Marcelo Quiroga Santa Cruz

E l sa q u e o d e B o liv ia

ediciones PUERTA DEL SOLCasilla 2188 — La Paz - Bolivia.

P r im era E d ic ió n : J u n i o fi 1 9 7 3 - E d t . C ru is S e g u n d a E d ic ió n : J u l io 1 9 7 3 — E d t . Crisis T e rc e r a E d ic ió n : D ic . 1 9 7 9 E d ic io n es P U E R T A D E L SOL

D E R E C H O S R E S E R V A D O S P O R EL A U T O R

— D e p ó s i to Legal 3 5 9 /7 9- Im preso en G ráficas G a lax ia S. R. L.

La Paz - Bolivia.

COLECCION LUCES Y SOMBRASTítulos publicados:

No. I.* Proceceso y Sentencia a la Reforma Agraria en Bolivia — Luis Antezana E.No. 2.— El Cooperativismo y la Comunidad Indígena (Critica al cooperativismo desde una perspectiva aymara) Rdo. P. Gregorio Iriarte.No. 3.- El Saqu@& de Bolivia -Marcelo Quiroga Santa Cruz

POR PUBLICARSE:Geopolítica y Geofagia en América Latina (Cómo piensan y actúan nuestros vecinos) — Edgar Oblitas F.

Foto portada: Antonio Eguino

Nuestro propósito anunciado en el primer volumen de esta serie dice: “Se pretende sea una colección de debate y polémica y constituye un aporte a sus soluciones. Los intelectuales boíl* víanos que piensen que sientan y crean que pueden aportar, están cordialmente invitados a formar parte de ella”.La Colección LUCES Y SOMBRAS S# enriquece ahora con el libro EL SAQUEO DÉ BOLIVIA, del conocido intelectual y dirigente Sr. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Fue nuestro principio ofrecer sólo textos de primera edición, pero hemos considerado que este libro amplia­mente difundido en el exterior no fue conocí* do en nuestro país y esa es la razón para in­cluirlo en nuestra colección. 1 . :.'í;

Los editores.

PROLOGO A LA TERCERA EDICIONEste estudio fue escrito en los últimos meses de 1972. De él se hicieron dos ediciones, ya agotadas, al promediar el año 1973. Redactado en el exilio, sirvió al propósito inmediato de desenmascarar la naturaleza proimperialista de la política económica de la dictadura militar enca­bezada por Banzer. La inactualidad cronológi­ca de los hechos referidos, habfa aconsejado rehusar los frecuentes pedidos de reedición. Pero la evidente (y amenazante) actualidad del contenido de clase del proyecto político antinacional analizado, así como la activa per­manencia de los instrumentos partidarios que en ese entonces jugaron un papel protagónico en “el saqueo de Bolivia”, instrumentos que , como el MNR-H, se proponen hoy día asegurar con­tinuidad “democrática” al sistema de poder de 1971» me han inclinado, finalmente, a permitir esta tercera edición.Siendo costumbre de los escritores dedicar un libro a la persona que inspiró su redacción o en cuyo homenaje se rinde el esfuerzo intelec­tual, yo quiero que ésta, fruto de una pasión inextinguible por la libertad y la justicia social, le sea dedicada, postumamente, a los que ya no verán la sociedad liberada de mañana que ellos contribuyeron a organizar con su generosa sangre.

MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

Vísperas de Boliria

En octubre de 1969, los latinoamerica­nos tomaron nota de que en el Altiplano de Bolivia existía un político nacionalista de la pasta del general Enrique Mosconi, de la Argentina, y del general Lázaro Cárde­nas, de México. Ese hombre había llegado a la primera fila de un régimen militar cuyos protagonistas centrales, los genera­les Alfredo Ovando y Juan José Torres, alcanzarían a gobernar, en total, veintitrés meses, desde el 26 de setiembre de 1969 hasta el 21 de agosto de 1971. Fueron vein­titrés meses electrizantes, tejidos con cons­piraciones internacionales, jaqueados por el imperialismo y minados por las contra­dicciones internas. Este período intenso de la habitualmente dramática historia de Bolivia ya es recordado por su rasgo más sobresaliente, que sin duda lo marca para siempre: fue entonces cuando la Gulf Oil Corporation, la compañía norteamericana más grande de Bolivia —y una de las ma­yores del mundo— resultó privada de sus

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concesiones y todos sus bienes fueron na­cionalizados.En aquel momento, los latinoamerica­nos descubrieron los finos rasgos de Mar­celo Quiroga Santa Cruz, el joven minis­tro de Minas y Petróleo que había conver­tido en leyes sus denuncias parlamenta­rias contra el monopolio petrolero, y que emprendía una drástica acción de gobier­no destinada a rescatar para su país una inmensa riqueza enajenada.Yo viví junto a los nacionalistas boli­vianos aquellos días y los siguientes, cuan­do las manos delgadas de Quiroga Santa Cruz se crispaban ligeramente sobre el ca­ño de la ametralladora, mientras él pene­traba en la noche de boca de lobo de La Paz. Este abogado de escrupulosa opinión jurídica, que había construido el instru­mento legal para apartar a la Gulf Oil del camino de su pueblo, era sobre todo un intelectual de arma al brazo, en esa admi­rable síntesis que, cuando se produce, en­gendra las personalidades más poderosasdel continente.Quiroga Santa Cruz no fue ministro del gabinete del general Torres, que fuera de­rribado por una conjura reaccionaria, mo­torizada desde el Brasil, protegida por los Estados Unidos e inicuamente sustentada desde Buenos Aires por malos alumnos de geopolítica, pero buenos empleados de compañías norteamericanas. Para ese en­tonces, Quiroga Santa Cruz había fundado el Partido Socialista de Bolivia, cuyos ob­8

jetivos me tocó recoger en una entrevista de la que ahora reproduzco sus párrafos principales, puesto, que su valor documen­tal se realza al recordar la fecha de su ce­lebración, julio de 1971. Antes de un mes, los cónsules brasileños y los fascistas bo­livianos asaltarían juntos el poder. En­tonces Quiroga Santa Cruz respondió a mis preguntas de este modo:

—El Partido Socialista de Bolivia fue fundado en un congreso nacional, que cul­minó con una demostración por las calles de La Paz, hecho poco frecuente, ya que los partidos de este país suelen constituir­se en círculos más limitados, que se atre­ven a la acción pública tiempo más tarde. Desde entonces, ¿qué ha pasado en el país?

— El partido cuenta con 9 comités de­partamentales, 6 organizaciones funciona­les y comisiones nacionales de trabajado­res, dependientes del Comité Central y del Secretariado E jecu tivo Nacional (SEN); todas las secciones han trabajado vigoro­samente en la organización partidaria para consolidar su estructura interna y hacer posible su expansión. Ha habido un rápido desarrollo político en la clase trabajadora, entre los sectores oprimidos y en la inte­lectualidad revolucionaria.

