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Nº9Nota de política

la iNVeRSiÓN eN la iNFaNcia Una condición indispensable para el desarrollo económico y social eqUitativo y sostenible

sitUación de paragUay

Es imprEscindiblE la invErsión En los niños, niñas y

adolEscEntEs dE una manEra Equitativa, dado quE todos nacEn igualEs En dErEchos.

pEro Es importantE rEconocEr quE, adEmás Es la invErsión

más rEntablE quE un país puEdE hacEr para mEjorar su dEsarrollo Económico. Esto

Es EspEcialmEntE importantE En paraguay En Estos momEntos

En los quE Está viviEndo un bono dEmográfico, quE

no sE va a rEpEtir nunca más En su historia. niños

sanos, nutridos, Educados y protEgidos sErán los adultos

plEnos y productivos quE nEcEsita El país.

2013 febrero

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Serie Notas de Política realizadas en el marco de la plataforma de organizaciones Paraguay Debate. Los artículos podrán ser citados, siempre que se mencione la fuente.

Nota elaborada por Unicef/ Frente por la Niñez y la Adolescencia.

Integrantes del Frente: CIRD, CDIA, Dequení, Fe y Alegría, CCFC, UNFPA, Global Infancia, Juntos por la Educación, Paraguay Educa, Plan, Save the Children, Teletón, Asociación Trinidad y Unicef, que tiene

a su cargo la Secretaría Ejecutiva.

la iNVeRSiÓN eN la iNFaNcia

FReNte poR la Niñez y la adoleSceNcia / UNiceF

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A los fines de este documento, y cada vez que se hace uso de la palabra “niño”, nos referimos a niños, niñas y adolescentes como todo ser humano menor a 18 años de edad, conforme con el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Presentación

La presente Nota de Política ha sido elaborada como un aporte destinado a enriquecer la discusión de políticas públicas en el escenario de las Elecciones 2013 y es una de varias en-tregas programadas en el marco de esta iniciativa interinstitucional PARAGUAY DEBATE que nuclea a varias Organizaciones y Asociaciones de la Sociedad Civil.

El objetivo general de la Plataforma PARAGUAY DEBATE es alentar y enriquecer el debate político en el país, con pensamientos y propuestas, en torno a los temas más relevantes de una agenda de políticas públicas para el período de gobierno 2013-2018. El objetivo es provocar la discusión de los temas escogidos, que se orientan tanto al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a la sustentabilidad del desarrollo económico y social.

Se ha elegido poner a disposición de la ciudadanía, los productos elaborados por nuestras organizaciones a partir de la evidencia científica y de opiniones autorizadas sobre los te-mas. Se ha creído que esta es la forma más apropiada de promover el debate público con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los formadores de opinión y los equipos técnicos de los partidos políticos. Se pretende, así, generar espacios de formación y debate ciudadano acerca de las propuestas provenientes de diversos sectores de la sociedad paraguaya y de los propios partidos políticos.

Para propiciar una divulgación más amplia de los materiales, cada Nota de Política presen-tada en esta plataforma será, a su vez, “traducida” en tres diferentes formatos que estarán disponibles tanto en versión impresa como digital. En primer lugar, un resumen ejecutivo (brief ) destinado a los equipos técnicos de los partidos políticos y movimientos que com-petirán en las elecciones. En segundo lugar un material de divulgación masiva destinado a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de in-centivar la demanda de respuestas políticas a las problemáticas presentadas. Finalmente un material destinado a trabajadores de la comunicación y formadores de opinión que aborde la temática expuesta en cada nota de una forma breve y concisa, desde una perspectiva periodística.

PARAGUAY DEBATE apuesta a que la discusión de políticas públicas comience a instalarse como una práctica de la ciudadanía de manera a estructurar demandas con mayor conte-nido a los candidatos/as en pugnas eleccionarias y como una forma de dar mayor cabida al debate como factor influyente a la hora de depositar el voto ciudadano.

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el bienestar de sus niños es el mejor indicador del desarrollo de un País

En la última década, la pobreza en América Latina viene descendiendo de manera paulati-na. Sin embargo, la indigencia o pobreza extrema se mantiene más rígida, al menos en los últimos años. Por su parte, la desigualdad en materia de distribución del ingreso también se redujo en este periodo, aunque todavía sigue siendo uno de los principales desafíos de la región1.

Los niños, niñas y adolescentes son la clave para romper el ciclo intergeneracional de la po-breza. Este círculo vicioso se puede transformar en un círculo virtuoso en la medida en que todos los niños ejerzan sus derechos fundamentales. Invertir en los niños, niñas y adoles-centes no es una cuestión de caridad o de incluir una dosis de simpatía (o empatía) en una estrategia de desarrollo económico. Se trata de invertir en desarrollo humano2, de crear una sociedad cohesionada y una economía fuerte incluyendo efectivamente a este grupo etario del cual depende nuestro futuro, aunque paradójicamente lo olvidamos en el presente.

Por supuesto, no podemos hablar de esta población sin tener presente la importancia de la maternidad y paternidad responsable, así como la necesidad de que las mujeres reciban toda la información, los cuidados y los insumos para ejercer el derecho a una maternidad segura.

Ningún país ha sostenido un crecimiento económico –y menos aún con equidad– con altos niveles de analfabetismo, desnutrición generalizada, morbilidad endémica, violencia, abuso, trata y explotación de su población, y particularmente cuando afectan en mayor medida a su niñez.

Por el contrario, niños y niñas con una nutrición adecuada, un buen estado de salud y un entorno seguro que los proteja de la violencia y los abusos, liberados del trabajo infantil, la explotación y la discriminación, constituyen el terreno más fértil para el aprendizaje a lo largo de sus vidas, de las habilidades que les permitirán llegar a ser adultos plenos y pro-ductivos.

Es necesario advertir, sin embargo, que desde el enfoque del desarrollo humano las perso-nas ocupan el centro del desarrollo, y se convierten así no sólo en los medios (capital huma-no), sino en el fin mismo del desarrollo. La perspectiva del capital humano enfatiza el valor de la persona en tanto medio, agente o factor de producción.

1 Cepal, Panorama social de América Latina 2012.2 Entendido como “el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían

sus opciones y oportunidades” (PNUD, Informe de desarrollo humano).



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3 Basado en el documento “¿Cómo influenciar una mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias”, Unicef, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2005.

Por eso mismo, el desarrollo tampoco, desde el mencionado enfoque, se circunscribe al crecimiento económico, sino al desarrollo en su integralidad: económico, social, político y cultural. No es eficiente disociar las dimensiones que integran la realidad denominada “desarrollo”, como tampoco es disociar a la realidad denominada “persona”. Los fracasos y debilidades de las políticas públicas precisamente devienen de esta visión fragmentada de una realidad que es integrada y cuyas partes se afectan o condicionan mutuamente.

En mayo de 2012, durante el Consenso de Copenhague, se preguntó a un grupo de líderes mundiales, economistas, entre ellos cuatro premios Nobel, en qué invertirían si tuvieran US$ 75 mil millones para gastar en los próximos 4 años y su objetivo fuera mejorar el bienestar de la humanidad, en especial de los países en desarrollo, con el fin de resolver algunos de los mayores problemas del mundo. El panel conformado concluyó que las cinco prioridades para los responsables políticos y filántropos fueran agrupadas en intervenciones para:

1. reducir la mala nutrición, el hambre y mejorar la educación;2. aumentar el subsidio para el tratamiento contra la malaria;3. aumentar la cobertura para inmunización infantil;4. eliminar los parásitos de la población infantil en edad escolar;5. aumentar el tratamiento a la tuberculosis.

Los cinco puntos son imprescindibles para los niños y para la formación del capital humano para el desarrollo de un país.

¿Por qué invertir en la infancia?3

Existen al menos tres argumentos teórico-conceptuales que justifican la inversión social en general, y en la infancia en particular.

argumento ético

Este argumento parte de considerar a la inversión social como un imperativo ético. La univer-salidad de los derechos humanos debe constituir el fundamento de una nación que per-sigue la equidad e igualdad de sus ciudadanos. Nuestra Constitución (art. 54), así como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) –ratificada por todos los países de América Latina y el Caribe–, garantiza a niños, niñas y adolescentes la satisfacción de sus necesida-des básicas como derecho económico y social y establece que los Estados deben hacer efec-tivos dichos derechos “hasta el máximo de los recursos que dispongan”. Desde esta óptica,

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la inversión social se constituye en un instrumento de implementación de derechos, y por tanto de equidad y bienestar.

argumento económico

Este argumento trata de evidenciar los estrechos y complementarios vínculos existentes entre la política social y la política económica y, con ello, los beneficios derivados de la inver-sión social sobre el crecimiento económico y la productividad. Niños y niñas bien nutridos y alimentados desarrollan óptimas capacidades físicas e intelectuales y constituyen la reserva productiva de la sociedad del futuro; trabajadores educados, cualificados y sanos permiten potenciar las fuentes del crecimiento económico presente, adaptándose a las necesidades de conocimiento y destrezas cambiantes que la nueva economía exige.

