: "EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA" 23. C. VALENCIANA: EL PSPV CUESTIONA UN PAGO A EMARSA AVALADO POR COTINO 24. C. VALENCIANA: EL JUEZ ORDENA A CRESPO QUE COMPAREZCA EN EL JUZGADO CADA SEMANA 25. C. VALENCIANA: BARBERÁ Y CRESPO NO COMPARECERÁN EN LAS CORTS POR EMARSA 26. C. VALENCIANA: UNO DE LOS CABECILLAS DE LA RED DE ONG DESVIÓ DINERO DE COOPERACIÓN A SUS FARMACÉUTICAS 27. C. VALENCIANA: EL JUEZ RATIFICA LA APERTURA DE JUICIO A FABRA Y AÑADE A UN NUEVO IMPUTADO 28. C. VALENCIANA: EL JUEZ IMPONE A PRIM UNA FIANZA DE 800.000 EUROS

4

01. RAJOY DICE AHORA QUE REDUCIR EL DÉFICIT ES "UNA NECESIDAD IMPERIOSA" El día en el que Bruselas examina las cuentas de España. Justo, razonable y equitativo". Así será, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el recorte del gasto público que tiene previsto aplicar para reducir el déficit. Rajoy, que ha comparecido en La Moncloa ante los representantes de los proveedores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ha reiterado que la rebaja del déficit "es lisa y llanamente una necesidad imperiosa y una obligación" que su Ejecutivo cumplirá. El presidente se ha expresado en estos términos el mismo día en el que Bruselas pasará revista a las cuentas y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, presentará la revisión del objetivo de déficits. "Lo peor que se puede hacer es no hacer nada", dice En su discurso ha recordado que el nuevo objetivo de déficit del 5,8%, que anunció el pasado 2 de marzo ante la sorpresa de la UE, conllevará, entre otros recortes, una bajada del gasto ministerioal del 12% que se verá reflejada en los Presupuestos Generales del Estado el próximo 30 de marzo. Ante estos nuevos recortes, el presidente ha admitido que "a casi nadie le gusta que el control del gasto le afecte personalmente o a su sector", pero ha insistido en que aplicará justicia y equidad a la rebaja. Rajoy ha insistido en que la situación de España es "difícil" y ha afirmado que "lo peor que se puede hacer es no hacer nada" porque eso "es lo que más daño hace al país". En ese sentido, el jefe del Ejecutivo augura que esta será "la legislatura de las reformas", que afectarán a la Educación, a la Justicia, a la política energética y a los emprendedores www.publico.es 12.03.12 02. RAJOY ADMITE QUE EL RECORTE OBLIGADO POR LA UE FRENARÁ EL CRECIMIENTO Mariano Rajoy hizo este miércoles en el Congreso su relato sobre las circunstancias que han llevado a la imposición de un 5,3% de déficit por parte de la Unión Europea, después de que el Gobierno hubiera aprobado un 5,8% en su cuadro macroeconómico. El presidente sacó pecho de una gestión que, según su versión, corrige los desmanes de su antecesor, pero que terminará por afectar al crecimiento y la creación de empleo. En el debate sobre la última cumbre europea, el presidente del Gobierno explicó que todo empezó mal cuando su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo ante la UE que era posible cumplir con los compromisos adquiridos para que el déficit fuera del 6% en 2011 y del 4,4,% en 2012. Y se complicó aún más cuando terminó 2012 con un déficit desbocado del 8,5%. “Lo más grave es incumplir y llevar al ánimo de la UE que íbamos a llegar al 6%”, explicó enfático Rajoy. Añadió que el anterior Ejecutivo hizo perder credibilidad a España ante la UE porque mantuvo previsiones como la del 2,3% de crecimiento que acabó en un retroceso del 1,7% y, especialmente, por el incumplimiento del objetivo del déficit. No le sirve que la mayor parte de esa desviación se haya producido en las comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, porque, según dijo, el jefe del Ejecutivo es responsable también de esas cuentas. “Como presidente yo soy responsable del déficit del Gobierno, del de las comunidades autónomas, del de los Ayuntamientos y del de la Seguridad Social. No eludiré mi responsabilidad”, aseguró. El Eurogrupo ‘condena’ a España a un ajuste de 5.000 millones más El PP aprueba en solitario el techo de gasto que se queda en papel mojado Varios ministros admiten errores en la gestión del déficit con la Unión Europea El Gobierno exime a las comunidades del nuevo recorte obligado por la UE Charla en la bancada azul Posteriormente, y siempre según su relato, su Gobierno tuvo que negociar con la UE con el lastre de esa falta de credibilidad de España: “El

5

incumplimiento nos ha hecho mucho daño, ha sido un gran baldón en nuestra credibilidad y nos ha obligado a dar muchas explicaciones”. En esa situación, Rajoy explicó que el Gobierno y la UE llegaron a la conclusión de que era imposible mantener la previsión del 4,4% de déficit para este año y hubo que buscar una salida. Según dijo, “no es fácil lograr que modifiquen su criterio” y el Gobierno propuso un 5,8%, de forma que la reducción se difiriera en 2012 y en 2013. “Se ha reconocido la solidez de nuestros argumentos”, aseguró, antes de añadir que, finalmente, cuando creían que había un acuerdo, la UE dejó la cifra en el 5,3%, es decir, 0,5 puntos menos de lo previsto por el Gobierno. Unos 5.000 millones de euros de recorte adicional. Lo que no explicó Rajoy es la razón por la que su Gobierno dio por hecho el acuerdo sobre el 5,8%, lo que le llevó a aprobar un decreto con un cuadro macroeconómico que se vota estos días en las Cortes y que ha quedado en papel mojado e inservible. Sí se jactó de que Bruselas haya aceptado flexibilizar del 4,4% al 5,3% como consecuencia de la fiabilidad que ha transmitido con sus reformas, como la del mercado laboral sobre la que, por cierto, pasó de puntillas aunque haya provocado una huelga general. De esta forma, Rajoy vendió este miércoles las posiciones de Bruselas como un respaldo a su política, hasta las que suponen una rectificación de lo que aprueba su Consejo de Ministros. Y, aunque la cifra final de déficit suponga una corrección sobre la propuesta que él acababa de aprobar, aseguró que el objetivo final es “razonable y asequible”. Habló de “plena coincidencia entre la agenda europea y la española”, al destacar que ambas marcan como guías “la disciplina fiscal y las reformas estructurales”. Según el presidente, “es una agenda difícil pero ineludible”. No obstante, reconoció que el recorte al que está obligado en los Presupuestos y la prohibición de la UE para trasladar una parte al próximo año supone frenar la recuperación económica en el corto plazo, es decir, en 2012. Un día antes, Luis de Guindos aseguró que el recorte no tendrá impacto. No obstante, el propio ministro cifró hace una semana en un 40% el tajo de la inversión, sin conocer aún el recorte adicional. “Son las ganancias en credibilidad derivadas de la consolidación fiscal las que producirán la vuelta al crecimiento y a la creación de empleo. Estas ganancias de credibilidad permitirán una mejora del acceso a la financiación, una reducción de los diferenciales y la vuelta de la confianza a los agentes económicos, elementos todos ellos imprescindibles para crecer. Por eso, la corrección de la situación de nuestras cuentas públicas es condición necesaria para superar la crisis, aunque, en el corto plazo tenga un coste en términos de crecimiento”, dijo Rajoy. El presidente mantuvo el secreto sobre la forma en la que se propone llegar al 5,3% de déficit. Solo, ante la insistencia de Rosa Díez (UPyD), reiteró su plan para racionalizar la Administración y reducir duplicidades con otras Administraciones, pero se negó a responder a las reiteradas preguntas sobre los impuestos que subirá. El presidente pretende mantener el silencio hasta el 30 de marzo, cuando presente los Presupuestos, justo después de la huelga general y, sobre todo, días después de las elecciones andaluzas y asturianas. Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), Josep Antoni Duran (CiU) y Joan Coscubiela (ICV) insistieron en saber qué impuestos subirá. “¿A qué viene esta presión para los Presupuestos?”, se preguntó para no contestar, en el tono displicente que mantuvo durante toda la mañana en el pleno. www.elpais.es 14.03.12 03. VARIOS MINISTROS ADMITEN ERRORES EN LA GESTIÓN DEL DÉFICIT CON LA UNIÓN EUROPEA Fuentes gubernamentales admiten que se vendió un acuerdo sin cerrarlo El Gobierno asume el correctivo de Bruselas pero trata de minimizarlo La capacidad innata de la política para transformar las derrotas en victorias es bien conocida. Pero la velocidad a la que el Ejecutivo trató de convertir ayer en un éxito lo que era un correctivo superó cualquier límite. En público, ministros y portavoces del PP siguieron la línea: el 5,3% logrado es mucho más que el 4,4% del que se partía. Sin embargo, en privado las sensaciones eran bien distintas. Varios miembros del Gobierno consultados admitían que se puso el listón muy alto y sobre todo que se vendió como algo ya logrado cuando estaba lejos de estar cerrado.

6

Estos y otros miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP se hacían la misma pregunta que recorría ayer los pasillos del Congreso: ¿Estaba todo pactado de antemano y se ha hecho una escenificación para que tanto la Comisión como el Gobierno español cedan una parte? La respuesta muy mayoritaria era clara: no, no había pacto cerrado. Nunca lo hubo. Rajoy se movió siempre para el objetivo de déficit entre un mínimo del 5,3% y un máximo del 5,9%, explican diversas fuentes. Y optó por ir a la franja más alta sin tener la garantía de que se lo iban a conceder. Pensó que había agua en la piscina, sobre todo después de reunirse con Angela Merkel en Berlín y ver que había buena disposición con España si a cambio hacía, como hizo, reformas duras como la laboral. La bajada de sueldo de funcionarios y el IVA, batallas internas ahora del Ejecutivo El presidente se mostró ufano en la rueda de prensa en Bruselas: “Es una decisión soberana de España, no se lo he contado a nadie, no tenía por qué”. Fue muy destacada esa salida, poco habitual en él, que parecía buscar una imagen de independencia frente a Bruselas. Pero lo que pasó ayer, cuando el Gobierno español aceptó en unas horas, sin negociación, un recorte añadido de 5.000 millones, desactiva esa imagen. Tal vez consciente de que había sido demasiado altivo en Bruselas, el lunes pasado, después de un fin de semana de portadas con el supuesto plante ante la Comisión, convocó otra rueda de prensa en la que dijo: “Ni pacto ni dejo de pactar. Hago lo que me parece razonable y luego seremos evaluados. En abril presentaremos nuestro programa (el 5,8%), en mayo habrá una negociación y en junio decidirá el Consejo Europeo”. Montoro: El Gobierno central asume los 5.000 millones de recorte adicional El PP aprueba en solitario el techo de gasto que se queda en papel mojado Guindos niega que el nuevo recorte vaya a tener impacto en la economía Ni abril, ni mayo ni junio. Solo una semana después de estas palabras, España ya ha aceptado una rebaja de 5.000 millones. El Ejecutivo se puso ayer a vender el 5,3% como una cifra muy buena, cuando el presidente había dicho la semana pasada que el 5,8% “es de puro sentido común”. Las fuentes gubernamentales consultadas admiten que se está haciendo de la necesidad virtud. Solo algunos, los menos, apuntan sin seguridad que en el fondo sí estaba encima de la mesa la posibilidad de la rebaja y por eso se fue muy alto. “Es cierto que tal vez fuimos demasiado lejos con el 5,8%, y que Bruselas ha querido dejar claro que España no puede tomar decisiones unilaterales, pero si hubiéramos planteado de entrada un 5,3%, ¿habríamos logrado esa cifra o nos la habrían rebajado?”, señalaba uno. Rajoy defendió el 5,8% como de “puro sentido común” y un acto de soberanía Los que insistían en que nada estaba pactado señalaban que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que cambiar a toda velocidad, la noche del lunes, su discurso sobre el techo de gasto y hacer cálculos para ver si era posible ese recorte añadido. Una vez hechos los números, se dio a Bruselas el sí definitivo. Pero el debate interno en el Ejecutivo no ha hecho más que empezar. En 2012 hay que recortar ahora 35.000 millones. ¿Cómo? Montoro está dando hasta el último día la batalla, que cree ganada, de no subir el IVA, algo que sería difícil de explicar para Rajoy después de la campaña que hizo en contra del Gobierno del PSOE. El otro gran debate es una nueva bajada de sueldos a funcionarios. Está encima de la mesa pero también muchos ministros, los más políticos, se oponen porque calentaría mucho el ambiente en la calle. Quedan subidas de impuestos de todo tipo, al margen del IVA, el de sociedades incluido. O inventarse alguno nuevo, como han hecho otros países. Todo está encima de la mesa. La solución, el día 30, después de las andaluzas. www.elpais.es 14.03.12