—¿Cómo puede explicar que, no sien­do los principales dirigentes del PS miem­bros de la clase obrera, pueda registrarse en ella una buena disposición hacia el par­tido?

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— La alta dirección del PS es colegia­da, hemos eliminado la tradición uniper­sonal y vitalicia en el mando político de los partidos y su inevitable consecuencia deformadora, que es la reducción de una numerosa colectividad democrática, en un minúsculo grupo de amigos personales del jefe. Por tanto, ninguno de los miembros del Comité Central ni del Secretariado Ejecutivo Nacional es un dirigente “princi­pal”, todos somos iguales en obligaciones y en derechos partidarios. En la historia de la fundación de los partidos políticos bolivianos, el PS ofrece el primer ejemplo de organización de un partido por intelec­tuales de la pequeña burguesía que deli­beradamente, y en acto de consecuencia ideológica, se someten a la dirección de la clase trabajadora. La mayoría de los 24 ti­tulares del Comité Central y la mayoría de los 9 titulares del SEN son dirigentes obre­ros y campesinos. En cuanto a los 4 que representábamos a las fuerzas fusionadas, todos provenientes de la pequeña burgue­sía radicalizada, no hemos contribuido a la formación del PS ni formamos parte de su alta dirección en razón de nuestro ori­gen de clase, sino a pesar de ello, contra­riando los intereses de la clase de la que procedemos, y porque hemos abrazado apasionadamente la ideología de la clase trabajadora.—¿Cree usted que en Bolivia están da­das las condiciones para la construcción del socialismo?10

— Esas condiciones no son algo que un partido revolucionario debe esperar con­templativamente, como se espera el vera­no. Tampoco pueden surgir artificialmen­te, dés la impaciencia o el voluntarismo. Hace 20 años que el nacionalismo popular de ideología pequeño burguesa derrotó al liberalismo, que durante medio siglo fue la expresión ideológica del predominio eco­nómico y político de la oligarquía feudal minera. Pero hace también casi dos déca­das que el nacionalismo traicionó la cau­sa popular y revolucionaria, pactó con la oligarquía nativa y capituló ante el impe­rialismo. Nuestro pueblo ha hecho la ex­periencia del nacionalismo pequeño bur­gués y la clase trabajadora ha tomado conciencia de que en Bolivia no queda hoy otra posibilidad de desarrollo político ha­cia adelante que no sea el socialismo.—¿Mediante qué medios el Partido So­cialista espera capturar el poder?

— Por cierto que no será respetando las reglas del juego de la tradicional demo­cracia burguesa. El escrutinio electoral clásico permite a quienes disponen de los instrumentos de control electoralista ga­nar o bien conservar el gobierno. Al PS lo que le interesa no es el gobierno para sus dirigentes y los puestos públicos para sus militantes, sino el poder político para la clase trabajadora y sus aliados, los sec­tores oprimidos y los intelectuales revolu­cionarios. Se trata de terminar con las estructuras de la dependencia, no de ad­II

ministrar una semicolonia condenada a la miseria a causa del régimen de explotación capitalista al que está sometida.—¿Qué posición tiene el PS frente al gobierno del general Torres?— El PS preserva una absoluta indepen­dencia respecto del gobierno del general Torres. Eso sí, apoyará toda medida an­tiimperialista y popular que el gobierno adopte y reclamará nuevas medidas que aseguren la continuidad, profundidad y el contenido popular del proceso revolucio­nario. El PS también estará junto a la clase trabajadora y a las fuerzas revolu­cionarias en resistencia popular ante los intentos golpistas de la derecha y del fas­cismo. El PS juzga al actual gobierno, no obstante sus decisiones de interés popular y aun de signo antiimperialista, una ma­nifestación transitoria, insuficiente y con­tradictoria de un proceso revolucionario cuyas causas, desarrollo y finalidades so­brepasan en mucho sus posibilidades ob­jetivas.—¿Qué posición tiene ante las FF. AA.?— Ningún proceso de cam bio basado exclusiva y excluyentemente en las FF. AA., sin efectiva participación popular en el po­der político, puede sobrepasar los límites de un reformismo progresista incidental­

mente antiimperialista. Es indudable que en el área de la dependencia, la miseria, el atraso y el régimen de explotación inter­na y externa del proletariado y la nación, algunos sectores castrenses se sensibilizan,12

recuperan la conciencia de la clase de la que son oriundos y asumen el liderazgo de un proceso de cambio restringido, que con­tribuye a la maduración de condiciones de un proceso revolucionario de transforma­ción estructural protagonizada por los sec­tores populares. No obstante, todo pro­ceso de cambio liderizado y ejecutado por las FF. AA., en cuanto aparato coercitivo del orden establecido, que inevitable, ideo­lógica y constitucionalménte es, tiene un límite restringido impuesto por la necesi­dad de autoconservación institucional.Aquel pronóstico resultó profètico y los límites que Quiroga Santa Cruz obser­vaba en el proceso político fueron insal­vables. Una marea de violencia reacciona­ria se desató en el país y, mientras algu­nos fantasmas insistían en saludar a la manera romana en las calles de La Paz, la Union Oil of California recibía un mi­llón de hectáreas en concesión por treinta años, la más formidable operación que el monopolio petrolero ha concretado en el continente en esta década.El ciclo que los generales Ovando y Torres abrieron, en 1969, con la firma de Quiroga S an ta Cruz al pie del histórico decreto de'nacionalización de la Gulf Oil, quedó cerrado, tres años y cinco meses más tarde, por otro general, Hugo Ban- zer. Este ha exhibido su propensión a la democracia en un solo terreno: hace ase­sinar, igualitariamente, a sus amigos y a sus enemigos.

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Pero Bolivia, ese laboratorio de ideas que más tarde germinan en todo el con­tinente, bulle ahora, como en vísperas de los grandes sucesos históricos. Los gene­rales que en 1971 torcieron el curso na­cionalista de la historia boliviana y masa­craron a su pueblo, se m asacran ahora entre ellos, impotentes y desesperados por­que Bolivia retorna, irresistiblemente, a aquel curso interrumpido. En las nuevas vísperas de Bolivia, Quiroga Santa Cruz, que ha recorrido el camino del nacionalis­mo al socialismo junto con su propio pue­blo y con todos los de América latina, en­juicia en este ensayo político la obra de los militares cipayos de su patria y dis­para sobre ellos la más prolija serie de cargos. Una vez más, Quiroga Santa Cruz ha probado que sabe cargar sus armas.Rogelio García Lupo

Buenos Aires, mayo de 1973.

