libro parte-1

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Marzo 2012

Esta es una publicación deYacimientos PetrolíferosFiscales Bolivianos Corporación

Consejo EditorialYPFB Corporación

Producción generalEver Terán FloresAntonio Castaños Medrano Jhonny Salazar Socpaza

Diseño y DiagramaciónMarcelo Mamani Condo

FotografíaArchivo histórico YPFB José Luis Quintana

Agencia de Noticias YPFB

Derechos Reservados 2011

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

YPFB Corporación, 75 años de aporte al desarrollo nacional 7 CAPÍTULO I EL PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES 15

Concesiones y especulación 21Fraude y traición de la Standard Oil 25La Guerra del Chaco y los intereses transnacionales 32La generación nacionalista de la post guerra 38La fundación de YPFB 41

LA PRIMERA NACIONALIZACIÓN 46Contraofensiva transnacional 52La misión Bohan 58El apoyo nacionalista militar 68La Refinería Gualberto Villarroel 71La ”revolución movimientista” 74El Código Davenport 82Incursión de la Gulf Oil 86Situación crítica de YPFB 88

LA SEGUNDA NACIONALIZACIÓN 90Día de la dignidad nacional 100Cuantiosas pérdidas para la Gulf 102Nacionalización respaldada por diferentes sectores 106Régimen de la Ley General de Hidrocarburos 113Hiperinflación, déficit fiscal y recesión 117

CONTENIDO


Del 21060 a la capitalización/privatización 120Jaime Paz y la nueva Ley de Hidrocarburos 122Goni, el gas y su ”plan de todos” 127El desmantelamiento de YPFB 131El acuerdo gasífero con Brasil 133Exportación de gas a la Argentina 137Banzer y ”Tuto” cierran la capitalización 139Nefasto retorno 143La guerra del gas y ”octubre negro” 149Carlos Mesa y el referéndum del gas 156La promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058 161Incumplimiento a la aplicación de la ley 163

LA TERCERA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA 164Argentina, un nuevo aliado para el gas 175Contratos de operación con el Estado boliviano 177

CAPÍTULO 2RESULTADOS EFECTIVOS DEL PROCESODE LA NACIONALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA 189La Nacionalización el hecho político más legítimo 191Dominio y control sobre los hidrocarburos bolivianos 193La apropiación del excedente económico 194La reactivación de YPFB 200Patrimonio y utilidades de la estatal petrolera 204Empresas subsidiarias con mayores utilidades 206La evolución de las inversiones 209

Crédito del Banco Central de Bolivia 212El aporte de YPFB a Bolivia 214El cénit de la producción de gas 220Desarrollo de campos productivos 222San Antonio 235San Alberto 238Margarita-Huacaya 242Itau 246Ipati-Aquío 247Área Río Grande 250Bolivia, proveedor confiable en la región 251Comercialización de gas natural 254Contratos de exportación al Brasil 257Contratos de exportación a la Argentina 262Montos facturados por exportación 268Operadoras prometen mayor inversión 270El estado de las reservas nacionales de hidrocarburos 271Metodología de estimación y certificación de reservas 276Ciclo de vida de un proyecto 279El transporte estratégico de hidrocarburos en Bolivia 282Volúmenes de hidrocarburos líquidos transportados 284La infraestructura de ductos 289Ductos de exportación 291Almacenaje de combustibles 295Redes de gas 297


CAPÍTULO 3YPFB COMPLETA EL CIRCUITO PRODUCTIVO Y PROYECTAEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS 307Nuevo ciclo exploratorio en Bolivia 309Incremento de las reservas nacionales de hidrocarburos 315La exploración a cargo de YPFB 316Segundo componente, la exploración 319Tercer componente, apoyo a la gestión de exploración 321Estrategia de fomento a la exploración de hidrocarburos 322Áreas de exploración bajo contratos de operación 325Contratos de exploración y explotación 326La industrialización del gas se inicia en Bolivia 335Planta Río Grande 338Planta Gran Chaco 340Plan quinquenal para la industrialización del gas 345Planta Amoniaco Urea 347Planta Etileno Polietileno 348Gas a Líquidos 349

CONCLUSIONES 353

Lic. Carlos Villegas QuirogaPRESIDENTE EJECUTIVO YPFB CORPORACIÓN

YPFB Corporación, 75 años de aporteal desarrollo nacional

El proceso de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia ha completado su primer ciclo de cinco años con soberanía y dignidad.

Desde aquel 1 de mayo de 2006, cuando el presidente Evo Morales Ayma, promulgó el histó-rico Decreto Supremo Nº 28701 “Héroes del Chaco”, que restituye la propiedad y el control ab-soluto de los recursos naturales por parte del Estado, ha retornado la certidumbre, estabilidad y desarrollo en la industria de los hidrocarburos, con reglas claras.

“Queremos socios, no patrones”, sentenció el Mandatario hace cinco años, cuando se apro-baron ante el Legislativo 44 contratos de operación firmados con 16 compañías petroleras que actualmente operan en el país en una relación proactiva con el Estado.

En este quinquenio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación se ha consolidado como el brazo operativo de la Nacionalización que interviene y dirige la cadena de producción nacional en una perspectiva progresista de desarrollo.

La administración estatal de los hidrocarburos ha asegurado el control del excedente eco-nómico, mayores mercados para el gas natural y proyecta la diversificación de la oferta, im-plementando agresivas políticas de exploración y desarrollo industrial en pos de aunar mayor producción y asegurar mayores reservas.

En Bolivia, la Nacionalización de los Hidrocarburos se ha convertido en el eje del proceso de cambio que ha refundado Bolivia, restituyendo facultades inalienables sobre la dirección y el uso de los hidrocarburos como un recurso estratégico que es fuente de dignidad, soberanía y desarrollo para el pueblo boliviano.

El negocio nacional de los hidrocarburos ha incrementado su eficiencia con mayores volúme-nes de producción y mejores precios internacionales, ahora Bolivia se autoabastece y cumple sus compromisos de exportación.

YPFB, al cumplir casi un siglo de servicio a los intereses nacionales, se alza como la empresa más importante del país; su reactivación y fortalecimiento, es sin duda la mejor decisión que ha tomado en pueblo boliviano.

La estatal petrolera boliviana despega con la tercera Nacionalización de los Hidrocarburos y el decidido respaldo del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Los resultados positivos alcanzados la proyectan como el pilar fundamental de la economía boliviana y se inscribe entre las 500 empresas más grandes de Sudamérica.

75 años de vida institucional de YPFB nos permiten hacer un alto, analizar retrospectivamente el pasado, ver el presente y proyectarnos hacia el futuro para continuar contribuyendo al en-grandecimiento y desarrollo de la patria.


Sr. Evo Morales AymaPresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia


Lic. Alvaro García LineraVice-Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia


Lic. Carlos Villegas QuirogaPresidente Ejecutivo de YPFB Corporación


El petróleo en Bolivia y las primeras concesiones

Capítulo I


16 17PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES

75 AÑOS DE APORTE AL PAÍS

os antecedentes históricos más remotos so-bre la existencia de petróleo en Sudamérica se remontan al período precolombino. Las emanaciones naturales de brea, resina o acei-tes de piedra eran denominadas “chapapote” por los aztecas, “copey” por los quechuas e

“itani” por los chiquitanos. Estas culturas uti-lizaban la sustancia mística con fines medici-nales para curaciones y purga, de acuerdo a los relatos de los primeros exploradores espa-ñoles urgidos por la búsqueda de oro en esta parte del mundo. Los colonizadores españoles del viejo mundo denominaron a la sustancia “jugos de la tierra o bitúmenes”. Seguramente, los ante-cedentes vistos en los primeros usos curativos de la sustancia aceitosa negruzca motivaron que en 1535, los colonizadores transportaran nueve toneles de la misma a España para cu-rar la enfermedad de gota del Rey Carlos V. El padre Alonso Barba, uno de los pri-meros cronistas de la época hace referencia a los hallazgos de las primeras muestras colec-tadas a 80 leguas de Tarabuco por un capitán llamado Fermín Nuñez en su obra “El arte de los metales”.

Los ingleses que ocuparon Norteaméri-ca también descubrieron el petróleo que era utilizado por los aborígenes de esa región. Fue precisamente en este territorio que luego se convertiría en Estados Unidos, donde co-menzó a darse un uso más especializado a las primeras muestras colectadas de hidrocarbu-ros en mecheros y sistemas de calefacción a carbón bituminoso, aceite de carbón o gas de carbón. En contraste con la precariedad de Sud-américa, el primer descubrimiento de petró-leo aconteció en el Estado de Penssylvania, Estados Unidos en 1859, más de una década después, se tendía en este territorio el primer oleoducto artesanal construido de juncos y cañahuecas entre West Bloomfield y Nueva York, que daría pasó al desarrollo de los pri-meros ductos que abastecían quemadores, iluminadores, cocinas y calefactores dando inicio en 1917 a la manufactura e industriali-zación de los hidrocarburos, promoviendo su desarrollo tecnológico. Las primeras perforaciones de pozos fueron realizadas en Estados Unidos y poste-riormente en Europa y África dando inicio a

L

El petróleo en Bolivia y las primeras concesiones




Mural de Solón Romero hace referencia al uso medicinal del petróleo en la época colonial.

las primeras faenas de explotación comercial del petróleo. En un principio, esta sustancia era vendida como medicina, luego como com-bustible precario y como producto refinado artesanalmente para mecheros. En función a los experimentos realizados en Estados Uni-dos y Francia, se logró un mejor procesamien-to para obtener kerosén y parafina. Los primeros químicos y empresarios en Estados Unidos especializaron el refino y su industrialización, una valiosa mercancía que se convertía en dinero y mercados de escala, poco a poco dominados por una sola indus-tria, la Standard Oil Trust, creada en 1882 por el multimillonario Jhon D. Rockefeller que

monopolizó el comercio de los primeros car-burantes con 40 empresas. Sin embargo, este “Trust” de empresas fue desarticulado por una decisión judicial antimonopólica. De este modo, se apertura la libre competencia de la Standard Oil contra otras empresas creadas dentro y fuera de Es-tados Unidos como la Gulf Oil, Texaco, Shell y la Royal Dutch. Antes del año 1900, la industria comen-zó a sustituir el motor a vapor por motores más eficientes de combustión interna en base a carburantes para maquinarias, transportes y los primeros automóviles, creados por otro visionario: Henry Ford. En este contexto se

incrementó la demanda masiva de gasolina y diesel. Para entonces, cinco empresas domi-naban el comercio mundial de hidrocarburos con operaciones a escala mundial, la Standard Oil, Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf Oil, y Anglo

Persian que luego se convertiría en British Pe-troleum. De todas ellas, las dos primeras fue-ron las pioneras en extender sus negocios en Asia, Europa y Sudamérica con el apoyo de sus gobiernos que comenzaron a comprender el valor estratégico del petróleo en el mundo.

A pocos años del período independen-tista, en la joven República de Bolivia comen-zó a gestarse la ambición y especulación sobre las primeras tierras con resina o brea de pe-tróleo, a flor de tierra. Para entonces, el país contaba con una basta extensión territorial, elevados niveles de pobreza, analfabetismo e incipiente desarrollo económico. Cuando otros países como México y Ve-nezuela ya realizaban la explotación, comer-cialización y exportación de sus reservorios de petróleo, en Bolivia algunos comerciantes nacionales y extranjeros, influenciados por la actividad minera, se dieron a la tarea de aca-parar la mayor extensión de concesiones en la perspectiva de especular y lucrar con la reven-ta de tierras. En 1865, el ciudadano Juan Manuel Velarde solicitó extensas concesiones en las provincias Acero y Tomina de Chuquisaca (Charcas). En 1867, los ciudadanos alemanes Frank Hoskst y Ed Hansen consiguieron que el

presidente Mariano Melgarejo les ceda con-cesiones en la Provincia Salinas de Tarija. En 1896, Manuel Cuellar descubrió ac-cidentalmente manantiales de petróleo en Mandiyuti, en el Chaco boliviano y éste junto a su socio, Ignacio Prudencio comienzan a co-mercializar el producto en Sucre, para lo cual pidió concesiones al gobierno junto a Ernesto Reyes, las mismas que le fueron entregadas en Chuquisaca en 1899. Al ver los resultados, éstos y otros socios fundan el “Sindicato Su-cre”, consiguiendo concesiones por 74.999 hectáreas (Has.) en 1911. El agrimensor Luis Lavadenz, gerente ge-neral del “Sindicato Sucre”, descubrió en 1907, manantiales de petróleo en Saipurú (Santa Cruz), éste recogió las primeras muestras y las envió para su análisis a la Argentina, donde se confirma el hallazgo de petróleo. De inme-diato, solicita al gobierno la concesión de un millón de hectáreas y establece los contactos para impulsar los primeros emprendimientos

El petróleo en Bolivia




en la búsqueda de hidrocarburos, velando ob-viamente por sus intereses comerciales. Este personaje instó a empresarios boli-vianos y capitalistas a invertir en uno de los primeros proyectos de explotación comercial, en el país, pero no logró convencer. Por este motivo, viajó a Europa donde consiguió des-pertar el interés del capitalista inglés Percival Farquhar sobre Bolivia, con quien inició la pri-mera explotación comercial. Farquhar, perfora el primer pozo en bus-ca de petróleo en Cuevo en el año de 1911 y luego otro en Charagua, no obstante, ambas

empresas fracasan en su primer objetivo, una perforación de 200 metros de profundidad, que tropieza con dificultades técnicas. El in-glés quiebra y se retira del país a los pocos me-ses del emprendimiento hidrocarburífero. Convencido de la riqueza que podrían guardar las entrañas bolivianas, una vez más Lavadenz, viaja a Europa, esta vez a entrevis-tarse con Henry Deterding, magnate de la Ro-yal Dust Shell, quien pese a expresar interés no arriba al país debido al estallido de la Pri-mera Guerra Mundial que ralentiza el desarro-llo de la industria del petróleo.

Lavadenz no se dió por vencido, insis-tió y convenció a inversionistas en Chile que llegaron a Bolivia para organizar en 1913, la primera “Compañía Petrolífera Caupolican y Calacoto” que siete años más tarde, en 1920 perforó su primer pozo en Calacoto, sin em-bargo el trabajo se detuvo a los 160 metros y nunca más se reanudó. Con las primeras emanaciones de pe-tróleo, Miguel Velasco instaló en su hacienda

Lourdes, en 1915, la primera planta de refina-ción que fue construida por Percy Boland. Los primeros productos obtenidos fueron gaso-lina, kerosén y fuel oíl pesado, combustibles que se comercializaban en Santa Cruz. El fuel oil era usado como lubricante para los ejes de los carretones arrastrados por animales, la nafta servía para el alumbrado en mecheros y la gasolina para los primeros automóviles im-portados al país.

Sin extraer ni una muestra de petróleo, entre 1914 a 1916, la adjudicación de conce-siones petroleras “a perpetuidad” en Bolivia se había incrementado de 1.7 a 3 millones de hectáreas, en el marco de la vieja Ley de Mi-nas. Los titulares de estas concesiones, en su mayoría de carácter especulativo, buscaban capitales extranjeros para proceder a la explo-tación comercial. De este modo, se constituyeron en Chile, entre 1912 y 1919 numerosas “Comunidades Petroleras”. Influyentes personalidades chile-nas adquirieron la mayoría de las concesiones adjudicadas a ciudadanos bolivianos. Así por ejemplo, la Comunidad Petrolífera “La Blan-ca” contaba con 500.000 hectáreas (Has.); la Comunidad Petrolífera “Santa Cruz” te-nía 545.000 Has.; “La Poderosa” con 700.00 Has.; “Lagunillas” con 399.850 Has; Calacoto con 3.473 Has. Posteriormente, todas estas

comunidades vendieron sus derechos al ciu-dadano inglés, William Braden. 1

El gobierno del presidente Ismael Mon-tes puso fin a la indiscriminada política de concesiones, en diciembre de 1916 cuando promulgó la Ley de Reserva Fiscal que puede considerarse la primera “Ley de Hidrocarbu-ros”, normativa que negó mayores conce-siones, al mismo tiempo que disponía una participación estatal del 10% en las entregas y obligó a los poseedores a no enajenar ni transferir las mismas. Se sentó como prece-dente ante el caso de controversias, como una instancia única de apelación a la Corte Supre-ma de Justicia de la Nación.2

1 YPFB, Libro de Oro, SE, La Paz – Bolivia, 1996. Pag. 18.

2 ROYUELA, Carlos. Cien años de Hidrocarburos en Bolivia. (1896-1996)

Concesiones y especulación

Traslado de equipos, en busca de petróleo, a lomo de mula en la quebrada de Cuevo, en el Chaco boliviano (1923).




S.R.28 Febrero 1920 Richmond Leverín Co 1.000.000 Has. Trans a StandardS.R.8 Marzo 1920 Jacobo Backus 1.000.000 Has. Trans a StandardS.R.9 Marzo 1920 Rafael Dial Lira 60.000 Has. Trans a StandardS.R.10 Marzo 1920 Exequiel Romecín C 200.000 Has. Trans a StandardS.R. 12 Marzo 1920 Rafael Torrico Lemoine 10.000 Has. Trans a StandardS.R. 14 Diciembre 1920 Jorge de la Reza 85.000 Has. Trans a Standard

2.355.000 Has.La Paz, octubre 26 de 1921Armado Orozco Oficial Mayor de IndustriaFuente: “Cien años de hidrocarburos en Bolivia”, de Carlos Royuela Comboni

Las primeras concesiones petrolíferas en Bolivia (1920)

Sin embargo, en 1921, el Presidente José Gutierrez Guerra, me-diante Ley, abolió la reserva fiscal, y autorizó contratar la explotación de hidrocarburos mediante arrendamientos temporales con un perío-do de vigencia de “66 años”. En este caso, los concesionarios debían entregar 12,5 y el 20 por ciento del rendimiento líquido a la tesorería departamental, elevando de algún modo la participación estatal. En un pésimo momento económico, con la presión de deuda ex-terna y los intereses estadounidenses, Gutierrez Guerra prácticamente obligó al Parlamento a aprobar la nueva Ley, entretanto, negociaba en paralelo una cantidad ilimitada de concesiones con los agentes de la compañía transnacional Standard Oil. Con apenas cuatro días de vigencia de la norma, el gobierno de Gutierrez Guerra, adjudicó “en secreto” nuevas concesiones de 1.000.000 hectáreas a la empresa estadounidense Richmond Levering y a su representante, Jacobo Backus, de acuerdo a contratos estableci-dos según la norma aprobada. La Richmond Levering prometió una inversión de 10 millones de dólares con la cual consiguió en total una cesión por 50 años de más de 2.000.000 de hectáreas, en títulos a favor de la empresa y de su representante Backus, en un extenso territorio que abarcaba los de-partamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca 3. A cambio de una exigua participación estatal del 15 % sobre el producto bruto que extrajese en el futuro, el contrato de la Richmont Levering era sumamente ventajoso pues estipulaba una exención del pago de impuestos por todo el tiempo que durase la concesión. Esta empresa sólo pagaba un impuesto que gravaba las actividades de las compañías mineras en la época. Otra prerrogativa, consistió en el privilegio de zona con una dis-posición de 50 kilómetros en las proximidades de los oleoductos con lo cual prácticamente tenía derechos monopólicos en el país. No obstante, por el contrato establecido con el Estado boliviano, la Richmont Levering no estaba facultada a “transferir estas concesio-nes sin el consentimiento del gobierno”, de acuerdo a la cláusula 19. Del mismo modo, este documento contractual establecía, en la cláusula 18: “Si durante la ejecución del contrato el Gobierno reclama-re por algo que en su concepto importe incumplimiento, dará aviso a los capitalistas, los que desde ese momento tendrán un término máxi-mo de seis meses para subsanar la falta que motive la reclamación; en caso de no hacerlo pasado dicho término, el Gobierno podrá declarar

3 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, La Nacionalización del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. 2007. Pag. 22

El presidente José Gu-tiérrez autorizó con-tratar la explotación de hidrocarburos me-diante arrendamien-tos temporales.

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la caducidad, rescisión o modificación del con-trato, que también tendrá lugar administrati-vamente por cualquier defraudación de los in-tereses fiscales. La caducidad importa para los capitalistas la pérdida de todos sus derechos a los bienes de la compañía, que quedarán en propiedad exclusiva del Gobierno”. Bajo esta figura, toda diferencia o cues-tión sobre el contrato respecto del alcance o interpretación del mismo y su misma ejecu-ción será sometido como única instancia de conocimiento y resolución, a la Corte Supre-ma de Justicia de Bolivia. En medio de una serie de irregularidades y observaciones sobre el contrato en cuestión, se conoció que la casa bancaria de Gutierrez Guerra, presidente de Bolivia, extendió el cer-tificado de solvencia a la Richmond Levering, documento que resultó falso. Ante la oposición que comenzaba a ges-tarse en el país y la opinión pública el repre-sentante de la empresa Richmond Levering,

Jacobo Backus, afirmó sin desparpajo que contaba en su presupuesto con 300.000 boli-vianos para “sobornos”4. Es muy probable que con estos recursos esta observada empresa haya conseguido en los meses que estuvo operando en Bolivia la modificación de las cláusulas del contrato, aduciendo las dificultades en Bolivia y los ele-vados costos de operación. En este marco, el gobierno de entonces cedió a rebajar del 15 al 12,5% la participación gubernamental, en un negocio que nunca existió. En lo fundamental, esta norma declaró la propiedad inalienable e imprescriptible y el dominio directo del petróleo por parte del Estado. Paralelamente, facultó al Poder Ejecu-tivo su explotación directa o mediante asocia-ción con otras empresas privadas.

4 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, La Nacionalización del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. 2007. Pag. 22

El presidente de la República con su gabinete presidencial. De izquierda a derecha, Carlos Romero, ministro de Fomento y Comunicaciones; Alberto Palacios, ministro de Hacienda e Industria; Abel Ituralde, ministro de Relacio-nes Exteriores y Culto. Presidente de la República, Dr. Hernando Siles; J. Minor Gainsborg, ministro de Gobierno y Justicia; Félix del Grando, ministro de Instrucción Pública y Agricultura y Aurelio Arauz, ministro de Guerra y Colonización. (El País, jueves 2 de febrero de 1928).

Un año después de haber obtenido la concesión, la Richmond Levering transfirió, el 3 marzo de 1921, a la Standard Oil de New Jersey, todas sus concesiones por 270 mil dó-lares.5 Aunque otros antecedentes, señalan que la transacción se consumó ante la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos, por la suma de 2,5 millones de dólares.

5 ROYUELA, Carlos. Cien años de Hidrocarburos en Bolivia. (1896-1996)

Aparentemente, las autoridades del go-bierno boliviano desconocían la transacción que violentaba la cláusula 19 del contrato. La Standard Oil creó su filial boliviana el 16 de noviembre de 1922 y comienza a presionar al gobierno para que reconociera la transferen-cia y firmara un nuevo contrato, situación que termina consumándose ese mismo año. Paralelamente, la Standard Oil, había adquirido, otros dos millones de hectáreas

ABEL ITURRALDE(Centinela del Petróleo).

El 20 de junio de 1921 un distinguido patriota pa-ceño, senador de la República, Dn. Abel Iturralde (el Centinela del petróleo chaqueño), logra que el Poder Legislativo apruebe la Ley Orgánica del Petróleo, ante el tráfico de intereses de las “Con-cesiones Africanas” petroleras de la aristocracia

política boliviana con la Richmond Levering, y con la Standard Oil Co. y cómo ésta última toma posesión

del territorio guaraní del Chaco boliviano y de su rique-za, instalándose en Bermejo, Sanandita, Caigua y Camiri

(1921).

Fraude y traición de la Standard Oil




(Has). de concesionarios particulares, por lo que podía explorar en cuatro millones de hec-táreas y quedarse con un millón de Has. Con anticipación, la Standard Oil había adquirido de particulares más de dos millones de hectá-reas adicionales en concesión. La ambición de la empresa transnacio-nal de propiedad de Rockfeller, la primera que se instaló en Bolivia, prácticamente se apode-ró de los hidrocarburos nacionales al adquirir otros 2.145.000 Has. que William Braden y uno de sus familiares compraron en Bolivia por 75.000 libras y revendieron a la Standard en tres millones de dólares.

Para fines de 1926, el emporio acaparó alrededor de 7 millones de hectáreas, com-prando prácticamente la totalidad de antiguas y nuevas concesiones. Desde el Congreso Nacional, el cuestio-nado trámite fue refutado por el senador pa-ceño Abel Iturralde quien protestó el contrato con “serios visos de irregularidades”, porque éste sólo fue autorizado por el presidente Gu-tierrez Guerra y uno de sus ministros. Por su lucha a favor de los intereses nacionales, este parlamentario se hizo merecidamente acree-dor al título del primer “Centinela del Petróleo en Bolivia”6.

6 YPFB, Libro de Oro. (1936-1996). Pag 21

Prospección exploratoria en el campo Camiri.

“No debemos alucinarnos con una sola empresa que tenga en sus manos todo el oriente boliviano. Esto ha de traer como conse-cuencia la absorción de la soberanía del país y la pérdida de su liber-tad. Yo no soy enemigo de que vengan a Bolivia empresas extranjeras.Lo que pido es un riguroso control que evite que una sola empresa monopolice toda la industria petrolera. El día que se consume una absorción por una sola empresa, estaremos perdidos”, decía el céle-bre defensor de los recursos naturales. Derrocado el gobierno de Gutierrez Guerra, asume la presiden-cia Bautista Saavedra quien ante la incursión discrecional de las em-presas concesionarias y las “comisiones” que ofrecían a cambio de las ambicionadas tierras petrolíferas, ordena la revisión de la norma en comparación con otras vigentes en el mundo. El 20 de junio de 1921, el presidente Bautista Saavedra aprobó la Ley Orgánica de Petróleos, que vuelve a declarar la propiedad na-cional de los recursos hidrocarburíferos, devolviendo al Estado la fa-cultad explotarlos por sí mismo o en asociación con privados. Al mis-mo tiempo, esta norma estipula hasta 100.000 Has. como máximo y, por una sola vez, las concesiones petrolíferas por un lapso de 55 años. Asimismo, estableció en 11% la participación sobre el producto bruto y se limitaron los privilegios de zona a cinco metros, implementándo-se el derecho de cruce de oleoductos. Por otro lado, en el nuevo texto legal el concesionario quedaba obligado a iniciar la explotación al cuarto año de firma de contrato y el Estado fijó para sí la potestad de establecer al quinto año un monto mínimo, a partir de la concesión. Esta ley abrió por vez primera la posibilidad de crear una em-presa nacional para la explotación petrolera al imponer el artículo 35 que señala: “Si los concesionarios no extrajesen durante tres meses una cantidad de petróleo proporcional a la capacidad productora de un pozo, el Gobierno podrá extraer por su cuenta la participación que le corresponde”. 7 Casi premonitoriamente, la norma señalaba en su artículo 40, una figura antimonopólica que resumía que el gobierno vigilaría la exploración y explotación de los yacimientos y fiscalizaría las opera-ciones de las empresas, no sólo para asegurar el pago de impuestos sino también para organizar convenientemente la industria en bene-ficio nacional, combatir el acaparamiento de la producción, transpor-te, almacenaje, comercio de petróleo y sus derivados. La Ley en referencia fijó un plazo máximo de tres años y una extensión máxima de 300.000 Has. para fines de exploración y la pre-rrogativa de elegir una quinta parte para conformar “reserva fiscal”.

7 TAHBUB, Marwan. Las transnacionales no son socias. Por una política nacional de Hidrocarburos. Ed CEDIB. Pag. 225

La Ley Orgánica de Petróleos fue apro-bada el 20 de junio de 1921.




Esta legislación también señalaba que todo arbitraje debía resolverse en la Corte Su-prema de Justicia de la Nación al mismo tiem-po que prohibía a las empresas a no realizar reclamación diplomática alguna respecto de obligaciones, derechos y emergencias de las adjudicaciones y contratos. Por otro lado, se reivindicó y mejoró la figura legal sobre la caducidad al subrayar que si el gobierno reclamaba por incumplimiento, los concesionarios tenían un plazo no mayor a seis meses para subsanar la falta, en caso contrario, éste quedaba facultado para decla-rar la caducidad, recisión o modificación del contrato. Entre las causales para este efecto también se incluyó la defraudación de los in-tereses fiscales. Pese a la vigencia de la avanzada legis-lación modernizada y acorde a los intereses nacionales, la Standard Oil, pudo más que el debilitado Estado boliviano y sus autoridades, para ello, se valió de todo su poder econó-mico e incurrió en una serie de prebendas y corrupción de funcionarios, hasta lograr sus propósitos. La compañía transnacional de Rockefe-ller había comprometido invertir 50 millones de dólares en distintos rubros de producción, pero hasta 1937, sólo llegó a invertir 17 millo-nes, según confesaron sus propios gerentes y representantes. A cambio, esta empresa logró que se modificara la obligatoriedad contrac-tual de representar arbitrajes sólo ante la Cor-te Suprema de Justicia para extender la con-sulta al presidente de la Sociedad Geológica de Londres, en Inglaterra. Desde su incursión para operaciones en territorio nacional, la Standard no cumplió con sus obligaciones y urdió una serie de irre-gulares, evasiones y defraudación.

Ni bien comenzó a operar en Bolivia, la Standard se quejó por la falta de mapas, lar-gas distancias, falta de una red caminera apro-piada y carencia de oleoductos, con lo cual consiguió el derecho de explorar en cuatro millones de hectáreas para quedarse con un millón, además de ampliar el contrato de 50 a 55 años, a partir del segundo año de explora-ción. Un decenio después, los plazos se fueron razagando pues la empresa nunca entraba al período de explotación. La transnacional petrolera contaba con un plazo de sólo dos años a fin de identificar un millón de hectáreas para establecer la con-cesión y luego perforar un pozo cada 50.000 hectáreas y producir dos millones de barriles de crudo. La Standard Oil inició sus operaciones en Bolivia en la Serranía del Candado, y des-cubrió petróleo en Bermejo a mediados de 1924. Posteriormente perforó en otras estruc-turas descubriendo hidrocarburos en Sanan-dita (1926), Camiri, (1927) y Camatindi (1931). Instaló dos refinerías rudimentarias en Sanan-dita y Camiri. En total, la Standard perforó 30 pozos de los cuales 18 fueron exploratorios. Esta empresa transnacional nunca tuvo inten-ciones de desarrollar la industria petrolera en Bolivia. Aparentemente, lo que buscaba era conseguir mercados futuros y asegurarlos. 8 La Standard Oil, producía desde 1925, alrededor de dos mil barriles de crudo por año en la región de Bermejo. En 1926 se in-corporó, Sanandita con 7.000 barriles y 1927 Camiri con 15.000 barriles, totalizando una producción de 40.000 barriles. En 1929 en medio de la crisis económica mundial, la Stan-dard extrajo 132.000 barriles y para 1936, la

8 YPFB, Libro de Oro. (1936-1996). Pag 20 Taller de la Standard Oil Company 1930.




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transnacional había escogido 300.000 hectá-reas y contaba con 31 pozos.9 En 1927, se denunció por incumplimien-to en el pago de patentes a la Standard que adujo tranquilamente no haber ingresado aún en período de explotación para hacerlo. La sumisión de los gobernantes al po-derío económico de la transnacional, se hace patente cuando el presidente Hernando Si-les emite el 12 julio de 1928 una Resolución Suprema en la que asegura que la compañía cumplió con todos sus compromisos, al día siguiente la Standard concede al gobierno el pago de un millón de bolivianos por concepto de patentes, no sin antes deducir los intereses. Ese mismo año, Siles mediante Resolución Su-prema autoriza el pago de patentes a partir de

9 MARIACA, Enrique. Mito y realidad del petróleo en Bolivia. Ed Norte. 1944

1930, independientemente de si la empresa producía o no petróleo, aunque ya existían ru-mores en sentido de que ésta producía crudo desde 1925 y lo contrabandeaba a través de un ducto clandestino hacia Argentina donde también mantenía operaciones. Es en 1932 cuando la empresa interna-cional recién comienza el pago de patentes petroleras, pero no en su totalidad, en me-dio de amenazas contra las autoridades bo-livianas y anuncios para comprar el voto de los magistrados de la Suprema en caso de demanda. Según Carlos Montenegro, la Stan-dard defraudó al país 26,5 millones de bolivia-nos entre 1924 y 1932, pero la cifra real se es-timaba en 85 millones si se agrega la evasión por regalías y otros conceptos. En todo el tiempo de permanencia en Bolivia, la compañía estadounidense alegaba que priorizaba la exploración durante todos

Pozo Bermejo 2 perforado por la Standard Oil Company en 1924.

Equipo de perforación de pozos instalado en el Chaco boliviano (1926).




sus años de intervención en Bolivia pero no habían mayores resultados sobre la produc-ción de petróleo. Así por ejemplo, la escasa producción de gasolina de la Standard era destinada al exterior, y un remanente en el país con precios internacionales que la misma empresa se encargaba de fijar en relación a los mercados aledaños que controlaba. En 1935, la Standard fue acusada de contrabandear la

“producción marginal” de petróleo a través de un oleoducto clandestino de cuatro pul-gadas que traspasaba la frontera por debajo

del puente del Río Bermejo hacia la población de Aguas Blancas, Argentina. Años más tarde en el juicio que se le instalaría, los principales ejecutivos de la empresa admitieron haber comercializado clandestinamente, por esa vía, 704 toneladas del producto, no obstante el senador argentino Alberto Arancia señaló que la compañía no sólo usaba el gasoducto sino también otros medios de transporte para trasladar petróleo boliviano, un informe de la Aduana argentina confirmaba que había ex-traído cuando menos, cuatro mil toneladas.

La guerra del Chaco y los intereses transnacionales

Al igual que muchos países de América Latina, Bolivia vivió momentos de auge en sus exportaciones de la mano del desarrollo del transporte ferroviario, la banca y el cre-cimiento urbano. En el país, la minería había alcanzado el pináculo de su producción tanto en precios como en volúmenes, las inversio-nes alcanzaron a más 150 millones de dólares y más de 27.000 trabajadores acampaban en áreas mineras. No obstante, esta bonanza era aparente, el país sufría un endeudamiento de 82 millo-nes de dólares; el gobierno se veía obligado a controlar el aparato recaudador en manos de una comisión fiscal permanente establecida

por sus acreedores; el déficit de la balanza de pagos, sobresueldos, corrupción y fuga de ca-pitales era moneda corriente. Los otros secto-res de la economía se hallaban escasamente desarrollados. El afán de atraer capital extran-jero y contraer créditos presentaba complica-ciones, principalmente en la cobertura de ta-sas muy altas y en la dificultad que planteaba el hecho de pagar deuda con deuda. La crisis mundial de 1929 dejó al des-nudo la debilidad de la economía; la caída de los productos de exportación y, por ende, de importación llevó a una crisis severa. Más de siete mil trabajadores fueron expulsados de sus fuentes laborales, entretanto, el Estado

redujo el gasto público, ordenó la inconverti-bilidad de la moneda y suspendió el pago de la deuda externa. La caída de sus ingresos y la reducción de divisas obligaron al gobierno a establecer una tasa de cambio múltiple. En este contexto, la Standard Oil no su-frió impacto alguno ya que no tenía relación con el mercado doméstico. Sin control, no hizo otra cosa que exportar atenida a la venta-ja concreta que suponía la distancia existente entre sus centros de producción y operacio-nes y el centro de influencia política adminis-trativa de Bolivia. El impacto de la crisis económica reca-yó en los asalariados. La desocupación, la es-calada de precios y la especulación tuvieron efectos severos. Ante esta situación agravada por huelgas y otras formas de protesta contra la Standard, el Presidente Daniel Salamanca, apremiado por los recursos, revisó las dispo-siciones gubernamentales de julio de 1928 de su predecesor Hernando Siles, relacionadas con la prórroga del período exploratorio con-cedido a la empresa de Estados Unidos. De este modo, Salamanca, mediante Re-solución Suprema de 2 de julio de 1932, dejó sin efecto la prórroga para la Standard y allanó el camino para que ésta pague lo que corres-pondía por ley, obligación que debía incluir el adeudo acumulado desde 1924 hasta su gestión. No obstante, el cobro no pudo efec-tivizarse por la acción legal que la Standard impuso ante la Corte Suprema de Justicia. En el campo de las relaciones diplomáti-cas, el gobierno de Salamanca, agobiado por la crisis y las presiones sociales, dio un paso temerario al declarar la guerra al Paraguay, subestimando sus fuerzas y desconociendo su pasado histórico, así el enclaustramiento ma-rítimo boliviano, producto de la derrota de la guerra del Pacífico (1879) se vio reforzado por el cierre de la salida por el río Paraguay.