Por otra parte, el concepto de bono demográfico está estrechamente ligado a una oportu-nidad puntual durante un tiempo específico. Si no actuamos ahora, nuestra población va a ser menos productiva y no va a poder enfrentar los crecientes costos de la protección social ligados al envejecimiento de nuestra población.

argumento político

El éxito (o fracaso) del sistema democrático radica en su capacidad de garantizar la ciuda-danía plena (derechos civiles, políticos y sociales) de su población. Este argumento se apoya en los fuertes vínculos entre el ámbito social y el político. Una inversión social insuficiente, con acentuados niveles de inequidad y severa pobreza, constituye una combinación perju-dicial para el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de los países.

relación entre inversión en la infancia, desarrollo humano y desarrollo económico

En la actualidad son innegables los nexos recíprocos entre desarrollo humano y crecimiento económico4. Un mayor desarrollo humano genera más crecimiento a medida que una po-blación más sana y educada contribuye a mejorar el desempeño económico. Asimismo, el crecimiento económico promueve el desarrollo humano a medida que la base de recursos para invertir en el capital humano se amplía. En el siguiente diagrama se observa con clari-dad los vínculos entre el desarrollo humano y el crecimiento económico.

4 Un mayor detalle puede verse en Ranis, Stewart y Ramírez (2002).



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6. 5a y 5b como factores y herramientas

para mejorar las capacidades y oportunidades de las personas

5b Priorización y magnitud del

gasto social

5a Nivel y destino del gasto de los hogares

2a Ahorro e inversión nacional

y extrajera

1. Capacidades de trabajo, gerencia, emprendimiento

2. Uso de tecnología e

investigación, su adaptación local,

innovación

3. Nivel y composición de

producción y exportaciones y su resultado

4b Ingreso para

el Estado

4a Ingreso de los hogares e incidencias en

la pobreza

Crecimiento económico

Progreso en el Desarrollo

Humano

diagrama 1. vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano5

5 “Informe nacional sobre desarrollo humano 2008”, PNUD Paraguay.

cadena a

cadena b

Ninguno de los países que comenzó con un sesgo prodesarrollo económico pudo pasar de allí a un ciclo virtuoso; todos ellos volvieron a caer en el ciclo vicioso (desarrollo humano de-ficiente, escaso crecimiento económico). En consecuencia, no se puede avanzar a un ciclo virtuoso si hay sesgo en favor del crecimiento económico, ya que ello conduce a un punto muerto. En cambio, algunos países que comenzaron con un sesgo prodesarrollo humano efectivamente lograron avanzar hasta situarse en el grupo de ciclo virtuoso.

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Además, sin desarrollo humano extendido a toda la población no es pensable un creci-miento económico de calidad, esto es, generador de empleo, ampliamente distributivo y ambientalmente sostenible. Este tipo de crecimiento precisa de una población educada, sana, productiva y ambientalmente responsable. Iniciativas mundiales como la del Pacto Global, impulsada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y la de responsabilidad social empresarial, de más larga data, impulsada por el sector empresarial, son precisamente ámbitos de impulso de la calidad del crecimiento económico en el con-texto del enfoque del desarrollo humano.

Para romper el círculo vicioso de la pobreza y alcanzar niveles de desarrollo social y eco-nómico sostenibles, es imperativo trabajar con la población desde los primeros años de vida de niños y niñas, y aún antes, durante el periodo de gestación de la madre. Si además se focaliza en la niñez de los estratos más pobres y vulnerables, el proceso tiene un efecto potenciado.

En este punto es importante mencionar que la pobreza infantil merece una consideración especial y debe ser colocada en el centro del debate para cualquier política de desarrollo. La pobreza de niños y niñas difiere de la de los adultos, dado que limita su acceso equitativo a los servicios sociales de salud, educación y agua potable en el momento de crecimiento más importante de la vida humana. Además, porque la pobreza los expone a todo tipo de violencia por su indefensión y vulnerabilidad. Esta pobreza infantil genera un desarrollo insuficiente de sus capacidades humanas, que los marca definitivamente por toda su vida, e incluso la de sus hijos. Por ejemplo, una niña desnutrida y enferma tiene un escaso desa-rrollo neuronal, y no tiene capacidad de aprender, dejará pronto la escuela probablemente por un embarazo temprano, y será pobre durante toda su vida, dado que incluso con pro-gramas de aprendizaje para adultos tendrá pocos resultados, y sus hijos replicarán el ciclo de la pobreza.

Para la economía de un país no sólo debe ser importante alcanzar niveles elevados de ri-queza, medida por el producto interno bruto (PIB), sino cómo ésta se distribuye entre los distintos estratos de la población y en qué medida su generación es sostenible. Además de la magnitud del crecimiento, su equidad y sostenibilidad también son importantes, así como el uso que se hace de esta riqueza para seguir mejorando su capital humano, el desarrollo de sus niños, niñas y adolescentes.

¿cuáles son los retornos de esta inversión?

Se estima que la inversión en los niños, niñas y adolescentes puede ser muy eficaz, y que los beneficios sociales y económicos son potencialmente muy grandes. Una evaluación del proyecto High/Scope Perry Preschool, uno de los más conocidos en Estados Unidos, estimó



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16 dólares de beneficios por cada dólar invertido en la primera infancia, en desarrollo in-fantil temprano, siendo los beneficios públicos estimados en US$ 12,90 por dólar invertido (Schweinhart et al., 2005).

La reducción de la mortalidad infantil en 4,25 por cada mil niños nacidos (alrededor del 5% de la muestra estudiada) de madres con bajos niveles de educación puede resultar en un aumento de casi el 8% del PIB per cápita 10 años después (Grimm, 2010).

Los primeros 1.000 días a partir del inicio del embarazo hasta el segundo cumpleaños del bebé son críticos para el desarrollo humano a largo plazo. Una nutrición adecuada du-rante este periodo produce beneficios para toda la vida: crecimiento sano y desarrollo del cerebro, sistema inmunológico más fuerte, cociente intelectual más alto, mejor desempeño escolar, mayor potencial productivo. Se estima que una nutrición adecuada en los primeros 1.000 días de los niños y niñas podría potenciar un ahorro a nivel global de 20 a 30 billones de dólares en gastos de salud6, incrementar la ganancia en productividad de hasta US$ 138 por cada dólar invertido7 y elevar el PIB en 3% anualmente8.

La tasa promedio de retorno de la educación se estima en torno al 10% a nivel mundial. Esta tasa varía, sin embargo, dependiendo de si se tuvo acceso a educación primaria, secundaria o terciaria, así como sobre la riqueza del país (Psacharopoulos y Patrinos, 2002).

Los programas de transferencias monetarias condicionadas en Brasil (Bolsa Familia) y en México (Oportunidades) contribuyeron en la reducción del coeficiente de Gini, una medida de uso común de la desigualdad de los ingresos, en torno al 21%, y en Chile (Chile Solida-rio), en 15%. (Soares et al., 2009).

En Paraguay se pudo comprobar en algunos estudios piloto realizados por Unicef que el Programa de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad Tekoporá ha tenido im-pactos positivos en la asistencia escolar e incluso, aunque en menor medida, mejores cali-ficaciones en los niños de familias beneficiarias del programa comparados con aquellos de familias no beneficiarias. Según una evaluación de Tekoporá de 20119, el 92,6% de niños y niñas menores de 5 años asistió a un servicio de salud y el 98,6% tenía carné de vacunación. Entre los niños y niñas de 5 a 14 años, el 74,6% asistió a los servicios de salud. En educación, el 86% de la población de 5 a 18 años de edad estaba matriculado. Además, se registró una leve mejoría en las condiciones de las viviendas y acceso al agua potable. El 65,2% de los titulares de las transferencias es mujer.

6 FAO, “State of food insecurity in the world”, 2004.7 The World Bank, “Repositioning nutrition as central to development”, 2006.8 Copenhagen Consensus 2012, “Challenge paper: hunger and malnutrition”.9 Dirección del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP). Encuesta aplicada

a 2.366 hogares representativos de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caagua-zú, Caazapá y Canindeyú, agosto de 2011.

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Pero no invertir genera costos: niños y niñas llegados a la edad productiva sólo podrán acceder a empleos de baja calidad, serán más propensos a enfermedades que supondrán significativas cargas al sector de la salud pública. Igualmente, serán menos productivos y el Estado deberá invertir ingentes recursos en la búsqueda de nivelar sus capacidades, de forma a promover la empleabilidad y, con ello, el acceso a mejores empleos, y apoyarlos con programas de protección.

El estudio denominado “Impacto económico y social de la desnutrición en Paraguay”10 pre-sentó evidencias de los efectos de la desnutrición en la salud, la educación y en la pérdida de productividad. Según el estudio, los costos totales de la desnutrición al año 2005 alcanzaron aproximadamente unos 149 millones de dólares. El costo de la desnutrición fue 37% superior a los gastos públicos en salud (incluyendo agua potable y saneamiento básico) del año 2005.

avances y desafíos en Paraguay

Ante el inminente inicio, en 35 años más, de los procesos de envejecimiento acelerado de nuestra población y de progresiva disminución de la proporción de la población en eda-des productivas, resulta imperiosa la necesidad de fortalecer las capacidades de la actual población infantil, sobre cuyos hombros habrá de recaer en el futuro la responsabilidad de sostener a un país con una realidad demográfica compleja y muy diferente a la que enfrenta hoy, que está pasando por su único e irrepetible bono demográfico.

inversión en niñez y adolescencia

La mayor importancia otorgada a la inversión en la infancia ha permitido significativos avances en los indicadores sociales que apuntalan el desarrollo humano. Sin embargo, estos indicadores, generalmente expresados como promedios nacionales, esconden enor-mes disparidades al desagregarlos por área de residencia, etnia, idioma hablado, género y condición socioeconómica.