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Frente a la ocupación de Bolivia

El 21 de agosto de 1971 la burguesía proim- perialista de Bolivia asalta el poder. El 27 de octubre de 1972 asalta la remuneración de los trabajadores. Entre ambas fechas, la Dictadura fascista desnacionaliza implacablemente el patri­monio económico de Bolivia y reduce la autori­dad gubernamental a la que corresponde a la ad­ministración colonial de un país ocupado. En catorce meses, la Dictadura despojó a la nación de sus riquezas naturales y las obsequió al impe­rialismo; arrebató los salarios de los trabajado­res y los regaló a la burguesía antinacional.

Su acción depredadora ha encontrado en la Ley de Inversiones y la Ley de Hidrocarburos, los instrumentos para legalizar, por medio de la organización de Sociedades Mixtas, la desnacio­nalización del petróleo, del gas, de la industria de refinación, de la petroquímica, de los más ri­cos yacimientos de COMIBOL, del Mutún, de la metalurgia y de la siderurgia. La política de ex­portaciones petroleras, definida por la Gulf, ago­tará nuestras reservas petroleras antes de ocho años, ocasionará al país una pérdida de cuatro­cientos millones de dólares y lo someterá a la condición de importador de hidrocarburos. Las

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transacciones con "Matilde” y la IMPC fueron resueltas reservadamente, con el reconocimiento de sumas cuantiosas por inversiones no realiza­das y el obsequio de acciones liberadas. La de­valuación monetaria ha sido impuesta por el im­perialismo, a través del Banco Mundial, para mejorar la capacidad de endeudamiento del Es­tado que permita el financiamiento de la desna­cionalización de nuestra economía. El empobre­cimiento planificado de la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la población, así como la imposición de un régimen policíaco que su­prime todas las libertades y derechos humanos, incluido el de la vida misma, tienden a asegurar un "clima de garantías" atractivo para el capital financiero internacional del que la Dictadura bur­guesa es su agencia administrativa.La burguesía antinacional masacró al pue­blo en las calles para apoderarse del gobierno. Continuó martirizándolo en las celdas, para con­servarlo en provecho del imperialismo. Hoy lo reprime brutalmente para evitar su derrota. Su misión explotadora y entreguista no ha conclui­do. Pero la paciencia de la clase trabajadora y de los sectores populares ya se ha agotado. El 21 de agosto fueron necesarios los ta^<lues de guerra para abrir las puertas del Palacio de Go­bierno. El 27 de octubre han sido indispensa­bles para cerrar el paso a la heroica insurgencia popular.El Partido Socialista de Bolivia tiene el de­ber de esclarecer ante la conciencia de los traba­jadores el carácter burgués de la Dictadura, su na­turaleza fascista y su condición proimperialista, explicando cada una de las medidas que compro­meten sus intereses de clase y los intereses na­cionales. La dirección del PS debe preparar al partido en el conocimiento de las causas, carac*16

terísticas y objetivos de la política general de la Dictadura. Así, su dirección inedia y su militan. cia deben estar en condiciones de actuar en el seno de las organizaciones de masas para orien­tarlas en su lucha consciente contra la explote* ción social y nacional. Pero la dirección del PS también tiene el deber de caracterizar la presen­te coyuntura política, de prever su desarrollo, de señalar las perspectivas revolucionarias del pue­blo boliviano y de formular las consignas que expresen su concepción estratégica de la lucha revolucionaria. A esa finalidad obedece la redac­ción de este documento que desarrolla la Decla­ración de Principios y la Tesis Política del PS, en aplicación de la actual coyuntura.

De la permanente confrontación de la teoría revolucionaria con la realidad concreta, del aná­lisis de cada una de las decisiones de la Dictadu­ra, surgirá una conciencia clara y un espíritu de lucha resuelto. No basta señalar al enemigo. Es necesario explicar cómo actúa. Sólo así sabre­mos cómo debemos enfrentarlo. Si no explica­mos la naturaleza fascista de la Dictadura, no podremos unir a los sectores democráticos y progresistas en una acción popular antifascista. Si no podemos demostrar el contenido de clase burgués de la Dictadura y el predominio de su sector proimperialista no podremos organizar correctamente la lucha de las masas trabajado­ras. Si no demostramos el carácter proimperia­lista de la Dictadura, no podremos movilizar al pueblo de Bolivia en su lucha antimperialista. Si no somos capaces de hacer todo esto, no po­demos pretender un puesto en la vanguardia de *a clase trabajadora y los sectores oprimidos.

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1. La desnacionalización de la economía boliviana

La política económica que la Dictadura ha impuesto a los bolivianos no es de ella, por la misma razón que el gobierno instalado en Bolivia no es de Bolivia.

Como suele ocurrir en toda campaña de con­quista, en la que el orden de ingreso de los inva­sores al país ocupado guarda relación inversa­mente proporcional a su autoridad, el 21 de agosto de 1971 llegaron primero los conspirado­res, después los tanques, luego los ejecutivos de las empresas privadas monopólicas y, finalmen­te, el embajador norteamericano. Siracusa entró en el Palacio Quemado para reconocer oficial­mente al nuevo hijo natural de la política exte­rior norteamericana. Concluida la ceremonia, declaró con indisimulable satisfacción y explica­ble certidumbre: "Ahora se abren oportunidades para servirnos mutuamente”.

La pretendida mutualidad de servicios era so'-miente una forma menos grosera de recla­mar del nuevo gobierno la retribución de un ser­vicio inestimable: el de haberlo inventado. En suma, nada más que la presentación de una fac­tura traducida al lenguaje que, aun entre los

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embajadores norteamericanos, no puede menos que ser diplomático.

Pero como el insigne servicio de confeccio­nar a mano un gobierno a la medida de las ne­cesidades económicas y políticas del imperialis­mo y de sus agentes nativos, no es algo que deba comprometer la gratitud del pueblo de Bolivia, obligado ahora a pagar cuentas ajenas, la fac­tura recibió un nombre menos ofensivo adecua­do tanto para ocultar su carácter de cobranza tramposa, como para prestarle la atractiva apa­riencia de un donativo que acrecentaba la obli­gación. Banzer la ha designado "el despegue económico" y, exagerando el uso de un lenguaje eufemístico tolerable en un embajador pero no en un soldado, frecuentemente se refiere a su compromiso de pago como a toda una política económica.

El “despegue" comienza con la afirmación de que la dependencia nacional sería una venta­ja histórica y concluye en la consigna de la des­nacionalización de Bolivia, aunque en nombre del nacionalismo. Esta concepción autodenigran- te, repulsiva en la conciencia del cipayo desem- bozadamente entregado al servicio del opresor^ esta visión satisfecha de la propia condición co­lonial, se reviste, con el mismo ánimo mimético grotescamente imitativo con que el colono repro­duce internamente las formas extemas de la so­ciedad imperial, de algunas ideás comunes que cumplen la finalidad de conferir alguna aparien­cia de seriedad intelectual, a lo que no es más que una forma ciega y empírica de instituciona- lización política del lucro.