El territorio del Chaco en litigio, que era reclamado por Bolivia y Paraguay en medio de una serie de interpretaciones sobre tratados que legitimaban su soberanía, había concita-do el interés internacional motivado por dis-tintas versiones que daban por hecho la exis-tencia de hidrocarburos en la zona. El descubrimiento de petróleo en una región aledaña al Chaco influyó para que el problema limítrofe se complicara y quizás alentara el conflicto, no obstante que los re-servorios de hidrocarburos se encontraban en regiones que no estaban en disputa.10 En este sentido, el escritor y político Pa-raguayo Natalicio Gonzales, citado por Sergio Almaraz, precisa que la conflagración bélica nunca habría ocurrido si en 1910, no se hubie-ra comprobado la existencia de yacimientos petrolíferos en la región, además de la con-fluencia de otros intereses internacionales. Por casualidad o azar, el contrato firma-do entre la Standard y el gobierno boliviano parecía contener una figura anticipada: “…En caso de guerra, el Estado puede exigir a la compañía venderle toda su producción al costo, con el recargo de un 20 por ciento por concepto de utilidad. A la vez que en otro apartado estaba vigente que en caso de in-cumplimiento se imponían multas y la rever-sión de yacimientos no explotados”. La transnacional estadounidense que operaba en Bolivia, estaba presente en el norte de Argentina y el Paraguay donde se disputaba el control de mercados con la an-glo holandesa Royal Dutch Shell, en procura de controlar la exportación de crudo boliviano por el Atlántico, vía Río de la Plata. “Así frente a la ambición de la Royal Dutch Shell, estaba la de la Standard Oil, espe-rando que su apoyo a un Paraguay triunfante

10 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA. La nacion-alización del siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. Pag. 26




Combatientes en una trinchera defendiendo la integridad nacional.

Tcnl. GERMÁN BUSCH(Expresidente de Bolivia)

“Vamos pues a reafirmar la nacionalización de los petróleos, ya que todos los que estuvi-mos en el Chaco en las horas de peligro, he-mos podido experimentar la inconveniencia de que esta riqueza estuviese en manos de capitales extranjeros. El petróleo boliviano va a ser explotado por el Estado, porque así lo exigen los altos intereses nacionales”, Tcnl. Germán Busch (1936-1939)

Reclutamiento para la Guerra del Chaco 1932.




en la Guerra pueda repercutir en abrir el ca-mino del Río de la Plata para la exportación de crudo, como en mejores condiciones de su explotación ya fuera del control boliviano”. 11

La petrolera norteamericana fue cues-tionada por haber mostrado una actitud de traición a la patria durante el conflicto béli-co que enfrentaron Bolivia y Paraguay, des-de 1932 por el control del Chaco Boreal. En la contienda, esta empresa no sólo continuó exportando combustibles, sino que además trasladó gran parte de sus materiales y equi-pos a la Argentina. Aunque la Standard anunciaba a los cuatro vientos una aparente neutralidad en la guerra, no sólo fue desleal con Bolivia sino

11 TAHBUB, Marwan. Las transnacionales no son socias. Por una política nacional de Hidrocarburos. Ed CEDIB. Pag. 229

que además saboteó la movilización del Ejér-cito boliviano que debía recorrer desde el al-tiplano, la parte central del territorio nacional, hasta llegar a los arenales chaqueños. Esta compañía, se atrevió a subir el pre-cio del galón de la gasolina de 19 a 60 centa-vos por la supuesta influencia del abogado de la Standard Oil, Carlos Calvo.12 Aunque se lee en la prensa de la época un desmentido sobre esa información difundida por el representan-te de la compañía en Bolivia W.B. Blocker. 13

La mayor indignación nacional se produ-jo cuando esta compañía estadounidense se negó a producir el combustible de aviación para las naves de guerra bolivianas, bajo la

12 ULTIMA HORA, 13 de noviembre 1933

13 LA RAZÓN, 14 de noviembre de 1933

Soldados en una planidicación.

excusa de “carencia de recursos técnicos ne-cesarios”. Entre tanto, se dio a la tarea de des-viar petróleo hacia territorio argentino, donde lo vendió como derivado para el consumo de los motorizados del ejército paraguayo. Por este motivo, el gobierno boliviano se vio obli-gado a tomar sus refinerías y contratar a los ingenieros Jorge Muñoz Reyes y Guillermo El-der Bell para dirigir la producción. En mérito al insistente reclamo del Ing. Guillermo Elder Bell que envió una carta, el de 2 de mayo de 1933, al Presidente Salamanca, por intermedio del Gral. Hans Kundt, Coman-dante de las FF.AA., el Ejército Boliviano se hizo cargo de las refinerías de Camiri y Sanan-dita que fueron administradas por el profesio-nal cruceño en plena conflagración armada.

Bajo su dirección se logró obtener gaso-lina de aviación de 80 octanos en la refinería de Camiri, con lo cual la aviación boliviana pudo operar en la guerra contra Paraguay. Posteriormente, Elder Bell, coadyuvó en la ampliación de las refinerías de Camiri, logran-do que se produzca en la década de los años 40 hasta 1.200 barriles por día y en Sanandita, hasta 600 barriles por día. Los testimonios de la época revelan que el boicot de la empresa extranjera llegó a tal extremo que se negó a prestar un tractor para desatascar decenas de camiones bolivianos que transportaban tropas y vituallas. Asimis-mo, se denunció que a “título de neutralidad” arrojó al río herramientas que precisaba el Ejército Nacional.

Toma de posiciones de las tropas del Ejército boliviano durante el conflicto bélico con Paraguay.




“La petrolera estadounidense ya había exhibido su política indolente y sus actitudes de desacato y hasta traición a la patria. No sólo le había negado al gobierno boliviano un anticipo para financiar la preparación de las Fuerzas Armadas, sino que había rehusado pagar a sus empleados, llamados a filas, el 50% de sus salarios como lo hacían todas las empresas del país acatando lo dispuesto por las autoridades. De esta forma, quedaron en evidencia los rasgos más execrables del comportamien-to de la transnacional, en plena guerra, hacia Bolivia, país que le había concedido el privile-gio monopólico de la explotación de la riqueza petrolífera de su subsuelo.14

“Detrás de su actitud estaba su conside-ración de que la guerra estaba perdida para

14 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA. La nacion-alización del siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. Pag. 27

Bolivia y suponía que el triunfo paraguayo podía determinar la apropiación de estos ya-cimientos por lo tanto tenía que trabajar para que la parte paraguaya respetase sus conce-siones vigentes”. 15

La conflagración entre Paraguay y Bo-livia culminó el 12 de junio de 1935 con un saldo de 90.000 hombres muertos, 50.000 Bolivianos y 40.000 Paraguayos. “…El telón fue levantado para la guerra del Chaco. Dos pueblos empobrecidos disputándose la pro-piedad de una riqueza que ya habían perdido varios años antes. Dos pueblos manejados por titiriteros desde Nueva York y Londres”, resu-mía Sergio Almaraz 16.

15 TAHBUB, Marwan, Las transnacionales no son socias, página 229

16 TAHBUB, Marwan, Las transnacionales no son socias, página 105

Entre las consecuencias de la guerra del Chaco estuvo la irrefrenable convicción de que toda Bolivia había sido conducida a un desastre por intereses económicos extranje-ros, cuya única razón de permanencia en el país era el despojo de sus recursos naturales para lucro fuera de sus fronteras. La conciencia de que los intereses de consorcios internacionales habían primado a

la hora del desencadenamiento del conflicto bélico con Paraguay estuvo asociada a la con-vicción de que la Standard Oil, en los cerca de quince años que estuvo operando en Bolivia, no había producido lo esperado ni invertido lo acordado. En medio de este despertar de la con-ciencia nacional, en distintas esferas de la so-ciedad, el golpe de Estado del 17 de mayo de

La generación nacionalista de la post guerra

Defensores del Chaco en Villa Montes (1935).

1936, marcó un momento de inflexión en la historia nacional por recuperar para los boli-vianos lo que en pleno derecho les pertenecía. Protagonizado por un grupo de militares que participaron en la contienda del Chaco, ésta asonada, que terminó abruptamente con la presidencia de José Luis Tejada Sorzano; marcó el inicio de un gobierno que desde la oficialidad vivió en carne propia los horrores del conflicto armado, era la expresión de un sentimiento unificador de enmienda a años de administración irresponsable del Estado, que había ido tomando visos de cínica compli-cidad con intereses económicos foráneos. Convenido por este grupo cívico militar nacionalista encabezado por Germán Busch, un heroico oficial de la Guerra del Chaco, el gobierno del general David Toro Ruilova –otro militar destacado en esa contienda- firmó el 7 de junio de 1936 la caducidad de las concesio-nes que no se hubiesen apegado estrictamen-te a la Ley de 1921. Esta acción, sin embargo, no afectaba directamente a la Standard Oil, ya que la petrolera tenía suficiente poder como para salir airosa legalmente y aún falsear di-cho apego.

Empero, los días de la Standard en Boli-via estaban contados. A raíz de la promulga-ción en octubre de 1936, de una nueva norma jurídica que reemplazaría a la mencionada Ley Orgánica, y no sin antes haber obtenido va-rios beneficios, la empresa estadounidense se prodigó apoyo internacional para hacer frente a su inevitable expulsión. La nueva norma jurídica transformaba las concesiones petroleras en adjudicaciones y fijaba rebajas de patentes; además estable-cía la disminución de regalías del 11 al 9 por ciento y otorgaba una prórroga indefinida al tiempo de exploración. En cuanto a la tasa impositiva la Ley establecía en 30 centavos de Boliviano la patente anual por pertenencia original y en diez centavos de Boliviano la per-tenencia prorrogada. La pertenencia en producción, según lo establecía este ordenamiento, debía pagar 20 centavos de boliviano antes de los ocho años y 80 centavos a partir del octavo año. A su vez, establecía que el Estado debía participar con el nueve por ciento del producto bruto, y que el transporte de la regalía iba a hacerse a




Camiri, década 1904.

precio de costo al igual que su refinación, más un cinco por ciento. Esta ley promulgada por el gobierno de Toro, en comparación con la de 1921, rebaja-ba las patentes en el porcentaje de las regalías y entregaba la producción a perpetuidad. Para muchos especialistas, con esa rebaja, el go-bierno dejó clara su convicción de que, para-lelamente a la cancelación de las operaciones de la Standard en el país, había que mantener la atracción de capitales y permitir cierto mo-vimiento a esa compañía. De acuerdo a testimonios de la época, Toro no era muy versado en materia petrole-ra como tampoco ninguno de los miembros de su Gabinete. De todos modos, esta acción

encontró cerrada resistencia entre los milita-res progresistas liderados por el Tncl. Germán Busch y otros ex combatientes recién integra-dos a la vida civil nacional. Es en esta coyuntura histórica cuando entran en escena, Dionisio Foianini Banzer quien junto a otros profesionales y enten-didos como Humberto Vasquez Machicado, Jorge Muñoz Reyes, Guillermo Mariaca, José Lavadenz, Gustavo Chacón y otros habían tra-tado de mentalizar a las autoridades guberna-mentales sobre el perjuicio de la medida y la importancia de crear una empresa petrolera estatal que impidiera que los hidrocarburos fueran manejados discrecionalmente por in-tereses foráneos.

La fundación de YPFB

El horror de una guerra injusta, los erro-res históricos de una pírrica clase política que se decía liberal sin visión de país y el abuso de las élites coludidas con los intereses trans-nacionales, catalizaron un proceso de madura-ción de la conciencia nacional que buscaba un cambio político y social con nuevas estructu-ras y administración. El cambio provino de círculos militares, sectores intelectuales, profesionales y sindica-les de las clases media y baja.

El centro del debate en la sociedad bo-liviana de la post guerra fue el petróleo y su futuro como factor de desarrollo y viabilidad nacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-livianos, nació de las cenizas de la Guerra del Chaco. La inmolación de 50.000 hombres de-fendiendo la riqueza petrolera, sirvió de mar-co al inicio de la entidad petrolera boliviana. Dos personajes promovieron la creación de YPFB, el héroe de la contienda del Chaco, Teniente Coronel de Ejército, Germán Busch




y el destacado profesional, hijo de migrantes italianos, Don Dionosio Foianini Banzer. El cruceño Foainini Banzer, doctor en Química General de la Unidad de Pavía (Ita-lia), concibió el proyecto de creación de la em-presa petrolera boliviana desde sus primeros años de universitario, avizorando el horizonte de la industria petrolera nacional. Estructuró y fortaleció a la nueva empresa, hasta 1939.

“Mi vida abundó en inquietudes y esperanzas, y al repasar mis papeles, cargados de recuer-dos y de historia, me satisface que algunos proyectos alcanzaron su objetivo”, señalaba el impulsor de la industria boliviana de los hidrocarburos en su autobiografía “Misión Cumplida”17 Otro cruceño notable, Germán Busch, con la firme convicción y decisión apoyó el

17 Citado por Personajes Notables de Santa Cruz, El Día, 1995.

emprendimiento de la creación de la empresa estatal del petróleo. Su gobierno se caracteri-zó por ubicar al petróleo como nueva palanca para el desarrollo del país. “Vamos pues a reafirmar la nacionali-zación de los petróleos, ya que todos los que estuvimos en el Chaco en las horas de peligro, hemos podido experimentar la inconvenien-cia de que esa riqueza estuviese en manos de capitales extranjeros. El petróleo boliviano va a ser explotado por el Estado, porque así lo exigen los altos intereses nacionales”, resumía Germán Busch18, el heroico y joven oficial del Ejército boliviano miembro e impulsor de una corriente ideológica comprometida con los in-tereses de la patria. Aquel histórico, 21 de diciembre de 1936, con el apoyo de Germán Busch, Dionisio

18 Almaraz Sergio, El Petróleo en Bolivia. obra citada, p. 105

Recorte del periódico “La Calle”, publicado el 30 de diciembre de 1936.

Foianini visitó al Presidente Toro en Palacio de Gobierno con el proyecto de Decreto Supre-mo en la mano, quien luego de discutirlo bre-vemente, lo firma inmediatamente, después Don Gustavo Chacón se encargó que los fir-maran todos los ministros. Así nació YPFB ante el enorme desafío de proyectar el futuro de la naciente industria petrolera y la impostergable misión de desa-rrollar la producción petrolera para mejorar la economía nacional. Su vocación de servicio productivo se plasmó tanto en el decreto de su creación como en sus primeros estatutos aprobados, poco tiempo después. La fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue casi ignorada por la prensa contralada por la rosca minero-feudal. Quizá la mejor forma de describir, el regocijo que provocó en el país, la creación de la empresa estatal se refleja en una nota fechada el 30 de diciembre de 1936 por el pe-riódico La Calle. “El gobierno socialista acaba de mostrar una vez más el amplio espíritu que le anima luchar por la independencia económica de la nacionalidad y por fomentar su progreso. Con fecha 21 de los corrientes ha promulga-do un Decreto Ley que crea una entidad fis-cal llamada ´Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B) la cual se encargará de la exploración, explotación, y comercialización del petróleo y de sus derivados. No se trata de una empresa privada puesta al servicio de sórdidos intereses y va-liéndose de inconfesables medios. No; es el Estado mismo, que en pleno ejercicio de sus derechos de soberano quiere independizar la patria de la tiranía extranjera que nos raciona el combustible cuando podríamos bastarnos a nosotros mismos y aún exportar a los vecinos. La nueva entidad está constituida por el Esta-do que al asumir tan noble y desinteresado papel, cumple sus más elementales deberes de tuición y de ayuda al pueblo todo.

Corren por ahí libros, folletos y artículos de prensa, presentando al petróleo como una materia folletinesca, debido a los medios y tramas horribles, intrigas turbias y personajes de opereta que bailan en ellos al son del oro extranjero. El significado que tiene el petróleo le ha convertido en materia objeto de toda maquinación y que para obtenerlo no se re-troceda ante nada. Ello era necesario que tenga un término en nuestro país. Hoy no serán ya aventureros de dudosa filiación nacional u oscuro pasado los que vengan a manosear nuestra riqueza petrolera, cual ha sido hasta el presente. La experiencia del petróleo boliviano es dema-siado dolorosa para que volvamos a caer en los mismos errores. Compañías riquísimas y otras que no eran sino fantasías creadas en al-gún escritorio famélico, luchaban sin cuartel y con todos los medios del más bajo rufianismo, por tener su parte en esa danza de acciones que subían y bajaban en las cotizaciones de la bolsa y con ellos dando pingües ganancias a costa del buen nombre y la riqueza de Bolivia. El Supremo Gobierno con un alto espíri-tu de comprensión de sus deberes ha creído que era tiempo ya de que eso terminara y ha asumido por sí mismo el control del petróleo en toda la República, ya que prácticamente es el significado de los Y.P.F.B. Las compañías privadas consolidadas ya, tendrán su rol de acuerdo a sus contratos, pero ya no serán los omnipotentes organis-mos de antes, y tendrán que sujetarse a cum-plir sus obligaciones dentro de un criterio na-cional y no de sus propios intereses. La entidad Y.P.F.B es del Estado, o sea es el Estado mismo, pero funcionará como si fuera independiente, con su personería jurídi-ca y autonomía propia, pudiendo desempeñar en todo caso las funciones de una compañía privada, pero siempre al servicio del Estado. La industrialización de Bolivia tiene que ser obra del petróleo, y ello sólo puede




hacerse por medio de los Y.P.F.B. que no pre-tendiendo ganar millones para que favorezcan al extranjero, puede ir hasta zonas no comer-ciales, peor que necesitan de su acción directa con el fin de favorecer así a la República en to-dos su componentes y no los apetitos de unos cuantos. La entidad que acaba de crearse nece-sita para su desenvolvimiento del apoyo y concurso de la nacionalidad toda. El gobierno da y plantea su creación y realización. Soste-nerla fomentarla y engrandecerla será la obra de todos los bolivianos. Fe y decisión hay que poner en su apoyo y tengamos todos, la plena seguridad de que los Y.P.F.B, serán el baluarte más fuerte y desinteresado de nuestra libera-ción y el fundamento más granítico de nues-tro progreso.

En nuestro rol de periodistas indepen-dientes y que seguimos con mirada atenta e imparcial el desarrollo del programa de actos que actualmente realiza el gobierno socialista, hemos tenido alguna vez que apuntarle nues-tra disconformidad con algunas cosas, pero esta vez aplaudimos sin reservas este paso que juzgamos trascendental para nuestra vida republicana. Consideramos que es una efectividad real y verdadera de lo que es el socialismo de Estado, pues constituye un atajo a cierta industria privada que quiere supeditar a la nación misma en sus más altos y sagrados intereses. Llenando una necesidad sentida de nuestra estructura económica, vienen los

El Primer Directorio de YPFB, de izquierda a derecha:Jorge Muñoz Reyes, Humberto Vasquez M., Dionisio Foianini, José Lavadenz y Guillermo Mariaca.

Y.P.F.B. a abrir una nueva era en los destinos y horizontes de la patria”.19 En ese contexto nace Yacimientos Pe-trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como entidad autárquica y con personería jurídica propia, encargada de explorar, explotar y de-sarrollar el rubro hidrocarburífero. Pocos meses después, en mayo de 1937, el gobierno de Toro emitió la Ley Orgánica de YPFB, cuyo instrumento legal incluyó las fun-ciones y privilegios, aspectos largamente an-helados. Los intereses petroleros del Estado pasaban a tuición de YPFB, al tiempo que los yacimientos petrolíferos eran declarados re-serva fiscal. La nueva empresa debía organizar

19 La Calle, miércoles 30 de diciembre de 1936, página 7

y dirigir la industria petrolera, además de ase-sorar en la materia a particulares ante las dis-tintas instancias del Estado. La petrolera estatal, nació dotada de plena autonomía en su presupuesto. Podía realizar importaciones de petróleo y sus deri-vados con el objetivo de cubrir la demanda del mercado interno cuando fuese necesario. Del mismo modo, estaba autorizada a explotar y comercializar en forma directa o en sociedad, previa aprobación del gobierno. En cuanto a las utilidades líquidas, YPFB debía percibir montos proporcionales a por lo menos el 20 por ciento de las mismas como fondo de in-cremento y reserva. Su contabilidad debía ser revisada periódicamente por la Contraloría de la República.

Firmas de Dionisio Foianini y Guiller-mo Mariaca, en el Acta de la Primera Sesión del Directorio de YPFB que se realizó el 31 de diciembre de 1936 a partir de Hrs. 17:00.




El primer directorio de la estatal YPFB abordó el tema de la nacionalización de los hidrocarburos. “El ingeniero Jorge Muñoz Re-yes, manifestó que había realizado un estudio completo de todos los antecedentes relativos a la situación de la Standard Oil Co. y había llegado a la conclusión de que se imponía la caducidad de todas las propiedades de esta compañía, caducidad que debía dictarla el Su-premo Gobierno y que importaba la pérdida ipso-juri de todos los bienes de esta compañía tuviera en el territorio de la República”. 20

La base del futuro Decreto sobre la ca-ducidad de las concesiones de la Standard Oil, tiene fundamento jurídico en la cláusula 18 del contrato de 1920 en la que “indicaba que cualquiera (sic) defraudación de los intereses fiscales por parte de los capitalistas importaba para éstos la pérdida de todos sus bienes sin derecho a indemnización alguna y que como esa cláusula no había sido expresamente mo-dificada en el contrato del 22 (del 27 de julio de 1922), y que estaba plenamente probada la defraudación de los intereses fiscales por par-te de la compañía por dos conceptos que son: exportación clandestina de petróleo sin haber entregado la participación correspondiente al Estado y ocultación de estar en el perío-do de producción para no pagar las patentes

20 Manuscrito del Acta de la Novena Sesión del Directorio de YPFB, 26 de febrero de 1937

correspondientes a este período, era de ley y derecho proceder a tal acción”. La fundamentación para la caducidad de las concesiones de la Standard Oil fue elabo-rada por Muñoz por encargo del directorio de YPFB, documento que fue remitido al “Supre-mo Gobierno” de la Junta Militar encabezada por el Coronel David Toro. En vísperas de la primera nacionaliza-ción de los hidrocarburos, la décima sesión del directorio de la estatal petrolera del 12 de marzo de 1937, acordó por unanimidad pasar de inmediato un memorándum a conocimien-to del Presidente de la República y del señor Ministro de Minas y Petróleo con todas las re-servas del caso. La misión fue encomendada a Dionisio Foianini para que se entreviste con el Coronel Toro ese mismo día para exponerle la impor-tancia de una pronta resolución sobre el parti-cular, ya que, si la Standard Oil llegaba a saber los detalles contenidos en el mencionado me-morándum trataría de desvirtuar la acción que podría tomar el Gobierno. De acuerdo al documento de Jorge Mu-ñoz “se comprueba la mala fe de la compañía al negar en 1927 y 1928 producción alguna con el fin de no pagar al Estado las patentes correspondientes al período de explotación que se le cobraban y no entregar la regalía res-pectiva. El hecho de eludir el pago de patentes devengados utilizando medios dolosos es un

La primera Nacionalización

caso típico de defraudación consciente. Que probada que ha sido la defraudación, no cabe otra cosa que aplicar la sanción correspon-diente, prescrita en la citada segunda parte de la clausula 18 del contrato Richmond Le-vering. El Ejecutivo debe dictar la caducidad de The Standar Oil Co. of Bolivia y debe tomar posesión de todos los bienes de la extinguida compañía en defensa de los intereses del Es-tado y en cumplimiento de clausula expresa de un contrato bilateral que es la Ley entre las partes”. Si bien, el decreto Ley emitido, el 7 de junio de 1936, por la administración de David Toro respetaba las concesiones de la Standard, a la vez nacionalizaba la comercialización, transporte y exportación de petróleo y sus de-rivados en el país. Esta medida dejaba a su vez en manos de YPFB las responsabilidades de exploración y explotación, pero sólo en zonas designadas. De hecho, el 16 de enero de 1937, otra medida del presidente Toro, asigna a YPFB la

totalidad del territorio nacional con excepción de las concesiones de la Standard. Como hu-biese sido, tras varias reuniones efectuadas para sopesar la medida y medir sus efectos, finalmente el 13 de marzo de 1937, el gobier-no de Toro dictó una Resolución Suprema que declaraba la caducidad de las concesiones petroleras de la Standard Oil y la reversión de todos sus bienes al Estado Boliviano. “(…) aunque el término no fue utilizado como tal y tampoco el término confiscación, sino que el 13 de marzo del mismo año de 1937, se declara la caducidad (por incumpli-miento de contrato) de las concesiones de la Standard Oil para que, el 30 de abril sean ad-judicadas con carácter definitivo a Yacimien-tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos todos los bienes, acciones y derechos que pertenecie-ron a la extinguida Standard Oil Co. of Bolivia”. 21

21 TAHBUB, Marwan, Las Transnacionales no son socias, Pág. 232

La caducidad de las conseciones de la Standad Oil. (El Diario 1937)




La Resolución Suprema de la nacio-nalización de los hidrocarburos a la que se hace referencia señala textualmente:

La Paz, 13 de marzo de 1937

VISTOS: Los obrados del proceso contra The Standard Oil Co. Of Bolivia por defrauda-ción de los intereses fiscales; y

CONSIDERANDO: Que por la documenta-ción presentada por The Standard Oil Co. Of Bolivia, se comprueba plenamente la producción de petróleo en los pozos Ber-mejo en 1925 y 1926 y su exportación del territorio de la República;

Que en el año 1928 la citada Compañía, al exigírsele el pago de patentes petroleras correspondientes al período de explotación, manifestó en varios escritos no haber pro-ducido petróleo y más aún no estar en po-sibilidad de producirlo, siendo así que tenía evidencia de lo contrario puesto que había autorizado la exportación de este producto desde el campamento Bermejo en Bolivia al de Agua Blanca en la Argentina;

Que ratificó su negativa de haber produci-do petróleo con el hecho de no entregar las liquidaciones semestrales a las que estaba obligada en virtud de su contrato, manifes-tando más bien, que no había producción y por tanto no había lugar a presentar ningu-na liquidación;

Que a base de estas falsas afirmaciones eludió el pago de patentes y la entrega de la regalía correspondiente al Estado,

defraudando los intereses fiscales en forma manifiesta;

Que el contrato suscrito con esta Compañía en 27 de julio de 1922, no es sino una acla-ración del contrato anterior sobre el mismo asunto firmado en 1920 con Richmond Le-vering and Co., ya que en 1922 no era po-sible suscribir legalmente un contrato en contraposición expresa de la Ley Orgánica de Petróleos de 1921, y que en vista de ello The Standard Oil Co., explicó que no se tra-taba de un nuevo, sino de la subrogación del de Richmond Levering and Co., que era anterior a la Ley, sin rescindirlo ni dejarlo sin efecto;

Que en la cláusula décima octava del con-trato de Richmond Levering and Co., se estipula que el Gobierno podrá declarar su caducidad o rescisión administrativamente, por defraudación de los intereses fiscales; caducidad que importa para los capitalistas la pérdida de todos los derechos a los bie-nes que tuvieran en el país, los que pasan a propiedad exclusiva del Estado;

Que mientras se define la forma en que el Estado administrará los campamentos pe-troleros, pozos y refinerías de The Standard Oil Co., con todos sus anexos, enseres, útiles etc, éstos podrán ser manejados por YPFB;

SE RESUELVE: Declárese la caducidad de todas las propiedades de The Sntandard Oil Co. of Bolivia, dentro del territorio de la Re-pública, por defraudación comprobada de los intereses fiscales.

48 PETRÓLEO en Bolivia

Todos los bienes de la Compañía menciona-da que se hallaren en territorio boliviano al tiempo de dictarse la presente Resolución, pasan a propiedad del Estado.Hasta que el gobierno lo crea conveniente, quedará encargada de la administración y manejo de todos los bienes de la Compañía, que en virtud de esta caducidad pasan a po-der del Estado, a la entidad oficial Yacimien-tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Regístrese, transcríbase a quien correspon-da y archívese.

Fdo. D. Toro R. a: Ichazo – General Guillen – E. Finot – F. Campero – Tcnl. Viera G. o Moscoso – J. Paz C. – L. Añez – Tabera. Esta Resolución Suprema entró en eje-cución el 15 de marzo de 1937. “Los señores Foianini y Muñoz Reyes, dieron cuenta de

que el día anterior a horas quince y media (sic) se había dado ejecución a la Resolución Suprema de trece de marzo habiéndose no-tificado con ella al Gerente de la Standard Oil Co. of Bolivia y previa acta circunstan-ciada fueron cerradas las oficinas”. 22

Dos días después fueron reabiertas las instalaciones de la compañía estadouniden-se ubicada en la calle Potosí No. 169 de la ciudad de La Paz. Más tarde, YPFB tomó po-sesión de los campamentos y refinerías que poseía la Standard Oil en Sanandita y Camiri con ayuda de efectivos militares acantona-dos en la región. Acto seguido comenzó el derrotero de la estatal del petróleo que a lo largo de su historia supo sortear los obstá-culos que los gobiernos de turno y los gol-pes de Estado le pusieron en su camino.

22 Manuscrito del Acta de la Undécima Sesión del Directorio de YPFB, 16 de marzo 1937

El primer presidente y fundador de YPFB, Dionisio Foianini y los pioneros de la estatal petrolera, Camiri 1937.

49




PETRÓLEO en Bolivia50

El 30 de abril de 1937 el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, adjudicó a YPFB todos los bienes, acciones y derechos de The Standard Oil Co.

Coronel David Toro R.Presidente de la Junta Militar de Gobierno

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la Re-pública en cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus legítimas atribuciones, dictó el Decreto de 21 de diciembre de 1936, creando la entidad Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Que en Resolución Suprema de 13 de marzo de 1937, al declarar caducas las concesio-nes de The Standard Oil Co. y de propiedad fiscal todos los bienes, acciones y derechos a la citada Compañía, se encomendó su ad-ministración a Yacimientos Petrolíferos Fis-cales Bolivianos:

Que dentro del ejercicio de las actividades inherentes a su propia índole, YPFB tiene necesidad de los bienes, acciones y dere-chos de la extinguida Compañía, para su ex-plotación y comercialización, garantías de crédito, etc de acuerdo a sus características de entidad industrial comercial del Fisco:

Que siendo los citados bienes, acciones y de-rechos de la ya caduca The Standard Oil Co.

of Bolivia de propiedad fiscal y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, constitui-dos por el Estado mismo, no existe incom-patibilidad ni inconveniencia alguna en que aquellos pasen a ser propiedad definitiva de éstos y que antes bien, así se cumple con el deber del Fisco de ayudar a dicha entidad fiscal petrolera:

Por tanto en Consejo de Ministros,DECRETA: Art. 1º.- Se adjudica, con carácter definitivo a Yacimientos Petrolíferos Fisca-les Bolivianos, todos los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la extinguida The Standard Oil Co. of Bolivia y que pasa-ron a propiedad fiscal en virtud de la R.S. de 13 de marzo de 1937.

Art. 2º.- El régimen a seguirse con estos bie-nes, acciones y derechos adjudicados, será el mismo que determina la Ley Orgánica de YPFB en ejercicio de sus actividades en general y relaciones con el Estado en par-ticular.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minas y Petróleo, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto. Es dado en el Palacio de Gobierno de La Paz, a los treinta días del mes de abril de mil no-vecientos treinta y siete años.

YPFB, en sus primeros años, abastecía combustibles al mercado interno en forma manual.




Golpeada como pocas veces, la empresa transnacional planteó una contraofensiva le-gal. Sus asesores llegaron a la conclusión de que lo más conveniente para sus intereses era recurrir a la propia Corte Suprema de Justicia de Bolivia, acción que inició más de un año después que el gobierno nacionalista dispu-siera su salida. Entre tanto, la transnacional apeló a todas sus influencias, chantajes y so-bornos. Paralelamente, la Standard Oil desen-cadenó una campaña de desprestigio inter-nacional sobre Bolivia, estigmatizando al go-bierno del coronel David Toro como anárquico, autoritario y extremista e inculpando al país de poco serio y no garante de las inversiones privadas. La intimidación llegó al extremo de plantear una acción de intervención del De-partamento de Estado de EE.UU. Después de insistir y llegar a ofertar “un arreglo” con el pago de adeudos con alguna indemnización, la compañía estadounidense recurrió, un año después de la nacionalización, a la Corte Suprema de Justicia en demanda de la nulidad de la Resolución Suprema del 13

de marzo de 1937. El 8 de marzo de 1939, la máxima instancia de la justicia boliviana decla-ró, en primera y única instancia, “improceden-te e inadmisible” las demandas iniciadas. La Suprema subrayó que la empresa brindó información falsa sobre los volúmenes produ-cidos y la calidad del petróleo hallado, además de una sobredimensión de las inversiones rea-lizadas con el fin de establecer el precio de la gasolina en 29 centavos el litro para su venta al Estado y su renuencia por incrementar la producción de gasolina de aviación cuando el Estado boliviano se hallaba en plena guerra, estableciendo un precio especulativo para los combustibles requeridos. La transnacional pidió la revocatoria y enmienda. El 14 de marzo de 1939, la máxi-ma instancia de la justicia boliviana emitió un auto complementario en el que “la sentencia causa estado e importa cosa juzgada irreversi-ble; en cuya consecuencia declaró no ha lugar ni a la revocatoria ni a la enmienda pedidas”. Durante su estadía en el país, la Standard Oil realizó varios estudios geológicos de super-ficie, perforó en 14 estructuras y descubrió

Contraofensiva transnacional

cuatro campos productores: Bermejo, Sanan-dita, Camiri y Camatindi. Sin embargo, a raíz de su expulsión, sustrajo toda la información técnica y operativa de estos campos. En función a la sentencia que la Stan-dard Oil manipuló en los estrados judiciales bolivianos, a principios de enero de 1942 lo-gró uno de sus principales objetivos; el com-promiso de Bolivia de reconocer el pago, por concepto de indemnización de $us 1.750.000, más $us 250.000 por intereses, según Guiller-mo Mariaca. Todo bajo la figura de un conve-nio interinstitucional de compra de planos y estudios sobre la caduca concesión. Pese a las protestas en distintas esferas políticas del país, el mencionado acuerdo fue aprobado mediante una Resolución Suprema emitida a fines de ese mismo año, durante el gobierno del presidente Enrique Peñaranda. Con esa medida, la Standard Oil logró anotarse una gran victoria en su historial. Dio muestras de que aun después de ser expul-sada de Bolivia tenía suficiente poder para continuar enriqueciéndose a costa de las ar-cas nacionales, y al mismo tiempo, expuso la debilidad y precariedad del Estado boliviano. La recientemente fundada empresa pe-trolera boliviana que nació a la vida institucio-nal hacia fines de 1936, comenzó de cero y se fue configurando y fortaleciendo, paso a paso, de la mano de sus ejecutivos pioneros, profe-sionales de gran compromiso y servicio a los intereses nacionales. La administración de YPFB comenzó con cuatro patriotas (Dionisio Foianini, Jorge Mu-ñoz Reyes, José Lavadenz y Guillermo Maria-ca), en una pequeña oficina prestada por el Ministerio de Minas y Petróleo ubicada en la calle Yanacocha de la ciudad de La Paz desde donde, al mes de su fundación, la Junta Militar

encabezada por el coronel David Toro, le asig-nó Bs 100.000 para cubrir los gastos que de-mandaba su organización, visualizando su fu-turo responsablemente. El primer directorio de YPFB fue legalizado a través de un Decreto Supremo en mayo de 1937. Para entonces ya se incorporó Humberto Vasquez Machicado como secretario general. El acompañamiento del gobierno de Toro con la aprobación de la Ley Orgánica de YPFB del 6 de mayo de 1937 fue fundamental, dio el respaldo necesario a la estatal petrole-ra para desarrollar sus específicas actividades. Ese documento incluía, las funciones y privile-gios legalmente anhelados. De este modo, los intereses petrole-ros del Estado pasaban a tuición de YPFB al tiempo, que los yacimientos petrolíferos eran declarados reserva fiscal. La nueva empresa debía organizar y dirigir la industria petrolera. Se le autorizó a explotar y comercializar hidro-carburos en forma directa o en sociedad, pre-via aprobación gubernamental. En cuanto a las utilidades líquidas, la estatal debía percibir montos proporcionales o por lo menos el 20% de las mismas como fondo de incremento y reserva. Su contabilidad debía ser revisada periódicamente por la Contraloría. En sus inicios, YPFB carecía de capitales y técnicos en petróleo, el país no disponía de vías terrestres, empero la demanda interna de hidrocarburos se incrementaba por el cre-cimiento de las ciudades y la desmovilización del ejército de la región del Chaco. El 75% de sus gastos operativos eran de transporte. El Departamento Comercial se conformó el 26 de junio de 1939. 23. Luego el departamento jurídico, entre los primeros.

