propuesta gubernamental de desarrollo rural. lecturas populares
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Pr oPuesta guber namenta l de desar r o l lo r ur a l .l ec t u r a s Po Pu l a r es
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Documento De tr abaj o
Pr oPuesta guber na menta l
de desa r r o l l o r ur a l .
l ec tu r as PoPu l a r es
PAZ PENDIENTE
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ISBN: 978-958-57727-2-4
1a. Edicin. Diciembre de 2012
Bogot, D.C. Colombia
Ox f a m, financia la presente publicacin. No obstante su apoyo, las opiniones
expresadas en los artculos que componen esta publicacin no les comprometen.
Diseo: Torre GrficImpresin: Corcas Impresores
a gradecimientos por el apoyo del Real ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, el programa f OS-Colombia, el ObservatorioNacional de Paz con apoyo de la Unin Europea y la f undacin Hanns Seidel. No obstante el apoyo de la cooperacin internacional, las
opiniones expresadas en los artculos que componen esta publicacin no les comprometen.
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ndice
Presentacin 7
Transformar las condiciones esenciales de las mujeres campesinas
en el marco del desarrollo rural
/ EDILIA MENDOZA 13
Criterios en torno a proyectos de desarrollo rural y su incidencia
en el campesinado
/ CARLOS ANCZAR RICO 19
Proyecto de Ley de Desarrollo Rural y proyecto alternativo en el escenario indgena
/ HENRY CABALLERO FULA 33
Proyectos de ley de desarrollo rural y comunidades negras
/ DAVID LPEZ 47
Los trabajadores agrcolas frente a los proyectos de la Ley de Desarrollo Rural
y Reforma Agraria
/ GERMN CARDOZA 71
Miradas a las propuestas de ley agraria y desarrollo rural del gobierno nacionaly de la mesa de unidad agraria: un debate por continuar
/ LUIS DELGADO 87
Zonas de reserva campesina y reconocimiento del campesinado como sujeto
de derechos y sujeto poltico
/ MIGUEL FERNANDO MEJA y CSAR HERNN JEREZ 97
Una lectura sobre el derecho real de superficie
/ HCTOR CRDENAS 109
Proyecto Ley de Desarrollo Rural
/ FEDEPALMA 115
Anotaciones sobre el desarrollo rural y el proyecto de ley gubernamental
/ ABSALN MACHADO 119
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CI
N
LA publicacin que presentamos es resultado del trabajodesarrollado por el grupo Paz Pendiente, conformado por la Corporacin
Nuevo a rco Iris, la f undacin Ideas para la Paz, la f undacin Social y
el Proyecto Planeta Paz.
Paz Pendientetiene por objetivo promover reuniones, mesas de
trabajo y debates pblicos sobre los temas de la agenda legislativa
nacional y su incidencia en la construccin de la paz. En el pasado
reciente trabaj en torno a las ideas que los partidos polticos que
concurrieron a la campaa presidencial tenan sobre la negociacin
del conflicto armado y la paz, acudiendo a los Comisionados de Paz,
voceros de las campaas, expertos y lderes sociales. En el ltimoao se decidi abordar la discusin sobre el desarrollo rural y sus
vnculos con otros temas legislativos como las leyes de ordenamiento
territorial, regla fiscal y de regalas, teniendo en mente el debate sobre
el cdigo minero.
La presente publicacin es la sntesis de una fase que abord la discusin
de los dos proyectos de ley sobre desarrollo rural: la propuesta del gobierno
nacional y de la mesa de Unidad a graria -m Ua -. Los dos proyectos fuerontrabajados en al menos cuatro talleres a los que concurrieron miembros de unidades
legislativas del Congreso, acadmicos, gremios, expertos temticos, funcionarios pblicos
y lderes sociales de a ccin Campesina Colombiana -a CC-, a sociacin de Cabildos
Indgenas del Norte del Cauca -a CIN-, a sociacin Nacional de Usuario Campesinos
- Unidad y Reconstruccin a NUC-UR, a sojuntas del Putumayo, a soquimbo, Consejo
Regional Indgena del Cauca -CRIC, Confecomumal, f ensuagro, lderes de asociaciones
campesinas de los montes de mara, PCN, Plataforma Sur, Sindicato de Trabajadores
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del Incoder, y entidades de apoyo como a TE, Ceudes, Compromiso, Corambiente,
Corporacin Desarrollo Solidario, Corporacin Ensayos, La Gotera, Pastoral Social de
a rauca, Programa de Paz del m agdalena medio y Prodepaz.
El debate sobre el desarrollo rural
La discusin sobre el desarrollo rural promete ser una de las ms agudas a finales del
presente ao e inicios del 2013, tanto en el escenario legislativo como en los mbitos
sociales y polticos. La primera razn es que el gobierno y la m Ua 1han desarrollado
cada una un proyecto de ley que anuncian presentarn a consideracin del Congreso.
a lo que se suma proyectos legislativos que buscan regular la vida de los territorios
rurales, que se han vuelto apetecibles para la puesta en marcha de explotaciones
mineras, proyectos energticos y de infraestructura. Tambin est el auge que han
tomado mltiples conflictos sin resolver ante la promesa de rentas, recursos disponibles,
mercados, concentracin del poder y de la riqueza. Y, por ltimo, los tratados de libre
comercio, que obligan al reacomodo de los poderosos, que buscan controlar territorios
y recursos.
Que se vuelva a hablar de lo rural es el primer hecho positivo de esta discusin. Desde
hace dcadas se escuchan y leen a diario noticias sobre las expectativas del comercio, el
aumento de la inversin extranjera en la explotacin de recursos naturales y el diseo
de polticas para el sector. Pero al mismo tiempo, sobre masacres, desplazamientos,
despojo de tierras, conflicto armado, secuestros, pagos de empresas a actores ilegales y
el incremento de las fortunas de gente de bien y de mal materializadas en haciendas,
plantaciones y subsidios millonarios. Todo esto ha ocurrido en una Colombia olvidada
que hoy emerge en buena hora para el debate.
El proyecto gubernamental
El gobierno ha propuesto dos locomotoras que impactan lo rural: la produccin de
alimentos y la minera. En el ltimo debate presidencial, los asesores de Santos sealaban
que frente al auge minero era necesario descubrir tres o cuatro milagros rurales para
evitar los desequilibrios que suelen producir impactos severos como la enfermedad
holandesa. No siempre hicieron referencia a la agudizacin de conflictos por distribucin
1 LaMUAestconformadapor23organizacionescampesinasnacionalesyregionales,quedesdelaexpedicindelMandatoAgrariode2003seconstituyeenespaciodeaccinorganizada.
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o a los resultados en trminos de la calidad de vida generada en los municipios mineros.
Lo cierto es que estos milagros no aparecieron en primer momento, hasta el punto
que las versiones iniciales de su proyecto de ley sobre lo rural eran herencia del viejo
estatuto rural que intent tramitar lvaro Uribe.
Hoy, la versin del proyecto de ley se define como ley de tierras y desarrollo rural2.
Estn organizadas en un cuerpo de 318 artculos, que tendran entre sus propsitos
resolver de una vez por todas el problema de la propiedad de la tierra asignando ttulos
claros, promover la consolidacin de una capa de pequeos y medianos productores,
repartir los baldos en grandes extensiones y agilizar el mercado de uso de la tierra a
travs de diferentes figuras, en particular, mediante la relativizacin de la Unidad a gr-
cola f amiliar -Ua f - como unidad de medida para el reparto de tierra.
Tambin se proponen la constitucin de los Derechos Reales de Superficie como
adecuacin del arrendamiento al desarrollo de cultivos permanentes, la modernizacin
de la estructura productiva agrcola y la apertura al uso de todos los territorios y todos
los recursos disponibles en el mbito rural.
El proyecto encuentra su milagro en la definicin de un enfoque territorial para el
desarrollo rural. Se dice milagro porque en dcadas anteriores la poltica era de orden
sectorial, con nfasis en la agricultura, orientada a promover y proteger islas producti-vas concentradas en lugares especficos. El desarrollo rural se entenda como poltica de
focalizacin para los ms pobres del campo, que se diferenciaba de la poltica econmica
para el crecimiento agropecuario. a hora se busca usar y ocupar todo el territorio y todos
los recursos disponibles. Sin duda un giro sustancial en la forma de apreciar lo rural.
El proyecto de la MUA
Despus de tres aos de trabajo y la realizacin de numerosas consultas, la m esa deUnidad a graria elabor el proyecto de ley por el cual se expide la Ley general de tierras,
reforma agraria y desarrollo rural integral. El texto agrupa 255 artculos que buscan
garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades
rurales, priorizar la produccin de alimentos, establecer las bases de un desarrollo rural
armnico, sustentable y sostenible entre la poblacin y el medio rural, mejorar la
2 MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural(sinfecha).ProyectodeLeydeTierrasyDesarrolloRural.Minagricultura,Incoder,Bogot.Proyectode319artculos.
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calidad de vida, la equidad social y redistribuir de manera justa la tierra y los recursos
del territorio, todo sobre la base de una planeacin estratgica y participativa.
Lo que sustenta este proyecto est en la relevancia que otorga a la comunidad rural, el
control que se espera tengan del territorio y los recursos, el cumplimiento de derechos
fundamentales en particular para las mujeres rurales y la poblacin desplazada, la
participacin y la planeacin del desarrollo del sector.
