las políticas de inclusión social en euskadi logros, déficits y retos en el horizonte de 2020...

Las políticas de inclusión social en EuskadiLogros, déficits y retos en el horizonte de 2020

Joseba [email protected]@zalaka11

2

Algunos cambios determinantes en el marco social y económico

Incremento del desempleo, como consecuencia de la crisis, y previsión de una menor demanda de empleo de baja y media cualificación, como consecuencia de los cambios tecnológicos y productivos.

Precarización del mercado laboral y erosión de la capacidad inclusiva del empleo (bajos salarios, jornadas parciales y discontinuas, nuevas formas de contratación).

Crecimiento de la desigualdad y polarización social: el principal impacto de la crisis ha sido el empobrecimiento de la pobreza.

3

Cambios a largo plazo en las sociedades de nuestro entorno

(Re)emergencia de la cuestión de la herencia familiar y reducción de las posibilidades de movilidad social ascendente: ¿cómo romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza?

Creciente inestabilidad política internacional, emergencia de grupos populistas, y desplazamiento del poder político y económico al área del Pacífico.

Cuestionamiento creciente del Estado de Bienestar (pensiones, sanidad, etc.) y disminución de los ingresos públicos (reducción de tipos, fraude, ingeniería fiscal de las grandes empresas y patrimonios, etc.).

4

Cambios a largo plazo en las sociedades de nuestro entorno

5

Los logros de las políticas de inclusión social en Euskadi

Un sistema potente de garantía de ingresos: que llega a una parte importante de la demanda potencial y

reduce de forma significativa la pobreza. que se articula como un derecho subjetivo y parte de la filosofía

del doble derecho.

Un sistema de servicios sociales en fase de desarrollo, pero todavía poco articulado.

Apuesta social, política e institucional clara por el desarrollo de las políticas sociales.

Un modelo productivo más sólido que en otras épocas u otros contextos (industria, exportación, etc.).

Todo ello se traduce en tasas más bajas de pobreza y desigualdad en relación a España y a la propia UE15.

6

Logros de las políticas de inclusión

0

10

20

30

40

5.23.1

6.2

22.6 22.5

27.1

4.27.2 8.0

9.4

33.836.0

30.4

4.9

Euskadi UE-157

Tasas más bajas de pobreza y privación que en la UE

La situación de Euskadi en 2014 es mejor que la de los países de la UE-15 en la mayor parte de los indicadores de pobreza, privación y desigualdad

Fuente: OEE Gobierno Vasco. Módulo EPDS-Pobreza de la Encuesta de Necesidades Sociales 2014

Gipuzkoa

España

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

56.8

34.3

29.7

40.6

8.3

14.2

5.1

10.9

Integración plena Integración precaria Exclusión moderada Exclusión severa

8

Niveles de integración social más elevados que en el conjunto del Estado

El 56% de la población guipuzcoana está en situación de integración plena, y el 13,4% en situación de exclusión. En el conjunto del Estado, los

porcentajes son del 34% y el 25%

Fuentes: Fundación FOESSA; Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa. 2014

La crisis ha generado menos pobreza en Euskadi que en España

9

Pese a tener un PIB per habitante similar, la situación de Euskadi ha sido desde antes de la crisis mejor que la de otras CCAA ricas a la hora de

prevenir la pobreza

2004/2005 2006/2008 2009/2011 2012/20140

10

20

30

40

50

34.9

28.8

35.1

41.0

35.030.1

35.3 38.9

21.918.7 20.3 20.9

Evolución del porcentaje de personas en hogares que no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, en función del promedio resultante para diversos periodos

Cataluña Madrid Euskadi

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida

Niveles de gasto en exclusión superiores a los de la UE15, debido a la RGI

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Euskadi gasta más que el conjunto de la UE15 en el ámbito de la inclusión social, pero es un gasto más orientado que el europeo a las prestaciones

económicas. El gasto es menor en servicios de atención directa

Euskadi UE15 España0

50

100

150

200

250

172.6

110.1

22.8

29.4

43.9

17.0

Gasto en exclusión social (en euros por habitante). 2012

Prestaciones económicas Servicios

Fuentes: Eustat; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; Eurostat. Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS

Com. Valenciana

Canarias

Baleares

Murcia

Galicia

Navarra

Aragón

Madrid

Andalucía

Cataluña

Extremadura

Asturias

La Rioja

Cantabria

Castilla y León

País Vasco

Castilla-La Mancha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.96.26.36.56.76.7

7.17.77.98.18.68.98.98.98.99.2

9.7

% Gasto sobre gasto público total

Madrid

Baleares

Com. Valenciana

Murcia

Aragón

Galicia

Canarias

Cataluña

Navarra

La Rioja

Castilla y León

Asturias

Andalucía

Cantabria

País Vasco

Castilla-La Mancha

Extremadura

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.91.01.0

1.21.21.31.31.41.51.61.71.81.81.91.9

2.22.6

% Gasto sobre el PIB

Com. Valenciana

Murcia

Baleares

Galicia

Canarias

Madrid

Aragón

Andalucía

Asturias

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Cantabria

La Rioja

Navarra

País Vasco

0 200 400 600

196.1220.7

240.9251.0253.1263.1

295.8297.9

354.2355.9357.3369.1376.9388.8389.1

411.3541.2

Gasto consolidado (euros/ha-bitante)

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A la cabeza del Estado en el desarrollo de los Servicios Sociales

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la CAPV está en 2013 a la cabeza del Estado en lo que se refiere al gasto en

Servicios Sociales, especialmente en lo que se refiere al gasto por habitante

Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Índice DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales. 2014

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Más ocupación en Servicios Sociales que en España, menos que en Europa

Los tres territorios de la CAPV están a la cabeza del Estado en cuanto al número de profesionales de los Servicios Sociales en relación a su

población, pero por debajo de la media de la UE27

GreciaRumaníaLituaniaEstonia

BulgariaPoloniaLetonia

ItaliaEslovenia

EspañaRepública Checa

HungríaEslovaquia

BizkaiaPortugal

EuskadiGipuzkoa

AustriaÁlavaUE27

IrlandaAlemania

FranciaReino Unido

BélgicaFinlandia

SueciaPaíses BajosDinamarca

0 10 20 30 40 50 60

2.33.63.7

5.75.95.96.2

8.38.39.39.49.8

11.412.1

13.513.6

15.015.516.3

19.120.0

24.527.328.0

30.139.2

41.845.5

55.1

Nº de personas ocupadas en servicios sociales por cada 1.000 habitantes, según países UE. 2013

Illes BalearsCantabria

ExtremaduraCom. Valenciana

CeutaMurcia

Castilla-La ManchaGalicia

AndalucíaEspaña

AsturiasMadrid

CataluñaCanariasLa RiojaAragónMelillaBizkaia

NavarraEuskadi

Castilla y LeónGipuzkoa

Álava

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2.52.62.6

3.85.1

5.77.0

7.48.4

9.39.8

10.210.510.710.911.111.2

12.512.5

14.214.2

15.717.0

Nº personas ocupadas en servicios sociales por cada 1.000 habitantes, según comunidades autónomas.

2014

Fuentes: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social; EUROSTAT. Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo de la Unión Europea

13

Mayor dotación de plazas en centros para personas sin hogar

Con 12 plazas por cada 10.000 habitantes, Euskadi está a la cabeza del Estado en lo que se refiere a la cobertura de los centros de alojamiento para

personas sin hogar

Fuente: INE. Encuesta sobre Centros de Atención a Personas Sin Hogar

ExtremaduraComunidad Valenciana

Castilla-La ManchaCataluña

AndalucíaCantabria

Castilla y LeónCanarias

GaliciaMadrid

AsturiasMurcia

NavarraIlles Balears

AragónLa RiojaEuskadi

0 2 4 6 8 10 12 14

1.131.68

1.972.052.14

2.942.952.953.053.07

4.044.48

5.285.69

6.707.61

12.64

Plazas en centros de alojamiento para personas sin hogar. 2014(plazas por 10.000 habitantes)