23 Manuscrito del Acta de la Trigésima Quinta Sesión del Directo-rio de YPFB, 26 de junio 1939

Jhon D. Rockefeller.




Los ingenieros Mariaca y Muñoz Reyes se hicieron cargo de los campos descubiertos por la Standard Oil y transferidos a la estatal petrolera. En tanto que el Ing. Guillermo Elder Bell se encargó del funcionamiento de las refi-nerías de Sanandita y Camiri. La producción de petróleo subió a 75 mi-llares de metros cúbicos (MMC) anuales que sólo cubrían un 25% del mercado interno. La producción de Bermejo tenía como destino el mercado argentino, las refinerías de Camiri y Sanandita eran rudimentarias y los equipos de perforación eran obsoletos. En 1927 la refinería de Sanandita pro-ducía 20.000 litros de gasolina y la planta de Camiri tenía una similar producción. Tras la nacionalización de la Standard Oil y con la intervención del pionero de la industria petrolera en Bolivia, Elder Bell aumentó su

producción a 600 Barriles por dia (BPD) y Ca-miri a 1.200 BPD. El Directorio de la estatal petrolera con-siguió un préstamo de $us 40 mil destinado a la compra de materiales de urgencia para las destilerías, adicionalmente se logró la adjudi-cación de material de perforación en desuso de YPF Argentina y consiguió reunir materiales dispersos de la Standard Oil, incluyendo calde-ras que se encontraban en el cerro Camatindi. Según un testimonio de José Lavadenz, miembro del primer Directorio de YPFB, -que fue reproducido en la publicación conmemo-rativa del 25 aniversario de creación de la estatal petrolera en 1961- “con estos escasos recursos, se perforó el primer pozo petro-lero de YPFB, el Sanandita No.6 que dio una producción inicial de 800 barriles por día.

Vista panorámica de uno de los primeros campamentos petroleros, campo Sanandita.

Posteriormente, también se perforó un pri-mer pozo productivo en Camiri y en Bermejo”. La producción de YPFB en el año 1937 a 1941, osciló entre 123.208, en el primer año y 234.788, en el último, habiendo superado el total de la producción de la Standard Oil durante una década de producción. En sólo un lustro de actividades de YPFB con 987.309 barriles, superó con creces una década de ac-tividades de la Standard Oil que sólo obtuvo 685.597 barriles. 24

La década de 1940, YPFB logró, con es-caso material y equipos obsoletos que dejó la Standard Oil, triplicar su producción, as-pecto que no se había logrado antes con la

24 TAHBUB MARWAN, “Las transnacionales no son socias” Por una política nacional de hidrocarburos. Pág 233

perforación de dos pozos en Sanandita y Ber-mejo, en la región del Chaco. Una de las grandes falencias que expe-rimentó YPFB en sus primeros años fue la ca-rencia de recursos humanos para operar los campos que había dejado la Standard Oil, lle-vándose consigo todos los profesionales y téc-nicos. La transnacional sólo explotaba siete pozos en los campos Sanandita, Bermejo, Ca-matindi, Camiri y había suspendido las tareas de exploración durante la guerra del Chaco, trasladando sus equipos a Argentina. Los responsables de la naciente indus-tria petrolera estatal, dándose cuenta de lo delicado y difícil que resultaba el manejo de una empresa tan compleja y costosa, se dieron a la tarea de planificar la explotación racional de los campos descubiertos y de continuar con las exploraciones iniciadas por

Los recursos humanos eran escasos, solo algunos técnicos estaban calificados para operar las primeras refinerías como la de Camiri.




la Standard. Tarea difícil por la falta de ex-periencia y de técnicos experimentados. Se comprendió que lo primero que se tenía que hacer era contratar técnicos extranjeros con experiencia para continuar los trabajos. De esta manera, llegaron al país el Dr. Wagner, el Dr. Schagenwait, el Ing Uterladstater, el Ing. Alvarez, algunos perforadores y obreros capa-citados en su mayoría argentinos. 25 El Ing. Alfonso Romero, citado por el Li-bro de Oro, relata la problemática. “Se com-prendió asimismo que era necesaria la forma-ción de elementos técnicos nacionales y YPFB llamó a un curso en La Paz a más de 80 alum-nos de todos los departamentos de la Repúbli-ca. Este curso, que tuvo una duración de seis meses fue atendido por los ingenieros Gui-llermo Mariaca, Jorge Muñoz Reyes, Formeri Gonzales de la Iglesia, Guillermo Nuñez del

25 Libro de oro de YPFB, Página 46

Prado, entre otros y tuvo por objeto la selec-ción de elementos que deberían seguir cursos de ingeniería petrolera, geología y química en universidades del exterior y el resto debería adquirir experiencia y conocimientos prácti-cos en el yacimiento Comodoro Rivadavia en la República Argentina. El grupo de estudiantes universitarios estuvo formado por Jorge Aldazosa, Miguel Angel Roca, Efraín Capriles, Enrique Mariaca, Hernán Saavedra, Reynaldo Muños Reyes y Alfonso Romero Loza que fueron enviados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a seguir cursos de capacitación en in-geniería petrolera, geología y química. “El viaje a México fue realizado en barco, ya que estábamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y la aviación era un medio de transporte muy escaso y demasiado caro en ese tiempo. El barco en el que navegamos era inglés, llamado Órbit, que tenía programada

Retrato de los primeros becarios en el pozo B-310 Cañadón Perdido, enviados para capacitación a Comodoro Rivadavia, Argentina - Junio 1938.

una escala en La Habana, Cuba, para proseguir viaje a Europa. De la Habana nos trasladamos a México, en un barco norteamericano más pequeño, para encallar en el puerto de Vera-cruz. Al llegar, el 18 de marzo de 1938, vimos que México vivía una gran fiesta con fuegos artificiales en pleno día. El gran festejo se de-bía a la nacionalización del petróleo, decidida por el entonces presidente Lázaro Cárdenas”, cita Guillermo Mariaca en sus memorias.26

Después de algunos años todos estos elementos regresaron al país y prestaron va-liosos servicios a YPFB. Ellos constituyeron el primer contingente de ingenieros petroleros que operó en territorio boliviano.

26 Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia, Pag 10

Puede afirmarse que la base que sirvió a YPFB, para su organización nacional la cons-tituyen en su debido tiempo estos dos grupos de técnicos nacionales; los que fueron a Méxi-co y a Comodoro Rivadavia, Argentina. Fueron ellos, en conjunto, los que pudieron sostener las graves crisis que atravesó YPFB en sus pri-mero tiempos ya que aparte de su indudable capacidad profesional, supieron infundir una mística en su trabajo, llevando ella a los nive-les obreros más bajos y pudiéndose consoli-dar en esta forma lo que constituye el orgullo de la nación.27

27 (Historia de la Explotación Petrolera Nacional, Ing Alfonso Ro-mero Loza Petroleo Boliviano, vol IV Nº 4. La Paz, diciembre de 1962).

El 18 de marzo de 1938 el presidente, Lázaro Cárdenas, anunció la expropiación de las compañías petroleras en México.




La misión Bohan

Como efecto directo del arreglo eco-nómico o indemnización a la Standard Oil de New Jersey, además de la colaboración que había prestado Bolivia durante la Segunda Guerra Mundial con la provisión de estaño a bajos costos, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt envió, en 1941, una misión de la Cooperación Comercial Norteamericana a la cabeza de Marwin Bohan. El objetivo era relevar un diagnóstico na-cional y realizar un plan de desarrollo econó-mico con proyección futura. La misión Bohan permaneció seis meses en Bolivia y elaboró un diagnóstico de la situa-ción económica dirigida a crear las bases de la industria agropecuaria e integrar el eje de la nación con carreteras. “En cuanto a la industria petrolera, los estadounidenses hicieron un análisis com-pleto y recomendaron: Incrementar la pro-ducción de petróleo, a través del desarrollo de mayor número de campos, especialmente del campo Camiri; incrementar las reservas hi-drocarburíferas, a través de la exploración de nuevas áreas petroleras y construir facilidades de transporte para el petróleo y sus derivados, a fin de optimizar costos, disminuir precios de comercialización en el mercado interno y

viabilizar la exportación de excedentes en con-diciones favorables para el Estado. “En lo referente al petróleo resulta asom-brosa la claridad con la cual los funcionarios estadounidenses exponen sus intereses en el crudo boliviano, relacionándolo directamente con la situación bélica creada por la Segunda Guerra Mundial. La producción propuesta (de petróleo) se aproxima mucho al consumo ac-tual y también al consumo calculado para el tiempo que después del final de la presente guerra requiera el rehabilitar las propiedades estañíferas del Lejano Oriente. Durante este período no hay posibilidad de rebajar los re-querimientos bolivianos ya que el uso de los productos petrolíferos está tan íntimamen-te relacionado a la producción y transporte de tales minerales estratégicos como estaño, tungsteno y antimonio. Hasta que este plan sea puesto en ope-ración, la producción continuada de estos minerales, vitalmente necesarios, depende enteramente de buques cisternas para fuel oil y diesel oil y de transportes marítimos para carbón y gasolina. En la práctica, una vez que el plan sea puesto en operación, Bolivia pudiera servir también como una fuente de emergencia de productos petrolíferos para la

Equipo a vapor que utilizó la empresa en trabajos de exploración.




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importante zona minera del Norte de Chile…”, señala parte del infor-me de la misión Bohan. Merwin Bohan presidió la comisión de técnicos que el gobierno de EE.UU., -en aplicación de su política de “buena vecindad” con los países de América Latina y por las necesidades surgidas al calor de la Segunda Guerra Mundial-, envió a Bolivia en 1941, con el supuesto de analizar la situación económica del país andino y presentar las bases de un nuevo programa de cooperación económica entre La Paz y Washington. Independientemente del esfuerzo para presentarlo como instrumento del desarrollo de Bolivia, en realidad el Informe responde más a las propias necesidades de EE.UU. que en plena Se-gunda Guerra Mundial buscaba satisfacer y resolver sus demandas mediante una estrategia a desplegarse en países en vías de desarro-llo, entre ellos Bolivia. En este contexto, cabe señalar que Bolivia era la principal fuente de estaño en el Hemisferio Occidental además de disponer de la goma indispensable para el esfuerzo bélico y otras ma-terias primas imprescindibles para EE.UU. y sus aliados. Respecto a la estatal YPFB, el Plan Bohan pone a ésta bajo la tui-ción de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). En sus recomen-daciones, señala: “Que el plan delineado en la sección previa de este informe, sea efectuado… con la aprobación previa, sin embargo, de la Corporación Boliviana de Fomento…”. La CBF estaba bajo control del Export Import Bank de Estados Unidos más conocido como Eximbank. De hecho, a partir de su presentación a la parte boliviana en 1942, los sucesivos gobiernos lo aplicaron al pie de la letra, especial-mente los gobiernos del MNR. Plan, como se verá durante su larga aplicación, condujo a que Bolivia sea país exportador de materias pri-mas e importador de manufacturas fabricadas en EE.UU. 28. Con una visión más práctica sobre los resultados de la aplicación del Plan Bohan, particularmente en el sector petrolero, el ex Ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB, Ing Enrique Mariaca, expone:

“Una de las principales medidas que ayudó al potenciamiento de YPFB fue la aplicación del Plan Bohan, durante la presidencia del Coronel Gualberto Villarroel”. Una vez recibidas estas recomendaciones, YPFB intensificó el trabajo en exploración de reservas, obteniendo importantes créditos, tanto del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacio-nal (FMI), poniendo como garantía las reservas encontradas en cada descubrimiento. El Banco Central de Bolivia (BCB) , presidido por los Barones del Estaño en aquella época, y ante el rumor de una posible nacio-nalización de las minas, negó a YPFB cualquier préstamo solicitado.

28 “Las transnacionales no son socias”: Por una política nacional De hidrocarburos

Una de las principales medidas que ayudó al potenciamiento de YPFB fue el plan Bohan.




Era inconcebible para la “rosca minera” que la riqueza del petróleo sea administrada por el Estado. Con el tiempo, YPFB se convirtió en una empresa generadora de riqueza, con patri-monio propio y sujeto de créditos internacio-nales que eran cubiertos con la producción, comercialización y exportación de petróleo y sus derivados, llegando al autoabastecimien-to nacional en 1954. De esta forma, YPFB le otorgaba a Bolivia su ansiada independencia económica, bajo un marco totalmente técnico, libre de politizaciones o partidización del ente petrolero. 29 En efecto, sobre la base del liberal Plan Bohan, YPFB elaboró su propio plan de desa-rrollo de operaciones que consistió en cons-truir el oleoducto Camiri-Santa Cruz, poner en pie una refinería en Camiri y perforar 45 pozos en los tres centros productores de Bolivia. El plan autorizado y aprobado por Ex-port Import Bank autorizó la asignación de un crédito $us 5.500.000 que no llegó a ejecutar-se plenamente por el golpe de Estado de 1943 que llevó al poder a Gualberto Villarroel. Se estima que sólo se invirtieron $us 2.000.000 para perforación, no se avanzó en la construc-ción del oleoducto, ni en la construcción de la refinería en referencia. En 1942 se puso de nuevo en produc-ción el campo Bermejo y con los primeros desembolsos de este crédito se compraron dos equipos rotativos accionados a vapor que se los destinó a este campo. Para su operación, se contrató a “Tool Pushers” y perforadores de nacionalidad norteamericana. Más ade-lante, en 1946, estos equipos se trasladaron a Camiri y operaron con personal nacional.

29 MARIACA ENRIQUE, Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia: Memorias de Don Enrique Mariaca Bilbao, página 9

A fin de obtener créditos de apoyo, se dispuso la creación de la Corporación Bolivia-na de Fomento (CBF) con funciones de órgano de enlace y supervisión con la estatal petrole-ra nacional. Después de la muerte del presidente Germán Busch, el Dr. Foianini dejó la presi-dencia de YPFB, lo remplazó el Ing. Raúl Zume-lzu. El general Felipe M. Rivera fue nombrado Vicepresidente del Directorio y Alcides Molina, Ricardo Urquidi, Humberto Sañanchez Peña, León M Loza y Hernán Zuazo, fueron designa-dos vocales. El Gerente General era Arthuro J. Machicao. Fue en esa época que los trabaja-dores de la Standard, Jorge T. Lavadenz y Gui-llermo Elder Bell ingresaron a trabajar a YPFB. Posteriormente Guillermo Mariaca fue nom-brado gerente general, Jorge Lavadenz, geren-te industrial y José Paz Estenssoro gerente de perforación. En esta coyuntura, YPFB compra dos equipos de perforación rotatoria y con ellos llegó el Ing. Alvarez de nacionalidad ar-gentina, quien debía enseñar a operarlos. Germán Rovira, Fadrique Muñoz Reyes y Eduardo Hinojosa fueron posesionados como Administradores de los campos Camiri, Sanan-dita y Bermejo. Igualmente fueron contrata-dos por YPFB ex trabajadores de la Standard de Camiri, y Sanandita como Roberto Sinclair, Amadeo Cuellar, Santiago Rojas, Faustino La-mas, Juan Mocobono, Tomás Ardunga, Justo Lopez, Luis Arroyo y Francisco Menacho. Posteriormente, recién desmovilizado del Ejército, ingresa a trabajar a la estatal petrolera, el teniente Luiz Lavadenz, el sub-teniente José Soruco, sargento Jorge Echazú y Luis Lopez. En 1944, durante el gobierno Gual-berto Villarroel fue nombrado como presiden-te ejecutivo de YPFB, Jorge T. Lavadenz. 30

30 Libro de Oro YPFB, página 62El crecimiento de la estatal petrolera redundó en un incremento en la capacidad de transporte para garantizar el abastecimiento interno, vía férrea.




Primera imagen institucional

El primer logotipo de Yacimientos Pe-trolíferos Fiscales Bolivianos fue diseñado por el Ing. Guillermo Elder Bell y se presentó ofi-cialmente, en 1943. Su significado original re-presentado por el clásico rombo y las iniciales YPFB, están definidas por las siguientes carac-terísticas:

• Los cuatro vértices del rombo significan la presencia y soberanía de YPFB en los cuatro puntos cardinales del país.

• El color gris representa la riqueza petro-lera.

• El color rojo representa la sangre derra-mada por las 50.000 vidas perdidas en la guerra del Chaco.

• El rombo representa la unión de esfuer-zos de los trabajadores petroleros al ser-vicio de nuestra amada Patria.

Edificio YPFB. Calle Bueno esquina Camacho, La Paz 1958.




Vista de los equipos iniciales instalados en la Refinería de YPFB en Cochabamba que lleva el nombre del ex presidente Gualberto Villarroel.

Cnl. GUALBERTO VILLARROEL(Expresidente de Bolivia).

Durante su gobierno Yacimientos Petrolí-feros Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió re-cursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura de hidrocarburos destinada a impulsar el crecimiento económico nacional.




Durante el gobierno nacionalista del presidente Gualberto Villarroel, la economía del petróleo recibió un gran impulso. YPFB vio la necesidad de replantear el crédito con el Export Import Bank para un programa de largo aliento, con el objetivo de incrementar la producción, la capacidad de refinado y cambiar el sistema de transporte de productos de ferrocarril o camión a oleo-ductos, a fin de abaratar costos y entregar al mercado interno un producto barato. 31

Villarroel dio todo su apoyo al proyecto para su presentación en Washington y su fi-nanciamiento por el Export Import Bank. Para el efecto el proyecto consistió en: desarrollo del distrito de Camiri con la perforación de 20 pozos, perforación de Guairuy y Mande-yapecua, construcción de un oleoducto Ca-miri-Cochabamba de 525 kilómetros y cinco estaciones de bombeo, construcción de una refinería topping-reforming en Cochabamba con una capacidad de 5.000 BPD y otra refi-nería topping en Sucre con una capacidad de 1.500 BPD y un ramal de oleoducto. El gobierno nacionalista de Villarroel, consiguió un préstamo para la producción, al transporte, oleoductos e imprevistos. Los recursos fueron aportados en un 60% por Ex-port Import Bank, el 4,5% por la constructora

31 Libro de Oro YPFB 1936-1996

de oleoductos Willam Brothers y un fondo adicional del Banco Central de Bolivia (BCB). Con el derrocamiento de Villarroel (21 de julio de 1946), el gobierno de Tomás Mon-je Gutiérrez firmó el 15 de noviembre de 1946 un contrato con la compañía Foster Wheeler para instalar una refinería en Cochabamba con capacidad para producir 5.000 Barriles por Día (BPD) y otras dos refinerías en Sucre con capacidad de 1.000 y 3.000 BPD. Una de ellas quedó sin operar pese a costar más de $us 14 millones. Entre tanto, YPFB operaba en difíciles condiciones. En el rubro de la exploración, los equipos de perforación a percusión se halla-ban en malas condiciones y carecían de ma-teriales y equipos de bombeo. Sin embargo, el éxito alcanzado por la empresa del Estado boliviano era inobjetable, inició su gestión en 1937 con 20 Millares de Metros Cúbicos (MMC), en 1940 duplicó ese volumen con 45 MMC, en 1945 subió a 60 MMC y en 1952 YPFB producía 83 MMC. “Durante 1949 se perforaron 3.927.80 metros contra 3.465.10 metros perforados en 1948, lo que representa un incremento del 13.35%. La producción de petróleo crudo en 1949 alcanzó a cifra récord de 107.831 me-tros cúbicos, contra 73.698 metros cúbicos

El apoyo nacionalista militar

La estatal petrolera contribuyo al desarrollo de Camiri. en la foto se obverva la Av. Petrolera en la década del 50.

producidos en 1948, lo que representa un in-cremento del 46 por ciento. 32

La producción de Camiri provino de 13 pozos, que produjeron petróleo en forma no

32 Memoria de YPFB 1949

continua, dos permanecieron en reserva. Sa-nandita consiguió su producción de nueve po-zos, tres permanecieron cerrados por falta de equipo de bombeo e igual número de pozos en reserva.

Camiri Sanandita Bermejo Total

AÑO M3 M3 M3 M3 INDICE

1947 26.154 16.026 17.814 59.994 100

1948 42.518 14.121 17.059 73.698 123

1949 82.082 13.027 12.722 107.831 180

La producción de petróleo 1947-1949

Fuente: Memoria de YPFB 1949.




En tanto que el petróleo de Bermejo se lo obtuvo de seis pozos habiendo sufrido la producción de este campamento una declina-ción de 4.337 metros cúbicos con respecto al año anterior. Durante 1949, cuando el país fue gober-nado por Enrique Hertzog y Mamerto Urriola-goitia, las dificultades en el transporte fueron superadas, en gran parte, al utilizarse el oleo-ducto Camiri-Sucre en forma provisoria, como línea de transporte de productos elaborados. El rendimiento combinado de las plan-tas de refinación de Camiri y Sanandita es el mayor registro hasta 1949, lo que se sumó la elaboración de la refinería de Sucre, cuya pri-mera unidad de 1.000 BPD entró en operación a partir de agosto de 1949. El siguiente cuadro contiene las cifras comparativas del petróleo elaborado desde 1947 hasta 1949. Los recursos que consiguió el gobierno del extinto presidente Gualberto Villarroel, se invirtieron hasta 1949 de la siguiente ma-nera: perforación en Camiri (Guairuy) $us

2.070.000, oleoducto Camiri-Tintin y oleoduc-to Tintin-Cochabamba $us 6.850.000, instala-ción primaria en Cochabamba $us 6.343.000 y refinería en Sucre que incluye una línea de toma de oleoducto a la planta $us 20.050.000 y el fondo de contingencia de $us 1.000.000. Estos recursos provenían del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Export Import Bank del compromiso de Estados Unidos. Hasta el 31 de diciembre de 1949, la estatal petrolera –que empezó en 1937 con Bs 100.000- registró un capital de Bs 1.112.226.621, cifra que muestra el creci-miento de YPFB en los primeros doce años de existencia. Durante esa gestión, el importe de las regalías del 11% sobre la producción de crudo a favor de los departamentos de Tarija y Santa Cruz, ascendió a Bs 3.280.971.32. Sumando este importe a las regalías de los años anteriores, se obtuvo un total de Bs 17.591.431 que fue abonado a los departa-mentos citados, desde la creación de la enti-dad, por concepto de regalías sobre la produc-ción de petróleo crudo.

Camiri Sanandita Bermejo Total

AÑO M3 M3 M3z M3 INDICE

1947 25.599 16.774 -- 42.373 100

1948 38.887 13.758 -- 52.654 124

1949 68.849 11.986 15.314 96.149 227

La producción de petróleo 1947-1949



Yacimientos Probada Semiprobada Total Producción totalen barriles 37-49

Camiri 28.000.000 4.000.000 32.000.000 2.019.820

Sanandita 2.000.000 1.120.000 3.120.000 1.343.444

Bermejo 5.000.000 1.875.000 6.875.000 ------------

Camatindi 4.440.000 3.700.000 8.140.000 ------------

Ñancorainza

(Buena Vista) 400.000 2.000.000 2.400.000 ------------

Saipurú 500.000 2.500.000 3.000.000 ------------

TOTAL 40.340.000 15.195.000 55.535.000 4.219.043

La refinería Gualberto Villarroel

La refinería Gualberto Villarroel está ubi-cada en la avenida Petrolera, de la ciudad de Cochabamba, kilómetro 6 de la carretera anti-gua a Santa Cruz. Su gran infraestructura fue desarrollada por YPFB en varias etapas desde el año 1949, cuando se inició la construcción de la primera planta de Topping (CRBO). La planta de Cochabamba que es la mayor de las instalaciones de su género que

permite mejores ingresos económicos y me-jores condiciones de distribución para el país. Este complejo trabajó 302 días durante 1954 contra 62 días en 1953, lo que representó un aumento en días trabajados del 387%. El crudo tratado en 1954 fue de 196.00 metros cúbicos (m3) contra 42.000 m3, en 1953, ci-fra que representa un aumento de 366%. Las refinerías de Camiri, Sanandita y Bermejo

Reservas en barriles




procesaron 10.000 metros cúbicos de crudo para el abastecimiento regional y consumo interno. 33 Entre 1953 y 1957 se construyó la pri-mera planta de lubricantes de YPFB, que asu-mió el reto de la producción de aceites, grasas, asfaltos y parafinas. En 1967 se amplió la plan-ta Topping y al mismo tiempo se adecuaron técnicas de operación para la producción de gasolinas, jet fuel, fuel oil, solventes y GLP en-tre otros productos.

33 Memoria Anual YPFB 1954

En 1976 se instaló una nueva planta de Topping de 12.500 barriles por día para cubrir las necesidades del mercado local. En 1979 se inauguró el Complejo de Refinación, con una capacidad de procesamiento de 27.500 barriles por día en la Unidad de Carburantes. Actualmente, las plantas producen: gas li-cuado de petróleo (GLP), gasolina especial, gasolina de aviación, jef fuel, kerosén, diesel oil, aceites, grasas automotrices e industriales, cemento asfáltico, solventes y otros. La producción de lubricantes y grasas con la marca YPFB se realiza en la Planta de

Operador de la Refinería Gualberto Villarroel, Cochabamba 1950.

Limpieza de equipo de perforación.




Lubricantes de la Refinería Gualberto Villa-rroel. Abastece más del 60% de la demanda del país de lubricantes terminados. Paradójicamente, pese al incremento de la producción solo lograba abastecer el 47 por ciento del mercado interno. En 1951, el con-sumo llegó a 242 MMC y el diez por ciento de la inversión fue destinada a exploración y producción. Según estudios de la época, los factores que limitaban la producción radicaba en que los yacimientos se hallaban en franjas

de solo 1.5 kilómetros de ancho y de reducida longitud. Era la época en que el país fue sacudi-do por el hecho histórico que fue bautizado como el “mamertazo”. El presidente de enton-ces, Mamerto Urriolagoitia decidió entregar el poder a una Junta Militar encabezada por el Gral, Hugo Ballivián el 16 de junio de 1951 luego del triunfo del MNR en las urnas. Este hecho apresuró los acontecimientos del 9 de abril de 1952.

La gestión de Víctor Paz Estenssoro, no se inició con los mejores auspicios en el tema económico, pues el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que existían 300 millones de fuga de capitales, los precios de los minerales eran inestables, el sector agrario de la zona occidental se hallaba atrasado debido a la su-pervivencia de latifundios improductivos. De esa forma, el gobierno del MNR, en la revolución de 1952, vio en el petróleo el mejor instrumento para aliviar la difícil situa-ción que atravesaba la economía nacional. Su plan estratégico consistía en diversificar la economía e integrar las regiones. A partir de

este año, Guillermo Elder diseñó las llamadas “refinerías de bolsillo” en las estaciones de Bombeo de Monteagudo, Risal, Tarabuquillo y Vila Vila del oleoducto Camiri-Cochabamba ramal Sucre. Estas mini destilerías tenían una capacidad de proceso entre 25 y 30 BPD. Al inicio de la revolución movimientista que aprobó medidas como la nacionalización de las minas, el voto universal y la reforma agraria, la minería que era el principal sos-tén de la economía mostró cifras decrecien-tes, con mineral de baja ley, agotamiento de yacimientos, los bienes de capital no habían sido renovados desde los años 20 y toda una

La “revolucion movimientista”

Ejecutivos de la estatal petrolera en trabajo en de campo.

generación del proletariado estaba consumi-da por la silicosis. En cuanto a la infraestructura caminera, ésta era incipiente y el transporte ferroviario se encontraba en decadencia. La población era escasa, mayoritariamente analfabeta y con baja capacidad de compra. A esto, se sumó la escasez de ahorro interno y una deu-da externa de más de 170 millones de dólares. Pese a todo, la entrega inmediata a YPFB de dos millones de dólares provenientes de las escasas divisas que disponía el país signi-ficó una inyección de capital que permitió la adquisición de cuatro equipos de perforación. Al inicio de los 1950, YPFB experimenta un de-sarrollo y avance tecnológico significativo que le permitió autoabastecerse e incrementar su

producción petrolera, mediante el descubri-miento de nuevos campos. En 1953, se crea el Departamento Sur de Exploración en Camiri que luego pasaría a convertirse en la Gerencia de Exploración, sus impulsores fueron los doctores bolivianos en geología Felix Celso Reyes, Hernán López y Reynaldo Muños Reyes junto a los técnicos europeos invitados Victor Honcharenko y An-drés Hunterslatter, los primeros profesionales en exploración. El equipo de exploración se reforzó con los doctores Enrique Tomás Mauri y Eduardo Padula que comenzaron a trabajar en las se-rranía de Aguarague, Iguiraro y Guairuy. Se contrataron en esta gestión los servicios es-pecializados de compañías mexicanas para el




relevamiento geofísico de las llanuras del chaco boliviano; una gravi-métrica y las otra sísmica. La Brigada Gravimétrica Nº 31 de servicios geofísicos S.A. de México con 60 personas cubrió un área de 73 kilómetros cuadra-dos con 27.000 kilómetros de líneas gravimétricas abarcando el re-levamiento de áreas del chaco boliviano (frontera con el Paraguay), oriente y altiplanos bolivianos (frontera con el Perú). La Brigada Nº 21 Lamexco, mexicana americana, realizó un relevamiento sísmico en el área del Chaco. Debido a resultados poco satisfactorios fue reempla-zada por la Brigada Nº 27, United Gophysical Company. En febrero de 1955, se creó la Gerencia de Exploración a la cabeza Dr. Enrique T. Mauri y se convirtió en Distrito Sur de Explo-ración, en el departamento de geología. Entonces, se contrató los servicios de los doctores Guillermo Kely, Aniello Russo, Aduardo Ari-gos y N.Flores quienes se hicieron cargo de las primeras brigadas de exploración. La Comisión geológica Nº 1 estuvo a cargo del Dr. Kely. La comi-sión geológica Nº 2 a cargo del Dr. Padula –junto con Aniello Russo y Felix Celso Reyes. A cargo del control geológico de los pozos estaba el Dr Arigos. Con la creación de la Gerencia de Exploración, en febrero de 1955, YPFB contrato personal técnico especializado, el ingeniero Andrés Ramirez Becerra, geofísico graduado en EEUU que en 1956 organizó la Primera Brigada Gravimétrica Nacional, con personal ín-tegramente boliviano. En el área de Bermejo se descubrió en 1954 el campo Toro que compensó la declinación del campo Bermejo. Se perforó un segundo pozo en Mandeyapecua sin lograr objetivos deseados. En 1956, el Dr. Padula reemplazó en la Gerencia de Exploración al Dr. Mauri quien se alejó de YPFB para formar su propia oficina. El Ing. Reynaldo Muñoz Reyes se hizo cargo del departamento de ex-ploración en Camiri y posteriormente, en 1858, el Distrito Sur de Ex-ploración fue cambiado a Villamontes a cargo del Dr. Hernán Lopez Murillo. El geofísico extranjero, Marcelo Methewic junto a Julio Monta-ño y Manuel Caba conforman la primera brigada Gravimétrica Nº 32 que trabajó en Santa Cruz, en las zonas de Colpa, Caranda, Teberinto y Alrededores, el trabajo de nueve meses arrojó importantes resulta-dos, sin embargo años después una empresa transnacional certifica-ría el descubrimiento de reservas de petróleo y gas natural. La primera Brigada Sísmica de YPFB Nº 23 fue organizada por órdenes del Ing. Juan Manuel Suárez, geofísico graduado en la Uni-versidad de Oklahoma, EEUU junto con los ingenieros Freddy Torrico y Guido Casso. Su primer trabajo se desarrolló en el área La Vertiente

En 1953 se crea el De-partamento Sur de Exploración en Cami-ri que luego pasaría a convertirse en la Ge-rencia de Exploración.

YPFB construyó los ductos necesarios para el abastecimiento y la integración del país.

de Tarija, haciendo el trabajo de desmonte a mano pues no contaba con tractores, estos trabajos redujeron a la mitad los costos en re-lación a los contratos, por lo cual se justificó la compra de un equipo sismográfico portátil para áreas difíciles. Colaboraron en la conso-lidación de la gerencia de exploración Hum-berto Suarez Roca, Jaime Oblitas, Celso Reyes, Hernán López. Paralelamente, fueron descubiertos los yacimientos de Sararenda cerca de Camiri, que al inicio de su explotación, produjeron 380 BPD de petróleo liviano, mas tarde, me-diante la producción intensiva, este reservorio superó los 1.500 BPD, ya en 1956, esa canti-dad se duplicó. Una vez abastecido el mercado inter-no, con la cobertura del elevado costo de transporte por ferrocarril, se logró exportar

el excedente de la producción nacional. Con los beneficios logrados, a partir de 1954, fue-ron construidos varios oleoductos, entre ellos Camiri-Yacuiba de 223 kilómetros proyectado para transportar 2.500 BPD. Inició sus opera-ciones en 1955, con la exportación de crudo a la Argentina. Debido al incremento del vo-lumen de dicha exportación se construyeron líneas paralelas. Al 31 de diciembre de 1954, la estatal petrolera tenía una utilidad neta de Bs 1.674.681.603,26. En 1956 inició operaciones el poliducto Cochabamba-Oruro-La Paz que transportaba desde la refinería de Cochabamba, gasolina, kerosén, diesel oil y fuel oil. En 1958 fue cons-truido el oleoducto Camiri-Santa Cruz, cuyo cálculo y diseño fue realizado por el Ing. Gui-llermo Elder Bell. La dirección y supervisión estuvo a cargo de los ingenieros Pablo Fuertes,




Victor Paz soldando el Oleoducto, Cochabamba-Oruro-La Paz (OCOLP).

