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Juicio No. 07334-2020-00394
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE El ORO. - SALA DE FAMILI
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL OR
viernes 12 de febrero del 2021, las 1 lh42.
VISTOS- La parte accionada del proceso, interpone RECURSO DE APELACIÓN, respec
de la sentencia dictada por escrito el día miércoles 2 de diciembre del 2020, las 16h07, por el
Abg. Fulton Ramón Godoy Palacios, Juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en el cantón
Pasaje, dentro de la Acción Constitucional Ordinaria de Protección, signada con el No.
07334-2020-00394, que tiene como parte accionada al Ministerio de Educación y la Directora
Distrital D7D01 Pasaje. Chilla. El. Guabo, Representada por la Dra. Margarita Ortiz Maza y
la Escuela de Educación Básica "Vicente Rocafuerte "representada por su Directora Leda.
Katty Valarezo Pereira, en contra de quien se acepta la acción de protección, por lo que y a
efectos de resolver el recurso se realiza el siguiente análisis.
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PRIMERO.- COMPETENCIA DE LA SALA:
De conformidad con Art. 168.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, a las Cortes Provinciales de Justicia les compete: "1. Conocer y resolver los
recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las juezas
y jueces de instancia respecto de las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y
acción de acceso a la información. El Art. 208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial,
señala que a las Salas de las Cortes Provinciales, les corresponde entre otros conocer los
recursos de apelación. Por su lado el Art 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la
República, así como el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, permiten a las partes la impugnación. Luego del sorteo realizado se ha
conformado el Tribunal integrado por la Abg. Cecilia Grijalva Alvarez, el Dr. Jorge Urdin
Suriaga y Abg. Elizabeth Gonzaga Márquez, en calidad de ponente, quienes somos
competentes para resolver el presente recurso.
SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL:
Conforme la potestad de ejercer el control constitucional y legal, revisado el trámite, éste se
ha sustanciado con arreglo a las normas procesales, por lo que se declara su validez, pues las
partes han hecho uso pleno de su derecho con las más amplias facultades.
TERCERO.- PARTE EXPOSITIVA:
3.1.- LA DEMANDA: El actor del proceso comparece con su acción constitucional la cual
obra del cuaderno de primera instancia indicando: "Que conforme al tenor de la Partida de
Nacimiento que en 1 foja, Se acompaña se confirma la existencia de la menor de 11 años de
edad SALMA VALENTINA GARAY HERRERA nacida del matrimonio de los
comparecientes, cuyas cédulas acompañamos. La menor ha venido cursando sus estudios,
desde el inicial en laEscuela de Educación Básica "Vicente Rocafuerte" de esta ciudad y que
actualmente cursa el 7mo. año de educación básica paralelo "A". El caso radica que
inauditamente nuestra hija no consta en la plataforma educativa del Ministerio de Educación
periodos lectivos 2019-2020 y 2020-2021, situación grave y anómala que se hizo evidente en
el mes de abril del año 2020, por lo que con fecha 16 de abril del 2020 se le insistió a la
Ex-tutora del grado LCDA. JOHANNA MORILLO CARRION, del porque no nos entregaba
el reporte anual de calificaciones de nuestra hija correspondiente al año Lectivo 2019-2020,
quien respondió "que ella había dejado todos los documentos en regla en secretaria pero que
en la plataforma no había podido ingresar porque nuestra hija no consta en el sistema, ya que
por un error de la ex -directora de la Escuela MGS. DORA CLEOTILDE ESPINOZA
ASTUDILLQ, la habían hecho constar como retirada, pues se habían confundido con la niña
CHANNEL GAYBOR quien en efecto si se había retirado, por viaje a Italia, error cometido
por la Ex directora". Así las cosas señor Juez, y mientras el mundo atravesaba la pandemia
del COVIP 19, con fecha 06 de abril del 2020 tomamos contacto telefónico con la aun
Directora de la Institución MGS. DORA ESPINOZA ASTUDILLQ quien a través de un
audio, concretamente indico "madrecita no se preocupara, que ella le daría solución al
problema, que solo esperaba que se habilite el sistema para hacer los cambios"; lo cual jamás
ocurrió, ante lo cual con fecha 06 de abril del 2020 tome contacto con el Ex-Funcionario del
Distrito Educativo Pasaje LCDO. MAURICIO TORRES, quien nos manifestó que "la
autoridad de la"" Institución Educativa (Directora) tiene que poner en conocimiento de lo
sucedido para que los departamentos correspondientes puedan ver la forma de cómo dar
alguna solución" posteriormente el 29 de junio del año 2020, a las 12H00 aproximadamente
en el Colegio "Carmen Mora" dialogue personalmente con la DIRECTORA DISTRITAL
07D01 PASAJE- CHILLA-EL GUABO- DRA. MARGARITA ORTIZ MAZA, exponiéndole
el caso quien sorprendida me dijo que "me iba a solucionar el problema", Y como para
concluir, la crónica de la violación flagrante de los derechos fundamentales de nuestra hija, el
día viernes 9 de octubre del 2020 a las 12H00 aproximadamente en circunstancias que acudí a
un acto en la Institución (entrega de portafolio de mi hija Iris Garay Herrera) tome contacto
con la Actual Directora de la Escuela "Vicente Rocafuerte" Leda. Katty Valarezo Pereira,
quien así mismo sorprendida me dijo "que de inmediato solucionaría el probl
llamándole a la Subdirectora y diciendole que se encargue personalmente del
Finalmente, decepcionados por la inercia e irresponsabilidad de todos y cada uno de los
funcionarios, tanto de la Escuela como del Distrito Educativo que no han dado solución a este
problema, me dirigí con sendos Oficios a la Directora Actual Leda. Katty Valarezo Pereira,
de fecha 14 y 30 de octubre del 2020, reiterando que no ha habido ni respuesta, ni solución al
problema por lo tanto nuestra hija estáa punto de perder 2 AÑOS DE ESTUDIOS.