Un sistema europeo de rentas mínimas

14

La RGI vasca es homologable a la de otros países de Europa tanto en términos de cuantías como de cobertura; no ocurre lo mismo con el resto de

las RRMM españolas

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes

0

1

2

3

4

5

2.83.3 3.1

4.2

0.3

Cobertura (titulares por 1.000 habitantes)

0

100

200

300253.3

126.6163.4

183.1

11.4

Gasto anual por habitante (€)

050

100150200250300350400450500 453.5

329.9

437.6367.5

284.2

Gasto mensual por titular (€)

El impacto de la RGI/AES/PCV en la reducción de la pobreza

15

Casi el 10% de la población vasca es potencialmente demandante de la RGI…


0

4

8

12

9.6

7.0

3.3 3.72.6

Porcentaje sobre la población total de la población en riesgo de pobreza. Euskadi 2014

El impacto de la RGI/AES/PCV en la reducción de la pobreza

16

…de ese casi 10% de la población, no accede a la prestación el 27%, sale de la pobreza el 38% y sigue siendo pobre el 34%. La tasa de pobreza se reduce en un 38% y la

intensidad en un 78%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000207,898

127,399

80,499

Eficacia del sistema RGI-PCV/AES. Euskadi 2014

Población que no

sale de la pobreza34,2%

Población que sale de la pobreza

38,7%

Población no atendida en el sistema

27,1%

Distribución de la población en riesgo de pobreza. Euskadi 2014

N= 207.898


El impacto de la RGI/AES/PCV en la reducción de la desigualdad

17

Sin RGI, la reducción de ingresos del 10% más pobre de la población hubiera sido del 25% entre 2008 y 2014; con RGI ‘sólo’ es del 13%.

La RGI ha suavizado el crecimiento de la desigualdad en Euskadi

Fuente: Módulo EPDS-Pobreza de la Encuesta de Necesidades Sociales 2014. OEE Gobierno Vasco.

10% más pobre 10-20% 20-30% 30-100% más rico-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-25.7

-13.5

-8.7

1.3

-13.4

-8.2-4.4

1.2

Evolución comparada de los ingresos medios equivalentes per cápita de las decilas de in-gresos 1, 2, 3 y 4 a 10 (ingresos mensuales netos corrientes), con y sin ingresos procedentes

del sistema RGI/PCV/AES. 2008-2014

Sin RGI/AES/PCV Con RGI/AES/PCV

315.000 personas (en torno al 15% de la población) en situación de exclusión social, moderada o grave.

104.000 personas (casi el 5%) en riesgo de pobreza grave (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana).

114.000 personas de 16 a 64 años (8%) alejadas estructuralmente del empleo (paro de larga duración o subocupación). En 2010, eran 34.000.

Más de 2.000 personas en situación de exclusión residencial grave, y, de ellas, en torno a 500 durmiendo cada noche en las calles de Euskadi.

18

Las dimensiones de la pobreza y la exclusión en Euskadi

19

Trece retos para las políticas de inclusión social en Euskadi

No existe un sistema vasco de inclusión social ni un catálogo de servicios específico. La definición de las políticas de inclusión es variable y arbitraria.

El reconocimiento del carácter multidimensional de la exclusión nos lleva a menudo a planteamientos generalistas, excesivamente ambiciosos, que mezclan planos muy diferentes (inclusión, cohesión, justicia…).

Primer reto: definir y priorizar las políticas de inclusión, y las situaciones / necesidades / colectivos sobre los que se va a intervenir, sin renunciar en todo caso a la multidimensionalidad y a la flexibilidad, y desde el principio de doble derecho.