Pese a los avances en los últimos años, los indicadores de pobreza infantil son alarmantes: 43 de cada 100 de ellos viven en situación de pobreza. Del total de 2.385.240 personas de menos de 18 años, 1.032.475 son castigadas por la pobreza, de las cuales 607.949 (casi el 60%) se encuentran en condiciones de pobreza extrema, sometidas a graves carencias de alimentación, salud y educación.

10“Costo del hambre: impacto económico y social de la desnutrición infantil en Paraguay”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Programa Mundial de Ali-mentos (PMA) y Programa Conjunto Invertir en la Gente Unicef/UNFPA/PNUD de Para-guay, 2008.



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La más afectada es la niñez del área rural. En ésta casi 600.000 niños, niñas y adolescentes padecen de pobreza, de los cuales 68% se encuentra bajo la línea de extrema pobreza. Por su parte, la pobreza de la niñez urbana alcanza a más de 435.000 personas, de las cuales 46% es extremadamente pobre.

La situación de niños, niñas y adolescentes indígenas es aún más alarmante. Según datos de 2008, la pobreza extrema era de 63% y la no extrema de 77% en este grupo poblacional.

Frente a esta situación, la evolución de la inversión social en la infancia desde el año 2000 a 2011, tanto en términos corrientes11 como en términos constantes, muestra una tendencia creciente desde el año 2003. Sin embargo, la inversión como porcentaje del PIB ha disminuido desde 2000 a 2011, del 6% a 4,6%, como puede observarse en el siguiente gráfico. De igual manera, la inversión en la infancia como componente del gasto público de la administración central retrocedió tres puntos porcentuales respecto del nivel de 2001 y de 2007.

Históricamente, la inversión en la infancia estuvo fuertemente concentrada en la educación. En los últimos años fue equilibrándose hacia otros sectores, particularmente salud y protec-ción social y protección de la niñez, sectores que casi duplicaron su proporción en el total de la inversión.

En el contexto regional, Honduras y Argentina lideran el grupo de países en los que se cuenta con información sobre la inversión en la infancia con un valor cercano al 8% del PIB. Según los últimos datos de la Cepal12, Paraguay se mantiene en el último lugar de la región en materia de inversión en salud y en educación. Lo alarmante de esta situación no son solo las brechas de recursos, sino el hecho de que refleja una realidad que se mantiene como una tendencia durante casi dos décadas. Este rezago estructural pone en peligro las posibles ventajas del bono demográfico.

11 Son valores expresados a precio de mercado en el año considerado (no descuenta el efec-to inflacionario).

12 Cepal, sobre la base de información proveniente de la base de datos sobre gasto social de la comisión.

tabla 1. inversión social en la región como Porcentaje del Pib

Paraguay 9,7%Argentina 26%Brasil 26%Uruguay 21%Bolivia 18%Chile 15%

Porcentaje del Pib destinado a inversión social

fuente: Cepal, 2007-2008.

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Como puede verse en el gráfico precedente, Paraguay destina 9,7% de su PIB a la inversión social, de los cuales alrededor del 50% está dirigido a la infancia, mientras que la inversión social de nuestros vecinos se sitúa entre el 15 y el 26%. Si se tiene en cuenta que la Unesco recomienda destinar el 7% del PIB sólo a educación, y que recientemente Brasil aprobó destinar 10% a este sector, es evidente que nuestro país debe redoblar esfuerzos por una mayor y mejor inversión social.

En conclusión, la magnitud de la inversión social –y en la infancia en particular– resulta insu-ficiente, por lo que se requiere aumentar la cantidad y mejorar la eficiencia en la implemen-tación de los recursos, así como su focalización en poblaciones más vulnerables. Para ello es necesario fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, a la vez de mejorar la gestión de programas considerados estratégicos para la infancia. Todo esto constituye la base de una sociedad justa, una economía fuerte y un país libre de pobreza.

Desafíos

• Priorizar y asignar suficiente presupuesto público a los temas relacionados a la infancia mediante el empleo de argumentos sólidos, técnicos y políticos, y de un pacto fiscal am-plio que comprometa a todos los sectores con la infancia como centro del desarrollo.

• Asegurar que los presupuestos para la niñez y la adolescencia estén blindados y tengan prioridad política, ya sea bajo periodos de bonanza o de crisis.

• Asegurar continuidad institucional de los programas sociales existentes, asegurarles un presupuesto plurianual, blindar sus recursos, establecer impuestos específicos que ase-guren su financiamiento (una mayor proporción de los royalties de las binacionales, re-cursos del Fonacide, reasignaciones presupuestarias, nuevos espacios fiscales, etc., po-drían ser destinados a este fin) o tributos para temas específicos (como salud, nutrición, protección, por ejemplo).

• Mejores y mayores transferencias condicionadas, apoyadas por un fuerte sistema de mo-nitoreo y seguimiento de la corresponsabilidad, a fin de que no sea una simple distribución de dinero, sino que coadyuve al alivio de la pobreza y que asegure la atención de salud materna e infantil y la inscripción y permanencia de los niños y niñas en la escuela, y que estos programas dispongan mecanismos de inclusión en el mercado laboral para los pa-dres y madres, a fin de asegurar la promoción social.

• Mejorar la articulación de los programas sociales para mejorar su impacto.

• Fortalecer los mecanismos de relevamiento de la información relativa a la niñez con el fin de contar con datos más desagregados que permitan identificar y focalizar a las pobla-ciones vulnerables escondidas en los promedios.



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sistema nacional de Protección y Promoción de derechos

El país ha logrado aprobar un marco legal e institucional para la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Ley 1680/01 - Código de la Niñez y Adolescen-cia asume la doctrina de la protección integral incorporando tanto en el ámbito administra-tivo como jurisdiccional del Estado estructuras que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio en materia de atención a la niñez y la adolescencia.

El Código de la Niñez crea el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral, que constituye el dispositivo organizacional y operativo para la implementación de la Política Nacional de Infancia, ya que a través del Sistema se busca estructurar y sistematizar el re-lacionamiento entre todos los actores claves a los efectos de dar efectividad a los derechos de la niñez y la adolescencia.

La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), reconocida con rango ministe-rial, es la instancia responsable de presidir y coordinar el Consejo Nacional, integrado por representantes de los ministerios de Salud, de Educación y de Justicia; el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, un representante de los Consejos Departamentales de Niñez y un representante de la sociedad civil. Tiene como competencia formular políticas para la promoción, atención y protección de los derechos de la niñez. Estas políticas nacio-nales conforman los objetivos generales que deben formar parte de los planes y programas elaborados y aprobados a su vez por los consejos departamentales y municipales. Las Con-sejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), la instancia operativa municipal del Sistema Nacional de Protección, cuando cuentan con un apoyo importante de la municipalidad en cuanto a soporte institucional y asignación de presu-puesto, ejercen un rol importante, ya que son el brazo del gobierno local más cercano a la vida de niños, niñas y comunidades y, por lo tanto, a la implementación de la política social. Lamentablemente, este no es el caso de la mayoría de los municipios. Generalmente, tienen escasos fondos para programas de prevención y tampoco hay programas para intervención cuando los niños son víctimas de violencia, abuso y explotación. En muchos casos tampoco cumplen un rol articulador de las intervenciones sectoriales de salud, educación, etc.

Desafíos

• Fortalecer el Sistema de Protección, con especial énfasis en sus instancias coordinadoras: los consejos departamentales y municipales, y la SNNA, que debe reforzar su rol coor-dinador del Sistema, regulador de normas y leyes, supervisor de su implementación y formador de las Codeni. Para ello es necesario que paulatinamente haya una descentra-lización supervisada de la gestión directa de algunos de sus programas (Abrazo, Painac, etc.). De allí que sea crucial la manutención de esta instancia dentro de la estructura del Estado, ya que es la responsable de transversalizar el enfoque de derechos de la niñez y

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la adolescencia a todo el Sistema. Su desaparición traería graves consecuencias porque podría invisibilizar a niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecer a las Codeni con la formación adecuada y con un incremento de su presupuesto para operativizar los planes y programas. Dicho presupuesto debe ser compartido des-de el nivel central y municipal. Los fondos estatales deberían ser entregados en base a planes de trabajo aprobados por los consejos municipales respectivos, y con el aporte de los municipios. Estos fondos podrían constituir un fondo fiduciario y la aprobación definitiva ser hecha por el Consejo Nacional del Sistema de Protección.