Así, la burguesía nativa del país colonizado, la pobre burguesía intermediaria, la clase agente instalada a la cábezk de un miserable desarrollo capitalista atrasado y dependiente, repite algu­20

nos tópicos del repertorio ideológico de la Hao» homónima formada en el desarrollo histórico del capitalismo metropolitano, proceso cuyo máxi­mo y postrer vigor adquiere la forma del impe­rialismo, es decir de la antinación. ¡Y todo ello, en nombre del nacionalismo!

Impaciente por pagar la ayuda a la que debe su existencia y asegurar su conservación, la Dic­tadura extendió un pasaporte en blanco que de­bió servir al traslado masivo del capital financie­ro internacional a Bolivia: la Ley de Inversiones.El más ligero análisis de su transparente ar­ticulado revela, sin embargo, que es algo más que un pasaporte de excepción. Se trata, en ver­dad, de una autorización para el ejercicio legal del despojo, de una carta-de legitimación de la piratería, de una licencia para el saqueo de la riqueza nacional. Semejante documento, sólo comparable, por su origen y características, al Código Davenport redactado por los propios in­teresados y sancionado por un parlamento co­rrompido, señala Como objetivos del mismo, en­tre otros aparentemente consecuentes, el incre­mento de la producción y la formación de aho­rro interno. Con esta justificación, la Ley de Inversiones establece un régimen de excepción en la concesión de franquicias tributarias que virtualmente elimina toda forma de contribu­ción directa a la formación del presupuesto na­cional, en favor de cualquier inversión o rein­versión privada extranjera o nacional.

Disposiciones como la liberación total de de­rechos arancelarios sobre la importación de todo aquello que el inversor considere necesario; la de­volución de gravámenes aduaneros que el inversor pudiera haber cancelado extraordinariamente, ba­jo la forma de cartas de crédito que le permiten descontar aquellas imposiciones que sólo excep­

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cion alm en te correspondiera pagar; la exención del impuesto al capital móvil; la supresión de todo impuesto sobre producción y ventas, fuese de carácter nacional, departamental, municipal y aun de los simples recargos universitarios; la liberación de impuestos sobre transferencia, so­bre plusvalía, sobre construcciones; la facultad que tiene el inversor para resolver discrecional­mente del régimen de depreciación de activos fi­jos y de amortizaciones que le permita la recu­peración del cien por ciento de sus inversiones en el plazo promedial de sólo cuatro años; la se­guridad de que el régimen tributario de excep­ción (es decir su supresión completa),-no podrá ser alterado en un plazo mínimo de siete años, aunque sí será susceptible de rebaja (¡!); la libre e irrestricta convertibilidad y disponibilidad del capital para la amortización de las inversiones y el pago de dividendos; la liberación del cien por ciento de los impuestos sobre utilidades y renta total, por una década, para las inversiones reali­zadas en los lugares que se juzgue de menor de­sarrollo económico y social; la concesión gratui­ta de terrenos industriales, aunque el inversor no los necesite; la concesión gratuita de tierras fiscales para explotaciones agropecuarias. (Un consorcio brasileño ya ha pedido la concesión de seis mil hectáreas en una zona limítrofe con el Brasil.) He ahí algunos de los privilegios que esta Ley-Ganzúa pone en manos del imperialismo y su agente nativo, la burguesía monopólica, para que con ella abran la economía nacional a la explo­tación impune del país.

En aplicación de las franquicias antes men­cionadas, una compañía extranjera, privada o estatal, podrá recibir el obsequio de grandes ex­tensiones agrícolas para explotarlas sin pago de tributo alguno. ¿Para qué ser. colonizador boli­22

viano, que debe pagar impuestos por la misérri­ma cosecha de bananas, y de yuca que arranca con su esfuerzo al mezquino pedazo de tierra que incorpora a la agricultura? Una compañía mi­nera extranjera, privada o pública, podrá recibir la concesión de un rico yacimiento mineral y lo explotará sin pago de contribución alguna a la economía fiscal. ¿Para qué ser uno de los dos mil pequeños empresários bolivianos o uno de los veinte mil mineros cooperativistas agobiados por la irracional carga impositiva que pesa so­bre ellos?¿Hay algún sector de la sociedad boliviana al que beneficia esta Ley de Inversiones? Sí, al sector monopólico de la empresa privada forma­da por grandes empresas de la burguesía indus­trial (fabril, extractiva y agropecuaria), comer­cial y bancaria, al sector que concentra en má- nos de cien de las cinco mil empresas privadas, en manos de los dueños de solamente el 2 % de ellas, la mayor riqueza y poder político genera­dos en la producción, el comercio y el crédito. Es este sector el que, mediante sus dos repre­sentantes directos en el directorio del INI y el voto del Ministerio de Industria y Comercio, que es el coto de caza de los ejecutivos de ese sector hegemónico, controla las decisiones que se im­ponen por encima de "toda autoridad en el país, cualquiera que fuese su jerarquía".

Pero las características hasta ahora señala­das son, comparativamente, las más benignas de este increíble documento. Resta por considerar un aspecto que pe de manifiesto el verdadero carácter desnacionalizador de esta resolución que no evoca la política económica del despotismo asiático, pues en los países árabes aun las mo­narquías absolutistas sobrevivientes idean formas de hacer retroceder a las empresas multinaciona-

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Ies de occidente que monopolizan la explotación y el comercio mundial del petróleo. La semejan­za se da, más bien, aunque de un modo formal­mente más sofisticado, con el estulto trueque de marfiles por espejos y abalorios, explicable en una organización tribal, a causa del primiti­vismo de su desarrollo económico. La misma conducta observada por la dictadura fascista de la Bolivia capitalista de 1972, se explica por los beneficios que el ruinoso intercambio deja en las hábiles manos de un sector de clase, la burguesía monopólica, de las que caen algunos centavos para los gestores político administrativos "re­sueltos a salvar el país del comunismo", pero con las dos manos.

Para los efectos de esta Ley de Inversiones, las empresas privadas son, indistintamente, aque­llas nacionales o extranjeras cuyo capital sea ín­tegramente privado. Las empresas de economía mixta son aquellas que reúnen capital público y privado, sin indicación de las proporciones, en una combinación tan vaga como conviene a esta inocente disposición. Así, las empresas económi­cas de Estado, creadas y administradas por la Corporación Boliviana de Fomento, como una planta hidroeléctrica (la de Corani), una fábrica de cemento (la de Sucre o de Cochabamba), una planta industrializadora de productos lácteos (la PIL), un ingenio azucarero (el de Guabirá), po­drán ser objeto de enajenación por medio de la constitución de Sociedades Mixtas con capital privado extranjero, en las que éste controle la mayoría del aporte. En otras palabras, la Ley de Inversiones, cuyas disposiciones están por en­cima de cuaquier otra, sienta las bases de la pri­vatización y la extranjerización del activo de empresas que el E stado organizó, en aquellas zonas y rubros que en ese entonces carecían24

de interés para la clase terrateniente, en obse­quio de su heredera, la burguesía agroindustrial e industrial.

