pliego interpelatorio pcm juan jiménez mayor 120413

Pliego Interpelatorio Juan Jiménez Mayor. Congreso de la República 12-04-2013

PLIEGO INTERPELATORIO JUAN JIMÉNEZ MAYOR Congreso de la República

(12 de abril 2013)

1. Para que diga usted: ¿Cuáles y cuántas son las acciones de coordinación, que por ley le corresponden, que ha llevado a cabo este gobierno y su Despacho en materia de políticas públicas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad?

Señor Presidente del Congreso Señores parlamentarios

Asisto a este Congreso sometiéndome como corresponde al pedido de interpelación planteado por algunas bancadas en ejercicio legítimo de la función de control político previsto en la Constitución.

Las circunstancias que rodean ese pedido y la importancia del tema convierten este acto en una gran oportunidad para dar cuenta a ustedes, señores parlamentarios, de lo que acontece con este álgido problema y las acciones que venimos realizando.

Quiero saludar el interés del PPC en este delicado tema y su preocupación sincera en esta iniciativa de control político. A todas las bancadas les extiendo mi saludo democrático, esperando que ésta sea una jornada ejemplar que


demuestre la preocupación de sus máximas autoridades por un problema nacional. Cuando acudimos a este Parlamento el pasado 20 de agosto para recabar de ustedes un voto de investidura, dijimos que “la seguridad es un problema de orden nacional que requiere la atención rápida y preferente para que detengamos la tendencia creciente y preocupante de la delincuencia que afecta a muchos peruanos y peruanas”. Lo planteamos entonces y lo reafirmo ahora. Se me pregunta sobre las acciones de coordinación que ha llevado el gobierno en materia de política pública sobre seguridad ciudadana. Me encuentro aquí, en condición de coordinador de la actividad del gabinete, respetuoso de las funciones sectoriales que en ese caso corresponden fundamentalmente al Ministro del Interior.

En la década anterior, la economía peruana ha crecido a tasas altas descuidando sin embargo las condiciones de seguridad pública. Es casi un principio universal que a mayor crecimiento mayor índice delictivo, por lo que es necesario contar con políticas de protección a la población. Nuestro gobierno es consciente de que este es el principal problema del país y que sin seguridad no hay desarrollo. Los indicadores señalan la tendencia del crecimiento del delito en los últimos años, lo que ha sido abonado por erradas políticas y la fragilidad recurrente del sector Interior.


Las evidencias son concluyentes sobre el avance del narcotráfico en el país. Los cultivos de hoja de coca aumentaron en 44%, pasando de 43,500 a 62,500 hectáreas en el 2011. Como consecuencia, la producción potencial de cocaína también creció. Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), entre el 2006 y el 2011 la producción de cocaína se incrementó de 280 a 321 toneladas. El 2006 solo se incautaba 5.1 toneladas, 13.5 el 2010, habiendo pasado con el presente gobierno a 19.7 toneladas. Falta mucho por hacer y por eso venimos tomando medidas concretas.


En materia de lavado de activos, en los casos importantes, no se ha podido concluir con alguna sentencia firme, ejemplar y definitoria Asimismo, una inmensa mayoría de los 613 informes de inteligencia financiera comunicados al Ministerio Público en el período 2003-2012 no han tenido aún resultados definitivos. Debo señalar que entre el 2011 y 2012 los reportes de operaciones sospechosas de la UIF aumentaron en 40%, lo que es producto de la nueva legislación emitida por este Gobierno. Se ha incrementado el número de delitos, siendo que los que tienen mayor frecuencia son los delitos contra el patrimonio (dos de tres delitos son de este tipo). Este fenómeno delictivo afecta por igual a todos los estratos sociales.


La tasa de homicidios por 100 mil habitantes no es muy alta si se compara con la de otros países. Durante la década del 2000, la tasa promedio fue 8, ligeramente por debajo del promedio regional de 9. Actualmente la tasa es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Estudios refieren que la delincuencia no es la principal perpetradora de homicidios (31%). Lo son la violencia interpersonal —peleas y riñas— e intrafamiliar (41%). Casi la


mitad de los homicidios fueron cometidos por personas a quienes la víctima conocía. Esto es particularmente dramático para las mujeres, víctimas de la quinta parte de los homicidios; tres de cada cuatro fueron asesinadas por conocidos y dos de cada cinco, por su pareja. La SUCAMEC ha señalado que tenemos un problema en el uso de armas de fuego que ya estamos afrontando. El registro existente señala que existen 308 mil armas registradas y 158 mil licencias que no han sido renovadas. El alto índice delictivo con armas tiene una explicación en este ámbito y por ello, hemos tomado medidas para reducir su impacto, como la renovación obligatoria de licencias cada año y el registro de las armas en un moderno sistema de control.

Una expresión del índice delictivo se grafica con el aumento del número de internos en cárceles. En el 2006 teníamos 35,800 presos y hemos llegado en abril del 2013 a más de 63 mil, es decir, un crecimiento del 77%. Desde que se inició este Gobierno la población en las cárceles se ha incrementado en 14,558, lo que implica un promedio de 808 presos más todos los meses. El mayor número de internos son por delitos contra el patrimonio, seguidos por los de tráfico ilícito de drogas y en tercer lugar los de delitos contra la libertad sexual. Estos tres tipos penales hacen el 76.6%, del total de la población penitenciaria.


El número de víctimas de algún delito en Lima sigue siendo alto, 39%, aunque es importante destacar que se ha reducido entre el 2011 y 2012 en 8.5%. Aún con eso, el trabajo que se requiere hacer aún es enorme.

Lo dicho hasta aquí es una somera revisión del fenómeno criminal del país que nos permite explicar a la representación lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, a través de políticas públicas de lucha contra el delito. Reconocemos que nos encontramos con un problema complejo y multisectorial y respondemos con una POLÍTICA INTEGRAL que venimos ejecutando y que requiere, sin dudas, ser mejorada en su eficacia para mostrar mayores resultados y ganar esta batalla. La entidades responsables de proteger la vida, la integridad, los bienes y las oportunidades de desarrollo de las peruanas y peruanos están ahora


comprometidas en garantizar y prevenir condiciones favorables para la seguridad ciudadana. Nuestra política la hemos agrupado en 5 componentes 1) Un marco legal necesario e indispensable; 2) Una nueva PNP; 3) Políticas de afianzamiento de la seguridad nacional; 4) Delincuencia común y delincuencia organizada; y, 5) Coordinación interinstitucional. Veamos. Componente 1°: Un marco legal necesario e indispensable; De las 9 propuestas legislativas que anunciamos en el discurso de Investidura, tres ya son Ley de la República: la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; la interoperabilidad de las agencias de control penal y el incremento de remuneraciones de nuestros policías, que se dictaron en el marco de la delegación de facultades. El resto se encuentran en debate el Congreso para su aprobación como la Ley de Eficacia a la Persecución del Delito bajo el nuevo Código Procesal Penal, la Ley contra la Criminalidad Organizada, la Ley de Seguimiento de Delincuentes Terroristas y Violadores Sexuales, entre otras y cuya relación en este momento se distribuirá para su conocimiento.

En ese sentido todas las iniciativas normativas comprometidas ante este Congreso, ESTÁN CUMPLIDAS por el Poder Ejecutivo, sea porque son leyes o porque las iniciativas están en el debate parlamentario.


Pero hemos querido avanzar más, a través de una serie de decretos legislativos en la reciente reforma policial-militar, que ha incluido la creación de la nueva Ley de la Policía Nacional del Perú y sus leyes de Carrera y de Régimen Disciplinario, la Ley de Modernización de la Función Criminalística Policial, entre otras y cuya relación también entrego a cada uno de ustedes.

Del mismo modo, hemos presentado al Congreso otros proyectos de ley, como la Ley para la flagrancia en recintos universitarios, la ley de usurpaciones, la reforma a la ley de violencia familiar, la ley para tratamiento de menores, las reformas a la ley de terrorismo, la ley de expulsión de extranjeros que cumplen pena de prisión, la ley de restricción de beneficios penitenciarios, la ley que impide el abuso de las acciones de amparo, la ley que reforma el delito de reglaje, la Ley que establece la reiterancia de faltas como delito, entre otras, que también distribuimos a ustedes. Finalmente hemos aprobado una serie de normas de carácter reglamentario de incidencia en la lucha contra el delito que también tienen ustedes.

Componente 2°: Una nueva PNP El Gobierno ha emprendido un proceso de fortalecimiento y reforma policial. El marco normativo está aprobado y nos encontramos en proceso de implementación, lo que nos permitirá fortalecer su institucionalidad.


