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LEGISLACIÓN ACTUALIZADA ‐ 2012

según el

LEY DE ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTO

DE LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO

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LEY 6/1997, DE 14 DE ABRIL, DE ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

• Fecha de la disposición: 14 de abril de 1997

• Fecha de publicación en BOE: 15 de abril de 1997

• Entrada en vigor: 5 de mayo de 1997

MODIFICACIONES POSTERIORES (por orden cronológico):

• SE MODIFICA:

‐la disposición adicional 10.1, por REAL DECRETO‐LEY 17/2011, de 31 de octubre‐la disposición adicional 10.1, por LEY 34/2011, de 4 de octubre‐la disposición adicional 10.1, por REAL DECRETO‐LEY 11/2011, de 26 de agosto‐la disposición adicional 10.1, por LEY 13/2011, de 27 de mayo‐la disposición adicional 10.1, por LEY 7/2010, de 31 de marzo

• SE MODIFICA la disposición adicional 10.1, según redacción dada a la disposición final 2.1

de la LEY 23/2007, de 8 de octubre, por LEY 51/2007, de 26 de diciembre

• SE DEROGA el párrafo 3 de la disposición adicional 4, por LEY ORGÁNICA 15/2007, de 30de noviembre

• SE MODIFICA:

‐la disposición adicional 10.1, por LEY 23/2007, de 8 de octubre‐la disposición adicional 10.1, por LEY 15/2007, de 3 de julio‐el art. 43, por LEY 28/2006, de 18 de julio‐la disposición adicional 12, por LEY 17/2006, de 5 de junio

• SE MODIFICA:

‐los arts. 48, 56 y la disposición adicional 12, por LEY 33/2003, de 3 de noviembre‐el art. 29, por LEY 53/2002, de 20 de diciembre‐el art. 43.3, por LEY 14/2000, de 29 de diciembre

• SE MODIFICA:

‐los arts. 12, 13 y la disposición adicional 10 , por LEY 50/1998, de 30 de diciembre‐el párrafo primero de la disposición adicional décima.1, por LEY 34/1998 de 7 de octubre‐la disposición adicional octava, por LEY 20/1998 de 1 de julio

‐ LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ‐

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LEY 6/1997, DE 14 DE ABRIL, DE ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

TÍTULO I.‐ DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.‐ Principios de organización, funcionamiento yrelaciones con los ciudadanos

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Ley regula, en el marco del régimen jurídico co‐mún a todas las Administraciones públicas, la organización yel funcionamiento de la Administración General del Estado ylos Organismos públicos vinculados o dependientes de ella,para el desarrollo de su actividad.

Los Organismos públicos son las Entidades de Derecho públi‐co que desarrollan actividades derivadas de la propia Admi‐nistración General del Estado, en calidad de organizacionesinstrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

Artículo 2. Personalidad jurídica y competencia.

1. La Administración General del Estado, bajo la dirección delGobierno y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,sirve con objetividad los intereses generales, desarrollandofunciones ejecutivas de carácter administrativo.

2. La Administración General del Estado, constituida porórganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidadjurídica única.

3. Los Organismos públicos previstos en el Título III de estaLey tienen por objeto la realización de actividades de ejecu‐ción o gestión tanto administrativas de fomento o prestación,como de contenido económico reservadas a la AdministraciónGeneral del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directa‐mente o a través de otro Organismo público, al Ministeriocompetente por razón de la materia, a través del órgano queen cada caso se determine.

4. Las potestades y competencias administrativas que, encada momento, tengan atribuidas la Administración Generaldel Estado y sus Organismos públicos por el ordenamientojurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros.

5. Los órganos que integran la Administración General delEstado y sus Organismos públicos extienden su competenciaa todo el territorio español, salvo cuando las normas que lessean de aplicación la limiten expresamente a una parte delmismo.

Artículo 3. Principios de organización y funcionamiento.

La Administración General del Estado se organiza y actúa, conpleno respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con losotros principios que a continuación se mencionan:

1. De organización.

a) Jerarquía.

b) Descentralización funcional.

c) Desconcentración funcional y territorial.

d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los me‐dios a los fines institucionales.

e) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

f) Coordinación.

2. De funcionamiento.

a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursospúblicos.

c) Programación y desarrollo de objetivos y control de lagestión y de los resultados.

d) Responsabilidad por la gestión pública.

e) Racionalización y agilidad de los procedimientos admi‐nistrativos y de las actividades materiales de gestión.

f) Servicio efectivo a los ciudadanos.

g) Objetividad y transparencia de la actuación administra‐tiva.

h) Cooperación y coordinación con las otras Administra‐ciones públicas.

Artículo 4. Principio de servicio a los ciudadanos.

1. La actuación de la Administración General del Estado debeasegurar a los ciudadanos:

a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen conla Administración.

b) La continua mejora de los procedimientos, servicios yprestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadaspor el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponi‐bles, determinando al respecto las prestaciones que pro‐porcionan los servicios estatales, sus contenidos y loscorrespondientes estándares de calidad.

2. La Administración General del Estado desarrollará su acti‐vidad y organizará las dependencias administrativas y, enparticular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudada‐nos:

a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redac‐ción formal de documentos administrativos y recibirinformación de interés general por medios telefónicos,informáticos y telemáticos.

b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter derecursos administrativos, sobre el funcionamiento de lasdependencias administrativas.

3. Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actua‐lizadas y a disposición de los ciudadanos en las unidades deinformación correspondientes, el esquema de su organizacióny la de los organismos dependientes, y las guías informativassobre los procedimientos administrativos, servicios y presta‐ciones aplicables en el ámbito de la competencia del Ministe‐rio y de sus Organismos públicos.



CAPÍTULO II.‐ La organización administrativa

Artículo 5. Órganos administrativos.

1. Los órganos de la Administración General del Estado y desus Organismos públicos se crean, modifican y suprimenconforme a lo establecido en la presente Ley.

2. Tendrán la consideración de órganos las unidades adminis‐trativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efec‐tos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácterpreceptivo.

Artículo 6. Órganos superiores y órganos directivos.

1. La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departa‐mentos ministeriales y de gestión territorial integrada enDelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas,salvo las excepciones previstas por esta Ley.

2. En la organización central son órganos superiores y órga‐nos directivos:

A) Órganos superiores:

a) Los Ministros.

b) Los Secretarios de Estado.

B) Órganos directivos:

a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.

b) Los Secretarios generales técnicos y Directores gene‐rales.

c) Los Subdirectores generales.

3. En la organización territorial de la Administración Generaldel Estado son órganos directivos tanto los Delegados delGobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rangode Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en lasprovincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

4. En la Administración General del Estado en el exterior sonórganos directivos los embajadores y representantes perma‐nentes ante Organizaciones internacionales.

5. Los órganos superiores y directivos tienen además la con‐dición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales yasimilados.

6. Todos los demás órganos de la Administración General delEstado se encuentran bajo la dependencia o dirección de unórgano superior o directivo.

7. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán susrespectivos órganos directivos.

8. Corresponde a los órganos superiores establecer los planesde actuación de la organización situada bajo su responsabili‐dad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

9. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados deacuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.

10. Los titulares de los órganos directivos son nombrados,atendiendo a criterios de competencia profesional y experien‐cia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicaciónal desempeño de sus funciones:

a) La responsabilidad profesional, personal y directa porla gestión desarrollada.

b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por elórgano superior o directivo competente, sin perjuicio delcontrol establecido por la Ley General Presupuestaria.

Artículo 7. Elementos organizativos básicos.

1. Las unidades administrativas son los elementos organizati‐vos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades com‐prenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vincula‐dos funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánica‐mente por una jefatura común. Pueden existir unidades admi‐nistrativas complejas, que agrupen dos o más unidades meno‐res.

2. Los jefes de las unidades administrativas son responsablesdel correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuadaejecución de las tareas asignadas a la misma.

3. Las unidades administrativas se establecen mediante lasrelaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdocon su regulación específica, y se integran en un determinadoórgano.

TÍTULO II.‐ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I.‐ Órganos centrales

Sección 1ª.‐ Los Ministerios y su estructura interna

Artículo 8. Los Ministerios.

1. La Administración General del Estado se organiza en Minis‐terios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectoresfuncionalmente homogéneos de actividad administrativa.

La organización en Departamentos ministeriales no obsta a laexistencia de órganos superiores o directivos u Organismospúblicos no integrados o dependientes, respectivamente, deun Ministerio, que con carácter excepcional se adscriban amiembros del Gobierno distintos de los Ministros.

2. La determinación del número, la denominación y el ámbitode competencia respectivo de los Ministerios y las Secretaríasde Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidentedel Gobierno.

Artículo 9. Organización interna de los Ministerios.

1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, yexcepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de unsector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerár‐quicamente los órganos directivos que se les adscriban.

2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecreta‐ría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica,para la gestión de los servicios comunes previstos en la sec‐ción 4.ª de este capítulo.

3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión deuna o varias áreas funcionalmente homogéneas.

4. Las Direcciones Generales se organizan en SubdireccionesGenerales para la distribución de las competencias encomen‐dadas a aquéllas, la realización de las actividades que les sonpropias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sinperjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente



Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayornivel o a órganos superiores del Ministerio.

Artículo 10. Creación, modificación y supresión de órganos yunidades administrativas.

1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secreta‐rías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdi‐recciones Generales, y órganos similares a los anteriores secrean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo deMinistros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuestadel Ministro de Administraciones Públicas.

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General secrean, modifican y suprimen por orden del Ministro respecti‐vo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públi‐cas.