Pero no se trata solamente de la producción láctea, azucarera, de cemento o de energía eléc­trica que, aunque intervienen de un modo esti­mable en la formación del PIB, no generan divi­sas (lo "cuota americana" del azúcar ya desapa­reció), sino también y sobre todo de la produc­ción minera estatal que hace el mayor aporte del 85 % del volumen de exportaciones anuales del país. Las empresas mineras del estado, todo el activo de Corporación Minera de Bolivia (COMI- BOL), pueden ser objeto de una negociación con capitalistas privados extranjeros de la que resul­tarán Sociedades Mixtas con participación mi­noritaria del Estado.

¿No es esto, acaso, lo que Banzer anunció sólo diez días después, de su posesión como Pre­sidente, cuando dijo que para la solución de los problemas económicos de COMIBOL "alternati­vamente se procedería al establecimiento de so­ciedades mixtas con inversión privada interna y externa”? ¿Con quién consultó ese programa, cuándo se discutió esta posibilidad de "solución”? ¿Acaso los innecesarios conspiradores del MNR y de FSB y, desde luego, las FF.AA., lograban ponerse de acuerdo, después de triunfado el gol­pe, en la misma composición del gobierno? Las FF.AA. y los partidos no sabían quién sería el Presidente, pero el que resultó serlo ya sabía que había que desnacionalizar las minas. Por eso fue el elegido.

Así, veinte años después de la nacionaliza­ción de las minas, que no se resolvió con la tinta empleada en suscribir el decreto, sino con la san­gre obrera derramad? en una lucha de decenios,

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el militar que promete gobernar inspirado en la memoria de Busch y Villarroel, apoyado políti­camente por el civil que rubricó el decreto (Paz Estenssoro), sanciona la ley de desnacionaliza­ción que el INI les hace llegar desde el escritorio de su director, el mismo que veinte años antes fuera el último candidato presidencial de la casa Aramayo. Ya están todos juntos. Ninguna dife­rencia los separa.

Para los autores de la Ley-Ganzúa, sin em­bargo, como para todo hurtador calificado, re­sulta evidente que en un país cuyo Estado ha tenido la insolencia de organizar algunas indus­trias estratégicas que la burguesía minera confi­nó a la región de la mitología, la depredación no puede detenerse (si se le brinda una ocasión co­mo ésta de contar con un gobierno propio que aprueba leyes a la carta), en la desnacionaliza­ción de la minería. Por eso han tenido la previ­sión de establecer que ‘la metalurgia, la siderur­gia y la petroquímica, sólo en sus etapas básicas de fundición y refinación, porque las otras son marginadas de hecho del radio de actividad in­dustrial del Estado, se consideran reservadas a éste para su desarrollo a través de sus empresas respectivas. En realidad, es una manera oblicua y quejumbrosa de decir que puesto que el Esta­do ya tiene en su poder la fundición de minerales y la refinación del petróleo, debe declararse que las tiene, pero, al mismo tiempo, establecerse claramente que dejará de tenerlas. Para ello se dispone que el Estado podrá asociarse con el ca­pital privado extranjero o nacional (que son dos modos de llamarle al capital foráneo que, inscrito a nombre de un "palo blanco" activo, bajo la for­ma de crédito o de otra modalidad, no cambia su condición extranjera), para la explotación, en dos formas distintas, de esas tres actividades26

consideradas como estratégicas. La más benigna de ambas deja al Estado en minoría, frente al capital privado extranjero y "nacional". La otra determina la mayoría absoluta del capital priva­do extranjero y transforma al Estado que hoy es el único propietario, en un socio minoritario.

Pero el rigor de la disposición no es impla­cable. También el imperialismo tiene ciertos ras­gos de "nacionalismo" para la exportación. En el caso previsto de una asociación mixta que deje al Estado en franca minoría, el socio ma- yoritario privado, el capitalista extranjero, le venderá un cierto número de acciones que le per­mita salir de esa condición tan desmedrada (no se dice en qué proporción, por cierto), pero sólo después de esperar nada más que un cuarto de siglo. Al término de este plazo que sólo los im­pacientes que no atienden a las exigencias de la economía de escala pueden considerar excesivo, el Estado al que se obligó a desandar el camino recorrido en procura de la nacionalización de la economía, tendrá que armarse de paciencia, pues el control de la participación mayoritaria se dará por la suma de su aporte y el del capital privado "nacional", y no por la transferencia de la ma­yoría del capital extranjero al patrimonio del Estado.

Esta es la sentencia. El sentenciado es el Estado. El botín al que se llega con la Ley-Gan­zúa es YPFB, ENAF, COMIBOL, es decir, la refi­nación y transformación industrial básica de los hidrocarburos, la fundición de estaño y la side­rurgia. La Ley-Ganzúa hace posible no solamente la privatización de las empresas industriales or­ganizadas por la CBF, la desnacionalización de la minería, y la privatización y extranjerización de la metalurgia, la petroquímica, la siderurgia; es decir, de los sectores dinámicos y estratégicos

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del desarrollo económico, sino que acuerda, en beneficio del capitalista desnacionalizados un ré­gimen de franquicias que la Dictadura niega a los cuatro mil novecientos medianos y pequeños em­presarios cuyo nombre invocan los representantes de cien grandes empresas monopólicas. Esa es la Ley de Inversiones que el Ministro de Industria y Comercio , llevó personalmente a los Estados Unidos y repartió a los interesados, en una se­gunda traducción que restableció su idioma ori­ginal: el inglés.