7

04. GUINDOS AUGURA QUE EL NUEVO RECORTE NO TENDRÁ “NINGÚN IMPACTO” EN LA ECONOMÍA Guindos asegura que el recorte adicional impuesto por Bruselas no supondrá más paro El Estado asumirá el ajuste extra para llegar del 5,8% anunciado por Rajoy al 5,3% “Ningún impacto”. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido hoy tajante sobre las consecuencias de la rebaja del déficit que finalmente ha impuesto Bruselas como respuesta al desafío lanzado por Mariano Rajoy hace solo 10 días. España pretendía incumplir lo pactado y dejar el déficit en el 5,8% del PIB este año, para recortar así 30.000 millones de euros. Finalmente, habrá manga ancha, pero menos de lo que pretendía el Ejecutivo: Bruselas obliga a asumir un tijeretazo de algo más de 35.000 millones, con un déficit del 5,3%. Esos 5.000 millones adicionales (que podrían ser hasta 7.000 en función de la profundidad de la recesión) “no tendrán ningún impacto significativo” ni sobre el paro ni sobre la actividad económica, según las tesis de Guindos, porque “el cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno es extremadamente cauto”. “Hay margen”, sostuvo ante los periodistas en Bruselas. Pero algo falla: cuando presentó el cuadro macroeconómico –es decir, los pronósticos de PIB, paro, inflación y déficit--, Guindos puso el énfasis en que Economía había optado por unas previsiones “realistas”. Esas previsiones mantienen, intocables pese a que hay que aplicar un recorte adicional. La magia de las cifras: esos más de 5.000 millones equivalen, por ejemplo, a lo que recaudará el Ejecutivo por la subida del impuesto sobre la renta y la mayor tributación sobre el ahorro que activó Rajoy al llegar a La Moncloa. Esa subida de impuestos ya aplicada deja menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y a la postre menos consumo: la caída de la demanda interna es el principal lastre de una economía española que camina hacia una recesión profunda y que ya supera con creces los cinco millones de parados, cifras sin comparación en toda la zona euro. El Gobierno descartó durante el día una subida del IVA "este año", pero no dijo nada de 2013. Pese a que Rajoy ha descartado nuevas subidas de impuestos, fuentes de su equipo económico explican que en este momento no se puede descartar nada. Los expertos, desde los acérrimos seguidores de Keynes hasta los economistas del ortodoxo Fondo Monetario Internacional, apuntan que a la corta los recortes suponen siempre más paro y peores perspectivas económicas. Y, al cabo, esa era una de las razones del Gobierno para pedir clemencia con el déficit. Apenas unos días después de lanzar ese órdago a la Comisión aludiendo a la “soberanía nacional” y al peligro de pasarse de frenada con los recortes, la aceptación de ese 5,3% supone admitir que esa soberanía nacional, en materia de política económica, es hoy más limitada que nunca. Aun así, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, vendió esa flexibilización como una victoria. Guindos fue algo más comedido, pero aseguró que Bruselas “ha aceptado de forma notable los argumentos del Gobierno”. Fuera de los focos, tanto el Ejecutivo como la Comisión ven la solución final como un mal menor. Tanto Bruselas como Madrid salvan la cara. Rajoy obtiene parte de la flexibilización que quería. Y la Comisión impone algo de mano dura ante el riesgo de que el órdago de España limitara la credibilidad de una política europea que sigue obsesionada con la austeridad a rajatabla para acabar con la crisis del euro. Queda camino por delante: el debate sobre la necesidad de flexibilizar el déficit ha empezado ya en algunos países para aprovechar la fisura en las metas de déficit que ha abierto España. Los socialistas holandeses reclamaron este lunes a su Gobierno que abra una negociación con Bruselas para conseguir algo parecido. Justo al otro lado del tablero ideológico, Austria, Polonia, Suecia y Lituania bramaron en el Ecofin contra la laxitud fiscal de Bruselas. La Comisión, que sigue en una situación incómoda, aseguró que “no dudará” en sancionar a España en mayo si el Gobierno no hace todo lo necesario, explicó el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Los países pequeños se le echan encima: consideran que Bruselas es permisivo con los grandes (ahora lo ha sido con España, como lo fue con Alemania y Francia en 2003) y en cambio es despiadada con ellos: a finales del año pasado Bruselas lanzó un

8

ultimátum a Bélgica y hoy aprobó congelar ayudas europeas por importe de 495 millones a Hungría por el procedimiento de déficit excesivo. Hungría cerró oficialmente el año pasado con un déficit del 3,6% del PIB, si bien Bruselas considera que la cifra real es del 6%. España se fue hasta el 8,5% www.elpais.es 13.03.12 05. CASO GÜRTEL: LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE EL 'CASO GÜRTEL' CONTRA BÁRCENAS, MERINO Y GALEOTE Anulado el auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Madrid sobre los tres dirigentes populares La Audiencia Nacional ha reabierto el caso Gürtel contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas; el senador Jesús Merino y el exeurodiputado y exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. El tribunal ha anulado el auto del Tribunal de Justicia de Madrid del pasado 1 de septiembre, que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los citados. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, que por lo tanto retoman su condición de imputados, y argumenta que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable". El tribunal ha aceptado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de retirar la imputación contra los tres dirigentes del PP. Esta decisión fue adoptada el pasado 1 de septiembre, al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar la existencia de un delito. El auto de la Sección Cuarta establece que cuando el juez Pedreira decretó el archivo carecía de "competencia objetiva" puesto que el TSJM ya hacía decidido la inhibición de la causa, que recayó finalmente en la Audiencia Nacional. Esta decisión, añade, "no era ni urgente ni inaplazable". Y entiende que no era ni urgente ni inaplazable puesto que el auto de Pedreira se dictó el 1 de septiembre de 2011, dos meses después de que el TSJM se inhibiera en el caso Gürtel en favor de la Audiencia Nacional. Entiende por tanto el tribunal que el instructor carecía de competencia objetiva para dictar en ese momento ambos sobreseimientos. El auto del tribunal de Madrid fue recurrido por la fiscalía, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y Ángel Luna, este último en representación de los socialistas valencianos. La apelación de estos, a su vez, fue contrarrecurrida por los imputados y por el Partido Popular. El pasado 23 de febrero la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso en su día al archivo de la causa, envió un informe policial que aporta nuevas pruebas que vinculan al exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas con la trama corrupta. Se trata de unos apuntes hallados en registros “que atribuyen a ‘Rustfield LB’ la misma inversión que en un documento manuscrito por el imputado Luis del Miguel”. Alude a una inversión inmobiliaria en Majadahonda (Madrid) en la que Bárcenas, según el informe policial, participó a través de su esposa con 150.000 euros mediante un préstamo participativo. El dinero fue canalizado a través de la sociedad Rustfield Jones. El documento es un reconocimiento de deuda de Rustfield Jones a favor de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, quien también llegó a estar imputada. Otro de lo documentos incriminatorios que la policía entiende abundan en la vinculación de Bárcenas con la red fue descubierto en una nave de Alcorcón (Madrid). E incluye “servicios pagados en el año 2000 por el Partido Popular a Special Even [una de las empresas de la red], en el que, a mano, se refleja ‘entregado a L.B. recibo extracontable’”. La fiscalía infiere de estos nuevos documentos, y de lo que ya consta en la causa, que “Luis Bárcenas Gutiérrez aparece

9

como uno de los principales contactos entre el Partido Popular y la sociedad Special Event en la fecha de los servicios a que se refiere la factura”. www.elpais.e es 15.03.12 06. CASO GÜRTEL: CONTRATOS DE AENA EN ÉPOCA DE CASCOS REVELAN AMAÑOS A FAVOR DE LA RED GÜRTEL El juez Ruz recibe 18 contratos de la red con el ministerio Suman "cantidades elevadas por servicios mínimos", según fuentes de la investigación La documentación enviada por Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, al juez Pablo Ruz acredita un supuesto amaño de contratos de este organismo en favor de la red Gürtel. Uno de los contratos supuestamente amañados es el referido a la “asistencia técnica y participación de Aena en Fitur 2002”, por el que este organismo pagó casi 400.000 euros a la trama que dirigía Francisco Correa. La Audiencia Nacional reabre el 'caso Gürtel' contra el extesorero del PP Un nuevo informe policial implica al extesorero del PP en el blanqueo Gürtel llega a la Audiencia Nacional con cajas de documentos sin analizar AENA ha enviado al juez 18 expedientes sobre contratas otorgadas a empresas de la red que suman dos millones de euros y correspondientes al periodo que va desde el 5 de septiembre de 2000 al 24 de mayo de 2004, prácticamente todo el tiempo que estuvo al frente de Fomento el actual presidente asturiano Francisco Álvarez Cascos. El jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, presumió en su primera declaración ante el juez Baltasar Garzón que Cascos le había dado contratos de AENA. El juez Ruz ha ordenado ahora a inspectores de Hacienda que emitan un informe sobre esos contratos y las personas que intervinieron en los mismos. La documentación revela cómo Ángel López de la Mota, imputado en Gürtel y responsable de comunicación de AENA, envió un escrito a la jefa de división de contratación en la que le insta a iniciar el expediente de Fitur en la modalidad de contratación directa. El escrito tiene fecha 18 de septiembre de 2001. Y era con motivo de montar un pabellón de AENA en la feria Fitur 2002. La jefa de contratación respondió a López de la Mota con otro escrito en el que le indica que, legalmente, la contratación directa requiere “de una memoria justificativa” que permita eludir el concurso. La justificación que dio De la Mota fue que la presencia de Aena en Fitur se remontaba 1996 y que en 2002 pretendía hacer “un proyecto global que aglutina todos los elementos y servicios técnicos” y no solo el diseño, montaje y desmontaje” para así “potenciar la imagen de Aena”. Argumentó que, “dadas las especialidades técnicas mencionadas [en realidad no mencionaba ninguna] y ante la imposibilidad de hacerlo en plazo, se hace imposible promover el concurso”. AENA seleccionó a cuatro empresas, de las que dos eran propiedad de la red Gürtel. Además de indicar el tipo de contratación, López de la Mota se reservó para él mismo la valoración y puntuación de las empresas invitadas. Se decantó por las de Gürtel. Un informe policial sobre estos expedientes cifra en 60.214 euros los pagos en especie que supuestamente habría recibido López de la Mota de la red. También recibió pagos en especie que incluyeron un viaje a Eurodisney y hasta la reforma del ático de su casa. En el sumario de Gürtel figuraba una conversación de Correa con un exconcejal del PP en el sentido de que él había pagado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) al extesorero del PP Luis Bárcenas por adjudicaciones de Fomento de la época de Cascos. www.elpais.es 16.03.12 07. SANTAMARÍA ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO FORZÓ LA RENUNCIA DEL MARIDO DE COSPEDAL Subraya la "capacidad" de Folgado, que propuso el nombramiento en Red Eléctrica El Gobierno niega haber forzado la renuncia del marido de Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a ser nombrado consejero independiente de Red Eléctrica de España. Así lo ha