La Reforma por la Seguridad de la Democracia, como llamamos a la reforma emprendida, implica colocar a nuestra la policía en un nuevo estándar, al considerar el desarrollo de la capacitación y entrenamiento, la disciplina y probidad, la especialidad del policía, el fortalecimiento de la función criminalística, el soporte logístico, la disciplina, entre otras acciones. Otra de las innovaciones es la creación de una central de datos del Estado en materia de delitos. Se crea así el Registro Nacional de Seguridad Pública, que contendrá los registros y bases de datos estandarizados que permitan realizar un seguimiento del accionar delictivo a nivel nacional. Forman parte de este registro: antecedentes policiales, referencias policiales, vehículos robados, personas desaparecidas, el sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y afines, bienes culturales sustraídos, pasaportes sustraídos o perdidos, documentos oficiales sustraídos o perdidos, vehículos, naves o aeronaves empleadas para la comisión de ilícitos penales, personas jurídicas usadas en la comisión de delitos, identidad balística, identificación dactilar de delincuentes, infractores a la ley general de tránsito y otros registros propios de la labor policial. Esta acción es fundamental porque permite resolver un viejo problema de cifras e información que nos aqueja.

En la lucha contra la corrupción policial, en el año 2011 fueron sancionados por infracciones graves y muy graves un


total de 3,111 policías, mientras que en el año 2012 dicha cifra se elevó a 3,303 efectivos. De ellos 786 fueron puestos en situación de disponibilidad y 820 retirados de la institución policial. Ello revela el compromiso en la lucha contra la corrupción que hemos emprendido y continuaremos con firmeza. La limpieza de la Policía se está realizando en este Gobierno.

Componente 3°: Políticas de afianzamiento de la seguridad nacional Se ha avanzado en diversos frentes estratégicos y multisectoriales de políticas para una acción efectiva del Estado. Sobre el Narcotráfico la política instaurada es de firme acción de erradicación y desarrollo alternativo. El año 2012 se erradicaron 14,400 hectáreas, lo que es un record histórico en el país. Este año erradicaremos 22 mil hectáreas y hasta el día de ayer se habían erradicado 5,422 hectáreas, siendo que hemos entrado al Monzón y entraremos al VRAEM este año.

También se ejecutan acciones de incautación de insumos químicos (1,931 toneladas métricas en el 2012, otro record), lo que será potenciado con el nuevo sistema de control de insumos a cargo de la SUNAT que operará en el segundo semestre con rutas vigiladas y con la tecnología de control de GPS de los vehículos de transporte de insumos.


Un tema central que da cuenta de nuestro compromiso para erradicar el narcotráfico es que ante la reducción de la cooperación internacional para la lucha contra las drogas, el Perú por primera vez en ha incorporado fondos del presupuesto público de este año recursos para la erradicación por 30 millones de nuevos soles. Además, se apoyará con decisión la especialización policial de la DINANDRO. Frente al Terrorismo, la política establece una estrategia integral multisectorial, potenciando la acción en el Huallaga y el VRAEM, a través de fuerzas combinadas. La perspectiva integral implica el fortalecimiento de la inteligencia para neutralizar la presencia terrorista en el ámbito militar, político, económico y social. Enfatizo estos dos últimos, pues estamos llevando el Estado y progreso a estas zonas olvidadas del país, siendo que ya están ahí el Banco de la Nación y programas sociales, así como oficinas públicas como Indecopi, Sunarp, Sunat, Ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas, Vivienda, Mujer, entre otros. Se ha buscado además reducir la exposición mediática de grupos pro terroristas afectando su labor de propaganda. También hemos iniciado nuevos procesos penales contra la cúpula terrorista y los integrantes que están en el VRAEM (caso Soras); hemos iniciado también por primera vez los embargos a terroristas. En ese esfuerzo, es propósito del gobierno consolidar la presencia del Estado en el Huallaga.


También el gobierno está desarrollando acciones de protección de la seguridad energética del país en relación al gasoducto que lleva el gas de Camisea a la costa. Componente 4°: Lucha contra la Delincuencia común y delincuencia organizada Las políticas también implican enfoques multisectoriales, enfatizando los aspectos de prevención y represión del crimen. Los aspectos que vienen abordándose son:

El Sistema de información y tecnología para combatir el delito: Para ello, siguiendo buenas prácticas, como la experiencia de William Bratton ex jefe de la Policía de Nueva York, estamos desarrollando un sistema de información que ya cuenta con el mapa delictivo en Lima y las principales ciudades del país. Se trata de un sistema de recojo de la información estadística cotidiana producida por las 76 comisarías de la ciudad con el detalle de las principales contravenciones, faltas y delitos ocurridos así como del despliegue y las intervenciones policiales correspondientes. La acción también involucra la mejora de la técnica policial de identificación de los delincuentes. El AFIS CRIMINAL o Sistema Automatizado de Identificación


Dactilar, ya está en operación final y permitirá que las huellas en las escenas del crimen generen ahora sí resultados al estar en un sistema informático que en segundos identifica a los responsables. Se ha puesto en marcha también el sistema integrado de identificación balística (IBIS), para registrar la información de las armas de fuego en la identificación de hechos criminales. Este sistema ya se ha puesto a prueba en el caso del homicidio del periodista Choy, y permitió identificar y capturar a los delincuentes.

Mejora de la investigación criminal: Se ha fortalecido la Dirección de Investigación Criminal, con personal de investigación idóneo que estaba ocupando otras tareas. 550 oficiales y suboficiales han ingresado o retornado recientemente a las labores de la DIRINCRI en todo el país y luego de varios años se han enviado a 53 alféreces para ser formados en las tareas de investigación. También se ha equipado con vehículos y computadoras. Esto servirá para atender los crímenes de mayor lesividad: homicidios, extorsiones, secuestros, robo agravado, entre otros.

Efectividad en el control migratorio: Se ha establecido que Migraciones forma parte del sistema de seguridad nacional, lo que implica que pueden hacer un control más estricto de las fronteras, pudiendo ahora sí impedir el ingreso de ciudadanos


extranjeros que tengan antecedentes, hayan cometido delitos antes en el Perú o puedan considerarse una amenaza al estado de Derecho.

Eficacia en la Política penitenciaria: En marzo del 2012 se aprobaron las “10 MEDIDAS DEL INPE”, un conjunto de acciones de reforma penitenciaria que incluye desde políticas anticorrupción, hasta medidas para construir más penales y políticas de resocialización. El trabajo viene mostrando resultados como la creación del Grupo Especial Anticorrupción que ha destituido desde el 2012 a 34 servidores e impulsado casi 4 veces más el número de procesos disciplinarios. Se amplió la cobertura de los penales en 1,748 plazas más el 2012 contribuyendo a reducir el hacinamiento a través de un nuevo penal y la ampliación de tres más. Se cuenta ya con 15 proyectos para ampliar la cobertura en 3970 plazas más, incluyendo los penales de Chincha (ya en construcción y para 1152 internos) y Cochamarca que se licita en estos días (para 1224 internos). La nueva Unidad Ejecutora de Penales estipulada en la Ley de Presupuesto que funciona en el MINJUS y que tiene procedimientos abreviados para los estudios, iniciará la construcción de nuevos penales, conforme lo ha afirmado ya la Ministra de Justicia. Enfatizamos así la seguridad con más y mejores penales.


Mayor efectividad en robos menores: Para revertir la ineficacia para combatir el delito de hurtos al paso, que son los más numerosos y que afectan a la población, hemos presentado un proyecto de ley por medio del cual ya no existirá impunidad, pues al tercer delito acumulado, lo que hoy es una falta menor (el robo de un celular o una cartera o los espejos de un auto), pasará a ser un delito y el delincuente tendrá cárcel efectiva. Esto requiere la puesta en marcha del Registro Nacional de Seguridad Pública.

Cooperación sostenida entre PNP-Serenazgo: Se viene enfatizando la cooperación entre la Policía y los serenazgos, para lo cual se han puesto en marcha planes integrados de patrullaje.

Incremento del personal policial: Tendremos más personal policial. La meta es contar con 30 mil policías más el 2015. Ya comenzamos el 2012 con 7,800 policías y este año egresarán 12 mil más. Para ello, este año se construirán 4 nuevas escuelas, y se ampliarán y equiparán 11 escuelas de policías. La estrategia implica la eliminación del pernicioso sistema del franco-retén creado en 1994 que ha generado muchos problemas y rebajado la dignidad del policía al tener que cuidar bodegas, chifas, pollerías y entidades privadas. Ya comenzamos con 9,000 policías para el patrullaje a pie en algunos


distritos de Lima, en Callao, Trujillo, Chiclayo y Piura. Y continuaremos en otras zonas del país.

Modernización de comisarías: Se vienen ampliando y equipando 300 comisarías en todo el país, las cuales estarán interconectadas con sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Esta medida generará las condiciones para responder de manera más eficiente tanto a la prevención como a la persecución de los hechos delictivos.

Moderna logística policial: Se busca brindar a nuestra policía de una nueva logística policial. Para ello se han dispuesto una serie de adquisiciones como patrulleros, motos, helicópteros, autos, armas, tanquetas, equipos antimotines, equipamiento para comisarías, entre otros.