Sus demandas no son nuevas. Las organizaciones campesinas han presentado
mltiples proyectos de desarrollo rural a consideracin del legislativo. Desde los
aos treinta del siglo pasado han demandado derechos, integracin a los procesos
productivos y ms democracia en lo relativo al acceso a los recursos y los derechos
ciudadanos. En realidad, en estos puntos est la base de sus proyectos alternativosfrente a modelos que al mismo tiempo los han integrado parcialmente y los
han desvalorizado al negarles derechos bsicos que se otorgan al resto de la
sociedad.
Lo que viene
Que se presenten estos proyectos es un aliciente para el debate pues son dos formas
distintas de entender lo rural. Si la academia y otras organizaciones le apuestana esta discusin, emergern enfoques, como el de algunos ambientalistas, que
estiman que el propsito de una poltica para lo rural no debe ser el ordenamiento
de la propiedad de la tierra sino los usos ambientales y el pago por sus servicios.
Los dos proyectos tienen fortalezas y debilidades. Entre estas ltimas est la visin
recortada del territorio, no solo porque lo vacan de sus condiciones ecosistmicas y
ambientales sino porque no ponen en consideracin aquellos que estn destinados a
usos diferentes a los agropecuarios. Ninguno de los dos proyectos dice qu hacer con losterritorios ocupados hoy da por la agricultura empresarial, los ganaderos y la minera.
Siguen siendo enfoques sectoriales que en el caso del proyecto gubernamental estara
queriendo decir que no hay intencin de tocar la estructura actual de la propiedad de
la tierra.
Los dos proyectos hacen tabla rasa del conjunto de actores que se mueven en el mundo
rural. Para el proyecto alternativo slo hay comunidad rural entendida como lo que
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se podra llamar el espectro de actores populares y en el proyecto gubernamental hay
un salto entre los pequeos y medianos productores y la figura de las zonas de reserva
empresarial.
a dems, presentan un mundo rural sin conflictos que deben ser transformados a travs
de la poltica. Los dos proyectos acuden a mecanismos de distinto orden para ajustar, por
ejemplo, la propiedad de la tierra, pero no enfocan la construccin de la paz entendida
como superacin de las tensiones por el control de los recursos y del poder, entre otras,
por el dficit en el reconocimiento de los actores.
La visin ambiental es bastante frgil y no es un eje articulador, ms all de referencias a
mecanismos de conservacin o manejo de sistemas. Y ante la vigencia de tantos acuerdos
comerciales, no hay defi
niciones claras sobre cmo preparar a los territorios y actores,quiz porque la agenda interna para el tema se trata por aparte o est en dficit.
Por ltimo, los dos proyectos acuden a propuestas institucionales que redundan en lo
ya puesto en prctica, que deja mucho que desear sobre su capacidad para enfrentar los
retos rurales. No hay una propuesta de institucionalidad para lo territorial rural, ms
all de mltiples espacios de participacin.
Las fortalezas y debilidades de los proyectos abren el espacio para la discusin. Ojal lasociedad colombiana vuelva los ojos al campo, para su bien.
La publicacin
La publicacin recoge dos tipos de documentos. Primero, los documentos escritos por
lderes sociales populares que tratan los aspectos relativos a su sector social en cada
uno de los proyectos. Segundo, la transcripcin de conferencias temticas, dictadas por
expertos.
Bajo la presentacin de estos documentos, el objetivo de la publicacin es poner a la
orden del debate los puntos de vista crticos y propositivos de lderes de organizaciones
de campesinos, mujeres, indgenas, afros, trabajadores del sector y redes temticas,
complementadas con un documento de opinin de un experto de f edepalma y otro de
a bsaln m achado.
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El trabajo de Paz Pendienteha sido posible gracias a los aportes de cada una de las
instituciones socias, a los recursos y apoyo del Real ministerio de Relaciones Exteriores
de Noruega, el programa f OS-Colombia, el Observatorio Nacional de Pazcon apoyo
de la Unin Europea, la f undacin Hanns Seidel y Oxfam, entidad esta ltima que
financia la presente publicacin. No obstante el apoyo de la cooperacin internacional,
las opiniones expresadas en los artculos que componen esta publicacin no les
comprometen.
Carlos Salgado Aramndez
Director Planeta Paz
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Durante dcadas, las mujeres colombianas no tuvieron voz,
derechos ni participacin. Sin embargo, esa situacin permiti
que protagonizaran las transformaciones necesarias para exigir su
inclusin y reconocimiento. Paso a paso fueron obteniendo desde
el derecho a la ciudadana y al voto, hasta lograr clarificar el universo de sus
derechos desde una perspectiva de gnero.
En los aos setenta, en la Costa a tlntica, surgieron de forma autnoma comits
de mujeres campesinas que jugaron un papel fundamental en la regin y en
el movimiento campesino. Una de las grandes lderes fue Juana Julia Guzmn,
quien emprendi un largo camino a pie desde Crdoba hasta Bogot, para exigir
al gobierno garantas para los obreros agrarios y la participacin de la mujer.
Con la Ley 30 de 1988 comenz a ser reconocido el papel de la mujer campesina gracias
a la lucha permanente de las mismas organizaciones campesinas y de mujeres. Tambin
hay que resaltar que aunque la Ley 160 de 1994 mantuvo la comercializacin de tierras
a favor de los terratenientes, incorpor la figura de las Zonas de Reservas Campesina
y determin que tanto las tierras adquiridas como las adjudicadas, deban titularse
conjuntamente a ambos cnyuges o compaeros permanentes, con lo cual tambin se
hizo obligatoria la titulacin a nombre de la mujer.
*Lideresacampesinaydefensoradederechoshumanos.
Transformar las
condiciones esenciales
de las mujeres
campesinas en el marco
del desarrollo rural
EDILIA MENDOZA*
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f alta mucho, pero se ha avanzado. El logro ms reciente tiene que ver con la creacin
de una poltica pblica de equidad de gnero diseada para las mujeres. Esta iniciativa
fue coordinada por la a lta Consejera para la Equidad de la mujer con el objetivo de
garantizar los derechos integrales de las mujeres, teniendo en cuenta las particularidades
que las afectan desde de su diversidad.
Paralelo a este logro, desde hace ms de una dcada, diversas organizaciones de mujeres
campesinas y organizaciones mixtas que promueven espacios de trabajo con mujeres,
se dieron a la tarea de impulsar un proyecto de ley que finalmente fue aprobado en el
Congreso de la Repblica y que hoy se conoce como la Ley 731 de 2002 o de mujer
Rural, que busca mejorar la calidad de vida de estas mujeres, sobretodo de las ms
pobres.
Y es aqu donde el camino se ha llenado de ms obstculos. a unque se instal un comitinterinstitucional entre el gobierno, la a lta Consejera y el ministerio de a gricultura
para iniciar el proceso de reglamentacin, han sido pocos los avances, ya que no hay
articulacin ni mucho menos un presupuesto especifico para las mujeres. Por eso, hace
cuatro aos, varias organizaciones de mujeres retomaron la iniciativa y se unieron a
la mesa de Unidad a graria que agrupa a 22 organizaciones campesinas para trabajar
intensamente en la elaboracin de un proyecto alternativo de Desarrollo Rural, donde
se ha incluido un ttulo especial dedicado a las demandas de la mujer rural.
Lo ms positivo de este ejercicio ha sido poder plasmar que las mujeres son esenciales
para producir cambios de fondo y de forma en una sociedad patriarcal e inequitativa.
Este asunto tambin se tiene en cuenta en el proyecto sobre desarrollo rural que lidera
actualmente el gobierno, pero no satisface las expectativas de las mujeres rurales. Se
ha dicho que participarn en temas como la productividad y el cuidado de la pequea
agricultura, pero no hay una referencia clara al acceso que podran tener a la tierra, ni a
la posibilidad de recurrir a crditos, ni tampoco a mecanismos para proteger la economa
campesina y familiar.
Las mujeres rurales rescatan el inters que el gobierno nacional ha demostrado para
transformar su propuesta inicial, gracias, en parte, a los debates que han propiciado
las mismas organizaciones campesinas. a un as, su enfoque territorial es solo uno de
los elementos a tener en cuenta en el desarrollo rural. Para las mujeres campesinas, la
propuesta liderada por el ministerio de a gricultura no empodera a todos los sujetos
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en igualdad de condiciones de infraestructura, recursos, tecnologa y reconocimiento
poltico.
De ah la importancia del trabajo que han realizado con la mUa en la propuesta
alternativa de desarrollo rural. Esta incluye tratar a las mujeres como actores polticos,
sujetas de derecho y con capacidad de participar en la toma de decisiones para disear
programas, leyes y normas que estn relacionadas con ellas y sus familias. a dems
de la productividad, su propuesta reclama derecho a la educacin, al empleo, al
deporte, a la tecnologa y a hacer empresa en igualdad de condiciones.
Esta nueva visin las empoderara, reconociendo la fuerza valiosa de su
trabajo, de su quehacer organizacional y de lo que significa haber asumido, por
obligacin e histricamente, numerosas violencias a nivel pblico y privado.
No en vano, este ao la ONU ha impulsado una campaa para celebrar el DaInternacional de la m ujer con el lema: Empoderar a las mujeres rurales: acabar
con el hambre y la pobreza. Su directora ejecutiva, la chilena m ichelle Bachelet,
ha dicho que es prioritario apoyar a la mujer rural porque es la que ms sufre la
disparidad y la desigualdad de derechos entre los dos sexos.
Valoraciones fundamentales
Para las mujeres campesinas, un proyecto exitoso de ley de tierras y desarrollo ruraldebe centrarse en desarrollar medidas para que los 16,5 millones de hectreas tiles
que hoy existen para la agricultura y que estn en manos de grandes propietarios, sean
cultivadas para garantizar la soberana alimentaria de Colombia y, de paso, fortalecer
la economa. Esto permitira superar el estancamiento del sector agropecuario, que
contrasta con el crecimiento en el resto de a mrica Latina y para enfrentar el alza de
precios de productos como el maz, el trigo y la soya.