3.2.- DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE CONTIENEN LOS
DERECHOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS.
El legitimado activo menciona que se han violado sus derechos constitucionales, tales como:
DERECHO A LA EDUCACIÓN ART. 28 Y 348 CONSTITUCIÓN R. EN LINEA CON EL
ART. 2.6 LOEI. b) GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ART.35 CONSTITUCIÓN R.
(Niños y Adolescentes) c) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
PROCLAMA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
PRINCIPIO NRO. 7. d) DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIQN ART.
11. c) NO REGRESIÓN Y PROGRESIÓN DE DERECHOS ART. 11.8. d) ART. 76.7 LTL.
L FALTA DE MOTIVACIÓN, g) ARTS. 76 Y 82 DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD
JURÍDICA. - h) ARTS. 44 AL 46 PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE NI ÑOS Y
ADOLESCENTES, i) CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES DE DD.HH. -
J) NO DISCRIMINACIQN, NI ANULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO O GOCE DE
SUS DERECHOS ARTS. 23 lit. a) b) g), i) m), n) 27 y 58 LOSEP.
3.3.- PRETENSIÓN CONCRETA:
Mediante la presentación y sustanciación de la presente acción, el suscrito solicita: que se
declare la vulneración de su derecho al debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la
educación. 3.4.- DE LA AUDIENCIA EN PRIMERA INSTANCIA Y LA
CONTESTACIÓN ALA ACCIÓN. Calificada la demanda ycitada la parte demandada comola Procuraduría General del Estado, el Juez a-quo, ha convocado a las partes a la audienciarespectiva, a la que asisten el accionante, el representante DISTRITAL 07D01 PASAJE-
CHILLA-EL GUABO- y la representante de la Procuraduría General del Estado,evacuándose la misma el día veinte ysiete días del mes de Noviembre del año dos mil veinte,a las catorce horas con cero minutos. Instalada la audiencia y luego de las formalidades deley, el Juez de la causa concede la palabra a la accionante, quien primero se ratifica en la
demanda propuesta. A continuación, se concede la palabra a parte accionada quien
manifiesta: Niego los fundamentos de hecho y derecho de la acción, por cuanto no existe
derecho constitucional violentado por parte de La Institución accionada en su calidad de
legítima pasiva, es la Directora Distrital D7D01 Pasaje. Chilla. El. Guabo, Representada por
la Dra. Margarita Ortiz Maza y la Escuela de Educación Básica "Vicente Rocafuerte
"representada por su Directora Leda. Katty Valarezo Pereira, en contra de la menor Salma
Valentina Garay Herrera.- La señora Abogada Coronado después de hacer su exposición,
Niego los fundamentos de hecho y derecho de la acción, por cuanto no existe derecho
constitucional violentado. Luego de la réplica, contrarréplica el Juez a-quo anuncia su
decisión de declarar con lugar la presente acción de protección, decisión que causa la
inconformidad de la parte accionada quien impugna por medio de este recurso que es motivo
del presente análisis.
CUARTO.- PARTE MOTIVA:
4.1.- PUNTOS A LOS QUE SE CONTRAE EL RECURSO:
La defensa técnica de la parte accionada interpone recurso de apelación de la sentencia
emitida de manera escrita por el juez a-quo, por no estar de acuerdo con la misma,
argumentando que se han violado el art. 42 de la LOGJCC y art. 82 de la Constitución de la
Repúblicas.
4.2.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.
El Art. 439 de la Constitución de la República dice: "Las acciones constitucionales podrán ser
presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente". La accionante
para proponer esta demanda, está además amparada en el Art. 75 que dice: "Toda persona
tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por
la ley". El Art. 86 ibídem dice que: "Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por
las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 2. Será competente la
jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus
efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: a) El procedimiento será
sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias, b) Serán hábiles todos los
días y horas, c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin
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necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un [alegadopara proponer la acción, d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficM
estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del afc^omisión, e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.
3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y
en cualquier momento del proceso podrá ordenar la prácticade pruebas y designar comisiones
para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante
cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.
La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración
de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y
especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de
la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de primera
instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán
con la ejecución integral de la sentencia o resolución". Mientras que el Art. 168, contempla
varios principios a los órganos de la función judicial, dicho artículo reza lo siguiente: "La
administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus
atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán
de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará
responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. La Función Judicial
gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 3. En virtud de la unidad
jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñarfunciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestadesjurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 4. El acceso a la administración de justiciaserá gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. 5. En todas sus etapas, losjuicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. 6.La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias sellevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,contradicción ydispositivo". El Art. 169, al hablar del sistema procesal dice que: "El sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán losprincipios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economíaprocesal, yharán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por lasola omisión de formalidades". El Art. 88 de la Constitución de la República, determina que:"la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechosreconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;
contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del
derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o
discriminación", esto en concordancia con el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala: "La acción de protección tendrá por
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados
internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas
corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, acción
extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena". Por su parte el artículo
45 de las Reglas para el Ejercicio de Competencias de la Corte Constitucional indica: "La
acción de protección garantiza judicialmente los derechos establecidos en la Constitución y
demás derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y aquellos
que de no estar señalados expresamente en la Constitución y en los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos que contengan normas más favorables a los contenidos en la
Constitución". La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el
Art. 16 señala "La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o
en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de
pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya
calificado de inconstitucional o impertinente"; a su vez el Art. 86 de la Constitución de la
República del Ecuador, trata de las Garantías Jurisdiccionales, en relación al derecho de las
personas a proponer las acciones previstas en la Constitución; para asegurar la obligación del
Juzgador de impartir justicia en materia constitucional y el derecho ciudadano para acceder a
la tutela de una justicia constitucional ágil, veraz y eficaz, para lo cual citaremos el Art. 2 que
se refiere a los fines de la Justicia Constitucional y el Art.3 de los Principios de la Justicia
Constitucional contenidos en las Reglas de Procedimiento de las competencias de la Corte
Constitucional para el período de Transición, hoy Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, en tal sentido revisado tanto el proceso como la sentencia de la
Acción de Protección, se observa: El Art. 24 de la Ley de Garantías y Control Constitucional,
dice "APELACIÓN.- Las partes podrán en la misma audiencia o hasta tres días hábiles
después de haber sido notificados por escrito. La apelación será conocida por la Corte
Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no
suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad
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accionada.