10

asegurado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha subrayado que "el Gobierno no va a valorar los nombramientos de consejeros independientes ni en las decisiones posteriores" de renuncia. Algunas fuentes destacan, en cambio, que el malestar del Ejecutivo por ese nombramiento llegó incluso a Mariano Rajoy. Santamaría ha asegurado que el único criterio válido a la hora de realizar nombramientos en Consejos de Administración es "la capacidad" y, en este sentido, ha salido en defensa del presidente de Red Eléctrica, José Folgado, que fue quien propuso a López del Hierro su incorporación, así como la de Alberto Nadal, hermano del jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, que también presentó su renuncia En opinión de la número dos del Gobierno, Folgado cumple los requisitos de "mérito y capacidad" para ocupar ese cargo, ya que con José María Aznar fue secretario de Estado de Energía y, por tanto, dijo, conoce bien el sector. La vicepresidenta también se desligó del sueldo que hubiera cobrado el marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha si hubiera asumido el cargo, dado que "los sueldos los determinan las juntas de accionistas". En el caso de Red Eléctrica, fuentes de la compañía han confirmado que esa retribución hubiera oscilado entre los 130.000 y 180.000 brutos al año. El esposo de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, economista y consejero de Itínere y Amper, presentó su renuncia horas después de que la compañía publicara las propuestas de nombramientos de seis nuevos consejeros independientes para someterlos a la junta de accionistas del 19 de abril. López del Hierro aseguró en un comunicado que rechazó el cargo para no "causar perjuicio alguno ni a la compañía, ni a la labor institucional y política que desempeña con tanto esfuerzo y sacrificio" su esposa. El hermano de la secretaria general del PP, Ricardo de Cospedal, sustituirá a la exministra Rosa Conde al frente de la Fundación Carolina tras el visto bueno del patronato, que s e reúne a finales de mes, confirmaron fuentes de la entidad mixta dedicada a la promoción de las relaciones culturales entre España y América Latina. Su salario será similar al de un secretario de Estado, que ronda los 70.000 euros. www.elpais.es 16.03.12 08. EL MARIDO DE COSPEDAL: "RENUNCIO PARA NO CAUSAR PERJUICIO A MI MUJER" Red Eléctrica de España quería incorporar a su Consejo de Administración a López del Hierro Alberto Nadal, hermano del jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, también rechaza el cargo Comunicado de López de Hierro Comunicado de Alberto Nadal: Era "un candidato idoneo" El marido de Dolores de Cospedal, Ignacio López de Hierro, ha renunciado al cargo de consejero de Administración de Red Eléctrica de España (REE), que le había propuesto la compañía, para no perjudicar la carrera de la número dos del PP. "No quiero causar perjuicio alguno ni a la compañía, ni a la labor institucional y política que desempeña con tanto esfuerzo y sacrificio mi mujer", ha señalado a última hora del jueves en un comunicado el también consejero de Renta Corporación, Amper e Itínere. Entre los consejeros propuestos se encontraba también el director adjunto a la Secretaría General y vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, Alberto Nadal, hermano de Álvaro, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa. Sin embargo, también ha anunciado su renuncia al cargo para "no empañar su trayectoria profesional o perjudicar a la empresa".

11

La compañía que preside José Folgado renovará su Consejo con el nombramiento de Alfredo Parra (secretario del Consejo de la SEPI); Francisco Ruiz Jiménez (director general de la SEPI); Guillermo Kessler (director general del grupo RACE); Juan Iranzo (catedrático de la UNED y decano del colegio de Economistas de Madrid). Fuentes de la Fundación Carolina, entidad mixta dedicada a la promoción de las relaciones culturales entre España y América Latina, confirmaron por otro lado que un hermano de Cospedal será su nuevo director. Ricardo de Cospedal, experto en cooperación, sustituirá a la exministra Rosa Conde. Su salario será similar al de un secretario de Estado, que ronda los 70.000 euros. www.elpais.es 15.03.12 09. FAMILIARES DEL PP EN CARGOS PÚBLICOS Cuñados, hermanos, hijos y cónyuges de dirigentes populares ocupan puestos en Administraciones y empresas públicas o mixtas A Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, le propusieron ayer entrar en el Consejo de Administración de Red Eléctrica, empresa participada por el Estado. Saltó la polémica y él rechazó el cargo, con el argumento de que lo hacía para no perjudicar ni a la empresa ni a su mujer. Otros familiares de altos dirigentes del partido sí han accedido a ocupar los puestos que les han ofrecido en Administraciones y empresas públicas o mixtas. Junto a López del Hierro, Red Eléctrica propuso como consejero a Alberto Nadal, quien también rechazó la propuesta. Es hermano de Álvaro, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa. El hermano de la propia Cospedal, Ricardo, sí ha aceptado, en su caso, dirigir la Fundación Carolina, una entidad mixta dedicada a la promoción de las relaciones culturales entre España y América Latina. Experto en cooperación, sustituirá a la exministra socialista Rosa Conde, según confirmaron fuentes de la fundación. Bajo la frase "Parece que el PP se ocupa del empleo... de sus familiares", el PSOE ha elaborado una lista en la que se incluyen estos nombres y otros más. También mencionan a José Ramón Bujanda, cuñado del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Bujanda ha sido puesto al frente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria. Igualmente hay descendientes de políticos importantes del PP en diferentes ministerios. Álvaro Ramírez de Haro, hijo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido designado asesor del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. María Zaplana, hija del exministro Eduardo Zaplana, trabaja como asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo. Tal y como pone en su cuenta de Linkedin, lleva en el puesto desde enero. Los socialistas también se refieren al nuevo presidente de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve), Marcelino Oreja Arburúa, hijo del exministro de UCD y parlamentario del PP, Marcelino Oreja. El hijo del expresidente Calvo Sotelo, Víctor Calvo Sotelo, es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Y una sobrina de Manuel Fraga, Elisa Robles Fraga, ha sido nombrada directora general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. El PSOE afirma que los casos relacionados han aparecido publicados en los últimos días en los medios de comunicación y se pregunta si se conocerán más en los próximos días. Completan la lista con Ángeles Alarcó, exmujer del exministro Rodrigo Rato y ahora presidenta de Paradores. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tenido que responder hoy sobre los criterios que el Ejecutivo sigue en materia de nombramientos. "Mérito y capacidad. El Gobierno nombra a los mejores para cada puesto", ha contestado. En la rueda de prensa posterior al

12

Consejo de Ministros, Santamaría ha defendido la designación por ejemplo del presidente de Red Eléctrica: "[José Folgado] fue secretario de Estado de esto. De energía sabe. Ha demostrado amplios conocimientos en el sector". www.elpais.es 16.03.12 10. TORRES-DULCE DICE AHORA QUE EL 11-M ES “CASO CERRADO” Y EL FALLO,“INCONTESTABLE” El fiscal general asegura que Pilar Manjón "tiene las puertas de su despacho abiertas" El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado esta mañana que la sentencia del 11-M “es incontestable”. Así lo ha indicado a la entrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para asistir a la presentación del libro Economía de la Administración de Justicia. Preguntado por los periodistas, el fiscal general ha señalado, respecto a los atentados de los trenes de Atocha, que “hay una verdad jurídica” que es la sentencia. Ha matizado que él no ha ordenado la reapertura del sumario del 11-M, sino que simplemente se ha limitado a poner de manifiesto que se mire si los restos de uno de los vagones aparecidos ya habían sido analizados y valorados por los tribunales. También ha añadido que en ningún momento ha indicado que se esté investigando un delito en relación con los restos descubiertos sobre uno de los vagones que estallaron en el atentado del 11-M. Respecto a las declaraciones de Pilar Manjón, presidenta de una de las asociaciones de afectados del 11-M, que pidió a los “conspiranoicos" que dejen en paz a los muertos, el fiscal general ha expresado hoy su “máximo respeto” ante sus declaraciones y comentó que su despacho está abierto para cuando ella quiera entrevistarse con él y hablar sobre este tema. La insistencia de algunos medios en la teoría de la conspiración ha llevado a las víctimas de los peores atentados cometidos en España a acudir en el octavo aniversario de los ataques divididas. Tras recordar al fiscal general que el caso está juzgado y que hay tres sentencias que así lo confirman, Manjón sostuvo que la decisión emana de "la conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas". En el parque del Retiro de Madrid, Ángeles Pedraza afirmó que "el 11-M es un caso abierto y ahora más que nunca", al tiempo que ha pedido a todos los que tienen responsabilidades públicas que actúen "con decisión y valentía" para lograr el esclarecimiento total del peor atentado de la historia de España. La Fiscalía de Madrid ordenó a la Guardia Civil el precinto y custodia de los restos ferroviarios hallados en un almacén del distrito de Villaverde, en Madrid, que podrían corresponder con parte de los trenes que sufrieron los atentados del 11-M y si su hallazgo pudiera suponer "un delito de obstrucción a la Administración de Justicia". La orden fue dada por el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban, una semana después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hiciera público que había ordenado investigar la aparición de estos restos, cuyo hallazgo fue conocido por informaciones periodísticas. Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el precinto era consecuencia directa de la comunicación realizada por Torres-Dulce a la Fiscalía Provincial de Madrid y descartaron que, por el momento, se hubieran adoptado otras medidas como la recogida de muestras. Durante un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo, Torres-Dulce manifestó que si el hallazgo de los restos se estuviera investigando en un proceso el Ministerio Público archivaría sus diligencias de investigación y actuaría en la causa que ya estuviera abierta. "De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización", explicó. El fiscal se mete en un jardín

13

La declaración del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que ha subrayado que el 11-M es un caso cerrado, a pesar de que ha ordenado investigar un tren hallado donde siempre se dijo que estaba, merece una lectura atenta. Lo alambicado de sus palabras tiene todas las trazas de lo que coloquialmente se denomina meterse en un jardín para salir de otro. Esta es la transcripción: "El sumario del 11-M declaró unos hechos probados y esos hechos probados son incontestables; por tanto, ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11-M. Otra cosa es que se produzca algún tipo de denuncia que merece ser investigada, [lo] que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y, si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlo; no hay absolutamente nada más. No se trata en modo alguno de reabrir el sumario del 11-M sino de investigar unas afirmaciones inscritas en una denuncia concretamente; no puedo pronunciarme sobre si el hecho es constitutivo de delito. Siempre que se abren unas diligencias de investigación se abren ante la posibilidad de la concurrencia de ese o de otros delitos. Es un poco una apertura ‘in genere’, un poco en términos generales, por tanto no podemos hablar ni siquiera de prescripción ni siquiera de calificación delictiva, sino simplemente de un proceso de preinvestigación para confirmar la existencia o no de esos restos ferroviarios y ver la significación que tienen, post, [en] el proceso concretamente en relación, pero en modo alguno eso supone reabrir, insisto, algo que para el fiscal general del Estado y para cualquier autoridad significa que los hechos están ya probados en superior instancia". www.elpais.es 12.03.12 11. RENFE INFORMÓ EN 2007 AL TRIBUNAL DEL DESTINO DE TODOS LOS TRENES DEL 11-M El fiscal general investiga ahora extremos que ya resolvió la sentencia Fuentes de la Audiencia Nacional considera la investigación “un brindis al sol” El director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, informó el 30 de julio de 2007 al tribunal encargado de juzgar el caso del 11-M del proceso de desguace y destrucción de los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones del 11 de marzo de 2004. Rodríguez Simons adjuntaba un cuadro elaborado el 9 de septiembre de 2004 por la Dirección General de Cercanías y Media Distancia de Renfe en el que se pormenorizaba el destino de cada una de las unidades y sus vagones correspondientes, es decir, los que habían sido reparados y puestos de nuevo en circulación y los que habían sido desguazados. En ese informe, que figura encabezando este artículo, se puede apreciar que el valor neto, a 31 de diciembre de 2003, de los vehículos desguazados, se elevaba a 3.782.343,28 euros. ampliar foto Igualmente puede apreciarse que en aquella fecha ya se sabía que de los trenes considerados irrecuperables por Renfe, únicamente el vagón numerado como CR011, correspondiente al tren 446-011, no había sido desguazado y figuraba como “sobrante” en el Taller Central de Reparación (TCR), de Villaverde Bajo, a disposición del Mantenimiento Integral de Trenes (MIT), es decir, el equipo de reparaciones de la propia compañía ferroviaria. Como también se aprecia en el cuadro, solo uno de los vagones en los que estallaron las bombas fue reparado. Precisamente fue el CM 190, el que hizo explosión en la estación de Santa Eugenia, que en el cuadro figura como “reparación de mayor cuantía”. El equipo del MIT sustituyó las partes afectadas por otras nuevas y los restos quedaron como chatarra, lo mismo que los vagones que fueron desguazados. La información fue remitida por Renfe a la Audiencia Nacional, porque el presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, había reclamado a la propietaria de los convoyes que, con motivo de la celebración del juicio, remitiera por escrito la información sobre el destino de los trenes. El informe remitido por Rodríguez Simons tiene sello