Los intereses del imperio y la colonia son antagónicos por definición. Los de la burguesía nativa de los países capitalistas neocolonizados y los de la burguesía del país imperialista, co­mienzan siendo los mismos, a causa de que aqué­lla se forma como mera intermediaria en la ex­plotación primaria de la riqueza nacional, para ir diferenciándose, a medida que su desarrollo capitalista se hace más orgánico, y terminar en­trando en contradicción. Por ello, de la Ley de Inversiones de un país capitalista dependiente cuyá burguesía, puesta en el trance de elegir en­tre sus propios intereses y los del imperialismo, cuando ellos entran en pugna, debe esperarse dis­posiciones que restrinjan las prerrogativas del capital financiero m onopólico internacional y amplíen las que correspondan al capital privado nacional. De un país dependiente, donde su bur­guesía debe esta condición a la identificación de sus intereses con los del imperialismo, puede es­perarse una Ley de Inversiones que otorgue un margen indistinto de ventajas al capital extran­jero y al "nacional". Pero de la dictadura de un país sometido a la condición de protectorado o Estado asociado de los Estados Unidos, no po­demos esperar sino una Ley-Ganzúa. Las estadís­ticas nos señalan antes que a Haití, en él penúl­28

timo puesto, según la producción interna bruta y el ingreso por habitante. Todavía nuestra bur­guesía monopólica no ha sobrepasado a la bur­guesía vampiro haitiana que exporta sangre hu­mana para conseguir divisas, aunque ya la hace derramar sin tregua y sin piedad para exportar confianza a los inversores.Como parte de un programa de gobierno in-

formulado cuyo origen se ha convertido, por ra­zones comprensibles, en secreto, Banzer declaró una semana después de su arribo al Palacio Que­mado que se enmendaría "la excesiva e irracio­nal absorción, por parte del Estado, de muchas actividades económicas para las que no se en­contraba capacitado y la indiscriminada nacio­nalización de la actividad económica de produc­ción". Un modo seudo técnico de referirse a la nacionalización de la Gulf, de la IMPC y de la MMC, tres, empresas norteamericanas a las que él mismo, siendo ministro, contribuyó a entregar o consolidar la entrega del petróleo y el gas, del estaño residual y del zinc.

Comencemos por "Matilde". El rico yaci­miento de zinc, mineral estratégico que los Esta­dos Unidos se procuran en un 50 % mediante la explotación'que sus empresas transnacionales rea­lizan en el exterior, fue revertido al patrimonio del Estado por efecto de la nacionalización de minas decretada en 1952. De las manos de Hos- child, pasó, en avanzado estado de prospección, a la administración de COMIBOL. Diez años des­pués, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo aprobaron la Ley número 151 y el Decreto Re­glamentario número 06000, respectivamente, dis­posiciones que bajo la forma inaugural de las sociedades mixtas resolvía la desnacionalización de ’Matilde”. Tanto la nacionalización como la

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desnacionalización fueron resueltas por el mismo partido, el MNR, bajo la jefatura del mismo poli- tico, Víctor Paz Estenssoro.

En respuesta a la licitación internacional convocada por la COMIBOL, según consta en el Acta número 420 del directorio de la empresa, en enero de 1964 se aprobó un Acuerdo General con la OMRD-, del Japón, para la explotación de "Ma­tilde". En octubre del mismo año, el presidente de COMIBOL y actual subjefe del MNR, suscri­bió una Carta de Intenciones ratificatoria de di­cho acuerdo. Es verdad que dos semanas des­pués el presidente. Paz Estenssoro es derrocado por su vicepresidente, el general Barrientos Or- tuño. Pero como este ascenso inconstitucional no modifica la posición de las clases respecto del Poder y, mucho menos aún, el programa de go­bierno que comparten derrocador y derrocado, el proceso de desnacionalización sigue su curso, só­lo que de un modo más expeditivo, como corres­ponde a la naturaleza militar del nüevo régimen. El primero de noviembre de 1965 la Junta Mili­tar dispone la convocatoria internacional a un concurso para el "arrendamiento" de "Matilde". Como se advierte, el progreso es evidente. Ya ni siquiera se habla de sociedad mixta. A cada go­bierno corresponde un lenguaje distinto para de­signar las mismas cosas. El 25 de julio de 1966, desoyendo el unánime repudio popular, la Junta entrega por 30 años la mina de zinc a la "Matil­de Mines Corp.", una compañía organizada por la United States Steel Corp. y Minerals and Che­micals Pholipp Corp., en el Estado de Delaware. Pero esta vez, a diferencia del estado de desarro­llo en que fue rescatada para el patrimonio del Estado en 1952, ya está, gracias a la inversión de un millón de dólares hecha por la COMIBOL, en condiciones de explotación inmediata.30

El 30 de abril de 1971, cuando la nacionali­zación de "Matilde" se convirtió en una existen­cia popular apremiante, el Gobierno, presidido por el general J. J. Torres Gonzales, decretó la rescisión del leonino contrato de arrendamiento suscrito entre COMIBOL y MMC.

Nadie en Bolivia puso nunca en duda el po­der económico del consorcio que se adjudicó la explotación de "Matilde". Dos formas de mani­festación de este poder hicieron posible la con­cesión del yacimiento de zinc y, en la parte que ha debido corresponderle, la consum ación del golpe del 21 de agosto. Si en 1965 fue capaz de obtener la dictación de un decreto unánimemen­te repudiado, en 1971 pudo evitar la comerciali­zación del zinc nacionalizado. Suscrito el contra­to de venta entre el gobierno de Bolivia y la "In- termill", el mineral se abarrotaba en los puertos y el comprador incumplía el contrato. ¿La razón? Que la Intermill y la Philipp Corp. compartían la misma oficina: el número 229 de Park Avenue, en Nueva York. Expropiado y comprador del zinc eran una misma empresa. Pero cuando la influencia económica de esta empresa se hizo desmesurada, fue a partir del establecimiento de la dictadura fascista. La empresa y el gobierno de Bolivia no compartían una misma oficina, pero obedecían al mismo interés. Pero ésta es la his­toria de "Matilde”. Y lo que ahora debemos de­nunciar es el cuento de "Matilde”.

La MMC en previsión de una medida como la nacionalización, contrató un seguro con la agen­cia estatal norteamericana Overseas Prívate In- vestment Corp. (OPIC), entidad que debía pagar la póliza respectiva, si el gobierno de Bolivia no acordaba el pago de la indemnización correspon­diente. Pero el gobierno de Bolivia estaba resuel­to a mucho más que impedir que la agencia de

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seguros del gobierno norteamericano gastara un solo centavo por cuenta suya.

¿En qué suma aseguró la MMC sus inversio­nes en Bolivia? Según consta en el certificado otorgado por la “Agency for International Deve- lopment”, de fecha 12 de febrero de 1971, el mon­to total del seguro contratado por la MMC en la OPIC es de u$s 16.720.000.—. Esta suma, como lo acredita la misma agencia, no corresponde a la realidad efectiva de las inversiones de la MMC, sino a una estimación que incluye otros gastos. La suma que la OPIC tendría que pagar se limita a la que corresponda a inversiones por créditos bancarios documentalmente acreditados, a las que hubiera efectuado esa compañía de sus pro­pios recursos y, finalmente, al monto de sus uti­lidades correspondientes al período comprendido entre la nacionalización y el pago de la póliza de seguro. Esta suma, a pesar de incluir ítems como el de renta no percibida, en absoluto extraña al concepto de inversión, ha sido estimada por la OPIC en algo más de u$s 12 millones, según in­formación proporcionada directamente por uno de sus personeros al gobierno de Bolivia. Para una correcta evaluación de lo que a continuación afirmamos, conviene recordar que esta suma, de aproximadamente u$s 12 millones, es una estima­ción del total de inversiones y utilidades no per­cibidas, y que la propia OPIC no se refiere en absoluto a las que por concepto de amortizacio­nes o deudas impagas contraídas por la MMC deban descontarse.