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos secrean, modifican y suprimen a través de las relaciones depuestos de trabajo.

Artículo 11. Ordenación jerárquica de los órganos ministeria‐les.

1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento ysuperiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado.

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anterio‐res y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguienteforma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario ylos Secretarios generales técnicos tienen categoría de Directorgeneral.

Sección 2ª.‐ Órganos superiores de los Ministerios

Artículo 12. Los Ministros.

1. Los Ministros, además de las atribuciones que les corres‐ponden como miembros de Gobierno, dirigen, en cuanto titu‐lares de un departamento ministerial, los sectores de activi‐dad administrativa integrados en su Ministerio y asumen laresponsabilidad inherente a dicha dirección.

2. Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las si‐guientes competencias:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos pre‐vistos en la legislación específica.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes deactuación del mismo y asignar los recursos necesariospara su ejecución, dentro de los límites de las dotacionespresupuestarias correspondientes.

c) Aprobar la propuestas de los estados de gastos del Mi‐nisterio, y de los presupuestos de los Organismos públicosdependientes y remitirlas al Ministerio de Economía yHacienda.

d) Determinar y, en su caso, proponer la organizacióninterna de su Ministerio, de acuerdo con las competenciasque le atribuye esta Ley.

e) Evaluar la realización de los planes de actuación delMinisterio por parte de los órganos superiores y órganosdirectivos y ejercer el control de eficacia respecto de laactuación de dichos órganos y de los Organismos públicos

dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Gene‐ral Presupuestaria.

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directi‐vos del Ministerio y de los Organismos públicos depen‐dientes del mismo, cuando la competencia no esté atri‐buida al Consejo de Ministros o al propio Organismo, yelevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombra‐miento a éste reservadas.

g) Mantener las relaciones con las Comunidades Autóno‐mas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganosde cooperación en el ámbito de las competencias atribui‐das a su Departamento.

h) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos supe‐riores y directivos del Ministerio, impartirles instruccionesconcretas y delegarles competencias propias.

i) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver losconflictos de atribuciones cuando les corresponda, asícomo plantear los que procedan con otros Ministerios.

Artículo 13. Otras competencias de los Ministros.

Corresponden a los Ministros, sin perjuicio de su desconcen‐tración o delegación en los órganos superiores o directivos delMinisterio o en los directivos de la organización territorial dela Administración General del Estado, las siguientes compe‐tencias:

1. Administrar los créditos para gastos de los presupuestosde su Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que nosean de la competencia del Consejo de Ministros y elevara la aprobación de éste los que sean de su competencia,reconocer las obligaciones económicas, y proponer supago en el marco del plan de disposición de fondos delTesoro Público.

2. Autorizar las modificaciones presupuestarias que lesatribuye la Ley General Presupuestaria.

3. Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos yconvenios, salvo que estos últimos correspondan al Conse‐jo de Ministros.

4. Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda, laafectación o el arrendamiento de los inmuebles necesariospara el cumplimiento de los fines de los servicios a sucargo. Estos bienes quedarán sujetos al régimen estableci‐do en la legislación patrimonial correspondiente.

5. Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias,los planes de empleo del Ministerio y los Organismos pú‐blicos de él dependientes.

6. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministe‐rio que expresamente autoricen de forma conjunta losMinisterios de Administraciones Públicas y de Economíay Hacienda.

7. Convocar las pruebas selectivas en relación al personalfuncionario de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerioasí como al personal laboral, de acuerdo con la correspon‐diente oferta de empleo público y proveer los puestos detrabajo vacantes, conforme a los procedimientos estableci‐dos al efecto y ajustándose al marco previamente fijadopor el Ministerio de Administraciones Públicas.



8. Administrar los recursos humanos del Ministerio deacuerdo con la legislación específica en materia de perso‐nal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y ladistribución del complemento de productividad y de otrosincentivos al rendimiento legalmente previstos.

9. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas queprocedan y ejercer la potestad disciplinaria de acuerdocon las disposiciones vigentes.

10. Decidir la representación del Ministerio en los órganoscolegiados o grupos de trabajo en los que no esté previa‐mente determinado el titular del órgano superior o directi‐vo que deba representar al Departamento.

11. Resolver los recursos administrativos y declarar lalesividad de los actos administrativos cuando les corres‐ponda.»

12. Cualesquiera otras competencias que les atribuya lalegislación en vigor.

Artículo 14. Los Secretarios de Estado.

Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las DireccionesGenerales situadas bajo su dependencia, y responden ante elMinistro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secre‐taría de Estado. A tal fin les corresponde:

1. Ejercer las competencias sobre el sector de actividadadministrativa asignado que les atribuya la norma decreación del órgano o que les delegue el Ministro y desem‐peñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado,salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.

2. Ejercer las competencias inherentes a su responsabili‐dad de dirección y, en particular, impulsar la consecuciónde los objetivos y la ejecución de los proyectos de su orga‐nización, controlando su cumplimiento, supervisando laactividad de los órganos directivos adscritos e impartien‐do instrucciones a sus titulares.

3. Nombrar y separar a los Subdirectores generales de laSecretaría de Estado.

4. Mantener las relaciones con los órganos de las Comuni‐dades Autónomas competentes por razón de la materia.

5. Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en mate‐ria de ejecución presupuestaria, con los límites que, en sucaso, se establezcan por aquél.

6. Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secreta‐ría de Estado, y los convenios no reservados al Ministro delque dependan o al Consejo de Ministros.

7. Resolver los recursos que se interpongan contra lasresoluciones de los órganos directivos que dependan di‐rectamente de él y cuyos actos no agoten la vía administra‐tiva, así como los conflictos de atribuciones que se susci‐ten entre dichos órganos.

8. Cualesquiera otras competencias que les atribuya lalegislación en vigor.

Sección 3ª.‐ Órganos directivos de los Ministerios

Artículo 15. Los Subsecretarios.

1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria delMinisterio, dirigen los servicios comunes, ejercen las compe‐tencias correspondientes a dichos servicios comunes, y entodo caso las siguientes:

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación dela actividad del Ministerio, a través del correspondienteasesoramiento técnico.

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministe‐rio y sus Organismos públicos.

c) Establecer los programas de inspección de los serviciosdel Ministerio, así como determinar las actuaciones preci‐sas para la mejora de los sistemas de planificación, direc‐ción y organización y para la racionalización y simplifica‐ción de los procedimientos y métodos de trabajo, en elmarco definido por el Ministerio de AdministracionesPúblicas.

d) Proponer las medidas de organización del Ministerio ydirigir el funcionamiento de los servicios comunes a travésde las correspondientes instrucciones u órdenes de servi‐cio.

e) Asistir a los órganos superiores en materia de relacio‐nes de puestos de trabajo, planes de empleo y política dedirectivos del Ministerio y sus Organismos públicos, asícomo en la elaboración, ejecución y seguimiento de lospresupuestos y la planificación de los sistemas de infor‐mación y comunicación.

f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal delDepartamento.

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Minis‐tro en el desarrollo de las funciones que a éste le corres‐ponden, y en particular en el ejercicio de su potestad nor‐mativa y en la producción de los actos administrativos dela competencia de aquél, así como a los demás órganos delMinisterio.

En los mismos términos del párrafo anterior, informar laspropuestas o proyectos de normas y actos de otros Minis‐terios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, será responsable de coordinar las actuacio‐nes correspondientes dentro del Ministerio, y en relacióncon los demás Ministerios que hayan de intervenir en elprocedimiento.

h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervi‐sión de la Secretaría General Técnica y los restantes órga‐nos directivos que dependan directamente de él.

i) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicioscomunes del Ministerio y a la representación ordinaria delmismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

2. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por RealDecreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular delMinisterio.



Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con loscriterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de estaLey, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comuni‐dades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exijapara su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,Arquitecto o equivalente.

Artículo 16. Los Secretarios generales.

1. Cuando con carácter excepcional las normas que regulan laestructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secre‐tario general, deberán determinar las competencias que lecorrespondan sobre un sector de actividad administrativadeterminado.

2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inheren‐tes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos de‐pendientes, contempladas en el apartado 2 del artículo 14, asícomo todas aquellas que les asigne expresamente el RealDecreto de estructura del Ministerio.

3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario,serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo deMinistros, a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con loscriterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 entrepersonas con cualificación y experiencia en el desempeño depuestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Artículo 17. Los Secretarios generales técnicos.

1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata depen‐dencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobreservicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de estruc‐tura del Departamento y, en todo caso, las relativas a: produc‐ción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectosla categoría de Director general y ejercen sobre sus órganosdependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por elartículo siguiente.

3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados yseparados por Real Decreto del Consejo de Ministros a pro‐puesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habránde efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en elapartado 10 del artículo 6 de esta Ley, entre funcionarios decarrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de lasEntidades locales, a los que se exija para su ingreso el título deDoctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

Artículo 18. Los Directores generales.

1. Los Directores generales son los titulares de los órganosdirectivos encargados de la gestión de una o varias áreasfuncionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, lescorresponde:

a) Proponer los proyectos de su Dirección General paraalcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigirsu ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección Gene‐ral y las que le sean desconcentradas o delegadas.

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titulardel órgano del que dependa, la resolución que estime pro‐cedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman partede la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por elbuen funcionamiento de los órganos y unidades depen‐dientes y del personal integrado en los mismos.

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes yreglamentos.

2. Los Directores generales serán nombrados y separados porReal Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titulardel Departamento.

Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con loscriterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 entrefuncionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autó‐nomas o de las Entidades locales, a los que se exija para suingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitectoo equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura delDepartamento permita que, en atención a las característicasespecíficas de las funciones de la Dirección General, su titularno reúna dicha condición de funcionario.

Artículo 19. Los Subdirectores generales.

1. Los Subdirectores generales son los responsables inmedia‐tos, bajo la supervisión del Director general o del titular delórgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyec‐tos, objetivos o actividades que les sean asignados, así comode la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de laSubdirección General.

2. Los Subdirectores generales serán nombrados y cesadospor el Ministro o el Secretario de Estado del que dependan.

Los nombramientos se efectuarán entre funcionarios de ca‐rrera de la Administración General del Estado y, en su caso, deotras Administraciones públicas cuando así lo prevean lasnormas de aplicación y que pertenezcan a Cuerpos y Escalas,a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licencia‐do, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, de acuerdo con loscriterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 y con‐forme al sistema previsto en la legislación específica.

Sección 4ª.‐ Los servicios comunes de los Ministerios

Artículo 20. Reglas generales sobre los servicios comunes.

1. Los órganos directivos encargados de los servicios comu‐nes, prestan a los órganos superiores y directivos la asistenciaprecisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y,en particular, la eficiente utilización de los medios y recursosmateriales, económicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, elapoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación conlas funciones de planificación, programación y presupuesta‐ción, cooperación internacional, acción en el exterior, organi‐zación y recursos humanos, sistemas de información y comu‐nicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestiónfinanciera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares,seguimiento, control e inspección de servicios, estadísticapara fines estatales y publicaciones.

2. Los servicios comunes se organizan y funcionan en cadaMinisterio de acuerdo con las disposiciones y directricesadoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichasfunciones comunes en la Administración General del Estado.Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con



competencia sobre algunos servicios comunes sigan depen‐diendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidosMinisterios.

Artículo 21. Organización básica de los servicios comunesministeriales.

Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecreta‐ría dependiente directamente del Ministro, a la que estaráadscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganosdirectivos que determine el Real Decreto de estructura delDepartamento.

CAPÍTULO II.‐ Órganos territoriales

Sección 1ª.‐ Los Delegados del Gobierno en las Comunida‐des Autónomas

Artículo 22. Los Delegados del Gobierno en las ComunidadesAutónomas.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno‐mas representan al Gobierno en el territorio de aquéllas sinperjuicio de la representación ordinaria del Estado en lasComunidades Autónomas a través de sus respectivos presi‐dentes. Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servi‐cios de la Administración General del Estado y sus Organis‐mos públicos situados en su territorio, en los términos de estaLey.

Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia delGobierno, correspondiendo al Ministro de AdministracionesPúblicas dictar las instrucciones precisas para la correctacoordinación de la Administración General del Estado en elterritorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las compe‐tencias del Estado, impartir las necesarias en materia delibertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se en‐tiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministrospara dictar las instrucciones relativas a sus respectivas áreasde responsabilidad.

2. Corresponde asimismo a los Delegados del Gobierno:

a) Mantener las necesarias relaciones de cooperación ycoordinación de la Administración General del Estado ysus Organismos públicos, con la de la Comunidad Autóno‐ma y con las correspondientes Entidades locales.

b) Comunicar y recibir cuanta información precisen elGobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autó‐noma. Realizará también estas funciones con las Entidadeslocales en su ámbito territorial, a través de sus respectivosPresidentes.

3. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separadospor Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta delPresidente del Gobierno y tendrán su sede en la localidaddonde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó‐noma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosay sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatutode Autonomía.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado delGobierno será suplido, temporalmente, por el Subdelegado delGobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo queel Delegado designe a otro Subdelegado. En las ComunidadesAutónomas uniprovinciales, la suplencia corresponderá al

titular del órgano responsable de los servicios comunes de laDelegación del Gobierno.

Artículo 23. Competencias de los Delegados del Gobierno enlas Comunidades Autónomas.

Para el ejercicio de las funciones asignadas respecto de todoslos servicios de la Administración General del Estado y susOrganismos públicos, los Delegados del Gobierno en las Co‐munidades Autónomas tienen las siguientes competencias:

1. Dirigir la Delegación del Gobierno; nombrar a los Subde‐legados del Gobierno en las provincias y dirigir y coordi‐nar como superior jerárquico la actividad de aquéllos;impulsar y supervisar, con carácter general, la actividad delos restantes órganos de la Administración General delEstado y sus Organismos públicos en el territorio de laComunidad Autónoma; e informar las propuestas de nom‐bramiento de los titulares de órganos territoriales de laAdministración General del Estado y los Organismos públi‐cos de ámbito autonómico y provincial, no integrados enla Delegación del Gobierno.

2. Formular a los Ministerios competentes, en cada caso,las propuestas que estime convenientes sobre los objetivoscontenidos en los planes y programas que hayan de ejecu‐tar los servicios territoriales y los de sus Organismos pú‐blicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministe‐rios competentes sobre la gestión de sus servicios territo‐riales.

3. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades ygarantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdele‐gados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguri‐dad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegadodel Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estadoen esta materia bajo la dependencia funcional del Ministe‐rio del Interior.

4. Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, através del Ministro de las Administraciones Públicas, sobreel funcionamiento de los servicios públicos estatales y suevaluación global.

5. Suspender la ejecución de los actos impugnados dicta‐dos por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuandole corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el ar‐tículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, y proponer lasuspensión en los restantes casos, así como respecto de losactos impugnados dictados por los servicios no integradosen la Delegación del Gobierno.

6. Velar por el cumplimiento de las competencias atribui‐das, constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicaciónde su normativa, promoviendo o interponiendo, segúncorresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atri‐buciones, recursos y demás acciones legalmente proceden‐tes.

7. Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias ycualesquiera otras que les confieran las normas o que lessean desconcentradas o delegadas.



Artículo 24. Competencias en materia de información a losciudadanos.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno‐mas coordinarán la información sobre los programas y activi‐dades del Gobierno y la Administración General del Estado enla Comunidad Autónoma.

2. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno‐mas promoverán, igualmente, los mecanismos de colabora‐ción con las restantes Administraciones públicas en materiade información al ciudadano.

Artículo 25. Competencias sobre simplificación de estructu‐ras.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno‐mas propondrán ante los órganos centrales competentes, lasmedidas precisas para dar cumplimiento efectivo a lo previstoen el artículo 31, en relación con la organización de la Admi‐nistración periférica del Estado.

2. Además, los Delegados del Gobierno en las ComunidadesAutónomas:

a) Propondrán a los Ministerios de Administraciones Pú‐blicas y de Economía y Hacienda la elaboración de planesde empleo, la adecuación de las relaciones de puestos detrabajo y los criterios de aplicación de las retribucionesvariables, en la forma que reglamentariamente se determi‐ne.

b) Serán consultados en la elaboración de planes de em‐pleo de la Administración General del Estado en su ámbitoterritorial y en la adopción de otras medidas de optimiza‐ción de los recursos humanos, especialmente las que afec‐ten a más de un Departamento.

Artículo 26. Dirección de los servicios territoriales integrados.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno‐mas son los titulares de las correspondientes Delegaciones delGobierno, dirigiendo, directamente o a través de los Subdele‐gados del Gobierno en las provincias, los servicios territoria‐les ministeriales integrados en éstas, de acuerdo con los obje‐tivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores delos respectivos Ministerios.

2. Ejercen las competencias propias de los Ministerios en elterritorio y gestionan los recursos asignados a los serviciosintegrados.

Artículo 27. Relación con otras Administraciones territoriales.

1. Para el ejercicio de las funciones previstas en el apartado 2del artículo 22, respecto de la Comunidad Autónoma de suterritorio, a los Delegados del Gobierno les corresponde:

a) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias yen las Comisiones bilaterales de cooperación, así como enotros órganos de cooperación de naturaleza similar cuan‐do se determine.

b) Promover la celebración de convenios de colaboracióny cualesquiera otros mecanismos de cooperación de laAdministración General del Estado con la ComunidadAutónoma, participando, en su caso, en el seguimiento dela ejecución y cumplimiento de los mismos.

2. En relación con las Entidades locales, los Delegados delGobierno en las Comunidades Autónomas podrán promover,en el marco de las necesarias relaciones de cooperación conla respectiva Comunidad Autónoma, la celebración de conve‐nios de colaboración, en particular, en relación a los progra‐mas de financiación estatal.

Artículo 28. Comisión territorial de asistencia al Delegado delGobierno.

1. Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordi‐nadora, prevista en el artículo 23, se crea en cada una de lasComunidades Autónomas pluriprovinciales una Comisiónterritorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la Comu‐nidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobier‐no en las provincias comprendidas en el territorio de ésta; enlas de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, losDirectores Insulares. A sus sesiones podrán asistir los titula‐res de los órganos y servicios que el Delegado del Gobierno enla correspondiente Comunidad Autónoma considere oportu‐no.

2. Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientesfunciones:

a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse deforma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autóno‐ma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos gene‐rales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.

b) Asesorar al Delegado del Gobierno en la ComunidadAutónoma en la elaboración de las propuestas de simplifi‐cación administrativa y racionalización en la utilización delos recursos a que se refiere el artículo 25.

c) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobier‐no en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas paraque la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo yasesoramiento en el ejercicio de las competencias que estaLey le asigna.