Esa Ley debe valorar el papel de los campesinos y reconocer que ellos s siembran latierra. a s mismo, debe propender por revertir la alta concentracin de la propiedad y
los altos precios, generar tecnologa limpia adecuada a cada ecosistema, proteger los
suelos y reconocer como riqueza la diversidad tnica y cultural y la importancia de la
heterogeneidad de formas de produccin.
Pero por sobretodo, para las mujeres es fundamental que se reconozca el esfuerzo de las
organizaciones campesinas, de mujeres, de trabajadores agrcolas y de desplazados, por
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trabajar colectivamente para que sus ideas sean tenidas en cuenta a la hora de pensar el
desarrollo rural integral, que a todas luces, requiere de un enfoque de gnero.
Una apuesta de desarrollo rural y en particular para las mujeres campesinas, debe pasar
tambin por generar oportunidades para superar y disminuir la brecha de la pobreza en
la que se encuentran miles de mujeres afros, indgenas, campesinas, pescadoras, mineras,
trabajadoras agrcolas y temporeras.
La proteccin para las mujeres debe ser concebida como un proceso de cambio cualitativo
y cuantitativo de los planes, proyectos y programas dirigidos a ellas, que permita aplicar
y desarrollar una legislacin que favorezca la participacin equitativa de las mujeres. Se
trata de difundir una imagen social de las mujeres ajustada al desarrollo de su autonoma
y esto pasa por integrar social y polticamente a colectivos de mujeres que han sido
afectados por procesos de exclusin, por propiciar acciones que contribuyan a eliminarla violencia contra las mujeres en todos los mbitos de la vida pblica y privada, por
promover cambios en las responsabilidades familiares, en las prcticas institucionales
y en la organizacin del trabajo. Estos conceptos hacen parte de las plataformas de
exigibilidad de los derechos de las mujeres que ya existen.
a lo anterior se suma que el gobierno nacional debe demostrar su voluntad poltica
para cumplir con la reglamentacin, desarrollo y seguimiento a la Ley 731 de 2002 o
ley de m ujer Rural, as como garantizar que se cumplan las determinaciones de la CorteConstitucional relacionadas con los autos 092, 387, 08 y 09, entre otros. Esto tambin
incluye hacer una asignacin presupuestal para ayudar a disminuir la brecha entre la
pobreza y el hambre que sufren especialmente las mujeres del campo. a signar un 5%
del 21% del presupuesto nacional sera corresponder con verdaderos avances.
Hoy, las mujeres campesinas esperan el cumplimiento de las promesas del presidente
Juan manuel Santos, quien ha dicho que las mujeres rurales son una prioridad para su
gobierno. Qu mejor forma de hacerlo que acoger las propuestas que se han trabajadoal interior de numerosas organizaciones de mujeres y que estn incluidas en el proyecto
alternativo de desarrollo rural.
Consideraciones finales
Una Ley de Desarrollo Rural pensada desde las organizaciones campesinas, es fruto
de sus necesidades, de sus sabiduras y tambin de sus utopas. Refleja la importancia
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por reconocer a sus actores primarios, lo que sin duda refleja exigencias que se han
visto frustradas por dcadas. Para las mujeres es necesario tener en cuenta temas tan
cruciales y variados como los feminicidios contras las mujeres, la integralidad de sector
rural, la atencin y desarrollo frente a los impactos del cambio climtico y los desastres
naturales, entre otros.
Imprescindible para las mujeres es equilibrar las cargas cuando el panorama actual lo que
demuestra es que el Estado no asume con voluntad el trabajo de resolver las necesidades
bsicas integrales de las mujeres, y tampoco le apuesta, en la prctica, a que las ellas
pueden contribuir a ese cambio desde su empoderamiento y toma de decisiones.
La propuesta del gobierno para un desarrollo rural con enfoque territorial, sin tener
en cuenta a sus actores y sujetos de derechos, solo empoderara mucho ms a los
empresarios agrcolas y a los inversionistas extranjeros, poniendo en desventaja a lascomunidades campesinas y a otros actores agrarios que no podran competir en
igualdad de condicin. El resultado sera mayor concentracin de la tierra para
unos pocos, mientras los otros, que son la gran mayora, seguiran con su lucha
de dcadas por el uso, dominio y propiedad de la tierra.
La concertacin es la va ms incluyente. Darle reconocimiento poltico al
movimiento campesino y a las organizaciones de mujeres rurales, que a su
vez hacen parte de esos 14 millones de colombianos que estn en el campo, esuno de los requisitos bsicos para avanzar en el desarrollo rural y por esa va,
en la construccin de una paz sostenible y duradera. Esta se construye con los
reales dolientes del campo colombiano, con sus pobladores y organizaciones
comunitarias.
Un gobierno que posibilita el debate y el dialogo, emprende el camino de reconocer
y empoderar al sector rural. Si se trabaja por dar la inversin requerida, si se revierte
la concentracin de la tierra, dndole el uso social y ecolgico necesario, si se establecenentidades integrales que resuelvan el sentir del sector agropecuario, si es as, aun
en medio de las inequidades podremos dar el paso de rencontrarnos para hablar de
democracia para el campo colombiano.
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Criterios en torno
a proyectos de
desarrollo rural
y su incidenciaen el campesinado
CARLOS ANCZAR RICO*
El Ser Humano para su supervivencia y desarrollo requiere en el
lugar que ocupa obtener las cosas, bienes, recursos o medios que
le faciliten producir o adquirir los bienes y servicios necesarios, a
la satisfaccin de necesidades bsicas y al desarrollo de su capacidad
co-creadora o transformadora, para el logro de sus aspiraciones en la bsqueda
de su felicidad
Para ello el Ser Humano desde su aparicin en el Planeta Tierra hubo de
relacionarse con la Naturaleza, donde pudo obtener los elementos necesarios a
su manutencin, desarrollando a su vez conocimientos, habilidades y capacidades
que fueron diversificando sus actividades.
La familia campesina, que por generaciones ha permanecido en el campo, con sus
semillas, especies y trabajo, no slo ha logrado su subsistencia, sino que convirtiendo suterritorio en laboratorio fue mejorando herramientas, semillas y especies, contribuyendo
con poblacin, conocimientos y recursos a la constitucin y desarrollo de aldeas y
ciudades, al avance de la Ciencia, la Industria y el Comercio, sin que los excedentes de
este proceso se revirtieran al campo para el mejoramiento de sus condiciones de Vida,
mediante el fortalecimiento de sus culturas, y con la aplicacin adecuada de los avances
cientfico-tecnolgicos y el intercambio justo de bienes y servicios.
LderdeAccinCampesinaColombianaACC-
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El reconocimiento de la propiedad privada sin ninguna limitacin fue privando a la
mayora del campesinado del acceso a la tierra y, la cultura del monocultivo, el alto
costo de los insumos, el atraso en un desarrollo tecnolgico regional adecuado, la
intermediacin en funcin del lucro para unos pocos y los oligopolios del comercio,
del transporte y la distribucin, fueron minando la posibilidad de subsistencia digna
de la familia campesina y con ello la continuidad del desarrollo de sus culturas y
creatividad, convirtindose el apego a la tierra para el campesino en el camino ms
rpido para llegar a la pobreza y la miseria.
El precario acceso de los campesinos a los bienes y medios de produccin, entre ellos
a la propiedad de la tierra, slo garantiz una mayor explotacin de su trabajo al
apropiarse una minora cada vez ms reducida de la produccin, mediante el control
del mercado, la imposicin de cambios culturales, incluso en la dieta alimentaria,incorporndolos al consumismo lucrativo para quienes iban controlando las
estructuras de la sociedad, en funcin de la construccin de un modelo cultural,
econmico, de organizacin social y poltico concentrador de la riqueza y el poder
en unos pocos, colocando el valor del capital por encima del valor del trabajo y por
ende de la dignidad y de la vida.
Los avances de la ciencia y sus resultados tecnolgicos que mejoraran condiciones de
vida y de trabajo, mediante la satisfaccin de necesidades bsicas para la subsistencia,facilitando el desarrollo espiritual y material de los Seres Humanos, se orientan en
funcin de satisfacer la ambicin desenfrenada o de una insaciable bsqueda de la
felicidad de quienes controlan la sociedad, hacia una mayor explotacin de los talentos
humanos, de su conocimiento, y de los trabajadores productores de bienes y servicios,
siendo la mejor forma, desarrollar sus capacidades y habilidades, pero desconocindoles
el derecho al acceso en propiedad, a los bienes y medios, para un ejercicio autnomo
de su labor productiva y creando condiciones de intercambio y comercializacin o
distribucin de bienes y servicios lesivas a los productores y lucrativas para quienesse han apropiado de los instrumentos de cambio y distribucin, en la perspectiva del
menor costo y la mayor utilidad, para un mayor crecimiento econmico y una mayor
concentracin de capital.
Para garantizar el funcionamiento eficaz de este modelo de crecimiento y concentracin,
se rompen culturas y se imponen otras, utilizando y adecuando creencias y valores
religiosos, contenidos educacionales y normatividad, no para orientar actitudes
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y comportamientos sino para imponer los que sean funcionales a las polticas del
modelo.
