ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz

RISARALDA: “QUEREMOS VIVIR EN PAZ EN NUESTRO TERRITORIO”

Bogotá; Junio 25 de 2012

No bastan las razones para soportar la muerte de un indígena, nos duele la muerte

de una madre y de su bebé; los impedimentos de los grupos armados para el libre

desarrollo de las prácticas propias; y la justificación de una guerra que sólo deja a

los indígenas desplazados, muerte, y deterioro de su cultura.

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC), condena y repudia la muerte de la

indígena, María Andrea Onogamá Arcila, y de su bebé por militares de la Octava

Brigada del Batallón San Mateo, a causa de un “error militar” ocurrido el pasado 21 de

junio en la vereda Itaurí del Resguardo Unificado en Pueblo Rico, Risaralda.

HECHOS:

1. En la vereda Itaurí del Resguardo Unificado, el jueves, 21 de junio de 2012, en

horas de la noche una pareja indígena en compañía de dos menores de edad del

pueblo Embera-Chami, se dirigieron a pescar en el río Tarama.

2. Cuando regresaban a su casa, aproximadamente a las 10 p.m. la pareja y los

menores de edad recibieron disparos por miembros de la Octava Brigada del

Batallón San Mateo, al creer que era guerrilleros, la mujer María Andrea

Onogamá Arcila, de 22 años, quien se encontraba en estado de embarazo resultó

herida; al igual, que su compañero Orlando Guatiquí Nayasa, de 28 años de edad.

Como consecuencia del ataque, María Andrea, perdió a su bebé de ocho meses de

gestación la mujer fue trasladada al hospital San Jorge de Pereira, donde quedó en

coma hasta el sábado en la madrugada, donde falleció.

3. Después de la verificación de los hechos, el Coronel Marcos Evangelista Pinto

Lizarazo, a nombre de la Octava Brigada del Batallón San Mateo asume la

responsabilidad del hecho y pide disculpas al Crir por el error cometido.

Para la Organización Nacional Indígena de Colombia y Jesús Queragama, Consejero del

Crir, “es un hecho lamentable, la muerte de nuestra compañera y de su bebé a causa de un

error militar, que no remedia en ninguna medida las disculpas de los autores, sino,

acciones dirigidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”. Por esta razón, apoyamos

las solicitudes realizadas por el CRIR para realizar la denuncia formal de este hecho e

impedir que quede en la impunidad.

La muerte de María Andrea Onogama y de su hijo por parte de miembros del Ejército

constituye una grave violación de los derechos: a la vida, a la pervivencia, al territorio y a

la autonomía como Pueblos Indígenas. Este hecho, pone en evidencia que la presencia de

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grupos armados legales e ilegales en territorio indígena viola indiscriminadamente la

pervivencia de los pueblos indígenas; en especial, la de las mujeres indígenas, quienes,

quienes han sido reconocidas por el Decreto Ley 4633 de 2011, “como personas de especial

reconocimiento y protección”, en concordancia con la Constitución Política de 1991, que

establece medidas de protección, especialmente, para las mujeres en estado de embarazo.

ANTECEDENTES:

Al Consejo Regional Indígena de Risaralda-Crir le preocupa la manera como el territorio

es escenario de conflicto armado. Por un lado, la guerrilla reformista ocupando el territorio;

y por el otro, el Ejército Nacional tras la excusa de lucha contra la insurgencia militariza la

vida de los indígenas. “..Sabemos muy bien que la guerra en el país obedece a intereses

políticos y económicos, y es así que el desplazamiento forzado ha beneficiado a los

“grandes señores de la guerra” que se han adueñado de nuestras tierras. El gobierno

nacional ha utilizado la estrategia de guerra contra la droga para militarizar los territorios,

fumigar los cultivos, criminalizar a los dirigentes y desatar persecución contra los procesos

organizativos de la comunidad”.