Carlos Casso y Felipe Michel. Tenía una lon-gitud de 258 kilómetros, cuatro pulgadas de diámetro y una capacidad de 4.000 BPD. Ini-cialmente transportó petróleo crudo, poste-riormente en 1979 el poliducto se diseñó para abastecer al sur del país. El oleoducto Sica Sica-Arica data de 1958, año en el que Chile otorgó a Bolivia el derecho necesario para la línea submarina y amarre de los barcos. La línea tenía 346 kiló-metros, los primeros 276 tenían un diámetro de diez pulgadas y los restantes 70 de ocho pulgadas, su capacidad de transporte fue de 20.000 BPD. El gobierno de Víctor Paz consideró que era necesario atraer capital externo a Boli-via. Convencido de ello, el 26 de septiembre de 1952 firmó un contrato con el aventurero

texano Glenn McCarthy, concediéndole por 35 años más 350 mil hectáreas dentro del área de YPFB para la exploración y explota-ción, ubicados cerca de Sanandita, entre Villa Montes y Yacuiba. La empresa MacCarthy debía producir el tercer año y suministrar petróleo al mercado argentino a precio corriente y destinar el 10% de su producción a otros mercados externos. La empresa quedaba liberada de patentes y gravámenes, únicamente debía pagar una re-galía entre 16 y 40% sobre la producción en boca de pozo. (Mariaca, 1966). MacCarthy aseguró que invertiría cuatro millones de dólares, a la larga llegó a invertir poco más de millón y medio de dólares en unos pozos que produjeron escasos volú-menes de gas. Ante este incumplimiento se

suscribió un contrato sustitutivo. Pero a prin-cipios de 1957, MacCarthy rompió el contra-to y transfirió sus concesiones a la empresa norteamericana Chaco Petroleum, que cinco años más tarde y luego de varias perforacio-nes fallidas renunció a sus concesiones. Una vez más el gobierno boliviano fracasó en su intento de atraer capitales debido a la falta de experiencia en los negocios. En la década del 60, el aventurero texano abandonó el país y su sustituta la empresa Chaco Petroleum in-virtió solamente 40 millones de dólares. Los requerimientos en materia de co-bertura del mercado interno continuaba de-mandando la intervención del gobierno. La importación del energético que costaba más de siete millones de dólares al Estado, repre-sentaba una de las dificultades más importan-tes de la política de abastecimiento. En promedio, el mercado interno reque-ría 240 MMC de petróleo, para satisfacer esa demanda hacía falta una producción de más de 4.000 BPD, sin embargo la capacidad límite de producción era de 73 MMC. La producción de Bermejo a razón de 1.000 estaba destinada a la exportación a la Argentina. En contrapar-tida, el país importaba 160 MMC de gasoli-na, kerosén y otros derivados a 26.5 dólares por metro cúbico y a un costo de transporte de 16.5 dólares por metro cúbico (Mariaca, 1966). Durante el período de 1937 a 1954 YPFB perforó aproximadamente 45 pozos en Ca-miri, Sanandita y Bermejo. YPFB contaba con modernos equipos de perforación que incluía tecnología para el registro eléctrico radioacti-vo y la aplicación de rayos gamma. Una nueva medida tomada por el go-bierno para mejorar la situación consistió en impulsar la exploración y sustituir el encare-cido transporte ferroviario, cuyos fletes re-presentaban elevados gastos para el Estado. Para este propósito, encomendó en 1956 a

la empresa William Brothers la construcción del oleoducto Camiri-Yacuiba, con una lon-gitud de 258 kilómetros y una capacidad de transporte de 4.000 BPD, el proyecto formaba parte de los trabajos adelantados de la expor-tación de crudo a la Argentina. Así comenzó la instalación de estaciones de bombeo. Los entendidos de la época, comenta-ban que se debía continuar con la exploración a fin de asegurar niveles adecuados de reser-va y no seguir ampliando la exportación hacia la Argentina. Por lo tanto, era prematuro ins-talar el oleoducto Camiri-Yacuiba. En 1955, las reservas de petróleo alcanzaban a 28 millones de barriles. Enrique Mariaca afirmaba enton-ces que la política de ampliación de exporta-ción no era conveniente y que en todo caso, si la Argentina requería de mayores volúmenes, se podía extender el ferrocarril Boyuibe-Yacui-ba, aún no explotado comercialmente. Contra toda previsión, el oleoducto fue instalado y su historia fue accidentada; luego de funcionar algunos años, su actividad de-clinó y las exportaciones fueron suspendidas. Para cubrir la demanda interna, el gobierno debió recurrir a la importación. Más tarde, hacia 1963, Camiri se recuperó y YPFB apre-miada por el déficit, se vio forzada a seguir importando. El siguiente paso dado por el gobierno del MNR fue la aplicación de un nuevo plan de exportación que fue elaborado por Walter Guevara Arce y Goodrich Carter, el cual con-templaba la exportación de 7.000 barriles dia-rios a Arica, Chile cuando el mercado interno boliviano requería poco más de 5.000. Al tener reservas de 30 millones de barri-les, necesitar una inversión en oleoductos con el requerimiento de 120 millones de barriles en reservas; la idea de mantener la exporta-ción y el consumo interno era sencillamente irracional. Así lo hicieron notar oportunamen-te los técnicos de YPFB. Como tiempo después




lo reconoció el propio gobierno, la búsqueda de capitales extranjeros había primado sobre la planificación. Los dilemas políticos del “gobierno de la revolución nacional” tuvieron sus propias repercusiones. El retorno a las “políticas de puertas abiertas” de los años 20 se contrade-cía con el discurso nacionalista. Los ideólogos

y líderes políticos “movimientistas” en el ob-jetivo de hacer digerible “la revolución” a los intereses de Estados Unidos, se convencieron de que había que entregar el petróleo como tributo. Así vistas las cosas, la concesionaria McCarthy sólo había sido un globo de ensayo. En este contexto, el gobierno del MNR no tar-dó en dar el siguiente paso.

Obreros de antaño de la estatal petrolera realizan trabajos de prospección exploratoria.

Reporte de producción de petróleo en la Memoria Anual 1954 YPFB.




Entre las varias medidas asumidas por el Presidente de la República, Dr. Víctor Paz Es-tensoro, figura la implementación del “Código del Petróleo, también conocido como el Có-digo Davenport” que implementó avanzadas normas jurídicas, económicas y técnicas como medidas de protección y seguridad al capital privado. La consultora extranjera fue contra-tada con los auspicios del Programa de las Na-ciones Unidas y Henry Holland. La normativa considerada antinacional, fue encomendada por el gobierno del MNR al bufete americano Shuster & Davenport, li-gados a los grandes intereses petroleros. “La consultora había sido contratada por la Mi-sión de Operaciones de EEUU, entidad de-pendiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por un monto de $us 60.000 con el fin de asesorar en temas petroleros al gobierno boliviano”.34 Con la finalidad de levantar la reserva fiscal, la esperanza de bienestar y mejora-miento económico para el país, este Código fue promulgado, en principio, por Paz Estens-soro mediante Decreto Ley Nº 4210 de 26 de octubre de 1955 con el que se abrogó la Ley de 20 de junio de 1921. Posteriormente, fue elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956, siendo presi-dente del Congreso Juan Lechín Oquendo. La citada Ley fue promulgada por Hernán Siles Zuazo. Todos los que participaron en este pro-ceso pertenecieron a las filas del MNR.

34 FERNÁNDEZ, Roberto, Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia, Ed. Plural, Bolivia, 2009, pág. 35..

El Artículo 1° del Código Davenport indicaba que los yacimientos de petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos, en cualquier estado que se encuentren dentro del territo-rio de la República, ya sea en la superficie o en el subsuelo, eran del dominio directo, inalie-nable e imprescriptible de la Nación. Sin embargo, el Código abría nuevamen-te las puertas a las Inversiones extranjeras. Entregaba más de tres millones de hectáreas y limitaba la participación de YPFB en nuevas áreas de exploración y explotación. Además, establecía que se deducía sin impuestos un 27% de la producción bruta por “factor de agotamiento”. Esto implicaba que YPFB per-dería un porcentaje similar de lo que le corres-pondía. En cuanto a la tasa tributaria, las empre-sas tendrían que pagar una regalía del 11% con una expectativa rebajada hasta el 7.5%, por no más de 15 años “en función de los intereses nacionales. El Estado, en este caso, cobraría un impuesto único y fijo del 30% so-bre las utilidades líquidas, de ello, se extraería el factor de agotamiento. Junto a todas estas ventajosas condiciones, el código establecía que las concesiones otorgadas tendrían una duración de 40 años”. Entre otras disposiciones, las patentes que se debían pagar al Estado se limitaban a un dólar y medio por hectárea. Las empresas debían invertir entre 20 y 80 centavos de dó-lar por hectárea, por concepto de exploración y explotación. “Debido al desconocimiento de la rea-lidad boliviana, del sistema jurídico y fiscal del país, esta norma, lejos de potenciar a la

El Código Davenport

DIVISIÓN ZONAL DE ACUERDO AL ART. 20 DEL CÓDIGO DEL PETRÓLEO

Fuente: Código Davenport.




empresa estatal, permitió la explotación libre por parte de empresas internacionales, debi-litando de manera significativa el poder del Estado. Establecía que las actividades de la industria petrolera podrían ser realizadas por el Estado mediante autoridades autárquicas de tipo nacional, sociedades mixtas o por el otorgamiento de concesiones o contratos en sociedad con terceros”. 35 Según el experto Enrique Mariaca, las concesiones otorgadas al amparo de este Código, comprendían un período de 40 años en actividades de exploración, explotación,

35 MARIACA, Bilbao Enrique, Nacionalizaciones de hidrocarburos en Bolivia, Ed, Fundación Jubileo, La Paz – Bolivia, 2009, págs. 10-11.

refinación, almacenaje y transporte, con ca-rácter irreversible. La normativa se refería al estableci-miento de una industria del petróleo, de gran magnitud, la misma que exigía enormes capi-tales ya que, por la naturaleza misma de esa industria, las inversiones iniciales debían ser cuantiosas. Este Código representó para el país una apertura franca a la inversión privada extranacional en la explotación petrolera, ac-tividad que requería de grandes inversiones que el país no poseía. El Código Davenport consideraba a Bo-livia carente de capitales a consecuencia de la larga explotación semicolonial, organiza-da y mantenida por la fuerza, en acuerdo y

Nº Empresa

1 Chaco Petrolium Co.

2 Bolivian Gulf Oil Co. (BOGOC)

3 Shell Prospecting Co.

4 Uniao Brasil Bolivia Da Petroleo

5 Compañía Petrolífera Brasilera

6 Bolivia California Petroleum Co.

7 Andes Oil Inc.

8 White Eagle International Co.

9 Bolivian Atlantic Corporation

10 Bolivian Oil Corporation

11 Catarat Mining Corp.

12 Bolivian American Oil

13 Bolivian Petroleum Co.

14 Bolivian Texas Oil

15 Petroleo Da Bolivia

Interés de las petrolerasCon la vigencia del Código Davenport en 1956, ingresaron al país 15 compañías concesionarias.

provecho exclusivo de la oligarquía minero feudal, que empobreció a la Nación con el constante drenaje de sus riquezas mineras y las limitaciones impuestas por el régimen se-mi-feudal en el trabajo de la tierra. “En los 13 años que duró el Código in-gresaron al país 15 compañías petroleras, de las cuales ocho culminaron con perforaciones, descubriendo dos de ellas siete campos nue-vos, Madrejones (Bolivian Oil Co.) y Caranda Colpa, Río Grande, La Peña, Palmar y Santa Cruz (Bolivian Gulf)”. 36 Para la década de 1960, McCarthy ya se había ido del país y su sustituta, la Chaco Petroleum había invertido sólo 40 millones de dólares. En este panorama, la Bolivian Oil Company (BOC) que invirtió 19 millones de dólares tuvo un pequeño auge tras el hallazgo de los yacimientos de Madrejones, cerca de la frontera con Argentina. La máxima producción que alcanzó este campo fue de 460.000 barri-les de petróleo condensado por año. Si bien en 1967 la producción de condensado decayó a casi un trigésima parte de la de 1960, la BOC no tuvo pérdidas. Produjo un total de 1.200 barriles de condensado, pero sus utilidades derivaron de la exportación de gas natural a Argentina a ocho centavos de dólares el millar

36 YPFB, Libro de Oro, SE, La Paz – Bolivia, 1996, pág. 75.

de pies cúbicos (MPC), sumando un total de más de 16 MPC. Como secuela de la guerra del Chaco, en 1956, el gobierno del MNR, presentó un plan de estabilización para frenar la hiperinflación galopante. Este plan que había sido elabora-do por el asesor norteamericano Jackson Eder, proponía, entre otras medidas, reducir el gas-to público, eliminar los subsidios, contraer el crédito, liberar las divisas, fijar el tipo de cam-bio, congelar los salarios e instaurar la libre contratación y libre comercio. Esa medida que en el fondo tenía el ob-jetivo de desalentar el desarrollo industrial de las empresas públicas, repercutió directamen-te en las cuentas de YPFB, cuyo presupuesto sufrió un drástico recorte ya que sus produc-tos fueron entregados por debajo de su precio. Pero además la estatal petrolera tuvo que co-rrer con la cuenta de divisas a precio de costo y cubrió un alza de salarios y deudas incobra-bles por más de tres millones de dólares por concepto de servicios prestados a otras enti-dades estatales. Como consecuencia de ello, YPFB experimentó un déficit de 41 millones de bolivianos y no pudo acceder a la obtención de equipos de gran profundidad para interve-nir los yacimientos de Madrejones, teniendo que ceder los respectivos trabajos a la Gulf Oil.




El presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, visita intalaciones de la compañia norteamericana Gulf Oil.

Incursión de la Gulf Oil

Durante la vigencia del Código del Petró-leo, muchas empresas internacionales llega-ron a Bolivia desde 1955 en busca de realizar trabajos de prospección exploratoria y perfo-ración de pozos, entre las que se encontraba la compañía estadounidense Gulf Oil que fir-mó contrato con el Estado boliviano el 23 de mayo de 1956, de acuerdo a la facultad que le confirió el Artículo 161 de esa normativa. YPFB entregó a la transnacional una ex-tensión de 1.500.000 hectáreas delimitadas

de su zona exclusiva para que la compañía transnacional realice trabajos de exploración. “La Gulf recibió, entonces, por un plazo de cuarenta años, la concesión de los cam-pos más ricos en petróleo de todo el país. El código fijaba una ridícula participación del Estado en las utilidades de las empresas: por muchos años, apenas un once por ciento. El Estado se hacía socio en los gastos del conce-sionario, pero no tenía ningún control sobre esos gastos, y se llegó a la situación extrema

en materia de ofrendas: todos los riesgos eran para YPFB, y ninguno para la Gulf. En la Carta de intenciones firmada a fines de 1966, du-rante la dictadura de Barrientos, se estableció, en efecto, que en las operaciones conjuntas con YPFB, la Gulf recobraría el total de sus ca-pitales invertidos en la exploración de un área, si no encontraba petróleo. Si el petróleo apa-recía, los gastos serían recuperados a través de la explotación posterior, pero ya de entra-da serían cargados al pasivo de la empresa es-tatal. Y la Gulf fijaría esos gastos según su cri-terio. La transnacional petrolera se atribuyó también, con toda tranquilidad, la propiedad de los yacimientos de gas, que no se le habían concedido nunca”.37

Esta compañía debía perforar 5.000 me-tros por cada 100.000 hectáreas en la etapa de explotación. Con el desarrollo de campos, el Estado tendría una participación del 11% como regalía y 19% como impuesto único cal-culados sobre el total de la producción bruta. La Gulf descubrió con información de YPFB, los campos Colpa, Caranda, Río Grande, El Palmar, La Peña y Yapacaní ubicados en el departamento de Santa Cruz.

“A los cinco años, la empresa descubre varios pozos petroleros de importancia. En éste con-texto la Gulf exige al gobierno del MNR como al de Barrientos la adjudicación del derecho de propiedad del gas como la de los oleoduc-tos. Barrientos, mediante una interpretación suya, amplía el Código Petrolero para que in-cluya al gas y mediante el Decreto Supremo 8093 crea la empresa Gas y Petroquímica con facultades de adquirir toda la producción de gas sea procedente de entidades privadas o nacionales. Pero, la creación de esta empre-sa no podía ocultar el hecho de que la Gulf ya dominaba el 90% de la producción de gas

37 GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 268.

boliviano y el 80% del crudo. La desnaciona-lización del recurso energético avanzaba aún más con la adjudicación a Williams Brothers de la construcción del gasoducto a la Argen-tina. “Para darse cuenta de cómo la Gulf consideraba las necesidades del mercado na-cional boliviano dentro del conjunto de sus actividades, basta contemplar su producción, como ejemplo, en los primeros cuatro meses de 1969 arrojó la cifra de una producción de 3.738.252,66 barriles, de los cuales exportó a Estados Unidos 2.657.779 barriles y destinó al mercado boliviano 711.564 barriles”.38

Según Sarabia, la compañía Bolivian Gulf, por todos los favores recibidos, “llegó a deten-tar una riqueza petrolera de 600 millones de dólares y emergió como el poder detrás del poder, al que continuamente cedía el gobier-no. La salida al sometimiento es la misma en todos los tiempos, no dependía de la ayuda americana hasta los límites en que ésta cap-ture todos los controles vitales de la nación, sino de potenciar a YPFB, pero eso no se hizo (…) Aquel pulpo económico no sólo capturó los yacimientos más ricos, sino que antes de deducir ningún impuesto tenía a su favor re-tener de la producción bruta de manera libre como Factor Agotamiento el 27%”.39 Amparadas por el Código Davenport, las compañías extranjeras que operaban en Bolivia recibieron en concesión superior a 13 millones de hectáreas e invirtieron 120 millo-nes de dólares; la Bolivia Gulf Oil, la Petrolera Boliviana Shell y la Bolivian California Pet retu-vieron cerca del 50% del total de los terrenos concesionados. Por todo ello, el país recibió hasta 1965, más de 14 millones de dólares.

38 TAHBUB, Marwab, Las transnacionales no son socias, Ed. CEDIB, La Paz – Bolivia, SA, pág. 240.

39 SARAVIA, Arturo, Gas y petróleo ¿Y para quién?, SE, Cochabamba – Bolivia, SA, pág. 71.




La caída de la producción iniciada en 1957, los efectos de la crisis internacional en 1958 y el plan de estabilización monetaria que restringió los créditos, no superaron el patriotismo de los trabajadores de YPFB que mantuvieron el prestigio de la entidad. Pese a la disminución de las brigadas exploratorias, su rendimiento aumentó en un 6.5% por bri-gada. Se registró un mayor número de pozos perforados, al finalizar este año, se terminó de construir el oleoducto Sica Sica-Arica y se aumentó la exportación de crudo. Debido a la construcción del Oleoducto Sica Sica-Arica y otras de importancia, se hizo necesario el aumento de personal. La obra más importante fue la conclusión del nuevo edificio de YPFB ubicada en la calle Bueno de la ciudad de La Paz. Esta edificación se levantó en una superficie de 4.967 metros cuadrados y la obra gruesa tiene un volumen aproxima-do de 1.397 metros cúbicos. La obra que demandó un costo de Bs 2.687.851.533 (más de $us 215.394) consta de once pisos con sótanos y azotea. Según la memoria anual de YPFB, en 1960 la estatal petrolera atravesó por una crítica situación financiera que fue arrastrada por un largo tiempo y se produce un estan-camiento en su desarrollo. Se registró menor disponibilidad de divisas, mayores costos de operación, precios bajos de sus productos en

el mercado interno y una tardía recuperación de créditos otorgados. “A comienzos de 1961, con el fin de con-trarrestar la caída de producción de Camiri, se vio la necesidad de conseguir un crédito de organismos internacionales como el Banco In-teramericano de Desarrollo (BID), el Eximbank y el Banco Internacional de Fomento y Desa-rrollo para comprar materiales y repuestos para mantenimiento y reacondicionamiento de pozos, para la Planta de Gas, para fractura-miento hidráulico y otros, cuyo monto ascen-día aproximadamente a 2.500.000 $us”.40

Para la aceptación de crédito, YPFB de-bía cumplir con diferentes requisitos como su eficiencia indiscutida y sus métodos de traba-jo altamente calificados, aspectos que fueron acreditados en 1961 por la compañía nor-teamericana De Golyer & Mc Naughton que concluyó: La estatal opera como una empresa petrolera eficiente. En función a este informe favorable, se accedió a un crédito de la International Coo-peration Administratión (ICA) dentro del pro-grama Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Sin embargo, la ayuda económica de este organismo sufrió demoras que desvirtua-ron por completo el carácter de urgencia de YPFB, pues los insumos y equipos llegaron a Bolivia entre 1962 y 1965.

40 Ibidem, pág. 71.

Situación crítica de YPFB

En 1964 se descubrió petróleo y gas en Bulo Bulo, Tatarenda y Naranjillos. En 1966 se perforó el pozo exploratorio Monteagudo-1 de tipo estratigráfico dando buenos indicios de gas y petróleo. El papel de los hidrocarburos y su in-fluencia en el poder económico, motivó a las petroleras de Sud América a agruparse en una organización. Es así que nace la Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL) en la que participan todas las empre-sas estatales con excepción de la mexicana PEMEX. Entre los socios fundadores de esta or-ganización petrolera sudamerican destacan

la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portlan (ANCAP) de Uruguay; Corpo-ración Venezolana del Petróleo (CVP) de Vene-zuela; Empresa Colombiana de Petróleo (ECO-PETROL) de Colombia; Empresa Nacional del Petróleo (ENAD) de Chile; Empresa Petrolera Fiscal (EPF) del Perú; Petróleo Brasilero S.A. (PETROBRAS) de Brasil; Yacimientos Petrolí-feros Fiscales (YPF) de Argentina y Yacimien-tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bolivia. El ingeniero boliviano Miguel Tejada Velasco fue uno de los primeros secretarios generales de ARPEL, de acuerdo a los regis-tros históricos del archivo la estatal petrolera boliviana.

Construcción de la línea del oleoducto Sica Sica-Arica, Chile.




En la década de los años 1960 se produce una nueva ola de nacionalizacio-nes petrolíferas en la región y los militares, que tradicionalmente servían a los intere-ses oligárquicos, se atrevieron a enfrentar-se al poder imperial. El 9 de octubre de 1968, el presiden-te de Perú, Gral. Juan Velasco Alvarado, anunciaba la anulación de la entreguista acta de Talara, la nacionalización de las instalaciones de la refinería de la Brea y

Pariñas y la expulsión de la International Petroleum Company. “Juan Velasco Alvarado, había esta-tizado los yacimientos y la refinería de la International Petroleum Co., filial de la Standard Oil de Nueva jersey, en Perú. Ve-lasco había tomado el poder a la cabeza de una junta militar, y en la cresta de la ola de un gran escándalo político: el gobierno de Fernando Belaúnde Terry había perdido la página final del convenio de Talara, sus-crito entre el Estado y la IPC. Esa página

Entrada al campamento - Camiri 1967.

La segunda Nacionalización

misteriosamente evaporada, la página once, contenía la garantía del precio mínimo que la empresa norteamericana debía pagar por cru-do nacional en su refinería. El escándalo no terminaba allí. Al mismo tiempo, se había revelado que la subsidiaria de la Standard había estafado a Perú más de mil millones de dólares, a lo largo de medio siglo, a través de los impuestos y las regalías que había eludido y de otras variadas formas de fraude y corrupción”.41 Un reportaje del influyente periódico parisiense Le Mondé, citado por el matutino Presencia, hace referencia al contagio de la expropiación del petróleo de América Latina. El juego de dominó temido en 1969 por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, había empezado y el ejemplo dado por los mi-litares peruanos y bolivianos iba a extenderse a otros gobiernos latinoamericanos. La me-dida asumida en Bolivia fue considerada por el senador demócrata estadounidense, Frank Church como una nueva prueba del fracaso de la política latinoamericana de Washington. La Bolivian Gulf Oil Company ingresó a Bolivia al amparo del Código del Petróleo el 23 de mayo de 1956, mediante la suscripción de contratos de financiación de oleoductos y contratos de operación conjunta con YPFB para exploración y explotación en áreas pro-badas petrolíferas de jurisdicción de la estatal petrolera. Una vez asentada en el país, esta com-pañía buscó la salida de YPFB del mercado in-terno, pues el contrato de riesgo compartido dejó a la estatal petrolera sin participación porque la exploración de un millón y medio

41 GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 269.

de hectáreas era exclusivamente de la Gulf Oil a un costo de 80 centavos por hectárea. YPFB únicamente recibía una regalía del 11% y un impuesto único del 19%; es decir, recibía solamente un 30% de la producción bruta. Quedaba claro que contra lo acordado no se trataba de un contrato de riesgo com-partido donde se les exigía inversión, sino era una concesión ordinaria para explotación de pozos. La protesta popular se desató por las condiciones en que operaba la Gulf y, parale-lamente, comenzó a registrarse un descenso en la producción que se ubicó en 22% por de-bajo de la demanda del mercado interno. Esa situación obligó a la estatal petrolera a importar petróleo desde Argentina, previa instalación de un oleoducto entre Caranda y Santa Cruz para transportar 26 MMC de crudo adquirido de la Gulf. YPFB también firmó un contrato con la Dowell Schlumberg, compa-ñía que empleó un método de fracturamiento hidráulico en Camiri permitió elevar este volu-men en 100 MMC aunque el agotamiento de los campos era irreversible. A fin de viabilizar créditos, la estatal pe-trolera fue sometida a la injerencia de Nacio-nes Unidas bajo la figura de la asistencia téc-nica. Esta intromisión acrecentó la corrupción, el nepotismo, la discontinuidad en la gerencia, los cambios de personal, la influencia política y, por ende, se inició el proceso de descapita-lización de la empresa y el agotamiento de sus reservas. Más allá de eso, los resultados con la Gulf también mostraron un panorama des-alentador, pues hasta 1965 la compañía es-tadounidense había extraído 220 millones de barriles por un valor de 360 millones de dólares, de los cuales el Estado apenas se




benefició con 39 millones de dólares por con-cepto de regalías. Las sucesivas ventajas que las distintas administraciones gubernamentales habían aprobado a favor de la Gulf, acrecentó el des-contento el malestar de diferentes sectores de la sociedad civil y alentó su rechazo firme y desaprobación popular hacia las políticas pe-troleras entreguistas. Las acciones censurables de la Gulf bajo la lógica de su “acostumbrada política basada en la coima y el fraude”, afectaron

directamente a las arcas del Estado e involu-craron a sus propios administradores. La com-pra por 22.000 dólares de los estudios de pros-pección de Colpa y Caranda elaborados por YPFB y la presión que ejerció en el gobierno del MNR para que se construyera un oleoduc-to entre Sica Sica y Arica, Chile y se inmovili-zaran 16 millones de dólares en una tubería que permaneció 10 años sin prestar servicio, fueron acciones que no se comprendieron. Años después se supo que la Gulf Oil había usado clandestinamente ese oleoducto para

El Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunció la presión del imperialismo sobre el negocio del petróleo nacional. Las primeras manifestaciones sociales en Bolivia contra la transnacional Gulf Oil Co.

contrabandear petróleo boliviano hacia Chile con ganancias superiores a los 40 millones de dólares. Ante este panorama desolador, brotaron sentimientos de rechazo contra la Gulf en el pueblo y en esferas del Estado. Tras la muerte de René Barrientos a principios de 1969, en uno de los helicópteros que le había obse-quiado precisamente la Gulf, por decisión de las FFAA, asumió la presidencia de la Repúbli-ca el Gral. Alfredo Ovando Candia, quien con-formó un nuevo gobierno (1969-1970) con

la participación de reconocidas figuras de iz-quierda, entre las que sobresalió Marcelo Qui-roga Santa Cruz, nombrado ministro de Minas y Petróleo. Una de las primeras medidas asumidas por este gobierno, fue decretar la derogación del Código del Petróleo, el 26 de septiembre de 1969, “por ser contrario a los intereses nacionales”, como paso previo a la más im-portante medida en su corto período guber-namental. La Gulf reaccionó paralizando la ex-portación del crudo boliviano desde el puerto




chileno de Arica y el Banco Mundial dejó sin efecto un préstamo ya concedido a Bolivia. La administración de Ovando autodenominada revolucionaria, convocó a obreros, campesinos y estudiantes para que, mediante la conformación de un frente de acción único, gobierno y sectores pro-gresistas pudieran devolverle al país la administración del petróleo para beneficio propio. El entonces ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, considerado como uno de los artífices en la nacionali-zación de la Gulf, denunciaba ante los medios de información una presión imperialista por parte de la compañía norteamericana contra el gobierno revolucionario del Gral. Alfredo Ovando Candia. La acusó de ejercer a través del Banco Mundial, chantaje de orden político y

Ovando lee el decreto de nacionalización de la Gulf. (Presencia 1969)

“A Bolivian Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo boliviano. Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en el país, ya que no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a cancelar el monto relativo al activo fijo que la empresa petrolera deja en Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se queda-rán en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de reinyección”. Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El entonces Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz firma el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos (17 de octubre de 1969).




económico para evitar realizar una labor re-volucionaria en materia de hidrocarburos, se trataba del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba que en un 50% iba a ser financiado por el organis-mo multilateral. El entonces ministro Quiroga Santa Cruz aseguró que personalmente defi-nió una política petrolera en bien del país y que correspondía al gobierno su ejecución. Luego de recibir el apoyo absoluto de las Fuerzas Armadas, el viernes 17 de octubre de 1969, a horas 19:15 el gobierno revolucio-nario del Gral. Alfredo Ovando Candia emitió un Decreto en el Salón de los Espejos de Pa-lacio de Gobierno que establecía la reversión al dominio del Estado boliviano de todas las concesiones otorgadas a la Bolivian Gulf Oil Company y la nacionalización de todas sus ins-talaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna, además de la entrega de las mismas a YPFB. Paralelamente, se procedió a la toma mi-litar de las oficinas de la Gulf en La Paz y a la ocupación, por parte de las tropas del ejército, de los pozos petroleros de Colpa, Caranda y Río Grande en Santa Cruz. “Ha concluido para los bolivianos el tiempo del desprecio”, afirmaba el Presiden-te de la República, Alfredo Ovando Candia, en aquella oportunidad, en un mensaje dirigido a la nación, minutos después de firmar el decre-to supremo de nacionalización de la Gulf. “Compatriotas: En esta hora decisiva para el destino de Bolivia, me dirijo a todos los bolivianos, sin diferencias regionales ni distin-ciones de partido porque sé que al llamado de la patria acudirán todos haciendo un frente co-mún en defensa de Bolivia. El Gobierno Revo-lucionario ha dictado un decreto por el que el Estado recupera al fin las concesiones que tan ominosamente se otorgaran a la Bolivian Gulf

Oil Company y por el cual además, se nacio-nalizan todos sus bienes. Esta determinación tomada después de un profundo análisis de la situación planteada por esa empresa, cuyas actividades estaban normadas en desmedro del país por el Código del Petróleo redactado en su integridad por abogados extranjeros a quienes solamente movía el interés privado”,42 expresaba Ovando Candia en un mensaje a la nación. “El gas boliviano que en un 90% se halla-ba bajo el dominio de la Bolivian Gulf Oil Co., servirá ahora para adelantar vigorosamente el desarrollo de nuestras refinerías y de la si-derurgia que pondrá en marcha con carácter prioritario el Gobierno Revolucionario. Al pro-pio tiempo estamos tomando las previsiones necesarias para que el contrato de venta de gas a la república Argentina, y la previa cons-trucción del gasoducto a Yacuiba, no sufran interferencias ni dilaciones (…) Vigorizaremos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa tan querida por el pueblo bolivia-no, que vio en ella, desde el momento de su creación, tres décadas, la voluntad de afir-mación del país y el instrumento para la de-fensa de esta fuente de energía. En el curso de los últimos años, se había producido una paulatina descapitalización de YPFB dejando a la empresa del Estado en una posición subal-terna y mediatizada frente a la Bolivian Gulf Oil. Para bien del país esta situación cambiará fundamentalmente a partir de este momento. Impulsaremos a la empresa del Estado, no so-lamente para que avance en todos los campos de la prospección y la explotación del petróleo y del gas, sino también para que asegure en favor de Bolivia los beneficios de la industria

42 PRESENCIA, 18 de octubre de 1969, La Paz – Bolivia.

petroquímica en sus múltiples campos”, 43 añadía el mensaje de Ovando Candia. Antes de que tome el poder, aproxima-damente 15 días, “Ovando había jurado que nacionalizaría la Gulf, ante un grupo de inte-lectuales nacionalistas; había redactado el de-creto, lo había firmado, lo había guardado, sin fecha, en un sobre. Y cinco meses antes, en el Cañadón del Arque, el helicóptero del gene-ral René Barrientos había chocado contra los cables de telégrafo y se había ido a pique. La imaginación no hubiera sido capaz de inventar una muerte tan perfecta. El helicóptero era un regalo personal de la Gulf Oil Co.; el telégrafo


pertenece, como se sabe, al Estado. Junto con Barrientos ardieron dos valijas llenas de dinero que él llevaba para repartir, billete por billete, entre los campesinos, y algunas metralletas que no bien prendieron fuego co-menzaron a regar una lluvia de balas en torno del helicóptero incendiado, de tal modo que nadie pudo acercarse a rescatar al dictador mientras se quemaba vivo”.44

Durante medio siglo el pueblo boliviano se vio sometido al yugo de las grandes empre-sas del estaño. El entonces Presidente de la Re-pública había herido la cabeza de penetración

44 GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 267

Con información de YPFB la Gulf descubrió grandes campos petrolíferos en Bolivia.




del imperialismo y consideraba que la compañía norteamericana más poderosa en Bolivia alcanzó un predominio económico y polí-tico semejante al de los Barones del Estaño, pues las condiciones en que operaba y los enormes beneficios que tenía, convirtieron a la transnacional en un nuevo “Súper Estado” capaz de distorsionar el desarrollo económico del país. “A la Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo bolivia-no. Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en el país, ya que no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a cance-lar el monto relativo al activo fijo que la empresa petrolera deja en Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se quedarán en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de reinyección”. 45

“Ahora sí podemos decir que la sangre derramada en las arenas del Chaco y la que corrió en los treinta últimos años buscando un camino de liberación para el pueblo boliviano no fue derramada en vano”, 46 complementaba Ovando. Una vez difundido el decreto de nacionalización, en algunos sectores del país se empezó a temer por una devaluación de la mo-neda. Sin embargo, esta presunción no tuvo eco en las estructuras gubernamentales, donde la preocupación central era la nacionaliza-ción de la compañía internacional. Pese a ello y precautelando la eco-nomía del pueblo, el Consejo de Ministros del régimen de Ovando decretó feriado bancario. YPFB emitió un comunicado de prensa en el que informa que su personal técnico asumió el control de los campamentos y campos productores ubicados en Cochabamba y Santa Cruz, y que el bombeo de crudo por el oleoducto Sica Sica – Arica se efectuaba normalmen-te bajo el control y supervisión de la estatal petrolera. En otra nota solicitada en la prensa, YPFB, manifestó con orgu-llo su satisfacción por la nacionalización de Bolivian Gulf Oil Company, lograda mediante una trascendental e histórica determinación del Gobierno Revolucionario. El comunicado agrega que la recuperación de la riqueza petrolífera del país tiene por meta lograr la indepen-dencia económica de Bolivia con dignidad y soberanía. Además, YPFB se compromete a redoblar esfuerzos para aportar positivamente al engrandecimiento de la patria.

45 TAHBUB, Marwab, Las transnacionales no son socias, Ed. CEDIB, La Paz – Bolivia, SA, pág. 240.


Gral. Juan José Torres y Marcelo Quiroga Santa Cruz 1969.




Desde los balcones de Palacio de Gobier-no el Gral. Alfredo Ovando Candia proclamó el 17 de octubre como “Día de la Dignidad Nacio-nal “ ante una multitud que se congregó en Pla-za Murillo para expresar su júbilo por la medida asumida. “La Nacionalización de la Gulf no es obra de nadie individualmente. El decreto fue escri-to por la sangre del pueblo boliviano”, 47 afirma-ba Quiroga Santa Cruz tras invocar el espíritu juvenil para evitar divi-siones que buscaría la oligarquía y el imperia-lismo. Al encomendar al Gobierno la nacio-nalización de la Boli-vian Gulf, las Fuerzas Armadas asumieron plena responsabilidad de esta medida. En un comunicado difundido, las Fuerzas Armadas de la Nación, por con-ducto de su Capitán General y del Alto Mando Militar en cumplimiento del punto N° 1 del Mandato Revolucionario del 26 de septiem-bre que señala la responsabilidad de asegurar la soberanía de la Nación sobre las fuentes de producción del país y, en resguardo de recupe-rar las riquezas naturales enajenadas en condi-ciones lesivas al interés nacional y frente a la confabulación foránea y antinacional desatada


para impedir la continuidad del proceso re-volucionario, encomendaron al Gobierno la nacionalización de Bolivian Gulf Oil Company y asumieron responsabilidad por esta medida revolucionaria. La estatización de la compañía privada provocó un estallido de júbilo y de sentimiento nacional en todo el país. “Ahora o nunca fue el slogan que constantemente se vino repitien-do por las emisoras locales acompañadas de

la música del himno nacional. Desde que fue conocida la inter-vención y se supo que las Fuerzas Armadas estaban controlando todas las pertenen-cias de Gulf, el país estaba prácticamente paralizado, esperando el próximo paso del gobierno”.48

Según el matutino católico Presencia, la medida estuvo precedida de consultas entre ministros de Estado y medidas de emergencia para evitar cualquier sabotaje a las instalacio-nes de la compañía. Posteriormente, el mi-nistro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz instruyó que un grupo de técnicos de YPFB partiera inmediatamente a Santa Cruz con la finalidad de asumir el control técnico de las instalaciones operativas.