Se definen polticas econmicas aparentemente distributivas, simultneas con
mecanismos que impiden una apropiacin real y uso adecuado de bienes y servicios,
y antes bien facilitan el despojo a los beneficiarios del resultado de sus esfuerzos
productivos, instrumentalizando la organizacin social en estructuras verticalistas,
que la colocan al servicio de intereses diferentes a sus propias aspiraciones, utilizando
la afinidad poltico-partidista, caudillista y sectaria para fortalecer el poder de
las minoras y su control econmico, social, cultural y militar, que utilizan para
combatir con la fuerza los brotes de inconformidad con las polticas trazadas.
Por diversas motivaciones a lo largo de la historia de la humanidad, la tierra hasido objeto de apropiacin o dominio, ambicin creciente, en la medida en que
se va desarrollando ms conciencia de su valor, como proveedora de alimentos y
materias primas para el desarrollo industrial y el crecimiento econmico y sabido
es, que despojar de su tierra al campesino o impedirle su acceso, es arrebatarle
parte de su vida, destruir su cultura, cortar de tajo sus posibilidades de desarrollo,
de contribuir al mejoramiento de la Sociedad y someterlo al vaivn de los caprichos
e iniquidades de quienes quieran utilizarlos o a las inclemencias de un medio extrao
y para l inhspito.
En la fase actual del modelo de crecimiento econmico, el dominio de la tierra adquiere
vital importancia, ya no slo como tierra en s productora de alimentos y algunas
materias primas, sino por todos los materiales y recursos que contiene especialmente
minero-energticos, dndole la connotacin de territorio susceptible de modernizacin
y produccin competitiva, aunque poco preocupen los impactos negativos que su
explotacin causa en la diversidad, fuente de su equilibrio y garanta de la vida.
Es dentro de este marco general que en el pas se discute hoy la normatividad rural y
se proyectan dos concepciones y dos visiones programticas para su desarrollo: la del
crecimiento econmico como base para el desarrollo social, eliminacin de la pobreza y
reducir la inequidad mediante la aplicacin de la teora del derrame, sin redistribucin
de los medios de produccin y del ingreso, o redistribucin del ingreso y acceso de las
personas y comunidades a los bienes y medios de produccin para la eliminacin de la
pobreza y el logro del desarrollo humano integral.
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El Gobierno, controlado por los sectores minoritarios con capital y con poder, pero a la vez
obligado por la creciente aunque dispersa irrupcin de movimientos sociales populares
que reclaman el reconocimiento de sus derechos y protestan las polticas concentradoras,
enajenantes de los recursos y depredadoras de los territorios, adopta en el lenguaje
y presentacin, polticas reformistas como la Ley 1448 de Victimas, con la que
pretende devolver a propietarios y poseedores, al menos parte de la tierra que
les fue arrebatada mediante violencia moral, sicolgica y fsica y desagraviar
a las vctimas con una supuesta justicia no aplicada, una verdad a medias y
una reparacin que no permite siquiera recuperar las mnimas condiciones
econmicas en que se encontraban en el momento de su victimizacin, pero,
adems, dejando puertas abiertas para que dichas tierras sean incorporadas a
mega proyectos controlados por el capital transnacional.
La propuesta del gobierno
El Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Ruralpropuesto por el
Gobierno basa fundamentalmente su poltica sin ser los nicos en dos
componentes bsicos: modernizacin-productividad e Internacionalizacin-
Competitividad.
La modernizacin cuyo objetivo predominante es la productividad, entendidacomo la rentabilidad mxima de los factores productivos territorio, capital
y trabajo bajo condiciones dictadas por las empresas transnacionales, y
de precios del mercado internacional controlado por stas, haciendo ms
funcionales las estrategias del saneamiento y titulacin de las tierras en
propiedad privada para su incorporacin al libre mercado, al igual que la
gestin de los factores productivos mediante la industrializacin, ignorando
contextos concretos y dinmicas sociales propias de las comunidades locales.
La oferta de productos en el mercado internacional dentro de las exigencias y las
ganancias de los grandes capitales debe garantizar competitividad, en cumplimiento
de la poltica de internacionalizacin, cuya estrategia se complementa con la del anterior
componente, la promocin de la inversin extranjera y los Tratados de Libre Comercio.
La preocupacin desmedida por el crecimiento econmico y la excesiva fe en el
mercado hacen olvidar el valor estratgico poltico, econmico, ecolgico y social- de
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-23-LECTURAS POPULARES]
las Comunidades Rurales locales, descuidando el bienestar colectivo y el buen vivir
social.
Este desarrollo rural propuesto por el Gobierno Nacional con los dos componentes
mencionados, genera dos orientaciones Tcnico-Institucionales: Desarrollo no
agroalimentario e implcitamente anti campesino.
Las polticas pblicas dirigidas al sector van obstaculizando y abandonando la produccin
de alimentos para la produccin local, por considerarlos no productivos ni competitivos,
reduciendo la produccin agropecuaria a la especializacin de unos pocos productos que
se pueden vender en el mercado internacional, comprometiendo la diversidad gentica,
ambiental, productiva, cultural y social, reduciendo al campesinado a la subsistencia en
su parcela, al trabajo asalariado, o a proveedores de bienes y servicios no necesariamenteagroalimentarios, a Industriales, Comercializadores y especuladores, dndole al
campesino un reconocimiento marginal, de poca importancia, en la produccin nacional
y la reproduccin social.
Podemos decir que el Proyecto de Ley del Gobierno presenta un enfoque territorial
que va mas all del slo uso de la tierra, al uso de todos los recursos existentes en
el territorio, en el marco de la m odernizacin-Productividad e Internacionalizacin-
Competitividad, para lo cual propone procedimientos jurdicos y decisiones de polticapblica dirigidas al saneamiento de la propiedad, a precisar zonas de reserva, baldos,
propiedades de comunidades tnicas y las que pueden ser destinadas a concesionarios
o actores privados y posibles zonas de reserva campesina.
Un anlisis cercano a las perspectivas del mundo rural sera el de una gran ofensiva
del capital transnacional con el visto bueno de los gobiernos, para desarrollar el campo
en funcin de la explotacin empresarial de los recursos naturales minero-energticos
y tursticos al igual que de productos alimenticios de utilizacin agroindustrial parala produccin de agro combustibles y exportacin, todo ello basado en la inversin
externa directa y el fortalecimiento del Libre mercado, para lo cual se exageran los
estmulos a la Inversin extranjera, se bajan al mximo los aranceles, se revala nuestra
moneda en contradiccin con la poltica exportadora y facilitando las importaciones
fundamentalmente de alimentos, bienes de lujo y de consumo masivo se estimula la
enajenacin de nuestros territorios y su depredacin, con gran peligro para nuestra
Biodiversidad, el exagerado consumo de recursos vitales como el agua, as como su
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contaminacin en el caso de la minera; la desecacin, alteracin o desviacin de las
corrientes, con la consecuente destruccin de la Biodiversidad y los recursos pesqueros,
la destruccin del bosque con toda su diversidad en flora, fauna medicinal y la pretensin
de reemplazarlo por plantaciones desiertos verdes-, deteriorando y envenenando los
suelos.
El proyecto alternativo campesino
Dirigentes de Organizaciones Campesinas Nacionales y Locales, con la colaboracin
de Tcnicos, Profesionales, Ongs e integrantes de Unidades Tcnicas Legislativas, han
venido haciendo un gran esfuerzo de elaboracin y divulgacin de un Proyecto de Ley
alternativo sobre Reforma a graria y Desarrollo Rural, que quizs se quede corto en sus
propuestas, dadas no solamente la complejidad, el atraso, la diversidad de conflictos en
el sector rural, sino la importancia del papel que debe jugar el mismo en un nuevo
proceso de desarrollo de la Sociedad y del Pas en su conjunto.
Dicho Proyecto se plantea como una iniciativa para lograr la recuperacin
socioeconmica, cultural, territorial y ambiental de las comunidades rurales,
que contribuir eficazmente a la consolidacin de la paz, mediante el
fortalecimiento organizativo y el desarrollo de su capacidad de gestin ante
entidades gubernamentales y de hacer incidencia en programas y proyectos deReforma a graria y Desarrollo Rural, para reversar la extrema concentracin
de la tierra, lograr el reconocimiento del papel e importancia de la economa
campesina, la defensa de la diversidad tnica y cultural, la recuperacin de la
produccin agropecuaria, la proteccin de los recursos naturales, la biodiversidad
y el ambiente, garantizar la soberana, autonoma y seguridad alimentaria, la
creacin del Conpes rural y lograr el mejoramiento de las condiciones de vida
de los pobladores rurales, recuperando su dignidad como Seres Humanos.
Se aspira a lograr el rescate de los derechos fundamentales de los pueblos
que habitan en el campo, el cumplimiento de la funcin social y ecolgica del
territorio, el reconocimiento de la dignidad y derechos iguales de las mujeres,
el logro de polticas, normas e institucionalidad operativa y eficaz en el apoyo al
acceso a los bienes y medios necesarios a la produccin, transformacin, transporte
y comercializacin de los productos rurales, en armona con la naturaleza y la
sustentabilidad de sus recursos.
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LECTURAS POPULARES]-25-
Se incorporan mecanismos operativos para la educacin y la participacin en los
organismos donde se deciden las polticas pblicas relacionadas con el sector, garantizando
su cumplimiento y el presupuesto suficiente para sacar del atraso e impulsar el desarrollo
del sector rural y sus poblaciones.
El enfoque de este proyecto va ms hacia el logro de un reconocimiento de las
poblaciones rurales, fundamentalmente de los campesinos, incorporando una conquista,
redistribucin y defensa del territorio, prioritariamente en funcin de la subsistencia
de la poblacin campesina, de la produccin y abastecimiento alimentario, en el nimo
de contribuir a la construccin de un modelo de desarrollo endgeno desde lo rural.