La violencia y las acciones de las fuerzas militares, se han ensañado contra los indígenas

Embera-katío y Chami que habitan en este territorio, límites entre Chocó y Risaralda, cuya

situación es crítica y se agrava cada día con hechos lamentables y prevenibles, como este.

Pero no es sólo hoy que ha sido vulnerada la vida, la integridad, la cultura y la autonomía

de este pueblo, sus derechos han sido violados sistemáticamente, a través de la historia

desde cuando llegaron los “conquistadores” europeos y quisieron despojarlos de sus

principios identitarios y de su territorio, luego fueron abocados a una horrible casería por

parte de “poderosos” patrones que les esclavizaron en socavones mineros.

Luego vino el auge colonizador y los terratenientes sometieron a sangre y fuego a los

Embera para quedarse son su territorio. La historia transcurría y la pervivencia indígena se

consolidaba pese a las adversidades. No obstante, vino la época de la violencia donde los

indios pusieron su cuota de sangre, a ello lo sucedió el boom del oro que además de

someterlos nuevamente los puso a pelear entre ellos y pronto causó enemistad entre mismas

familias lo cual produjo un nuevo aniquilamiento colectivo, especialmente en el Alto

Andágueda. Como si eso fuera poco vino el desarrollo del conflicto armado y las

comunidades rurales, entre ellos los indígenas, quedaron expuestos al mejor postor, muchos

murieron y otros quedaron en medio de las guerrillas, el ejército y los paramilitares.

Además de la crisis humanitaria, los megaproyectos aportaron al despojo territorial al que

han sido sometidos; y hoy cuando los indígenas procuran conciliar su trágica historia

suceden hechos como este que amenazan nuevamente su pervivencia. La historia evidencia

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que la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es sistemática,

y ello lo reafirman algunos hechos ocurridos durante este año y que presentamos a

continuación:

Junio 22 de 2012, Cinco comunidades indígenas del Resguardo Unificado del Río

San Juan se desplazaron al corregimiento de Santa Cecilia a causa de combates

entre la Guerrilla de las FARC y el Ejército en las veredas Waisur y Arenal.

Junio 10 de 2012, El día 10 de Junio del presente año siendo las 8:15 de la noche

fue asesinado el señor CARLOS DARIO ARCE BERNAZA y quedaron dos

heridas las señoras GILMA ARCE BERNAZA y YOLANDA CORTEZ ARCE

en la comunidad de Puerto de Oro en el municipio de Mistrató (Risaralda) dentro

del Resguardo Unificado Embera Chamí, por un encapuchado.

Junio 2 de 2012, en las horas de la mañana, se presentaron las capturas por parte

del Gaula-Risaralda de los líderes y comuneros, DANIAL WUASORNA

AIZAMA, JUAN ANTONIO SIAGAMA ARCE, FERNAIN SIAGAMA,

líderes de las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico, JOSE ABEL

WUASORNA, líder indígena del municipio de Mistrató, ORLANDO

QUERAGAMA ARCILA Autoridad del Consejo Regional Indígena Risaralda-

Crir. Además, se tiene información de 10 indígenas de los municipios de Mistrató y

Pueblo Rico, con órdenes de captura por parte de La Fiscalía.

Mayo 24 de 2012, se desplazan 437 indígenas Embera-Chami y Katio al

corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda) a causa de combates entre el Ejército y el

frente Aurelio Rodríguez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC). Ante este hecho, la Organización hace un llamado para denunciar; la

invisibilización por parte del Ejército de los enfrentamientos y hostigamientos en

esta zona; y las afectaciones contra la población civil, además de la ausencia de un

presupuesto por parte de la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico para brindar ayuda

humanitaria a la población desplazada.

Por esta razón, como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC), reiteramos las

solicitudes hechas por el Consejo Regional Indígena de Risaralda-Crir para la creación

de un espacio interinstitucional que permita implementar inmediatamente los

mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas solicitados

en el Auto 004 de 2009, ejecución del “Programa de Garantías y Plan de Salvaguarda

de la Nación Embera”

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA (ONIC