Sección 2ª.‐ Los Subdelegados del Gobierno en las provin‐cias y los Directores Insulares de la Administración Generaldel Estado

Artículo 29. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

1. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia delDelegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónomaexistirá un Subdelegado del Gobierno que será nombrado poraquél por el procedimiento de libre designación entre funcio‐narios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomaso de las entidades locales, a los que se exija, para su ingreso,el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equiva‐lente.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que noexista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá lascompetencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados delGobierno en las provincias.

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobier‐no en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y paraello habrán de tenerse en cuenta circunstancias tales como lapoblación del territorio, el volumen de gestión o sus singulari‐dades geográficas, sociales o económicas.



2. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

a) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Admi‐nistración General del Estado, de acuerdo con las instruc‐ciones del Delegado del Gobierno.

b) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios nointegrados.

c) Desempeñar, en los términos del apartado 2 del artículo22, las funciones de comunicación, colaboración y coope‐ración con las Corporaciones locales y, en particular, infor‐mar sobre la incidencia en el territorio de los programasde financiación estatal.

d) Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instruccio‐nes del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autóno‐ma, relaciones de comunicación, cooperación y colabora‐ción con los órganos territoriales de la Administración dela respectiva Comunidad Autónoma que tenga su sede enel territorio provincial.

e) Ejercer las competencias sancionadoras que se les atri‐buyan normativamente.

3. En las provincias en las que no radique la sede de las Dele‐gaciones del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno, bajo ladirección y la supervisión del Delegado del Gobierno, ejercerálas siguientes competencias:

a) La protección del libre ejercicio de los derechos y liber‐tades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ellodentro de las competencias estatales en la materia. A estosefectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado en la provincia.

b) La dirección y la coordinación de la protección civil enel ámbito de la provincia.

En la provincia en la que radique la sede de la Delegación delGobierno, los Subdelegados del Gobierno podrán ejercer lasanteriores competencias, previa delegación del Delegado delGobierno, y en todo caso bajo la dirección y supervisión delmismo.

Artículo 30. Los Directores Insulares de la AdministraciónGeneral del Estado.

Reglamentariamente se determinarán las islas en las queexistirá un Director Insular de la Administración General delEstado, con el nivel que se determine en la relación de puestosde trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno porel procedimiento de libre designación entre los funcionariosde carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de lasEntidades locales, a los que se exija para su ingreso el título deDoctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o eltítulo de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, DiplomadoUniversitario o equivalente.

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Dele‐gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdele‐gado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, yejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidaspor esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provin‐cias.

Sección 3ª.‐ Estructura de los servicios periféricos

Artículo 31. Simplificación de los servicios periféricos.

La organización de la Administración periférica del Estado enlas Comunidades Autónomas responderá a los principios deeficacia y de economía del gasto público, así como a la necesi‐dad de evitar la duplicidad de estructuras administrativas,tanto en la propia Administración General del Estado comocon otras Administraciones públicas. Consecuentemente, sesuprimirán, refundirán o reestructurarán, previa consulta alos Delegados del Gobierno, los órganos cuya subsistenciaresulte innecesaria a la vista de las competencias transferidaso delegada a las Comunidades Autónomas y, cuando proceda,atendiendo al marco competencial, a las Corporaciones loca‐les, y de los medios y servicios traspasados a las mismas.

Artículo 32. Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

1. Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamenteal Ministerio de Administraciones Públicas.

Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se consti‐tuyen en órganos de la respectiva Delegación del Gobierno.

2. La organización de las Delegaciones atenderá a los siguien‐tes criterios:

a) Existirán áreas funcionales para gestionar los serviciosque se integren en la Delegación, mantener la relacióninmediata con los servicios no integrados y asesorar en losasuntos correspondientes a cada área.

b) El número de dichas áreas se fijará en atención a losdiversos sectores funcionalmente homogéneos de activi‐dad administrativa y atendiendo al volumen de los servi‐cios que desarrolle la Administración General del Estadoen cada Comunidad Autónoma, al número de provincias dela Comunidad y a otras circunstancias en presencia quepuedan aconsejar criterios de agrupación de distintasáreas bajo un mismo responsable, atendiendo especial‐mente al proceso de transferencias del Estado a las Comu‐nidades Autónomas.

c) Existirá un órgano para la gestión de los servicios comu‐nes de la Delegación, incluyendo los de los servicios inte‐grados.

3. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones delGobierno se establecerá por Real Decreto del Consejo de Mi‐nistros en el que se determinarán los órganos y las áreasfuncionales que se constituyan.

La estructuración de las áreas funcionales se llevará a cabo através de las relaciones de puestos de trabajo, que se aproba‐rán a iniciativa del Delegado del Gobierno.

Artículo 33. Criterios sobre integración de servicios.

1. Se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos losservicios territoriales de la Administración General del Estadoy sus Organismos públicos, salvo aquellos casos en que por lassingularidades de sus funciones o por el volumen de gestiónresulte aconsejable su dependencia directa de los órganoscentrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia ensu actuación.



2. Los servicios integrados se adscribirán, atendiendo al ámbi‐to territorial en que deban prestarse, a la Delegación del Go‐bierno o a la Subdelegación correspondiente.

Artículo 34. Criterios sobre organización de servicios no inte‐grados.

1. Los servicios no integrados en las Delegaciones del Gobier‐no se organizarán territorialmente atendiendo al mejor cum‐plimiento de sus fines y a la naturaleza de las funciones quedeban desempeñar. A tal efecto, la norma que determine suorganización establecerá el ámbito idóneo para prestar dichosservicios.

2. La organización de dichos servicios se establecerá por RealDecreto a propuesta conjunta del Ministro correspondiente ydel Ministro de Administraciones Públicas, cuando contempleunidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, opor Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores, en lostérminos referidos en el apartado 2 del artículo 10 de esta Ley.

Artículo 35. Dependencia de los servicios no integrados.

Los servicios no integrados dependerán del órgano centralcompetente sobre el sector de actividad en el que aquéllosoperen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuacióny controlará su ejecución, así como el funcionamiento de losservicios.

Los titulares de los servicios estarán especialmente obligadosa prestar toda la colaboración que precisen los Delegados delGobierno y los Subdelegados del Gobierno para facilitar ladirección efectiva del funcionamiento de los servicios estata‐les.

CAPÍTULO III.‐ La Administración General del Estado en elexterior

Artículo 36. Organización de la Administración General delEstado en el exterior.

1. Integran la Administración General del Estado en el exte‐rior:

a) Las Misiones Diplomáticas, Permanentes o Especiales.

b) Las Representaciones o Misiones Permanentes.

c) Las Delegaciones.

d) Las Oficinas Consulares.

e) Las Instituciones y Organismos públicos de la Adminis‐tración General del Estado cuya actuación se desarrolle enel exterior.

2. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan coneste carácter al Reino de España ante el o los Estados con losque tiene establecidas relaciones diplomáticas.

Las Misiones Diplomáticas Especiales representan temporal‐mente al Reino de España ante un Estado, con el consenti‐miento de éste, para un cometido determinado.

3. Las Representaciones o Misiones Permanentes representancon este carácter al Reino de España ante una Organizacióninternacional.

4. Las Delegaciones representan al Reino de España en unórgano de una Organización internacional o en una Conferen‐

cia de Estados convocada por una Organización internacionalo bajo sus auspicios.

5. Las Oficinas Consulares son los órganos encargados delejercicio de las funciones consulares, en los términos defini‐dos por las disposiciones legales pertinentes, y por los acuer‐dos internacionales suscritos por España.

6. Las Instituciones y Organismos públicos de la Administra‐ción General del Estado en el exterior son los establecidos conautorización expresa del Consejo de Ministros, previo informefavorable del Ministro de Asuntos Exteriores, para el desem‐peño, sin carácter representativo, de las actividades que ten‐gan encomendadas en el exterior.

7. En cumplimiento de las funciones que tiene encomendadasy teniendo en cuenta los objetivos e intereses de la políticaexterior de España, la Administración General del Estado enel exterior colaborará con todas las instituciones y organis‐mos españoles que actúen en el exterior y en especial con lasoficinas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 37. Los Embajadores y representantes permanentesante Organizaciones internacionales.

1. Los Embajadores y representantes permanentes ante Orga‐nizaciones internacionales, representan al Reino de España enel Estado u Organización internacional ante los que estánacreditados.

2. Dirigen la Administración General del Estado en el exteriory colaboran en la formulación y ejecución de la política exte‐rior del Estado, definida por el Gobierno, bajo las instruccio‐nes del Ministro de Asuntos Exteriores, de quien funcional‐mente dependen, y, en su caso, del o de los Secretarios deEstado del Departamento.

3. Coordinan la actividad de todos los órganos y unidadesadministrativas que integran la Administración General delEstado en el exterior, a efectos de su adecuación a los criteriosgenerales de la política exterior definida por el Gobierno, deacuerdo con el principio de unidad de acción del Estado en elexterior.

4. Son nombrados en la forma dispuesta en la normativa regu‐ladora del Servicio exterior.

5. El representante permanente adjunto ante la Unión Europease equipara a los Embajadores y representantes permanentes,a los efectos del apartado 4 del artículo 6 y de los apartados 2,3 y 4 del presente artículo.

CAPÍTULO IV.‐ Órganos colegiados

Artículo 38. Requisitos para constituir órganos colegiados.

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmentey estén integrados por tres o más personas, a los que se atri‐buyan funciones administrativas de decisión, propuesta,asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integra‐dos en la Administración General del Estado o alguno de susOrganismos públicos.

