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articulo sobre garantías en el proceso penal Julio B Maier

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  • 6. LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALESDEL DERECHO PROCESAL PENAL ARGENTINO (Principios relativos al procedimiento)

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    A. EL PODER PENAL DEL ESTADO: LIMITES Y ORGANIZACIN

    Parece razonable distinguir, en la evolucin de la organizacin social, tres periodos fundamentales: la sociedad primitiva, formada sobre la base de "grupos parentales" (tribu), que desconoca la existencia de un poder poltico central; la sociedad culturalmente evolucionada, que organiza definitivamente un poder poltico central, el Estado; y la sociedad moderna, que, a ms de reconocer las ventajas de la organizacin estatal para la vida del hombre en sociedad, al establecer cierto orden para las relaciones entre los individuos que la componen, advierte las desventajas que ese orden establecido por unos puede traer aparejado para otros y procura que los conflictos sociales, a todo nivel, se decidan conforme a acuerdos y formas racionales que protejan a todos los interesados.

    En la primera forma social el poder penal pertenece, como en el Derecho germano antiguo, al ofendido y su tribu, segn lo hemos visto en el pargrafo anterior ( 5, B). A partir del siglo XIII comienza a consolidarse la instancia poltica central, con la creacin de los estados nacionales, que, en el tema especfico de la realizacin del poder penal, provocan el nacimiento de la Inquisicin ( 5, D). La poca actual, desde el siglo XVIII, corresponde a la tercera forma social, en la cual se procura definir el orden comunitario a travs de compromisos polticos, con participacin de quienes deben observarlo, y resguardar formalmente el poder transferido para realizar el orden establecido; su producto, en ma-teria penal, es la reforma de la Inquisicin (5, E)203.

    203 Hasta aqu, con mayores referencias al Derecho penal material, cf. Stratenwerth, Gnter. Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, Ed. C. F. Mller, Heidelberg-Karlsruhe, 1977, ps. 5 y siguiente, (tr. castellana de

    6. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES [PROCEDIMIENTO] 235

    Interesa reconocer que, en un determinado momento del desarrollo social, el poder penal se transfiere del individuo o su grupo parental inmediato a una instancia poltica central, al Estado. A la venganza privada del ofendido o su tribu, traducida en una accin fsica contra el agresor, le sucede lo que modernamente se conoce por accin procesal o, en nuestra materia, persecucin penal, ejercida en un primer momento por el ofendido -o sus parientes inmediatos, de quienes dependa (accin privada) o el ciudadano (accin popular), y, tiempo despus, por el Estado, quien expropi ese poder de manos del individuo y monopoliz el poder penal 204. Esta transferencia del poder penal, con representar un modo ms civilizado para decidir los conflictos, al evitar la venganza privada, porta en s misma el planteo de un problema grave: el poder penal, tanto en su definicin, cuanto en su ejercicio prctico, representa, en manos del Estado, el medio ms poderoso para el control social; su utilizacin en pos de lograr la paz social puede servir tanto a un grupo de individuos, que ostentan el poder poltico, para sojuzgar a sus semejantes, reprimiendo toda desobediencia, cuanto a mayoras para someter a minoras o, aplicado racionalmente, para resguardar ciertos valores esenciales para la vida de una comunidad organizada, a los que todos sus miembros han prestado consenso, a travs de algn mtodo de verificacin sobre el acuerdo social.

    Vienen de antao las limitaciones al poder penal, pues toda regla jurdica acerca de una potestad, por elemental que ella sea, cumple la funcin bsica de ceirla; as, por ejemplo, entregar la competencia a alguien significa vedarla a los dems, y, en materia penal, limitar la venganza a la intensidad de la ofensa talin expresa la voluntad de mostrar como antijurdica aquella reaccin que sobrepasa ese lmite 205. Pero un programa racional de limita-

    Enrique Bacigalupo, El futuro del principio jurdico penal de culpabilidad, Instituto de Criminologa de la Universidad Complutense, Madrid, 1980, ps. 87 y siguientes).

    204 Cf. Vlez Marconde, Derecho procesal penal, cit-, t. II, 3a- parte,cap. I, l,ps. 15 y siguiente.

    205 De all que derecho y fuerza no sean identificables, aunque uno precise de la otra, lo que comprueba la perpetua tensin que existe entre ellos.

    234

  • 236 DERECHO PROCESAL PENAL ARGENTINO 6. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES [PROCEDIMIENTO] 237

    ciones, para que el poder penal no se convierta en instrumento del sometimiento poltico, slo aparece cuando se expresa la sentencia que nos coloca a todos en posicin de igualdad frente a la ley (CN, 16) y nos permite a todos ejercer nuestra influencia para formar la voluntad de la ley (CN, 1), cuanto ms no sea a travs de nuestros representantes, esto es, desde las ideas que tuvieron su origen en el siglo XVII y su principio de realizacin prctica en el siglo XVIII. Desde all en adelante, con la creacin del Estado de Derecho, se declaran una serie de derechos y garantas que intentan proteger a los individuos, miembros de una comunidad determinada, contra la utilizacin arbitraria del poder penal del Estado; ellos conforman la base poltica de orientacin para la regulacin del Derecho penal de un Estado, el marco poltico dentro del cual son vlidas las decisiones que expresa acerca de su poder penal, sean ellas generales o referidas a un caso concreto. De all que, desde el punto de vista de la porcin del orden jurdico que abarca el Derecho penal, tanto material cuanto formal, se conozca a estas orientaciones bajo el nombre de principios constitucionales, en cuanto ellas emanan de la ley suprema que otorga fundamento de validez (vigencia) al orden jurdico.

    Los constitucionalistas, con alguna razn, han distinguido, semntica-mente, entre declaraciones, derechos y garantas'06, cuyo contenido conforma la primera parte de nuestra Constitucin nacional. Dicho de manera general, las declaraciones encierran la presentacin poltica del tipo de organizacin estatal que elegimos, hacia adentro (ciudadanos-habitantes del pas) y hacia afuera (otros estados extranjeros o residentes fuera de su mbito de vigencia) (ej.: CN, 1 y 2), los derechos -que tambin se de