Aspectos positivos en el proyecto de desarrollo rural del gobierno
En gracia de discusin, podramos destacar como aspectos positivos los enunciados
de la poltica general del Gobierno, en los que despus de muchos aos de ignorar
la problemtica rural, destacando solamente el cncer de la Violencia que lo afecta,
pone sobre la mesa la discusin sobre la problemtica de los campesinos, la pobreza
rural, la necesidad de legislar a favor de las vctimas en su inmensa mayora del
sector rural; despus de hacerlo por varios aos a favor de los Victimarios, reconoce
la existencia de un conflicto armado y el problema de la tierra como uno de los
elementos generadores del confl
icto, al igual que la ninguna o mala utilizacin demillones de hectreas aptas para la agricultura y el reconocimiento del despojo
y el derecho a la devolucin de las tierras, a algunos de los miles de familias
desplazadas.
Dentro de las propuestas contenidas en el Proyecto de Ley, sin tener en cuenta
su contradiccin con otras normas contenidas en otras leyes, pudieran destacarse
como positivas la aplicacin del artculo 58 de la Constitucin Nacional referente a
la expropiacin por va a dministrativa para reafirmar la estructura social agraria;prevenir y eliminar la inequidad en la propiedad de la tierra, dotando de sta a
jefes de hogar de escasos recursos hombres y mujeres mayores de 16 aos que
no la posean; constituir, ampliar y sanear los Resguardos Indgenas y propiedades
colectivas de grupos tnicos; reubicar la poblacin afectada por desastres naturales
o habitantes de zonas en alto riesgo. La decisin sobre expropiacin administrativa
abre la posibilidad de adquirir tierras a precios adecuados, an sin llegar a su
consumacin.
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La posibilidad de constituir zonas de reserva campesina en reas geogrficas que
requieran regulacin, por sus caractersticas agroecolgicas y socioeconmicas, que
puede ser una alternativa de territorialidad y desarrollo rural, si dejan de ser meros
instrumentos para zonas marginales y de graves conflictos o para organizar desplazados
y colonos, sin brindarles las posibilidades de desarrollar una visin de estabilizacin
y desarrollo de la economa campesina, en el marco de una verdadera funcin social
de la propiedad.
La limitacin del acceso de los extranjeros a terrenos baldos podra ser
otro aspecto positivo, aunque no est claro si podrn hacerlo mediante el
establecimiento de zonas de reserva empresarial o del ejercicio del derecho
real de superficie.
La creacin de un fondo Nacional de Desarrollo Rural es importante, aunque
no se precisa el porcentaje del presupuesto nacional que se destinara al
mismo y genera muchas dudas su centralizacin administrativa.
El sistema unificado de informacin estadstica y geogrfica es indispensable
en la orientacin y desarrollo de la poltica rural y la mencin que se hace
de apoyo al cooperativismo en el sector, seran aspectos muy positivos si
no se desfiguran restndole autonoma, sometindolos a los lineamientosde la poltica agropecuaria trazada desde el Gobierno.
El enfoque territorial del Proyecto, si no tuviera como objetivo central el
crecimiento econmico, ms en beneficio de quienes invierten el capital, pudiera
garantizar mayor participacin y asociacin entre actores locales para la definicin
y uso del territorio.
En trminos generales, podra decirse que muchos de los enunciados del proyecto, aexcepcin de algunos claramente perjudiciales a los intereses y derechos de la poblacin
campesina, podran contribuir a sentar bases para la construccin de un modelo diferente
de Desarrollo Rural, si en su conjunto no estuviera inmerso en el modelo de crecimiento
econmico orientado a una mayor concentracin de los bienes y medios de produccin,
de la riqueza y el poder.
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Aspector positivos del proyecto alternativo
Respecto al proyecto denominado alternativo que presentan a la discusin los dirigentes
campesinos, adquiere vital importancia como programa base para el mejoramiento
de las condiciones de vida de las poblaciones rurales al hacer nfasis en la defensa delterritorio, en el desmonte de la concentracin de la tierra, en el planteamiento sobre la
necesidad de garantizar la soberana, autonoma y seguridad alimentaria, al igual que
un rgimen de seguridad social en el campo, prcticamente inexistente.
Sin duda el proyecto es un gran esfuerzo por construir un instrumento importante para
avanzar en una propuesta alternativa de desarrollo rural, que indudablemente debe
iniciar por un programa de cambio en la estructura de tenencia de la tierra y en esto
el proyecto resalta la necesidad de desconcentrar la propiedad de la misma, insistiendoen la clarificacin de la propiedad con base en los ttulos originarios del Estado y no
del reconocimiento de escrituras registradas, especialmente en las ltimas dcadas,
caracterizadas por la mayor violencia rural.
La conquista y defensa de la soberana, autonoma y seguridad alimentaria, es uno de
los elementos bsicos de la propuesta, aunque en el articulado la concepcin de sta no
sea lo suficientemente amplia y clara. a s mismo, la incorporacin del reconocimiento
de campesinas y campesinos como sujetos de derecho y la defensa de normas as seanformales que reconocen a otros grupos poblacionales, son positivas aunque no quede
clara la incorporacin o relacin con stas en el proyecto.
Entre otros aspectos positivos prioritarios en el proyecto agrario propuesto tendramos el
cambio en la estructura social rural frente a la poltica de modernizacin-productividad e
internacionalizacin-competitividad del proyecto de gobierno; el desarrollo social integral
como prioridad inmediata frente al desarrollo econmico; el bienestar social como objetivo
inmediato frente al crecimiento econmico; el reconocimiento poltico, econmico, socialy cultural del campesinado; la estabilidad de la poblacin rural y de la economa campesina
como objetivos estratgicos frente al favorecimiento a los empresarios; la estabilidad de
los capitales fundamentalmente externos y de los mercados.
Se propone como estrategias el ordenamiento social rural como distribucin progresiva
de factores productivos y un desarrollo rural agro alimentario y campesino, frente
al ordenamiento productivo con base en la gestin empresarial concentradora de
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capital y de los usos del suelo y de los factores productivos, dentro de un modelo no
agroalimentario y anti campesino.
Aspectos crticos en los dos proyectos
Como lo hemos venido planteando a lo largo de este escrito, el aspecto ms crtico
del proyecto del gobierno es su insercin en un modelo de desarrollo econmico
dependiente del capital externo, lase de inversin extranjera, en funcin de una mayor
concentracin del capital en unos pocos, lo que lleva a un modelo exportador con base
en la explotacin primaria de nuestros recursos, pretendiendo que el rea explotada y
la empresa agropecuaria crezcan principalmente a costa de las tierras de los campesinos,
indgenas y afro descendientes, adems de la destruccin de los ya pocos bosques que
nos quedan, causando enorme dao a la biodiversidad, agotamiento y contaminacin
de nuestros recursos naturales.
mas puntualmente, la validez de escrituras prefabricadas hasta 1992, la figura del
derecho de superficie, el aumento de tres a cinco aos para que grandes extensiones
de tierra permanezcan sin uso antes de revertirlas al Estado, la exclusin de los
territorios protegidos para que no sean adjudicados a particulares, de reas que no son
de asentamiento, pero que constituyen el hbitat natural de algunos pueblos, cotos de
caza, de recoleccin de alimentos o de agricultura itinerante, contribuyen a la estructurade tenencia ilegal e injusta y a una mayor concentracin de la propiedad.
El recorte a derechos adquiridos por los indgenas sobre resguardos coloniales, as como la
re delimitacin de los pramos, de las reservas forestales del pas, son todos ellos aspectos
altamente negativos, insertos en el mencionado proyecto de ley del gobierno.
Si a lo anterior aadimos lo estipulado en el plan nacional de desarrollo, en torno al
fomento de grandes explotaciones agropecuarias sin que se diga lo mismo con relacin alfortalecimiento del cooperativismo o dems formas asociativas de produccin autnoma,
el quitar la supuesta limitacin burocrtica de la Ua f, que a pesar del reduccionismo al
que se ha sometido, no deja de ser importante como nica, aunque precaria limitacin
para la expansin de la propiedad en pocas manos.
Lo dicho por el presidente en el encuentro de Barrancabermeja sobre la separacin
de la propiedad del suelo de la de los cultivos, dndole al campesino plata por su
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tierra y mas por su trabajo convirtindolo en asalariado, so pretexto de aumentar sus
ingresos, crea un rentismo pauprrimo, totalmente contrario a un desarrollo humano
integral de la persona y de la sociedad. La selectividad de los cultivos, especialmente
agroindustriales en funcin de la produccin de agro combustibles y de la exportacin,
as como la ofensiva sobre los territorios para la explotacin de hidrocarburos y recursos
minero-energticos, repercute negativa y severamente en las condiciones de vida de las
poblaciones rurales, al generar despojos y desplazamientos, ocasionar graves deterioros
de los suelos y el ambiente, reduciendo la posibilidad de desarrollo de la economa
campesina, principal productora de alimentos y generadora de empleo, aumentando
la dependencia alimentaria y nutricional de la poblacin nacional, que conlleva a una
prdida total de autonoma cultural, econmica, social, poltica y ambiental.