4.4.- JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA APLICADA:
La Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia constitucional, ha señalado en la SENTENCIA No.
116-14-SEP-CC (CASO No. 1145-11-EP. Recurso Extraordinario de Protección 116,
Registro Oficial Suplemento 340 de 24 de Septiembre del 2014), "que tiene la obligación
ineludible de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y de los derechos de las partes.
-La sumisión al mandato de las le-yos hace que las decisiones se logren en estricto derecho,
prescindiendo de cualquier intromisión personal o subjetiva que pudiera ser indicativa de una
perniciosa influencia en las decisiones. La plena objetividad en el tratamiento de los
problemas y de la decisión, vincula al juez al derecho, y en tal sentido, demuestra que toda
sentencia responde a lo que el derecho ordena y no a valoraciones personales que posean. Así,
le permite demostrar que ha arribado a la decisión a través de pasos sucesivos y
concatenados, y que la misma responde a premisas establecidas con anterioridad, las cuales
no son elaborados por ellos mismos, sino articuladas a partir de los mensajes claros y las
formulaciones normativas realizadas por el legislador, para dar cumplimiento con la
seguridad jurídica que se encuentra establecida en el artículo 82 de la Constitución de la
República". Por lo tanto, considera que en aplicación de esta garantía que forma parte del
debido proceso, los jueces, al resolver las causas sometidas a su conocimiento, en cualquier
materia, deben observar la normativa constitucional u ordinaria aplicable al caso, a fin de
garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, a efectos de que conozcan
y resuelvan asuntos que atañen a la tutela de derechos, y no al reconocimiento de derechos,
para que no vulneren las garantías del debido proceso sustancial previstos en los artículos 76
numeral 1 y 82 de la Constitución. El Dr. Galo Blacio Aguirre, en su artículo publicado en
Diario "La Hora" determina como definición de acción lo siguiente: "La definición de la
acción en buena parte depende del alcance y contenido que esta garantía tenga en cada
Constitución y el desarrollo constitucional de cada país. Esta realidad ha determinado el que
unos expertos consideren a la acción de protección como una acción subsidiaria o alternativa
y otros como la que surge de nuestra Constitución como una acción de naturaleza principal,
de mayor jerarquía y totalmente independiente..." Cita el mismo ponente a Guillermo
Cabanellas "acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad, efecto o resultado de
hacer", en cambio al hablar de protección manifiesta que es: "amparo, defensa,
favorecimiento". Couture, se refiera a la acción como: "el poder jurídico que tiene todo sujeto
de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una
pretensión... tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la
comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea la realización
efectiva de las garantías dejusticia, depaz, de seguridad, de orden, de libertad, consignada en
la Constitución". Por otro lado es entendible cuál es su objetivo primordial y directo deducido
este de la misma disposición constante en la Constitución, pues será el amparo directo de los
derechos reconocidos en nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado,
hacerlo cesar si se está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios
claros de que el acto ilegítimo puede producirse. No es necesario que el daño se haya
causado, es suficiente la existencia de la presunción de que el daño puede causarse, y tanto
cuando se ha causado o se pueda causar. Vale además recalcar lo manifestado por el Dr.
Ramiro Avila Santamaría (Neo constitucionalismo y Sociedad. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos del Ecuador. Quito, Ecuador, 2008. Ira. Edición: agosto 2008; pág. 52,)
quien sostiene que "La teoría tradicional del derecho considera que en la Constitución se
pueden encontrar dos tipos de normas, unas de directa aplicación y otras programáticas, se
entendía que las primeras, al tener formas de reglas (hipótesis de hecho y obligación), podían
ser aplicadas, mediante un proceso subsuntivo por quien juzga, en cambio las normas
programáticas, aquellas que establecen objetivos a alcanzarse, tales como los derechos
sociales solo pueden ser aplicadas si es que existe desarrollo normativo. Esta teoría tiene
sentido en el estado legal de derecho, puesto que las autoridades judiciales están sometidas
exclusivamente a la ley, este principio se conoce como el de mera legalidad". Estos conceptos
han sido ya superados en la Constitución del Ecuador 2008, donde en el Art. 11.3 se establece
que el ejercicio de los derechos se regirá por el principio de que "Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las
garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en
la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por
esos hechos ni para negar su reconocimiento". Ahora fijémonos en lo que la doctrina y los
Constitucionalistas vienen pregonando en nuestro medio jurídico ecuatoriano, la llamada
ponderación, pero salta la pregunta ¿Acaso la Constitución o la doctrina misma ha creado o
establecido un sistema de prioridades? (Podría decirse que todas ellas gozan de la misma
«dignidad» constitucional y que, por consiguiente, ninguna puede prevalecer a costa de un
sacrificio desproporcionado de las otras" GASCÓN ABELLÁN, Marina y GAIl®B¿^££^<^FIGUEROA, Alfonso, p. 306. Citado por Abg. JORGE BAQUERIZO MINUCHE en su
artículo COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES y JUICIO DE
PONDERACIÓN). Será acaso necesario ponderar entonces qué derechos se están violando o
cuál en el presente caso debe primar, si el interés particular o el común de la sociedad, si los
derechos personalísimos o patrimoniales. Sobre la seguridad jurídica, garantizada en el Art.