14

de salida de Renfe el 30 de julio de 2007 y de entrada en la Audiencia Nacional el 3 de agosto de ese año. El dictamen fue incorporado al tomo número 33 del rollo de Sala del 11-M, con el folio 11.317. Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que en todo momento se ha sabido el destino de los trenes y que el supuesto descubrimiento de unos restos de los vagones no es tal, porque ya se sabía donde estaban y, en cualquier caso, no puede tener ninguna eficacia jurídica. Fuentes fiscales recordaban con ironía el ruido que montaron los que insistían en que ETA estaba detrás de los atentados con la cadena de custodia de la llamada mochila de Vallecas. Y eso que una serie de policías perfectamente identificados habían trasladado las bolsas en las que se habían guardado los objetos encontrados en la estación de El Pozo para ser inventariados posteriormente. ¿Qué cadena de custodia habría en unos restos que llevan años en un almacén sin que ninguna autoridad tuviera dominio sobre ellos?, se preguntan. Por otro lado, fuentes de la Audiencia Nacional critican la “falta de finezza” del fiscal general del Estado al haber presumido que sus diligencias informativas se habrían incoado sobre la base de un delito de obstrucción a la justicia. Estas fuentes consideran que Eduardo Torres-Dulce es un fino jurista que no ha podido pasar por alto que el delito de obstrucción a la justicia tiene un plazo de prescripción de cinco años y, en caso de que se hubiera producido, que no es el caso, el plazo se hubiera rebasado con creces. Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11-M ya tuvo en cuenta la destrucción de los trenes. Recordó que el fiscal ya había destacado que “los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación”. A pesar de ello, destacaba la sentencia, “puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción, que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación. Pero lo cierto es que en el momento del juicio oral era materialmente imposible la práctica de la prueba, lo que justifica que el tribunal acordara la continuación del juicio y prescindiera de ella”. La decisión de Torres-Dulce de abrir una investigación ha sido muy criticada porque solo sirve para alentar a los conspiranoicos y se ha producido después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivase la causa que la juez Coro Cillán tenía abierta sobre supuestas destrucciones de pruebas de los focos de las explosiones del 11-M por parte del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. www.elpais.es 10.03.12 12. LA DIRECTORA DE LA DGT CUESTIONA LA CIFRA DE MUERTOS EN ACCIDENTES María Seguí dice que puede haber "sorpresas" cuando se computen todos los fallecidos Su antecesor lamenta la "falta de consideración" con los trabajadores que certifican los datos El derrape de la directora de Tráfico La nueva directora general de la DGT, María Seguí, ha cuestionado hoy uno de los pocos asuntos en los que parecía que existía unanimidad a la hora de considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había tenido éxito: la reducción del número de muertos en accidentes de tráfico. Seguí ha dicho que el indicador de siniestros utilizado habitualmente refleja solo una "fracción del problema" y que puede haber "sorpresas" cuando se haga un cómputo real de los fallecidos a 30 días en carretera y zona urbana. Su antecesor ha lamentado estas declaraciones. “Poner en duda los datos de muertos por accidente de tráfico es una falta de consideración con todos los funcionarios que recogen, comprueban y certifican los datos de la siniestralidad”, ha asegurado Pere Navarro. En la presentación de un estudio sobre el tratamiento de la seguridad vial en los medios de comunicación, Seguí ha explicado que la cifra total de fallecidos en accidentes que la DGT

15

publica hasta ahora en sus anuarios es una mera "estimación" realizada a partir de los datos reales de víctimas en las primeras 24 horas tras el accidente. A falta de cifras reales, recopiladas en hospitales o mediante un seguimiento de los heridos, Tráfico calcula el número de fallecidos a 30 días mediante un coeficiente corrector que arroja una estimación. Seguí asegura que ofrecer unas estadísticas reales de siniestralidad, equivalentes a las del resto de países de la UE, es uno de sus "primeros retos". Su intención es implicar en este objetivo a las comunidades autónomas, los servicios sanitarios y los Ayuntamientos, con los que ya se está trabajando. Posteriormente, fuentes de la DGT han remarcado que Seguí "no ha puesto en duda" las cifras y que lo que ha planteado es que va a tratar de mejorar el sistema "para obtener mejor información" y conseguir "datos reales". Interior suprime el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial de Tráfico Sistema internacional Ante las declaraciones de su sucesora, Pere Navarro ha resaltado que España sigue la metodología de Base de Datos Internacional sobre Tránsito Vial y Accidente (IRTAD, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "que es la referencia internacional". Navarro ha añadido que España, por indicación de la Comisión Europea, ha asesorado en esta materia a los países del Este de nueva incorporación a la UE. "Luego, no lo debemos haber hecho tan mal", ha indicado. El ex director general de la DGT ha destacado que el cómputo de las 24 horas "es el internacionalmente conocido como indicador rápido que permite tomar decisiones, porque el indicador a 30 días en carretera y ciudad se tarda seis meses en tenerlo". Navarro ha reconocido que los muertos a un mes en carretera se obtienen aplicando un coeficiente obtenido por una muestra significativa porque no fue posible que todos los hospitales de las comunidades autónomas los aportaran. "Ojalá lo consiga el nuevo equipo porque sería un inmenso paso adelante, nosotros en ocho años no lo pudimos conseguir a pesar de haberlo intentado", ha lamentado. No obstante ha asegurado que él y su equipo contrastaban los datos a 30 días con los que aporta el Instituto Nacional de Estadística y no había grandes diferencias. Eso le lleva a asegurar que "sorpresas no va a haber". Ya hace un mes, la nueva directora general de la DGT afirmaba que el gran “mérito” de Navarro había sido lograr que los medios de comunicación se hagan eco de los problemas de seguridad vial. Navarro, que abandonó la institución después de casi ocho años, logró una reducción en torno al 60% en el número de muertos anuales en siniestros de tráfico. Él reconoce que todo es mejorable pero añade: "Es verdad que se lo hemos dejado difícil, porque nuestros datos hablan solos". www.elpais.es 09.03.12 13. C.A ANDALUCIA: EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EXCONCEJAL DE URBANISMO DE GRANADA El ministerio público atribuye al exedil un delito de prevaricación La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación para Luis Gerardo García Royo (PP), que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada en el primer mandato de José Torres Hurtado, y otras siete personas más. Entre ellas, el exgerente de Urbanismo, técnicos municipales y conocidos empresarios de la ciudad como José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta. Les atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación en una operación urbanística en el Cerrillo de Maracena donde incluyeron terrenos de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sin dar conocimiento a la Administración central.

16

Los hechos se remontan a 2005. García Royo ya era concejal de Urbanismo y modificó unas negociaciones que se habían iniciado años atrás para el desarrollo urbanístico del Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo. Según el fiscal, con “la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales” y con la “aquiescencia” de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona modificó el criterio de los “excesos de aprovechamiento”. Las empresas también obtendrían beneficio al aumentar la edificabilidad de los terrenos. Se firmó un acuerdo de aprobación inicial de convenio que se presentó en el Ayuntamiento y en el que los propietarios mayoritarios manifestaban su voluntad de “adquirir los excesos de titularidad municipal” de terrenos situados en el sector a desarrollar. La Junta de Gobierno Local lo aprobó en 2006, fecha en la que se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni avisar al Ministerio de Fomento ni a la CHG, que tenían terrenos en ese plan parcial. Los responsables “omitieron” cualquier notificación a las administraciones estatales y en 2007 se aprobó definitivamente el proyecto, con informes favorables de los técnicos municipales. El resultado de esta operación es que se incluyeron terrenos que no eran del Ayuntamiento y por los que, sin embargo, este cobraba a las empresas que vieron cómo a cambio aumentaría de forma irregular la edificabilidad en las parcelas, según el escrito del ministerio público. En concreto, el convenio afectó a dos parcelas de Fomento, de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados; a otra de la CHG, de 20.484; así como a dos parcelas rotacionales destinadas a viales de 4.503 y 3.554 metros cuadrados. En total, 33.497,20 metros a los que hay que unir otros 8.873 de titularidad discutida que se incluyeron en el proyecto de reparcelación. El fiscal indica que el incremento de aprovechamiento supuso un beneficio para el Ayuntamiento y los promotores y por ello solicita, además de la inhabilitación por prevaricación como autores o coautores, la nulidad del plan parcial, del convenio urbanístico y de todo el proyecto de reparcelación. www.elpais.es 13.03.12 14. C.A ANDALUCÍA: LA CABEZA DE LISTA POR EL PP SE HIZO CON DOS VIVIENDAS PÚBLICAS QUE MANTIENE VACÍAS Los socialistas de Jaén hablan de escándalo en la lista autonómica del PP y piden que la candidata, Catalina García, abandone la lista. También exigen al PP provincial que además de cesar a la ex alcaldesa de Jimena que la obligue a que presente la dimisión inmediata de sus cargos actuales como diputada provincial y concejal. Propietaria de viviendas para personas humildes En un comunicado, los socialistas exigen la retirada de la cabeza de lista del PP por Jaén, Catalina García, tras tener conocimiento de que es propietaria de dos viviendas de promoción pública. Además de ello, ven como sumamente grave que con la necesidad de viviendas que existe en la actualidad, la candidata mantenga dichas viviendas desocupadas desde años varios años, lo que a juicio del PSOE es un ejemplo “poco edificante”. Este tipo de viviendas se destinan a personas con rentas bajas. Cuatro pisos: dos en Jaén y dos en Granada Los documentos oficiales registran que la candidata popular comparte con su marido la titularidad de cuatro inmuebles, dos en Jaén y otros dos en Granada. Los socialistas quieren saber de boca de la propia Catalina García, “si no es tener vínculo legal con su marido el compartir la titularidad al 50 por ciento de cuatro inmuebles”. Según el PSOE dos de ellos en régimen de gananciales en el Polígono del Valle y en el Bulevar de Jaén, según consta en el Registro de la Propiedad, y otros dos en Las Gabias (Granada), según figura en el Catastro aunque éstas no consten en el Registro de la Propiedad. Vivienda pública

17

“Los hechos son aún más graves, ya que la vivienda del Polígono del Valle (adquirida en compraventa en el año 2005) también tiene la calificación de Vivienda de Promoción Pública. La vivienda de Jimena, desocupada, podría enfrentarse a un proceso de desahucio, pero en el caso de la vivienda del Polígono del Valle la candidata del PP y su cónyuge podrían enfrentarse a un proceso sancionador, ya que no informaron de que uno de ellos tenía otra vivienda de promoción pública en Jimena. Para completar el escándalo, la vivienda de El Valle también está deshabitada. La vivienda del Bulevar fue adquirida en 2001 también al 50 y en régimen de gananciales”, ha afirmado. Negó relación legal con su cónyuge El coordinador de la campaña socialista, Antonio de la Torre, ha exigido “ya” respuestas de la candidata popular ante la evolución de los acontecimientos y, mucho más, después de que su partido asegurase públicamente que “no existía relación legal” entre García y su cónyuge. “García tendrá que explicar si el hecho de compartir la titularidad de cuatro inmuebles no es tener vínculo legal”, ha incidido. También disfrutó de otra vivienda en alquiler El PSOE ha exigido por ello que la candidata y ex alcaldesa renuncie a sus cargos en la Diputación y el Ayuntamiento de Jimena. Esta petición sucede a la que ya se le hizo por haber disfrutado en su matrimonio, además de su domicilio habitual en Jimena, de otra vivienda de promoción pública en alquiler “que no ha sido ocupada en los últimos años, tal y como es obligado” y a la que se suma ahora la vivienda del Polígono del Valle, también de promoción pública. “No da explicaciones” El PSOE ha considerado “lamentable” que García haya mantenido esta situación, de la que no informó durante sus años de alcaldesa a pesar de que se le solicitó reiteradamente, y ve con especial gravedad que la candidata del PP “sea incapaz de salir a la palestra para dar explicaciones convincentes sobre esta cuestión tan desagradable con la que queda en evidencia”. De la Torre ha indicado que la candidata del PP sabe que esas viviendas se destinan a personas con rentas bajas y ha supuesto que a García “le escuece ahora que se conozca que haya mantenido dos inmuebles deshabitados, uno en Jaén y otro en Jimena, cuando hay muchísima gente sometida a desahucios, a problemas con la hipoteca o directamente con dificultades para acceder a una vivienda”. Patrimonio y sueldos “Definitivamente, no es un ejemplo edificante el que ofrece la candidata García, que acapara con su marido varias viviendas en Jimena, Jaén y Granada, mientras ha estado privando a familias que realmente lo necesitan de dos viviendas de promoción pública”, ha criticado De la Torre, quien ha apuntado que, junto al patrimonio citado, disfrutaba de un sueldo como trabajadora de la Residencia Santa Teresa, además de sus complementos en el Ayuntamiento y en la Diputación. Posteriormente, y ahora en la actualidad, está liberada como portavoz del PP en la Diputación. La candidata del PP se esconde y no va a los debates El coordinador socialista ha señalado que “seguramente haya sido la conciencia de culpa” por este asunto por lo que Catalina García no acudió al debate programado esta semana por una televisión comarcal de la provincia con la candidata socialista, Micaela Navarro. En este punto, la pedido saber “si ya no va a acudir a ninguno de los debates planteados en los medios de comunicación de Jaén en el increíble caso de que vaya a continuar liderando la candidatura del PP”. Comportamientos inmorales