El casi explicito condicionamiento de que la tierra devuelta o entregada a loscampesinos debe estar integrada a las alianzas estratgicas, manipuladas por
los grandes empresarios, al igual que las legislaciones sobre semillas, lcteos y
crnicos, referentes a la pequea y mediana produccin y comercializacin, la
legislacin minera que no deja prcticamente ningn espacio no susceptible
de concesiones mineras, a pesar de la prohibicin en el 2010 de no permitir
explotacin minera en los pramos, pero dejando vigentes las mltiples
concesiones ya otorgadas y autorizando una nueva delimitacin de sus
reas, son ya una poltica global de conspiracin contra el mundo rural, yde entorpecimiento a un verdadero desarrollo humano autnomo, justo y
solidario del pas.
Podemos decir entonces que frente a toda esta avalancha de normatividad y
propuestas negativas del gobierno, el proyecto de ley alternativo sometido a
discusin por los directivos de las organizaciones campesinas, representara un
avance formidable aunque no alcance a ser una propuesta completa de desarrollo
rural.
Un elemento fundamental que debera tener una apuesta de desarrollo rural para el pas,
que no aparece explicito en ninguno de los dos proyectos, es la elaboracin, adopcin y
aplicacin de contenidos y metodologas propias para la poblacin rural que contribuyan
a fortalecer una concepcin del ser humano en su relacin con la naturaleza, de la
naturaleza como proveedora de cosas, recursos y bienes necesarios a la satisfaccin de
las necesidades bsicas y de las materias primas indispensables para el desarrollo de la
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ciencia y la tecnologa aplicable al fortalecimiento agro industrial, industrial, cientfico
y comercial del pas, del mundo y de la sociedad en general.
Igualmente, una poltica de desarrollo del cooperativismo y de otras formas asociativas de
produccin, transformacin, transporte y comercializacin de los productos rurales con
base en un desarrollo tecnolgico regional adecuado, autnomo y en concordancia con el
concepto de territorio, est ausente o por lo menos no explicito en los dos proyectos.
Las propuestas de institucionalidad en el proyecto del gobierno aparecen como corresponde
al modelo concentrador de capital y de poder, fuertemente centralizado financiera y
administrativamente en las instancias de gobierno, con una muy limitada participacin
en el orden regional, orientada ms hacia la ejecucin y no a la planeacin y decisin, en
una abierta contradiccin con los enunciados de descentralizacin territorial.
En el proyecto alternativo, si bien se propone una muy variada forma de organizacin
con la creacin de varios organismos de diferentes niveles, con amplia participacin,
se concentra en una sola institucin el Incoder la ejecucin de las polticas y no se
precisa institucionalidad acorde con el manejo de los recursos genticos, de la atencin
a polticas diferentes respecto al papel de las zonas de reserva campesina y el manejo
y solucin de posibles conflictos que en ellas se presentaran, entre otras competencias
que no deberan estar asignadas a una sola institucin.
Quiz la mayor falencia de este proyecto es no profundizar sobre el uso del territorio
y la forma de vinculacin de todos los actores del mundo rural, en un proceso de eficaz
desarrollo, que contribuya a un verdadero cambio de las estructuras de poder nacional
para la construccin de una nueva organizacin social y una adecuada estructura
econmica, que garantice la construccin de un nuevo modelo de desarrollo, donde el
ejercicio responsable de los derechos, en funcin de la satisfaccin de las necesidades
bsicas y las aspiraciones justas de todos los Seres Humanos, sea una realidad.
Algunas consideraciones finales
Sin duda alguna el ordenamiento del territorio es el principal instrumento en la
planeacin del desarrollo y esto implica una activa participacin de las organizaciones
campesinas y dems sectores sociales populares en procesos de revisin y actualizacin
de los planes de ordenamiento territorial en municipios y regiones.
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La participacin para que sea eficiente y eficaz debe ser consciente y responsable y, para
ello, se requiere informacin que forme, personalice y capacite. Es decir, que desarrolle
conciencia crtica y poltica, que ubique al participante en una concepcin de s mismo
como Ser Humano individual y social, de la naturaleza como proveedora de todos los
elementos necesarios a usar y transformar para la suplencia de sus necesidades vitales
y del otro u otros sociedad como sus iguales, con los mismos deberes y derechos
y con quienes planea, decide y ejecuta las acciones necesarias a su propio desarrollo
espiritual y material y el de la sociedad en general.
Slo una concepcin clara del Individuo como Ser Humano individual y Social
le permitir recuperar y asumir principios y valores que le orienten actitudes y
comportamientos autogestionarios, solidarios o comunitarios, que hagan efectiva
su participacin dentro del marco de la construccin de poder, necesario para laemulacin y confrontacin de los poderes injustos y criminales que hoy orientan
el accionar de los individuos en sociedad, para la construccin de un modelo de
organizacin social y econmica, ms fraterna y ms justa, por lo autogestionaria
y solidaria.
Nuestra participacin debe orientarse a garantizar que las acciones poltico
administrativas y de planeacin fsica, sean concertadas en orden a adaptar o crear
instrumentos que regulen la utilizacin, transformacin y ocupacin del espacio,hacia la satisfaccin de las necesidades bsicas de la poblacin: suficiencia de
alimentos de calidad y garanta de acceso por parte de todos los habitantes, facilitando
el consumo de acuerdo a sus culturas; vivienda adecuada a condiciones sanitarias y
climticas con respeto a las costumbres o culturas regionales; espacios para la recreacin
y el deporte en funcin de la salud y la expansin del espritu, todo ello dentro de una
estrategia de desarrollo socio econmico, en armona con el ambiente, las tradiciones
histrico culturales y una adecuacin de los contenidos formativos y de capacitacin, que
garanticen desarrollo y adaptacin de los conocimientos cientfico tecnolgicos dentrode las condiciones del entorno, pero proyectados hacia la contribucin con los dems
sectores, en la construccin del poder organizado necesario, para exigir los espacios que
garanticen el ejercicio autnomo de deberes y derechos en funcin del desarrollo.
El plan de ordenamiento territorial debe garantizar una delimitacin del territorio de
acuerdo a sus recursos, la ubicacin y el acceso de los pobladores a ellos, el uso adecuado
y sustentable de los mismos, en atencin a su vocacin y capacitacin, proveyndolos
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de los elementos necesarios a la actividad productiva, as como de la seguridad social
y econmica que le permita ejercer con responsabilidad el derecho y el deber de
contribuir a su propio desarrollo, el de su familia, su comunidad y el de la sociedad
global.
Se debe pues contribuir al ordenamiento del territorio municipal, complementando
la planificacin econmica y social en la dimensin territorial, racionalizando las
intervenciones e inversiones pblicas, orientando su desarrollo y aprovechamiento
sustentable, exigiendo estrategias territoriales de uso, ocupacin y manejo del suelo,
en funcin de objetivos humanos, econmicos, sociales, urbansticos y ambientales,
sobre la base de programas y proyectos para desarrollar los objetivos propuestos.
En todo lo anterior es necesario tener en cuenta lo planteado por elObservatorio
Nacional de Paz, al sostener que en el mbito de las reformas neoliberales, es
usual que el Estado delegue y responsabilice al sector privado de la ejecucin de las
polticas pblicas o de los servicios pblicos que le eran inherentes, decidiendo la
privatizacin de los servicios pblicos, convirtiendo los derechos sociales y colectivos
en mercancas que se negocian, y propiciando la funcionalizacin de la ciudadana
a los fines del ajuste estructural del Estado, con lo cual las comunidades asumen las
cargas pblicas, en muchas ocasiones en condiciones de explotacin laboral.
Las polticas pblicas implican necesariamente accin pblica, siendo el Estado el
responsable de orientarlas, coordinarlas y ejecutarlas, correspondindole a la sociedad
civil un papel activo de incidencia, propuesta y seguimiento, siendo cuestionable el
asumir su realizacin de forma autnoma a la institucionalidad estatal.
Es legtimo que las comunidades participen directamente en la ejecucin de los servicios
pblicos, pero los costos laborales y sociales que implican estas actividades deben ser
plenamente reconocidos por las administraciones pblicas. La participacin ciudadana enlas polticas pblicas debe tener claro el rol del Estado y cerrar posibilidades a la llamada
descentralizacin funcional (neoliberal), a travs de la cual el Estado responsabiliza a
las comunidades de la prestacin y satisfaccin de los derechos sociales y colectivos.
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Paz Pendientegrupo de trabajo conformado por Planeta Paz, fundacin
Ideas para la Paz, f undacin Social y Corporacin Nuevo a rco Iris
ha venido realizando encuentros de organizaciones campesinas,
indgenas, afrocolombianas, con el fin de conocer y consensuar
posiciones respecto al Proyecto ley de tierras y desarrollo ruraly al Proyecto de
ley agraria alternativa. a continuacin, presento ideas trabajadas a partir de lasexposiciones, textos y mesas realizadas, pensadas ellas desde las preocupaciones
y posturas del movimiento indgena. La primera propuesta se llamara en lo
sucesivo, en este artculo, propuesta del Gobierno y, la segunda, propuesta de
la Mesa Nacional de Unidad Agrariao de manera ms resumida propuesta de
la m esa de Unidad.
Consulta previa, libre e informada
a corde con la Ley 21 de 1.991 y con diferentes tratados e instrumentos internacionales y
sentencias de la Corte Constitucional, las comunidades indgenas y afrocolombianas deben
ser consultadas de manera previa, libre e informada ante proyectos de ley que les afecten.
El gobierno colombiano, tomando como escenario inicial la Mesa Permanente de
Concertacin Indgena y la Comisin Nacional de Territorio Indgena, ha realizado
*Orientador.UniversidadAutnomaIndgenaInterculturalUAIIN,CRIC,Popayn..