Programas efectivos de tratamiento de jóvenes en riesgo (pandillas): Se continuarán y apoyarán programas exitosos para jóvenes en riesgo con la ley penal, enfatizando las tareas de prevención, como el Programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor del Ministerio Público. Se acentuará la educación alternativa no escolarizada para jóvenes en riesgo con el proyecto Centro de Educación Básica Alternativa y se continuará la experiencia de la educación técnico productiva a cargo de la Coordinadora de Educación


Técnico Productiva del Ministerio de Educación. Se seguirá el programa Patrulla Juvenil de la PNP.

Componente 5: Coordinación interinstitucional

Este aspecto tiene varios espacios de acción. Uno de ellos el CONASEC, a través del cual se estructuran las políticas en seguridad ciudadana y se aprueban los planes de acción que involucran a todas las instituciones. El otro es el CONAPOC, que es una nueva forma de coordinar esta vez la política criminal del Estado y que está en plena fase de construcción. En tercer lugar, lo que denominamos Consejo de Estado, que involucra al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Presidente del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y al Presidente del Consejo de Ministros, a través del cual se tratan los más altos temas de Estado y problemas del país, y en donde en varias sesiones se ha abordado la temática de seguridad nacional y ciudadana, estructurando espacios de coordinación muy útiles en esta materia. En todos estos casos se respeta la autonomía de cada institución. Parte importante de la agenda de coordinación es la mejora de los protocolos de actuación en el Ministerio Público y el Poder Judicial para la lucha contra el delito. Para ello se ha concretado entre la PNP y el Ministerio Público los procedimientos reglados de actuación en el marco de la investigación criminal.


Hemos concordado con el Fiscal de la Nación la creación de una subespecialidad en lavado de activos, que es la forma más eficaz de luchar contra la criminalidad organizada, como ocurrió con la captura de la banda llamada La Gran Familia. Con el Poder Judicial se ha determinado un mecanismo rápido para habilitar allanamientos y órdenes judiciales los 7 días de la semana y las 24 horas del día, para que se puedan dar respuestas rápidas frente a cualquier orden que se requiera.

2. Para que diga usted: ¿Conoce la situación en que

se encuentra la Dirección de Investigación

Criminal, DIRINCRI? ¿Ha realizado Usted alguna

coordinación o acción que pudiera tener como

finalidad el fortalecimiento de dicho órgano?

En mi calidad de abogado he asistido al local de la Avenida

España donde funciona la Dirincri muchas veces, y en mi

condición de profesor universitario, la seguridad ciudadana,

la investigación criminal, la corrupción y la reforma de la

justicia, han sido motivo de reflexión académica.

El sábado siguiente al sensible fallecimiento del periodista

Choy realicé una visita inopinada a la DIRINCRI. En dicha

ocasión, observé la calidad y dedicación de su personal, así

como las carencias de infraestructura. Pero no es el único

caso, pues las DIVINCRIS en todo el país tienen serias

carencias en lo mismo: personal y logística. El abandono que


por años ha existido, lo estamos revirtiendo con la

construcción de locales, mejoramiento de los existentes y

más y mejor personal, como ya hemos dicho.

Sobre el equipamiento, se han asignado equipos de cómputo

y automóviles para el trabajo de investigación. Seguiremos

brindando todas las facilidades para el trabajo, como el

acceso a las bases de datos de la RENIEC y de los registros

públicos de modo ilimitado que ya se realiza, y muy pronto

entraremos a interoperar con las bases de datos del

Ministerio Público y Poder Judicial, para hacer más eficaz la

investigación. Del mismo modo, se dispondrá muy pronto de

protocolos rápidos para autorizaciones judiciales los 7 días

de la semana, las 24 horas del día y se tendrá acceso a los

registros del tráfico de celulares, así como de su ubicación

geográfica. De esta manera, tendrán herramientas para el

rastreo pronto y eficaz, de ser el caso, de investigados,

imputados y prófugos.

3. Para que diga usted: ¿Se encuentran elaboradas

las políticas y el Plan Nacional de Seguridad

Ciudadana? ¿Cuáles son sus resultados?

Sobre el particular hemos señalado que el Gobierno ha venido aplicando una política para afrontar el problema de la seguridad ciudadana, sobre la base de la información, tendencias delictivas y la evidente necesidad de afrontar el problema. Esta política en seguridad tiene 5 componentes


que se viene ejecutando para detener el avance del delito y mejorar la seguridad de la población.

De modo concurrente y en un enfoque interinstitucional, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 –aprobado a fines del 2011- es un instrumento que alienta la coordinación y la participación de otras instancias de gobierno como los gobiernos regionales y locales. Así mismo, en la PNP se cuenta con planes estratégicos y planes operativos institucionales, que se encuentran alineados a estos instrumentos de gestión, es decir, tanto a las Políticas del Gobierno, como a los planes de seguridad ciudadana.

Para el 2013 se ha concebido pasar a un nivel superior, para contar con un plan multianual. De esta forma, a iniciativa del Ministerio de Interior se contará con un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que apuesta por el mediano plazo, lo que dará mayor proyección y énfasis a la seguridad ciudadana. Este documento ya está listo y publicado en internet. Debemos agregar que ha alimentado de modo importante estos instrumentos los aportes que hemos recibido del propio Congreso, como el Informe Anual de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo la presidencia del congresista Reggiardo. También seguimos muy de cerca los aportes que viene haciendo su actual presidente el congresista José León.


Igualmente, han sido valiosas las recomendaciones técnico normativas emitidas por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel creada por este gobierno mediante Resolución Suprema N° 238-2011-PCM. Entonces a la pregunta de si existen elaboradas las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus resultados, debemos decir que sí existen políticas y planes, además de una estrategia integral. En cuanto a los resultados, algunos de los cuales ya se han señalado, como la reforma policial e institucional que se viene impulsando, la logística policial a través de las adquisiciones efectuadas y el desarrollo de las acciones operativas de la PNP, los avances en la lucha contra el narcotráfico, podemos mostrar solo como referencia incompleta lo siguiente:

Desarticulación de más de 4,400 organizaciones

criminales dedicadas al robo, secuestros, extorsiones,

narcotráfico, entre otros.

Se detuvieron más de 97,000 personas por la comisión

de delitos y se intervino a más de 250,000 personas por

la comisión de faltas.

La tasa de capturas y de privados de libertad como

consecuencia de la acción policial, se incrementó en

30% respecto al 2011.

Se recuperaron alrededor de 11,600 vehículos robados.


Se detuvieron alrededor de 55,000 personas

requisitoriadas a nivel nacional. De estos, 140 eran

requisitoriados por terrorismo.

Se incautaron más de 4,600 armas.

Se ha efectuado la inversión en capital más grande de los últimos años en el 2012: S/ 312,2 millones, una inversión 10 veces mayor del promedio desde el año 2002 a la fecha.

A esto hay que agregar otros resultados en aspectos

normativos, penitenciarias, programas de prevención,

eficacia en la coordinación, reformas en marcha, entre otros

aspectos. Ciertamente nada esto satisface al Gobierno, y

necesitamos ser más eficaces. Ese es nuestro compromiso

ante ustedes, señores parlamentarios.

4. Para que diga usted. ¿Se cuenta con el Diagnóstico

Nacional sobre las causas del delito y los factores

que inciden en su expansión y a partir de éste se

han elaborado políticas públicas? ¿Cuáles son sus

resultados?

Saludamos esta pregunta porque a pesar que se ha dicho

que la materia esta sobre estudiada, la práctica ha

demostrado que el sistema adolece de información

coherente.


Ya tenemos un diagnóstico situacional del delito en el Perú.

El Diagnóstico Nacional sobre las causas del Delito, se viene

elaborando desde octubre de 2012, convocándose para ello

a expertos y diversas instituciones y universidades, a efectos

de generar el gran documento que tiene un carácter

multidisciplinario y que será una gran contribución al país.

Las hipótesis sobre la que se parte en la definición de la

política del gobierno es que el delito en el Perú se ha

incrementado producto del mayor crecimiento económico, la

exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades, así como la

debilidad institucional. Potencia el incremento delictivo y la

mayor violencia el fenómeno el narcotráfico y el terrorismo,

lo que viene generando un nuevo problema en el lavado de

activos y en el nivel de violencia y desprecio por la vida en la

actual tendencia criminal. No descartamos la corrupción

como un detonante también de todo ello.

Sobre la base de esta premisa, el Gobierno se comprometió a enfrentar este problema y viene implementando una política que, como ya hemos dicho, abarca 5 componentes.

5. Para que diga usted: ¿Si considera que la

seguridad ciudadana se encuentra en crisis o se

trata simplemente de una sensación?

Esta pregunta está íntimamente relacionada a la pregunta

16, por lo que quiero pedirles contestarla de modo integral al


referirme a ella. Permítanme no obstante, afirmar

enfáticamente que la inseguridad que percibe la población es

absolutamente legítima y el Gobierno es sensible al clamor

que existe por mejorar sustantivamente este aspecto.