18

Al hilo de esta denuncia, el PSOE ha querido subrayar el respeto que merece cualquier persona a sus circunstancias privadas, si bien entiende que estos asuntos deben salir a la luz cuando se trata de presuntas irregularidades y de comportamientos inmorales que afectan a quien aspira a otro cargo público, como es el caso de García. “La candidata del PP se pasea por la provincia insultando, acusando con falsedades a los socialistas y dando lecciones de moral, pero la realidad de Catalina García es que ni es una santa, ni cuenta la verdad, ni ha tenido la valentía de dar la cara por este tema”, ha concluido. Elogios de Arenas a Catalina García En la presentación de la candidatura del PP de Jaén, el propio Javier Arenas respaldó a Catalina García afirmando de ella que la conoció cuando era alcaldesa de Jimena, entonces se dio cuenta de “que estaba ante una batalladora, ante una mujer que puede representar a los municipios rurales en el Parlamento andaluz y que está todo el día en contacto con los más necesitados”… unos necesitados en este caso de viviendas ocupadas, le faltó decir en esa cita. www.elplural.com 14.03.12 15. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL FICHA A UN ‘CONSPIRANOICO’ COMO ASESOR DE SU GOBIERNO Cuando la “conspiranoia” y los “conspiranoicos”; esto es, los seguidores que piden la reapertura del sumario de los atentados terroristas del 11-M, estimulados por la paranoia de los discursos periodísticos de Pedrojota Ramírez y Jiménez Losantos, habían tomado aire ante el anuncio (el martes rectificado) del fiscal general del Estado de reabrir el caso, llega ahora la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y ficha como asesor personal a un personaje que mantiene un blog en el que cuestiona la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo y avalada hasta por 14 jueces de otros tantos juzgados. Artículos relacionados “¿Existe una conspiranoia en torno al 11-M? ¿Existen los conspiranoicos? ¿Hay realmente personas que mantengan teorías delirantes sobre la masacre, basadas en datos ridículos?”, se pregunta Francisco Echagüe Acosta en su blog personal, para seguidamente responderse asimismo: “¡Claro que sí! Desde hace siete años, ha habido personas y medios de comunicación que se han dedicado, sin sonrojarse, a atribuir el atentado del 11-M a un grupo de camellos de medio pelo que jamás había puesto antes un petardo en un cajero…” ¿Quién es Francisco Echagüe? En su Linkedin dice ser asesor del Gabinete de la Presidencia en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y responsable (imaginamos que ex responsable desde su nombramiento el pasado mes de febrero) de comunicación y de medios en el Ayuntamiento de Torrelodones, además de “observador de pájaros”, de toda “clase de pájaros”, como reza en su blog. ¿Y un tal fechague? El mismo “pájaro”, pero con distinto plumaje. Bajo esta firma (fechague), nos encontramos ante uno de los más activos “conspiranoicos”, como lo prueba su extensa “conspiranoia” sobre los atentados de Madrid, que bajo el bajo el título, “11-M. Siete años después de la matanza, sigue habiendo puntos oscuros en torno a los pilares de la versión oficial”, no deja títere con cabeza. ¿Por qué lo ha fichado Cospedal? Es un secreto a voces que la secretaria general del PP milita entre los “conspiranoicos” más radicales, véase en Youtube la entrevista realizada por Federico Jiménez Losantos en la cadena Cope, el 19 de julio (la fecha se las trae) de 2008, donde María Dolores Cospedal comparte, junto a Federico Trillo, la teoría de la “conspiranoia”, y, por lo tanto, los planteamientos de su fichaje, Francisco Echagüe. “Quieren conocer la ¿verdad?”

19

La paranoia es, sin lugar a dudas, el cordón umbilical que une a Francisco Echagüe y a María Dolores Cospedal. Ambos quieren “conocer la ¿verdad?” de los atentados, diga lo que diga la Audiencia Nacional, el Supremo y 14 jueces. Y como muestra, una entrevista del sumo sacerdote de los “conspiranoicos” a la secretaria general del PP, el 28 de octubre de 2010. ¿Existen otros lazos que les unen? Pero la relación de Cospedal y de Echagüe podría traspasar la mera concomitancia política y “conspiranoica” y, siempre según fuentes del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, ambos serían parientes o primos. Una hipótesis, posibilidad o rumor que ELPLURAL.COM no ha podido contrastar ante la negativa del departamento de comunicación del Ejecutivo del PP a responder a las preguntas de este diario. Antecedentes de “manipulador” Lo que sí hemos podido contrastar y demostrar es la mala imagen que tiene Francisco Echagüe entre los grupos políticos del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Torrelodones, donde el “conspiranoico” ha desarrollado su labor profesional durante los últimos años. Trabajo que ha sido cuestionado por “Vecinos por Torrelodones”, ahora en el poder (pinchar aquí para ver la información completa), que solicitaron en diciembre de 2010 el “cese inmediato en sus funciones del señor Echagüe al no poder garantizar ni su independencia ni su imparcialidad en la gestión de la comunicación digital de este Ayuntamiento”, reclaman. www.elplural.com 13.03.12 16. C.A GALICIA: UN TESTIGO RATIFICA LA SUPUESTA FALSEDAD DOCUMENTAL DE PORRO La acusa de amañar ante notario una reunión inexistente del patronato de la Fundación Puerto de Vigo José Ramón Costas, secretario general de la Autoridad Portuaria de Vigo y, desde el pasado noviembre, del patronato de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), declaró ayer ante la juez que instruye las diligencias previas por presunta falsedad documental contra Corina Porro que, según la documentación a la que ha accedido en la FPV, el patronato de la misma se reunió el 15 de abril de 2010 —para su constitución— y el 30 de abril siguiente, para aprobar la dimisión del director gerente, Pablo Alborés, y el nombramiento para el mismo cargo de Mario Ubiaga. La documentación a que aludió Costas es la solemnización de acuerdos de las dos reuniones del patronato llevada a cabo ante el notario José María Rueda y las actas que certifican su celebración. La primera, que refleja la constitución de la FPV, no presenta causa litigante alguna. La segunda es la piedra angular de la querella por presunta falsedad documental de Alborés contra Porro ya que, según el querellante, el 30 de abril no se reunió el patronato y, por tanto, no pudo aprobar una dimisión que, por lo demás, él tampoco había presentado. Otro testigo aporta el folio de dimisión del primer gerente de la fundación Mario Ubiaga mantuvo la declaración que prestó en el juicio laboral por el mismo asunto, en septiembre. El 30 de abril de 2010, repitió ayer, fue instado por la presidenta de la FPV a acompañarla al notario, donde estampó su firma en un documento como secretario del patronato. El notario les previno a ambos de que era necesario que el patronato se reuniera para aprobar la dimisión de Alborés y su nombramiento, el de Ubiaga, como gerente de la FPV y secretario del patronato. Pese a que Ubiaga recordó periódicamente a Porro la necesidad de esa reunión del patronato, la presidenta siempre le respondió “que de eso ya se encargaría ella”. Pero hasta el 14 de diciembre en que causa baja en su trabajo en la FPV, el patronato nunca se reunió, aseguró ayer Ubiaga.

20

Ubiaga añadió que él nunca redactó ningún acta ni certificado alguno del patronato. Fue contratado como director de eventos de la FPV el 16 de abril y dos semanas después Porro le promovió al cargo que dejaba Alborés. Su primer acto como tal fue la secuencia ante el notario que repitió ayer. Después, las fuertes presiones a que se vio sometido en la FPV motivaron su baja laboral el 14 de diciembre, situación en la que sigue. Costas aportó ayer el escrito de dimisión de Alborés, en un folio común fechado el 28 de abril, día en que Porro también firmó la excedencia de Alborés en otro folio con membrete de la Autoridad Portuaria que ella misma reconoció en el juicio laboral. www.elpais.es 14.03.12 17. C.A GALICIA: EL ALCALDE DE PORTAS BUSCA UN PACTO PARA ELUDIR LA CÁRCEL POR DELITO FISCAL El ministerio público pide cuatro años de prisión para el regidor del PP Roberto Vázquez Souto, el alcalde popular de Portas desde hace 20 años, trata de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que le acusa de un presunto delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil para evitar una eventual pena de cárcel. Sus abogados pretenden lograr una rebaja de la condena de cuatro años de prisión que solicita el fiscal al mínimo de la pena establecido por ley y que en todo caso evitaría su cumplimiento, al carecer el regidor de antecedentes penales. Los letrados de Vázquez Souto también negociarán al mismo tiempo con la Agencia Tributaria el pago de una sanción de 300.000 euros por falsear la liquidación del impuesto de sociedades, que incrementó con gastos inexistentes, por lo que se le impondría una multa de 5.400 euros y una indemnización de 151.432 por responsabilidad civil que se corresponde con la cantidad supuestamente defraudada. El juicio de conformidad no es sino un reconocimiento de los delitos imputados por parte del acusado. A cambio de asumir la culpabilidad en ambos delitos, el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial contra el alcalde de Portas por otro en el que se plasmarían los términos del acuerdo para elevarlos al tribunal competente de Pontevedra al que corresponde dictar sentencia. Fuentes conocedoras del caso indicaron que la rebaja únicamente afectaría a la cuantía de las penas de privación de libertad solicitadas por la fiscalía, pero en ningún caso a las cantidades presuntamente defraudadas que reclama Hacienda más la señalada multa. Cuando han trascurrido 13 meses desde que la Audiencia Provincial revocara la condena de un año de suspensión en el cargo y multa de 3.600 euros a Roberto Vázquez por haber contratado a sus empresas para realizar servicios municipales, el alcalde se enfrenta ahora a un segundo proceso en el que su promotora inmobiliaria, Pazos Souto 2000, SL, está en el punto de mira. Aunque el juicio estaba previsto que se celebrara antes de las elecciones municipales de mayo del año pasado, los abogados del alcalde recurrieron el auto del juez de Caldas por el que se transformaban las diligencias en sumario. Un recurso que retrasó varios meses el procedimiento evitando que este llegase a Pontevedra para fijar la vista oral, pero la Audiencia de Pontevedra finalmente lo desestimó. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa, de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes por importe de 151.432 euros. Entre otras promociones que desarrolló la sociedad en la isla canaria de Fuerteventura, Pazos Souto, SL promovió la construcción de dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera promoción utilizó a la empresa Mapafuer, SL y en la segunda a Mapacons Insulares, SL, declarando pagos por obras que no ejecutaron.