20

1. Definir y consensuar las políticas de inclusión social

Por las mismas razones, no existe un liderazgo asumido o reconocido para el impulso integral de estas políticas, dispersas entre Ayuntamientos, DDFF, Lanbide y otros departamentos del Gobierno.

La asunción de la gestión de la RGI por Lanbide ha agravado esta situación, que también afecta a sistemas más articulados, como los Servicios Sociales.

A ello se suma el papel secundario que juegan los órganos de participación y representación.

¿Es posible, o conveniente, que una administración asuma como propio el reto de liderar, impulsar y coordinar todas estas políticas?

21

2. Mejorar la gobernanza y desarrollar un liderazgo sólido del sistema

En la lógica del paradigma de la inversión social (preparar antes que reparar) la prevención debería ser la base de las políticas contra la exclusión: Evitar la reproducción intergeneracional de la desigualdad: la

lucha contra la pobreza infantil. Combinar redistribución y predistribución (educación,

formación a lo largo de toda la vida, condiciones laborales…). Anticipar y adelantarse a los eventos que sabemos que son

precursores de las situaciones de exclusión (desahucios, altas institucionales, rupturas relacionales, pérdidas de empleo…).

22

3. Apostar por la prevención de la exclusión

El núcleo duro de las políticas de inclusión (garantía de ingresos y servicios sociales) se apoya en planteamientos filosóficos y organizativos que es necesario revisar y actualizar: El acceso al empleo como herramienta esencial, y como

indicador de éxito, de la intervención social, lo que contrasta con la creciente precarización del mercado de trabajo y la erosión de su capacidad inclusiva.

El carácter finalista, terapéutico o rehabilitador de las intervenciones (frente a las aproximaciones más orientadas a la contención) y su carácter lineal y ascendente: es necesario pasar del modelo médico al modelo social.

23

4. Redefinir el objeto de las políticas de inclusión: nuevos paradigmas

El peso de los criterios de condicionalidad y merecimiento, que se materializan en la importancia dada a la ‘motivación para el cambio’.

El señalamiento constante de la cronicidad y la dependencia como riesgos fundamentales a evitar, frente a su reconocimiento en otros ámbitos (salud, pensiones…).

La centralidad de las organizaciones y de los criterios profesionales, frente a la individualización de las medidas, la centralidad de las personas y su derecho a elegir.

individualización mal entendida, que antepone la responsabilidad individual a los condicionantes estructurales.

La persistencia de la discrecionalidad política y técnica, frente a la lógica de los derechos individuales.

24


Frente a esas carencias, se empiezan a incorporar al ámbito de la exclusión social paradigmas ya desarrollados en otros ámbitos de la acción social: La perspectiva de los derechos: a recibir servicios y a que sean de

calidad (intimidad, elección, seguridad…). La calidad de vida, frente a la normalización, la integración o

incluso la inclusión. La activación inclusiva (frente a la inclusión activa), que extiende

la condicionalidad mucho más allá del acceso al mercado de trabajo, y que no limita la inclusión social a la inserción laboral, reconociendo la multidimensionalidad de la inclusión.

25


Individualización, autodeterminación y control: los enfoques de atención centrada en la persona y vida independiente, que hacen hincapié en la autonomía de las personas usuarias y en su derecho a elegir.

Individualizar las intervenciones, adaptarse a los deseos, necesidades y expectativas de las personas atendidas, sin desatender los condicionantes estructurales.

Reducción de daños y baja exigencia: la importancia de la intervención social paliativa y de la contención, y el reconocimiento de la espiralidad de las situaciones de exclusión.

Desinstitucionalización, vivienda con apoyo, apoyo en la vivienda, y atención en (y por) la comunidad.

26


No cabe duda de que la garantía de ingresos ha tenido un desarrollo razonable en Euskadi. De hecho, es el único de los dos derechos que se ha desarrollado en una medida aceptable.

Pero existen todavía problemas y limitaciones importantes en este dispositivo. Es necesario: Mejorar los aspectos relacionados con la gestión de la RGI,

especialmente en lo que se refiere a cobros indebidos y su recuperación, suspensiones, etc.