Políticas sectoriales

salud

Paraguay ha logrado en las últimas décadas realizar avances considerables en la reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad de menores de cinco años. En los últimos 20 años, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad, pasando de 40 en 1991 a 16,3 por mil nacidos vivos en 2010. Una disminución de similar magnitud se produjo en la tasa de mortalidad en menores de 5 años, la cual ha pasado en esos mismos años de 51,3 a 19,3. Sin embargo, estos índices están más altos que los promedios de América Latina y el Caribe, que se sitúan respectivamente en 16 y 19 por mil nacidos vivos, según la Cepal.

Por otro lado, la mortalidad neonatal13 apenas ha descendido de 14 por cada 1.000 nacidos vivos (1991) a 11,7 por 1.000 nacidos vivos (2010), convirtiéndose así en un nudo crítico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este sentido, la mortalidad neonatal constituye el 71% de la mortalidad infantil y el 60% de la mortalidad en menores de 5 años de edad14.

La principal causa de muerte en el periodo neonatal (< 28 días) es por lesiones debidas al parto, con 45,8% del total. El bajo peso al nacer, relacionado frecuentemente con desnutri-ción materna, es un factor subyacente en un 60 a 80% de las muertes neonatales15.

13 La mortalidad neonatal se refiere a la muerte que ocurre en niños y niñas durante sus primeros 28 días de vida.

14 Las muertes neonatales fueron aumentando en proporción dentro de las causas de mor-talidad infantil a medida que las muertes por diarrea, neumonías y otras enfermedades transmisibles fueron disminuyendo, lo que se debe a los avances en disponibilidad y acce-so a vacunas, la expansión de las redes de saneamiento básico y agua potable y del uso del suero oral, el acceso progresivo a servicios de salud, la implementación gradual de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, entre otras intervenciones realizadas por el país al igual que otros países de la región.

15 Las causas de muerte neonatal que siguen a las lesiones debidas al parto son las malfor-maciones congénitas (18%); las infecciones (10,2%); y la prematuridad (9,3%). Ibídem.



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La mortalidad en menores de un año se debe a enfermedades diarreicas y respiratorias y, por otra parte, la primera causa de muerte cuando los niños van creciendo, en particular en los adolescentes, son los accidentes, especialmente de tráfico.

El impacto de la exclusión social incide en el acceso inequitativo a los servicios de salud y mortalidad infantil según el territorio. Mientras que en la zona metropolitana, central y al sur del país la mortalidad infantil se sitúa en torno a 14,8 por mil, la situación es más desfavora-ble en los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraná (21,3). Asimismo, la mortalidad infantil entre los niños indígenas (75 por mil nacidos vivos) es cuatro veces mayor que el promedio nacional16.

La tasa de mortalidad materna bajó de 164 a 100,8 por cien mil nacidos vivos entre 2000 y 2010. No obstante, este decrecimiento se dio de manera inequitativa considerando que este último año la razón de mortalidad materna llegaba en Asunción y el área metropolita-na solamente a 61,7, en tanto que alcanzaba a 142,9 en Alto Paraná.

La disminución de la mortalidad materna se ha debido al mejor control, al aumento del parto institucionalizado y a mayor y mejor acceso a planificación familiar. Sin embargo, las mujeres urbanas de nivel socioeconómico alto y castellano parlantes tienen un acceso a control prenatal universalizado, mientras que en zona rural y guaraní parlante es de sólo 74% (en 2008).

En cuanto a las causas de la mortalidad materna, se observa que en su mayoría son preve-nibles. Del total de casos registrados en 2010, las complicaciones derivadas del aborto tie-nen la mayor incidencia, con 26,5%, seguidas por las hemorragias en 24,5% de los casos17.

Consideración especial merece la situación del embarazo en adolescentes. El 52% de las mujeres de entre 15 y 19 años declara llevar una vida sexual activa18, y del total de emba-razos registrados en el país en 2010, aproximadamente el 20% corresponde a población adolescente. De acuerdo a datos preliminares, la mortalidad materna en el grupo de ado-lescentes de 15 a 19 años se ha duplicado el número de muertes entre 2010 y 2011, pasan-do de 7 a 14 casos (pasa de 6,7% a 15,16% del total de muertes maternas)19. Así también, del total de muertes maternas, el 20% corresponde a niñas y adolescentes20. Es así como, a pesar de la disminución de la mortalidad materna registrada en la década 2000-2010,

16 Arce Bordón (2005), en base a datos del “Censo nacional de población y viviendas 2002”.17 Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV). Departamento de Informa-

ción Bioestadística-DIGIES-MSPBS, 2010.18 Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP), 2009. “Encuesta nacional de demo-

grafía y salud sexual y reproductiva 2008”, Asunción.19 Departamento de Bioestadística, MSPBS, 2009.20 Departamento de Bioestadística, MSPBS, 2009.

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resulta claro que las brechas sociales y territoriales existentes impedirán cumplir con la meta de los ODM de reducir la mortalidad materna a tres cuartas partes para 2015.

Por último, es preocupante el aumento sostenido que ha tenido la epidemia de VIH en población joven. En el periodo comprendido entre 2000 y el 2010, la incidencia reportada del VIH en adolescentes de 15 a 19 años se duplicó, pasando de 4,54 a 9,91 por 100.000 habitantes. La vía principal de transmisión reportada en la consejería pre y postest es la sexual (97%), seguida por la perinatal (2%) y por contacto con sangre y fluidos contamina-dos (1%)21. Desafíos

• Lograr un sistema nacional de salud integrador y bien articulado entre los diferentes ac-tores, regido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que asegure la universalidad en el acceso e integralidad en las respuestas, con modelos de gestión desconcentrados, flexibles y participativos, tendiente a una descentralización gradual. La nueva Ley Orgánica Municipal brinda una oportunidad para trabajar este tema con los municipios, hay ejemplos concretos que pueden ser estudiados.

• Aumentar la inversión en salud pero focalizada en las áreas geográficas de mayores índices de mortalidad materno infantil, con diseños de intervenciones diseñadas ade-cuadamente para resolver los “cuellos de botella” concretos que producen esa elevada mortalidad en dichas zonas.

• Fortalecer los sistemas locales de salud en atención a la madre y el niño y adolescente.

• Fortalecer la atención primaria de la salud y la gratuidad universal, con abastecimiento de equipamiento, personal calificado, medicamentos e insumos. En este sentido, es fun-damental reforzar la atención en salud a nivel comunitario con la instalación adicional de más Unidades de Salud Familiar (USF), hasta cubrir a toda la población pobre y excluida del país, con el propósito de asegurar la cobertura nacional de la atención a mujeres em-barazadas, así como la atención preventiva y tratamiento de emergencias obstétricas y neonatales, la salud de la primera infancia, para extender los controles prenatales, puer-perales y garantizar la oferta universal de planificación familiar para mujeres y hombres y prevención de VIH.

• Reforzar el sistema de referencia y contrarreferencia (incluyendo ambulancias) para que haya una atención oportuna y eficiente de los pacientes que requieran atención de ma-yor complejidad (ej. madres en el momento del parto).

21 Informe UNGASS 2011, Pronasida.



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• Fortalecer los servicios de referencia, para que cuenten con profesionales capacitados, infraestructura, equipos e insumos para dar respuesta a necesidades, incluyendo compli-caciones obstétricas y neonatales, unidades de cuidado intensivo para recién nacidos y un horario de atención de 24 horas, los 7 días de la semana.

• Mantener y mejorar los niveles de inmunización en todo el país con la aplicación de las nuevas vacunas: rotavirus, neumococos, papiloma humano, hepatitis A, varicela zoster y TDPA22.

• Desarrollar estrategias para la incorporación de la educación integral de la sexualidad dentro del sistema de salud y de educación formal y no formal (estrategia de educación entre pares adolescentes) para reducir el embarazo no planificado en adolescentes, así como para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH.

• Mejorar el sistema de información en salud con bases de datos integradas y actualiza-das, procedimientos estandarizados y redes informatizadas que vinculen los servicios entre sí23, de forma a contar con datos estadísticos fidedignos que permitan visualizar las inequidades y desigualdades determinadas por la condición de clase, género, etnia y territorio.

• Desarrollo de capacidades de la red de servicios del sistema de salud para ofrecer aten-ción integral y amigable a adolescentes, incluyendo el cuidado a su salud sexual y repro-ductiva, favoreciendo el acceso universal de estos servicios.

• Programas de detección precoz y atención temprana de discapacidades infantiles por los servicios de salud pública.

• Y, finalmente, pero no menos importante, mejorar las normativas, las sanciones y el con-trol de las leyes viales, a fin de evitar accidentes de tránsito, dado que son la causa mayor de mortalidad de niños, y especialmente de adolescentes.

nutrición

La pobreza y la inequidad existentes en Paraguay traen como consecuencia altas e inadmi-sibles cifras de desnutrición crónica en niños y niñas. Se estima que 17,5% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, pero se eleva a 27% en los niños y niñas del quintil más pobre24 y a 42% en niños indígenas. Asimismo, tres de cada 10 mujeres emba-

22 Vacuna tétanos-difteria-pertussis acelular.23 SIECS: propuesta para el Sistema de Información en Salud. Proyecto de mejoramiento

del sistema de información en salud. Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Asunción, febrero de 2009.