21

En noviembre de 2009, cuando el regidor había sido imputado y la oposición —BNG y PSdeG— intentó que saliese adelante una moción de reprobación, Vázquez Souto apeló a su inocencia. “Cuando los jueces hablen, entonces tendré algo que decir. Mientras tanto, no quiero seguirles el juego a los que sólo buscan publicidad con este asunto”, manifestó en aquella ocasión. Cuentas firmadas por un fallecido Mapafuer, SL y Mapacons Insulares, SL, las dos constructoras que Pazos Souto utilizó en sus promociones de Fuerteventura, tenían como administrador y único socio a Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, pero que falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas y, en consecuencia, según el fiscal, “alguien tuvo que falsificar su firma”. La acusación sostiene que Roberto Vázquez llegó a crear “las facturas y justificantes de pago emitidos” con la finalidad de disminuir la base imponible resultante. Además llega a la conclusión de que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos descritos ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores para poder realizarlos. Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales de 2003 y 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas, aunque curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la Hacienda pública”, señala el fiscal. www.elpais.es 10.03.12 18. C.A MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE 1.017 MILLONES PENDIENTES DE PAGO A UNAS 1.700 EMPRESAS El Ayuntamiento comunica 16.712 facturas al Ministerio de Hacienda Hay otros 86 millones que no se incluirán en el plan de abono diseñado por el Gobierno central La capital terminará el año con 6.623,5 millones de deuda financiera En parte obligado a ello por el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), en parte por la política de casi completa transparencia económica instaurada por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) ha exhibido hoy con luz y taquígrafos las mollejas de sus cuentas. El resultado es bastante similar al que hasta ahora se conocía, y ofrece signos optimistas, que la alcaldesa, Ana Botella; y su concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, han empleado para sacar pecho. Pero también apunta signos preocupantes que auguran un final de año complicado para el Ayuntamiento, al que le resta poquísimo margen de maniobra para encajar nuevos reveses. 16.712 facturas pendientes de pago Hoy concluye el plazo otorgado por el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos para que le informen de todas sus facturas sin pagar a las empresas proveedoras de bienes y servicios (recogida de basuras, alumbrado público, agua, etcétera) a fecha de 1 de enero de 2012. En el caso de la capital, son 16.712 facturas, de las que 14.460 corresponden al Ayuntamiento en sí; 1.508 a los organismos autónomos municipales (son seis: Agencia para el Empleo; Madrid Emprende; Agencia Tributaria; Informática; Madrid Salud; y Agencia de Gestión de Licencias); y 744 a las empresas públicas municipales (Madrid Movilidad; Empresa Municipal de Transportes; Promoción Madrid; Calle 30; Club de Campo; y Espacios y Congresos). Barcelona, modelo del PSM El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha criticado hoy que el Ayuntamiento de Madrid haya establecido “un nuevo récord de facturas impagadas”. Esta deuda “tiene un efecto

22

muy desfavorable sobre las empresas madrileñas y el mantenimiento del empleo”, según el líder socialista, que ha contrapuesto la situación de la capital con la de Barcelona, que no ha necesitado la ayuda del Gobierno para pagar a sus proveedores porque ya lo hace en un máximo de 42 días (en Madrid son hasta 10 meses). En total, cerca de 1.700 empresas están pendientes del abono de facturas, la inmensa mayoría desde hace unos 10 meses como máximo, aunque algunas desde 2010 e incluso antes. El monto total de la deuda local asciende a 1.017,5 millones de euros, de los que 910 corresponden al Ayuntamiento; 30,1 a los organismos autónomos; y 77,2 a las empresas municipales. 6.623,5 millones de deuda a final de 2012 El Gobierno central ha puesto en marcha un mecanismo para permitir el pago de estos 1.017,5 millones pendientes, correspondientes a facturas del año 2011. Para ello, los ayuntamientos podrán echar mano de un fondo de 35.000 millones; deberán devolver el dinero prestado por los bancos en 10 años (durante los dos primeros, solo pagarán intereses). Los proveedores cobrarán antes o después en función de si se trata de pequeñas o medianas empresas (con prioridad) o de grandes compañías. Esos 1.017,5 millones dejarán así de contabilizarse como deuda a proveedores y se sumarán a la deuda financiera del Ayuntamiento de Madrid, el dinero que debe a bancos y cajas por los desfases presupuestarios de años anteriores o por la construcción a crédito de grandes infraestructuras (enterrar la M-30 bajo el parque de Madrid Río; la Caja Mágica; el Palacio de Cibeles; etcétera). A 31 de diciembre de 2011, esa deuda financiera asciende a 6.348 millones de euros. Así, cuando se sumen esos 1.017,5 millones, previsiblemente en el segundo o tercer trimestre del año, se elevaría a 7.365,5 millones. Sin embargo, a esa cantidad hay que descontar los pagos periódicos que realiza el Ayuntamiento. A finales de 2012, la deuda total será de 6.623,5 millones de euros. 86 millones más de facturas fuera del plan Esos 1.017,5 millones de euros pendientes no incluyen toda la deuda a proveedores del Ayuntamiento, solo aquella que se ha notificado al Gobierno para que se incluya en el citado plan de pago. Además, la capital tiene 307 millones más en obligaciones pendientes de pago, de las que unos 86 millones corresponden a facturas a proveedores. ¿Por qué no se suman a los 1.017,5 millones? Porque no cumplen con las condiciones impuestas para ello por el Gobierno en el Real Decreto 4/2012 del pasado 24 de febrero. Algunas son anteriores al 1 de enero de 2011, y por tanto se salen del plazo marcado; otras no cumplen con los criterios exigidos sobre el tipo de servicio o de empresa contratante. El Ayuntamiento se ha comprometido en cualquier caso hoy a agilizar el pago de estas facturas para hacerlo coincidir en la medida de lo posible con el del resto. Un déficit del 0,47% en 2011 El Ayuntamiento ha difundido hoy también la liquidación de sus cuentas de 2011, que se ha cerrado con un superávit de 145,9 millones de euros en términos presupuestarios y un déficit del 0,47% del Producto Interior Bruto en términos de contabilidad nacional (el sistema que mide el objetivo de estabilidad ante la Unión Europea). Esta última cifra está por debajo del 0,8% de déficit establecido por el anterior Gobierno socialista (derrotado en las urnas en noviembre) para las Administraciones locales. En 2012, sin embargo, los ayuntamientos no podrán incurrir en déficit; Madrid tiene aprobado un presupuesto que prevé alcanzar un superávit, pero sobre el que pende la espada de Damocles de los nuevos ajustes que previsiblemente se aprobarán a finales de mes junto con las cuentas generales del Estado. El déficit de 2011 lo achaca el Ayuntamiento a “los errores de cálculo” del anterior Gobierno socialista, que le adelantó en 2008 y 2009 más dinero del que luego realmente le correspondía; la crisis recortó los ingresos previstos, y obligó así a ayuntamientos y autonomías a devolver parte de un dinero que ya se habían gastado. El nuevo Ejecutivo ha ampliado los plazos para

23

esa devolución de cinco a 10 años para aliviar algo estas apreturas, pero en las cuentas aparece reflejada toda la cantidad (406,7 millones, sobre un déficit total de 597 millones, el citado 0,47% del PIB). Un recorte de 128 millones de euros El Ayuntamiento ha recalcado en cualquier caso que el resultado de 2011 es mejor que el previsto (740,7 millones de déficit en lugar de 597 millones). Pero aun así, cada vez cuenta con un margen más reducido para ir encajando el empeoramiento de la situación (el país ha entrado ya en su segunda recesión en menos de tres años) y las más que probables nuevas medidas de ajuste que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Precisamente por ello, en enero el Ayuntamiento decidió congelar 128 millones de los 180 millones que no estaban comprometidos ya en sus cuentas para este año (un 7,25% del total de gasto en bienes y servicios para 2012). Teme que el dinero que le debe entregar el Estado, y que supone más de un tercio de sus ingresos, se vea mermado por el empeoramiento de las expectativas. Teniendo en cuenta que ya no puede cerrar el año con déficit, apenas cuenta con margen si quiere evitar medidas políticamente más costosas como subidas de impuestos o tijeretazos en servicios fundamentales. Cabe recordar además que en sus presupuestos se dan por hechas algunas operaciones aún en el aire, como la venta del 7% de las acciones del Canal de Isabel II o de varios edificios municipales. Edificios municipales a la venta Precisamente hoy la alcaldesa ha anunciado su intención de elaborar un inventario de sedes que se podrán poner a la venta una vez que el Gobierno apruebe las modificaciones legales para poner invertir ese dinero luego en el pago de bienes y servicios. En los presupuestos se incluye el edificio insignia del área de Urbanismo, en la calle Guatemala. También se desprenderá de uno en la calle Divino Pastor. Unos 200 funcionarios repartidos ahora en este último edificio y otro arrendado en la calle Mejía Lequerica se trasladarán en 15 días al Palacio de Cibeles. En total, el Ayuntamiento tiene un 4,6% del espacio que utiliza en régimen de alquiler. “Estamos preparando una relación [de edificios para poner en venta], es una tarea que lleva tiempo porque tenemos que saber cuántos funcionarios hay en cada uno, qué funciones son las más fáciles de fusionar y qué edificios son los más interesantes desde el punto de vista económico”, ha explicado hoy la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local. www.elpais.es 15.03.12 19. C.A MADRID: BOTELLA PREFIERE QUE LA IGUALDAD “TARDE MÁS” A “UN CAMBIO FICTICIO" DE CUOTAS La alcaldesa presenta un informe sobre mujeres directivas Resalta que la discriminación positiva "es un atajo" de alto riesgo El Parlamento Europeo urge a fijar cuotas femeninas en los consejos "Las mujeres están tan preparadas como los hombres, pero algo ocurre en su camino [hacia la dirección de las empresas]. Algo tan sencillo como la preparación, la valía y el conocimiento no son las únicas claves para progresar", ha refrendado esta mañana Ana Botella, la alcaldesa de Madrid (PP), la primera que tiene la capital desde que existen archivos fiables. "Si la meritocracia y la igual de de oportunidades fueran la norma, no haría falta ninguno tipo de intervención", ha continuado la regidora, antes de dar su opinión personal al respecto: "Las cuotas son un atajo pero implican un riesgo muy alto. Por eso, aunque se tarde más tiempo, es más eficaz lograr un cambio de mentalidad que lograr un cambio ficticio basado en las cuotas", ha concluido Botella, convencida detractora de la discriminación positiva de la mujer en las empresas, la política y la sociedad en general.

24

La alcaldesa participaba esta mañana en la presentación del informe sobre la mujer directiva en España realizado por la firma auditora y consultora PricewaterhouseCoopers. Según este estudio, al ritmo actual de la sociedad española, la igualdad plena en el ámbito profesional se alcanzaría en 2057. "No podemos perder talento, las mujeres somos la mitad de la población y sería insensato que se desperdiciara la mitad de talento de la sociedad", afirma el estudio, y con esas palabras ha iniciado su intervención Botella. En su opinión, la igualdad no se puede lograr por "imposición" sino por "autoconvencimiento" de los ciudadanos. "Es evidente que algo falla", ha añadido, resaltando en cualquier caso que "el objetivo no es quejarse sino encontrar soluciones". "Los cambios deben producirse de abajo a arriba, la forma natural de que las mujeres lleguen a los consejos de administración es que antes estén en los de dirección", ha recalcado la alcaldesa, que no ha entrado a explicar cómo se puede alcanzar ese objetivo renunciando a una actuación de arriba abajo, es decir, impulsada por las Administraciones y la dirección de las empresas. El "controvertido temas de las cuotas", tal y como lo han calificado los responsables del informe, forma parte del debate recogido en el estudio, que recoge 800 entrevistas a profesionales de nivel directivo y otras 60 entrevistas personales a altos cargos. "Hay que localizar la barreras que impiden que se aproveche al máximo el talento [de las mujeres], y estudiar las mejores formas de superarlas", ha reseñado la alcaldesa. "Las mujeres seguimos estando poco representadas en los puestos de alta dirección de las empresas. (…) Por fortuna, el problema ya no empieza en la escuela o en la universidad: el 65% de los licenciados son mujeres, pero solo representan el 45% del mercado laboral y menos del 10% de los directores generales, consejeros delegados y presidentes de compañías españoles, no digamos ya del Ibex 35", ha añadido. "Solo el hecho de reflexionar un poco sobre ello ya es dar un paso adelante", han concluido los responsables del estudio justo antes de que la alcaldesa abandonara la sala, en el momento en que iba a iniciarse la mesa redonda del debate, para continuar con su jornada de trabajo al frente de la ciudad. www.elpais.es 13.03.12 20. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO EMARSA' EMBARGA VIVIENDAS A DOS DE LOS IMPUTADOS El instructor cita a Crespo para decidir si le retira el pasaporte El magistrado imputa a dos personas más por el saqueo de la depuradora de Pinedo El juez Vicente Ríos, que investiga el caso Emarsa, el fraude en la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Valencia, que puede alcanzar al menos 25 millones de euros, ha iniciado el embargo de los bienes de los imputados. El instructor ha decretado el embargo de un piso, valorado en 300.000 euros del exconcejal del PP en los ayuntamientos de Valencia y Paterna y exportavoz del mismo partido en la Diputación de Valencia, Juan Carlos Gimeno. También ha dictado el embargo de una vivienda de Eva María Marsal, valorada en 100.000 euros. Marsal es la administradora de Grupo Mas, una de las empresas investigadas por el pillaje y es, además, pareja de uno de los principales imputados en la causa, el exdirector financiero y exedil de Unión Valenciana en Moncada, Enrique Arnal. El juez ha acordado igualmente citar para este miércoles a Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, con el objeto de decidir si le aplica las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular que representa el PSPV-PSOE. La acusación había solicitado que el juez dejara a Crespo en situación de libertad provisional, lo que implicaría la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado semanalmente. El juez ya le impuso a Crespo una fianza solidaria de 25 millones de euros, que está por resolver después de que el expolítico recurriera. Las dos