82 de la Constitución, la jurisprudencia más autorizada se ha pronunciado que este derecho se
refiere principalmente a la factibilidad de anticipar cuál será el comportamiento de las
autoridades públicas en relación con el ordenamiento jurídico y la aplicación que de sus
normas realicen, la que, atendiendo al principio, debería ser de completa certidumbre. Si en el
ejercicio de las facultades otorgadas por ese ordenamiento las autoridades cambian de parecer
arbitrariamente, sea porque no aplican las mismas reglas para todos los casos, o porque sus
resoluciones no guardan coherencia con la Constitución, no habrá seguridad jurídica ni estado
de derecho; por ello, es deber del justiciable que invoque la violación a este derecho
fundamental, determinar al mismo tiempo con toda claridad cómo es que se han cometido las
violaciones antes anotadas (G.J. Año CVIII. Serie XVIII, N.3, pág. 817). En este mismo
orden de ideas la doctrina más relevante ha señalado que, el concepto de seguridad jurídica
alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar las consecuencias jurídicas de la
conducta personal y de terceros, que propuestos como principio constitucional, significa que
el orden jurídico proscribe cualquier práctica en el ejercicio del poder que conduzca a la
incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de anticipar o predecir las consecuencias jurídicas
de la conducta; que no se trata de una regla susceptible de invocarse para valorar los actos de
poder creadores de normas particulares, si son el resultado de facultades regladas. La acción
de protección de derechos no tiene un carácter residual, como pretende insinuarlo la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma secundaria que ha
permitido a la Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición delinear una
separación entre lo que se debe entender por jurisdicción ordinaria y jurisdicción
constitucional, señalando por ejemplo, en el auto de admisión de la acción extraordinaria de
protección, causa Nro. 0162-09-EP, que los jueces constitucionales tienen competencia para
conocer sobre garantías constitucionales que versen sobre derechos constitucionales, en tanto
que disputas que versen sobre manifestaciones patrimoniales de estos derechos no le
corresponde a lajusticia constitucional, bajo la premisa de que: "el derecho constitucional a la
propiedad, entendido como la posibilidad de que todas las personas puedan llegar a serpropietarios, reúne las cuatro características que Ferrajoli, atribuye a los derechos
fundamentales. Sin embargo, el derecho constitucional a la propiedad se manifiesta en
derechos infraconstitucionales de carácter patrimonial o real, sobre los cuales el legislador o
la administración tienen una libertad de configuración mucho más amplia, libertad que se
extiende a los particulares a través de la autonomía ejercitada en los contratos".
QUINTO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN.
Con fundamento en los antecedentes expuestos, corresponde por mandato constitucional y
legal al suscrito tribunal de alzada motivar la decisión judicial según lo dispuesto en el
artículo 76, numeral 7, literal 1de la Constitución de la República, en concordancia con el
artículo 24 de la LOGJYCC, estableciendo la relación de los hechos probados relevantes para
la resolución y, la argumentación jurídica que sustentará la misma. La Corte Constitucional
refiere que dicha garantía: "(...) Para que se considere cumplido el requisito de la motivación,
es necesario que lleve a cabo la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de
la decisión adoptada, haciendo explícito que éste responda a una determinada interpretación
del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo
ejercicio de los derechos. Es decir, la motivación responde a la debida y lógica coherencia de
razonabilidad que debe existir entre la pretensión, los elementos fácticos, las consideraciones
y vinculación de la norma jurídica y la resolución tomada" (Corte Constitucional del Ecuador,
sentencia No. 0069-10-SEP-CC, en el caso No. 0005-10-EP). Paralelamente, el Prof. Dr.
GONZÁLEZ LAGIER señala: "La prueba judicial es un método de conocimiento y de
justificación del mismo que, en lo esencial, sigue este mismo modelo.
En el proceso de prueba podemos distinguir desde un punto de vista lógico, tres momentos
distintos: (1) La selección de los hechos probatorios, (2) la inferencia de una determinada
hipótesis a partir de ellos y (3) el momento de la decisión de aceptar los hechos como
probados..." (GONZÁLEZ LAGIER, Daniel, Tres Modos de Razonar Sobre Hechos en
"Hechos y Razonamiento Probatorio" Coord. Carmen Vásquez, ZELA Grupo Editorial,
Lima, 2019, Pg. 19). Por tanto, el suscrito tribunal de alzada, una vez revisado la presente
acción ordinaria de protección, motiva su fallo en base de los siguientes parámetros:
i. ACERCA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS Y LAS NORMAS
INVOCADAS POR LOS SUJETOS PROCESALES:
Una vez que se ha admitido la demanda de Acción Ordinaria de Protección de derechos, y
ante la declaratoria con lugar de la demanda dictada por el juez de primera instancia, se ha
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concedido el presente recurso de apelación por ser oportunamente interpuesto por
accionada, resta establecer al amparo de la garantía de motivación, si materialmente la
deducida cumple con los presupuestos procesales mínimos para ser procedente en Derecho
en ese caso, dictar la restauración y/o reparación correspondientes. Para este particular se
hace saber a las partes procesales que el art. 40 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional generan un entramado normativo que define la
relación entre: I) legitimación pasiva de la acción, que para efectos de este fallo se centra en
el espectro público de la actividad jurídica II) la infracción indubitable de la norma
constitucional y III) eficacia procesal constitucional / ineficacia procesal de otros medios
procesales de carácter ordinario.