El propio Banco Mundial, en el estudio-infor­me que realizó sobre "La Minería y la Metalurgia en Bolivia", coincide con esta apreciación de las inversiones. Huelga decir que, en ambos casos, se trata de la opinión que merece el pan al pana­dero.32

Que la suma asegurada es mayor que la real­mente invertida, es algo que la propia OPIC re­conoce. Pero, tal vez este reconocimiento es me­nos digno de tomarse en cuenta, por la dictadura, que el testimonio de la propia MMC. Por carta dirigida el 9 de diciembre de 1970 por el gerente de la MMC al gobierno de Bolivia, esa compañía reconoció que a esa fecha sus inversiones totali­zaron la suma de u$s 10.910.627.—.

¿Cuál es la estimación que Bolivia ha hecho de las inversiones de la MMC? La comisión que al efecto de la determinación del monto indem- nizable inició sus actividades durante el gobierno del general Torres, concluyó su trabajo bajo la dictadura del coronel Banzel, en noviembre de 1971. ¿Qué dice este informe? Sostiene y prueba que a la fecha de la nacionalización de "Matilde” (30/4/71), el total de inversiones alcanzaba a la suma de de u$s 8.792.848.—. Y algo más: tam­bién demuestra dicho informe que a esa misma fecha la MMC registraba un pasivo (deudas que dejó sin pagar) de u$s 2.860.011.—, suma que, de­ducida de la anterior, arroja una inversión indem- nizable de u$s 5.932.837.—.

Pero la MMC planteó la exigencia de cuadru­plicar sü inversión y, Según las publicitadas y amedrentadoras informaciones que la dictadura deslizaba metódicamente, pedía nada menos que 24 millones de dólares. Por cierto que los perso- neros de la MMC no esperaban recibirla, ni si­quiera de un gobierno a cuya cabeza está preci­samente uno de los firmantes del decreto que le valió tan jugosa concesión, pues para que ello ocurriera impunemente la campaña de represión, silenciamiento y exterminio tendría que acabar con el último de los trabajadores bolivianos. Era nada más que una manera de hacer posible, en mejores términos, la formación de una Sociedad

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Mixta con el Estado, o, en su defecto, el pago de una indem nización superior a lás inversiones, pero inferior a la que originalmente sé pidió. De este modo, el éxito estaba asegurado. O se obte­nía la Sociedad Mixta, o se lograba el enervante efecto político de transformar el sobreprecio que se obtendría, en una bondadosa rebaja al país.

No estaba equivocada la MMC. El primero de marzo de 1972, el gerente de la COMIBOL, general Rogelio Miranda, el mismo que como mi­nistro de Agricultura suscribiera seis años antes el decreto de concesión de "M atilde”, envió a MMC un "Memorándum de Intenciones” reserva­do, que no dejaba dudas sobre su intención. Di­cho Memorándum proponía la formación de una Sociedad Mixta entre COMIBOL y la MMC, lo que de por sí implicaba la desnacionalización del zinc por correspondencia reservada y, además, formulaba la oferta de que "la Sociedad Mixta comprará el activo fijo de MMC, por la suma de u$s 13.980.000.—”.

Pienso que no es necesario añadir nada a esta tasación epistolar del general Miranda. El cuan- tifica las inversiones indemnizables de la MMC en una suma mayor que la considerada por la OPIC, mayor que la estimada por el Banco Mun­dial, mayor que la reconocida por la propia MMC y, desde luego, pero esto último no debiera sor­prendernos, superior en más del doble a la deter­minada por la comisión técnica boliviana.

Pero, lo que sí exige un análisis, es la impli­cación económica de su proposición y la enormi­dad del daño que se pretendió inferir a los inte­reses de la Nación. No se trataba de una sociedad en la que cada una de las partes intervendría en la proporción de sus aportes reales. De ninguna manera. Esta era una asociación digna de la Ley-Ganzúa y fiel reflejo de su espíritu desnacio-34

nalizador. La increíble oferta del general gerente (o gerente general) consistía en que el Estado boliviano le daría a MMC, además de sus yaci­mientos de zinc, estimados por la propia MMC en u$s 64.6 millones, tomando en cuenta sola­mente el rendimiento económico neto (renta); además de la devolución del total de sus inver­siones no recuperadas (u$s 5.932.837.—); además de la suma de u$s 8.047.163.— (que corresponde a la diferencia entre la suma total que se le ofre­ce y la equivalente al valor de las inversiones in­demnizares); además de todo ello, el obsequio de acciones liberadas para que la MMC hiciera al Estado boliviano el honor de aceptarlo como so­c io ... minoritario. Una gestión estupenda. Dar u$s 78.5 millones, a cambio de u$s 6 millones. Oye el Estado pague 13 dólares por cada uno que a él le dé la MMC. La compañía norteamericana no esperaba tanto. Unas cuantas sociedades mix­tas como ésta, y el país verá cómo su bandera se traslada en forma de una pequeña estrella, la nú­mero cincuenta y uno, a otra bandera. ¡Y en nom­bre del nacionalismo!

La protesta que a pesar de la represión y el silenciamiento levantó la sospecha pública de lo que se tramaba, dio ocasión para que el gerente de COMIBOL exhibiera una inconmovible tenaci­dad. El general Miranda asumió la responsabi­lidad personal de la iniciativa y declaró: "Como una de las posibles soluciones con la ex «Matil­de», había planteado yo la posibilidad de la con­formación de una Sociedad Mixta”. Luego explicó por qué: “La conformación de una Sociedad Mix­ta ha sido propuesta con la seguridad de que es la menos onerosa para el país". Resulta inimagi­nable lo que el general Miranda consideraría co­mo la más onerosa de las soluciones. Frente a la alternativa de indemnización por la que algunos

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pronunciamientos públicos parecen inclinarse, el general añade: "Evidentemente hay que pagar la indemnización que se debe, pero aquí salta la pre­gunta: ¿Con qué fondos?" Evidentemente, la pre­gunta paralítica que no salta a la vista del gerente es cómo y por qué ofrece él un pago al conta­do de u$s 13.980.000.—, al mismo tiempo que de­clara que no hay fondos para pagar solamente u$s 5.932.837.