La crisis de la seguridad que afirman los señores congresistas

es un aspecto que debemos abordar, PERO juntos y no

divididos, pues ese es el mensaje que estamos recibiendo de

la Nación. Por ello el gobierno les tiende la mano para poder

trabajar juntos en esta tarea. Los sectores políticos, las

bancadas de este parlamento no somos enemigos, somos

peruanos y peruanas preocupados por un problema. El

enemigo es la delincuencia y contra ellos debemos estar

juntos, como estamos todos juntos contra el terrorismo.

6. Para que diga usted: ¿Cuáles considera son las

razones para que en este gobierno en menos de

veinte meses de gestión hayan ocupado el cargo

de Ministro del Interior cuatro personas y el

Director General de la Policía no haya cambiado?

Quien les habla no puede responder por la gestión de otros

Presidentes del Consejo de Ministros; si me puedo referir a

lo que me compete. Al ser convocado por el Señor

Presidente para ocupar el cargo, se designó al Dr. Wilfredo

Pedraza Sierra como Ministro del Interior. Con él estamos

ejecutando la Estrategia del Gobierno de 5 componentes ya


mencionada, se ejecutó el Plan de Seguridad Ciudadana 2012

y se ha elaborado el Plan 2013- 2018. Conduce el señor

Ministro el proceso de reforma institucional y de la policía, la

lucha contra la criminalidad, la coordinación con el

importante conjunto de entidades vinculadas a la seguridad

ciudadana y la paz social, entre otros aspectos. Él viene

trabajando los últimos 9 meses en el cargo, superando el

promedio de duración de ministros que lamentablemente se

ha tenido en el Perú en los últimos años.

7. Para que diga usted: ¿Por qué hasta la fecha no ha

procedido el Poder Ejecutivo a reglamentar las

siguientes leyes: Ley que dispone beneficios a

favor de los integrantes de las juntas vecinales y

establece el día de las juntas vecinales de

seguridad ciudadanas, Ley Nº 29701, publicada en

el Diario Oficial El Peruano con fecha 5 de junio de

2011 o de la Ley que modifica la Ley 25054, Ley

sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por

particulares de armas y municiones que o son de

guerra, Ley Nº 29954, publicada con fecha 4 de

diciembre de 2012?

El Reglamento de la Ley N° 29701, relativo a los beneficios a

favor de los integrantes de las juntas vecinales fue aprobado

mediante Decreto Supremo 002-2013-IN y ya ha sido

publicado. El dispositivo tiene importantes beneficios para


las Juntas Vecinales y sus miembros, tales como intervención

en el Presupuesto Participativo, capacitación para sus

miembros, asesoría y orientación legal gratuita y acceso al

SIS.

En cuanto al Reglamento correspondiente a la Ley N° 29954,

publicada el 4 de diciembre del 2012, cabe señalar que el

mismo incorpora las disposiciones que regulan la

recientemente creada Superintendencia Nacional de Armas,

entidad proactiva en la lucha contra el tráfico ilícito de

armas, que administra el sistema de licencias y

autorizaciones sobre armas y explosivos de uso civil. La

SUCAMEC efectuará el control de los centros de salud mental

que certifican la idoneidad de los postulantes para la

tenencia de licencia de armas. También se reglamentan las

armas no letales. Se trata de un reglamento complejo que ha

culminado su proceso de elaboración y se encuentra en

trámite de aprobación final.

8. Para que diga usted: ¿Por qué se ha puesto en

funcionamiento recién hace unos días el Sistema

para la Identificación de huellas dactilares (AFIS),

cuando Ud. anunció ante el Congreso de la

república en su mensaje de fecha 20 de agosto de

2012, que estaría listo en diciembre del año 2012,

el mismo que en sus palabras sería “…una

poderosa herramienta de lucha contra el crimen,


que permitirá identificar a los delincuentes, y

evitará la duplicidad de las identidades? ¿Cuáles

son las razones que justifican la demora en su

puesta en funcionamiento y el incumplimiento de

su compromiso ante el Congreso de la República y

el país?

Como es sabido, el sistema AFIS registra y almacena huellas

dactilares, permitiendo una búsqueda por medio informático

de la identidad de sospechosos que se encuentren en la

escena del crimen. Es un arma efectiva para la pronta

identificación de criminales.

Consideramos que en este caso no hubo incumplimiento

alguno pues en el mes de diciembre del 2012 se había

culminado su instalación, y para dar la conformidad comenzó

la etapa de prueba y calibración, dándose inicio al proceso de

digitalización de las fichas que contienen las huellas

dactilares, siendo su meta alcanzar los 400 mil registros a

mayo de 2013. A la fecha, se encuentran digitalizados en el

Sistema AFIS alrededor de 230 mil fichas.

9. Para que diga usted: ¿Cuáles son los resultados de

la implementación de los Puestos de Respuesta

Inmediata (PRI, comisarías itinerantes

acondicionadas para la atención del ciudadano) y

el grupo Terna (100 policías que se mimetizan con


la población y se ubican en puntos críticos de

robo), anunciados en su mensaje ante el Congreso

de la República como parte de la política pública

del gobierno en materia de Seguridad Ciudadana?

¿Se ha incrementado el número de efectivos y

recursos asignados a ambos?

Los Puestos de Respuesta Inmediata (PRI) son unos módulos

equipados que tienen por objeto dar una atención inmediata

a los ciudadanos en lugares y zonas donde no existen

comisarías y servicio policial, y se instalan usualmente en

coordinación con las autoridades locales. A la fecha, se han

instalado estos puestos en Arequipa, Lambayeque,

Ayacucho, Ica, Cusco, y Callao. Los resultados obtenidos se

encuentran vinculados a la labor de prevención policial.

Tenemos el compromiso de varias Municipalidades en

adquirir estos módulos, siendo que a través de ellos

complementaremos el esfuerzo de ampliar y reequipar a las

comisarías, tarea que estamos realizando.

En relación a la Compañía de Inteligencia Táctico Operativa

Urbana (TERNA), como ya dijimos fue creada para

contrarrestar los hechos delictivos cotidianos y de impacto

social en la percepción de seguridad ciudadana, incluida la

microcomercialización. Tiene por función intensificar las

acciones de inteligencia operativa policial en los lugares de

alta incidencia delictiva en Lima Metropolitana. Ejecutan


operaciones policiales selectivas, orientadas a la

identificación, ubicación y captura de los presuntos autores

de los ilícitos penales que se cometan. El Grupo Terna ha

logrado hasta la fecha más de 1,300 intervenciones exitosas

en Lima y logrado la captura de más de 2000 personas y 425

menores infractores dedicados a arrebatos de celulares,

carteras, especies diversas.

Actualmente cuenta con 120 efectivos quienes se desplazan

diariamente dentro los puntos de mayor índice de comisión

de delitos menores de las diferentes jurisdicciones de Lima

Metropolitana, priorizándose su ubicación táctica en el

Cercado y Conos Norte, Sur y Este de Lima. En tres semanas

se incorporarán 400 efectivos provenientes del Escuadrón

Verde.

10. Para que diga usted: ¿Con fecha 3 de marzo

del presente año, y de acuerdo a lo publicado en la

página web de la Presidencia del Consejo de

Ministros, Sección Notas de Prensa, el equipo de

prensa de Canal N que viajó a Trujillo para cubrir el

Seminario Internacional de Municipalidades, sufrió

el hurto de una cámara de video. Enterado del

hecho, Ud. se dirigió a la Comisaría ubicada en el

Centro Histórico de la ciudad y le pidió al jefe de la

mencionada dependencia policial que el caso se

resuelva a la brevedad posible. ¿Por qué no


adoptó una actitud similar a propósito de los

asesinatos del Vicepresidente del Gobierno

Regional de Amazonas y el periodista Luis Choy Yin

Sandoval y el secuestro del Alcalde de Yanahuara,

Arequipa? ¿Qué acciones ha tomado desde el

Poder Ejecutivo con relación a estos graves

delitos? ¿Cuál es la razón para el trato

diferenciado?

No es exacto que solo me haya ocupado del caso del robo

de la cámara del periodista de un canal de televisión,

dejando de atender los otros casos mencionados en la

pregunta. Sucede que en el caso robo de los equipos del

Canal de TV estuve en esa ciudad el día del hurto y por ello

me ocupé inmediata y personalmente del tema. Sin

embargo, también en el lamentable caso del asesinato del

periodista Luis Choy, ese mismo día me desplacé al

Ministerio del Interior, en donde se planificaron las primeras

acciones, trabajo que derivó en una sesión operativa con los

titulares del Poder Judicial y el Ministerio Público, junto a los

Ministros del Interior y de Justicia. La conferencia de prensa

brindada en dicha oportunidad atestigua lo que digo. Con

ocasión de este hecho se creó desde la DIRINCRI un grupo de

élite para atender el caso del periodista Luis Choy,

lográndose en pocos días la captura de la mayoría de autores

materiales e intelectuales del homicidio. De la misma forma


ocurrió con el caso de la Notaría Paino.