Al efecto, las normas en mención refieren: "Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se
podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho
constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad
con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y
eficaz para proteger el derecho violado. Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La
acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no
judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o
ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o
ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público
que viole los derechos y garantías...". En concreto, el juez de la causa ha reflexionado para
declarar la procedencia material de la acción constitucional, que "DETERMINACIÓN Y
ARGUMENTACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO.- "(...) En el presente caso se debe
determinar si se ha vulnerado los derechos constitucionales determinados por los accionantes,
ante lo cual se debe resolver el siguienteproblemajurídico:
Al no estar ingresada a la plataforma educativa o el mecanismo virtual y/o tecnológico
del Ministerio de Educación, la menor SALMA VALENTINA GARAY HERRERA por
más de un año se VIOLENTA LOS DERECHOS de la persona en este caso la niña.- EL
DERECHO DE RECIBIR UN TRATO ESPECIAL JUSTO IGUALITARIO Y
PRIORITARIO POR TRATARSE DE UNA NIÑA Y EL DERECHO A LA
SEGURIDAD JURIDICA.-
Por su parte los accionados sostienen que no se vulneró ningún derecho por cuanto la menor
estuvo asistiendo a clase con normalidad tiene sus calificaciones y fue promovida al séptimo
año de educación básica, y que no existe vulneración de derechos constitucionales.- (...) En
este caso los accionante está planteando la tutela y reparación a la educación y tener el mismo
trato que las demás niñas y niños de la escuela que es constar en la plataforma educativa o el
mecanismo virtual y/o tecnológico del Ministerio de Educación que tiene una garantía
constitucional- SE HA VULNERADO EL DERECHO, de constar en la plataforma educativa
o el mecanismo virtual y/o tecnológico del Ministerio de Educación.- En el presente caso
entre los temas de debate es dilucidar la protección constitucional del derecho a la igualdad
que es constar en la plataforma educativa o el mecanismo virtual y/o tecnológico del
Ministerio de Educación, así en la Constitución de la República del Ecuador cuando describe
los derechos Art.35. También se prohibe toda forma de discriminación.- El tema de debate es
que se ha VULNERADO EL DERECHO de la menor SALMA VALENTINA GARAY
HERRERA, al no habérsela Ingresado a la plataforma educativa o el mecanismo virtual y/o
tecnológico del Ministerio de Educación.- Además se debe precisar que el acto impugnado es
la acción de una autoridad pública, por lo que cumple con los requisitos de admisibilidad de
análisis y discusión de una acción de protección. (...)
Como tenemos indicado el Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia
social.- Ya no se habla de un juez supeditado al principio de legalidad, ha superado las etapas
anteriores, estamos frente a un juez que debe resolver problemas que involucran derechos
fundamentales y ponderación entre estos, es decir que se deberá establecer una relación de
preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto,
para determinar la decisión adecuada; además, como se observa las personas de la tercera
edad, se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria, Constitución Art, 35 indica:
"...Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestara especial protección a las
niñas y niños", Art. 35, 44 (...) En consideración a las normas mencionadas se debe entender
que el juzgador está en el deber de reconocer y garantizar los principios constitucionales; en
el caso en concreto los accionantes señor MARLON FRANCISCO GARAY APOLO Y
SEÑORA YANYA CRISTINA HERRERA ROMERO, en sus calidades de representante
legales de la menor SALMA VALENTINA GARAY HERRERA, presentan la Acción de
OoíkW -
Protección en contra de La Institución accionada en su calidad de legítima pasiv
Directora Distrital D7D01 Pasaje. Chilla. El. Guabo, Representada por la Dra. Ma
Ortiz Maza y la Escuela de Educación Básica "Vicente Rocafuerte "representada por
Directora Leda. Katty Valarezo Pereira y la señora Ministra de Educación del Ecuador,
señora Dra. Monserrat Creamer Guillen argumentando encontrarse frente a una vulneración
de su derecho de la niña Salma Valentina Garay Herrera, al no habérsela ingresado a la
plataforma educativa o el mecanismo virtual y/o tecnológico del Ministerio de Educación; en
este orden de supremacía constitucional, de progresividad de derechos ya desarrollados (...)
De los auto se encuentra justificado legalmente que se vulnero los derechos ante señalado a
la menor Salma Valentina Garay Herrera. Dentro de la acción de protección, le corresponde
al juez apreciar si existe vulneración de derechos y garantías constitucionales, no le
corresponde al juez crear derechos a favor del accionante, en el presente caso se ha
demostrado que se ha vulnerado los derechos de la menor al no habérsela incluido en la
plataforma Educativa del Ministerio de Educación"
B) Sobre esta base argumental, el juez de instancia declara con lugar la demanda,
imponiendo un conjunto de obligaciones positivas y negativas en favor del accionante, y que
constan en la parte resolutoria del documento.
C) Las entidades accionadas: Dirección Distrital D7D01 Pasaje. Chilla. El Guabo, la
Escuela de Educación Básica "Vicente Rocafuerte" y Ministerio de Educación del Ecuador
conjuntamente a la Procuraduría General del Estado, interponen recurso de apelación oral,
según reza del texto de la sentencia. Sin embargo, en el devenir del expediente, solo la
Procuraduría ha fundamentado su recurso mediante ratificación de gestiones y alegato en
derecho (fs. 360 a 362).
Por su parte, las entidades accionadas vinculadas al Ministerio de Educación no han realizado
fundamentación alguna, pero, han acreditado suficiente el cumplimiento de la sentencia de
instancia (fs. 369 a 391), en particular, el registro y acceso a su plataforma virtual de
evaluación y aprendizaje de la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA, incluyendo
la regularización de la matrícula y su inclusión en las diferentes bases de datos de la
institución, lo cual, es valorado por el tribunal en el marco de la buena fe y lealtad procesal
(Art. 26 CRE). Sin embargo, ante las alegaciones desestimatorias de la Procuraduría General
del Estado es necesario ahondar en el objeto procesal de la presente causa.
D) De los aportes de las partes procesales, se infiere, mediante diversa evidencia
documental que la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA es una estudiante
regular del sistema nacional de educación intercultural, quien, por un error administrativo e
involuntario, fue aparentemente confundida con otra estudiante (MYA CHANNEL GAIBOR
HERRERA) que desertó sus estudios en el periodo lectivo 2019-2020 cuando cursaba el sexto
año de Educación Básica en la Escuela "Vicente Rocafuerte" adscrita a la Dirección Distrital
D7D01 Pasaje. Chilla. El Guabo. Por la referida confusión, para el periodo 2020-2021, el
sistema informático del Ministerio de Educación, por efecto de la consistencia lógica de la
base de datos informático, no puede habilitar el registro de la matrícula, asistencia y
rendimiento de la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA, correspondiente al 7mo
año de educación básica. Luego de ello, los padres de la menor, accionantes de la presente
acción, han realizado un conjunto de reclamaciones progresivas en el marco de la debida
diligencia parental en el ejercicio de las obligaciones que impone la patria potestad. Sin
embargo, las autoridades involucradas no pudieron dar respuesta efectiva al requerimiento
planteado. Este tribunal advierte la informalidad administrativa con la que se gestiona los
errores propios del hacer humano frente a sistemas informáticos que deben responder a
principios técnicos de confiabilidad, coherencia y consistencia lógica.