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administra‐ción General del Estado y en sus Organismos públicos tienecomo presupuesto indispensable la determinación en su nor‐ma de creación o en el convenio con otras Administraciones



públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientesextremos.

a) Sus fines u objetivos.

b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

c) La composición y los criterios para la designación de supresidente y de los restantes miembros.

d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, segui‐miento o control, así como cualquier otra que se le atribu‐ya.

e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, parasu funcionamiento.

3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refie‐re el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas con‐tenidas en el capítulo II del Título II de la Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridadesorganizativas contenidas en la presente Ley o en su norma oconvenio de creación.

Artículo 39. Clasificación y composición de los órganos cole‐giados.

1. Los órganos colegiados de la Administración General delEstado y de sus Organismos públicos, por su composición, seclasifican en:

a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembrosproceden de diferentes Ministerios.

b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentesproceden de los órganos de un solo Ministerio.

2. En los órganos colegiados a los que se refiere el númeroanterior, podrán existir representantes de otras Administra‐ciones públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente,cuando un convenio así lo establezca o cuando una normaaplicable a las Administraciones afectadas lo determine.

3. En la composición de los órganos colegiados podrán partici‐par, cuando así se determine, organizaciones representativasde intereses sociales, así como otros miembros que se desig‐nen por las especiales condiciones de experiencia o conoci‐mientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza delas funciones asignadas a tales órganos.

Artículo 40. Creación, modificación y supresión de órganoscolegiados.

1. La creación de órganos colegiados de la AdministraciónGeneral del Estado y de sus Organismos públicos sólo requeri‐rá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficialdel Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera delas siguientes competencias:

a) Competencias decisorias.

b) Competencias de propuesta o emisión de informespreceptivos que deban servir de base a decisiones de otrosórganos administrativos.

c) Competencias de seguimiento o control de las actuacio‐nes de otros órganos de la Administración General delEstado.

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, lanorma de creación deberá revestir la forma de Real Decretoen el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyoPresidente tenga rango superior al de Director general; Ordenministerial conjunta para los restantes órganos colegiadosinterministeriales, y Orden ministerial para los de este carác‐ter.

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter degrupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados porAcuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios intere‐sados. Sus acuerdos no podrán tener trascendencia jurídicadirecta frente a terceros.

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y delos grupos o comisiones de trabajo de la Administración Gene‐ral del Estado y de los Organismos públicos se llevará a caboen la misma forma dispuesta para su creación, salvo que éstahubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo casoésta se producirá automáticamente en la fecha señalada alefecto.

TÍTULO III.‐ ORGANISMOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I.‐ Disposiciones generales

Artículo 41. Actividades propias de los Organismos públicos.

Son Organismos públicos los creados bajo la dependencia ovinculación de la Administración General del Estado, para larealización de cualquiera de las actividades previstas en elapartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen suorganización y desarrollo en régimen de descentralizaciónfuncional.

Artículo 42. Personalidad jurídica y potestades.

1. Los Organismos públicos tiene personalidad jurídica públi‐ca diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así comoautonomía de gestión, en los términos de esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden laspotestades administrativas precisas para el cumplimiento desus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo lapotestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los Organismos públicos lapotestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamientodel servicio encomendado, en el marco y con el alcance esta‐blecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídicobásico de dicho servicio.

Artículo 43. Clasificación y adscripción de los Organismospúblicos.

1. Los Organismos públicos se clasifican en:

a) Organismos autónomos.

b) Entidades públicas empresariales.

c) Agencias Estatales, que se regirán por su normativaespecífica y, supletoriamente, por esta Ley.

2. Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, alque corresponde la dirección estratégica, la evaluación y elcontrol de los resultados de su actividad, a través del órganoal que esté adscrito el Organismo.



3. Las entidades públicas empresariales dependen de un Mi‐nisterio o un Organismo autónomo, correspondiendo lasfunciones aludidas en el apartado anterior al órgano de ads‐cripción del Ministerio u organismo. Excepcionalmente, po‐drán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutosles asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes dela misma o distinta naturaleza.

4. Las Agencias Estatales se adscriben al Ministerio que ejerzala iniciativa en su creación. Las funciones de dirección estraté‐gica, evaluación y control de resultados y de la actividad de lasAgencias Estatales, se articularán a través del Contrato degestión previsto en la normativa reguladora de éstas.

Artículo 44. Aplicación de las disposiciones generales de estaLey a los Organismos públicos.

1. Los Organismos públicos se ajustarán al principio de instru‐mentalidad respecto de los fines y objetivos que tengan espe‐cíficamente asignados.

2. Además, en su organización y funcionamiento:

a) Los Organismos autónomos se atendrán a los criteriosdispuestos para la Administración General del Estado enel Título I de esta Ley.

b) Las Entidades públicas empresariales se regirán por loscriterios establecidos en el Título I de esta Ley, sin perjui‐cio de las peculiaridades contempladas en el capítulo IIIdel presente Título, en consideración a la naturaleza de susactividades.

CAPÍTULO II.‐ Los Organismos autónomos

Artículo 45. Funciones de los Organismos autónomos.

1. Los Organismos autónomos se rigen por el Derecho admi‐nistrativo y se les encomienda, en régimen de descentraliza‐ción funcional y en ejecución de programas específicos de laactividad de un Ministerio, la realización de actividades defomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.

2. Para el desarrollo de sus funciones, los Organismos autóno‐mos dispondrán de los ingresos propios que estén autorizadosa obtener, así como de las restantes dotaciones que puedanpercibir a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 46. Reglas para el nombramiento de los titulares delos órganos de los Organismos autónomos.

El nombramiento de los titulares de los órganos de los Orga‐nismos autónomos se regirá por las normas aplicables a laAdministración General del Estado.

Artículo 47. Personal al servicio de los Organismos autóno‐mos.

1. El personal al servicio de los Organismos autónomos seráfuncionario o laboral, en los mismos términos que los estable‐cidos para la Administración General del Estado.

2. El titular del máximo órgano de dirección del Organismoautónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recur‐sos humanos, las facultades que le asigne la legislación especí‐fica.

3. No obstante lo establecido en el apartado 1 de este artículo,la Ley de creación podrá establecer excepcionalmente peculia‐

ridades del régimen de personal del Organismo autónomo enlas materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscrip‐ción y provisión de puestos y régimen de movilidad de supersonal.

4. El Organismo autónomo estará obligado a aplicar las ins‐trucciones sobre recursos humanos establecidas por el Minis‐terio de Administraciones Públicas y a comunicarle cuantosacuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimenespecífico de personal establecido en su Ley de creación.

Artículo 48. Patrimonio de los Organismos autónomos.

El régimen patrimonial de los Organismos autónomos será elestablecido en la Ley del Patrimonio de las AdministracionesPúblicas.

Artículo 49. Régimen de contratación de los Organismosautónomos.

1. La contratación de los Organismos autónomos se rige porlas normas generales de la contratación de las Administracio‐nes públicas.

2. El titular del Ministerio al que esté adscrito el Organismoautónomo autorizará la celebración de aquellos contratoscuya cuantía exceda de la previamente fijada por aquél.

Artículo 50. Régimen presupuestario de los Organismos autó‐nomos.

El régimen presupuestario, económico‐financiero, de contabi‐lidad, intervención y de control financiero de los Organismosautónomos será el establecido por la Ley General Presupues‐taria.

Artículo 51. Control de eficacia de los Organismos autónomos.

Los Organismos autónomos están sometidos a un control deeficacia, que será ejercido por el Ministerio al que estén ads‐critos, sin perjuicio del control establecido al respecto por laLey General Presupuestaria. Dicho control tendrá por finali‐dad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y laadecuada utilización de los recursos asignados.

Artículo 52. Impugnación y reclamaciones contra los actos delos Organismos autónomos.

1. Los actos y resoluciones de los órganos de los Organismosautónomos son susceptibles de los recursos administrativosprevistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio‐nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales,serán resueltas por el órgano máximo del Organismo autóno‐mo, salvo que su Estatuto asigne la competencia a uno de losórganos superiores del Ministerio de adscripción.

CAPÍTULO III.‐ Las entidades públicas empresariales

Artículo 53. Funciones y régimen general aplicable a las enti‐dades públicas empresariales.

1. Las entidades públicas empresariales son Organismospúblicos a los que se encomienda la realización de actividadesprestacionales, la gestión de servicios o la producción debienes de interés público susceptibles de contraprestación.

2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Dere‐cho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus



órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas quetengan atribuidas y en los aspectos específicamente reguladospara las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legisla‐ción presupuestaria.

Artículo 54. Ejercicio de potestades administrativas.

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidadespúblicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellosórganos de éstas a los que en los estatutos se les asigne expre‐samente esta facultad.

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de lasentidades públicas empresariales no son asimilables en cuan‐to a su rango administrativo al de los órganos de la Adminis‐tración General del Estado, salvo las excepciones que, a deter‐minados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Artículo 55. Personal al servicio de las entidades públicasempresariales.

1. El personal de las entidades públicas empresariales se rigepor el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas eneste artículo y las excepciones relativas a los funcionariospúblicos de la Administración General del Estado y, en sucaso, de otras Administraciones públicas, quienes se regiránpor la legislación sobre Función Pública que les resulte deaplicación.

2. La selección del personal laboral de estas entidades serealizará conforme a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinará en los estatu‐tos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criteriosestablecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta Ley,atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos deresponsabilidad en la gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado mediante convo‐catoria pública basada en los principios de igualdad, méri‐to y capacidad.

3. La determinación y modificación de las condiciones retribu‐tivas, tanto del personal directivo como del resto del personal,requerirán el informe conjunto, previo y favorable de losMinisterios de Administraciones Públicas y de Economía yHacienda.