24 DGEEC, “Encuesta permanente de hogares 2005”.

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razadas padecen de desnutrición crónica25. Esto influye de manera determinante en el bajo peso de sus hijos recién nacidos, que aumenta su vulnerabilidad y sus probabilidades de enfermar y morir.

Un 44% de los niños de menos de 5 años de edad están desnutridos o en riesgo de des-nutrición ante cualquier evento que afecte a la vida económica familiar, y por ello este es el grupo poblacional meta objetivo de la lucha contra la desnutrición.

A pesar del reconocimiento internacional de los beneficios de la lactancia materna para me-jorar la salud, la nutrición, el crecimiento y el desarrollo intelectual y emocional de los niños, la tasa de lactancia exclusiva a los 6 meses en Paraguay es de sólo 25%.

Esta condición marca y afecta la calidad de sus vidas a lo largo de todos sus ciclos, tanto en el presente como en el futuro, especialmente en relación con su vulnerabilidad a las enfermedades y a su capacidad de aprendizaje, condenándolos a círculos de transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión. Invertir en la erradicación de la desnutrición, además de ser un imperativo ético, reditúa una alta rentabilidad para los países, dando bene-ficios a toda la sociedad.

Desafíos

• Implementar la Ley de Garantía Nutricional de la Primera Infancia mediante la adecuada asignación presupuestaria al Programa de Alimentación y Nutrición Infantil (PANI), y un buen monitoreo y seguimiento de su ejecución, a través de las Unidades de Salud Fami-liar y el Instituto de Alimentación del INAN, basado en un trabajo integral familiar, para la asistencia, control y prevención de la desnutrición infantil, con miras a su erradicación.

• Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, fomentando el traba-jo de los servicios de salud en apoyo a la madre para una lactancia adecuada, realizando las reformas legales necesarias para apoyar a las madres trabajadoras para que puedan amamantar a sus bebés, fomentando la responsabilidad social empresarial en este tema, y promoviendo campañas comunicacionales que concienticen sobre la importancia de la lactancia materna y la responsabilidad compartida de la sociedad, y especialmente el rol compartido de padres y madres en la lactancia.

• Mejorar los otros condicionantes de una buena nutrición: agua potable, saneamiento e higiene, formación de las madres y reducción de la pobreza.

• Avanza en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

25 Porcentaje registrado de mujeres embarazadas desnutridas. INAN. Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional 2009.



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agua, saneamiento e higiene

Paraguay ya alcanzó el ODM para agua potable. El acceso a sistemas de provisión de agua potable pasó de 44% en 1997 a 75% de la población en 201026. Sin embargo, persisten im-portantes diferencias entre áreas urbanas (87%) y rurales (58%). Asimismo, 93% de los niños y niñas indígenas todavía no tienen acceso a agua potable.

En cuanto a saneamiento, sólo el 69% de la población cuenta con acceso a saneamiento mejorado, siendo que este índice se eleva a 90,5% de la población urbana, frente a tan sólo 38% de la población rural. En cuanto al nivel socioeconómico, sólo el 45% de la población pobre accede a este servicio. Aunque haya habido avances, se estima que no es suficiente-mente rápido para lograr cumplir con las metas del milenio.

Desafíos

• La ampliación del abastecimiento de agua potable y saneamiento a la población rural e indígena y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento en zonas urbanas.

• La mejora de la gestión del agua a nivel nacional:- racionalización de entidades y de sus responsabilidades;- desarrollo de un sistema confiable de información y base de datos sobre la cobertura

de los servicios de agua y saneamiento y la sistematización de las brechas existentes entre las coberturas nominales y efectivas de los servicios (desde la perspectiva sani-taria como ambiental);

- creación de un sistema de planificación nacional referido al sector de agua potable y saneamiento, estructurado en el corto, mediano y largo plazo;

- definición de una política tarifaria para el servicio de agua potable y alcantarillado que permita la sostenibilidad de los sistemas;

- generación de herramientas y procedimientos para implementar el monitoreo y eva-luación de las políticas públicas sectoriales.

• La mejora de la gestión del agua a nivel departamental y municipal:- descentralización, capacitación y participación de los gobiernos locales en la gestión

de los servicios de agua y saneamiento de manera a lograr la adecuada operación, mantenimiento de los sistemas y sostenibilidad de los servicios.

• El desarrollo de esquemas de financiamiento para el acceso al agua potable a poblaciones que carecen del servicio, con la posibilidad de participación del sistema financiero existente.

26 Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010. Primer informe de Gobierno. Noviembre de 2011.

20

• La promoción de la educación ciudadana para la corresponsabilidad en la gestión del agua.

educación

En las últimas décadas, Paraguay ha avanzado significativamente en el aumento de cober-tura de la educación escolar y aumento del promedio de años de estudio. La tasa bruta de escolarización27 se sitúa en el año 2010 en 97% para la educación escolar básica (EBB, primer y segundo ciclos), 82% para la educación preescolar y 56% para la educación media (EM)28.

Sin embargo, a pesar del aumento registrado de la matriculación bruta, persisten las in-equidades que afectan negativamente a los niños y niñas de sectores rurales, niños y niñas trabajadores, niños/as y adolescentes indígenas y niñez con discapacidad, principalmente. Se estima que al menos el 10% de los niños/as de 5 a 17 años no asisten a ningún centro educativo; sólo 36% de los niños y niñas con discapacidad declara haber asistido y alrede-dor del 70% de los niños indígenas solo llegan a la educación básica.

Se han mejorado los años de escolaridad, pero se presentan grandes inequidades en rela-ción al área de residencia, nivel socioeconómico y pertenencia étnica. Por ejemplo, el pro-medio de años de estudio de las personas de entre 15 y más años de edad fue de 8,6 años en 2011, mientras que en medios urbanos fue de 9,9 años y de 6,6 en zona rural. Por otro lado, el quintil más rico de la población urbana cuenta en promedio con 12 años de estudio, mientras que la cantidad promedio de años de estudio en el quintil más pobre del medio rural es de 5 años. La media en la población indígena es tan solo de 3 años de estudio.

De acuerdo al informe de competitividad global 2012-2013 del Foro Económico Mundial (WEF), que evalúa a 144 países, Paraguay fue ubicado en la posición 133 en cuanto a la ca-lidad del sistema educativo, en la 140 calidad de la enseñanza primaria, en la 104 en cuanto a la matriculación en la enseñanza secundaria y en la 70 en la educación terciaria, en la 131 en cuanto al acceso a internet en las escuelas y en la 121 en cuanto a la disponibilidad de servicios de investigación y formación. Actualmente las instituciones educativas que cuen-tan con computadores no superan el 7% y las que están conectadas a internet representan menos del 4%.

En cuanto a la eficiencia, el porcentaje de repitencia es del 4,6% para el 1° y 2° ciclo de la EEB y del 1,1% para el 3er ciclo de la EEB. El porcentaje de egreso en la EEB es de 53,5%

27 Estadística Educativa 2010 del Ministerio de Educación y Cultura.28 En Paraguay, en general los niveles se dividen en educación maternal (para niños menores

de 4 años), prejardín (3 años), jardín de infantes (4 años), preescolar (5 años), primer y segundo ciclo de la educación escolar básica (6-11 años), tercer ciclo (12-14 años) y edu-cación media (15-17 años).



21

según la Encuesta Permanente de Hogares 201129. De 100 estudiantes que se inscribieron en el 1er grado en el 2003, 54 se matricularon en el 9º grado de la EEB en 2011 y 48 cul-minaron el nivel30.

La Educación Media muestra un 18% de crecimiento porcentual entre 2006 y 2011 en zonas urbanas y 7% en zonas rurales; los niveles de repitencia son bajos (1% en 2010 y 0,6% en 2011) y los de deserción algo más altos (4,7%). Las cifras bajas en comparación a otros paí-ses de la región son en parte el resultado de la fuerte selección social ejercida previamente por el sistema. La sobre-edad ronda el 17%, aunque llega al 25% en las zonas rurales y afecta más a los hombres (21%) que a las mujeres. La tasa de retención escolar es del 75% y la de egreso del 69% en 2010 y 79,3% en 2011.

Considerando una cohorte de 12 años, la tasa de retención del sistema educativo es del 31% y la de egreso del 29%. Menos de 1 de cada 3 niños o niñas que ingresan a la EEB terminaran la Educación Media en el tiempo teóricamente previsto31.

Por otro lado, los estudiantes del nivel escolar básico y medio no han logrado los niveles es-perados en áreas básicas como lenguaje y matemáticas. En Paraguay, al igual que en otros países de la región, los niveles de calidad, equidad y eficiencia siguieron siendo bajos y el progreso fue escaso (Preal, 2006).

La escasa eficiencia y el bajo rendimiento escolar han sido el resultado de una serie de factores: las condiciones socioeconómicas y lingüísticas, la ausencia de políticas suficiente-mente efectivas de desarrollo social, la baja calidad de los docentes, el modelo pedagógico y la gestión del sistema educativo.