25

viviendas embargadas hoy por el juez forman parte de esa misma fianza global contra los imputadas fijada por el instructor. El instructor ha decidido, por último, imputar a otras dos personas en el caso. Se trata de los administradores de las constructoras Acra y Orba, Oleksander Kurales y Nina Kurales respectivamente. Acra facturó 60.280 euros a Emarsa en 2006 y Orba, 68.930 euros el mismo año. El juez sospecha de que la facturación fue por servicios ficticios, como ocurrió en esa misma época con otras cuatro empresas de la construcción que también trabajaban teóricamente en las instalaciones de Emarsa. Acra y Orba iniciaron su relación comercial con la sociedad metropolitana sin que mediara expediente de contratación y sin que conste ni siquiera la existencia de un contrato. El instructor cree, además, que ambas sociedades están relacionadas con Daniel Calzada, otro empresario imputado. Los únicos clientes distintos de Emarsa que tanto Acra como Orba tuvieron en el año 2006 fueron precisamente las empresas de Daniel Calzada: Rehabilita Aqua y Llar Calzada. Las cuatro identificaban a Emarsa con el mismo número de cliente. La sociedad pública abonaba los pagos el mismo día a las cuatro firmas. Y todas ellas emitieron a Emarsa "presupuestos, mediciones y certificaciones" que adjuntaban a las facturas "formalmente idénticos". Las cuatro recogían también un descuento del 3% en concepto de pronto pago. La fiscalía pide imputar a dos cargos de la Generalitat La fiscal del caso Emarsa ha solicitado la imputación de dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat de la que dependen las depuradoras valencianas. Se trata del exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, que dejó el puesto en verano para entrar a trabajar en Facsa, una de las firmas implicadas en la causa de financiación ilegal del PP valenciano del caso Gürtel. Y del que sigue siendo director de explotación de Epsar, Ignacio Bernácer. Dos imputados han declarado ante el juez que Morenilla y Bernácer se repartían cada mes 180.000 euros del saqueo de la depuradora de Valencia. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, afirmó por su parte que entregó 30.000 euros en efectivo a Morenilla que le habían sido entregados previamente por Jorge Ignacio Roca, empresario de lodos que defraudó presuntamente a Emarsa por un importe superior a los 12 millones de euros y se encuentra fugado de la justicia. El juez también ha pedido a la fiscal jefe de la Audiencia de Valencia que le remita la investigación abierta por supuestas irregularidades en la empresa de la mujer de Morenilla, por si fuera oportuno unirlas al caso Emarsa. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia del PSPV-PSOE. Morenilla y Bernácer han negado los hechos en los medios de comunicación y han solicitado al juez permiso para querellarse por calumnias contra los dos imputados que declararon que se repartían mensualmente los 180.000 euros: Enrique Arnal y Sebastián García Martínez. La fiscal y las acusaciones se han opuesto a que se les permita querellarse. Lo más llamativo es que entre quienes se oponen se encuentra el abogado de la Generalitat, la administración para la que sigue trabajando Bernácer como directivo. www.elpais.es 12.03.12 21. C. VALENCIANA: ¿BARBERÁ, RESPONSABLE DE EMARSA? El PSPV da 10 razones para vincular a la alcaldesa de Valencia con el saqueo Barberá se revuelve contra Oltra al preguntar por el saqueo de Emarsa El gerente de Emarsa implica en el saqueo al Ayuntamiento y a la Generalitat El PSPV ha elaborado un decálogo para explicar porqué la alcaldesa de Valencia es la responsable política del saqueo de Emarsa. Según este argumentario, Rita Barberá no puede llamarse a andana en el escándalo de la estación depuradora de la ciudad y otros 16 municipios porque, entre otras razones, ya era la alcaldesa de Valencia cuando se construyó la misma. Controlaba el 48% de los votos de la Junta general de la empresa pública a través de una concejal delegada que se sentaba en el Consejo de Administración de Emarsa, en el que

26

el PP ocupaba 14 de los 18 puestos, haciendo posible la elección de Enrique Crespo como presidente gracias a la mayoría de los populares en la entidad metropolitana. Los socialistas responsabilizan directamente a Barberá de que el exalcalde de Manises, y no otro, fuera el presidente de Emarsa. El PSPV recuerda que en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia figuran dos concejales, Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado, que presidieron la depuradora. También acusa a la alcaldesa de nombrar a Esteban Cuesta gerente de Emarsa, pese a no tener otra experiencia que la de ser alcalde pedáneo de Benimàmet-Beniferri. En opinión del concejal socialista Pedro Sánchez, Barberá nombró a Sebastián García jefe de informática y proveedor de la depuradora. García representaba al PP en la Junta Municipal de Trànsits. Del mismo modo, altos dirigentes de la empresa pública como Ignacio Martínez y Santos Peral ostentan cargos del PP en Valencia. Y, por último, el PSPV echa en falta que Barberá nunca haya criticado la gestión llevada a cabo por sus concejales o la gente que ella nombró en la depuradora. La conclusión de este argumentario es que la alcaldesa debe comparecer en la comisión que investigará en las Cortes Valencianas el escándalo de Emarsa. El decálogo ha sido calificado por Miquel Domínguez, concejal de Relaciones con los medios de comunicación de “simple panfleto repleto de difamaciones para difundir una enorme mentira”. www.elpais.es 12.03.12 22. C. VALENCIANA: "EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA" Imputado un exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia Un supuesto método de estafa muy grosero Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena". La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios. Los imputados actuaron con "absoluto descaro", según la Emshi Barberá mantiene a Cuesta como cargo del PP pese al saqueo de Emarsa El juez imputa a otro empresario en el 'caso Emarsa' El exgerente cargó a Emarsa 3.788 euros por ocho noches de hotel con cuatro mujeres rumanas El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública. El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue

27

polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato". La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa". El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba). El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados". Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características". Un supuesto método de estafa muy grosero - Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad". - Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez. - El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".

28

- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar". www.elpais.es 09.03.12 23. C. VALENCIANA: EL PSPV CUESTIONA UN PAGO A EMARSA AVALADO POR COTINO El entonces consejero de Medio Ambiente firmó un pago de 16 millones de euros A la comisión convocada para sancionar el procedimiento faltó un técnico La portavoz socialista en la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes, Carmen Martínez, ha denunciado que el presidente de la Cámara autonómica, Juan Cotino, "avaló con su firma” -en su época de consejero de Medio Ambiente- “el pago de 16,3 millones de euros” a la sociedad saqueada a partir de “un acuerdo falso e ilegal". La diputada socialista cuestiona el pago porque se sancionó en una comisión mixta de Emarsa, que gestionaba la depuradora de Pinedo, y la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), en ausencia de un técnico cuya asistencia sería obligatoria. Martínez explica en un comunicado que el ahora presidente de las Cortes firmó el 14 de mayo de 2010 una resolución aprobando un presupuesto de 16,3 millones de euros para la depuradora de Pinedo. En el documento explica que el pago "lo realiza en virtud de un acuerdo tomado el 15 de febrero de 2010 por una reunión de la comisión mixta entre la Epsar y la depuradora". En la resolución se da validez al pago al asegurar que la comisión de seguimiento estaba formada por los miembros "requeridos por el convenio” para “su completa validez" y por ello "procedía a hacer el pago", ha indicado Martínez. La diputada socialista, sin embargo, ha declarado que "es mentira, porque no estaban todos los miembros, como demuestra el acta de la reunión a la que hemos tenido acceso", ya que el convenio al que alude "obliga en la cláusula octava a que asista al menos un técnico de la entidad metropolitana, y este no estuvo presente en esa reunión". "Cotino, por lo tanto, no dijo la verdad en ese documento para poder ingresar esos 16 millones en la depuradora de Pinedo". A la reunión asistieron Enrique Crespo como presidente de la entidad metropolitana Emshi, responsable de la sociedad Emarsa; Esteban Cuesta como gerente de Emarsa; José Juan Morenilla como gerente de la Epsar, e Ignacio Bernácer como jefe de explotaciones de la misma. Martínez ha recordado que dos de esas cuatro personas (Crespo y Cuesta) están imputadas por nueve delitos de corrupción y contra la hacienda pública, y las otras dos han sido acusadas ante el juez por varios dirigentes de Emarsa de "diseñar estos convenios para defraudar y repartirse mensualmente 180.000 euros en comisiones ilegales por el tratamiento de los lodos". Además, "Morenilla rendía cuentas ante el consejo de administración de la Epsar, que presidía Juan Cotino, y estaba a sus órdenes directas", ha remarcado. La diputada socialista ha recordado también que ya denunció que los dos convenios por los que la Generalitat financió a Emarsa con 120 millones de euros "nunca han sido validados por la Entidad Metropolitana, que era la propietaria de Emarsa, y así lo atestiguan informes jurídicos". www.elpais.es 13.03.12 24. C. VALENCIANA: EL JUEZ ORDENA A CRESPO QUE COMPAREZCA EN EL JUZGADO CADA SEMANA El magistrado del 'caso Emarsa' asume la petición de las acusaciones El exalcalde de Manises está imputado por el saqueo de la depuradora de Valencia El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el saqueo de la depuradora de Pinedo, ha acordado que el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, imputado en esta causa por un delito de malversación de caudales

29

públicos continuado, otro de falsedad documental y cuatro delitos contra la Hacienda pública, comparezca semanalmente en el juzgado. Concretamente, todos los jueves. El magistrado ha adoptado esta medida después de que este miércoles celebrara una comparecencia con las partes, a la que asistió el propio Crespo -quien según el ministerio público podría enfrentarse a una pena de 20 años de prisión-, para debatir sobre la petición de la acusación particular (PSPV) de acordar contra él la libertad provisional con la comparecencia semanal en el juzgado y la retirada de su pasaporte. En este acto, Crespo aportó voluntariamente su pasaporte "caducado" y afirmó que no pensaba fugarse de la justicia por el arraigo que tiene en la Comunidad Valenciana. Pese a ello, las partes acusatorias insistieron en que compareciera cada semana en el juzgado. El magistrado, tras deliberar sobre esta petición, ha decidido asumir la petición de las acusaciones, y rechazar la que requería el letrado de Crespo, que era la de que su cliente acudiera al juzgado pero de forma mensual, ya que no había riesgo de fuga. El juez, según la parte dispositiva de la resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, acuerda la obligación de comparecencia todos los jueves y cuando "fuera llamado para ello" y pide, además, que la Policía verifique que no se ha expedido ningún otro pasaporte a nombre del imputado "tras la caducidad del presentado por el mismo". La resolución será notificada a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que tengan "debida constancia" de la situación de Crespo en los puestos fronterizos y de control de pasaportes. "Hágase saber expresamente al imputado que caso de que incumpliera sin causa justificada y comunicada la obligación de comparecer impuesta podrá reformarse la medida cautelar ahora impuesta y podrán acordarse otras medidas cautelares, incluso la prisión provisional", advierte el magistrado. Ante esta resolución, la dirección letrada del que también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora, ha anunciado su intención de recurrir por considerar que las medidas adoptadas son "del todo desproporcionadas", y "más si cabe cuando Crespo ha dado muestras, reiteradamente, de su voluntad de colaborar con la justicia en todo momento y habiendo entregado, antes de que le fuera solicitado, su pasaporte", que se hallaba caducado y sobre el que no inició ningún trámite para renovarlo. Por su parte, Crespo ha manifestado todo su "respeto" a la decisión del magistrado, aunque ha indicado que no la comparte dado que insiste en que es "absolutamente inocente" de los hechos que se le imputan. Según mantiene, él no ha cometido, participado ni ordenado actividad irregular alguna en la gestión de la depuradora de Pinedo. El magistrado investiga un agujero de al menos 25 millones de euros en la empresa pública y ha imputado ya a 29 personas. "Como siempre he demostrado, nunca he pretendido eludir la justicia, ni tampoco abandonar mi tierra. Ni he cometido ni consentido delito alguno, ni me he concertado con nadie para obtener beneficios ilícitos", ha insistido. www.elpais.es 18.03.12 25. C. VALENCIANA: BARBERÁ Y CRESPO NO COMPARECERÁN EN LAS CORTS POR EMARSA El PP rechaza la lista presentada por la oposición, que incluía además a Juan Cotino - Compromís propone dejar de acudir a la comisión por ser una "burla" El PP ha votado hoy en contra de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente de Les Corts y exconseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, y el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, entre otros, comparezcan en la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa en Les Corts.