De manera específica puedo decir que en el caso del

Vicepresidente del Gobierno Regional de Amazonas,

inmediatamente luego de producido el hecho, se envió de

Lima un equipo especial de investigación criminal, que junto

a la Policía local, lograron la captura del autor material del

asesinato. Por cierto nos comunicamos con José Arista

Presidente del Gobierno Regional de Amazonas y luego nos

hemos reunido personalmente para evaluar la situación.

En el caso del Alcalde de Yanahuara, la investigación

continúa y en su momento se dará cuenta de los resultados.

Lo que señalo muestra que, por las funciones que cumple el

Presidente del Consejo de Ministros, no hubo ni podría haber

trato diferenciado alguno en el tratamiento de tan delicado

asunto de orden público. En los casos mencionados tomé

contacto inmediato con las autoridades respectivas,

interesándome por las medidas necesarias y coordinando

con el sector su atención rápida y oportuna, respetando y

alentando el trabajo operativo de los responsables

11 Para que diga usted: ¿Habiendo visitado la

Comisaría de Ayacucho, ubicada en el Centro Histórico

de Trujillo comprobó Ud. el estado en que se

encuentran sus instalaciones que según denuncia

periodística aparecida en el diario El Comercio ponen


en peligro la vida de miembros de la Policía Nacional?

¿Ha realizado Ud. alguna coordinación o acción sobre

el particular?

El local de la Comisaría de Ayacucho en Trujillo no está a

nombre del Estado, razón por la cual no se puede realizar

inversión alguna; sin embargo, se han efectuado las

coordinaciones con la Municipalidad para que dicha

propiedad sea transferida a la PNP, pues es necesario

mejorar la infraestructura actual. No obstante, ya se han

realizado trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo,

consistente en mejoramiento de coberturas, mantenimiento

de paredes, ventanas y puertas, así como mejora de

instalaciones sanitarias y desagüe, entre otros. El problema

deriva además por el hecho que el inmueble es considerado

patrimonio nacional.

De manera alternativa, se ha considerado la reubicación de

la Comisaría “Ayacucho”, como parte de un paquete de 10

proyectos destinados para Mejoramiento de Comisarías de

Trujillo.

Hemos desplegado una serie de acciones en favor de la

Seguridad Ciudadana en Trujillo. El pasado 6 de noviembre

del 2012 realizamos en la Presidencia del Consejo de

Ministros una importante sesión de trabajo con el Alcalde

Provincial de Trujillo con la participación del Ministro del


Interior, la Ministra de Justicia, el Fiscal de la Nación, el

director general de la Policía, el Jefe del INPE, entre otros,

entre otros.

En dicha oportunidad efectuamos coordinaciones para

combatir la delincuencia, planteando un “enfoque integral

de seguridad para la ciudad de Trujillo, lo que implica el

trabajo articulado de todas las agencias de control penal”. El

Ministerio Público se comprometió a un mayor despliegue en

la persecución del delito, con una mejor construcción de los

casos para desbaratar a las organizaciones criminales que

afectan la seguridad ciudadana en dicha ciudad. También se

definió la importancia de la inversión pública que viene

haciendo la Municipalidad Provincial, lográndose mayores

compromisos como instalación de cámaras de video

vigilancia y instalación de 100 puestos de “respuesta

inmediata” (PRI). Así mismo, se acordó una mejor

coordinación y comunicación con los servicios de serenazgo,

además de fortalecerse las acciones de inteligencia contra la

delincuencia. Se coordinó con la municipalidad la instalación

de una casa de refugio para la protección de testigos y

víctimas de delitos, con el fin de evitar que sean amenazados

por los delincuentes que son procesados por distintos casos.

El 20 de setiembre del 2012 entregamos 100 efectivos de la

DINOES y repotenciamos la labor de investigación criminal

con un equipo especial de inteligencia para combatir el delito


en la ciudad y el 19 de febrero de este año lanzamos el

programa de Juntas Vecinales “Seguridad Vecinal Aliados de

la Nueva Policía Nacional", se trata del plan para

contrarrestar la ola delictiva del país que busca implicar a

toda la comunidad para poder reducir los índices delictivos y

organizar a las personas para que apoyen el trabajo de la

PNP. Instalamos 650 juntas vecinales.

También en Trujillo hemos promovido el pasado 2 de marzo

con la AMPE la realización de un Seminario Internacional

sobre Seguridad Ciudadana con la presencia de más de 600

alcaldes de diferentes zonas del país.

Es importante señalar, complementando esta pregunta, que

Trujillo no ha sido la única ciudad en donde se ha planteado

la preocupación del Gobierno por la seguridad ciudadana.

Así, el pasado 12 de octubre viajamos a la ciudad de

Arequipa, acompañados por los congresistas Ana María

Solórzano, Marco Falconí, Tomás Zamudio, Juan Carlos

Eguren y Justiniano Apaza, para realizar una serie de

actividades concernientes al potenciamiento de la Seguridad

Ciudadana y a impulsar la lucha contra la delincuencia en

dicha ciudad. Inspeccionamos el penal de Socabaya,

sostuvimos una reunión de trabajo con las autoridades

arequipeñas sobre la problemática de la seguridad

ciudadana, se suscribió el convenio para la creación de la

nueva Escuela de la Policía Nacional del Perú en dicha


ciudad, así como en la ceremonia de entrega de 100

motocicletas de parte del Gobierno Regional de Arequipa a

favor de la Policía Nacional y la incorporación de 12 efectivos

de élite de la PNP especializados contra el crimen

organizado.

12 Para que diga usted: El Presidente Ollanta Humala en

su Discurso de 28 de Julio de 2011 señaló: “Es

necesario desterrar la idea de que la inseguridad es un

problema exclusivo de la policía, Por eso anuncio que

así como el Presidente de la República preside el

Consejo de Defensa Nacional, presidiré también un

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de

Lucha Contra la Criminalidad para darle un carácter

multisectorial”. ¿Cuántas Sesiones del Consejo de

Seguridad Ciudadana fueron dirigidas por el Presidente

Humala? ¿Cuándo fue la última reunión que presidió el

Presidente Humala en el Consejo nacional de

Seguridad Ciudadana (CONASEC)?

El señor Presidente de la República asumió el liderazgo de la

Seguridad Ciudadana desde el primer día de su gestión.

Dirigió personalmente cuatro sesiones de los miembros

titulares del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana,

acaecidas entre el 18 de Agosto del 2011 a febrero del 2012.

Otras cuatro sesiones análogas fueron presididas por el


Ministro del Interior, de conformidad a lo dispuesto en la

Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana, llevándose a cabo en la sede del Palacio de

Gobierno por encargo expreso del señor Presidente de la

República.

Adicionalmente se han realizado entre junio del 2012 y

marzo del 2013 ocho reuniones técnicas con representantes

de este Consejo.

En las sesiones efectuadas se tomaron decisiones

trascendentales como incorporar en calidad de miembro

titular del CONASEC al Presidente de la Corte Suprema de

Justicia y a los titulares de las diferentes instituciones que

venían participando en calidad de invitados; se aprobó el

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social

para el año 2012, el mismo que fue impulsado por el Señor

Presidente de la República; se aprobó la Directiva para la

formulación de los planes de los Comités de Seguridad

Ciudadana; se estableció la necesidad de crear un Fondo

Especial de Seguridad Ciudadana por S/. 200 millones; se

analizaron las propuestas de asignación de recursos para la

seguridad ciudadana; se hizo seguimiento de la ejecución de

las políticas públicas contenida en el Plan 2012; se ha

elaborado el nuevo Plan Nacional que será multianual (2013-

2018), entre otras medidas.


Como ya hemos manifestado, el Presidente de la República

lidera el denominado CONSEJO DE ESTADO, en donde se

abordan los principales problemas y retos del país, y en el

cual problema de seguridad ciudadana es uno de los temas

que permanentemente se discuten, más allá o de modo

complementario al CONASEC.

13 Para que diga usted: ¿Por qué el Poder Ejecutivo

ha presentado proyectos de Ley en materia de

seguridad ciudadana ante el Congreso de la República

cuando recientemente el Consejo Nacional de Política

Criminal, CONAPOC, ha previsto dentro de sus acciones

en el mediano plazo (60 días) la elaboración de un Plan

estratégico sobre la reforma de la justicia penal juvenil

y un Plan estratégico sobre el tratamiento de los

delitos patrimoniales, el tráfico ilícito de armas y el

crimen organizado?

Hemos considerado necesario anticipar los proyectos de ley

toda vez que tenemos claramente identificadas las

principales falencias del marco normativo referido al

tratamiento de la criminalidad. Al respecto, desde aquí

saludo a los señores miembros de la Comisión de Justicia y

DDHH del Congreso, quienes han acogido los proyectos de

ley que el Ejecutivo ha enviado y nos han permitido cooperar

con expertos del Poder Ejecutivo en la preparación de la

agenda legislativa en esta materia, lo que configura una


excelente práctica de cooperación Legislativo-Ejecutivo en

esta materia.