Día de la dignidad nacional

17 de octubre de 1969. (Presencia)




La nacionalización significaba el cese de beneficios para la compañía norteamericana por un monto equivalente a $us 1.500 millo-nes calculados en reservas en territorio boli-viano, además de la recuperación a precios de 1969, de $us 3.000 millones en reservas gasí-feras y de 600 millones de dólares en reservas petroleras, según cálculos del gobierno. Tras el anuncio, funcionarios de la Gulf abandonaron sus oficinas en La Paz, ubicadas en un edificio de la Avenida Mariscal Santa Cruz, que fue intervenida por las FFAA al man-do de su Comandante en Jefe, Gral. Juan José Torres. Entretanto, los oficiales de carabineros vigilaron las dependencias y archivos a fin de evitar la salida clandestina de documentación. A raíz de esta medida, desde Washing-ton, el presidente del Concejo de la Gulf Oil, E.D. Brockett, preconizó la aplicación de la en-mienda Hickenlooper por la no compensación de las propiedades de la compañía nacionali-zada. Esta Enmienda (Ley de Ayuda Extranje-ra) fue aprobada por el Congreso americano como Ley Pública en 1964. El Gobierno boliviano a través del minis-tro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga San-ta Cruz, calificó esta petición como “insolente”, pues la Gulf consideró a Bolivia como una de

sus “colonias” y jamás pensó que era una re-pública independiente. Sin embargo, la Gulf no se quedó de brazos cruzados porque sus intereses econó-micos fueron seriamente afectados pero no así su inmenso poder de influencia con el que contraatacó. Ni bien se oficializó la nacionalización de esta compañía y sus bienes, ésta se ocupó de que se cerraran los mercados internacionales para Bolilvia y se bloquearan los accesos de los yacimientos al circuito de distribución de crudo en el mundo. El cese de actividades del yacimiento de Río Grande y su posterior calu-sura fueron, entre otras cosas, las consecuen-cias directas de la arremetida emprendida por la transnacional. También se suspendió el crédito del Banco Mundial (BM) para la construcción del gasoducto a la Argentina que había sido garantizado por la Gulf. Una comisión de mi-nistros se trasladó a Buenos Aires a fin de evi-tar mayores perjuicios y tratar de lograr que el gobierno argentino levante el bloqueo de los materiales y equipos que se iba a emplear en el gasoducto. Se negociaron nuevos plazos para la venta de gas y se buscó el cambio de garante para el crédito del ente multilateral.

Cuantiosas pérdidas para la Gulf

Esta administración gubernamental con-trató a la compañía francesa Geopetrole para que haga la evaluación del monto indemniza-torio de los bienes de la Gulf. Enrique Mariaca, aclara este pasaje his-tórico de la siguiente manera: “Para resolver el tema del embargo petrolero que sufría Bo-livia y el préstamo financiero de 25 millones de dólares que se requerían para garantizar la construcción del gasoducto a Argentina, (Marcelo) Quiroga Santa Cruz mandó una co-misión de negociación a España en la que me incorporó, junto con el Presidente de YPFB. En España se había creado una empresa petrole-ra del Estado, pero con muy poca experiencia técnica y capacidad económica. Si bien Quiroga Santa Cruz tenía la espe-ranza de que esta compañía podía ayudarnos con el financiamiento del gasoducto, cuya inversión era de 50 millones de dólares –25 financiados por el Banco Mundial y 25 por el Banco Morgan de la Gulf, que al ser naciona-lizada se habían perdido– las negociaciones no prosperaron debido a la falta de capacidad financiera de la empresa española para rea-lizar un préstamo de tal magnitud. Por estos motivos, la comisión gubernamental tuvo que regresar a Bolivia sin el objetivo alcanzado. El Ministro Quiroga Santa Cruz renunció a su mandato tiempo después.La situación de falta de financiamiento y em-bargo petrolero se mantuvo vigente hasta la sucesión del General Juan José Torres, en octubre de 1970. Durante este mandato fui nombrado Ministro de Hidrocarburos para re-solver los problemas con la Gulf Oil Company, que exigía una indemnización por las inversio-nes realizadas durante el tiempo de su conce-sión. Es así que organicé una comisión para viajar a Estados Unidos para negociar con la

Gulf Oil Company, solicitando, paralelamente, la intermediación del Banco Mundial. De igual forma, en ese viaje se iba a so-licitar al Banco Interamericano de Desarrollo el financiamiento faltante para la culminación del gasoducto a Argentina. Afortunadamente, la solicitud de intermediación fue aceptada por el Banco Mundial y se llegó a un acuerdo de indemnización por un monto de 78 millo-nes de dólares a favor de la Gulf Oil Company, sin intereses y pagaderos en un plazo de 15 años, con los recursos provenientes de la co-mercialización de la producción de los campos Colpa, Caranda y Río Grande. De acuerdo a Alvaro García Linera, la indemnización por la nacionalización de la Gulf Oil Company el año 1969, de más de 78 millones de dólares, que al valor actual, fácil-mente equivaldría a más de 447 millones de dólares.49 Mariaca precisa que Durante esta nego-ciación, la compañía solicitó que estos cam-pos sean administrados por una compañía petrolera norteamericana, proposición in-aceptable para el gobierno boliviano. Lo que sí aceptamos fue la creación de un fideicomi-so en Buenos Aires para garantizar el pago de la indemnización acordada y lograr el desem-bargo petrolero. Con relación al financiamiento solicitado para la culminación del gasoducto a la Repú-blica Argentina, el mismo fue aceptado por el Banco Interamericano de Desarrollo, logran-do restablecer las actividades de construcción del gasoducto.50

49 GARCÍA LINERA ALVARO. El Onegismo, enfermedad infantil del derechismo en Bolivia. Pag. 42.

50 MARIACA ENRIQUE, Nacionalizaciones de Hidrocarburos en Bolivia. Memorias de Enrique Mariaca. Pag. 14 y 15.




La multinacional exigió una indemni-zación de más de 150 millones de dólares al gobierno revolucionario. Éste presionado por la situación que atravesaba toda la cadena de producción de los yacimientos recién nacio-nalizados, se desdijo de su medular compro-miso de no pagarle ni un centavo a la Gulf y, a través de contratos con organismos interna-cionales viabilizó el mismo. En septiembre de 1970, se promulgó el Decreto para el pago de la indemnización a la Gulf, monto que la compañía Geopetrole había establecido en $us 101.098.961 dóla-res. De este monto total se dedujo como im-puesto único el 22% quedando en 78.622.171

dólares por concepto de indemnización, suma que se pagaría con el 25% de la producción de los campos nacionalizados: Colpa, Caranda y Río Grande y en un lapso máximo de 20 años, sin embargo, este tiempo se redujo a menos de nueve años. Las negociaciones sobre el monto indemniza-ble, el tiempo de pago y otros aspectos inhe-rentes a la construcción del gasoducto y de las plantas de gas de esos campos producto-res de hidrocarburos, dieron lugar a aprecia-ciones y especulaciones de toda índole que fueron aprovechados por los medios de presa interesados en desprestigiar al gobierno y a la estatal YPFB.

Gulf exigió la aplicación de la Enmienda Hickenlooper que ya entonces protegía los capitales transnacionales (Presencia 1969).

Ejecutivos de la Gulf abandonan sus oficinas, fue tras la nacionalización decretada.




Varios fueron los sectores sociales que respaldaron con beneplácito la medida histó-rica asumida por el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia, por el cual se nacionalizó los bienes de la Bolivian Gulf Oil, entre los que destacan trabajadores petroleros, universita-rios, mineros, asociación de ganaderos, chófe-res, maestros, gremiales, abogados, médicos, empleados públicos, partidos políticos y pue-blo en general. La Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia a la cabeza de su enton-ces secretario ejecutivo, Manuel Ayllón Ocam-po, emitió un comunicado al pueblo boliviano en el que sostiene que mediante nota N° 109-69 dirigida al Gral. Alfredo Ovando Candia de 9 de octubre de 1969 ya habían pedido la nacio-nalización de Bolivian Gulf Oil como imperati-vo urgente de la recuperación de las riquezas naturales en beneficio del país. “Los trabajadores petroleros fiscales de Bolivia nos complacemos y recibimos con en-tera satisfacción y felicidad para el pueblo de Bolivia íntegro, ya que esto significará la libe-ración económica del país (…) Hemos insisti-do los trabajadores petroleros que debemos hacer una revolución verdaderamente pro-gresista, caracterizándonos como defensores eternos de nuestras riquezas naturales (…)

Desde la realización del 5° Congreso de Traba-jadores Petroleros de Bolivia, llevada a cabo en la Capital de la República en 1958, hemos solicitado al Supremo Gobierno la sustitución del Código Davenport y que en ediciones de la prensa nacional y extranjera han sido publica-dos hemos sido subestimados, pero ahora nos enorgullecemos de haber luchado por una causa justa que significará para el pueblo boli-viano su verdadera liberación” 51, menciona el comunicado de los trabajadores del oro negro. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por medio de su Consejo Universi-tario expresó su complacencia y apoyó esta medida, pero sin indemnizar a la Gulf y para evitar cualquier bloqueo económico, deman-dó al gobierno establecer relaciones con todos los países socialistas. “La nacionalización de la Gulf no es una medida extremista, sino es una medida liberal que tiene que ser comple-mentada con el manejo y la administración del petróleo y el gas en beneficio y en interés del pueblo boliviano”, se menciona en un comuni-cado de esa época. La Federación Sindical de Chóferes 1 de Mayo también respaldó esta nacionalización y los choferes se consideraron soldados dis-puestos al combate contra el imperialismo en


Nacionalización respaldada por diferentes sectores

Mensaje de los trabajadores petroleros tras la Nacionalización de la Gulf. (Presencia)




Respaldo masivo de sectores sociales a la nacionalización de la Gulf.

ese momento crucial e histórico para el país. Pidieron que se prosiga con estas medidas y dijeron que era el turno de la South American Placers que exportaba cientos de toneladas de oro de Teoponte sin ningún beneficio para la nación. Por su parte, la Asociación de Ganade-ros de Santa Cruz, en una solicitada de prensa, apoyó sin reservas este proceso porque signi-ficó la recuperación de la soberanía sobre la riqueza petrolífera del país. Brindó su incon-dicional adhesión moral y respaldo material al Gobierno Revolucionario e indicaron que confían plena y categóricamente en la entidad fiscal del petróleo. La Confederación Médica Sindical de Bo-livia tomó con alborozo la reconquista para el patrimonio nacional de una parte importante de la riqueza natural como son los hidrocar-buros. Consideraron que durante la nefas-ta influencia del capital foráneo por mucho tiempo se desvió el progreso y se corrompió a gobernantes contribuyendo a que sea sepul-tada para siempre el despertar de un pueblo resuelto a defender sus riquezas. La Federación Nacional de Maestros Ur-banos de Bolivia también manifestó su plena identificación con la reversión al patrimonio nacional del petróleo y del gas, detentados anteriormente por intereses extranjeros. Dis-pusieron que todos los maestros del país ex-pliquen a la juventud boliviana los alcances y beneficios de esta medida trascendental. Los partidos políticos de la época tam-bién expresaron su apoyo a la nacionalización

de la Gulf. El entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, Benjamín Miguel, “con-sideró que la medida beneficia al pueblo boli-viano y se cumplió con uno de los anhelos más caros siempre y cuando la nacionalización se efectivice sin pago de ninguna indemnización”. 52

A ello se sumaron con muestras de apo-yo el jefe del PIR, Ricardo Anaya; el dirigente del Partido de la Revolución Boliviana, Edwin Tapia Frontanilla; además del Comité Ejecuti-vo Nacional del Movimiento Popular Cristiano, el Partido de la Revolución Nacional, Falange Socialista Boliviana, Partido Comunista Peki-nés, MNR, entre otros. En este gobierno, el cargo de Presidente Ejecutivo de YPFB fue suprimido, quedando el Ministro de Energía e Hidrocarburos, automá-ticamente posesionado como presidente del directorio de la empresa. Con la firma de un documento que viabi-liza el pago, se ponía fin a una histórica aven-tura que apostaba por el cambio. Con esta nacionalización se terminó con 13 años de saqueo y se expulsó a la Gulf Oil Company. Los beneficios para el país de la nacionaliza-ción de la Gulf impactaron en la economía na-cional pues Bolivia dejó de comprar petróleo a una empresa extranjera, ganó reservas gasí-feras y petrolíferas que entonces se estimaron en el orden de 5 mil millones de dólares, ade-más se recuperó el mercado argentino para la compañía nacional YPFB.





DECRETO SUPREMO N° 08956D.G.R. N° 22GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Considerando: Que, por mandato de la Constitución Política del Estado de 1967, declarada en vi-gencia por el Gobierno Revolucionario, “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Es-tado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidro-carburos y sus derivados, corresponden al Estado”;

Que, por mandato de la misma Carta Magna “El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia na-cional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recur-sos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bien-estar del pueblo boliviano”;

Que, la misma Carta fundamental del Estado establece que, “No se permitirá la acumulación privada de poder económi-co en grado tal que ponga en peligro la in-dependencia económica del Estado”;

Que, el citado cuerpo de leyes pres-cribe que, “Todas las empresas estableci-das para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán na-cionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la Repú-blica”;

Que, la empresa boliviana Gulf Oil Company se ha constituido en un nuevo SUPERESTADO, que dispone de un poder económico y político superior al del Estado boliviano, incompatible con el principio y la práctica de la soberanía nacional;

Que, los Mandatos Revolucionarios que, en nombre del pueblo de Bolivia, han dado las Fuerzas Armadas de la Nación a este Gobierno, señalan el deber de “Ase-gurar la soberanía de la Nación sobre las fuentes de producción del país. En resguar-do de este objetivo, recuperar las riquezas nacionales”;

Que, el Gobierno Revolucionario ha derogado el Código del Petróleo, norma legal reguladora de la explotación de los hidrocarburos nacionales redactada por abogados dependientes de las empresas petrolíferas privadas extranjeras e impues-tas al país a través de gobiernos seudo-nacionalistas para asegurara la empresa Bolivian Gulf Oil Company un margen de utilidad y de impunidad que comprometen

gravemente el interés económico y la dig-nidad nacional;

Que, el pueblo boliviano, en todas sus actividades y sectores sociales ha tomado conciencia de la necesidad de proceder a la nacionalización de los bienes de Bolivian Gulf Oil Company, y ha exigido la adopción inmediata de esta medida;

CON EL DICTÁMEN AFIRMATIVO DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO REVOLU-CIONARIO.

DECRETA: ARTÍCULO 1.- La reversión al Estado de to-das las concesiones otorgadas a BOLIVIAN GULF OIL COMPANY, y la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna.

ARTÍCULO 2.- El inmediato control, por las Fuerzas Armadas de la Nación, de todos los campos, instalaciones y demás pertenen-cias de BOLIVIAN GULF OIL COMPANY.

ARTÍCULO 3.- Yacimientos Petrolíferos Fis-cales Bolivianos (Y.P.F.B.) intervendrá inme-diatamente en el control técnico y adminis-trativo de las instalaciones y pertenencias de Bolivian Gulf Oil Company, bajo la direc-ta dependencia y fiscalización del Ministe-rio de Minas y Petróleo.

ARTÍCULO 4.- La formación de una comisión presidida por el Ministerio de Minas y Pe-tróleo, e integrada por un representante de las Fuerzas Armadas, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos, un representante de la Dirección Ge-neral del Petróleo y un representante de la Confederación de Trabajadores Petroleros, la misma que, con el asesoramiento técni-co que requiera, establecerá el monto, con-diciones y términos de la correspondiente indemnización.

ARTÍCULO 5.- La continuidad de las activi-dades de YABOG, en cuanto persona jurí-dica beneficiaria del crédito otorgado por el Banco Mundial y por el New York State Common Retirement Fundo para el tendido del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y los ra-males respectivos, entidad que con el aval y respaldo del Estado, asume la totalidad de las obligaciones emergentes de dicho crédito y la suma de las acciones, derechos y obligaciones contraidos por el acuerdo de venta de gas a la República Argentina.

ARTÍCULO 6.- Quedan salvados los dere-chos reconocidos por el Código del Petróleo derogado, en favor de los departamentos productores de hidrocarburos, y asegurada, en su beneficio, la percepción de regalías departamentales definidas por la norma le-gal citada. Asimismo se reconoce en favor




de los departamentos productores, la re-cepción de gas a precio cero en los volúme-nes y condiciones establecidos por disposi-ciones legales en vigencia.

ARTÍCULO 7.- La permanencia y el reconoci-miento de su antigüedad y de todos los be-neficios sociales que de acuerdo a Ley les correspondieran, de todos aquellos obre-ros, empleados y técnicos, tanto nacionales como extranjeros, que prestan servicios en la empresa BOLIVIAN GULF OIL COMPANY y que manifiesten su intención de continuar trabajando en la empresa nacionalizada.

El Gabinete en pleno del Gobier-no Revolucionario queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente

Decreto, con la garantía y respaldo de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve años.

FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CAN-DIA, César Ruiz Velarde, Juan Ayoroa Ayo-roa, David La Fuente Soto, Antonio Sánchez de Lozada, Mariano Baptista Gumucio, Jai-me Paz Soldán Pol, Alberto Bailey Gutiérrez, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Edmundo Valencia Ibañez, José Luis Roca García, Ma-rio Rolón Anaya, Walter Arzabe Fuenteizas, León Kolle Cueto, Carlos Hurtado, José Or-tíz Mercado, Oscar Bonifaz Gutiérrez, Juan José Torrez G.

En la década de 1970, un grupo de mili-tares pidió la salida de Ovando y en el comien-zo de esa década se desató una crisis que de-rivó en un golpe de Estado en el que el Gral. Juan José Torres derrocó a Ovando. Apoyado por universitarios, mineros y obreros, Torres tomó el poder y mantuvo la política nacional revolucionaria de su prede-cesor. Alfredo Ovando. Pero 10 meses después, 19 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez consoli-da el golpe de Estado contra el general Juan José Torres, imponiendo un régimen dictato-rial. En su gestión demuestra filiaciones polí-ticas que favorecían a los intereses petroleros de Estados Unidos y Brasil. En esta coyuntura, suceden hechos de relevancia para la industria petrolera y YPFB. La estatal desarrolla los campos Mon-teagudo (Chuquisaca), Tatarenda y Naranjillos (Santa Cruz). En contraste sólo se perforaron cinco pozos y únicamente en Los Monos (Tari-ja) se halló algo de hidrocarburos. En 1972 se registró, entonces, la subida del precio mun-dial del petróleo. La nacionalización de la Gulf significó a YPFB 100 millones de barriles has-ta la mitad de los años noventa. AsÍ, el 28 de marzo de 1972, Banzer Suarez lanza otra Ley de Hidrocarburos. Alegando que existía un vacío legislativo, el 28 de marzo de 1972, el régimen dictatorial, mediante Decreto Ley N° 10170, aprueba la

Ley General de Hidrocarburos por la cual YPFB pasaba a explorar, explotar, refinar, comercia-lizar e industrializar los recursos hidrocarburí-feros del subsuelo. Con esta normativa Banzer nuevamente desnacionaliza el gas y repone privilegios a las compañías transnacionales. En esa gestiòn, también se firma un acuerdo de venta del energético a Brasil y se inicia la exportación de gas natural a la Argen-tina a través de las contratistas norteamerica-nas Tesoro y Occidental, que en 1974 se bene-ficiarían con el 40% del mercado brasileño. La normativa abolió el régimen de con-cesiones en materia de hidrocarburos e insti-tuyó los contratos de operación y contratos de servicios, lo cual significaba que podía trans-ferir sus actividades petroleras a terceros. Los contratos serían por 30 años, cuatro años de exploración y 26 de explotación en lotes con superficies no mayores a 20 mil hectáreas. Esta Ley además establecía que la pro-ducción del contratista sería entregada en su totalidad a YPFB. De tal producción, la empre-sa estatal retendría los volúmenes necesarios para el pago de los impuestos nacionales y departamentales al precio en boca de pozo. Por este conducto, se asignó a Yacimien-tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la explora-ción de todo el territorio nacional y la subsi-guiente explotación y aprovechamiento de las áreas petrolíferas y gasíferas de acuerdo a planes específicos determinados.

Régimen de la Ley General de Hidrocarburos




Asimismo, la ley estipulaba que la pro-ducción del contratista sería entregada en su totalidad a YPFB y que sus operaciones esta-rán sujetas a una regalía departamental equi-valente al 11% y a un impuesto nacional del 19% de la producción bruta en boca de pozo. “De tal producción, la empresa estatal retendría los volúmenes necesarios para el pago de los impuestos nacionales y departa-mentales al precio en boca de pozo. El contra-tista recibiría los volúmenes correspondientes de acuerdo al contrato, pudiendo exportar li-bremente, reduciendo los volúmenes destina-dos al mercado interno. La tasa impositiva se fijaba en 11% de la producción bruta en boca de pozo a favor del departamento productor y se establecía un impuesto nacional del 19%”. 53

Las firmas nacionales de servicios petro-leros gozaban de preferencia y se les obligaba a emplear personal nacional y utilizar bienes materiales producidos en el país. La nueva legislación coincidió con un contexto internacional favorable. En 1973, se registró un crecimiento del desarrollo indus-trial en el mundo lo que derivó en un aumen-to en el precio del barril de petróleo. En ese contexto, la guerra árabe-israelí generó una fuerte tensión entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países industrializados consumidores del crudo. La crisis mundial del petróleo permitió al país ex-portar excedentes de este producto. Ese año, Bolivia alcanzó una cifra ré-cord de producción de 47.000 barriles diarios. Sin embargo, la inversión de las utilidades fue deficiente, sobre todo en proyectos de

53 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el siglo XXI, SE, La Paz – Bolivia, 2007, Págs. 47 - 46.

exploración y el interés se volcó a la comercia-lización. Se aumentó el número de oleoductos, se construyeron complejos refineros y ductos que convirtieron a YPFB en la más importante empresa del Estado, tanto por sus actividades como por los aportes económicos que produ-jo. Sin embargo, la inversión de las utilidades fue deficiente, sobre todo en proyectos de ex-ploración; el interés se volcó a la comercializa-ción de los energéticos. Esta norma dio comienzo a la exporta-ción de gas a la República Argentina y permi-tió la llegada al país de 13 compañías extran-jeras que firmaron 20 contratos de operación para explorar y perforar en las zonas poten-cialmente petrolíferas del país. Las exportaciones pasaron de 3 a 12 mi-llones de barriles; empero, la declinación de la producción de los campos y la mayor deman-da del mercado interno obligaron a cesar la exportación en 1978. La empresa ya no podía cumplir sus contratos de venta y debió pagar multas por incumplimiento. Para satisfacer las necesidades de re-finación, en muchos casos YPFB tuvo que comprar petróleo crudo a los concesionarios para procesarlo en sus nuevas plantas. Parale-lamente, se instalaron nuevos oleoductos en el momento en que menguaba la producción, como el de Yacuiba, con un costo de más de 32 millones de dólares El auge de las exportaciones no redundó en beneficios para YPFB debido al derroche de sus utilidades, a la compra de materiales innecesarios y a la mala utilización del equipo de transporte de la empresa. A fines de 1975, ante el incremento de precios en el mercado interno, el gobierno incluyó un nuevo impuesto del 35 por ciento

sobre los ingresos de YPFB. Como consecuen-cia, YPFB tenía que pagar el 20 por ciento de sus ingresos sobre la exportación, 19 por cien-to sobre la producción y 11 por ciento para las regalías departamentales. En 1979, YPFB no encontró nuevos ya-cimientos de petróleo significativos. Hubo, en cambio, importantes avances en materia gasí-fera, como la construcción de los gasoductos Monteagudo – Sucre y del altiplano; además del envasado de gas licuado de petróleo (GLP) con plantas engarrafadoras en Oruro y El Alto. A partir de ese año, la producción se desarro-lló a precios subvencionados y sólo tenía por destino el mercado interno. Por si fuera poco, las regalías y los impuestos eran absorbidos por el Estado.

“Las inversiones realizadas por estas compañías contratistas, hasta fines de 1979, llegaron a 219,5 millones de dólares y des-cubrieron cuatro nuevos campos: Tita, Techi y Porvenir por parte de Occidental Boliviana y la Vertiente por parte del Tesoro Petroleum. La característica esencial de estos contratos fue el que las compañías ponían el capital de operación a riesgo propio”.54

Entre 1970 y 1979 se descubrieron campos petroleros como Enconada, Palometas, Mon-tecristo, Palacios, Cambeiti, Caigua, El Espino, Vuelta Grande, Espejos y Río Seco. Asimismo, se desarrollaron los campos de La Peña, Santa


Tanques de almacenamiento de petróleo Campo Caigua.




Cruz y Palmar que fueron descubiertas por la Gulf Oil Company. En 1979 se materializa los complejos refineros de Cochabamba y Santa Cruz, ade-más de la planta de lubricantes instalada en Cochabamba. La refinería Guillermo Elder Bell

o Palmasola de Santa Cruz inició sus operacio-nes para el mercado interno. En esta década, YPFB continuó su activi-dad exploratoria y se perforaron varios pozos exploratorios en diferentes departamentos como Santa Cruz, Tarija y Oruro.

El presidente de facto, coronel Hugo Banzer en la apertura del gasoducto a la Argentina.

La década de los 80 se inauguró con otro golpe de Estado, esta vez protagonizado por el Gral. Luis García Meza. En un contexto de evidente depauperación de la economía, se produjeron los primeros efectos de una infla-ción de imprevisibles consecuencias. Bajo la administración del régimen militar, en YPFB afloró la corrupción de la mano de sus ocasio-nales administradores. Así quedó demostrado, cuando el gobierno dictatorial adquirió con sobreprecio unos equipos de perforación, tras negarse a firmar un contrato con la compañía que había ganado la licitación. En comparación a años precedentes, la actividad exploratoria en 1980 se redujo, sin embargo, se registró el descubrimiento de dos niveles gasíferos en el Campo Caigua (Ta-rija). En este periodo, en total, se perforaron 24 pozos de los cuales nueve fueron explo-ratorios y 15 de desarrollo con un total de 36.063 metros. La producción de petróleo y condensa-do en ese año fue de 1.383.845 metros cúbi-cos. La disminución en un 15.7% con relación a 1979 se debe a una declinación de los cam-pos productivos. En tanto que la producción bruta de gas natural fue de 168.830 MMpcd, 0.7% superior al año precedente. Con el retorno de la democracia y la asunción del gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo, en octubre de 1982 la crisis económi-ca llegó al máximo por la mala administración heredada de las dictaduras militares y por desacertadas medidas como la llamada “des-dolarización”. El país se sumergió en una crisis recesiva que disminuyó la actividad industrial,

comercial y derivó en una hiperinflación y ola de desocupación. YPFB se vio obligada a vender carburantes a precios inferiores a sus costos, suprimiendo los precios diferenciales que existían en las fronteras. Esto fomentó el contrabando hacia países vecinos. En 1983 la actividad de prospección ex-ploratoria se concretó a trabajos de geología y sísmica. El cumplimiento del programa inicial de perforación exploratoria fue insatisfactorio, pues sólo se tuvo en actividad 11 de 19 po-zos programados. El panorama en explotación fue similar con tendencia a la reducción. La situación en 1984, no experimentó grandes variaciones. Pero, en 1985 se registra una ligera me-joría en las actividades de exploración y desa-rrollo. La perforación de pozos arrojó un cum-plimiento del 72% respecto a lo programado. La producción de petróleo se incrementó en 1.15% con relación a 1984 y la producción bru-ta de gas sólo cayó en 4.4% respecto a similar período.

“Para YPFB fueron años negativos. La explora-ción petrolera disminuyó a niveles muy bajos por falta de fondos. La producción declinó. De los 47.293 BPD que se producían en 1974, bajó a 17.565 BPD en 1986. Al finalizar la dé-cada, la producción había repuntado ligera-mente, registrando 19.929 BPD. En el merca-do interno, los productos eran entregados a precios por debajo de sus costos de produc-ción y elaboración, para satisfacer el afán del gobierno de mantener precios políticos”.55


Hiperinflación, déficit fiscal y recesión




Oleoducto Campo Caigua.

VICTOR PAZESTENSSORO

(Expresidente de Bolivia y fundador del MNR)

Durante su gestión se aprobó el Código Da-venport, instrumento jurídico que abrió nue-vamente las puertas a la inversión extranjera y limitó la participación de la estatal petrolera

en áreas de exploración y explotación.




La incapacidad del gobierno de la Unión Democrática Popular (UDP) para solucionar el caos y el desorden, obligó al Congreso Nacio-nal a llamar a elecciones generales con un año de anticipación. Con la frase dramática “Bolivia se nos muere”, en 1985 asume la presidencia por cuarta vez el Dr. Víctor Paz Estenssoro (MNR) e impone una Nueva Política Económica neo-liberal basada en el Decreto Supremo 21060, con el que se inicia la privatización de las em-presas estatales, concentrando la riqueza en unos cuantos y otorgando a las transnaciona-les el liderazgo de la economía. Este instrumento que apertura el libre mercado y el capital extranjero en el país, fue coordinado por el ministro de Planeamiento y Coordinación, Gonzalo Sánchez de Lozada y asesorado una vez más por instituciones financieras estadounidenses. Grupos intere-sados en cambios en el modelo hacia el neo-liberalismo encaramados en los poderes del Estado, provocaron hechos negativos como el fomento a la corrupción en las empresas esta-tales, en la perspectiva de utilizar como argu-mentos que el Estado es mal administrador.56

“El presidente Paz al asumir el gobierno en 1985, se comprometió ante el Departa-mento de Estado (de EEUU) a cumplir con el pago de la deuda externa, a reorganizar -en-tiéndase liquidar- las estatales Comibol y YPFB, y abrir las puertas, de par en par, a las empre-sas norteamericanas que se llevan recursos naturales”. Para la estatal petrolera, este decreto significó su descentralización y la creación

56 SARAVIA, Arturo, Gas y petróleo ¿Y para quién?, SE, Cochabamba – Bolivia, SA, pág. 65.

de tres empresas subsidiarias en diferentes sedes: Empresa Petrolera del Oriente (Santa Cruz), Empresa Petrolera del Sur (Camiri) y Empresa de Industrialización y Comercializa-ción de Hidrocarburos (Cochabamba) “En el campo petrolero, el gobierno pre-paró un plan de emergencia tendiente a fre-nar la baja de la producción y las reservas, y a disminuir la quema de gas de alta presión. Para este propósito, se buscó vender el ga-soducto Carrasco-Colpa. Asimismo, aceleró los proyectos de explotación y promovió la inversión. Más tarde concretó el tendido del oleoducto Carrasco-Caranda para el transpor-te de líquidos”.57 El incremento sustancial de precios a raíz del retiro de la subvención a los carburan-tes, destaca como uno de los principales apor-tes de esta normativa para YPFB. Como conse-cuencia de los nuevos precios, YPFB transfirió más del 65% de sus ingresos brutos al Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar la salida de la crisis nacional. Durante varios meses de este año, la producción de petróleo condensado experi-mentó un descenso debido a la declinación natural de los campos de campos de explo-tación, sin embargo en el último trimestre se incrementó gracias a la perforación de nuevos pozos de desarrollo de los campos denomina-dos Santa Cruz y La Peña. La estabilización monetaria y la profun-dización de la recesión en el aparato producti-vo nacional caracterizaron el comportamiento de la economía en 1986.

57 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el siglo XXI, SE, La Paz – Bolivia, 2007, pág. 51.

Del 21060 a la capitalización/privatizacion

JAIMEPAZ ZAMORA

(Expresidente de Bolivia)

En su administración gubernamental se promulgó la Ley Nº 1194 de Hidrocarburos que relegó a segundo plano a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y constituyó la base para la priva-

tización de la industria petrolera nacional.




En 1989 asume la presidencia del país, Jaime Paz Zamora y con el Acuerdo Patriótico dispone restablecer y reconocer la indepen-dencia de libre disponibilidad de la regalía del 1% sobre la producción de hidrocarburos, en favor de los departamentos de Beni y Pando. En noviembre de ese mismo año, se firmó en Buenos Aires, Argentina el acuerdo político “Borrón y Cuenta Nueva” con la fina-lidad de equilibrar la balanza de pagos, pero que era perjudicial para YPFB, pues esa tran-sacción privó a la estatal petrolera acceder a recursos frescos. Se amortizó una deuda de más de 800 millones de Bolivia con la Argen-tina, en parte con los 300 millones de dólares de la deuda que tenía la empresa argentina Gas Estado con YPFB. El campo Vuelta Grande, a fines de 1989, logra producir 3.700 BPD de condensado, 92 MMpcd de gas, 845 BPD de gasolina natural y 182 toneladas métricas por día de gas licuado. Con el proyecto de Vuelta Grande se perfora-ron 26 pozos y se invirtió en total de $us 79,3 millones con recursos de propios de YPFB y del Banco Mundial. En 1990, Paz Zamora aprueba un contra-to de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de $us 56,9 millones destinados a financiar el Programa de Desarrollo de Campos Petrolíferos de pro-piedad de YPFB.

En agosto de 1990, se produce una crisis petrolera mundial generada por el conflicto en Medio Oriente que influye negativamente sobre YPFB. El precio del barril de petróleo su-bió de 14 a 25 dólares y representaba una san-gría para Bolivia, pues debía pagar el petróleo que compraba a los contratistas, además de impuestos y regalías en base al precio interna-cional del petróleo árabe ligero. Para posibilitar la presencia y el ingreso al país de la inversión extranjera directa, se re-quirió elaborar y aprobar una serie de disposi-ciones legales. Este proceso se inicia durante la administración de Jaime Paz Zamora. El 17 de septiembre de 1990, se aprobó la Ley de Inversiones cuyo fin fue otorgarle a la empre-sa extranjera el mismo tratamiento que reci-ben las empresas nacionales. El 1 de noviembre de 1990, la adminis-tración de Paz Zamora promulgó la Ley Nº 1.194 de Hidrocarburos, la misma que susti-tuía a la de 1972. La nueva normativa otorga-ba garantías a la inversión extranjera petrole-ra y relegó a YPFB a un segundo plano. “Esta ley, que normó el comportamiento de la industria petrolera en el período 1990-1996, tenía una doble orientación: estatal por-que YPFB podía actuar en las distintas fases de la cadena hidrocarburífera, y privada en el sentido en que generaba condiciones para el

Jaime Paz y la nueva Ley de Hidrocarburos

Los gobiernos del MIR, ADN y MNR impulsaron leyes hidrocarburíferas en beneficio de las transnacionales y en desmedro de YPFB.

ingreso e instalación de empresas transnacio-nales”. 58 La nueva legislación prescribía contratos de operación o de asociación en las fases de exploración y de explotación por un tiempo máximo de 30 años. Las reservas de gas natu-ral pasaron a ser propiedad del Estado en con-formidad con lo que disponía la Constitución Política del Estado. Los hidrocarburos produci-dos se tomaban como propiedad de YPFB y las


empresas contratistas tenían derecho a una retribución que consistía en la participación del 50% de la producción. “La principal conclusión que se extrae de la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, vigente has-ta 1996, es que en ella queda explícitamente establecido que el Estado boliviano mantiene los derechos de propiedad sobre los recursos hidrocarburíferos. Respecto de los Contratos de Operación y de Asociación, debe señalarse que arrojaron resultados significativos. Permi-tieron, por una parte, el ingreso de empresas petroleras extranjeras de diverso origen –en




especial de Estados Unidos y de Brasil– y, por otro, impulsaron el des-cubrimiento de varios campos y yacimientos, entre ellos los de San Alberto y San Antonio. En la actualidad (en 1996), quien ejerce los de-rechos de propiedad sobre estos importantes campos es la empresa brasileña Petrobras, cuya presencia en Bolivia se debe, precisamente, a un Contrato de Operación suscrito con YPFB”.59

Esa norma dictaminaba que las concesiones se otorgarán sólo mediante licitación pública a las empresas que demuestren solven-cia económica y financiera y garanticen la ejecución de las obras con recursos y financiamiento propios dentro del plazo requerido en la convocatoria. La estatal petrolera directamente o mediante invitación públi-ca internacional negoció los Contratos de Operación, de Asociación y su participación en Sociedades Mixtas, promoviendo la concurrencia

59 VILLEGAS, CARLOS, Privatización de la industria petrolera en Bolivia, Ed. Plural, La Paz-Bolivia, 200, pág. 61.

Alfonso Revollo, ex ministro de Capitalización.