En cuanto a la educación técnico-profesional, la oferta es limitada. De los matriculados en la educación media, solo el 24,2% está inscripto en bachillerato técnico. Por su parte, la formación profesional media en áreas relacionadas con la producción de bienes y servicios alberga solo a 1.427 alumnos, mayoritariamente de las zonas urbanas32. En zonas rurales, la oferta es limitada y casi exclusivamente en modalidad de internados y escuelas agrícolas.

En relación al género, en 2011 se puede encontrar una paridad en los primeros ciclos de la educación, en cuanto a la matriculación neta, siendo superior en el tercer ciclo en las mu-jeres. Sin embargo, en relación al analfabetismo en mayores de 15 años, es superior en las mujeres (56% frente a 61%).

29 DGEEC, 2011.30 MEC-DGPE. SIEC, 2011.31 Vera, 2010.32 Otras especialidades, además de la citada, incluyen electricidad, refrigeración, carpinte-

ría, plomería, artes gráficas, construcción civil, etc.

22

Desafíos

• Desarrollar estrategias para identificar y reinsertar a los niños, niñas y adolescentes que están fuera de la escuela:- identificación de los “cuellos de botella” que impiden el acceso a los niños fuera del

sistema escolar. Hay que captar esta población y apoyarla para completar sus estu-dios, priorizando estudiantes rurales, niños/as y adolescentes indígenas, niños y niñas con discapacidad, niños/as trabajadores y educación no sexista, con atención a la situación educativa de las niñas y adolescentes.

• Fortalecer la formación técnico-profesional continua de adolescentes, jóvenes y adultos: - se pone énfasis en los adolescentes, tanto en el tercer ciclo y secundaria, como en

aquellos que están fuera del sistema educativo. Requiere también un trabajo coordi-nado con el sector productivo para definir prioridades de formación adecuadas a las realidades locales, implementación de modalidades diversas adecuadas a las particu-laridades regionales y contextos socioculturales.

• Fortalecimiento de la educación de niños y niñas indígenas:- educación básica en lengua materna, educación intercultural y multilingüe, alternati-

vas para educación a distancia en el tercer ciclo de educación media.

• Fortalecer la educación inicial (0-3 años), jardín de infantes (4 años) y preescolar (5 años) y atención integral a la primera infancia.

• Fortalecer la cobertura de la educación media, así como la retención y la reinserción a este nivel.

• Fortalecer la lucha contra el fracaso escolar (repitencia, deserción y sobre edad), espe-cialmente en las áreas curriculares de lenguas y matemáticas.

• Fortalecimiento de educación cívica y ciudadana:- generación de espacios de diálogo y participación de niños, niñas y adolescentes.

• Reforzar la docencia, la gestión educativa y el sistema de información: - profesión docente, mejora de la calidad pedagógica de los docentes;- gestión del sistema educativo: monitoreo de las condiciones de aprendizaje y los

resultados, supervisión de la prestación de servicios, presupuesto, recursos para estu-diantes en situación de desventaja y administración de recursos;

- sistema de información con datos fiables y desagregados; y- mejoramiento de las condiciones básicas para el aprendizaje: infraestructura escolar, servicios

de agua y saneamiento, equipamiento escolar y disponibilidad de materiales apropiados.



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Protección de niños, niñas y adolescentes contra la discriminación, la violencia, abuso y explotación

a) Combatir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes

La violencia y maltrato intrafamiliar afectan a una población mayoritaria y vulnerable. Un estudio de Unicef-BECA33 reveló que el 61% de los niños y niñas sufría violencia física y psicológica; el 35%, maltrato grave. El mayor porcentaje se da en menores de 5 años. El aumento de denuncias por abuso sexual en niños y adolescentes se ha triplicado de 788 en 2005 a 2.298 en 2010. El aumento podría atribuirse al efecto de programas que permiten la visibilidad de esta problemática por parte de la población. Es importante remarcar que la mayor cantidad de victimas de violencia son niñas y adolescentes mujeres, acentuándose los indicadores para poblaciones vulnerables como la niñez indígena.

Preocupan en este sentido la explotación sexual y la trata de personas.

La violencia contra la infancia es una violación de los derechos humanos. Paraguay carece de una ley específica que haga referencia a la protección contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La regulación del fenómeno de la violencia se encuentra en la ley 1600/00 “Contra la violencia doméstica” y el Código Penal paraguayo.

En lo que respecta a la recopilación sistemática de datos, Paraguay se enfrenta con serias dificultades debido a la carencia de un sistema que integre la información de las diferentes puertas de entrada donde se realizan las denuncias (comisarías policiales, Fiscalía, Fono Ayuda, Sistema 911, Codeni, entre otros). Si bien se cuenta con datos, estos corresponden a dos tipos de fuentes de información: la del sistema judicial y órganos de seguridad (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Policía Nacional), y en los últimos años se observa un ingreso constante de causas de maltrato de niños y adolescentes, con una tendencia le-vemente ascendente, que va de 651 causas ingresadas al Ministerio Público en el año 2005 a 804 en 2010.

Desafíos

• Impulsar el diseño y aprobación de un marco legislativo para la protección de la niñez contra todo tipo de violencia.

• Desarrollar campañas de sensibilización de la ciudadanía sobre la aplicación de alterna-tivas educativas de niños y niñas sin violencia en el hogar, escuela y comunidad.

33 Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar. Paraguay, documento de trabajo. Unicef-BECA, 2010.

24

• Desarrollar a nivel país redes de prevención y protección contra toda forma de violencia, articulando las diferentes respuestas desde el Estado, la comunidad y el sector privado.

• Prevenir la trata a través de formación en las escuelas y en las familias, y mejorar la aten-ción psicosocial a las víctimas.

• Promover la denuncia y el registro, la sistematización, el análisis y la difusión de datos sobre casos de violencia y abuso hacia los niños, niñas y adolescentes.

• Además, aplicar de manera efectiva mecanismos estatales de apoyo a las víctimas duran-te todo el proceso de recuperación y garantizar la no revictimización durante el mismo, incluyendo su no exposición ante los medios de comunicación.

• Fortalecer los sistemas de información y las estadísticas nacionales en protección.

• Promover la cultura de la paz y el desarrollo de mecanismos para una crianza positiva y efectiva.

b) Erradicar el trabajo infantil y el trabajo adolescente riesgoso

La expresión de trabajo infantil hace referencia al trabajo realizado por un niño o niña que no alcanza la edad mínima marcada por ley (14 años en Paraguay). El trabajo adolescente riesgoso es aquel que pone en peligro su bienestar físico, mental o moral, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y aquellas actividades que inter-nacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso para utilizarlos en conflictos arma-dos, prostitución, pornografía y actividades ilícitas.

Más de 300.000 niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajan y, de ellos, un alto porcentaje no asiste a la escuela. Una investigación sobre trabajo infantil peligroso en olerías y caleras de las localidades de Vallemí, Concepción y Tobatí, realizado por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia34, reveló el inicio temprano al trabajo por parte de los niños en las aproximadamente 300 olerías de la localidad de Tobatí dedicadas a la fabricación de ladri-llos, tejas tejuelones y artes en cerámica. Así se tiene que el 62,5% de la muestra estudiada empieza a trabajar entre los 4 y 6 años, mientras que el 37,5% entre los 7 y 8 años de edad. En la franja etaria comprendida entre 10 a 14 años, el 41% empezó a trabajar a los 10 años, mientras que el 25% entre los 7 y 8 años de edad.

Paraguay, dentro del marco de lucha contra la pobreza, cuenta con una política pública para la erradicación del trabajo infantil, el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil

34 Envestigaciones publicadas por la SNNA/Mayo 2012.



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que se materializa a través del Programa Abrazo. Este se realiza teniendo en cuenta tres estrategias: el apoyo psicosocial a los niños, la trasferencia condicionada y/o canasta de ali-mentos, los centros de protección para los niños/as y un componente de acompañamiento y promoción de las familias para que ellas puedan asumir sus roles y evitar el trabajo de los niños/as. En la actualidad 6000 niños están siendo atendidos por dicho programa y es de vital importancia su continuidad.

Desafíos

• Creación de mecanismos efectivos de aplicación de la legislación vigente, con penalida-des, si fuera preciso, estableciendo condiciones seguras de trabajo para los adolescentes y prohibiendo el trabajo infantil.

• Campañas de sensibilización para reducir la tolerancia social frente a las peores formas de trabajo infantil, y especialmente programas de formación a las familias vulnerables acerca de los perjuicios del trabajo infantil para sus hijos.

• Fortalecimiento de los mecanismos para asegurar un trabajo decente de los/as adoles-centes que lo requieran, a partir de los 14 años, incluyendo un buen sistema de forma-ción profesional, adecuado a las realidades locales, pasantías y primer empleo.

• Descentralización municipal, previa formación y de manera supervisada, de la gestión técnica y presupuestaria del Programa Abrazo, para erradicar de manera progresiva las peores formas de trabajo infantil, tales como el trabajo en calle, basureros, panaderías, olerías y calerías, y trabajo rural, todo ello desde una visión integral de la problemática, con el involucramiento del Estado, la comunidad y el sector privado.