La tarea normativa ha formado parte de las Políticas por la

Seguridad Ciudadana agrupadas en cinco componentes que

ejecuta el Gobierno. En esta materia, requeríamos avanzar y

no es una incoherencia, pues lo planteamos en nuestro

propio discurso de Investidura.

El hecho que el Poder Ejecutivo haya hecho uso de su

atribución constitucional de presentar una serie de

proyectos de ley al Congreso de la República vinculados a la

seguridad ciudadana, no niega la necesidad que podamos

efectivamente contar con los Planes consensuados con todas

las instituciones a que se hace referencia. Sucede que para el

Gobierno se requieren respuestas inmediatas y todo lo

presentado está enfocado en la estrategia que ya hemos

explicado existe para combatir el crimen en el Perú.

El Gobierno considera muy importante el trabajo del Consejo

Nacional de Política Criminal. De hecho el Ejecutivo apoyó

desde un inicio la iniciativa que lideró el congresista Alberto

Beingolea para la creación de este Consejo. En nuestra

opinión se trata de un esfuerzo que merece el mayor interés

para poder desplegar acciones en esta materia.


14 Para que diga usted: ¿A la fecha a cuánto ascienden

los recursos del Fondo Especial para la Seguridad

Ciudadana, creado por el Decreto de Urgencia N° 052-

2011? ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria?

Mediante el Decreto de Urgencia N° 052-2011, se constituye

el “Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”. Se trata de

recursos de carácter intangible y permanente para ser

destinados exclusivamente al financiamiento de actividades,

proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad

ciudadana. El Fondo nace con un aporte inicial del Tesoro

Público ascendente a S/. 200 millones. Por decisión del

Comité la distribución del fondo se ha realizado conforme a

lo siguiente:

Al Ministerio del Interior se asignaron S/. 168 millones, los cuales han servido para lo siguiente:

Adquisición de 4 helicópteros para la instalación del servicio policial aéreo para reforzar la Seguridad Ciudadana por un monto de S/. 93 718 675,00.

Adquisición de 800 patrulleros inteligentes) por un monto de S/. 57 742 735,00

Para el presente año fiscal 2013, se tiene asignado un monto de S/. 16 538 590,00 para el servicio policial aéreo para la Seguridad Ciudadana.

Al INPE se asignaron S/. 32 millones, los cuales han servido para lo siguiente:


Adquisición de 20 omnibuses para el traslado de reos por un monto de S/. 8 099 000,00.

Adquisición de 15 minibuses por un monto de S/. 2 949 750,00.

Adquisición de 14 camionetas PICK UP 4X4 por un monto de S/. 1 175 440,00.

Para el presente año fiscal 2013, se tiene asignado un monto de S/. 18 004 544,00 (saldo presupuestal incorporado) para la adquisición de 50 vehículos para el traslado de reos por un monto de S/. 8 650 000,00; adquisición de sistema de video vigilancia, registro de visitas, identificación y bloqueadores por un monto de S/. 5 317 320,00; adquisición de armamento por un monto de S/. 2 205 500,00; entre otras adquisiciones.

De acuerdo a la información presupuestal del MEF al 08 de abril de 2013, el Ministerio del Interior ha devengado el 90,2% de los recursos asignados (S/. 151,5 millones). Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario – INPE ya ha asumido 24 millones de este total.

Debe señalarse complementariamente que, la Ley de Presupuesto 2013 autoriza hasta S/. 250 millones, a favor del “Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, en el presente ejercicio. Dichos recursos se destinarán para la construcción de establecimientos penitenciarios.

La existencia de este Fondo demuestra el interés del Gobierno por la seguridad ciudadana. No se trata sólo del


presupuesto del Ministerio del Interior que cuenta con un PIA para el año 2013 de 5 mil millones de soles, de los cuales en materia de Seguridad Ciudadana se ha asignado el monto de má de 2 mil millones; sino a la existencia de un Fondo Especial que ha servido para el reequipamiento de la PNP.

Es importante precisar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6.2 del referido D.U. “Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales quedan facultados para que como financiamiento complementario de los recursos del Fondo, procedan a realizar gastos con cargo a los recursos provenientes del canon y sobrecanon sujetos a lo dispuesto por la Ley Nº 29010, Ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú, modificada por la Ley Nº 29611. Este es un aspecto sumamente importante y que merece un comentario especial debido a que los gobiernos regionales y locales han hecho uso escaso de esto.

15 Para que diga usted: ¿Qué acciones ha realizado a

la fecha el Ministerio del Interior en cumplimiento del

Decreto Legislativo N° 1135, mediante el que se

encarga a este sector la administración de la

plataforma de Interoperabilidad Electrónica para

Orden Interno (responsable del acceso, obtención y

procesamiento de información), toda vez que la

información que pone a disposición del país la Policía

Nacional del Perú, a través de la División de Estadística


o el INEI se encuentra desactualizada o tiene

indicadores diferentes hasta el año 2011?

La interoperabilidad es la cualidad que permite que dos o más sistemas informáticos puedan en tiempo real intercambiar información. Interoperar es integrar los sistemas para utilizar de modo eficaz y eficiente la información disponible. Está ello integrado a la política de Gobierno Electrónico. Se ha avanzado en esta estrategia, conforme lo ofrecimos al Congreso. El Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, emitido en el marco de la reforma institucional aprobada en diciembre de 2012, vincula a una serie de entidades a compartir información en aras de proteger y afirmar los derechos ciudadanos de todos y todas. Todo ello, va a generar un cambio con inmensas posibilidades de acción, tales como:

Consultas en línea y en tiempo real para conocer la data

penal-criminal de investigados, procesados y

condenados, con el objeto de que exista un mayor

acceso a las investigaciones de todas las agencias de

control penal, es decir, la acción que realizan fiscales,

jueces, procuradores, policías, pero también para los

funcionarios que tienen a su cargo el otorgamiento de

autorizaciones o licencias (por ejemplo, analizar si una


persona está investigada, procesada o condenada es

muy útil para todos los operadores);

Ahorrar muchos recursos y tiempo para obtener la

información. Será inmediata, en línea, y no será

necesario que continúe el acceso a la información vía

oficios, lo que destierra el papel y el movimiento físico

de funcionarios, además de que se ahorrará mucho

tiempo respondiendo pedidos de información.

Aportará una mayor eficacia en la persecución del delito

al actuarse más rápido.

Ya se han suscrito los convenios con las entidades

centrales y se ha instalado un equipo técnico, con apoyo

de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que están

realizando la tarea técnica de determinar la uniformización

de los conceptos y criterios que se utilizan en cada

institución y los sistemas informáticos que van a

interoperar. Este proyecto cuenta con un financiamiento

de 10 millones de dólares del BID para esta tarea.

16 Para que diga usted: ¿Considera que el Poder

Ejecutivo puede pedirle a la población que no se

alarme cuando casi el 40% de ella ha sido víctima de

un crimen y cuando casi ningún agraviado ha

encontrado justicia?


El Gobierno reitera ante ustedes y por su intermedio al país,

que consideramos que la seguridad ciudadana es el

problema número 1 del país. Por ello el gobierno entiende

que la población tiene todo el derecho a expresar su

preocupación por la seguridad ciudadana, sentimiento que

nosotros compartimos.

Combatir la criminalidad y dar tranquilidad a los peruanos es

nuestro deber. Ello sólo es posible si disminuimos la

victimización real, combatiendo de manera efectiva y

objetiva el crimen, en todas sus modalidades. Esta es una

tarea que venimos realizando y en la que redoblaremos

esfuerzos.

En cuanto a la afirmación de que los agraviados no han

encontrado justicia es preciso señalar lo siguiente. Es

importante insistir en la efectividad policial frente al crimen y

en la necesidad de reequipar a la PNP, especializarla y

dotarla también de tecnología. Pero también en la necesidad

de que otros órganos del Estado relacionados en la lucha

contra el delito, comprendan los esfuerzos del Gobierno. Me

refiero al Ministerio Púbico y al Poder Judicial.

Es necesario mejorar la justicia para contribuir a la más

pronta y decidida acción frente a la delincuencia e

inseguridad ciudadana. Los peruanos deseamos un Poder

Judicial proactivo para dar seguridad a los derechos

ciudadanos y castigar a los criminales.


Hemos emprendido por ello, un trabajo de articulación con

el Presidente del Poder Judicial, considerando que la

seguridad ciudadana es un bien público cuya defensa

corresponde a una política de Estado.

El Poder Judicial ha asumido el compromiso para mejorar el

servicio de justicia: capacitar más y mejor a los jueces, crear

mejores condiciones para la atención al usuario, poner en

marcha mecanismos para descongestionar el despacho

judicial, acelerar los procesos, pero también fortalecer los

sistema de control. La presidencia del doctor Enrique

Mendoza, juez honorable y al mismo tiempo hombre

comprometido con el valor que tiene la gestión moderna,

conducirá una gran reforma para el país, con el apoyo del

Gobierno y estoy seguro también del Congreso de la

República.