Campo San Alberto, ubicado en el departamento de Tarija.




de ofertas de empresas de probada experien-cia y capacidad técnica y económica. “El área objeto del contrato, dentro del cual el contratista tendrá derecho exclusivo de exploración, a nombre y en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consistirá en una extensión superficial no ma-yor a 1.000.000 de hectáreas en áreas tradi-cionales y 1.500.000 en áreas no tradicionales sin solución de continuidad, que serán deter-minadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en cada caso y dividida en lotes, que no excederán de 20.000 hectáreas cada uno”, según el Artículo 30 de esa Ley. En materia de tributación, la producción de hidrocarburos en boca de pozo estaba suje-ta a una regalía departamental equivalente al 11% de la producción bruta, pagadera en be-neficio del departamento donde se origine la producción; a una regalía nacional compensa-toria del 1% de la producción bruta, pagadera al departamento del Beni en dos tercios y a Pando en un tercio; y a un impuesto nacional equivalente al 19% de la producción bruta. El resultado económico financiero de YPFB refleja una gestión positiva durante 1991 producto de importantes decisiones. Con la nueva normativa del sector, se ingresó a la ex-ploración de áreas no tradicionales con recur-sos de la estatal petrolera y la participación de capitales privados por medio de contratos de operación.

En 1992, los resultados financieros de YPFB mostraron una utilidad positiva de 267,3 millones de dólares. Los ingresos obtenidos por ventas permitieron cubrir los aportes pre-vistos al TGN, así como a los departamentos productores por concepto de regalías, consti-tuyéndose la estatal petrolera en el principal sostén de la economía del país. Posteriormente, el 24 de abril de 1992 Jaime Paz promulgó la Ley de Privatización Nº 1330 en la que “se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público ena-jenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas na-turales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nue-vas sociedades anónimas mixtas”. Asimismo, Paz Zamora promulga el De-creto Supremo N° 23116-A, el 25 de abril de 1992, mediante el cual autoriza a YPFB sus-cribir con la empresa YPF S.A. de la República Argentina, el contrato de compraventa de gas natural, en cumplimiento del acuerdo de com-plementación en materia energética celebra-do entre ambos gobiernos, el 20 de marzo de 1992. En la etapa inicial de privatización de YPFB, varios ex funcionarios públicos de aque-lla administración estuvieron implicados en casos de corrupción y fueron serviles a las transnacionales, de acuerdo a las investiga-ciones en el Congreso Nacional y las instancias jurisdiccionales.

La Ley de Hidrocarburos 1689 declaró libre la actividad de refinación.

Dos años antes de asumir la Presidencia, el sucesor de Victor Paz Estenssoro, el movi-mientista Gonzalo Sánchez de Lozada, resu-mió sus planes, en un seminario realizado el 14 de junio en la Cámara Boliviano Americana (AMCHAM): “Así como había que privatizar la mayoría de las empresas estatales, debía pro-ducirse una inmediata y radical privatización de YPFB y la sustitución de la Ley de Hidrocar-buros”. En 1993 asume la Presidencia de la Re-pública, Gonzalo Sánchez de Lozada y pone en práctica su oferta electoral denominada

“Plan de Todos” que básicamente contempla-ba la creación de 500.000 empleos, no incluir a las empresas estratégicas del Estado en el proceso de privatización, rebajar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros para buscar supuestamente el desarrollo del país. Sin embargo, Sánchez de Lozada más conocido como “Goni” sienta las bases de la apertura neoliberal más salvaje al capital pri-vado transnacional y la “transformación eco-nómica” del país a través de la capitalización de las empresas estatales, calificadas como ineficientes y deficitarias.

Goni, el gas y su “plan de todos”




El 21 de marzo de 1994, Sanchez de Lo-zada desde la Presidencia sancionó la Ley de Capitalización N° 1544 y posteriormente creó el Ministerio de Capitalización para encaminar el proceso en las empresas estratégicas del Es-tado YPFB, ENDE, ENFE, LAB y ENTEL. Este objetivo consistió en la búsqueda de una empresa transnacional, que erogase capitales equivalentes al valor en libros o de mercado de la empresa estratégica estatal, bajo la lógica de que tales capitales se invier-tan en la misma empresa. “Normas favorables, alta rentabilidad, mercados cautivos y exclusivos fueron los elementos de atracción de empresas trans-nacionales que capitalizaron a las estatales. Como consecuencia, YPFB fue descuartizada en varias empresas al tiempo que se desvincu-ló totalmente de la cadena de hidrocarburos, entregando sus capacidades de exploración, producción y transporte a capitales privados externos”.60 El gobierno del MNR explicó en su mo-mento que no se trataba de una privatización (venta de empresas públicas a inversionistas privados), sino de una “capitalización” que se caracteriza por la inyección de nuevos capita-les extranjeros o nacionales. Ante los reclamos que comenzaron a gestarse en el país, se ale-gó que este proceso rescataría el patrimonio de los bolivianos al introducir una fórmula que originalmente mantendría el 51% de las acciones de las empresas estatales en manos de los bolivianos y el 49 por ciento en “socios internacionales” que aportarían recursos fres-cos, tecnología, impuestos y alta gerencia para administrar el patrimonio nacional. El economista y ex rector de la Univer-sidad Mayor de San Andrés (UMSA), Pablo Ramos, advirtió que la capitalización podía ser calificada como el más audaz y agresivo inten-to de expropiación-apropiación del patrimo-nio público y como un proceso desembozado

60 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el siglo XXI, La Paz – Bolivia, 2007, pág. 69.

de desnacionalización de los sectores estraté-gicos de la economía boliviana. Sánchez de Lozada aseguraba que las empresas estatales tenían un valor superior a los 2.000 millones de dólares, capital que sólo sirvió a un grupo de burócratas y políticos de los gobiernos de turno que hicieron de las empresas públicas un botín contaminado de corrupción. Alegó que mediante la capitali-zación se podía atraer 2.000 millones más y, a ello, añadir otros 6.000 millones más en finan-ciamiento privado, concretando una inversión 8.000 millones, en cinco años. Manuel Morales Dávila, impulsor del Co-mité de Defensa del Patrimonio Nacional, des-calificó la capitalización por ser contraria a los intereses nacionales, según una publicación del matutino Presencia de 1995. “Los precios ofertados por nuestras empresas son ridícula-mente bajos con relación a su valor en libros. Según sus reservas probadas, YPFB vale 15 mil millones de dólares; y según las reservas pro-bables tiene un valor de $us 130 mil millones, pero se la quiere entregar por menos de 2 mil millones, lo que constituye una lesión enorme para el país”. Enrique Mariaca, ex Presidente de YPFB y ex Ministro de Hidrocarburos, también arre-metió contra el proceso de capitalización de la estatal petrolera al aclarar su inconveniencia con los intereses nacionales. En 1994 se perforaron 30 pozos y la producción bruta de gas natural era de 572,5 MMpcd aproximadamente. De ese total, YPFB contribuyó con un promedio de 431,9 MMpcd que representa 75.4% mientras que las em-presas contratistas contribuyeron con un cau-dal promedio de 140,6 MMpcd. 1995 es catalogado como un año de transición, debido a la necesidad de adapta-ción al proceso de capitalización de YPFB. Este hecho deriva en una reducción en el programa de inversiones de 102,4 a 66,7 millones de dó-lares, política que afectó principalmente a su plan de exploración.

El día funesto para los intereses nacionales, la Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Con la finalidad de privatizar YPFB, el gobierno de Sánchez de Lozada proyectó un

“triángulo energético” como política para ese propósito. “Se planteó la capitalización (en realidad privatización) de YPFB, que consistía en el traspaso de los bienes de la estatal a ma-nos de las transnacionales a cambio de sim-ples promesas de inversión (…) Una segunda política fue la modificación de la Ley de Hidro-carburos para transferir legalmente la propie-dad de los hidrocarburos a manos de las trans-nacionales y eliminar la participación de YPFB de cualquier emprendimiento en el sector. Sin embargo, la reforma más lesiva a los intereses de Bolivia fue la reducción de los impuestos para las transnacionales (denominados rega-lías y participaciones) del 50% al 18%”.61 La medida se complementó con la ex-portación de gas natural boliviano a Brasil que

61 GANDARILLAS, M. Tahbub, Nacionalización de los hidrocarbu-ros en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008, pág. 72.

presuntamente convertiría al país en el centro energético de la región.El 30 de abril de 1996, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Hidrocarburos N° 1689 y autorizó a YPFB suscribir “contratos de riesgo compartido” con personas individuales o colectivas extranjeras, públicas o privadas, para la exploración, explotación y comerciali-zación de hidrocarburos. Esta ley eliminó los contratos de operación y de asociación e insti-tuyó los contratos denominados “joint ventu-re” con una vigencia de 40 años. Al mismo tiempo, la norma en referen-cia declaró libres las actividades de transpor-te, refinación, comercialización, exportación e industrialización de la cadena de hidrocar-buros. “Deja que cualquier persona, individual o colectiva, pública o privada, pueda reali-zar esas actividades con la sola condición de que se registren en la Superintendencia de




Hidrocarburos, instancia que se crea para la regulación del sector”.62

En materia de régimen tributario, se promovió una nueva clasificación para los campos petroleros bajo la denominación de

“campos nuevos y existentes”. Además, la nue-va política descartó en forma tácita a YPFB de las actividades de exploración, desarrollo y comercialización. Según Gandarillas, la reclasificación de campos fue una medida sumamente ventajo-sa para las transnacionales, pues muchos de los campos denominados nuevos fueron ya descubiertos o estaban en producción antes de la promulgación de la Ley de Hidrocarbu-ros, lo que significó una pérdida millonaria

62 MARIACA, Bilbao Enrique, Nacionalizaciones de hidrocarburos en Bolivia, Ed., Fundación Jubileo, La Paz-Bolivia, 2009, pág. 17.

para el fisco boliviano porque en diez años alrededor de 20 campos erogaron al TGN un 18% en lugar del 50% que correspondía a los campos existentes. Las adjudicaciones realizadas en el mar-co de la capitalización, vulneraron la Consti-tución Política del Estado, el Artículo 139 de la Carta Magna vigente entonces, prescribe que los yacimientos hidrocarburíferos en cualquier estado o forma, son de dominio di-recto, imprescriptible e inalienable del Estado y advierte que ninguna concesión o contrato puede interferir con ese derecho propietario. Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos, al ceder concesiones sobre la cadena de producción, otorgó a su vez, la propiedad de la producción de líquidos y gas natural a favor de las petro-leras transnacionales.

Socios estratégicos de la capitalización deYPFB, según el MNR.

“Para preparar a la opinión pública sobre la inminente desaparición de YPFB a manos de empresas extranjeras, el presidente de la entidad estatal, Arturo Castaños, declara dra-máticamente que la situación de ésta es insos-tenible pues ya no puede prestarse un dólar más; las inversiones están en riesgo y hay pro-bable parálisis de la producción. Advierte al Ministerio de Hacienda sobre los problemas ocasionados por la falta de desembolsos co-rrespondientes al segundo semestre de 1996 (…) El 6 de diciembre de ese año, a los cuatro días del anuncio apocalíptico de Castaños, la prensa nacional informa que la mitad de YPFB pasó a manos privadas por 835 millones de dólares”.63 Efectivamente, las transnacionales com-prometieron invertir este monto en ocho años, suma que según algunos expertos del sector,

63 ROCA, JOSE LUIS, Bolivia, después de la capitalización, Ed. Plural, Bolivia, 1999, pág. 218.

era equivalente al valor en libros de YPFB al momento de su capitalización. “Hasta el año 2003, aunque las transna-cionales aducían que ya habrían invertido el total comprometido de los 834,9 millones de dólares de la capitalización de YPFB, no hubo ningún mecanismo que pudiera verificar estas inversiones, porque se trató de empresas pri-vadas en las que el Estado boliviano no podía inmiscuirse. Amparadas en estas disposicio-nes, las transnacionales hicieron de las suyas, reportaron bajas utilidades y tasas de rentabi-lidad insignificantes”.64 Ese discurso fue reforzado por el minis-tro de Hacienda, Fernando Candia, quien ar-gumentó que el remedio para la crisis de YPFB era su capitalización. “La petrolera no puede continuar sin capital, por lo que es urgente su capitalización y, para el gobierno, esto es inmi-nente e irreversible”.

64 GANDARILLAS, M. TAHBUB, Nacionalización de los hidrocar-buros en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008, pág. 78.

En medio del descontento social, YPFB fue capitalizada paradógicamente, en diciem-bre de 1996, a los 60 años de su creación. La empresa fue desmembrada. Sus operaciones de exploración y desarrollo quedaron a cargo de las “capitalizadas” controladas por trans-nacionales Chaco S.A. y Andina S.A., mientras que el transporte estaba bajo responsabilidad de Transredes S.A, producto de la promulga-ción de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 del

30 de abril de 1996. La estatal petrolera fue reducida a una condición de “empresa resi-dual” administrando solamente las unidades de refinación, distribución y comercialización. YPFB inició un período de adecuación institucional al cierre del proceso de capitali-zación, que se cumplió con las empresas Cha-co y Andina y Transredes. Este nuevo ordena-miento se efectúa como empresa en unidades de negocios en el marco de la entonces Ley de

El desmantelamiento de YPFB




Hidrocarburos vigente y la creación de la Vice-presidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos, dependiente de YPFB. Mediante Decreto Supremo Nº 24430 de 5 de diciembre de 1996, Gonzalo Sánchez de Lozada, dispuso la capitalización de la Em-presa Petrolera Chaco Sociedad de Economía Mixta (EPCHA S.A.M.), en cumplimiento de lo previsto por el artículo tercero de la Ley de Ca-pitalización. En ese marco, se adjudica en fa-vor del proponente Amoco Bolivia Petroleum Company, las acciones a ser emitidas para la capitalización de Chaco por $us 306.667.001. En esa misma fecha, Goni dispone (De-creto Supremo Nº 24429) la capitalización de la Empresa Petrolera Andina Sociedad de Economía Mixta (EPAN S.A.M.), en cum-plimiento de la misma norma y se adjudica en favor del consorcio YPF - Perez Companc

- Pluspetrol, las acciones a ser emitidas para la

capitalización de Andina por el monto de $us 264.777.021. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 24431 de 05 de diciembre de 1996, Goni adjudica en favor del Consorcio Enron Trans-portadora (Bolivia) S.A. - Shell Overseas Hol-ding Ltd., las acciones a ser emitidas para la capitalización de la Transportadora Boliviana de Hidrocarburos Sociedad de Economía Mix-ta (TBH S.A.M.), al haber ofertado la propues-ta económica por el monto más alto, que as-cendió a la suma de $us. 263.500.000, dentro de la “Licitación Pública Internacional para la Capitalización de YPFB.

“Transredes registra buenas ganancias en los primeros tres años, pero tiene pérdidas el 2000; Chaco tiene un comportamiento inver-so: de pérdidas significativas en 1997 y 1998 pasa a registrar excelentes resultados entre 1999 y el 2000, mientras que Andina obtuvo

Infraestructura petrolera de YPFB paso a manos privadas.

utilidades todos los años con una tendencia ascendente”, según las ganancias netas de las capitalizadas en el período 1997 - 2000, citada por una publicación oficialista difundida sobre la marcha de ese proceso. Al concluir la gestión 1996, el gobierno de Goni entregó en forma gratuita las reser-vas probadas de gas y petróleo a las empresas transnacionales, que lograron constituir un aparato estatal para el beneficio del poder pe-trolero. El economista Carlos Villegas, en su libro

“Privatización de la industria petrolera en Boli-via”, sostiene que si bien el Estado es propie-tario de las reservas de gas natural mientras estas reservas se encuentran bajo tierra, la propiedad de éstas pasa a manos de las em-presas petroleras transnacionales o contratis-tas, cuando estas reservas se encuentran en la fase de producción o cuando son declaradas como campos comerciales. “En estas condiciones, las compañías petroleras extranjeras adquirieron el derecho de propiedad de la producción en boca de

pozo; en términos sencillos, se enajenaron los yacimientos hidrocarburíferos desde el mo-mento en el que éstos salieran a la superficie (…) Tanto la ley como el decreto de Sánchez de Lozada vulneraron el principio constitucio-nal sobre la propiedad nacional de los hidro-carburos al discriminar dolosamente que la propiedad de los mismos era del Estado bajo tierra, pero en boca de pozo les pertenecía a las transnacionales que no sólo se apropiaron del excedente hidrocarburífero, sino además, del uso de los recursos incluyendo su libre comercialización”.65 Los gobiernos de Jaime Paz Zamora y de Gon-zalo Sánchez de Lozada se encargaron de ate-nuar una apertura legal para la incursión de capitales externos a través de las leyes de In-versiones, de capitalización, de hidrocarburos y de privatización, además de modificaciones al sistema tributario.

65 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, La Nacionalización del siglo XXI. 111 años de historia petrolera, SE, La Paz – Bolivia 2007, pág. 71.

El acuerdo gasífero con Brasil

En 1993, Bolivia y Brasil firmaron el pri-mer acuerdo de exportación de gas y el 14 de agosto de 1996, el presidente ejecutivo de YPFB, Arturo Castaños y el máximo represen-tante de Petrobras, Joel Méndez Renno, firma-ron un contrato definitivo de compra-venta del energético por 20 años contados a partir

de 1999. El 4 de septiembre de 1996, se firmó el contrato de construcción del gasoducto a Brasil que tiene una extensión de 3.150 kiló-metros y una capacidad de transporte de 30 MMmcd de gas natural. Antes de que se consolide la venta de gas a Brasil, los capitalizadores de turno




prometieron una composición accionaria so-bre el gasoducto de 85% para YPFB y 15% para Petrobras, sin embargo esos porcentajes fue-ron manipulados de tal forma que la compo-sición final fue la siguiente: 59.5% para Enron-Shell, 25.5% para YPFB y 15% para Petrobras. En 1996, se firmó el contrato de gas a Brasil en el que originalmente se fijó la venta de 16 MMmcd pero posteriormente a través de dos adendas al contrato, se modificó ese volumen a 18 MMmcd y 30 MMmcd respec-tivamente. Este incremento en el cupo fue justificado por Brasil a raíz de la instalación de centrales termoeléctricas para garantizar el consumo previsto. Empero, nunca se llegó a concretar esa infraestructura. En 2003 Brasil debía consumir 24,6 MMmcd pero el volumen exportado en esa gestión sólo alcanzó a 11 MMmcd. A par-tir de 2004, Brasil debía comprar 30 MMmcd pero sólo alcanzó a 26 ó 27 MMmcd. “En el marco del Take or pay (toma o paga) –sistema de contrato de compra venta de gas adoptado por Bolivia y Brasil, que invo-lucraba el pago por los volúmenes de gas com-prometidos en el contrato GSA, aún cuando éstos no hubiesen sido utilizados efectivamen-te- se generó en los últimos años una deuda de millones de dólares que es constantemen-te reajustada, en medio de intensas negocia-ciones pues también se cuestiona la capacidad boliviana para el cumplimiento de los volúme-nes de gas comprometidos”.66 El precio de exportación se calculó por millón de unidades térmicas británicas (BTU) y se determinó por una fórmula compleja cuyo componente es un precio base estipulado en el mismo contrato que varía por años entre

66 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el siglo XXI, pág. 78, 2007, La Paz – Bolivia

0,95 de dólar por millón de BTU para el primer año y 1,06 dólares para el último. “El segundo componente contempla un factor de ponderación en base a una canasta de combustibles (fuel oils), sujeta a variacio-nes de precios en el mercado internacional del petróleo. Si suben estos precios, también aumenta el precio de venta del gas. En vista de que esta fue una constante por varios años, y en función del aumento del precio del gas, el gobierno brasileño solicitó la revisión del con-trato y el cambio de sistema por el de banda de precios que definiese límites o bandas infe-riores y superiores. Sobre este asunto, los es-pecialistas consideraban que el sistema Take or pay era desfavorable a los intereses brasileños aunque beneficiara a las transnacionales”.67 Otro reclamo de Brasil se relaciona a los precios de gas en el punto final de distribución (city gates), donde operaban las distribuidoras brasileñas. Por ello, también se planteó la revi-sión de los precios en toda la cadena así como de los volúmenes comprometidos. El incremento del precio de las tarifas de transporte del gas también constituyó otro punto de discusión. La superintendencia del sector era la que fijaba las tarifas de transpor-te desde los campos de producción hasta la frontera. Esta tarifa se conocía como “estam-pilla” porque contemplaba un costo fijo, por este concepto. Desde el año 2003, Transredes cobró 0,2481 centavos de dólar por MM/BTU. Para todos los campos en Bolivia el pre-cio del gas en boca de pozo se calculaba en función del precio del gas en Río Grande al que se le restaba la tarifa de transporte. Este precio fluctuaba de 0,88 y 1,54 dólares por millón de BTU; sin embargo, posteriormente experimentó una tendencia ascendente por


El ministro de Minas de Brasil, Rodolpho Tourinho y el presidente Hugo Banzer en la apertura de válvulas en la planta de compresión de Río Grande, Santa Cruz.

las variaciones del precio del mercado inter-nacional. Por tanto, hubo un mayor beneficio para los departamentos productores y el TGN. Un hito histórico se registró el 1 de ju-lio de 1999 en Río Grande con la exportación de gas natural a Brasil en cumplimiento a los contratos de compra venta. Con la apertura de válvulas desde la Planta de Compresión de Río Grande y el inicio de la venta del energético a Brasil, Bolivia se conviertía en el país líder de la oferta y consolidaba la integración energéti-ca en la región. Aproximadamente 38 años de negocia-ción antecedieron al proceso de esta compra

–venta. El 22 de mayo de 1974 los presidentes

de Bolivia, Hugo Banzer y de Brasil, Ernes-to Geisel, suscribieron en Cochabamba un

“Acuerdo de cooperación y complementación industrial” por el que se intentó comercializar, por primera vez, 240 MMpcd al Brasil. En la gestión de 1999, se exportaron 2,18 MMmcd a Brasil y redituó 15,2 millones de dólares al país, es decir, un 2,96% de las exportaciones totales de Bolivia. En el año 2001 se exportó 11,6 MMmcd por más de 220 millones de dólares y representó un 17,7% de todo los exportado por Bolivia. Con la participación de los presidentes Hugo Banzer Suárez de Bolivia y Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el 16 de marzo de




El entonces presidente de YPFB, José Saavedra Banzer y el Joel Mendes Rennó de Petrobras estampan su firma en el convenio de venta de gas a Brasil.

Inauguración de la exportación de gas boliviano a la República de Argentina.

2000, los presidentes de YPFB, Carlos Salinas Estenssoro y de Petrobras, Philippe Reichstul, suscribieron el Addendum N° 2 al contrato de compra y venta de gas de 1996 permitiendo el suministro de un volumen adicional al estipula-do originalmente. Desde el 2004 las cantidades contratadas alcanzan a 30,08 MMmcd. En los últimos años, Brasil pretendió re-visar el contrato GSA y el sistema Take or pay, priorizando la reducción de precios y la revisión de los volúmenes comprometidos. En 2007 Bo-livia logró un incremento en el precio del gas natural a Cuiabá de 1,09 a 4,30 dólares por MM/BTU, además se incluyó el pago de valor de líquidos por el GSA. Sin embargo, Bolivia no solo cedió precios bajos y otras ventajas a Petrobras, sino que la

contraparte brasileña recibió la colaboración de técnicos bolivianos que habían trabajado en YPFB y que conocían muy bien la situación de la estatal petrolera. Un ejemplo notorio fue el de Arturo Castaños, quien fue presidente de YPFB en el período capitalizador y posteriormente desempeñó funciones como representante de Petrobras en Bolivia. En 1997, se efectivizó la suscripción del contrato de Construcción del Gasoducto al Brasil, sector boliviano y se firmó el contrato ampliado de compra-venta de gas natural a la República Argentina entre YPFB y YPF S.A. que establece un suministro de 24 meses prorroga-bles a 36 con un volumen de 6,1 MMmcd.

El 21 de abril de 1968, Bolivia suscribió el primer contrato de venta de gas a Argen-tina pero la comercialización se inició recién en 1972. A partir de mayo de ese año, Bolivia concretó uno de los logros más importantes, pues bajo esta normativa se concreta la expor-tación de gas natural al vecino país. A partir de ese mes, YPFB despacha un volumen de 148 millones de pies cúbicos por día (MMpcd). De acuerdo a contrato, durante los primeros siete años se enviaría este caudal para después incrementar a 167 MMpcd por los restantes 13 años, según el Libro de Oro de la estatal petrolera. De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de Banzer, correspondía a Yacimientos Petro-líferos Fiscales Bolivianos, con carácter exclusi-vo, vender y exportar, mediante negociaciones

directas, los hidrocarburos en su estado natu-ral, semi-elaborados, elaborados y los produc-tos y subproductos de los mismos, sin excep-ción alguna, considerando los requerimientos del mercado interno. La conclusión de las plantas de gas de los campos de Colpa y Río Grande y el Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba, contribuyeron a la expor-tación del energético que se incrementó en volumen y en ingresos para YPFB. “El rubro de exportaciones tuvo un com-portamiento altamente positivo, no solamen-te desde el punto de vista empresarial, sino además, como fuente generadora de divisas para la economía nacional. El volumen de petróleo exportado pro-medio 32.450 BPD y los ingresos por este con-cepto fueron de 48,9 millones de $us; el gas

Exportación de gas a la Argentina




exportado comenzó a mostrar su peso al ge-nerar 18,8 millones de $us”.68

El dinero percibido por la venta del ener-gético generó una suma abultada; pero en los hechos esos ingresos no contribuyeron signifi-cativamente al país ni a YPFB, pues casi en su totalidad fueron destinados al gasto corriente y al pago de la deuda externa. “Los vaivenes del mercado internacio-nal determinaron que los precios de expor-tación de gas, durante ese lapso, presenten


variaciones significativas que registraron su máximo en 1987, cuando se llegó a un precio de 4,46 dólares el MPC. Fue en ese mismo año, cuando Bolivia y Argentina pactaron una nue-va fórmula sujeta a los precios de los combus-tibles basada en los mercados de Rotterdam, Amsterdam y Mediterráneo”.69 En 1999 se reinició la exportación de gas natural a la Argentina a través del gasoducto Madrejones-Campo Durán. Entre 1999 y 2002,


Brigadier Calos Alberto Rey Vicepresidente de Argentina y el coronel, Hugo Banzer inician el contrato gasìfero.

las exportaciones del energético al país vecino no dejaron un saldo favorable al país, pues el negocio fue poco beneficioso para los intere-ses nacionales por la drástica disminución de volúmenes y valores exportados.

En 2004, los presidentes Carlos Mesa de Bolivia y Néstor Kirchner de Argentina, perfi-laron las condiciones de un nuevo acuerdo de comercialización de gas en condiciones con-cesionales y a un “precio solidario”.

Banzer y “Tuto” cierran la capitalización

Luego de asumir el mando de la nación en agosto de 1997 a través de la vía democrática, el Gral. Hugo Banzer Suárez afronta una crisis económica y la recesión lleva a una caída del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Banzer y su gobierno de megacoalición (ADN, MIR, NFR, CONDEPA, PDC, FRI y UCS) aprobaron el DS Nº 24880 mediante el cual se autoriza a YPFB proceder al reordenamiento de todos sus activos, bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad, en el objetivo de determinar los bienes prescindibles, incluyen-do los equipos de perforación, excepto los ne-cesarios para los emprendimientos previstos. Los bienes declarados prescindibles deberán ser valorizados necesariamente por evaluadores independientes, para establecer el valor del mercado referencial en el momen-to de su transferencia. Una vez realizado el reordenamiento, se autoriza a YPFB por esta única vez y con ca-rácter exclusivo, considerar la transferencia en forma onerosa de sus activos y bienes declara-dos prescindibles en favor de cualquier tipo de

sociedades previstas en el Código de Comer-cio boliviano. El gobierno de ADN privatizó lo que que-daba de la cadena productiva de hidrocarbu-ros y lo que hasta ese entonces permanecía bajo tuición de YPFB. Se trataba del denomi-nado downstream que abarcaba las fases de refinación, comercialización y almacenaje de la cadena productiva. Con este paso, se elimi-nó definitivamente la participación residual estatal en la cadena de hidrocarburos. En ese proceso, participó el ingeniero químico Hugo del Granado Cossío, quien en-tre las gestiones 1997 y 2000 fue vicepresi-dente de Administración y Finanzas de YPFB asumiendo una actitud entreguista y privatiza-dora de la estatal petrolera junto al entonces presidente de YPFB, Carlos Salinas Estenssoro, quien se desempeñó como presidente de la estatal petrolera en ese mismo período. En 1998 la producción de gas fue de 189.606 millones de pies cúbicos y la expor-tación del energético a la República Argentina fue de $us 55,8 millones. Además, se firmaron




Inauguracion del gasoducto a la Argentina 1972.

nueve contratos de riesgo compartido para la exploración y explotación de hidrocarburos entre YPFB y las empresas petroleras naciona-les y extranjeras. En ese mismo año, en el marco del pro-ceso de privatización, fueron transferidas las estaciones de servicio en aeropuertos y las plantas de almacenaje de carburantes y poli-ductos. Asimismo, se oficializó el 7 de diciem-bre de 1999 la transferencia de las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Gui-llermo Elder Bell de Santa Cruz a la Empresa

Boliviana de Refinación (EBR S.A.) conforma-da por Petrobras de Brasil y Pérez Companc de Argentina. Como resultado de la privatización de ambas refinerías, los activos de YPFB tuvie-ron un decremento del 22.5% al 31 de diciem-bre de 1999. Sobre una base de 102 millones de dó-lares, se privatizaron ambas refinerías lo que significó el cierre de un ciclo histórico de YPFB. La empresa Oil Tankin se adjudicó la Compa-ñía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).

“Después de 63 años de haberse constituido en la principal empresa productiva del país,

YPFB concluyó en 1999 un proceso histórico de permanente presencia a lo largo y ancho de nuestra geografía como factor de integra-ción y positivo aporte al desarrollo nacional”.70 La administración capitalizadora, infor-mó “(…) como resultado de las tareas de ex-ploración desarrolladas por los contratistas, las reservas nacionales en campos existentes registraron un incremento significativo. “Las reservas nacionales de gas natural probadas más probables de hidrocarburos y certifica-das por la consultora internacional DeGolyer & MacNaughton han experimentado al 1 de enero de 2001”. 71

Reservas 1997 1998 1999 2000 2001

Gas Natural (TCF) 5.69 6.62 8.58 32.21 46.83

Petróleo condensado (MMBbl)

200.9 216.7 240.5 692.0 892.0

Los contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos suscritos por la estatal pe-trolera con diferentes empresas llegaron a 84 al 31 de diciembre de 2001. Similar número de contratos se registró en 2002. Resultado de las actividades de perforación, las reser-vas hidrocarburíferas certificadas por DeGo-lyer & MacNaughton, tuvieron un crecimien-to: las de petróleo / condensado llegaron a 951,9 millones de barriles y las probadas más

70 YPFB, Memoria Anual 1999, SE, La Paz – Bolivia, 1999, pág. 3.


probables de gas natural ascendieron a 54,9 trillones de pies cúbicos (TCF), por sus siglas en inglés. Ese año, YPFB asume la responsabilidad del Plan Nacional de Conexiones de Gas Do-miciliario que en su primera fase contempla 20.000 nuevas conexiones gratuitas de gas domiciliario en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Camiri con materiales existen-tes en almacenes de la estatal petrolera. Un cáncer en el pulmón obligó a Banzer a renunciar a su cargo el 7 de agosto de 2001 y, por tanto, mediante sucesión constitucional, el vicepresidente de la República, Jorge Quiro-ga Ramírez, se hizo cargo del gobierno hasta las elecciones del año siguiente. Tuto Quiroga pudo recuperar a favor del Estado las parcelas que las petroleras no per-foraron, como establecía la Ley de Hidrocar-buros que heredó de Sánchez de Lozada. Sin embargo, Tuto Quiroga, en un acto ilegal, el 4 de octubre de 2001 emitió el DS 26366 que privó al país de 1.300 millones de dólares al evitar que las petroleras invirtie-ran en la perforación a razón de un pozo por parcela. Esta normativa las benefició porque ampliaba las facilidades de explotación de las áreas que se les había entregado. Los sectores sociales calificaron a este ilícito como un rega-lo que beneficiaba a las petroleras. En su programa de gobierno de “12 me-ses”, en materia de hidrocarburos, Quiroga inició la denominada “diplomacia del gas” con el gobierno de George Bush y propuso el Pro-yecto Pacífic LNG con la finalidad de promo-ver acuerdos para transportar, transformar y exportar gas natural a mercados de México y Estados Unidos por puertos del Pacífico. El 4 de diciembre de 2001, se sus-cribió en Washington un Memorando de




Entendimiento entre Sempra Energy y Pacific LNG, consorcio integrado por Rep-sol YPF, British Gas (BG), Pan American Energy LLC, en el que se acuerda nego-ciar las condiciones para el suministro de un volumen promedio de 800 MMpcd de gas natural boliviano, para una planta de regasificación en la costa del Pacífico que operarán conjuntamente Sempra Energy y CMS Energy Corporation para el abaste-cimiento del mercado del sudoeste de los Estados Unidos. “El frustrado proyecto de expor-tación de gas natural a los mercados de Norteamérica a través de un puerto chi-leno, es la última ofensiva del proceso de privatización de YPFB y la nueva Ley de Hidrocarburos. Bajo esas condiciones, las transnacionales del consorcio Pacific LNG pretendieron determinar las reglas de un juego dentro del cual el Estado boliviano sería solamente un medio diplomático capaz de facilitar los trámites de moviliza-ción internacional del gas natural”.72 El fracaso de este proyecto energéti-co encarado por los gobiernos neolibera-les, se debió a un rechazo popular encabe-zado por diferentes movimientos sociales

72 GANDARILLAS, M. Tahbub, Nacionalización de los hidro-carburos en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008 , pág. 93.

y por el diferendo histórico que se tiene con Chile. En síntesis, en la gestión de Banzer se firmaron otros 32 contratos de riesgo compartido y en la de Tuto Quiroga se pro-mulgó la Ley 1981 con la que se liquidó de-finitivamente a YPFB y firmó otros cuatro contratos de riesgo compartido. Entre el 8 y el 21 de abril de 2000 la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y las organizaciones campesinas de Cochabamba, protagonizaron de la prime-ra lucha contra la privatización del sistema público de tratamiento y distribución de agua y protestaron la firma de un contrato de concesión de servicios con el consorcio transnacional Aguas del Tunari. En septiembre de ese mismo año se produjo un levantamiento indígena en el altiplano paceño que demandó la rea-lización de programas de desarrollo para el área rural, oposición a la nueva Ley de Tierras y el rechazo a las medidas privati-zadoras del gobierno. A partir de ese año salió a relucir la capacidad social interpelatoria contra la privatización o entrega de los recursos na-turales no renovables a las multinaciona-les.

Gonzalo Sanchez de Lozada junto a su ministro de Hacienda, Javier Comboni.

Nefasto retorno

Con un plan de emergencia denomi-nado “Sí se puede”, Gonzalo Sánchez de Lozada retorna al esquema gubernamental el año 2002 acompañado del periodista Carlos Mesa. Los escasos resultados electo-rales obligaron a Goni a armar una alianza con el MIR y UCS. Desde agosto de ese año, el gobierno del MNR se encargó nuevamente de armar un gigantesco aparato de propaganda para publicitar el “mal estado de la economía nacional, el elevado déficit fiscal calculado

en 8,5% del PIB y la consecuente descapita-lización de las arcas públicas que obligaban a un ajuste”. Ante el pedido clamoroso de las dife-rentes organizaciones de la sociedad civil de modificar la Ley de Hidrocarburos que favorecía a las compañías extranjeras, esa administración niega la petición y dilata el curso de las negociaciones. La política de hidrocarburos del MNR pre-suntamente buscaba desarrollar a plenitud el potencial hidrocarburífero y energético




¿ CÓMO S E R E DUCE E LDÉ FI CI T F I S CAL?