4. Los Ministerios a que se refiere el apartado anterior efec‐tuarán, con la periodicidad adecuada, controles específicossobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión desus recursos humanos, conforme a los criterios previamenteestablecidos por los mismos.

5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarialdeberá determinar las condiciones conforme a las cuales, losfuncionarios de la Administración General del Estado y, en sucaso, de otras Administraciones públicas, podrán cubrir desti‐nos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las compe‐tencias que a la misma correspondan sobre este personal que,en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas losOrganismos autónomos.

Artículo 56. Patrimonio de las entidades públicas empresaria‐les.

El régimen patrimonial de las entidades públicas empresaria‐les será el establecido en la Ley del Patrimonio de las Adminis‐traciones Públicas.

Artículo 57. Régimen de contratación de las entidades públi‐cas empresariales.

1. La contratación de las entidades públicas empresariales serige por las previsiones contenidas al respecto en la legisla‐ción de contratos de las Administraciones públicas.

2. Será necesaria la autorización del titular del Ministerio alcual se encuentren adscritas para celebrar contratos de cuan‐tía superior a la previamente fijada por el mismo.

Artículo 58. Régimen presupuestario de las entidades públicasempresariales.

El régimen presupuestario, económico‐financiero, de contabi‐lidad, intervención y de control financiero de las entidadespúblicas empresariales será el establecido en la Ley GeneralPresupuestaria.

Artículo 59. Control de eficacia de las entidades públicasempresariales.

1. Las entidades públicas empresariales están sometidas a uncontrol de eficacia que será ejercido por el Ministerio y, en sucaso, por el Organismo público al que estén adscritas, sinperjuicio del control establecido al respecto por la Ley GeneralPresupuestaria. Dicho control tiene por finalidad comprobarel grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utili‐zación de los recursos asignados.

2. El control del cumplimiento de los compromisos específicosque, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en unconvenio o contrato‐programa, corresponderá además a laComisión de seguimiento regulada en el propio convenio ocontrato‐programa, y al Ministerio de Economía y Haciendaen los supuestos previstos al efecto por la Ley General Presu‐puestaria.

Artículo 60. Impugnación y reclamación contra los actos delas entidades públicas empresariales.

1. Contra los actos dictados en el ejercicio de potestades admi‐nistrativas por las entidades públicas empresariales caben losrecursos administrativos previstos en la Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común.

2. Las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral,serán resueltas por el órgano máximo del Organismo, salvoque, por sus estatutos, tal competencia se atribuya al Ministe‐rio u Organismo público al cual esté adscrito.

CAPÍTULO IV.‐ Creación, modificación y extinción de losOrganismos autónomos y entidades públicas empresariales

Artículo 61. Creación de Organismos públicos.

1. La creación de los Organismos autónomos y de las entida‐des públicas empresariales se efectuará por Ley. La Ley decreación establecerá:



a) El tipo de Organismo público que crea, con indicaciónde sus fines generales, así como el Ministerio u Organismode adscripción.

b) En su caso, los recursos económicos, así como las pecu‐liaridades de su régimen de personal, de contratación,patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su natura‐leza, exijan norma con rango de ley.

2. El anteproyecto de Ley de creación del Organismo públicoque se presente al Gobierno deberá ser acompañado de unapropuesta de estatutos y del Plan inicial de actuación delOrganismo a los que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 62. Estatutos y Plan de actuación.

1. Los estatutos de los Organismos autónomos y de las entida‐des públicas empresariales regularán los siguientes extremos:

a) La determinación de los máximos órganos de direccióndel Organismo, ya sean unipersonales o colegiados, asícomo su forma de designación, con indicación de aquelloscuyos actos y resoluciones agoten la vía administrativa.

La configuración de los órganos colegiados, si los hubiese,con las especificaciones señaladas en el apartado 2 delartículo 38 de esta Ley.

b) Las funciones y competencias del Organismo, con indi‐cación de las potestades administrativas generales queéste puede ejercitar, y la distribución de las competenciasentre los órganos de dirección, así como el rango adminis‐trativo de los mismos en el caso de los Organismos autó‐nomos y la determinación de los órganos que, excepcional‐mente, se asimilen a los de un determinado rango adminis‐trativo, en el supuesto de las entidades públicas empresa‐riales.

En el caso de las entidades públicas empresariales, losestatutos también determinarán los órganos a los que seconfiera el ejercicio de potestades administrativas.

c) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento desus fines y los recursos económicos que haya de financiarel Organismo.

d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio ycontratación.

e) El régimen presupuestario, económico‐financiero, deintervención, control financiero y contabilidad, que será,en todo caso, el establecido en la Ley General Presupuesta‐ria.

f) La facultad de creación o participación en sociedadesmercantiles cuando ello sea imprescindible para la conse‐cución de los fines asignados.

2. El Plan inicial de actuación del Organismo público, que seráaprobado por el titular del Departamento ministerial del quedependa, deberá contar con el previo informe favorable de losMinisterios de Administraciones Públicas y de Economía yHacienda, y su contenido, que se determinará reglamentaria‐mente, incluirá en todo caso, los siguientes extremos:

a) Los objetivos que el Organismo deba alcanzar en el áreade actividad encomendada.

b) Los recursos humanos, financieros y materiales preci‐sos para el funcionamiento del Organismo.

3. Los estatutos de los Organismos autónomos y entidadespúblicas empresariales se aprobarán por Real Decreto delConsejo de Ministros, a iniciativa del titular del Ministerio deadscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de Admi‐nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carác‐ter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del Orga‐nismo público correspondiente.

Artículo 63. Modificación y refundición de Organismos públi‐cos.

1. La modificación o refundición de Organismos autónomos oentidades públicas empresariales deberá producirse por Leycuando suponga la alteración de sus fines generales, del tipode Organismo público o de las peculiaridades relativas a losrecursos económicos, al régimen de personal, de contratación,patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que exijan norma conrango de ley.

2. Las modificaciones o refundiciones de Organismos autóno‐mos o entidades públicas empresariales, no comprendidas enel apartado anterior, se llevarán a cabo, aunque suponganmodificación de la Ley de creación, por Real Decreto acordadoen Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministrosde Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y ainiciativa del Ministro o Ministros de adscripción o, en todocaso, de acuerdo con el mismo.

3. Cuando la modificación afecte únicamente a la organizacióndel Organismo público se llevará a cabo por Real Decreto, ainiciativa del Ministro de adscripción, y a propuesta del Minis‐tro de Administraciones Públicas.

4. En todos los casos de refundición de Organismos, el Minis‐terio que adopte la iniciativa deberá acompañar el Plan deactuación del Organismo en los términos del apartado 2 delartículo anterior.

Artículo 64. Extinción y liquidación de Organismos públicos.

1. La extinción de los Organismos autónomos y entidadespúblicas empresariales se producirá:

a) Por determinación de una Ley.

b) Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Minis‐tros a propuesta conjunta de los Ministros de Administra‐ciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativadel Ministro de adscripción o, en todo caso, de acuerdo conel mismo, en los casos siguientes:

‐Por el transcurso del tiempo de existencia señalado enla Ley de creación.

‐Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumi‐dos por los servicios de la Administración General delEstado o por las Comunidades Autónomas.

‐Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, deforma que no se justifique la pervivencia del Organismopúblico.

2. La norma correspondiente establecerá las medidas aplica‐bles al personal del Organismo afectado en el marco de la



legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determi‐nará la integración en el Patrimonio del Estado de los bienesy derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquida‐ción del Organismo, para su afectación a servicios de la Admi‐nistración General del Estado o adscripción a los Organismospúblicos que procedan conforme a lo previsto en las disposi‐ciones reguladoras del Patrimonio del Estado, ingresándoseen el Tesoro Público el remanente líquido resultante, si lohubiere.

CAPÍTULO V.‐ Recursos económicos y bienes adscritos

Artículo 65. Recursos económicos.

1. Los recursos económicos de los Organismos autónomospodrán provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadasen los Presupuestos Generales del Estado.

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedande las Administraciones o entidades públicas.

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esténautorizados a percibir, según las disposiciones por las quese rijan.

f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entida‐des privadas y de particulares.

g) Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.

2. Las entidades públicas empresariales deberán financiarsecon los ingresos que se deriven de sus operaciones y con losrecursos económicos comprendidos en las letras a), b), e), y g)del apartado anterior. Excepcionalmente, cuando así lo preveala Ley de creación, podrán financiarse con los recursos señala‐dos en las restantes letras del mismo apartado.

TÍTULO IV.‐ DE LAS COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOSEN MATERIA DE ORGANIZACIÓN

Artículo 66. Competencias generales sobre organización,función pública, procedimientos e inspección de servicios.

1. Las competencias en materia de organización administrati‐va, régimen de personal, procedimientos e inspección deservicios, no atribuida específicamente conforme a una Ley aningún otro órgano de la Administración General del Estado,ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Administra‐ciones Públicas.

2. Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponeral Gobierno, en el marco de la política general económica ypresupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse losgastos de personal de la Administración General del Estado yde sus Organismos públicos, así como autorizar cualquiermedida relativa a la organización y al personal que puedasuponer incremento en el gasto o que requiera para su aplica‐ción modificaciones presupuestarias que, según la Ley Gene‐ral Presupuestaria, excedan de la competencia de los titularesde los Departamentos ministeriales.

Artículo 67. Procedimientos de determinación de las estructu‐ras de la Administración General del Estado y sus Organismospúblicos.