HENRY CABALLERO FULA*
Proyecto de Ley
de Desarrollo Rural
y proyecto alternativo
en el escenario indgena
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conversaciones con las diferentes organizaciones que all participan para desarrollar el
proceso de consulta previa y ha radicado el proyecto de ley en estas instancias. Sin embargo,
esta consulta que debera hacerse con todos los pueblos indgenas de Colombia (en la mesa
representados por la ONIC, a ICO, CIT, OPIa C1y a utoridades tradicionales indgenas
de Colombia) solo se ha dado con los pueblos indgenas del a mazonas agrupados en la
OPIa C, cuyos resultados deben presentarse al comit tcnico nacional. La OPIa C ha
sealado que el proceso adelantado se hizo en un tiempo muy corto, no adecuado
para poder socializar y opinar, agregando adems la dificultad que el documento en
consulta cambi constantemente, presentndose varias versiones dependiendo
de la reunin o del ministerio que participara.
Una discusin de fondo sobre la consulta previa, libre e informada, proviene
de la posicin que se tome respecto a la pregunta de s se consulta elproyecto de ley en su conjunto o solamente el capitulo tnico. El gobierno
sostiene que todo lo referente a indgenas se puede ubicar en dicho
capitulo y que lo dems no aplica para los grupos tnicos, de no ser
que se haga mencin expresa a los mismos y que, por tanto, se debe
consultar solo este captulo. Posiciones dentro de la m esa Permanente
de Concertacin plantean que no se trata de que se mencione o no a
los indgenas, sino que estando la mayora de las comunidades inmersas
en el contexto del desarrollo rural, tanto las polticas generales como lainstitucionalidad, procedimientos y relaciones entre actores del sector y en
cada territorio, les competen y les afectan de una manera directa, y que lo
procedente es consultar todo el proyecto de ley.
El proyecto de ley de la Mesa de Unidad Agrariaha sido presentado en la Mesa
Permanente de Concertacin Indgenaaunque no se ha iniciado su consulta por no
contar con recursos para hacerlo en las diferentes regiones del pas. La propuesta de la
Mesa Permanentees que este proyecto de ley se consulte de manera conjunta con lapropuesta del Gobierno nacional.
En la actual legislatura el Gobierno nacional no ha presentado al Congreso de la
Repblica el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural debido al no avance en los
procesos de consulta previa. Es de anotar que con las comunidades afro, este proceso se
encuentra an ms estancado.
1 OrganizacinNacionalIndgena deColombia;Autoridades IndgenasdeColombia;ConfederacinIndgenaTayrona;OrganizacindePueblosIndgenasdelaAmazoniaColombiana
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-35-LECTURAS POPULARES]
El Gobierno colombiano ha presentado un proyecto para reglamentar la consulta previa.
Proyecto que, paradjicamente, en concepto del Gobierno, no requiere de dicha consulta.
Las comunidades se han opuesto al mismo ya que perciben que no es para garantizar
este derecho fundamental sino para limitarlo y cercenarlo.
Enfoque de desarrollo rural en los dos proyectos
El proyecto de ley del Gobierno se plantea desde un enfoque territorial en donde se
pasa de el nfasis actual en el empresario privado individual, o del propietario de la
finca, a tomar como unidad el territorio en su conjunto, con gran peso en los sectores
poblacionales y el ambiente, planteando por tanto un enfoque multisectorial ms all de
lo meramente agropecuario y una coordinacin interinstitucional y de actores pblicos
y privados, con criterios diferenciales tnicos, de gnero y generacional.
El proyecto de ley de la m esa de Unidad a graria se plantea desde un enfoque poblacional
(campesinos, indgenas y afro) con nfasis en lo territorial, planteando tambin enfoque
multisectorial, con coordinacin interinstitucional, con criterios de exigibilidad y realizacin
de derechos de la poblacin desde la diversidad tnica, de gnero y generacional.
a pesar de la similitud en los planteamientos generales en los dos proyectos, vale
sealar algunos de los nfasis que los diferencian y que los pueden ubicar en campos
completamente distintos.
El nfasis en el territorioy la concepcin particular sobre ste, en el proyecto del
Gobierno, puede llevar a asumirlo como mera unidad de planeacin, en donde quienes
lo habitan no son ms que variables que responden a una dinmica econmica que
determina las decisiones sobre el mismo. En este proyecto, las poblaciones aparecen
de manera general, y cuando se les agregan caractersticas tnicas o de gnero, se
constituyen en nuevas variables que no le dan a la poblacin un carcter de sujeto
con historia y de unidad e identidad con el territorio.
El nfasis poblacionaldel proyecto de la m esa de Unidad, comenzando con la
reivindicacin de lo campesino, indgena y afro (que se explica por ser iniciativa de
organizaciones de estas poblaciones), lleva a que, no obstante reconocer y reivindicar
la dinmica econmica, el objetivo determinante es el de la permanencia de estas
poblaciones en sus territorios de una manera sostenible y con garanta de derechos
econmicos, sociales y culturales con caracterstica diferencial tnica y de gnero.
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Seguridad y soberana alimentaria. El nfasis territorial/sectorial (Gobierno) o el
nfasis poblacional/territorial (mesa de Unidad), lleva a distintos planteamientos
sobre la alimentacin. En el proyecto del Gobierno la seguridad alimentaria no
aparece sino en el capitulo tnico. En tanto en el proyecto de la m esa de Unidad
aparecen recurrentemente tanto el tema de la seguridad alimentaria como el de la
soberana alimentaria, como componentes definitorios de la economa campesina,
indgena y afro, conformando uno de los subsistemas del sistema de desarrollo rural
integral y reforma agraria.
Desde el proyecto del Gobierno, el territorio como sistema debe garantizar su
propia eficiencia y por tanto proveer ingresos suficientes a los productores que en
conjunto permitan comprar los alimentos y dems insumos requeridos; si el sistema
es sostenible, siempre hay acceso a la alimentacin va ingresos, y la seguridadalimentaria es inexistente como problema. Se tomara como excepcin el caso de los
grupos tnicos en donde a esta sostenibilidad econmica no se accede tan claramente,
segn la lectura desde el modelo del Gobierno.
Desde el proyecto de la Mesa de Unidad, la soberana y seguridad alimentaria
deben estar en la base de todo ordenamiento territorial y garanta de derechos,
y son pensadas, incluso, independientemente de la sostenibilidad econmica
de proyectos o de inversiones; ello lleva a nfasis como el derecho delcampesino sobre las semillas y al planteamiento de no produccin con
transgnicos en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de las
comunidades indgenas es la relacin entre el territorio y la poblacin
la que genera la seguridad y soberana alimentaria y no el manejo de
variables econmicas. La articulacin campo ciudad, o rural urbano, en este
proyecto, est cruzada por la produccin de alimentos desde la ruralidad, la
cual, adems de encadenarse con la agroindustria, es la base de la soberana
alimentaria nacional.
La caracterizacin de la mesa de Unidad sobre el desarrollo rural lleva a un
nfasis en la produccin de alimentos, ya no solo para el campesino, indgena o
afro, como autoconsumo o mercado local, sino para el mercado interno nacional;
en tanto, para la concepcin de desarrollo rural del Gobierno es indiferente si el
productor rural produce alimentos, flores, productos exticos, agrocombustibles,
pues lo importante es la demanda y la posibilidad de encadenarse productiva o
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comercialmente para garantizar el beneficio econmico, ya sea desde el mercado
nacional o el mercado de exportacin.
Encadenamientos productivos. a mbos proyectos dan importancia a la vinculacin
al mercado, garantizando de esta manera la realizacin de la produccin, a travs
de la conformacin, y/o vinculacin, del campesino o productor a las cadenas
productivas.
El proyecto del Gobierno asume las cadenas productivas tal como se dan ahora,
en donde, segn la experiencia de procesos campesinos, los agentes decisorios en
la cadena son los conglomerados econmicos, ubicados en la agroindustria y en la
comercializacin. Estos agentes no solo compran la produccin a travs de convenios
con el productor rural sino que adems le pueden proveer insumos, transporte ycrdito, no siendo raro que terminen colocando el precio, sin asumir, sin embargo,
las contingencias del mercado. En el proyecto de ley del Gobierno esta figura es
complementada con la de operadores especializados del mercado, de carcter
privado.
El proyecto de la Mesa de Unidad, aunque no critica ni se distancia de las cadenas
productivas, s da elementos importantes en la procura de que stas sean asumidas,
en cada uno de sus momentos, por organizaciones solidarias conformadas desde loscampesinos, indgenas y afros, con apoyo del Estado en la produccin, transformacin
y comercializacin en el mercado interno de alimentos, con subsidios y apoyo con
centros de servicios para el desarrollo de la agricultura y la agroindustria. Hay
tambin un planteamiento de redes urbano-rurales y regionales.
Funcin social y ecolgica de la propiedad. El proyecto del Gobierno rescata la funcin
social y ecolgica de la propiedad y da herramientas expeditas para su ejecucin tales
como la de conservacin de la figura de Unidad a grcola f amiliar, la de expropiacinpor va administrativa (para reforma de estructura social agraria y proteccin de
ecosistemas) y la de extincin de dominio. El proyecto de la m esa de Unidad tambin
insiste en este punto, fijndole a los Consejos municipales de Desarrollo Rural el
definir los casos concretos a afectar. Hay algunas diferencias como el del tiempo de
no ejercicio de la posesin agraria que en el caso del proyecto del Gobierno es de 5
aos y en el del proyecto de la m esa de Unidad es de 2 aos, para la aplicacin de la
figura de extincin de dominio.