En relación al lavado de activos se ha contado con el

compromiso del Poder Judicial, que desde el gobierno

debemos reconocer. La Corte Suprema ha producido

Resoluciones Administrativas y Acuerdos Plenarios para

orientar y enmarcar el trabajo de los jueces y operadores

judiciales. Y para avanzar en esto hemos pedido al Ministerio

Público que se instaure una subespecialidad en esta materia,

para sustentar mejor y más rápidamente estos casos, que

son una amenaza para el país.


No existe la posibilidad de pensar en ninguna estrategia en

materia de seguridad sin el Ministerio Público. La definición

del protocolo para la actuación conjunta entre el Ministerio

Público y la Policía Nacional para la eficacia en la

investigación es clave. También los es el que los fiscales

asuman un protagonismo en la lucha contra la delincuencia,

lo que hemos pedido reiteradamente al Fiscal de la Nación.

17 Para que diga usted: ¿En qué plazo se cumplirá con

los beneficios que les corresponden a los miembros de

la Policía Nacional y Sanidad de la misma institución,

previstos en el Decreto Supremo 015-A-87-IN

(cobertura de riesgos de muerte e invalidez

permanente) y las Leyes 23694 y 25964 (adjudicación

de viviendas)? ¿Su Despacho ha realizado alguna

coordinación o acción sobre el particular?

Al inicio del gobierno en el 2011, nos encontramos con un

registro impreciso de cerca de 1,200 expedientes con

sentencias acumuladas por más de diez años en materia de

pagos de seguros de vida, deudas de naturaleza laboral e

indemnizaciones impagas. Todas ellas, en su gran mayoría

fueron por contingencias ocurridas en las décadas de los 80,

90 y 2000. En lo referente a seguros de vida, el 65%

correspondían a contingencias ocurridas en los 80 y 90, y el

35% aproximadamente a contingencias ocurridas entre el

2000 y 2010.


En marzo de 2013, y luego de un proceso de depuración se

obtiene una cifra real de 823 expedientes para pago total

que alcanzó la suma de 77.8 millones de soles y 1 expediente

para pago parcial por 1.5 millones. De dicho universo, el 78%

aproximado corresponde al pago por seguro de vida.

En virtud a ello, nos complacemos en señalar al Congreso

que este Gobierno en marzo del 2013, ha tenido la gran

satisfacción de honrar estas viejas deudas con nuestros

policías caídos, con sus viudas y familiares y a aquellos a

quienes se les tenía adeudos y que por desventura y una

mala praxis, tuvieron que demandar judicialmente al Estado.

El sector Interior ha cumplido con el pago de sentencias

judiciales acumuladas por beneficio de Seguro de Vida hasta

diciembre de 2012.

Debemos precisar que no tiene el presente Gobierno deudas

por contingencias ocurridas durante su mandato ya que se

cumple con el pago del Seguro de Vida de manera total y

oportuna.

En relación a la adjudicación de viviendas, debemos decir lo

siguiente. Por Ley N° 23694 de noviembre de 1983 se

autorizó al Poder Ejecutivo a adjudicar viviendas a los deudos

de los miembros de las FFAA y de las Fuerzas Policiales

fallecidos en cumplimiento del deber. Este beneficio se

extendió por Ley N° 25964 al personal que resultara con

invalidez permanente cumpliendo con su deber. Estos


dispositivos hacen mención a fondos que existían al

momento de vigencia de dichas leyes como ENACE, Banco de

Vivienda y FONAVI, todos los cuales se encuentran en

liquidación desde hace más de una década. El Banco de la

Vivienda completó su liquidación en el 2009. Se hace

necesario, aquí también trabajar conjuntamente con el

Congreso para establecer el contenido de este derecho.

No obstante lo señalado, mediante el Decreto Legislativo

1132 de incremento de remuneraciones de la policía de

diciembre del 2012, el mecanismo que existe para proteger a

la familia de un policía caído en servicio es el subsidio

póstumo que equivale a la remuneración, e inclusive integra

los incrementos equivalentes a los ascensos cada 5 años y

hasta el grado de coronel y los suboficiales como técnicos de

primera.

18 Para que diga usted: ¿Hasta cuándo el Fondo de

Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas

(FOSERSOE) no va a pagar los montos que les

corresponden a los miembros de la Policía

Nacional por concepto de seguro por 30 años de

servicios?

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1132 que

aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal

militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía

Nacional del Perú, en su Sétima Disposición Complementaria


Final se establece que a partir de la vigencia de dicha norma:

“se deja (…) sin efecto la obligación de efectuar los aportes

del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la

Policía Nacional del Perú, así como los de situación

disponibilidad o de retiro, a los Fondos de Seguro de Retiro,

Compensación y Cesación, así como los aportes del Estado

correspondientes al personal militar y policial. Como

consecuencia de lo anterior, dispóngase a partir del 02 de

enero de 2014 la entrega del beneficio que otorga el Fondo

de Seguro de Retiro, Compensación y Cesación a favor del

personal militar y policial, según las reglas que se determinen

mediante decreto supremo a propuesta de los Misterios de

Defensa e Interior.”

El Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y especialistas

(FOSERSOE) PNP, antes de la dación del Decreto Legislativo

N° 1132 contemplaba el abono de dicho beneficio por 30

años de aportes al personal subalterno de la Policía Nacional

del Perú. A partir de la entrada en vigencia de la norma

acotada, dicho beneficio se encuentra suspendido en cuanto

su aplicación hasta el día 02 de enero del año 2014, fecha en

que dicho beneficio será entregado, de acuerdo a las

medidas y parámetros que establezcan los Sectores Interior y

Defensa.


19 Para que diga usted: ¿Por qué durante el periodo

anual de sesiones 2011-2012 no se ha cumplido

por parte de los Ministros de Estado –incluida su

persona- con la obligatoriedad de concurrir a una

sesión del Pleno del Congreso de la República para

informar en las materias que correspondan en

cumplimiento de las Leyes Nos. 28563 y 27806

(Ministro de Economía), Ley 28803 (Ministra de

Salud y Ministra de la Mujer), Ley 29158

(Presidente del Consejo de Ministros) y Ley 28515

(Ministra de Educación).

Con respecto a las leyes 28563 y 27806, es necesario

mencionar que el Ministro de Economía y Finanzas cumplió

oportunamente con remitir los informes a que se refieren los

dispositivos señalados, poniéndose a disposición del

Congreso de la República para asistir en la fecha que dicho

Poder del Estado le señale.

De modo detallado, debo decir que el Ministro de Economía

y Finanzas en cumplimiento de lo establecido en la

Disposición Final de la Ley N° 28563, remitió el 30 de mayo

del 2012, el Informe Anual de deuda Pública 2011,

solicitándole disponga la fecha para la realización de la

exposición correspondiente.

Asimismo, ese mismo día el Ministro de Economía y

Finanzas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de


Responsabilidad y Transparencia Fiscal, cumplió con remitir

la Declaración sobre Cumplimiento de Responsabilidad Fiscal

correspondiente al año fiscal 2011.

Sobre la concurrencia al Pleno de la señora Ministra de

Educación, en cumplimiento a lo establecido por la norma de

la referencia, debo decir que el año pasado, el 30 de marzo

del 2012, se puso a disposición del Congreso para presentar

su informe. Sobre este tema la Ministra asistió al Pleno del

Congreso el pasado 25 de marzo.

Sobre las obligaciones del Ministerio de la Mujer y el

Ministerio de Salud, en relación a la ley 28803, presentarán

en la segunda legislatura el informe anual correspondiente al

año 2012. Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables ha presentado diagnósticos,

acciones y proyecciones en relación a la política pública de

promoción y protección de los derechos de las personas

adultas mayores en todas las oportunidades en que el

Congreso ha invitado a este sector, sin dejar de mencionar

que el 25 de marzo conjuntamente con el Presidente del

Consejo de Ministros ha sustentado el sexto Informe del

cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres, ley 28983.

Finalmente, sobre las obligaciones de la Presidencia del

Consejo de Ministros derivadas de la ley 29158 Ley Orgánica


del Poder Ejecutivo, en lo relativo informar al Congreso, en

su artículo 19 inciso 12, informamos lo siguiente:

El Plan Nacional de Acción por la Infancia para el

período 2012 será presentado ante el pleno del

Congreso en la fecha que este ha señalado, es decir, el

próximo jueves 18 de abril.

Sobre el informe del 2012 en relación a los avances de

la Ley de Igualdad de Oportunidades, como es

conocido se ha presentado y sustentado ante el Pleno

del Congreso de la República el informe

correspondiente el día 25 de marzo.

20 Para que diga usted: ¿Por qué transcurridos más

de seis meses desde su presentación ante el

Congreso de la Republica con motivo de su

designación como Presidente del Consejo de

Ministros no ha dado cumplimiento a su

ofrecimiento relativo a la presentación de proyectos

de ley anunciados como “prioritarios” relacionados

con la seguridad ciudadana, como por ejemplo: la

Ley que perfecciona la reiterancia y reincidencia en

delitos menores o la Ley que crea competencia para

juzgamiento en el ámbito nacional de delitos

vinculados a quienes se exceden en actos de

protesta, como toma de carreteras y afectación de


servicios públicos o la Ley de eficacia a la persecución

del delito bajo el Nuevo Código Procesal Penal?