Progresividad en el RC-IVA

29,900 12.1%

Salario TasaBruto Efectiva

880 0.0%1,320 4.2%1,760 6.3%2,000 7.0%3,000 8.8%4,000 9.8%5,000 10.3%6,000 10.7%8,000 11.1%

10,000 11.4%20,000 12.0% 880

2,880

4,880

6,880

8,880

10,880

12,880

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16,880

18,880

20,880

22,880

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28,880

En b

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0.0%

1.0%

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3.0%

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8.0%

9.0%

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13.0%

Tasa

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C-IV

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Salario Bruto Tasa Efectiva

Proyecto de presupuesto general de la nación 2003.Fuente|: Ministerio de Hacienda.

del país, además de dotar a la mayoría de los bolivianos de energía domiciliaria e industrial barata y limpia. Goni y Mesa prometen ade-más en su Plan de Emergencia conformar un Consejo Nacional de Energía y ampliar el mer-cado del Brasil duplicando el actual volumen contratado, reabrir el mercado a la Argentina y abrir los mercados de Chile, México y Califor-nia, Estados Unidos. La capitalización y/o privatización del sector de hidrocarburos, asignó una mayor participación a la inversión extranjera petro-lera, en tanto que YPFB quedó como una par-ticipación marginal, dedicada exclusivamente a la supervisión, suscripción de contratos de riesgo compartido y meros trámites adminis-trativos.

Al primer semestre de su gestión, Sán-chez de Lozada ya enfrentaba los reclamos de los movimientos sociales, ordenando una serie de tareas de represión para lo cual ins-truyó la conformación de fuerzas combinadas entre militares y policías. En febrero de 2003, en un mensaje tele-visado al país, Goni anunció con alarma que el gobierno precisaba de mayores ingresos para bajar el déficit fiscal en tres puntos porcentua-les. Para entonces, alegaba era imprescindible un cambio en el sistema impositivo a través de reformas y la aplicación de un nuevo impuesto al salario. El 10 de febrero, se presentó al país el nuevo impuesto a los salarios progresivo y no deducible de hasta 12,5%. Mediante ese

El impuestazo al salario y su progresividad

tributo se pretendía recaudar los ingresos fis-cales que no generaba el IVA, que hasta ese momento posibilitaba a los bolivianos deducir con facturas el consumo hasta un total de 13% sobre la renta personal. Apenas oficializada por el ministro de Hacienda, Javier Comboni, la medida fue ca-lificada como “impuestazo” y provocó la in-mediata resistencia social por el sector menos previsible, los miembros del Grupo Especial de Seguridad (GES), dependiente de la Policía Nacional, se amotinaron. La oposición a la cabeza de NFR (tienda política que más tarde se sumó al gobierno de Goni) y el MAS lanzó las primeras voces de protesta y resistencia a la política fiscal de ajus-te que se sobrecargaba sobre el pueblo. El jefe de NFR, Manfred Reyes Villa, dijo que estaba dispuesto a coordinar acciones con la oposi-ción, para rechazar la propuesta de presu-puesto presentada por el Ejecutivo que incluía un impuesto de 12,5% al salario. Por su parte, el MAS, advirtió que asu-miría medidas de protesta junto al denomina-do Estado Mayor del Pueblo. En lo inmediato, este partido propondría en el Parlamento una reducción del 50% a las dietas de los par-lamentarios, ministros, superintendentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia, además de la eliminación total de los “gastos reservados” y el rechazo al impuesto a los tra-bajadores. Luego de una reunión convocada de emergencia, el presidente de la Confede-ración de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB), Carlos Calvo, expresó el malestar del sector. “Rechazamos, repudiamos el impues-tazo y estamos dispuestos, si es necesario para lograr ello, que tampoco se rebaje el IVA y el impuesto a las transacciones en me-dio por ciento, si eso va a coadyuvar a que la población asalariada no tenga que sufrir este impuestazo”. El 12 de febrero de 2003 estalló una de las rebeliones populares más intensas regis-tradas en la historia del país, que luego sería recordada como “Febrero negro”. La clase go-bernante nunca imaginó los acontecimientos que se gestarían a pocos pasos de Palacio de Gobierno, en el Grupo Especial de Seguridad.

El motín policial, li-derado por el Suboficial Daniel Cahuana y el Ma-yor David Vargas deman-dó un aumento del 40% en sus salarios, ropa de trabajo y alimentos, ade-más de la elevación del bono alimenticio trimes-tral, la eliminación de los aportes a COVIPOL, el mejoramiento de la

infraestructura policial y la devolución de los aportes al Club Litoral. El motín policial dejó desprotegido al Palacio de Gobierno, y por ende a la ciudad de La Paz, provocando inseguridad ciudadana. Por dos días reinó el desgobierno y la inesta-bilidad se adueñó del país. Los estudiantes del Colegio Nacional Ayacucho que protagonizaron coincidente-mente una marcha de protesta por la desti-tución de su director, encendieron la chispa de los enfrentamientos entre efectivos de la Policía y el Ejército. Cuando pasaban por Pala-cio de Gobierno, empezaron a apedrear este

El motín policial dejó desprotegido al Palacio de Gobierno y por ende a la ciudad de La Paz.




edificio provocando el enfrentamiento entre uniformados que derivó en la pérdida de 16 vidas humanas. Fueron dos días de violencia caracte-rizados por saqueos a centros comerciales y entidades bancarias, incendios de edificios públicos y pérdida de valiosa información, en el caso de la biblioteca del Congreso Nacional. Mientras la Plaza Murillo seguía siendo escenario del enfrentamiento con armas de fuego entre policías amotinados y militares del Regimiento de Colorados, cientos de ma-nifestantes atacaron la sede del Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, incen-diando algunas de sus oficinas. La inactividad policial facilitó el saqueo de tiendas comerciales y el ataque sedes bancarias y oficinas de los partidos políticos de la coalición de gobierno. La primera fue la del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y luego la del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y por último la de Uni-dad Cívica y Solidaridad (UCS). Ante estos sucesos el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que declara feriado bancario y suspensión de actividades públicas y privadas el jueves 13 de febrero de 2003 en todo el territorio nacional debido a la crítica situación social. Las portadas de algunos de los medios de la prensa, son especialmente expresivos:

“Violencia y muerte anulan el impuestazo”, ti-tula “Los Tiempos”. “Presidente anuló impues-tazo y pide que Dios salve a Bolivia”, escribe

“El Mundo”. Por su parte, “El Deber” tituló: “El impuestazo se borró con sangre”. Ese mismo día el gobierno decidió reti-rar el proyecto del PGN 2003 con el propósi-to de empezar un proceso de diálogo entre los bolivianos. En un mensaje a la nación, el

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada expre-só su pesar y sentir por los enfrentamientos que se registraron entre uniformados a quie-nes ordenó replegarse. Sánchez de Lozada anunció que retiraba el proyecto de la Ley Financial, que había en-viado al Parlamento Nacional para su aproba-ción, debido a los enfrentamientos entre dos instituciones que tradicionalmente son el res-paldo del país. El 14 de febrero, Bolivia volvió a una normalidad relativa y Sánchez de Lozada dio por superado el conflicto con la firma de un acuerdo de 19 puntos con los policías. Según el documento, el Gobierno se compromete a entregar una indemnización de diez mil dó-lares a cada una de las viudas de los policías fallecidos y el Comando General asignará un puesto de trabajo a las viudas o hijos de los uniformados caídos en la Plaza Murillo. El Eje-cutivo se comprometió a mejoras salariales, sociales, planes de formación, adecuación de instalaciones y cuarteles policiales. El 15 de febrero el Poder Ejecutivo de-nunció “un intento de golpe de Estado y de asesinato al Presidente de la República” tras la refriega de las fuerzas del orden. Las autoridades no admitieron respon-sabilidades por los sucesos de violencia y el 16 del mismo mes el Jefe de Estado pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Fiscal General de la República investigar los sucesos del 12 y 13 de febrero. Después de la masacre de febrero, la transnacional Repsol, anunció que congeló el proyecto LNG de exportación de gas boliviano a Chile debido a la inestabilidad política del país. “Bolivia no disfruta de su mayor momen-to de estabilidad y el proyecto está congela-do”, indicó el vicepresidente de exploración y producción de Repsol.

El descontento de la población también derivó en la quema del edificio de la Vicepresidencia.




Los líderes de la coaliación gobernante a la que se sumó NFR en agosto de 2003.

La Nueva Fuerza Republicana (NFR) in-gresa al gobierno en agosto de 2003. En su mensaje, Sánchez de Lozada, ponderó la capi-talización asegurando que permitió inversio-nes que sirvieron de colchón para amortiguar el golpe de la crisis económica. Le pidió al diputado y dirigente coca-lero Evo Morales “pasar de la protesta a la propuesta”. Respecto del gas natural, Goni prometió que promovería un diálogo nacional para definir su exportación. Sin embargo, de-cidió que el gas de Tarija sería explotado por el consorcio Pacific LNG y, sería exportado, a través de Chile a los mercados de México y Ca-lifornia. De ese modo, retornó a la mesa de dis-cusión la necesidad de elegir un puerto de ex-portación, pero el gobierno del MNR se decla-ró abiertamente partidario de optar por Chile

alegando que esa salida hacia el Pacífico era más viable técnica y financieramente debido a sus bajos costos. Ante esta situación, el Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) recomendó en agosto de 2003 revisar las leyes de Capi-talización y de Hidrocarburos porque en ellas radicaba el origen de todos los problemas na-cionales, políticos y económicos. Pero el movi-mientismo ignoró deliberadamente las atribu-ciones constitucionales de esa entidad. Bajo este contexto, el pueblo boliviano salió nuevamente a las calles a mediados de septiembre de 2003 e inició una ola de pro-testas contra los planes oficialistas sobre el futuro del gas boliviano y su eventual expor-tación a mercados de ultramar por un puerto de Chile, país con el que Bolivia mantiene un diferendo histórico por el acceso al mar.

La primera accción masiva de la guerra del gas la protagonizó el pueblo alteño.

La guerra del gas y ”octubre negro” Una marcha pacífica que partió de Caracollo, entre Oruro y La Paz, organizada por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto con el objetivo de rechazar la venta del gas y exigir su industrialización dio origen al uno de los mayores movimientos sociales por la defensa de los recursos naturales. Este frente unido tuvo la activa participación de los principales dirigentes campesinos como Felipe Quispe de la CSUTCB y Evo Morales de las Seis Federaciones de Cocaleros del Tró-pico de Cochabamba. Los bloqueos de caminos comenzaron el 15 de septiembre de 2003. Campesinos de la provincia Omasuyos cerraron la carretera que une La Paz con Achacachi, Warisata, Sorata y Copacabana. El autodenominado Estado Mayor del Pueblo convocó el 19 de septiembre a una gran manifestación. En la protesta, intelectuales, analistas y técnicos en temas petroleros manifestaron abierto recha-zo a la venta de gas por Chile. Una misión de “rescate” del Ejército dirigida por el entonces mi-nistro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ingresó el 20 de septiem-bre de 2003 a las poblaciones de Sorata y Warisata con la finalidad de romper el cerco que impedía la salida de un grupo de turistas y comerciantes. Posteriormente, se desencadenaron enfrentamientos que duraron todo el día. Cuatro civiles y un soldado resultaron muer-tos, además de 23 heridos y cinco detenidos. Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre de 2003, con la consolidación de la participación de la COB y el MAS en los movimientos de rechazo a la exportación de gas, el conflicto creció y alcanzó a La Paz, que fue paralizada por marchas diarias de miles de rentistas, maestros urbanos y micro prestatarios. El Alto protagonizó la primera acción masiva de protesta el 11 de octubre, cuando 5.000 vecinos, organizados en cabildos, rodearon la planta de Senkata para impedir la salida de 32 camiones cisternas, cerrando la avenida 6 de marzo de la urbe alteña. Este hecho provocó enfrentamientos entre militares y la sociedad civil. Desde el gobierno se manifestó que el Presidente estaba dis-puesto a dialogar sobre el tema de la exportación de gas pero se acla-ró que no se discutiría sobre los pedidos de su renuncia, ni mucho menos se negociaría sobre una Asamblea Constituyente o del refe-réndum porque “no eran figuras constitucionales”. Nuevos choques entre manifestantes y uniformados se produ-jeron el domingo 12 de octubre de 2003 en la tranca de Río Seco que




Las movilizaciones se radicalizaron en octubre de 2003, se desató la guerra del gas.

dejaron como saldo 26 muertos. A las 10:00 de ese día, el vicepresidente de la República, Carlos Mesa, rompió su relación con Gonzalo Sánchez de Lozada. “No puedo aceptar al pun-to en que hemos llegado y no puedo aceptar que no haya una sola razón que justifique la muerte sucesiva, permanente, ininterrumpida de compatriotas de nuestro país a lo largo de estos días”, explicó Mesa su decisión, pero sin renunciar a la Vicepresidencia. “No voy a renunciar”, fue la respuesta de Goni no solo a Mesa, sino a todos los sectores en conflicto, en un mensaje al país transmitido por los medios de información. Poco después, el gobernante y sus alia-dos políticos decidieron convocar a un refe-réndum consultivo por departamento para

determinar la política de exportación de gas. Además, el Ejecutivo se animó a ofrecer la revisión de la Ley de Hidrocarburos pero en un marco de concertación con las empresas petroleras. Asimismo, aceptó convocar, a la Asamblea Constituyente. Al día siguiente, dirigentes políticos, sin-dicales, campesinos y personajes representati-vos de la clase media, calificaron la propuesta gubernamental como tardía y extemporánea. El pedido de las mayores era la renuncia defi-nitiva de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ante la masificación de la protesta que fue reflejada por los medios de información, éstos denunciaron haber recibido llamadas del entorno palaciego exigiendo que en lugar de difundir noticias sobre las movilizaciones,

La población rechazó la exportación de gas a EEUU por un puerto chileno.

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El descontento social llegó hasta el altiplano con un prolongado bloqueo de caminos.

transmitieran música. También se decomisó toda una edición del semanario Pulso que en su principal titular pedía la renuncia de Goni en nombre de la democracia. A pesar de toda esta situación de con-vulsión, el jueves 16 de octubre, Sánchez de Lozada insistió en que su renuncia sería el fin de la democracia y el inicio de una dictadura

“narcoterrorista” y “anarcosindical”. El viernes 17 de octubre de 2003, el jefe de NFR, Manfred Reyes Villa abandonó la coa-lición gobernante pidiendo la dimisión del Pre-sidente frente a la presión social. Goni abandonó la residencia presiden-cial de incógnito a las 17:05 de esa misma fecha en una vagoneta. En el Colegio Militar de Ejército de la zona de Irpavi lo esperaba un helicóptero Lama de la Fuerza Aérea Boliviana y un Kazán Ml-17 de la Fuerza Aérea Peruana. En el primero Goni y sus allegados se traslada-ron a la pista del Grupo Aéreo de Caza (GAC) en El Alto y de allí se dirigieron a Santa Cruz. “Al poner mi renuncia a consideración del Honorable Congreso Nacional, lo hago con la íntima convicción de que la aceptación de la

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misma no corresponde ya que no se puede re-tirar a un presidente elegido democráticamen-te, por mecanismos de presión y de violencia que están al margen de la ley”, manifestó el hasta ese día presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada en una carta dirigida al Congreso Nacional y que fue leída en una se-sión especial del Parlamento. Es día, cerca de las 10 de la noche, Car-los Mesa, pronunciaba sus primeras palabras como Presidente de la República, mientras tanto, Goni y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Javier Tórrez Goitia y Mauricio Balcá-zar huían en una aeronave con destino a Mia-mi, Estados Unidos. De esta forma, concluyó una fatídica gestión de 14 meses y dos días con un saldo de 69 muertos y centenares de heridos.

El “Ninja alteño”, vence una barricada levantada en la zona Alto Tejar de la ciudad de La Paz.

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Carlos Mesa, ex presi-dente de la República

dio un paso al costado.

Carlos Mesa y el referéndum del gas

Al asumir el mando de la na-ción, el 17 de octubre de 2003, Car-los Mesa prometió convocar a un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación de gas, modi-ficar la Ley de Hidrocarburos vigen-te y revisar el proceso de capitaliza-ción de las empresas estatales. La propuesta de Mesa pro-vocó reacciones dispares. Mien-tras las petroleras anunciaban su acuerdo con las reformas y espe-raban garantías para quedarse en Bolivia, Tarija reaccionó contra el referéndum e insistió en viabilizar la exportación por Chile. Mesa heredó una economía en crisis con un crecimiento de 0%, una inflación en ascenso, alto des-empleo y un elevado desprestigio en los indicadores internacionales de riesgo para las inversiones. El 18 de octubre se trasladó a la urbe alteña donde participó en la misa por los “héroes por la Gue-rra del Gas” y dirigió un encendido discurso en el que proclamó “ni ol-vido ni venganza” ante una multi-tud.

Mesa destituyó el 2 de abril de 2004, al Delegado Presidencial para la Mejora de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, quien demandó ante el Ministerio Público la anota-ción preventiva de los bienes de la Enron en el gasoducto a Brasil exigiendo la devolución de 130 millones de dólares a favor del Estado boliviano. Con anterioridad Virreira había emitido cinco polémicos informes que cuestionaron la administración y fiscalización de las empresas capitalizadas donde se hallaron serias irregu-laridades administrativas, principalmente, en el rubro petrolero. El 14 de abril de 2004, Mesa presentó su proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue ela-borado por técnicos y funcionarios de gobier-no. La propuesta incluía una consulta con los sectores sociales, previo envío del documento al Parlamento. El proyecto de 109 artículos priorizaba el desarrollo de los planes regionales de expor-tación e industrialización de mercados subre-gionales, entre ellos Brasil, Argentina y Méxi-co. Esta propuesta no alteraba el derecho de propiedad de los hidrocarburos en manos de las compañías que firmaron 79 contratos de riesgo compartido aprobados por Gonzalo Sánchez de Lozada, por tanto la vigencia de los mismos se extendía hasta el año 2036. Además la propuesta de Mesa ratificaba la clasificación de hidrocarburos en “existen-tes y nuevos”. En ese sentido, se planteó “una estructura estable” para el pago de regalías y participaciones que reprodujo el sistema de 50% de pago para campos existentes y 18% para campos nuevos. Éstos últimos no pagaban la regalía nacional complementaria del 13% ni la participación nacional del 19%, sumando 32%, que el Estado iba a dejar de

percibir por la renta de hidrocarburos. La no-vedad planteada en esta posible normativa fue un beneficio del 6% para el TGN, YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos. También se habilitaba la posibilidad de liberar a las empresas de la obligación de efec-tuar la perforación de al menos un pozo por parcela y destinar la inversión programada a diferentes proyectos hidrocarburíferos. En materia de renta petrolera, la nove-dad fue un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) que en el plano político constituía el reconocimiento que el Estado no percibía ingresos acordes a los niveles de re-serva y comercialización de hidrocarburos. Mediante DS N° 25507, el 19 de mayo de 2004, el gobierno de Mesa hizo conocer públicamente las preguntas del “referéndum vinculante” sobre la política energética. Sin embargo, surgieron cuestionamientos por-que se obvió la pregunta: ¿Está de acuerdo con nacionalizar el gas y el petróleo en Boli-via?, además se observó la ambigüedad de las preguntas de esa consulta con un nítido sesgo favorable a las transnacionales petroleras. Las preguntas cerradas que figuraron en la boleta del Referéndum Vinculante sobre la política energética del país fueron:

¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada? SI NO

Según el entonces analista económico Carlos Villegas el alcance de esta problemática era insuficiente, pues el ámbito capitalizador abarcaba la Ley 1731, el DS 24806, además de los contratos de riesgo compartido; por ende, no alteraba la legislación neoliberal.




¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?SI NO

Villegas argumentó que la normativa capitalizadora-privatizadora sobre la industria hidrocarburífera vulneró la CPE en su artícu-lo 139 referido a la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre sus recursos naturales.

¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB re-cuperando la propiedad estatal de las accio-nes de las bolivianas y bolivianos en las em-presas petroleras capitalizadas, de manera

que pueda participar en toda la cadena pro-ductiva de los hidrocarburos?SI NO

Con esta pregunta se ponía en juego las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas, valoradas en alrededor de 800 millones de dólares y transferirlas al Estado para que éste pudiera administrarlas. Con el valor de estas acciones, de acuerdo a Villegas, se podía respaldar el inicio de las actividades de YPFB y participar activamente en la cadena productiva de los hidrocarburos. Sin embargo la propuesta de Mesa planteaba otorgar más atribuciones a la Superintendencia de Hidro-carburos que a la estatal petrolera.

Carlos Mesa y su gabinete ministerial.

¿Está usted de acuerdo con la política del Pre-sidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una sali-da útil y soberana al Océano Pacífico?SI NO

El analista consideró pertinente el plan-teamiento. No obstante, cuestionó el carácter temporal introducido en la misma, al circuns-cribir su aplicación sólo a ese gobierno y no ampliar el radio de acción de una política de Estado aplicable a futuras gestiones.

Está usted de acuerdo con que Bolivia expor-te gas en el marco de una política nacional que: Cubra el consumo de gas de las bolivia-nas y bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impues-tos y/o regalías a las empresas petroleras lle-gando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?SI NO

Esta última pregunta resumía la pro-puesta de Ley de Hidrocarburos del gobierno de Mesa en cuatro partes. Planteaba la expor-tación, pero no dilucidaba el abanico de posi-bilidades, sino más bien daba por hecho que se debía viabilizar en el marco de una política nacional el consumo interno supeditado a res-tricciones financieras; aunque el proyecto de Mesa planteó incentivos para la industrializa-ción al mismo tiempo daba “irrestricta liber-tad” a las empresas para hacerlo, o no. Aquel proyecto de ley proponía lle-gar hasta el 50% de la recaudación entre

impuestos y regalías pero no alteraba los com-promisos contraídos en los contratos de ries-go compartido y la distinción entre reservas nuevas y existentes, que planteaban tributos diferenciados de 18 y 50%, respectivamente. En cuanto al destino de los recursos, Vi-llegas recomendó implementar mecanismos de control para que los mismos no se utilicen en gasto corriente ni para cubrir el déficit fis-cal como propuso el mismo Mesa en su ante-proyecto. Con un alto nivel de participación ciuda-dana, el domingo 18 de julio de 2004, el go-bierno de Mesa llevó a efecto el referéndum vinculante en todo el país. “Cómputos oficiales determinaron que 1.913.642 ciudadanos apoyaron la recupera-ción de los hidrocarburos, cifra que represen-tó un 92% de respaldo, resultando la de ma-yor apoyo de la consulta popular. La tercera pregunta del referéndum, referida al fortale-cimiento de YPFB con las acciones de los boli-vianos en las capitalizadas fue respaldado por 1.793.594 personas, lo que implicó un apoyo del 87% de los consultados. Así también la primera pregunta referi-da a la abrogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 recibió el 87% de respaldo. La cues-tión que menos apoyo recibió fue la del uso del gas como herramienta para lograr un ac-ceso soberano al mar con tan sólo el 55%. La última pregunta sobre la exportación del gas, su industrialización, la elevación de impuestos y regalías hasta el 50% y el destino de los recursos fue apoyada por el 62%”.73

73 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el siglo XXI, pág. 129, 2007, La Paz – Bolivia




Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso Nacional sancionó la Ley de Hidrocarburos en 2005.

Después de 11 anteproyectos de Ley de Hidrocarburos que fueron ventilados en el Par-lamento y en medio de un clima de creciente tensión y descontento de los sectores sociales que exigían la nacionalización de los hidrocar-buros, el 17 de mayo de 2005, el presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez, sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 ante la negativa de Mesa para poner su firma y promulgar esa ley. La decisión del presidente Carlos Mesa de devolver esa ley provocó generalizadas crí-ticas y nuevamente surgieron amenazas sindi-cales de protesta en la sede de gobierno. Mesa alegó que este proyecto dividía al país y que estaba en riesgo la integridad nacio-nal. Indicó que su contenido “era confiscato-rio” para las empresas petroleras extranjeras y aseguró que no la promulgaría por considerar-la “suicida e inviable”. “La Ley de Hidrocarburos tenía por ob-jetivo darle a Bolivia un horizonte de esperan-za, de certeza, de seguridad hacia adelante. Y creo que el contexto de hoy está mostrando exactamente lo contrario’’, aseguró. La nueva ley del gas buscaba impulsar una economía mixta en el sector de hidrocar-buros, fortalecer YPFB y su participación en toda la cadena productiva, fomentar el consu-mo interno de gas natural e incrementar los niveles de exportación, además de priorizar la industrialización con la consecuente genera-ción de valor agregado a las exportaciones.

Este instrumento legal obligaba a la mi-gración de contratos en un plazo de 180 días. En materia impositiva, creó el Impuesto Direc-to a los Hidrocarburos (IDH) del 32% sobre el total de la producción de hidrocarburos, un tributo no acreditable ni deducible que se me-día y pagaba con las regalías. En su momento, se explicó que la vigencia de este “sobreim-puesto”, al que se sumaban el 18% de regalías, participaciones y otros tributos, constituía una carga de más del 50% para las petroleras, que incluso analizaban dejar el país por no ser atractivo a sus intereses. La coparticipación del IDH quedó dis-tribuida en un 4% para los departamentos productores de hidrocarburos, 2% para los departamentos no productores y un saldo a favor del TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, municipios, univer-sidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros. El destino de los recursos se dis-tribuyó entre los sectores de educación, salud, caminos, desarrollo productivo y empleo. Aunque no le asignó recursos, esta nor-ma dio curso a la refundación de YPFB y es-tableció su participación en toda la cadena productiva, a partir de la recuperación de las acciones de las empresas petroleras capitali-zadas administradas por las AFP, que se des-tinaban al pago del Bonosol. También se pro-movió la descentralización de sus oficinas en los departamentos productores del país, Co-chabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.

La promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058




Las petroleras anunciaron su rechazo a la nueva Ley de Hidrocarburos.

En materia de comercialización, la Ley de Hidrocarburos, estableció límites sobre precios y volúmenes. Además, priorizó el abastecimiento interno y elimina a los mayo-ristas de la cadena comercialización interna. Sobre el consumo interno, se establecie-ron subsidios para las tarifas de distribución de gas natural por redes como una forma de facilitar el consumo doméstico, la pequeña in-dustria y servicios esenciales. Las petroleras mostraron su disconfor-midad con el nuevo régimen que gravaba mayores impuestos y regalías, éstas advirtie-ron un “clima de incertidumbre” para las in-versiones. En tanto, los movimientos sociales

amenazaron con radicalizar sus medidas de presión en procura de la recuperación de los hidrocarburos, la viabilización de la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso Nacio-nal, la renuncia del Presidente y el adelanta-miento de elecciones generales. El 6 de junio de 2005, el presidente Carlos Mesa renunció irrevocablemente des-pués de dos amenazas previas efectuadas en marzo y junio. La aprobación de la Ley de Hi-drocarburos, sus diferencias con el Congreso Nacional y las movilizaciones sociales fueron las razones expuestas para su dimisión ante el Congreso. “No me dejan gobernar”, sentenció.

En medio de las tensiones sociales alre-dedor de Plaza Murillo, se decidió trasladar las sesiones del Congreso a Sucre, la capital de la República. Presionados por los movi-mientos sociales, el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Diez (MIR) y el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío (MNR), dieron un paso al costado, de-jando así la responsabilidad de la conducción del país al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien en el marco de la sucesión constitucional, juró como Presidente de la República, al filo de la media noche del 9 de junio de 2005. La asunción de un presidente provenien-te de las filas del Poder Judicial despertó es-peranzas y temores respecto el cabal cumpli-miento de la Ley de Hidrocarburos, más aún cuando Rodríguez Veltzé aclaró que su única misión era la preservación del orden y la pro-secución de las elecciones generales. En los hechos, el Presidente jurista archivó la agenda de octubre y la recuperación de los recursos hidrocarburíferos. Bajo esa coyuntura, se impusieron las amenazas de ocho empresas petroleras, ex-cepto Petrobras, de acudir a organismos in-ternacionales para impugnar la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 por considerarla confisca-toria y por no respetar los contratos de riesgo compartido y acuerdos bilaterales de protec-ción recíproca de inversiones. Las petroleras ratificaron su intención de no migrar a los nue-vos contratos hasta que se impulse “un plan

de incentivo al sector y se introdujera cambios de fondo en la ley”. Las compañías que recurrieron a estos argumentos fueron Repsol YPF, Total, British Gas, Pluspetrol, Vintage, Pan American Energy, Exxon y Techint, que consideraron que el régi-men impositivo de la Ley 3058 era un exceso al obligarlas a pagar el 50% de tributos (32% de IDH y 18% de regalías). Temeroso de las acciones legales que asumieron las petroleras, Eduardo Rodríguez, optó por ignorar la Guerra del Gas y el cumpli-miento de la nueva Ley de Hidrocarburos. Para evitar arbitrajes internacionales, esa adminis-tración gubernamental forzó la ampliación de los plazos de negociación para que el venidero gobierno asumiera decisiones. Esta caracte-rística marcó el proceder de ese gobierno no sólo en el sector hidrocarburos. Pese a sus reclamos, las compañías pe-troleras tuvieron que conformarse con las nuevas condiciones de aquella Ley de la Repú-blica que allanó de un modo u otro el camino para la nacionalización, la tercera en la vida pública del país. El gobierno de Rodríguez Veltzé aseguró que no tenía capacidad para ejecutar la nueva ley hidrocarburífera y el 22 de junio de 2005 reglamentó la aplicación del IDH. Tras una prolongada presión y posterior negociación con los beneficiarios, el gobierno determinó la obligatoriedad de que estas entidades, para recibir los recursos, presentasen proyectos en diferentes rubros.

Incumplimiento a la aplicación de la Ley




La tercera Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia

Las elecciones nacionales del 18 de di-ciembre de 2005, constituyeron el último acto administrativo de Rodríguez Veltzé. Pocas ho-ras después de oficializarse el triunfo de Evo Morales, el candidato del Movimiento Al So-cialismo (MAS) que obtuvo el 53,7 por ciento de apoyo en los comicios generales del 18 de diciembre de 2005, los sectores sociales exigie-ron el cumplimiento de la “Agenda de Octubre” que planteó la nacionalización de los hidrocar-buros, su industrialización y la imposibilidad de exportar gas por un puerto chileno. El primer mandatario indígena de Suda-mérica que volcó la atención del mundo sobre Bolivia, en sus primeras palabras prometió acatar la voluntad de la mayoría nacional ex-presada en el referéndum del gas, ratificando la consecución de la recuperación natural y el petróleo, para beneficio nacional.

“Estamos acá para cambiar Bolivia, para acabar con la injusticia, para detener el saqueo de los recursos naturales”, afirmó el flamante Jefe de Estado en el acto de su posesión al jurar

en enero 2006, ante el Congreso Nacional, con el puño izquierdo en alto y la otra mano en el pecho. La lucha histórica del pueblo boliviano contra la privatización y/o capitalización había encontrado un cauce e imponía la recupera-ción de la propiedad sobre los hidrocarburos y el control del excedente económico por parte del Estado como único factor de viabilidad y desarrollo nacional. De ese movimiento, nace la agenda hidrocarburífera propuesta por los movimientos sociales. “El presidente Evo Morales no declaró en ningún momento la paternidad de los hechos que se dieron sino viabiliza la agenda de octu-bre. En gran medida, su propuesta de gobierno durante la campaña electoral recogió la deman-da que tenía que ver con los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente para debatir el futuro y la proyección del país. Cuando Morales Ayma asume la conduc-ción del gobierno, en ese momento, empieza su implementación. Es importante subrayar

que se ejecutó lo que se ofreció. La población de Bolivia sabía exactamente en el período electoral lo que iba a hacer el Presidente en el marco de la nacionalización. No le ofreció algo y se aplicó otra cosa. Se ofreció y se aplicó74. La Ley de Hidrocarburos, aprobada du-rante el período de transición política si bien recogió algunos avances como efecto de la oposición a los planes elaborados por fuerzas políticas del partidismo, coludidas con intere-ses transnacionales, no presenta una visión de desarrollo del sector sino sólo el equilibrio de intereses y presiones regionales. Empero, producto de las tensiones políti-cas impelidas por la oposición, encabezada por Evo Morales y el MAS, esta norma incorpora en su estructura la emergencia por la recupe-ración de los recursos naturales y fundamen-talmente la vigencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32% que junto a las Regalías de 18%, configuran un 50% de partici-pación estatal sobre el negocio estratégico de los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos, resultó del consenso popular, el país se ponía de acuerdo por vez primera en las priorida-des que debía acatar el Estado, después de un quinquenio de lucha entre una clase política que no representaba los intereses nacionales y la emergencia de la empobrecida clase cam-pesino, indígena popular que reclamaba su de-recho y participación en las grandes decisiones nacionales. Así planteada la situación, el primer desa-fío para la nueva administración fue configurar la ecuación de la nueva nacionalización de los hidrocarburos, de manera que se obtenga el mayor beneficio para el pueblo boliviano, toda

74 YPFB, 2010 año de la inversión y la reactivación, Entrevista Carlos Villegas, pág. 8 La Paz – Bolivia

vez que un intrincado entramado legal creado y premeditado en más de cincuenta años den-tro y fuera del país, protegía las inversiones privadas y las homologaba y refrendaba ante pactos y organismos internacionales de “pro-tección de inversiones (privadas)”. Una de las primeras medidas instruidas por Evo Morales al Congreso Nacional fue la revisión de los 71 contratos de riesgo compar-tido (joint ventures) firmados con las empresas petroleras en función de la abrogada Ley de Hidrocarburos 1689, aprobada por Sanchez de Lozada. “Si la relación contractual no era legal, entonces se tenía que comenzar de nuevo toda vez que el artículo 59 de la Constitución Política de Estado instruía su autorización para que es-tos entren en plena vigencia y facultad”. En paralelo, se comenzó a visibilizar la ne-cesidad de realizar una auditoría a todas las pe-troleras para verificar denuncias sobre ilícitos como contrabando y los compromisos de in-versión definidos con el Estado. La Contraloría General no resultaba eficiente en esos momen-tos porque había dejado de auditar los campos petroleros, pese a una instrucción emanada del Poder Legislativo. Al inició de la gestión 2006, las empresas petroleras y los diplomáticos enviaron sendos mensajes a Bolivia. “No creo que ninguna em-presa salga de Bolivia, porque tiene un papel importante. Creo que todas las empresas van a sentarse a negociar con el gobierno (…) No pienso que la posición de Petrobras, sea dife-rente de las demás empresas petroleras”, dijo Sergio Gabrielli, máximo ejecutivo de Petro-bras, el 12 de enero de 200675. A raíz de un escándalo internacional por ofertar al mercado valores información enga-

75 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA,La Nacional-ización del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. 2007 , Pág. 155. La Paz – Bolivia




ñosa sobre sus reservas en la bolsa de Estados Unidos, Repsol señaló: “Hemos seguido invir-tiendo, no pensamos irnos” a través de su ge-rente de comunicación y relaciones externas en Bolivia, Miguel Cirbian76. En tanto, varios gobiernos de países ami-gos apoyaban la medida y anunciaron que asesorarían la vigencia de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, país sometido al extremo de la pobreza por el neoliberalis-mo y la privatización. Las compañías petroleras exhortaron a entablar negociaciones sobre la futura rela-ción contractual con el Estado boliviano y las reglas de la próxima nacionalización de los hidrocarburos, al tiempo que ofrecían incre-mentar sus inversiones. En esta coyuntura, algunos “analistas” (ex autoridades de anteriores gobiernos) y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) satanizaron la nacionalización y fustigaron el

“sobreimpuesto”, propalando versiones alar-mistas sobre una presunta confiscación. “Se ha provocado incertidumbre sobre las inver-siones y la inestabilidad del mercado en Bo-livia”, aducían. Desde entonces, esta entidad fue calificada como “interlocutor no válido” y las autoridades optaron por una relación di-recta con las empresas petroleras. Versiones anónimas y ambiguas circula-ban por los medios de comunicación privados del país. Según estas, las petroleras “estaban dispuestas a convertirse en socias estratégicas de YPFB si se garantizaba la inversión y renta-bilidad en el sector”.