En particular, este tribunal, resalta la utilidad y pertinencia probatoria de los documentos: A)
Informe Técnico Sobre la No Constancia de la Estudiante GARAY HERRERA SALMA
VALENTINA en el sistema CAS -que consta a fs. 101-107 suscrito por la Sra. Lie. Katty
Valarezo Pereira Directora de la Escuela "Vicente Rocafuerte". B) Certificado de matrícula
de la menor (fs. 108). C) Informe del 13 de noviembre de 2020 (fs. 109-110) suscrito por la
Sra. Lie. Mercedes Heredia, secretaria de la Escuela "Vicente Rocafuerte". D) Oficio No.
0037 DD-07D01-ARSE-2020 suscrito por la Sra. Mgs. Margarita Ortiz, Directora Distrital
D7D01 Pasaje. Chilla. El Guabo (fs. 118). E) Certificado de Asistencia fechado al 25 de
noviembre de 2020 (fs. 119) y reportes varios (fs.120 a 123) a favor de la niña GARAY
HERRERA SALMA VALENTINA como integrante del 7mo año de educación básica en el
periodo 2020-2021.
E) La naturaleza jurídica de la administración pública: Al constituirse la actividad
jurídica de la entidad accionada, en sus distintas unidades administrativas, en una
manifestación de poder público, y que en el presente caso, se expresa en la gestión
administrativa, realizada por las entidades accionadas, sobre los conflictos suscitados con el
acceso y registro informático de los participantes en el sistema nacional de educación
intercultural, como forma particular de ejercicio material del derecho a la educación, de la
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niña GARAY HERRERA SALMA VALENTINA como integrante del 7mo año de ed
básica en el periodo 2020-2021; resulta claro que, el ejercicio de sus potestades no áfc^W..'̂puramente condicionado a la voluntad de la autoridad en ejercicio de sus competencias, sSS^jth.^jAque también se encuentra condicionado a la aplicación de reglas procesales de origen
orgánico (Ley Orgánica de Educación Intercultural), y su reglamentación, en armonía con los
principios procesales de rango constitucional, para que puedan eficazmente alcanzar el
propósito para elcual fueron creados y constituirse en una verdadera garantía de los derechos.
En este sentido, la parte accionada (PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO) ha
reclamado la vigencia de su normatividad interna, la ausencia de un acto violatorio al derecho
a la educación o la seguridad jurídica, la ausencia de lesividad por cuando no se ha restringidoel ejercicio educacional de la niña GARAY HERRERA SALMA VALENTINA como
integrante del 7mo año de educación básica en el periodo 2020-2021, la impugnabilidad en
sede administrativa de los actos administrativos yla naturaleza administrativa del conflicto, yen ello, el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82 CRE).
Para fines de análisis, el suscrito tribunal instruye a las partes en cuanto a que los derechosconstitucionales, según la Constitución de la República, son un conjunto de expectativasjurídicamente garantizadas por el Estado ecuatoriano, y particularmente, por laAdministración de Justicia, que comparten en su integralidad las condiciones de inalienables,irreductibles, imprescriptibles, de plena justiciabilidad, aplicación directa y equidadjerárquica (Art. 11 numerales 3,5 y 6 C.R.E.). Entre estos derechos, subsiste una distinción
funcional por los mandatos subyacentes a su composición, es decir, que los derechos puedenser distinguidos de acuerdo al tipo de protección que exigen. Al respecto FERRAJOLI
explica que: "(...) son «derechos fundamentales» todos aquellos derechos subjetivos quecorresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de
personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derechosubjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones)adscrita aun sujeto por una norma jurídica; ypor «status» la condición de un sujeto, previstaasimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titularde situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas..." (FERRAJOLILuigi, Derechos y Garantías, Editorial Trotta, sexta edición 2009, pg. 39). Debido a ladiversificación de los derechos subjetivos constitucionales a razón de la función tutelar quedesempeñan (prestación - protección), conviene indicar que el derecho a la educación es underecho que requiere de prestaciones establecidas constitucionalmente, precisamente por ser
un proceso de formación que no preexiste en la persona, sino que es adquirido mediante la
interlocución lingüístico-cultural. Es menester establecer entonces, si la privación
injustificada del acceso y registro de matrícula, asistencia y rendimiento en el sistema
informático y/o bases de datos del Ministerio de Educación constituye una vulneración al
derecho a la educación de la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA.