Todos los proyectos de ley ofrecidos en el discurso de

Investidura están presentados en el Congreso o ya son

normas con rango de ley. El 100% de lo que se ofreció

respecto al marco normativo al día de es decreto legislativo o

proyecto en manos del Congreso. El reporte de ello lo tienen

ustedes en la documentación que se les ha distribuido. Esto

además ya ha sido señalado en la respuesta No.1.

Quizás solo un comentario. La propuesta para que la Sala

Nacional del PJ sea competente para procesar los delitos

vinculados a actos de protesta como toma de carreteras o

interrupción de servicios públicos, no ha requerido de una

ley, puesto que el Poder Judicial accedió a implementar esta

medida mediante una resolución interna, que ya se

encuentra vigente en estos momentos. El MP ha hecho lo

propio y cuando ocurra la comisión de estos delitos el

procesamiento será de ámbito nacional.

21 Para que diga usted: ¿Por qué en los informes de

viajes del Presidente de la República al exterior,

que han sido remitidos de manera extemporánea

al Congreso de la República, no se cumple con

detallar de manera pormenorizada los gastos

generados por la delegación que acompañó al


Presidente de la República, el costo del uso del

avión presidencial y su tripulación, los gastos de

alojamiento y alimentación, así como las veces en

las que los viáticos ha sido devueltos o se ha

solicitado un reembolso adicional; todo ello en

cumplimiento del artículo 5º de la Ley 28344, Ley

que regula la autorización de salida del territorio

nacional del Presidente de la República?

Los viajes presidenciales han sido reportados al Congreso.

Los reportes han incluido el Informe del viaje, los gastos de

transporte (avión presidencial y tripulación, de ser el caso) y

el detalle de los gastos de la comitiva presidencial.

Es importante destacar que dicho requerimiento congresal,

fue cumplido con la mejor disposición, toda vez que

comprendemos y respetamos la importante labor de

fiscalización, que es a su vez atribución y deber de los

Congresistas de la República.

22 Para que diga usted: ¿Qué acciones y políticas

públicas viene adoptando el Poder Ejecutivo para

proteger a la familia y promover el matrimonio, como

institutos naturales y fundamentales de la sociedad,

conforme a lo dispuesto por nuestra Constitución en su

artículo 4º?


Existe un elenco importante de acciones emprendidas desde

el Ejecutivo tendientes a afirmar y proteger a la familia y sus

integrantes, conforme a los principios contenidos en la

Constitución de la República.

Deseo, en ese sentido, destacar el dedicado trabajo que, en

especial, despliegan en este contexto los Ministerios de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y Salud sobre

esta materia. En el marco del reconocimiento de la

protección a la familia estamos elaborando el Plan Nacional

de Fortalecimiento a las Familias 2013-2021, que tendrá

como objetivo estratégico garantizar la promoción,

protección y fortalecimiento de las familias, promover el

derecho a formar y vivir en familias de toda persona

contribuyendo a su desarrollo y bienestar integral. conciliar

la vida familiar con las actividades laborales., fomentar

relaciones familiares democráticas y asertivas como

mecanismo para la prevención de la violencia familiar y

fortalecer la economía familiar para mejorar la calidad de

vida.

Sobre la promoción del matrimonio se ha elaborado una

propuesta de Módulo de Orientación y Consejería

prematrimonial dirigido a parejas que desean contraer

matrimonio y solicitan el trámite correspondiente a la

Municipalidad, con el propósito de brindar información y

fortalecer su habilidades para la vida en pareja, la resolución


de conflictos, comunicación asertiva, responsabilidades

familiares compartidas, paternidad y maternidad, etc. Esta

propuesta será validada con Gobiernos Locales de Lima y

Callao, para posteriormente ser distribuida y aplicada a nivel

nacional. Se ha elaborado también un proyecto de ley que

incorpora la regulación de matrimonios masivos en el

Código Civil, incorporándose el artículo 268° A y modificando

el artículo 252° en cuanto a la publicación de los avisos

matrimoniales.

En relación a las acciones referidas a la conciliación entre la

vida familiar y las actividades laborales, se vienen

promoviendo la instalación de lactarios institucionales en las

entidades del sector público y privado. Al respecto, se han

implementado en el 2012, 249 lactarios en 127 instituciones

públicas, beneficiando a aproximadamente 581 mujeres

trabajadoras con hijos en edad de lactar. El número de

lactarios identificados representó un aumento del 36%

respecto al año 2011. Asimismo, con la publicación de la Ley

Nº 29896, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables, a la fecha, ha promovido la inauguración de

lactarios en diversas instituciones privadas.

CIERRE

Al finalizar el pliego interpelatorio que nos convoca reitero la

plena disposición del Gobierno en trabajar conjuntamente


con el parlamento en la tarea de la seguridad ciudadana. Esa

asociación entre los dos poderes del Estado pasó airosa la

prueba de la delegación de facultades que nos hicieran el

año pasado y que el Ejecutivo honró con normas que no se

excedieron el mandato entregado y ayudaron a resolver

demandas de varias décadas.

Esta alianza debe continuar, respetando obviamente las

funciones de control político y fiscalización del parlamento.

Si en ese cometido, en algún momento hemos expresado

frases o realizado acciones que han incomodado a algún

congresista, como peruano y funcionario público le expreso

mis satisfacciones. En nuestro caso, nada más lejos que la

soberbia y la indiferencia.

Tomando en consideración en mandato de concertación y

política integral de lucha contra el delito, y haciendo honor al

hecho de que coincidimos en que se trata del principal

problema del Estado, el pasado 2 de marzo propusimos la

celebración de un Pacto por la Seguridad Ciudadana, el

mismo que ha sido reiterado al Presidente del Congreso.

Aquí ante ustedes ratificamos esta iniciativa y nuestro deseo

que involucre a los tres poderes del Estado, los organismos

constitucionalmente autónomos, la Asamblea Nacional de

Gobiernos Regionales y la Asociación Nacional de

Municipalidades (AMPE).


Así como los peruanos pactamos la derrota del terrorismo y

la conservación del crecimiento económico con distribución

de la riqueza; y así como nos pusimos de acuerdo en una

visión de país en la perspectiva del año 2021, es

imprescindible ahora pactar la lucha contra el crimen

organizado, el lavado de activos, el narcotráfico y la violencia

que afecta la vida cotidiana de las personas y limita el

funcionamiento del mercado y el ejercicio de las libertades

ciudadanas.

Este pacto debería tener como propósito que las políticas de

seguridad ciudadana sean de largo plazo y afirmen una visión

nacional común en 6 áreas:

La culminación de la adopción del marco legal necesario

para enfrentar el crimen, para lo cual pido al Congreso

continuar con la labor que ya han emprendido.

Emprender juntos, los tres poderes del Estado y cada

uno en su rol, la reforma judicial para comprometer a la

justicia con la seguridad ciudadana.

Eliminar de modo definitivo y gradual el nefasto sistema

1x1 o franco retén. Ese es nuestro compromiso con la

dignidad del policía y su mayor aporte a la seguridad

ciudadana.

Apoyar la culminación de la reforma policial,

conducente a una NUEVA POLICÍA NACIONAL,


continuando con la formación del recurso humano, la

moralización y el EQUIPAMIENTO POLICIAL, dotándola

de las mejores tecnologías de investigación del crimen y

de la logística que permita la mayor eficacia en la

persecución del delito.

Transversalizar las políticas de seguridad ciudadana

para romper los estancos cerrados, compartir la

información y las operaciones y generalizar en el Estado

peruano, en su gobierno nacional, regional y local una

cultura de lucha contra el delito.

Tecnificar la labor de la PNP para que tenga

herramientas modernas para la prevención del crimen y

la persecución y captura de los delincuentes.

Probablemente todo esto no sea suficiente para enfrentar un

problema gigantesco y acumulado en décadas, pero puedo

afirmar que hemos roto la inercia.

El Perú lidera el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en América Latina. Por tercer año consecutivo, el país ha ascendido en el Índice Mundial de Innovación de las Naciones Unidas, logrando el mayor progreso en América Latina. El modelo peruano es uno de crecimiento y desarrollo con inclusión social que se construye día a día con instituciones, democracia e igualdad de todos frente a le ley.

http://gestion.pe/noticias-de-indice-mundial-innovacion-14786?href=nota_tag

http://gestion.pe/noticias-de-naciones-unidas-2514?href=nota_tag


Esta es la hora de la seguridad republicana. No podremos garantizarla si no lo hacemos todos a través de una política integral. Somos un país que ha derrotado la crisis y el terrorismo con las voces de millones de peruanos. Ahora derrotaremos al crimen.

Gracias

pliego interpelatorio pcm juan jiménez mayor 120413

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