Actualizar las cuantías de la prestación, especialmente en lo que se refiere a las unidades de tres y más miembros (en general, con menores a cargo). 27

5. Hacer realidad el principio de doble derecho: mejorar la garantía de ingresos

Promover el acceso a la RGI a todas las personas en situación de necesidad, especialmente las que cumplen los requisitos de acceso (pero también de los que no los cumplen: padrón, patrimonio, ingresos).

Reforzar el sistema de estímulos al empleo para trabajadores pobres, vinculándolo en su caso al sistema fiscal, y eliminando su carácter temporal.

Garantizar que desde Lanbide se plantea un trabajo de orientación, intermediación y formación adecuado con los colectivos en situación o riesgo de exclusión.

Mejorar radicalmente la coordinación con los SSBB. Disociar la lógica de la inclusión de la lógica de la garantía de

rentas, normalizando el acceso al sistema. 28

5. Hacer realidad el principio de doble derecho: mejorar la garantía de ingresos

La Ley 12/2008 señala entre sus fines el de atender a las personas en situación de exclusión, y la recientemente aprobada Cartera establece la universalización del sistema en 2017.

Son conocidos los problemas para desarrollar esa Ley y cabe hablar de un acuerdo interinstitucional para ajustar su aplicación, acomodándola a las disponibilidades presupuestarias.

Además, por razones históricas, los servicios sociales vinculados a la inclusión social son los menos desarrollados y los menos articulados.

29

6. Garantizar el derecho subjetivo a los servicios sociales para la inclusión

En el proceso de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales en cada Territorio es preciso: Dotar al sistema de un liderazgo claro, que reduzca el efecto de

la fragmentación institucional vigente: combinar autonomía institucional y derecho subjetivo.

Establecer canales permanentes de coordinación entre los Ayuntamientos y las DDFF para elaborar mapas territoriales consensuados, que incluyan los recursos de primaria y secundaria.

Delimitar con mayor claridad las funciones de los diversos centros (de atención diurna y nocturna) previstos en la Cartera, diferenciándolos básicamente en función de la intensidad de la atención.

30


Permitir que se pueda atender, con la intensidad necesaria, a las personas que no quieren o no pueden implicarse en procesos exigentes de rehabilitación personal.

Acometer una reordenación territorial de los recursos que ponga fin a la actual concentración de recursos en las capitales, y permita el desarrollo de recursos de competencia municipal y ámbito supramunicipal en las demás comarcas.

Desarrollar si es necesario fórmulas de co-gestión, co-financiación o co-ubicación de determinados recursos (mediante mancomunizaciones, consorcios, encomiendas de gestión…).

31


Mejorar los procedimientos de valoración y acceso a los recursos, especialmente de atención secundaria.

Impulsar el papel de los SSBB como puerta de entrada al sistema y garantizar la continuidad de la atención, clarificar los procedimientos de intervención, los itinerarios

asistenciales y las diferentes figuras y funciones, mejorar su dotación profesional.

Extender los programas de intervención socioeducativa, en medio abierto y a domicilio, a las personas en situación de exclusión leve, moderada y grave.

32


En los últimos años se ha reducido la oferta de inserción sociolaboral (empresas de inserción, auzolanes, talleres ocupacionales y pre-laborales…) para personas en situación o riesgo de exclusión.

Parecen obvias las dificultades de Lanbide para trabajar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades de inclusión.

Apuesta por la creación directa de empleo, mediante cláusulas sociales y el impulso de los programas de empleo social protegido de carácter finalista en la lógica de la economía alternativa y solidaria (¿mediante el trabajo garantizado?)

33

7. Potenciar los recursos de inserción sociolaboral

Mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de salud, especialmente en lo que se refiere a la salud mental.

Revisar algunos de los criterios de exclusión establecidos en los centros de servicios sociales en función de determinadas problemáticas de salud (enfermedad mental, infectocontagiosas, etc.).