• Establecer normativas, políticas y mecanismos adecuados y con enfoque de derechos para la eliminación de la práctica del criadazgo, incluyendo el fortalecimiento de las fa-milias de origen para que puedan desempeñar plenamente su rol de crianza.

c) Universalizar el registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes

Paraguay figura entre los países con mayor número de niños y niñas menores de un año sin certificado de nacimiento; el 24% de niños menores de 1 año de edad no está inscripto, cifra que aumenta al 35% en la niñez indígena. Las principales trabas para esta problemáti-ca son los escasos servicios de registro civil y lo distantes que se encuentran de los centros asistenciales de salud o de las propias comunidades, la deficiente articulación interinsti-tucional y las “lagunas” legales que dificultan el acceso al registro civil oportuno (como el impedimento para que las niñas adolescentes puedan inscribir a sus hijos).

26

Desafíos

• Realizar una adecuación legislativa que permita:- desarrollar mecanismos que permitan la articulación entre el Ministerio de Salud Pú-

blica y Bienestar Social y el Ministerio de Justicia y Trabajo, a fin de otorgar registro de nacimiento oportuno a todos los niños, niñas y adolescentes;

- que cubra los vacíos legales existentes actualmente, como, por ejemplo, la de los hijas/os de madres adolescentes, que actualmente solo pueden hacerlo por orden judicial;

- que fortalezca el rol de los gobiernos locales en la universalización y el registro opor-tuno de los niños/as.

• Realizar inversión efectiva y eficiente en el sistema de inscriptores del Ministerio de Justi-cia y Trabajo para asegurar el progreso sostenido de la inscripción.

• Continuar con las campañas de inscripción y cedulación desde las escuelas.

d) Fortalecer la Justicia Penal Juvenil

La protección judicial brindada a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal es insu-ficiente, no se dispone de políticas de justicia restaurativa antes que punitiva y los agentes de policía y operadores de justicia no están adecuadamente formados en el enfoque de derechos.

Desafíos

• Elaborar una Política de Justicia Penal Juvenil y dotar de recursos humanos capacitados a los operadores del derecho para que se cumpla con la especialización en el cumplimien-to de los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

e) Avanzar en la desinstitucionalización de los niños y niñas

Si bien la institucionalización sigue siendo la primera respuesta que se da desde el Estado a la falta de cuidado parental, esta fase debe ser lo mas corta posible y ofrecer la posibilidad a estos niños de vivir en un ambiente familiar lo antes posible. Se estima que más de 2.573 niños viven en unas 56 instituciones.

Desafíos

• Promover el acogimiento familiar como una alternativa a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes y su reglamentación, mientras se encuentra, de la manera más ágil posible, la familia definitiva, bien sea esta la biológica o de adopción.



27

grupos de niños y niñas especialmente vulnerables

Primera infancia

La primera infancia –de 0 a 8 años– constituye el 21% de la población total.

En el área de la salud, la mortalidad infantil, especialmente el primer mes de vida y hasta los 5 años, sigue siendo más elevada que la media de Latinoamérica, así como la desnutrición, especialmente en poblaciones rurales, en familias en situación de pobreza extrema y en niñez indígena.

Además, es importante señalar el insuficiente seguimiento del desarrollo evolutivo de los bebés, y por lo tanto la ausencia de diagnóstico precoz de discapacidades en los lactantes y niños pequeños, especialmente en zonas rurales y pobres urbanas, así como la casi total inasistencia de centros públicos de atención y rehabilitación precoz de estos niños.

La infancia con discapacidad de 0 a 9 años registrada es de 5784 en total, donde predomi-nan los trastornos sensoriales, los motores y el retardo mental, siendo una de las principales causas registradas los problemas relacionados con el nacimiento35. Muy pocos están escola-rizados, y los que están, en su mayoría lo hacen en escuelas especiales, siendo lo recomen-dable, en el marco de la inclusión, que se escolaricen en escuelas regulares.

Se ha avanzado en la inscripción temprana de los niños/as en el sistema escolar. Así, la cober-tura bruta de preescolar es de 82% en 2009, mientras la cobertura neta, considerando los ma-triculados de 5 años, es de 70%, con diferenciaciones importantes entre los departamentos geográficos. Sin embargo, si desagregamos el total de matriculados en la educación inicial36, tenemos que del total de 156.481 matriculados en 2009 en este nivel, el 1,5% corresponde a maternal, el 2,8% a prejardín, el 19,9% a jardín de infantes y el 75,8% a preescolar. Por otra parte, hay que analizar la calidad de esta educación preescolar, dada la particular pe-dagogía que estos niños requieren, y por lo tanto la necesidad de contar con profesionales altamente cualificados para obtener resultados óptimos.

Un tema a señalar es que la franja de edad de 3 a 5 años es la que más sufre situaciones de maltrato familiar. Por otro lado, los niños/as en instituciones de abrigo y los que se inician en el trabajo con sus familias a estas tempranas edades, en contextos urbanos o rurales, son de gran vulnerabilidad.

35 Las cifras estimadas posiblemente sean inferiores a las existentes en realidad si se con-sidera que, en general, según estudios internacionales, la población con discapacidad alcanza el 20% (Estudio de prevalencia de discapacidad en tres departamentos del Pa-raguay. Dirección de Educación Especial, Ministerio de Educación, JICA. Elaborado por Delta, consultora integral, 2009).

36 Total de matriculados en 2009 en educación inicial: 156.481 niños.

28

Desafíos

• Existe el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que debe ser im-plementado a nivel municipal a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Pro-tección y de los diagnósticos y coordinación integrada de las acciones. Este plan debe contemplar como mínimo acciones para garantizar la vida, nutrición y salud, protección y educación.

• Programas de detección precoz y atención temprana de discapacidades infantiles por los servicios de salud pública.

• Programas de estimulación precoz adecuada a nivel familiar y comunitario, a través de la formación de las familias.

• Aumento de la oferta de instituciones del programa de estudios de 0-3 años (programa maternal) y de 3 a 5 años (pre-jardín, jardín y pre-escolar) para que los niños de madres trabajadoras sean atendidos y estimulados adecuadamente. De esta manera se evita que los niños que acompañan a sus madres en situaciones de calle, trabajo ambulantes, rural etc.

• Mejora de la calidad educativa inicial y prescolar, e implementar los indicadores de desa-rrollo infantil temprano.

adolescentes y jóvenes

Los/as adolescentes de entre 14 y 17 años constituyen el 9%37 de la población paraguaya. La pobreza es un factor que limita el ejercicio de sus derechos. En promedio, el 40% de ellos vive en situación de pobreza y el 22%38 en pobreza extrema. Sin embargo, estos índices son mucho más altos entre los adolescentes indígenas (69% y 58%, respectivamente)39, los que viven en medio rural y en barrios urbanos periféricos (50% y 33%, respectivamente)40.

Desafortunadamente, los bajos niveles de escolarización de los adolescentes, asociados a una deficiente cobertura y calidad de la educación media y al abandono escolar, hacen que persista el ciclo de la pobreza y exclusión.

Así como el acceso a la educación básica ha tenido muy significativos avances en las dos últimas décadas, llegando a una tasa neta de escolaridad41 del 81,5% en el primer y segun-

37 DGEEC, “Encuesta permanente de hogares 2011”. 38 Ibídem.39 DGEEC, “Encuesta de hogares indígenas 2008”. 40 DGEEC, “Encuesta permanente de hogares 2011”. Al no existir la zona urbana periférica,

se considera la zona rural exclusivamente para este indicador.41 DGPE del MEC sobre la base del SIEC 2011.



29

do ciclo, las y los adolescentes del tercer ciclo y de la educación media no presentan los mismos niveles de escolarización.

En 2011, la tasa neta de escolaridad del tercer ciclo (franja de edad 12-14 años) fue del 60,1%, y la de la educación media (15-17 años), del 46%. Este dato refleja claramente el alto nivel de abandono escolar en estas edades.

Los datos de la educación media son todavía más alarmantes si se los analiza por zona geo-gráfica. La tasa neta de escolaridad en el sector rural es de apenas 24,5%, lo que significa que sólo alrededor de 24 chicos de cada 100 que cuentan con 14 a 17 años se encuentran cursando la secundaria en la zona rural.

Por otro lado, existe un incremento paulatino del abandono escolar de los adolescentes urbanos debido a repitencias sucesivas, a la falta de atractivo para ellos de los contenidos escolares tradicionales, a la insuficiente oferta de una formación profesional y las expectati-vas o necesidad de ingresos monetarios personales de manera rápida. Estos jóvenes suelen estar en la calle y expuestos a entornos violentos, bandas callejeras, criminalidad, violencia armada y la drogadicción, que son factores que comprometen su futuro.

En el año 2010, el 34% de la población de 15 a 17 años de edad, que debería estar cur-sando la educación media, se encontraba trabajando. Por tanto, el posible conflicto entre actividades escolares y laborales debe ser tenido en cuenta en el diseño de políticas que busquen atraer y mantener a los estudiantes en la educación media.

Los jóvenes con deficiente escolarización y sin formación técnica profesional tienden a ser excluidos del mercado laboral, se quedan desempleados o subempleados. En el grupo de edad de 18 a 24 años, el 40% estaba desocupado o inactivo y el 60% se encontraba ocu-pado en 201042.