F) La naturaleza jurídica del derecho a la educación y la seguridad jurídica: En el
libelo de la demanda, la persona accionante realiza un planteo en el que sobresalen los
derechos a la educación y la seguridad jurídica, como fundamento de su pretensión. En este
sentido, cabe mencionar que los derechos constitucionales, según la Constitución de la
República, son un conjunto de expectativas jurídicamente garantizadas por el Estado
ecuatoriano, y particularmente, por la Administración de Justicia, que comparten en su
integralidad las condiciones de inalienables, irreductibles, imprescriptibles, de plena
justiciabilidad, aplicación directa y equidad jerárquica (Art. 11 numerales 3,5 y 6 C.R.E.). El
derecho a la educación, (a excepción de su relación con la libertad de cátedra y enseñanza), es
un derecho eminentemente social, ya que no nace con el individuo, sino, que requiere de una
amplia estructura institucional, para que se materialice en la cotidianidad, a saber: Art. 26
CRE.- La educaciónes un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible
e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para elbuen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen elderecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo; Art. 28 CRE.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad
interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. (...) De las normas citadas y que interesan
para la resolución del caso concreto, se observa que la educación está centrada en la idea delproceso educativo, que es la articulación de esfuerzos institucionales públicos y privados, en
el marco de la legalidad, el laicismo y la interculturalidad, para la generación de individuos
formados integralmente para ser partícipes del hacer social. Se trata de un conjunto deprocedimientos articulados para la transformación intelectual y espiritual de las personas quese integran a la sociedad, en el cual, tanto los educandos, sus familias y la sociedad debeninvolucrarse. Dicho proceso, en razón de la digitalización de la administración pública, tiene
m¡$m
como eje central la creación y administración de bases de datos que se admmistr^^^fr,.T^y^'rigurosidad lógica, por lo que ante errores humanos no regulados por protocolos^se!^
contingencias informáticas, los educandos quedan a la deriva de la interlocución
administrativa que no puede resolver sin norma jurídica, directriz administrativa o sentencia
judicial. En tal sentido, dada la dualidad derecho-deber de la educación, resulta especialmente
relevante su dimensión de acceso y movilidad; esto, por cuanto, resulta esencial para la
dinámica educativa, que el estudiante pueda circular hacia los niveles siguientes de
educación, en tanto, cumpla con las obligaciones educativas propias del régimen de
evaluación. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, desarrolla en su artículo 13 el derecho a la educación, cuyo contenido normativo
se desarrolla por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a través de la
Observación General No 13, determinando que la educación en todas sus formas y en todos
los niveles debe tener 4 características interrelacionadas: 1) Disponibilidad; 2) Accesibilidad
(no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica); 3) Aceptabilidad; y, 4)
Adaptabilidad.
G) En este sentido, para la comprensión del fenómeno procesal puesto en conocimiento del
suscrito tribunal, es necesario señalar que lo que se observará es el grado de cumplimiento del
derecho de acceso a la educación, por parte de las entidades accionadas, quienes, tienen la
obligación de ceñir sus actuaciones a la normativa vigente, a fin de legitimar la restricción al
mencionado acceso y movilidad, toda vez que, la restricción vía punible a los derechos
constitucionales solo es posible bajo el principio de legalidad (Art. 76 numeral 3 CRE), en el
marco del debido proceso y la seguridad jurídica. La Corte Constitucional, por su parte, en
SENTENCIA N.° 133-15-SEP-CC, señala al respecto: "En este sentido, y más allá de las
cifras de escolarización, las condiciones específicas de accesibilidad, asequibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad, resultan indicativas del grado de materialización del derecho a
la educación como derecho constitucional de la persona, las mismas que inexorablemente
deben ser observadas por los operadores del derecho, toda vez que, la accesibilidad implica la
obligación de eliminar todas las exclusiones basadas en los criterios discriminatorios
actualmente prohibidos (...); la asequibilidad: obligación de asegurar que sea educación
gratuita y obligatoria y esté asequible para todos los niños y adolescentes en edad escolar; la
aceptabilidad: obligación de proporcionar una educación con determinadas calidades
consecuentes con los derechos humanos y, la adaptabilidad: requiere que las escuelas se
adapten a los niños, según el principio del interés superior del niño de la Convención sobre
<r00-
los Derechos del Niño (..) En efecto, el artículo 26 de la Constitución de la República, definea la educación como "un derecho de las personas a lo largo de su vida yun deber ineludible e
inexcusable del Estado", garantiza "el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sindiscriminación alguna", obligatorio en el nivel inicial (artículo 28). Los artículos 45 segundoinciso y 46 numeral 1, indican que el derecho de los niños es fundamental y de atenciónprioritaria".
H) Por su parte, en tanto interesa al caso concreto, la seguridad jurídica alude al conjunto de
condiciones necesarias para anticipar las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de
terceros, al efecto, el orden jurídico proscribe cualquier práctica en el ejercicio del poder
público que conduzca a la imposibilidad de anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de
la conducta ejecutada por la persona sujeta a un procedimiento administrativo. En el actual
Estado Constitucional, la seguridad jurídica no es sinónimo legalidad estricta y acrítica, sino
de correspondencia entre las normas infra-constitucionales y sus vínculos constitucionales y
convencionales. El Art. 82 de la Constitución de la República señala que la seguridad
jurídica, tiene relación no solo con la aplicación de reglas legales, sino que además suma el
cumplimiento de los mandatos constitucionales, y por extensión, de los principios
convencionales de derechos humanos. I)Acerca de la procedibilidad de la acción: El art. 41 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional refiere: "Art.
41.-Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección procede contra: 1. Todo
acto u omisión de una autoridad pública nojudicial que viole o haya violado los derechos,
que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio... " por su parte, el Art. 40 de la
LOGJCC que refiere: "Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar
cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2.
Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo
siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para
proteger el derecho violado... " En el presente proceso, las partes procesales convergen
probatoriamente, en que ha existido una falta de ingreso y/o registro de las actividades
escolares de la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA en las bases de datos del
Ministerio de Educación para en los periodos 2019-2020 (en que cursaba el sexto año de
educación básica) y 2020-2021 (en que viene cursando el séptimo año de educación básica) y
que ha sido reclamado oportunamente por los padres de la menor, e inclusive, los sucesos que
han dado origen a la falta de registro y acceso fue informado por personal de la misma
Escuela "Vicente Rocafuerte", en forma consistente y profesional. Sin Embargo, la estructura
\>^O.ÍXD
administrativa del Ministerio de Educación no tiene los protocolos de respueátfccontingencias informáticas, tal como el presente caso, en que un error humano, no atribuiwk^
la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA, genera una singularidad informática, ^¿ÍS^decir, un evento excepcional que no puede ser registrado por la mecánica ordenada y
secuencial de la plataforma informática. Además, consta evidencia la inactividad posterior de
la administración pública para resolver su propia negligencia, pretendiendo ahora porapelación de la procuraduría, imputar deberes inexistentes a ex servidores y los padres de la
menor perjudicada, para ocultar sus propias inconductas procesales. Si bien, el fenómeno
acusado violatorio surge del accidental registro equivocado, que confunde a la niña SALMA
VALENTINA GARAY HERRERA, con la niña MYA CHANNEL GAIBOR HERRERA,
la vulneración omisiva que se deduce de la prueba es la falta de acciones oportunas,preventivas o correctivas de la limitación ilegítima en el acceso a la dimensión informática
del sistema nacional de educación en contra de la niña SALMA VALENTINA GARAY
HERRERA. Precisamente las bases de datos y plataformas informáticas que los administran,como es consabido, son los instrumentos de registro de la actividad escolar como requisitosine qua non de la movilidad escolar y el acceso a los servicios y beneficios legales quecomporta la culminación del proceso educativo. Al efecto, se declara que existe una omisión
conductual, como modalidad de acto de poder público emanado de autoridad pública nojudicial que es violatoria al derecho a la educación en las dimensiones de acceso ymovilidad,con vulneración colateral del derecho a la seguridad jurídica por quebrantar principiosgenerales de la administración pública aplicados a la educación, en particular: Art. 343.- Elsistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades ypotencialidades individuales ycolectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y lageneración y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistematendrá como centro al sujeto que aprende, yfuncionará de manera flexible y dinámica,incluyente, eficaz y eficiente. (...) Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecerla educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad,la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de lasinstituciones educativas públicas. (...) 8. Incorporar las tecnologías de la información ycomunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas osociales. (...) 11. Garantizar la participación activa de estudiantes,familias ydocentes en los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios de equidadsocial, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública.Asimismo, se declara que la presente vía constitucional es el medio procesal idóneo para
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revisar, bajo el espectro del análisis constitucional, las actuaciones de agencias de poder
público no judicial que vulneran el derecho constitucional a la educación y la seguridad
jurídica, en particular se valora el agudo decurso del tiempo entre el error de la
administración y la ejecución de la sentenciade primera instancia.
Por lo que habiéndosele privado dela garantía de acceso y movilidad en elmarco del registro
debido de la información escolar de la niña SALMA VALENTINA GARAY HERRERA en
las bases de datos y plataformas informáticas del Ministerio de la Educación, por decurso del
tiempo, se hace necesaria la aplicación de la justicia constitucional para restaurar el derecho
subjetivo constitucional vulnerado. Es consabido en la Ciencia del Derecho, que las
corporaciones estatales en sus relaciones deben observar rigurosamente sus competencias ylanormatividad. Porque los límites de la ley, son los límites de la dignidad del individuo, que
como ya se dijo, se expresa en los derechos subjetivos de protección y de prestación. La
Constitución de la República refiere que: Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que
incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o
judicial, garantizar elcumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Art: 226: Lasinstituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las senadoras o servidores públicos
v las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente lascompetencias yfacultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán eldeber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Las entidades accionadas, encualquier manifestación particular de poder público, deben obsen'ar sus competenciaslegales, y garantizar el goce y ejercicio de los derechos. Esta garantía transversal delegalidad de la actividad pública tiene, en el plano procesal, una relación estructural con lagarantía del debido proceso. De este modo, se cumplen los requisitos de procedibilidadconsignados en el Art. 40 LOGJCC, dado que la presente decisión recae sobre decisiones deautoridades públicas no judiciales, se ha detectado fenómenos procesales violatorios a lagarantía constitucional de acceso ymovilidad en el sistema educativo y, por la particularidaddel caso, no existe otra vía idónea que no sea la constitucional, única capaz de brindar lareconstitución de la materialidad del Estado Constitucional mediante la reparación y la
restauración (Art. 18 y 19 LOGJCC), obligación inobjetable de la totalidad de la
administración pública.
SEXTO.- DECISIÓN:
¿tfWss^JH-R)
Por los antecedentes y considerandos expuestos, El Tribunal de esta Sala de Fam
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro.
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO^tfSECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA", CONFIRMA la sentencia venida en grado y al efecto, NIEGA el recurso de
apelación interpuesto por la accionada y la Procuraduría General del Estado, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución.
El señor Secretario de esta Sala, previa observancia de la ley, devuelva el expediente al
Juzgado de origen para los fines consiguientes, debiendo además dar cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República. Notifiquese.-
GONZAGA MÁRQUEZ ELIZABETH DEL ROSARIOJueza Provincial (PONENTE)
GRIJ
En Máchala, viernes doce de febrero del dos mi veinte y uno, a partir de las doce horas,mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: GARAY APOLO
MARLON FRANCISCO en la casilla No. 9999 ycorreo electrónico [email protected], enel casillero electrónico No. 0701424749 del Dr./Ab. SUAREZ SALAZAR EDISON
ROLANDO; HERRERA ROMERO TANYA CRISTINA en la casilla No. 9999 y correoelectrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 0701424749 del Dr./Ab.SUAREZ SALAZAR EDISON ROLANDO. LCDA. KATTY VALAREZO PEREIRA
CILIA
DIRECTORA DE LA ESCUELA VICENTE ROCAFUERTE en el correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 0702570284 del Dr./Ab. JOSÉPIÓ QUEZADA SANMARTÍN; PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO en el correo
electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 0703861914 del Dr./Ab.
MERLY ALBANIA GALLARDO MACAS; en la casilla No. 191 y correo electrónico
[email protected]. CORONADO SALTOS OLGA CECILIA en el correo
electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], en el casillero electrónico No. 0704798826 del Dr./Ab.
CORONADO SALTOS OLGA CECILIA. No se notifica a DRA. MARGARITA ORTIZ
MAZA DIRECTORA DISTRITAL PASAJE- CHILLA- ELGUABO, DRA. MONSERRAT
CREAMER GUILLEN, EN CALIDAD DE MINISTRA DE^EDUCACIÓN por no haberseñalado casilla. Certifico:
NANCY.TEJEDOR
CISNEROS EDGAR MARCELO
Secretario
El ORO
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