30

La mayoría absoluta del PP argumenta su rechazo a la lista conjunta de comparecencias presentada por la oposición -PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida- en que, aparte de ser "grotesca" y extensa, solo pretende desgastar al PP y al Gobierno valenciano en un asunto protagonizado por "una banda de facinerosos y bandoleros", según la diputada Alicia de Miguel, que ya investiga la Justicia. La oposición ha coincidido en censurar la propuesta popular de comparecencias al entender que no se citará a los verdaderos responsables del "saqueo" de al menos 25 millones de euros de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, tanto empresariales como sobre todo políticos. El PP, según De Miguel, ampliará las comparecencias ante esta comisión si así se deriva de lo aportado en sede parlamentaria por las siete personas que pasarán próximamente por ella, entre ellas el exvicepresidente de Emarsa a propuesta del PSPV Ramón Marí, el exconsejero por el PP en esa empresa pública Manuel Corredera y el exgerente de la entidad pública EPSAR Juan José Morenilla. También acudirán el exconsejero en Emarsa por EU Joan Antoni Pérez, el representante de EPSAR Enrique Albors, así como el secretario general y el interventor de la empresa metropolitana de servicios hidráulicos Emshi José Antonio Martínez y Francisco Pastor, respectivamente. La oposición había pedido que comparecieran Barberá y miembros de su equipo de gobierno (Jorge Bellver, Silvestre Senent, Juan Vicente Jurado y María Ángels Ramón Llin), además de Cotino y cuatro "presuntas traductoras rumanas". El listado de 67 comparecencias de la oposición incluía también a la consellera de Agricultura, los gerentes de El Corte Inglés, de Loewe y de Produccions Ageiron SL, respectivamente, así como los exdirectivos de Emarsa Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Manuel Corredera, Enrique Arnal o Juan Carlos Gimeno. La diputada del PSPV Carmen Martínez ha dicho que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha "insultado" hoy tanto a Les Corts Valencianes como a los ciudadanos, intentando hacer creer que se investigará un asunto marcado por "regalos, viajes, prostitución, billetes en cajas de cartón y operaciones de estética" en un "saqueo" que, según ha dicho, alcanzará los 40 millones de euros. Según Martínez, Fabra supera a Francisco Camps en la cuestión de la corrupción por haber montado "un sainete vergonzoso" como esta comisión, en la que no comparecerán Barberá, que "controlaba el 48 % de la junta de accionistas de Emarsa", ni Cotino, como presidente de EPSAR en su etapa como conseller, al igual que Crespo -"el Dioni valenciano", según le ha llamado por el riesgo de fuga-, Cuesta y otros responsables. Mónica Oltra (Compromís) ha tachado de "intolerable" que el PP quiera burlarse de la Cámara y de los contribuyentes con esta comisión, por lo que propondrá a su grupo que no participe más en ella para no "legitimar" la "operación de maquillaje" en que los populares, a su juicio, pretenden convertirla. Para Marga Sanz (EU), esta comisión se cerrará "en falso" mientras no comparezcan los verdaderos responsables políticos y empresariales de la supuesta trama de corrupción en el entorno de Emarsa. www.levante-emv.com 14.03.12

31

26. C. VALENCIANA: UNO DE LOS CABECILLAS DE LA RED DE ONG DESVIÓ DINERO DE COOPERACIÓN A SUS FARMACÉUTICAS Joaquín Blasco dirigía Hemisferio en la sombra junto al empresario encarcelado César Augusto Tauroni - La firma que administraba surtió de medicinas e hizo evaluaciones para proyectos subvencionados en Guinea Ecuatorial y República Dominicana Joaquín Blasco, que no tiene ningún parentesco con el exconseller de Solidaridad que dio las ayudas, Rafael Blasco, dirigía Hemisferio en la sombra junto al empresario ahora en prisión provisional, César Augusto Tauroni. Fuentes conocedoras del caso aseguran que Joaquín Blasco ya habría sido interrogado por la juez instructora Nieves Molina, aunque no confirmaron si fue uno de los detenido por la policía ni si está imputado como otras 19 personas. Joaquín Blasco tenía un despacho en la Fundación Hemisferio desde donde dirigía las acciones de los trabajadores para captar ONG, según correos electrónicos en poder de este periódico. Pese a ser dirigente, la empresa de la que era administrador único y consejero delegado en 2008 y 2009 cobró de proyectos que gestionó Hemisferio. Se trata de dos evaluaciones del uso de plaguicidas en dos proyectos en República Dominicana por los que la firma percibió 80.429,76 euros. Desfa, que también fue proveedora de la Generalitat, cobró por otros dos proyectos en Guinea Ecuatorial 187.000 euros y 38.655 euros respectivamente por el envío de productos farmacéuticos para la ONG de la trama Ceiba. Se desconoce si este supuesto envío llegó a sus destinatarios, ya que el contenedor estuvo nueve meses paralizado en el puerto de Malabo, según confirmó a este periódico tras estallar el escándalo Apolonio Mba, presidente de la organización. Estas medicinas iban teóricamente para la lucha contra el sida. En la actualidad, Desfa se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 31 de mayo de 2011, justo en los días en que el Fiscal Anticorrupción denunció la trama ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La presidenta de Desfa era María Pilar Segura Crespo, quien a su vez administraba Delivery Barnes. Esta mercantil percibió 70.886 euros de la trama por el supuesto envío de alimentos terapéuticos a Guinea Ecuatorial. Estos artículos también estaban en el contenedor que quedó bloqueado en el puerto. Llama la atención el objeto social de esta mercantil, ya que compagina servicios relativos a la propiedad inmobiliaria con otros a la propiedad industrial, como el supuesto envío de alimentos terapéuticos a Malabo. La fundación Hemisferio, que controlaba Joaquín Blasco y Tauroni, tenía mancomunadas las cuentas de las ONG que asesoraba. Así, las órdenes de pago las hacía directa o indirectamente el propio Joaquín Blasco a sus empresas. Todos estos abonos se hicieron efectivos, como demostró la diputada de Compromís Mireia Mollà cuando denunció la trama ante la Fiscalía. Mollà aportó todos los justificantes de pago que, en muchos casos tienen fecha anterior a empezar el proyecto. El PP veta que las Corts se personen La mayoría del PP en la Mesa de las Corts vetó ayer la tramitación de una iniciativa de la diputada de Compromís Mireia Mollà en la que pedía que la Cámara se persone en la causa por la trama de ONG, toda vez que el propio Parlamento donó 40.000 euros -de un total de 177.000 aportados por los valencianos y otros organismos- como ayuda humanitaria a Haití. La entonces Conselleria de Solidaridad, dirigida por el actual portavoz del PP, Rafael Blasco, puso esos fondos en manos de la Fundación Hemisferio, supuesta matriz de la trama. El argumento fue que el reglamento no prevé la personación. El PP de la Mesa también rechazó la petición del PSPV para que el informe del Síndic sobre las ayudas que sirvieron para comprar inmuebles en Valencia se publique y el auditor comparezca. El PP blindó así parlamentariamente a Blasco en el caso de las ONG. www.levante-emv.com 14.03.12

32

27. C. VALENCIANA: EL JUEZ RATIFICA LA APERTURA DE JUICIO A FABRA Y AÑADE A UN NUEVO IMPUTADO La fiscalía solicita 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales El titular del juzgado número 1 de Nules ha ratificado la apertura de juicio oral al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que será juzgado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. El juez ha decretado un nuevo auto que incluye la imputación del exsenador y exdiputado Miguel Prim, cuya implicación fue aceptada por la Audiencia provincial poco después de que el juez decidiera que Fabra se tenía que sentar en el banquillo. Para este exdirigente del PP ha señalado una fianza de 800.000 euros. La decisión de la Audiencia de imputar a Prim, que tardó dos meses en resolver la cuestión, ha retrasado el señalamiento del juicio al presidente del PP de Castellón cuyo caso será remitido ahora a Castellón, donde ha de ser juzgado. La fiscalía pide para el dirigente del PP 13 años de prisión, que la acusación popular eleva a 20. Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denunciando a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Para hacer frente a la fianza, de 4,2 millones de euros, Carlos Fabra entregó, hace semanas, un listado de bienes susceptibles de ser embargados para garantizar su posible responsabilidad civil. Lo hizo de manera conjunta con su exesposa, María Amparo Fernández, a la que también se le imputan tres fraudes fiscales y para la que se marcó una fianza de 1,7 millones de euros. Entre los dos, según las acusaciones, defraudaron 1,2 millones de euros. El juzgado ha emitido los mandamientos correspondientes para que se anote en el Registro la situación de embargo cautelar. En cualquier caso, las medidas sobre los embargos no afectan a la marcha del procedimiento ya que el juez decretó la apertura de una pieza separada sobre la responsabilidad civil. www.elpais.es 14.03.12 28. C. VALENCIANA: EL JUEZ IMPONE A PRIM UNA FIANZA DE 800.000 EUROS El exsenador del Partido Popular está imputado con Carlos Fabra por presunto tráfico de influencias El juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros para el exsenador del PP Miguel Prim, imputado en el 'caso Naranjax' por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias, después de que el ministerio fiscal y las acusaciones hayan formulado escritos de acusación contra él. Así, el juez añade la imputación de Prim en un nuevo auto de apertura de juicio oral, de fecha 9 de marzo, en el 'caso Naranjax', en el que está imputado el ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que amplía el emitido con interioridad y en el que se le imponía a Fabra una fianza de 4,2 millones de euros. El juez ordena que el exsenador preste la fianza en el término de una audiencia y, si transcurrido dicho término no lo hace, acuerda que se le embarguen bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o que acredite la insolvencia.

33

La imputación de Miguel Prim se incluyó en un auto dictado por el juez después de que la Audiencia de Castellón revocara el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con él, lo dejara sin efecto, y acordara la continuación de las actuaciones por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias. Así, en la ampliación de la exposición de hechos del auto de fecha 23 de diciembre de 2001, en que aparece Prim como imputado, se indica que éste participó en una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura el 12 de julio de 1999 con el entonces ministro Jesús Posadas; el exsecretario de Hacienda, Juan Costa; el entonces diputado Juan José Ortiz, y el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, uno de cuyos puntos del día era los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax. En dicha reunión también intervino Rafael Millán Díez, entonces director general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar concretamente del estado administrativo en el que se encontraban los productos de las empresas del exsocio de Fabra, Vicente Vilar Ibáñez, y de la exmujer de éste, Montserrat Vives Plaja, ambos también imputados en esta causa. En la misma exposición se indica que, tras la citada reunión, Miguel Prim, haciendo valer su condición de senador por Castellón, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives, remitiendo, incluso, una carta de fecha 2 de septiembre de 1999 a la atención del entonces ministro del ramo en la que le recriminaba que en la fecha indicada no se hubiera actuado conforme a como él entendió que se había quedado en la reunión. Cuentas de Fabra Sobre este caso, el juzgado de instrucción número 1 de Nules ha señalado este miércoles que no se ha procedido al embargo de cuenta alguna de Carlos Fabra, quien señaló hace semanas, cumpliendo con la petición del juzgado, los bienes susceptibles de ser embargados para asegurar la fianza por posible responsabilidad civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Sobre esos bienes, el juzgado ha emitido los mandamientos correspondientes para que se anote en el Registro la situación de embargo cautelar. El juez dio traslado a las partes personadas, que son las que solicitaron que impusiera la fianza, para que se pronunciaran en el sentido que consideraran oportuno sobre los bienes señalados por Carlos Fabra como susceptibles de ser embargados para hacer frente a la fianza y, de acuerdo con esta instancia, ninguna de ellas se ha pronunciado sobre si esos bienes cubren o no, a su criterio, la fianza solicitada, según la misma fuente. El juzgado no ha previsto instar ninguna otra medida sobre el patrimonio de Carlos Fabra, salvo que los bienes señalados no estén disponibles para ser embargados cautelarmente como se ha ordenado, por lo que ha precisado que no se ha procedido ni está previsto en las circunstancias actuales embargar las cuentas del imputado. www.levante-emv.com 14.03.12