El bajo nivel de escolarización de las adolescentes es un factor que condiciona el inicio tem-prano de las relaciones sexuales y el embarazo precoz. Así, el 52% de las mujeres de entre 15 y 19 años declara llevar una vida sexual activa43 y del total de embarazos registrados en el país en 2010, aproximadamente el 20% corresponde a población adolescente. Y, como ya se señaló en el apartado de salud, es alarmante el aumento de la muerte materna y de la incidencia del VIH en este grupo etario. La tasa de incidencia del VIH en adolescentes (15 a 19 años) aumentó de 4,5 desde el año 2000 a 9,9/100.000 habitantes para el año 2010. Se estima que 2 de cada 3 trabajadoras sexuales tienen menos 18 años44.

42 STP-DGEEC. EPH 2010. 43 Centro Paraguayo de Estudios de Población, 2009. “Encuesta nacional de demografía y

salud sexual y reproductiva 2008”, Asunción.44 Ibíd., pág. 29.

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Por último, si pensamos en este grupo como la base del futuro de nuestro país, es preocu-pante el hecho de que el 25% de las 180.000 personas que emigraron en el periodo 2007-2011 sea menor de 20 años45.

Desafíos

• Desarrollar estrategias para retener a los/las adolescentes en la educación media me-diante la mejora de la calidad y adaptación curricular a sus necesidades y expectativas.

• Impulsar la formación profesional que atienda a las necesidades de los/las adolescen-tes, en particular los que están fuera de la escuela, según sus niveles académicos, áreas geográficas, etc. a través del Plan Nacional de Mejoramiento de la Educación Técnica Profesional en el Paraguay.

• Mayor articulación entre las diferentes instituciones e instancias que ofrecen programas de formación técnico-profesional (MEC – SNPP – SINAFOCAL, entre otras).

• Involucrar al sector privado para promover espacios laborales dignos y decentes para la juventud.

• En todos los aspectos, dar mayor participación a los adolescentes en cuanto vayan a diseñarse programas o planes dirigidos a ellos.

• Incorporar la educación integral de la sexualidad en la educación formal y desarrollar iniciativas para la prevención de la transmisión del VIH entre adolescentes y promoción de estilos de vida sanos.

• Generar políticas de uso de tiempo libre, deporte y cultura.

niños, niñas y adolescentes indígenas

En Paraguay, la problemática de la niñez indígena, y de los pueblos indígenas en general, a pesar de ser una prioridad en el discurso de las autoridades, carece de acciones concretas, y muchas veces de visibilidad.

Los pueblos indígenas constituyen el 2% de la población total del Paraguay, 108.000 perso-nas pertenecientes a 20 pueblos o naciones con culturas y lenguas propias. Es una pobla-ción principalmente joven: más de la mitad no supera los 18 años.

45 DGEEC. EPH 2011.



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Ellos enfrentan los efectos de la discriminación social y la exclusión: el 76% de la población indígena está en situación de pobreza extrema y el 90% de los adultos mayores están en peores condiciones; solamente 7 de cada 100 familias indígenas accede a agua potable; la tasa de desnutrición global afecta al 10% de los niños/as indígenas y la desnutrición crónica afecta al 41%. Solo el 36% de los niños y niñas indígenas accede a servicios médicos, y más de la mitad no está en el sistema educativo; de los que ingresan, menos del 10% concluye la educación escolar básica. El analfabetismo afecta al 40% de las personas indígenas.

Esta situación, y la falta de políticas sociales adecuadas, obligan a los pueblos indígenas a migrar. La transformación de los sistemas productivos, el uso intensivo de los recursos naturales (cultivo agroindustrial, deforestación, producción de carbón vegetal, etc.) y la uti-lización de tóxicos en los cultivos vecinos afectan mucho la forma de vivir de los pueblos indígenas. Pero también debemos señalar el impacto de la sociedad de consumo sobre los más jóvenes y la falta de servicios de calidad en las comunidades rurales.

Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en tratados internacionales ratifi-cados por Paraguay y en leyes nacionales, pero éstas no se cumplen y no están articualdas con las políticas públicas. No hay articulación entre el sistema de administración de justicia propia y el sistema de justicia nacional, y los programas que se desarrollan en los diferentes ministerios del área social no llegan con eficacia y continuidad. Las reivindicaciones que se han logrado en las políticas públicas se obtuvieron a través de la movilización de las orga-nizaciones indígenas. Sin embargo, se reconoce que existe todavía debilidad en su segui-miento y el control social. La consulta a pueblos indígenas sobre programas que los afecten no se ha implementado aún.

Desafíos

• El Estado debe definir una política integral para la protección de los territorios, de recursos naturales y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas debe estar incluida en los procedimeintos instituciona-les, y el Estado debe garantizar los recursos necesarios para su desarrollo apropiado.

• Las políticas sociales dirigidas a la niñez y la adolescencia indígenas deben ser integrales, con una gestión clara y descentralizada, recursos públicos sostenidos y canales de parti-cipación y comunicación permanentes entre los pueblos indígenas y el Estado. Todas las instancias municipales, gobernaciones y centrales, todos los sectores tienen responsabi-lidad, aunque su actuación debe ser articulada y en función del interés del niño/niña.

• El Estado debe promover el respeto y valoración de la diversidad en los medios de co-municación y espacios públicos. En la gestión pública, los actos de discriminación deben ser rechazados.

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• La primera infancia indígena debe acceder a un cuidado especial. La disminución de la mortalidad infantil y materna debe ser una prioridad. Todos los niños y niñas deben ac-ceder a programas de nutrición, salud básica y servicios de agua, saneamiento y vivienda saludable.

• La educación escolar de niños, niñas, adolescentes y adultos debe estar garantizada. Debe ser de la mejor calidad y pertinencia. En la educación inicial y básica, el uso de la lengua materna, fortalecimiento de la autoestima y desarrollo de competencias básicas son importantes. En el tercer ciclo y educación media, debe incluirse modalidades a dis-tancia, herramientas para el autoaprendizaje e intercambio con la sociedad nacional y global, competencias para el trabajo.

• El sistema de salud debe ampliar su cobertura a las comunidades y asentamientos indí-genas, los funcionarios/as de los servicios de salud deben capacitarse y la no discrimina-ción debe formar parte de los estándares básicos de gestión.

• En cuanto a protección, los agentes de justicia e instancias no jurisdiccionales como las Codeni deben trabajar en superar los vacíos legales e incluir la atención y resolución de los casos que involucran a la niñez y la adolescencia indígenas de manera adecuada y rápida, aplicando adecuadamente los códigos procesales y el derecho consuetudinario.

• Los adultos, en particular líderes, mujeres y jóvenes, requieren de programas de forma-ción. Los de lucha contra la pobreza deben estar contextualizados para lograr mejor calidad de vida, deben incluir acceso a la lectoescritura, conocimiento del marco legal e institucional, participación en contextos interculturales, entre otros.

niñez con discapacidades

El país no dispone de información estadística sistemática y oportuna sobre la niñez con discapacidades. Sin embargo, un estudio de JICA de 201146 ha mostrado que el 14% de los niños son afectados por algún tipo de discapacidad en la Región Oriental del país. De ellos, sólo 36% asiste a un centro educativo47. Por último, según datos preliminares del “Censo de población y vivienda 2012”, la prevalencia de la discapacidad se ubica en torno al 12%48.

Además, son casi inexistentes los mecanismos de detección temprana, de atención pública e inserción en la escuela de la niñez con discapacidades.

46 JICA. “Estudio de prevalencia de discapacidad en la Región Oriental de Paraguay”, 2012 (sobre un total de 15.607 personas objeto del estudio).

47 Frutos Almada, Carmen. “Discapacidad en Paraguay”, 2002. 48 DGEEC. “Censo nacional de población y viviendas 2012. Resultados preliminares”.



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Desafíos

• Implementar sistemas de detección y atención temprana de las discapacidades.

• Se debe conocer necesariamente a esta población, por ello se requiere del registro, sis-tematización, análisis y difusión de datos sobre discapacidad.

• Priorizar recursos para las acciones planteadas en el plan de atención en salud (atención materna-infantil de calidad en las mujeres y en la primera infancia: enfermedades caren-ciales, infecciosas, nutrición, atención prenatal y perinatal, atención temprana a niños y niñas con discapacidad establecida, entre otros).

• Trabajar en programas educativos que permitan la inclusión de los niños/as con discapa-cidad.

• Establecer planes locales (departamentales y municipales) de atención e inversión en la niñez y la adolescencia, así como también espacios de trabajo multisectorial, incluyendo en forma sistemática y sistémica a la niñez con discapacidad.

• Ampliar las oportunidades de inserción de la niñez con discapacidades en actividades lúdicas y deportivas.

• Asegurar que la primera infancia –en particular los niños y niñas de 0 a 8 años con algu-na discapacidad establecida– esté visibilizada y atendida en las comunidades.

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• Carmen Frutos Almada. “Discapacidad en Paraguay”, 2002.

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• Unicef-BECA. “Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar, documento de traba-jo”, 2010.



35E 2013febrero

Nº9Nota de política

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