1. a) La organización de los Ministerios se determinará me‐diante Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativadel Ministro o Ministros interesados y a propuesta delMinistro de Administraciones Públicas, en los supuestosde creación, modificación, refundición o supresión deSubsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Genera‐les Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Gene‐rales y órganos asimilados.

b) El resto de la organización de los Ministerios que supon‐ga la creación, modificación, refundición o supresión deórganos inferiores a Subdirección General, se determinarápor Orden ministerial, previa aprobación del Ministro deAdministraciones Públicas.

2. a) Las estructuras orgánicas de las Delegaciones del Go‐bierno, con el contenido establecido en el artículo 32 deesta Ley, se determinarán por Real Decreto acordado enConsejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Adminis‐traciones Públicas y de acuerdo con los Ministerios intere‐sados.

b) La organización de los servicios territoriales no integra‐dos en la estructura de las Delegaciones del Gobierno sedeterminará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34de esta Ley, por Real Decreto, a propuesta conjunta delMinistro correspondiente y del Ministro de Administracio‐nes Públicas, o por Orden conjunta del Ministro correspon‐diente y del Ministro de Administraciones Públicas.

3. Las normas de creación, modificación y extinción de losOrganismos autónomos y entidades públicas empresariales,así como sus estatutos, se aprobarán conforme a los procedi‐mientos establecidos en el capítulo IV del Título III de estaLey.

4. En cualquier caso, antes de ser sometidos al órgano compe‐tente para promulgarlos, los proyectos de disposiciones decarácter general que afecten a las materias a que se refiere elapartado 1 del artículo anterior requerirán la aprobaciónprevia del Ministro de Administraciones Públicas. Se entende‐rá concedida la aprobación si transcurren quince días desdeaquel en que se hubiese recibido el proyecto del citado Minis‐terio, sin que éste haya formulado objeción alguna.

Disposición adicional primera. La organización militar y lasDelegaciones de Defensa.

1. La organización militar se rige, de acuerdo con el artícu‐lo 1 de la Ley Orgánica 6/1980, reformada por la Ley Orgá‐nica 1/1984, por su legislación peculiar.

2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradasen el Ministerio de Defensa y se regirán por su normativaespecífica.

Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno enCeuta y Melilla.

Las disposiciones contenidas en la presente Ley sobre losDelegados del Gobierno en las Comunidades Autónomasson de aplicación a los Delegados del Gobierno en Ceuta yMelilla.



Disposición adicional tercera. Situaciones administrativas.

Se añaden dos nuevas letras al artículo 29.2 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de laFunción Pública:

«m) Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretariosgenerales técnicos o Directores generales.

n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno enlas provincias.»

Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias deGobernadores Civiles.

El Delegado del Gobierno asumirá las competencias san‐cionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la LeyOrgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de laSeguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992, de 30 de julio,de Seguridad Privada, correspondiendo las demás compe‐tencias de carácter sancionador a los Subdelegados delGobierno.

En los casos en que la resolución corresponda al Delegadodel Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedi‐mientos corresponderá a la Subdelegación del Gobiernocompetente por razón del territorio.

Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñará lasdemás competencias que la legislación vigente atribuye alos Gobernadores Civiles.

Disposición adicional quinta. Competencias estatales en mate‐ria de seguridad pública en las Comunidades Autónomas conCuerpos de Policía propios.

En las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con suEstatuto de Autonomía, hayan creado Cuerpos de Policíapropios, las competencias estatales en materia de seguri‐dad pública se ejercerán directamente por los Delegadosdel Gobierno, sin perjuicio de las funciones que puedandesconcentrarse o delegarse en los Subdelegados del Go‐bierno.

Disposición adicional sexta. Entidades gestoras y servicioscomunes de la Seguridad Social.

A las Entidades gestoras y la Tesorería General de la Segu‐ridad Social les serán de aplicación las previsiones de estaLey, relativas a los Organismos autónomos, salvo lo dis‐puesto en el párrafo siguiente.

El régimen de personal, económico‐financiero, patrimo‐nial, presupuestario y contable de las Entidades gestorasy la Tesorería General de la Seguridad Social, así como elrelativo a la impugnación y revisión de sus actos y resolu‐ciones y a la asistencia jurídica, será el establecido por sulegislación específica, por la Ley General Presupuestariaen las materias que sea de aplicación y supletoriamentepor esta Ley.

Disposición adicional séptima. Régimen jurídico del Consejode Estado.

El Consejo de Estado se regirá por su legislación específica.

Disposición adicional octava. Régimen jurídico del Banco deEspaña y de los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidadesde Crédito.

El Banco de España, así como los Fondos de Garantía deDepósitos en Establecimientos Bancarios, en Cajas deAhorro y en Cooperativas de Crédito se regirán por sulegislación específica.

Disposición adicional novena. Régimen jurídico de la AgenciaEstatal de Administración Tributaria, del Consejo Económicoy Social y del Instituto Cervantes.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Conse‐jo Económico y Social y el Instituto Cervantes continuaránrigiéndose por su legislación específica, por las disposicio‐nes de la Ley General Presupuestaria que les sean deaplicación y supletoriamente por esta Ley.

Disposición adicional décima. Régimen jurídico de determina‐dos Organismos públicos.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Conse‐jo de Seguridad Nuclear, la Corporación RTVE, las Univer‐sidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos,el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la ComisiónNacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Tele‐comunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia,la Comisión Nacional del Sector Postal, El Consejo Estatalde Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego,la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, elMuseo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro deArte Reina Sofía se regirán por su legislación específica ysupletoriamente por esta Ley.

El Gobierno y la Administración General del Estado ejerce‐rán respecto de tales organismos las facultades que lanormativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, conestricto respecto a sus correspondientes ámbitos de auto‐nomía.

2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entradaen vigor de la presente Ley, se les reconozca expresamentepor una Ley la independencia funcional o una especialautonomía respecto de la Administración General delEstado, se regirán por su normativa específica en los as‐pectos precisos para hacer plenamente efectiva dichaindependencia o autonomía. En los demás extremos y, entodo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, con‐tratación y presupuestación, ajustarán su regulación a lasprescripciones de esta Ley, relativas a los Organismospúblicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendoen cuenta las características de cada Organismo.

3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en losapartados 1 y 2 de esta disposición adicional estarán suje‐tos a las disposiciones de la Ley General Presupuestariaque les sean de aplicación.

Disposición adicional undécima. Régimen jurídico del Orga‐nismo autónomo Correos y Telégrafos.

1. El actual Organismo autónomo Correos y Telégrafostendrá la condición de entidad pública empresarial y seregirá por lo dispuesto en la presente Ley. Le será deaplicación la legislación contenida en el artículo 99 de laLey 31/1990, de 27 de diciembre, en lo relativo a sus fun‐ciones, así como a su régimen patrimonial al amparo delartículo 56 de esta Ley. Asimismo, de acuerdo con lasprevisiones de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi‐



nistraciones Públicas, el régimen de contratación de laentidad será el previsto en la Ley 31/1990.

Los recursos económicos de la entidad podrán provenir decualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo65 de la presente Ley.

2. Al personal de la entidad pública empresarial Correos yTelégrafos le seguirá siendo de aplicación el régimen esta‐blecido en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de di‐ciembre, y sus disposiciones de desarrollo.

3. En el plazo de seis meses contados a partir de la entradaen vigor de la presente Ley, deberá aprobarse por el Go‐bierno el Estatuto de la entidad pública empresarial con‐forme a las previsiones establecidas en la misma y en lapresente disposición adicional.

Disposición adicional duodécima. Sociedades mercantilesestatales.

1. Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegra‐mente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordena‐miento jurídico privado, salvo en las materias en que lessean de aplicación la normativa presupuestaria, contable,patrimonial, de control financiero y contratación. En nin‐gún caso podrán disponer de facultades que impliquen elejercicio de autoridad pública.

2. Las sociedades mercantiles estatales, con forma desociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad detitularidad, directa o indirecta, de la Administración Gene‐ral del Estado o de sus Organismos públicos, se regirán porel título VII de la Ley del Patrimonio de las Administracio‐nes Públicas y por el ordenamiento jurídico privado, salvoen las materias en que les sean de aplicación la normativapresupuestaria, contable, de control financiero y de con‐tratación.

3. La Corporación de Radio y Televisión Española, comosociedad anónima estatal dotada de especial autonomíarespecto de la Administración General del Estado, se regiráen primer lugar por su Ley reguladora y sus estatutossociales; en segundo lugar por su legislación sectorial ypor las normas reguladoras de las sociedades mercantilesestatales en lo que le sean de aplicación, y, en defecto de laanterior normativa, por el ordenamiento privado.

Disposición adicional decimotercera. Delegación y avocaciónde competencias y delegación de firma.

1. La delegación de competencias entre órganos deberá serpreviamente aprobada en la Administración General delEstado por el órgano ministerial de quien dependa elórgano delegante y en los Organismos públicos por elórgano máximo de dirección, de acuerdo con lo estableci‐do en sus normas de creación.

Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquica‐mente, será necesaria la previa aprobación del órganosuperior común si ambos pertenecieren al mismo Ministe‐rio, o del órgano superior del que dependa el órgano dele‐gado, si el órgano delegante y el delegado pertenecen adiferentes Ministerios.

2. Toda avocación habrá de ser puesta en conocimiento delsuperior jerárquico ministerial del órgano avocante.

3. La delegación de firma de resolución y actos administra‐tivos habrá de ser comunicada al superior jerárquico deldelegante.