Extender a todos los territorios determinados recursos sociosanitarios. P. ej.: Atención psiquiátrica a personas sin hogar Centros de convalecencia para personas en situación de

exclusión severa

34

8. Desarrollar un verdadero espacio sociosanitario

Hasta la fecha, las políticas públicas de vivienda y las de exclusión social han seguido caminos separados, más allá de las VPO de alquiler social y la PCV.

Junto a la apuesta por la promoción de vivienda pública de alquiler social, todavía poco desarrollada, la clave está en implicar al sistema de vivienda en las políticas de vivienda con apoyo y apoyo en la vivienda.

Imprescindible asumir una idea: el sistema de vivienda garantiza la vivienda (más allá del alojamiento de emergencia); el de servicios sociales los apoyos para la inclusión (de duración, exigencia e intensidad variable).

35

9. Desarrollar políticas combinadas de vivienda e inclusión social

Las políticas de inclusión solo se pueden desarrollar desde bases locales, a partir de los agentes y de las necesidades de cada territorio.

Asumir la idea de que las políticas de inclusión van más allá de las políticas públicas: necesidad de generar redes y servicios no vinculados a las instituciones, profundizando en las nuevas formas de institucionalidad que emergen tras la crisis.

Repensar el papel del voluntariado y del 3er Sector. En la lógica de la activación inclusiva, apostar por

herramientas para la inclusión basadas en el ocio, la cultura, y la participación cívica y comunitaria.

36

10. Reforzar la dimensión local y comunitaria de las políticas de inclusión

Avanzar en la gestión de conocimiento y en una práctica más basada en la evidencia: Generar un modelo consensuado de comprensión de la

exclusión y de intervención en este ámbito. Desarrollar y evaluar intervenciones experimentales. Generar observatorios que difundan buenas prácticas y

permitan un seguimiento cercano e inmediato de la realidad (con métodos cuantitativos y cualitativos).

Aprovechar y sistematizar el conocimiento que generan los profesionales y las entidades del sector.

Desarrollar cuadros de mando de indicadores de calidad.37

11. Apostar por el conocimiento: experimentación, evaluación e

innovación

Se dan, en el conjunto de los Servicios Sociales pero también en el ámbito de la inclusión, condiciones laborales muy diferentes, con situaciones de precariedad laboral relativamente extendidas.

Es necesario, por una parte, mejorar las condiciones laborales de una parte importante de las personas que trabajan en el ámbito de la exclusión (especialmente en el 3er Sector).

Al mismo tiempo, es preciso, en el conjunto de los servicios sociales, un esfuerzo de racionalización de los costes, que permitan su viabilidad económica y garanticen un nivel mínimo de coste-efectividad.

38

12. Mejorar las condiciones laborales; racionalizar los costes

Las políticas contra la pobreza, antes poco conocidas, han pasado al centro del debate social y político.

Han emergido discursos y actitudes latentes, muy arraigados en la mentalidad occidental: diferencia entre pobres falsos y verdaderos (fraude), la ayuda a los pobres extranjeros (padrón), el esfuerzo personal para la subsistencia (activación)...

Es necesario ganar la batalla de la legitimidad social mediante nuevo discurso que vaya más allá de la solidaridad y las buenas intenciones: el valor de la cohesión, la responsabilidad compartida, la dignidad de las personas.

39

13. Ganar la batalla de la legitimidad social

40

Y, además…

Un mercado de trabajo más inclusivo en un modelo productivo más sólido: no es posible reducir la desigualdad y la pobreza sin crecimiento económico a largo plazo y sin un mercado de trabajo flexible.

Otro modelo de gestión de la inmigración. Una fiscalidad diferente, que permita financiar las

políticas sociales. La llave del cambio la tiene la ciudadanía: vecinos,

compañeros, consumidores, caseros, empresarios, clientes… son los únicos que pueden acabar con la pobreza y la exclusión.

41

Cambios estructurales que hagan viables las políticas de inclusión

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