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Una de las crticas ms fuertes al proyecto de ley del Gobierno desde organizaciones
campesinas, indgenas y afro, es la de que esta figura de funcin social y ecolgica de
la propiedad est subordinada en la pirmide legal a la declaratoria hecha de utilidad
pblica e inters social a la industria minera en todas sus ramas y fases, y por tanto
se convierte en una figura para ser utilizada contra las poblaciones y no a su favor.
Paradjicamente, sin embargo, el proyecto de ley de la mesa de Unidad no tiene
mencin explcita al respecto, mientras que el proyecto de ley del Gobierno excluye
la explotacin de recursos naturales no renovables a cielo abierto en las zonas de
reserva campesina.
En el proyecto de ley del Gobierno, la Unidad a grcola f amiliar -Ua f - tiene
excepciones en su utilizacin en los casos de derecho real de superficie, zonas de
desarrollo empresarial y en el de predios destinados a un fin principal distinto dela explotacin agropecuaria, con lo que pierde gran parte de su aplicacin como
herramienta para el ejercicio de la funcin social y ecolgica de la propiedad.
La institucionalidad. El proyecto del Gobierno plantea una institucionalidad para
el sector agropecuario con gran peso en el Incoder, que contempla funciones de
adjudicacin de tierras, asistencia tcnica, investigacin, crdito, comercializacin
y mercados, participacin, generacin de empleo, procuradura agraria, y otras. La
institucionalidad rural no es solo la institucionalidad del sector sino toda la del Estadoen sus niveles territoriales y se debe articular, coordinar y realizar simultaneidad
de acciones para garantizar una accin integral en el territorio, para lo cual se
retoman instrumentos como los convenios plan. El proyecto de ley de la mesa de
Unidad plantea un sistema de desarrollo rural y reforma agraria con funciones
similares a las planteadas por el Gobierno nacional (con otras distintas como lo
referente a soberana y seguridad alimentaria), pero enfatizando la participacin
de la comunidad en los organismos decisorios y directivos de las instituciones y
conformando instancias de participacin en todos los niveles territoriales como losConsejos nacional, departamentales y municipales de Desarrollo Rural Integral,
garantizando representacin y decisin desde las comunidades y organizaciones
rurales. En el proyecto de ley del Gobierno la participacin de la comunidad juega
un papel importante a nivel departamental (Consejo Seccional de Desarrollo Rural
-CONSER-) y municipal (Consejo municipal de Desarrollo Rural -CmDR-) pero no
tiene un mecanismo correspondiente a nivel nacional; la participacin en juntas de
instituciones queda sujeta a reglamentaciones posteriores del gobierno nacional.
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Derecho real de superficie. Esta figura, que diferencia y otorga dominio jurdico
al titular de propiedad de la tierra y a la persona que hace uso de la superficie
del inmueble con actividades agrcolas, ganaderas, plantaciones forestales
comerciales, pisccolas, agroindustriales, tursticos o prestacin de servicios
ecosistmicos sobre la misma rea, ha sido vista por las organizaciones
campesinas, indgenas y afro como una amenaza para la economa propia,
pues hace que el dominio sobre el terreno no se ejerza desde el propietario
del mismo sino por el superficiario; con esta figura se convierte al titular
de dominio sobre la tierra en mero rentista, que a la vez es desplazado de su
territorio o convertido en aparcero o trabajador dependiente.
En la medida en que se permite al Estado realizar contratos de derecho real
de superficie sobre terrenos baldos, esta figura entra a competir, con muchams opcin, con la adjudicacin de esta tierra para campesinos e incluso para
comunidades indgenas y campesinas.
El derecho real de superficie es considerado amenaza para las poblaciones desplazadas
que en ejercicio de su derecho al retorno quieran hacerlo, pues se van a encontrar con
plantaciones sobre sus tierras, cuyos inversionistas alegaran derecho de superficie
sobre las mismas, a pesar de que la ley excluye hacer esta clase de contratos sobre
terrenos que se encuentren en el registro de tierras despojadas o en proceso derestitucin, pues seguramente no faltaran argucias legales, por ejemplo, invocando
la posesin de buena fe, reclamando seguridad jurdica para su inversin.
El proyecto de la mesa de Unidad no contempla esta figura. Por todas las formas
las organizaciones campesinas han hecho saber que los puntos positivos que pueda
tener el proyecto de ley del Gobierno no justifican el peligro que conlleva esta figura
de derecho real de superficie y su gemela de zonas de desarrollo empresarial para
una estructura democrtica en el campo, y para la posibilidad de existencia de unaeconoma campesina, indgena y afrocolombiana.
Presupuesto. Dicen que la seriedad de todo proyecto tiene su prueba cida en el
presupuesto. El proyecto del Gobierno a pesar de identificar una institucionalidad
para avanzar en el desarrollo rural, definir y conformar mecanismos de financiacin
junto con funciones para las entidades centralizadas y descentralizadas del orden
nacional y de los diferentes niveles territoriales, no asigna ningn presupuesto nuevo
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al respecto. El proyecto de la mesa de Unidad, partiendo de la experiencia campesina
que ha visto truncadas sus luchas de los ltimos aos debido, entre otras causas, a
la falta de presupuesto para los programas de reforma agraria y desarrollo, da un
fuerte nfasis a la definicin de presupuesto para el desarrollo rural y la reforma
agraria planteada. a lgunos comentaristas, tal vez por ello, han planteado que este
es un proyecto utpico. Pero estudiosos han demostrado cmo reorientando el
gasto nacional hay recursos existentes para esta clase de reformas. El proyecto de la
mesa de Unidad plantea, adems de inversiones especificas en cada subsector, una
financiacin del INCODER del 5% del presupuesto nacional anual y recursos del
f IP y Plan Colombia ms el 5% del valor de las importaciones agropecuarias.
Poltica para pueblos indgenas
En los dos proyectos la poltica para pueblos indgenas y grupos tnicos juega un papelrelevante. Ya sea por motivo de la consulta previa, ya sea porque se tiene un anlisis de
la importancia de este sector poblacional para cualquier modelo de desarrollo.
Es de notar, que el proyecto de ley de Gobierno ha ido cambiando bastante entre las
versiones del ao 2011 y las versiones del ao 2012. Seguramente en ello ha influido
la figura de consulta previa, libre e informada, que a pesar de no haberse aplicado an,
con la excepcin de la a mazonia, s ha tenido revisiones informales y comentarios en
distintos escenarios organizativos y acadmicos. Igualmente, el debate sobre el proyectode ley del Gobierno ha podido ir nutriendo las propuestas para el proyecto de la Mesa
de Unidad.
En cada uno de los proyectos de ley hay un capitulo indgena. El capitulo del proyecto del
Gobierno se denomina Poltica integral para grupos tnicos y el proyecto de la mesa
de Unidad se denomina Resguardos indgenas. Territorios colectivos de comunidades
negras, tierras de raizales y Rom. En el proyecto del Gobierno las menciones de
indgenas por fuera del captulo tnico son escasas, lo cual no es solo de forma sinosustancial, ya que se seala abiertamente que lo que no est en este captulo, de no ser
que se seale explcitamente, no aplica para comunidades indgenas y grupos tnicos.
En el proyecto de la mesa de Unidad las menciones por fuera de el capitulo especifico
son bastantes y toda el proyecto es aplicable para las distintas comunidades de no ser
precisamente donde ello se aplique con carcter diferencial tnico y de gnero.
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Aspectos positivos respecto a lo indgena en el proyecto de ley del Gobierno
Es difcil hacer una descripcin de aspectos positivos del proyecto de ley del
Gobierno en la medida en que an no ha iniciado en firme la consulta previa
y los pueblos indgenas no han empezado a pronunciarse oficialmente. Otra
dificultad relacionada con la anterior es que no se cuenta con un documento
definitivo de la propuesta del Gobierno y lo que en un momento se puede
ver como positivo, en una nueva versin no puede aparecer o puede haber
transformado su redaccin y espritu. Pero lo ms difcil es hacer una valoracin
de cosas positivas y negativas de manera segmentada, mirando artculo por
artculo, cuando lo que cuenta es el proyecto en su conjunto. No obstante, y como
conocimiento del proyecto del gobierno, hacer este ejercicio puede resultar til, siempre
y cuando se tenga en cuenta lo relativo de clasificaciones como positivo o negativo.
a lgunos de estos aspectos positivos son:
Seguridad y autonoma alimentaria en territorios de grupos tnicos.
No uso de transgnicos en territorios de grupos tnicos.
f igura de expropiacin administrativa para adquisicin de tierras y de manera
particular para constitucin, ampliacin y saneamiento de resguardos
indgenas y propiedades colectivas de los grupos tnicos.
f ormulacin y ejecucin autnoma de planes de ordenamiento, administracin
y manejo territorial por parte de grupos tnicos.
Excepciones a la norma general, para territorios tnicos. a) No se podr
hacer adjudicacin de baldos en las reas donde se encuentren asentadas
tradicionalmente comunidades indgenas, de acuerdo con certificacin expedidapor el ministerio del Interior. b) Se autoriza al Incoder para no aplicar la Ua f en
casos de tierras para grupos tnicos. c) No se podrn constituir zonas de reserva
campesina en reas que hayan sido objeto o estn en proceso de constitucin,
ampliacin o saneamiento de resguardos a favor de comunidades indgenas, o
adjudicadas o en proceso de adjudicacin como tierras baldas de propiedad colectiva
de las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993.
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Declaratoria de motivo de utilidad pblica e inters social la accin de promover
la constitucin, ampliacin y saneamiento de resguardos indgenas y propiedades
colectivas de los grupos tnicos.
Aspectos crticos respecto a lo indgena en el proyecto de ley del Gobierno
Estos aspectos crticos surgen por el planteamiento claramente