76 Ibidem

Para las petroleras constituían factores críticos a sus inversiones la consolidación de nuevos mercados, la indispensable introduc-ción de condiciones que permitiesen la recu-peración de las inversiones realizadas y la apli-cación de un marco legal regulatorio y fiscal estable en el mediano y largo plazo. Sin embargo, otras versiones, reflejaban

“off the record”, la “incertidumbre”, “la sobre-carga fiscal creada con la Ley 3058 que hacía inviable el negocio”, asimismo lanzaban “ulti-mátums” para la continuidad de las inversio-nes en Bolivia, y advertían sobre los “efectos de la futura nacionalización” en un país sin capacidad de inversión, nuevos mercados y pozos, situación que ponía en riesgo no sólo la producción futura sino el mismo el abaste-cimiento interno y las exportaciones. “En Bolivia el debate sobre el gas sigue sustentándose en premisas equivocadas y en posturas relativas a la dignidad, la soberanía, la equidad y el nacionalismo que no son ni nun-ca han sido elementos que definan la inversión y los negocios”, señalaban las publicaciones de prensa. Las transnacionales consideraron que los nuevos planes en el sector de hidrocarburos se reducían a consignas y situaciones coyuntu-rales, ajenas al sector mismo, más que a una voluntad de hacer negocios o participar activa-mente en los procesos de integración energéti-ca regional. Bolivia tendrá dificultades para compro-meter mayores volúmenes de exportación pues su capacidad de producción y entrega de gas está cercana al límite y ésta no se incre-mentará sin inversiones que no son probables en un momento en el que están amenazadas

con la rescisión unilateral de contratos y la na-cionalización de sus inversiones, predecían los ejecutivos de las petroleras, sin dar la cara. La Secretaría de Energía de Estados Uni-dos, Karen A Harbert opinó que la nacionali-zación no era el mejor camino para Bolivia y para construir una vía de desarrollo para un pueblo empobrecido. “La nacionalización sólo

creará el tipo de ambiente impredecible que ahuyentará las inversiones privadas”.77

El Presidente Evo Morales sentenció, “Bolivia requiere socios y no patrones…”, al ponderar que se acata la decisión de todos los bolivianos.

77 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA,La Nacional-ización del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia. 2007 , Pág. 178.

Aquel histórico 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales promulgó el DS 28701 “Héroes del Chaco”.




Al igual que en 1969, el Ejército Nacional

participó activamen-te en la tercera Na-cionalización de los Hidrocarburos, esta vez encabezado por

el presidente Evo Morales.

Efectivos militares acompañaron en la ejecución del Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”.




El operativo por la Dignidad Nacional

En un tiempo récord de cinco meses, un equipo multidisciplinario del gobierno, perfiló la estrategia, técnico, económica y jurídica del decreto que daría vigencia a la nueva naciona-lización de los hidrocarburos, la tercera regis-trada en la vida republicana boliviana. El lunes 1 de mayo, Evo Morales convocó al gabinete a las 04:00 a.m. En esa reunión se dio lectura al Decreto Supremo Nº 28701 “Héroes del Chaco” e incluso se aprobaron algunos ar-tículos pendientes. Finalizada la sesión, los mi-nistros se pusieron de pie y entonaron el himno nacional. En medio de la más absoluta reserva, se organizó el operativo, decenas de oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, vestidos con trajes de campaña se movilizaron en silencio desde el aeropuerto de Yacuiba donde aguar-daron la llegada del presidente Evo Morales, ministros de Estado, y dirigentes sociales hasta el megacampo San Alberto, sin avisar a la pe-trolera que hasta ese momento se consideraba dueña del yacimiento en producción. Morales, munido con un casco de YPFB y una chamarra con el logotipo de la emblemá-tica empresa estatal avanzó flanqueado por los

uniformados e ingresó al campo. Desde ese monto el Canal de televisión estatal comenzó a transmitir. A lo lejos, podía verse un letrero que remarcaba. “Nacionalizado, propiedad de los bolivianos”, mientras un soldado hacía flamear la tricolor nacional. El mandatario decretó la nacionalización de los hidrocarburos, leyó el tenor completo de la disposición. Acto seguido, conminó a las empresas petroleras a acatar la normativa na-cional o, en caso contrario, abandonar el país.

“Si las empresas no nos respetan, nos haremos respetar”, advirtió. Aquella jornada histórica que dio inicio a la nacionalización provocó la satisfacción y el alborozo en varias regiones del país, el festejo continuó hasta pasada la media noche. En la ciudad de La Paz, una multitud esperó al Primer Mandatario en la Plaza Murillo para escuchar expectante al Jefe de Estado. La decisión política estaba tomada, a partir de aquel histórico 1 de mayo de 2006 se nacio-nalizaron los recursos naturales hidrocarburífe-ros del país. El Estado recuperó su propiedad, la posesión y el control total y absoluto.

DECRETO SUPREMO Nº 28701“HEROES DEL CHACO” EVO MORALES AYMAPRESIDENTE CONSTITUCIONALDE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocar-burífera vuelva a manos de la nación y seautilizada en beneficio del país. Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundenterespuesta a la pregunta 2, el pueblo ha deci-dido, de manera soberana, que el EstadoNacional recupere la propiedad de Todos los hidrocarburos producidos en el país. Que de acuerdo a lo expresamente dis-puesto en los Artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, los hidrocar-buros son bienes nacionales de dominio ori-ginario, directo, inalienables e imprescripti-bles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable. Que por mandato del inciso 5 del ArtÍculo 59 de la Constitución Política del Estado, los contratos de explotación de riquezas nacio-nales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0019/2005 de 7 de marzo de 2005. Que esta autorización y aprobación legis-lativa constituye fundamento del contrato de

explotación de riquezas nacionales por tra-tarse del consentimiento que otorga la na-ción, como propietaria de estas riquezas, a través de sus representantes. Que las actividades de exploración y pro-ducción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras. Que ha expirado el plazo de 180 días, se-ñalado por el Articulo 5 de la Ley Nº 3058 de17 de mayo de 2005 Ley de Hidrocarburos, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos. Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulneran-do la soberanía y la dignidad nacionales. Que de acuerdo a los Artículos 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, todas las empresas establecidas en el país se con-sideran nacionales y están sometidas a la so-beranía, leyes y autoridades de la República. Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplica-ción a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarbu-ros.




Que el Pacto Internacional de los Dere-chos Civiles y Políticos, como también el Pactode los Derechos Económicos y Culturales, sus-critos el 16 de diciembre de 1966, determinanque: … todos los pueblos pueden disponer li-bremente de sus riquezas y recursos naturales,sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningúncaso podrá privarse a un pueblo de sus pro-pios medios de subsistencia. Que Bolivia ha sido el primer país del Con-tinente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroi-ca, que se tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su pe-tróleo. Que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos so-ciales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía. Que por lo expuesto corresponde emitir la presente disposición, para llevar adelante la nacionalización de los recursos hidrocarburí-feros del país.

EN CONSEJO DE MINISTROSDECRETA: ARTICULO 1.- En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vincu-lante del 18 de julio del 2004 y en aplicación

estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocar-buríferos del país. El Estado recupera la propiedad, la pose-sión y el control total y absoluto de estos re-cursos.

ARTICULO 2.- I. A partir del 1 de mayo del 2006, las em-presas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolí-feros Fiscales Bolivianos YPFB, toda la produc-ción de hidrocarburos. II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización.

ARTICULO 3.- I Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supre-mo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitu-cionales. Al término de este plazo, las compa-ñías que no hayan firmado contratos no po-drán seguir operando en el país.II. Para garantizar la continuidad de la produc-ción, YPFB, de acuerdo a directivas del Minis-

terio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impi-dan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. III. YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido individualmente autorizados y aproba-dos por el Poder Legislativo en pleno cumpli-miento del mandato del inciso 5 del Artículo 59 de la Constitución Política del Estado,

ARTICULO 4.- I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada pro-medio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribui-rá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (quecubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades). II. Para los campos cuya producción cer-tificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transi-ción, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos. III. El Ministerio de Hidrocarburos y Ener-gía determinará, caso por caso y medianteauditorias, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida

en cada campo. Los resultados de las audi-torias servirán de base a YPFB para determi-nar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los con-tratos a ser firmados de acuerdo a lo esta-blecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo.

ARTICULO 5.- I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, al-macenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país. II. El Ministerio de Hidrocarburos y Ener-gía regulará y normará estas actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a Ley.

ARTICULO 6.- I. En aplicación a lo dispuesto por el Artí-culo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se trans-fierenen propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capita-lizadas Chaco SA., Andina SA. y Transredes SA. II. Para que esta transferencia no afecte el pago del BONOSOL, el Estado garantiza lareposición de los aportes por dividendos, que estas empresas entregaban anualmen-te al Fondo de Capitalización Colectiva. III. Las acciones del Fondo de Capitaliza-ción Colectiva que están a nombre de las Ad-ministradoras de Fondos de Pensiones en las




empresas Chaco SA., Andina SA. y Transre-des SA. serán endosadas a nombre de YPFB,

ARTICULO 7.- I. El Estado, recupera su plena participa-ción en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos. II. Se nacionalizan las acciones necesa-rias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Boli-via Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respec-tivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país.

ARTICULO 8.- En 60 días, a partir de la fecha de pro-mulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPEB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.

ARTICULO 9.- En todo lo que no sea contrario a lo dis-puesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y nor-mas vigentes a la fecha, hasta que sean mo-dificados de acuerdo a ley. Los Señores Ministros de Estado, el Pre-sidente de YPFB y las Fuerzas Armadas de laNación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supre-mo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de mayo del año dos mil seis.

FDO. EVO MORALES AYMA. David Choque-huanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés Solíz Rada, Walter Villarroel Morochi, San-tiago Alex Gálvez Mamani Ministro de Tra-bajo e Interino de Justicia, Félix Patzi Paco, Nila Heredia Miranda.

Argentina, un nuevo aliado para el gas

El 30 de junio de 2006, en el Municipio de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, el Pre-sidente Evo Morales y su homólogo argentino, Néstor Kirchner acordaron que este país com-praría provisionalmente gas boliviano a cinco dólares el millón de BTU (médida térmica bri-tánica, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2006; entre tanto se procesaba un acuerdo más amplio.

La administración del Presidente Evo Mo-rales, había anticipado al inicio de su gestión la necesidad de revisar los términos contractuales para la venta o exportación de gas boliviano “en mejores condiciones”, toda vez que los precios internacionales para este energético, eran en-tonces muy superiores al precio de comercia-lización que habían fijado anteriores gobiernos en gestiones pasadas.

El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner y el presidente de Bolivia, Evo Morales acuerdan la compra venta de gas natural en 2006.




Medios de información internacionales, divulgaron por esos días que Brasil, había pe-dido al gobierno de Kirchner, por la vía diplo-mática, no aceptar ningún alza del precio del gas boliviano. Es más, se comentaba con un misión de alto nivel del gobierno argentino se había trasladado hasta Buenos Aires, la capital argentina, para frenar cualquier intento de re-forma sobre precios. Después de algunos meses de tratativas y negociaciones, el 19 de Octubre de 2006, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, los manda-tarios de Bolivia y Argentina, firmaron, el 19 octubre de 2006, el Nuevo Acuerdo de Aso-ciación Estratégica en Materia de Energía que estableció el incremento del precio por millón de BTU de cuatro a cinco dólares, además del incremento progresivo de los volúmenes de venta de gas de 7,7 Millones de Metros Cúbi-cos por Día (MMmcd) hasta 27,7 MMmcd el año 2029. En los hechos la nueva relación contrac-tual impulsada por las excelentes relaciones diplomáticas con el gobierno Argentino y par-ticularmente con el Presidente Kirchner que brindó todo su apoyo al gobierno de Evo Mo-rales, abría el segundo gran mercado para la exportación de gas natural y convirtió a Bolivia en el centro energético de la región. La mejor señal política del acuerdo con la Argentina constituyó la reactivación de la capacidad exportadora de Bolivia ante el mundo, además de la posibilidad de inyectar nuevas inversiones a un mayor mercado ase-gurado, quebrando otro eje del ataque hacia la nacionalización de los hidrocarburos que comenzaba a rendir sus primeros resultados. En entonces Ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas Quiroga, afirmó en aquella oportunidad, “este histórico acuerdo convierte a Bolivia en el mayor distribuidor energético de Sudamérica y en el principal

polo de atracción de inversiones para el desa-rrollo del mercado de los hidrocarburos”. Se calculó que el negocio binacional movi-lizaría 49.800 millones de dólares; 32.500 sólo por concepto de exportación de gas natural; 7.900 millones por la comercialización de pe-tróleo asociado al gas; 5.400 millones por la extracción de licuables y 4.000 más por la de-puración del etano industrial. Entre las principales condiciones venta-josas que estipula el nuevo contrato con Ar-gentina se consigna un valor calorífico de sólo 1.000 Unidad Térmica Británica (BTU) con la posibilidad de recuperar mayores líquidos para el mercado interno, además de la imple-mentación de una fórmula de ajuste para el cálculo trimestral del precio de compra ven-ta con una canasta de “fuels” que incluye el diesel, en función de precios internacionales (WTI). Todo el conjunto de situaciones concretas y potencialidades en las que derivó el acuer-do con Argentina abrió el “cerco” de que las petroleras habían tendido alrededor de las aspiraciones de Bolivia, lo que fue considera-do por las autoridades de gobierno como “la ruptura del sindicato de las petroleras”. El contrato con la Argentina llegó en un momento clave para Bolivia y la nacionaliza-ción de los hidrocarburos pues le dio el impul-so suficiente para encarar las negociaciones de los nuevos contratos con las petroleras en mejores condiciones porque ahora podía ofrecer mercados. Ya no se podía alegar la fal-ta de mercados para constreñir la producción. Paralelamente, el histórico Acuerdo Bo-liviano Argentino, en los hechos, establecía que después de un decenio de privatización y capitalización que redujo a Yacimientos Petro-líferos Fiscales Bolivianos a condición residual, la estatal petrolera asumiría un rol protagóni-co en el negocio de los hidrocarburos.

Contratos de Operación con el Estado boliviano Un día antes del plazo fatal, establecido en el D.S. 28701, por el cual el Estado boliviano podía confiscar y administrar los campos pe-troleros en los cuales los titulares se negaran a migrar a una nueva relación contractual con el Estado, las compañías petroleras Vintage de EE.UU. y Total de Francia, esta última conside-rada la cuarta petrolera a nivel mundial, firma-ron los nuevos contratos de operación. Este hecho se produjo en el auditorio del edificio del Palacio de las Comunicaciones, el viernes 27 de octubre de 2006. “Nuestros hidrocarburos, nuestra digni-dad. Nacionalización ni un paso atrás”, se podía leer en una gigantografía colgada detrás de la testera oficial del evento desarrollado en vier-nes 27 de octubre de 2006, donde participaron el Presidente Evo Morales, el Vicepresidente García Linera, el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas y el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, entre otros miembros del gabine-te ministerial y cuerpo diplomático. Los ejecutivos de Total, informaron que esta empresa operadora invertiría $us 948 mi-llones en los próximos 30 años a objeto de de-sarrollar mayores proyectos de hidrocarburos en Bolivia. La decisión de las dos petroleras aceleró la negociación con las otras compañías que se enfrascaron en sendas negociaciones con las autoridades de YPFB y el Ministerio de Hidro-carburos, las cuales culminaron faltando pocos minutos para el sábado 28 de octubre cuando

los ejecutivos de las doce empresas petroleras restantes acudieron a la firma que inauguraría un nuevo ciclo de relación con el Estado, en condiciones equitativas para el país. “Todas las petroleras firman”; “Se consu-ma la Nacionalización”; “El gobierno ganó la pulseta a las petroleras”, son algunos de los ti-tulares de primera plana que matizaron al día siguiente el estado de relación entre el gobier-no y las petroleras después de seis meses de incredulidad, objeciones y desinformación. El presidente Evo Morales se dirigió al pueblo, señalando visiblemente emocionado: “Misión cumplida, misión cumplida con todo el pueblo boliviano”, al asegurar que consolidó la política más importante de su gobierno en diez meses de gestión. El Estado había convenido a las empresas petroleras a firmar contratos de operación que les brindarían seguridad jurídica, pero en me-jores condiciones de interés nacional. En total, las empresas habían comprome-tido invertir hasta cuatro mil millones de dóla-res, producto de la nueva relación contractual. La Cámara de Hidrocarburos, en un es-cueto comunicado, calificó las negociaciones como “duras”, aunque ponderó la ”seguridad jurídica” establecida. “El escenario que se ha planteado con la firma de nuevos contratos vis-lumbrará una relación positiva y duradera en-tre socios, las empresas y el Estado Nacional”, se subrayó.




Los contratos de operación como resultado del proceso de nego-ciación de los contratos petroleros, entre el 27 y 28 de octubre de 2006, YPFB suscribió 44 Contratos de Operación con las siguientes empresas: BG Bolivia Corporation-Sucursal Bolivia; Canadian Energy Entreprises C.E.E. Bolivia S.R.L., Compañía Petrolera Exploración y Explotación “Petrolex” S.A., Compañía Petrolera ORCA S.A., Dongwon Corporation (Sucursal Bolivia) , Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima EPAN S.A., Empresa Petrolera Chaco S.A. “EPCHA S.A.”, Matpetrol S.A., Mon-roy Electrónica y Control “Monelco” S.R.L., PAE E&P Bolivia Limited (Su-cursal Bolivia), Petrobras Bolivia S.A., Petrobras Energía S.A. Sucursal Bolivia, Pluspetrol Bolivia Corporation S.A., Repsol YPF E&P Bolivia S.A., Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, Vintage Petroleum Boliviana Ltd. (Su-cursal Bolivia).

El gobierno del Presidente Evo Morales ganó la pulseta con las petroleras, éstas firmaron los nuevos contratos de operación en octubre de 2006.




Las condiciones y requisitos del contrato de operación se establecen en el artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058:

• El titular ejecutará con sus propios me-dios y por su exclusiva cuenta y riesgo, a nombre de y en representación de YPFB, las operaciones correspondien-tes a las actividades de Exploración y Explotación dentro del área materia del contrato, bajo el sistema de retri-bución, en caso de ingresar a la activi-dad de Explotación.

• YPFB no efectuará inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o responsa-bilidad en las inversiones o resultados obtenidos relacionados con el contra-to, debiendo ser exclusivamente el ti-tular el que aporte la totalidad de los capitales, instalaciones, equipos, ma-teriales, personal, tecnología y otros necesarios.

• YPFB retribuirá al Titular por los servi-cios de operación, con un porcentaje de la producción, en dinero o en es-pecie. Debe aclararse que en cumpli-miento a la política de nacionalización de los Hidrocarburos y el Mandato del Decreto Supremo de Nacionalización en relación con la dirección, control y ejecución de toda la cadena de hidro-

carburos a cargo del Estado a través de YPFB, a pesar de que legalmente era posible la Retribución del Titular, es es-pecie, el Gobierno Nacional ha dejado claramente establecido como parte de su política y YPFB en cada uno de los contratos, que el pago es únicamente en dinero y que toda la Producción de Hidrocarburos es de propiedad de la empresa estatal. Este pago cubrirá la totalidad de sus costos de operación y utilidad.

• YPFB, por su parte, pagará las Rega-lías, Impuestos y Participaciones so-bre la producción, más los impuestos que le correspondan.

• La ejecución de todas las operaciones será supervisada por la Unidad de Se-guimiento y Control integrada por re-presentantes de YPFB y del Titular. Di-cha unidad empezará a funcionar tan pronto como se suscriba el contrato. Sus atribuciones y forma de represen-tación serán establecidas en un Regla-mento aprobado por el Ministerio de Hidrocarburos.

El Contrato de Operación suscrito por YPFB con las empresas petroleras garantiza el pago del 18% por concepto de Regalías y Participaciones, el 32 % de Impuesto Di-

recto a los Hidrocarburos (IDH); asimismo, establece las reglas sobre la Retribución del Titular (Costos Recuperables y Utilidad) y la Participación de YPFB. Las características principales de los Contratos de Operación que garantizan la Exploración y la Explota-ción de hidrocarburos en los campos obje-to de contratos para los siguientes 30 años son las siguientes:

El Objeto de Contrato es la ejecución por parte del titular (Empresa petrolera con la que YPFB ha suscrito el contrato), de todas las Operaciones Petroleras (explora-ción, evaluación, desarrollo, explotación y abandono) dentro del Área del Contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y a cambio de recibir de YPFB la Retribución del Titular. El Titular debe cubrir los Costos y proveer el personal, tecnología, instalaciones, mate-riales y el capital necesario para la realiza-ción de las Operaciones Petroleras.

La Propiedad de los Hidrocarburos es

un aspecto fundamental en el Contrato de Operación que reitera la disposición consti-tucional en relación a la propiedad del Esta-do sobre los yacimientos de hidrocarburos, y además establece en forma expresa que la propiedad de los Hidrocarburos Produ-cidos, corresponde a YPFB. Esa previsión contractual en plena compatibilidad con la

Política de Nacionalización da lugar a que el Contrato de Operación garantice también que todos los Hidrocarburos Producidos sean entregados por los Titulares a YPFB que será, a partir de la Fecha Efectiva de los contratos, el único comercializador de Hidrocarburos Producidos, tanto al merca-do interno como a mercado externo. Así, la empresa estatal asume en forma plena el eslabón de la Exploración y la Explotación (vía prestación de servicios por parte de las empresas petroleras), y la Distribución y Comercialización, sepultando para siempre el rol de simple aglomerador que la “ca-pitalización” le otorgó a YPFB residual; es decir, una especie de “tubo” `por el cual se comunicaban las empresas petroleras pro-ductoras y sus compradores y transcurría la producción hidrocarburífera del país hacia el mercado interno y el mercado externo sin mayor control por parte del Estado.

Patentes, Regalías, Participaciones e Impuestos se aplican dentro del marco de las disposiciones legales en vigencia, co-rrespondiendo al Titular el pago definitivo por concepto de Patentes y a YPFB el pago de Regalías y Participaciones e Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Por otra par-te, a pesar de que las normas tributarias se aplican por imperio de la Ley y no sur-te efecto sobre ellas ningún acuerdo entre partes, se aclara que los tributos en general




se aplican conforme a la Ley Nº 843 de Re-forma Tributaria y sus modificaciones y el Código Tributario Boliviano; esto quiere de-cir que tanto los impuestos directos como los indirectos se aplican a las Operaciones Petroleras, así como a las utilidades obte-nidas tanto por las empresas como por las empresas titulares como por YPFB.

La Retribución del Titular es siempre

en dinero, nunca en especie. Se ha esta-blecido que el Contrato de Operación, no da lugar a pago en especie, debido a que los Hidrocarburos Producidos son de pro-piedad de la empresa estatal. Una vez que se inicia la producción comercial del o los Campos en el Área de Contrato, la Retribu-ción del Titular es el pago por concepto de las actividades realizadas por la empresa Titular y consta de:

• Costos recuperables.- Montos destina-dos a cubrir los Costos Presupuestados y ejecutados por dichas empresas, los mismos que deben ser aprobados fisca-lizados y auditados por YPFB.

• Utilidad.- Una vez que se paguen las Regalías y Participaciones, así como los Costos Recuperables, el Titular tiene derecho a recibir utilidades (Participa-ción del Titular).

Además, es importante anotar la previ-sión que hace el Contrato de Operación en

relación con los Costos Recuperables acu-mulados; en sentido de que si al concluir el mismo, el Titular no recupera todos los Costos Recuperables, asumirá los montos como pérdida económica, sin que pueda ser repercutida en forma alguna a YPFB. Asimismo, el Contrato establece que la Retribución del Titular, constituye el único pago efectuado por YPFB por las Opera-ciones Petroleras y la empresa estatal no garantiza al Titular la rentabilidad en el Contrato y tampoco la recuperación de las inversiones en que incurra.

En cuanto a las Obligaciones de YPFB, en el Contrato de Operación, dicha empre-sa debe suministrar información y datos que disponga la empresa estatal y que el titular no tenga en su posesión en relación con el Área del Contrato, cooperar con el ti-tular para obtener de acuerdo con las Leyes Aplicables, los derechos de paso, de uso o servidumbre requeridos para las Operacio-nes Petroleras; cooperar con el Titular en las gestiones administrativas que tenga que efectuar ante las autoridades del Estado, así como supervisar todas las Operaciones Petroleras realizadas por el Titular bajo el Contrato.

Las Obligaciones de los Titulares y al-cances del Contrato de Operación están señaladas en cada una de sus cláusulas; sin embargo, se hace un listado adicional que establece las siguientes obligaciones:

• Conducir las Operaciones Petroleras

de forma continua y conforme a las Leyes Aplicables, las Prácticas de la Industria, los Planes de Desarrollo, Programas de Trabajo, y Presupuestos aprobados por YPFB, y los demás tér-minos y condiciones de Contrato.

• Producir los volúmenes necesarios para atender la demanda del mercado interno de acuerdo con los requeri-mientos de las Leyes Aplicables.

• Emplear el personal calificado, así como suministrar todos los recursos necesarios, para la ejecución de las Operaciones Petroleras y obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecución de las mismas, debiendo asegurarse de que estén de acuerdo con las normas y Prácticas Prudentes de la Industria.

• Responsabilizarse de los Hidrocarbu-ros Producidos hasta su recepción por parte de YPFB en los Puntos de Fiscali-zación.

• Presentar un programa de inversiones de inversiones para la renovación y modernización tecnológica de las plan-tas y demás instalaciones que actual-mente operan en el Área de Contrato

de acuerdo con las Prácticas Prudentes de la Industria.

• Abrir y mantener las cuentas corrien-tes bancarias en un banco en el país que serán utilizadas, entre otros fines, para cubrir operaciones denominadas en Bolivianos.

• Suministrar a YPFB toda la informa-ción, datos e interpretaciones relacio-nados con las operaciones petroleras, tales como datos científicos y técnicos obtenidos en razón de sus trabajos, perfiles eléctricos, sónicos, radiacti-vos y otros, cintas y líneas sísmicas, muestras de pozos, núcleos, testigos de formación, así como cualquier otra información similar e informes de eva-luación geológica, geofísica y de Cam-pos, junto con los planos y documen-tos correspondientes.

• Mantener en el Estado Plurinacional registros completos de todas las ope-raciones técnicas realizadas conforme contrato.

• Suministrar a YPFB toda la información sobre la existencia de riquezas mine-ras, hidráulicas y de otro tipo que se descubran como resultado de las Ope-raciones Petroleras, y abstenerse de exportar recursos naturales distintos de los Hidrocarburos.




• Mantener una sucursal o subsidiaria en el Estado Plurinacional y a un repre-sentante legal, ambos con domicilio legal en el país.

• Abstenerse de perforar, sin el consen-timiento de YPFB, cualquier pozo que pueda atravesar la proyección vertical de sus límites desde el Área del Con-trato.

• Ofrecer las más amplias facilidades para que los representantes de YPFB, del Ministerio, autoridades tributarias y ambientales realicen inspecciones contables e información relacionada con las Operaciones Petroleras.

• Asegurar que los Hidrocarburos descu-biertos en el Área del Contrato no se derramen o despierten en cualquier forma, y evitar el daño a los estratos que contengan hidrocarburos y a los que contengan depósitos de agua.

- Cumplir con todas las obligaciones en materia de Derechos de los Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios, establecidas en la Ley de Hidrocarbu-ros.

- Obtener las autorizaciones ambienta-les y de las instancias correspondien-tes que se requieran para realizar las Operaciones Petroleras y, al concluir

cada trabajo, realizar la restauración del área afectada de conformidad con su correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental o Declaratoria de Adecuación Ambiental.

- Mantener informadas permanente-mente a la Unidad de Seguimiento y Control y a YPFB del desarrollo de to-das las actividades efectuadas duran-te la vigencia del Contrato, mediante informes diarios, semanales y men-suales sobre el proceso de las Opera-ciones Petroleras y otros informes es-tablecidos en el Contrato.

- Recibir a estudiantes o egresados de educación técnica superior o relacio-nados con la industria petrolera, para que realicen prácticas y estudios en los Campos del Área del Contrato y en las oficinas del Titular del Estado Plurina-cional, debiendo adicionalmente en-tregar una ayuda económica mensual por estudiante, que será considerada Costo Recuperable.

• Exigir a sus subcontratistas que adop-ten las medidas para proteger la vida, el derecho de propiedad, sembradíos, cosechas, pesca, flora y fauna silvestre y otros derechos vinculados a las pro-tección social y del medio ambiente.

• Dar preferencia a la contratación de bienes producidos en el Estado Pluri-nacional o servicios prestados por em-presas nacionales, siempre y cuando dichos bienes y servicios se ofrezcan en condiciones similares de calidad, precio y disponibilidad, en el momen-to, lugar y en las cantidades requeri-das.

• Responsabilizarse por cualquier pérdi-da o daño causados a terceros por sus Subcontratistas o sus empleados, por acción u omisión y deberá indemnizar al Estado por sus Subcontratistas o sus empleados, por acción u omisión y deberá indemnizar al Estado o a sus dependencias y a terceros, por las res-ponsabilidades emergentes de dichos actos u omisiones liberando a YPFB de toda responsabilidad. Estos costos no se consideran costos recuperables.

• Cumplir con las Leyes Aplicables en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, li-berando a YPFB y al Estado y a sus de-pendencias de cualquier reclamo que pueda resultar por el uso indebido o no autorizado de dichos derechos.

• Comunicar inmediatamente a YPFB cualesquiera procedimientos arbitra-les, judiciales o administrativos en que

sea parte o estuviere de algún modo involucrado, en relación al Contrato.

• Asumir frente a YPFB la responsabili-dad por cualesquiera pérdidas, perjui-cios, daños, acción, juicio o procedi-miento ocasionado por actos ilícitos, negligencias, culpa grave o dolo de sus empleados o subcontratistas, exi-miendo a YPFB de toda reclamación o responsabilidad que de ello emane. Los Costos incurridos por el Titular en cualquiera de las cuestiones antes mencionadas no se considerarán Cos-tos Recuperables. La responsabilidad abarca los daños directos.

En relación con el Mercado Interno, en cumplimiento a las normas de la Ley de Hi-drocarburos, los Contratos de Operación estipulan que las empresas deben cumplir con la entrega de volúmenes de hidrocar-buros suficientes para el abastecimiento de dicho mercado, así como las demandas adi-cionales del mismo. Asimismo, el contrato establece que el incumplimiento de dicha obligación constituye causal de termina-ción del Contrato.

Respecto del personal de las empresas Titulares y su correspondiente capacita-ción, el Contrato de Operación establece la preferencia de la contratación de traba-jadores bolivianos en los diferentes niveles de la empresa, dejando un margen legal




máximo de un 15 % de trabajadores ex-tranjeros. El personal de la empresa y de YPFB debe ser capacitado en forma per-manente por la empresa Titular en el últi-mo caso conforme a los programas apro-bados por YPFB, y los Costos se consideran Costos Recuperables garantizando así una capacitación óptima.

La subcontratación de empresas se en-cuentra regulada en función de los montos a ser contratados en tres Procedimientos: Procedimiento A (Inferior a $us 350.000.-); Procedimiento B (Entre $us 350.000.- y 4.000.000.-); procedimiento C (Superior a los $us 4.000.000).

El Control sobre el Contrato de Ope-ración es un tema de importancia pues se establece la obligación para el Titular de lograr el consentimiento de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para ceder, gravar o transferir directa o indirectamente los derechos u obligacio-nes emergentes del Contrato, esto alcanza inclusive a la participación en las empre-sas que conforman al Titular. La previsión contractual responde al principio de que el Estado debe asumir el control y dirección de la cadena de hidrocarburos. Es más, el Contrato estipula que cuando las empre-sas Titulares fueren objeto de un cambio de control involuntario u hostil, YPFB po-drá observar dicho cambio por razones de

política de Estado o por haber el nuevo controlante demandado a YPFB o al Esta-do boliviano ante tribunales internaciona-les, y exigir el cambio de control que debe ser ejecutado dentro del plazo de un año, y en caso de no procederse al cambio YPFB (sin pago alguno) debe tomar la participa-ción de la empresa que hubiere cambiado el control.

Los mecanismos de Solución de Con-troversias son tres:

• Reuniones Extraordinarias ante la Uni-dad de Seguimiento y Control para re-solver la controversia.

• Peritaje Técnico, en el cual, de común acuerdo, se designa a un perito inde-pendiente y se define el objeto y pro-cedimientos a ser implementados. El Dictamen pericial es no vinculante.

• Arbitraje, que se realizará conforme a la Ley de Arbitraje y Conciliación Nº 1770 de 10 de marzo de 1997, bajo las siguientes condiciones: la sede del ar-bitraje será la ciudad de La Paz, Bolivia; las leyes aplicables serán las leyes de la República de Bolivia; el número de árbitros será tres (uno nombrado por YPFB, uno por el Titular y el tercero por los árbitros antes nombrados, (con el consentimiento de las Partes); si el ter-

cer árbitro no es nombrado dentro de 60 días a partir del nombramiento del segundo, o si alguna parte no nombre a un árbitro, éste será nombrado de acuerdo con el Reglamento de la Cá-mara de Comercio Internacional-CCI; el arbitraje se llevará a cabo conforme al procedimiento y Reglamento de Arbi-traje de la CCI, y se conducirá en idioma español.

Asimismo, se prevé la renuncia de las partes, a formular cualquier reclamo, en la vía diplomática.

Dentro de las Causas de Terminación del Contrato a simple notificación por parte de YPFB se contemplan el incumpli-miento en la ejecución de las Unidad de Trabajo para la Exploración; incumplimien-to del Plan de Desarrollo; negativa al Titu-lar de producir los volúmenes necesarios para el abastecimiento del mercado inter-no de acuerdo con las Leyes aplicables; incumplimiento del pago por reembolso a YPFB de las Patentes dentro del plazo de 30 días de notificación al Titular por YPFB con la correspondiente certificación de pago; interrupción de la producción en un Área de Exploración, excepto por cau-sas técnicas justificadas e informadas en forma previa y por escrito y aceptadas por YPFB o si el Titular se encuentra en algún

otro incumplimiento substancial derivado del Contrato.

La información en el Contrato de Infor-mación. El titular reconoce como propie-dad de YPFB toda la información que ésta le proporcione en relación con el Contrato. La disposición no alcanza a los inventos o procesos tecnológicos patentados por el titular e informados para sus registros a YPFB.

• Obligación de confidencialidad. El Ti-tular debe guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el Contrato y sobre documento e in-formación técnica y comercial. La con-fidencialidad no se aplica a la informa-ción que:

- Sea de dominio público- Hay sido obtenida de terceros que ten-

gan derecho a la divulgarla.- Deba ser divulgada por requerimiento

de leyes.• Divulgación de información. El Titular

tendrá derecho a divulgar informa-ción a profesionales, bancos u otras entidades financieras, inversionistas o subcontratistas, cuando la información pudiera razonablemente ser necesaria para el seguimiento de sus obligacio-nes conforme al Contrato, siempre que mediaren convenios de confidenciali-dad con el Titular:


188 PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES

En relación al Abandono de Campos, el Contrato de Operación establece que el Titular es responsable de realizar todas las Operaciones de Abandono conforme a las Leyes Aplicables y a las Prácticas Prudentes de la industria relativas al Abandono, de-biendo incluir en cada uno de los Progra-mas de Trabajo y Presupuestos de Desarro-llo y de Explotación un capítulo relativo al Abandono.

Asimismo, el Contrato prevé la transfe-rencia de fondos por parte del Titular para cubrir las indicadas operaciones.

De conformidad a la Ley de Hidrocar-buros, el Contrato de Operación establece que todas las Operaciones Petroleras serán supervisadas por la Unidad de Seguimiento y Control conformada por representantes del Titular y de YPFB. Debe aclararse que esta Unidad constituye una instancia dife-rente de la de control y fiscalización a cargo de YPFB, que en ejercicio de sus atribucio-nes y en nombre del Estado debe cumplir dichas funciones.

Por último, en cumplimiento al Artículo 135 de la Constitución Política del Estado, las empresas Titulares se someten expresa-mente a la soberanía nacional, sea por la cláusula de renuncia de reclamos o en la vía de aceptación de ejecución a la Cons-titución, las leyes y a las autoridades nacio-nales.

Por lo expuesto, el Contrato de Opera-ción, en su cuerpo principal y sus Anexos, cumple las normas de la Constitución Po-lítica del Estado, la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo de Nacionalización, ga-rantizando las operaciones de Exploración y Explotación mediante la prestación de servicios por parte de las empresas petro-leras, bajo el control y fiscalización de YPFB que, además, en su calidad de propietario de los Hidrocarburos Producidos, toma la producción, total de los mismos, a través de los Acuerdos de Entrega. En ese sentido, la vigencia de los Contratos de Operación garantiza también la distribución y comer-cialización de Hidrocarburos a cargo de YPFB.


libro parte-1

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