4. Los órganos de la Administración General del Estadopodrán delegar el ejercicio de sus competencias propias enlos Organismos públicos dependientes, cuando resulteconveniente para alcanzar los fines que tengan asignadosy mejorar la eficacia de su gestión.

La delegación deberá ser previamente aprobada por losórganos de los que dependan el órgano delegante y elórgano delegado, o aceptada por este último cuando sea elórgano máximo de dirección del Organismo.

En lo demás, el régimen de estas delegaciones será el pre‐visto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio‐nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional decimocuarta. Conflictos de atribucio‐nes intraministeriales.

1. Los conflictos positivos o negativos de atribucionesentre órganos de un mismo Ministerio serán resueltos porel superior jerárquico común en el plazo de diez días, sinque quepa recurso alguno.

2. En los conflictos positivos, el órgano que se considerecompetente requerirá de inhibición al que conozca delasunto, quien suspenderá el procedimiento por un plazode diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requeri‐miento, remitirá el expediente al órgano requirente. Encaso de considerarse competente, remitirá acto seguido lasactuaciones al superior jerárquico común.

3. En los conflictos negativos, el órgano que se estimeincompetente remitirá directamente las actuaciones alórgano que considere competente, quien decidirá en elplazo de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo,incompetente, remitirá acto seguido el expediente con suinforme al superior jerárquico común.

4. Los interesados en el procedimiento plantearán estosconflictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 dela Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi‐cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional decimoquinta. Fin de la vía administra‐tiva.

Ponen fin a la vía administrativa, salvo lo que pueda esta‐blecer una Ley especial, de acuerdo con lo dispuesto en lasletras c) y d) del artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, los actos y resoluciones siguientes:

1. Los actos administrativos de los miembros y órganosdel Gobierno.

2. En particular, en la Administración General del Esta‐do:

‐Los emanados de los Ministros y los Secretarios deEstado en el ejercicio de las competencias que tienenatribuidas los órganos de los que son titulares.

‐Los emanados de los órganos directivos con nivel deDirector general o superior, en relación con las com‐



petencias que tengan atribuidas en materia de personal.

3. En los Organismos públicos adscritos a la Adminis‐tración General del Estado:

‐Los emanados de los máximos órganos de direcciónunipersonales o colegiados, de acuerdo con lo queestablezcan sus estatutos, salvo que por ley se esta‐blezca otra cosa.

Disposición adicional decimosexta. Revisión de oficio.

1. Serán competentes para la revisión de oficio de los actosadministrativos nulos o anulables:

a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propiosactos y de los dictados por los Ministros.

b) En la Administración General del Estado:

‐Los Ministros, respecto de los actos de los Secreta‐rios de Estado y de los dictados por órganos directi‐vos de su Departamento no dependientes de unaSecretaría de Estado.

‐Los Secretarios de Estado, respecto de los actosdictados por los órganos directivos de ellos depen‐dientes.

c) En los Organismos públicos adscritos a la Adminis‐tración General del Estado:

‐Los órganos a los que estén adscritos los Organis‐mos, respecto de los actos dictados por el máximoórgano rector de éstos.

‐Los máximos órganos rectores de los Organismos,respecto de los actos dictados por los órganos deellos dependientes.

2. La revisión de oficio de los actos administrativos enmateria tributaria se ajustará a lo dispuesto en la LeyGeneral Tributaria y disposiciones dictadas en desarrolloy aplicación de la misma.

Disposición adicional decimoséptima. Recurso extraordinariode revisión.

1. Será competente para conocer del recurso extraordina‐rio de revisión el órgano administrativo que haya dictadoel acto objeto de recurso.

2. La competencia para conocer del recurso extraordinariode revisión regulado en la Ley General Tributaria y en eltexto articulado de la Ley de Procedimiento Económi‐co‐administrativo, corresponderá a los órganos que dichasnormas establezcan.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de nom‐bramientos de titulares de órganos directivos.

Las normas de esta Ley relativas al nombramiento deSubsecretarios, Secretarios generales, Secretarios genera‐les técnicos, Directores generales y órganos asimiladosserán de aplicación a los que se produzcan con posteriori‐dad a su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de la organiza‐ción territorial.

1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor deesta Ley, los Gobernadores Civiles y Delegados Insularesserán sustituidos respectivamente por Subdelegados delGobierno y Directores Insulares de la AdministraciónGeneral del Estado nombrados de acuerdo con lo estableci‐do en los artículos 23, 29 y 30.

2. Los actuales Gobernadores Civiles y Delegados Insularesejercerán respectivamente las competencias que en estaLey se atribuyen a los Subdelegados del Gobierno y Direc‐tores Insulares, hasta tanto se produzca el nombramientode estos últimos conforme al apartado anterior.

3. En tanto se lleven a efecto las previsiones de la disposi‐ción final segunda, las Delegaciones del Gobierno, lasSubdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insularesmantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajode las actuales Delegaciones del Gobierno, GobiernosCiviles y Delegaciones Insulares, y seguirán rigiéndose porlas normas de funcionamiento y dependencia orgánicavigentes para estos órganos con anterioridad a la entradaen vigor de esta Ley.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de los Organismosautónomos y las demás entidades de Derecho público a lasprevisiones de esta Ley.

1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones conte‐nidas en el Título I de esta Ley y de las competencias decontrol atribuidas en la misma a los Ministerios de ads‐cripción, los Organismos autónomos y las demás entidadesde Derecho público existentes, se seguirán rigiendo por lanormativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley hastatanto se proceda a su adecuación a las previsiones conteni‐das en la misma.

2. Dicha adecuación se llevará a efecto por Real Decreto apropuesta conjunta de los Ministros de AdministracionesPúblicas y de Economía y Hacienda, de acuerdo con losMinisterios de los que dependan las entidades afectadas,en los siguientes casos:

a) Adecuación de los actuales Organismos autónomos,cualquiera que sea su carácter, al tipo de Organismoautónomo previsto en esta Ley.

b) Adecuación de los entes incluidos en la letra b) delapartado 1 del artículo 6 de la Ley General Presupuesta‐ria al tipo de entidad pública empresarial.

Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridadesrespecto del régimen general de cada tipo de Organismoen materia de personal, contratación y régimen fiscal, lanorma deberá tener rango de ley.

En todos los demás supuestos la adecuación de las actua‐les Entidades se producirá mediante Ley.

3. Este proceso de adaptación deberá haber concluido enun plazo máximo de dos años, a partir de la entrada envigor de esta Ley.



4. Una vez producida dicha adecuación, las remisiones a laLey General Presupuestaria contenidas en esta Ley respec‐to de los Organismos autónomos y entidades públicasempresariales, se entenderán referidas respectivamente alos Organismos autónomos de carácter administrativo y alas entidades de Derecho público de la letra b) del aparta‐do 1 del artículo 6 del texto refundido de la Ley GeneralPresupuestaria, en tanto se proceda a la modificación dedicha Ley.

5. El personal de los Organismos autónomos, sociedadesestatales y entes del sector público estatal existentes a laentrada en vigor de esta Ley, que se transformen en enti‐dades públicas empresariales, continuará rigiéndose porla normativa vigente en el momento de la transformaciónhasta tanto se dicten las correspondientes normas deadecuación.

Disposición derogatoria única. Normas objeto de derogacióny de reducción a rango reglamentario.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual oinferior rango se opongan, contradigan o resulten incom‐patibles con lo dispuesto en la presente Ley, y, en especial:

a) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración delEstado, texto refundido aprobado por Decreto de 26 dejulio de 1957.

b) La Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 dejulio de 1958, salvo el capítulo I del Título VI, con ex‐cepción del apartado 2 del artículo 130 que queda dero‐gado.

c) La Ley de Régimen de las Entidades Estatales Autó‐nomas, de 26 de diciembre de 1958.

d) La Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Organización dela Administración Central del Estado.

e) La Ley 17/1983, de 16 de noviembre, sobre Delega‐dos del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

f) Los artículos 4 y 6, apartados 1 b) y 5 del texto refun‐dido de la Ley General Presupuestaria, aprobado porReal Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiem‐bre.

g) La disposición adicional novena de la Ley 30/1992,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasy del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, entanto no entre en vigor la Ley que regule el Gobierno, man‐tendrán su vigencia los preceptos de las Leyes que a conti‐nuación se reseñan:

a) De la Ley de Régimen Jurídico de la Administracióndel Estado: artículos 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14.2, 22.1y 2, 23.2, 24, 25 y 32.1.

b) De la Ley de Organización de la Administración Cen‐tral del Estado: artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10.1.

c) De la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de juliode 1948: artículos 49, 50, 51, 52 y 53.

3. Conservan su vigencia con rango reglamentario, entanto no sean modificados por el Ministro de Administra‐ciones Públicas, de acuerdo con la competencia atribuidapor el artículo 66 de la presente Ley, los artículos 31, 32 y33, el apartado 1 del artículo 34 y los artículos 36, 37, 38y 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 dejulio de 1958.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposi‐ciones necesarias en desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda. Integración de servicios periféricosen las Delegaciones del Gobierno.

En el plazo de seis meses, el Consejo de Ministros, a pro‐puesta del Ministro de Administraciones Públicas, deacuerdo con los Ministros interesados, fijará, medianteReal Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobier‐no, que incluirá los servicios que deban integrarse y sudistribución en el ámbito autonómico y provincial, deacuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 34 de estaLey.

Transcurrido dicho plazo quedarán suprimidas todas lasDirecciones o Delegaciones Provinciales y Territoriales delos Ministerios y de los organismos públicos cuyos servi‐cios se integren.

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