Pero la negociación era excesiva, aun para la dictadura, y el temor de'la repulsa popular im­puso una rectificación. En su reemplazo, luego de algunos viajes a Washington, la comisión inter­ministerial designada al efecto presentó al gobier­no el texto del acuerdo reservado al que arribó con la MMC. La dictadura lo sancionó para sa­tisfacción de los accionistas de la MMC, de los directores del Banco Mundial, verdadero inspira­dor de toda la negociación, y, desde luego, del gobierno norteamericano. Todos ellos resultaban ganando, aunque por una vía que ofrecía a la Dic­tadura la posibilidad de ocultar por un tiempo lo que el país perdía y de presentar el despojo como una ganancia.

La Dictadura resolvió el pago de u$s 13,4 mi­llones a la MMC, en el carácter de indemnización por sus inversiones. Al alivio producido en la opinión popular por el abandono del proyecto de sociedad mixta, se sumó el calculado efecto que produjo el conocimiento de una suma notoria­mente inferior a la que la propia dictadura divul­gó como exigida, para conferir la apariencia de un logro patriótico a lo qué en verdad fue una típica negociación colonialista. (La comunicación oficial hizo una relación casi deportiva de cómo se habría hecho retroceder a la MMC, a 24, a 19, a 16, en una dramática puja que concluía con la proeza de ese 13,4 millones de dólares.)36

¿Qué representa la suma de u$s 13,4 millones? Representa un millón y medio de dólares más de lo que el Banco Mundial y la OPIC estimaron como inversión total, suma para, cuya determina­ción ninguna de las dos instituciones descontó las amortizaciones de capital ya efectuadas, ni el pasivo de la MMC. Representa dos y medio mi­llones de dólares más de lo que la propia MMC reconoció por escrito como su inversión total,- también sin tomar en cuenta las dos deducciones mencionadas. Representa siete y medio millones de dólares más que la suma estimada por la pro­pia comisión de gobierno, bajo la dictadura ac­tual. ¡Siete y medio millones de dólares regala­dos por la dictadura a la MMC!

Pero, aún hay más por decir. Como ya lo advirtiera el gerente de COMIBOL, en una sor­prendentemente perspicaz observación suya sobre la capacidad de pago del Estado, no había dinero con qué pagar la indemnización. Contrariamente a lo que podía suponerse, en este caso la falta de dinero no era un obstáculo para satisfacer la exi­gencia empresarial de un pago al contado y por el doble del valor de lo expropiado. El ministro de Minería anunció la solución, al declarar que: “El país tendrá necesariam ente que recurrir a una institución crediticia". Y así füe. Sólo que el crédito fue solicitado con mucha anterioridad al anuncio de la indemnización y su gestión for­mó parte inseparable y condicionante del arreglo mismo.

La comisión ministerial que en julio de 1972 se trasladó a Pittsburg y Nueva York para defi- nar los términos del acuerdo con los directivos de la MMC, dio su aprobación a la exigencia de un pago al contado de los u$s 13,4 millones, me­diante el crédito de una organización banearia internacional, muy probablemente el propio Ban­

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co Mundial u otro bajo su patrocinio, crédito que fue asegurado por la OPIC.Ahora sí que la operación había sido comple­tada, a entera satisfacción del interesado. La dic­tadura, que debe recurrir a la más indigna men­

dicidad internacional para financiar el cuantioso déficit del presupuesto nacional que su incapaci­dad y deshonestidad provocan, no se detuvo a considerar ni siquiera la posibilidad de una in­demnización diferida, en consonancia con la ren­tabilidad de "Matilde”. La Dictadura paga al con­tado. Y paga, además de los u$s 7,5 millones adicionales al monto de la verdadera inversión, la suma que corresponda por los intereses banca- rios del crédito, suma que, tomando en cuenta el interés del 6 % anual y un plazo de amortización de diez años (período de vida de la mina), fluc­túa alrededor de los u$s 4 millones. Y paga, ade­más, la prima que corresponda por la póliza de seguro contratada en OPIC, en beneficio del ban­co prestamista. Los accionistas de la MMC nunca habrán hecho mejor inversión. Recuperan de in­mediato la totalidad de sus inversiones que de­bían recibir en el transcurso de algunos años; reciben la cancelación del lucro cesante (las uti­lidades que no percibieron entre la nacionaliza­ción y la indemnización); beneficio que hoy día ningún país del mundo les reconocería; obtienen una utilidad equivalente al 120 % de su capital, lo que es muchísimo más que el mejor de los di­videndos, y, además, cancelado de inmediato, al mismo tiempo que la recuperación del total de su inversión.

La OPIC, esto es, el gobierno norteamericano, evita, el pagar u$s 12 millones, aproximadamente, suma que debía cancelar hasta fines de setiembre de 1972; logra vender una nueva póliza de seguro por una suma mayor. (u$s 13,4 millones); y, lo38

más importante para ei gobierno de los Estados Unidos, sienta un precedente importante en rela­ción con las nacionalizaciones resueltas en otros países latinoamericanos y que afectan a inversio­nes norteamericanas aseguradas en la entidad es­tatal de ese país.El Banco Mundial consigue que "Matilde'' sea

mantenida administrativamente segregada del pa­trimonio de COMIBOL (exigencia igual a la for­mulada en relación con YABOG, la entidad trans­portadora y comercializadora del gas de YPFB); logra que OPIC, es decir, el gobierno de los Es­tados Unidos, intervenga en la administración de "Matilde" para controlar el pago del crédito ase­gurado, por medio de técnicos y funcionarios cu­yas remuneraciones tendrán que ser pagadas por "Matilde”, es decir, por el Estado de Bolivia. Y este es el momento de sentar la última denuncia, en relación con "Matilde": Bolivia no recibirá ningún ingreso de su explotación hasta la cance­lación total del monto del crédito de u$s 13,4 mi­llones destinados a la indemnización acordada en favor de la MMC.

¿Debe sorprender a alguien que el FPN se pronuncie sobre la negociación con MMC, "de­clarando públicamente su plena conformidad con la victoria nacional obtenida"? ¿Acaso los perso- neros de las organizaciones integrantes de este frente, no son los mismos que sentaron las bases legales de la desnacionalización de “Matilde” (Paz Estenssoro, a la cabeza del MNR); los mismos que con su firma respaldaron la concesión de "Matilde” a la MMC (el coronel Banzel y el ge­neral Miranda); los mismos que en 1972 negocian y deciden el obsequio de "Matilde”, en condicio­nes que no tienen más ni peores precedentes que sus propias decisiones administrativas del pasa­do? ¿Cómo no admitir que la derrota nacional

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sea para ellos una victoria, si la lúchá por la li­beración nacional siempre les pareció trna empre­sa foránea?

El ministro de Minería declaró, al término de las negociaciones, que: "La solución del proble­ma de la indemnización de "Matilde" permitirá dar luz verde a varias solicitudes de crédito que tiene Bolivia ante organismos de crédito interna­cional, como ser el Banco Mundial".

Ya está consumada la traición a los intere­ses de Bolivia. El Banco Mundial y la MMC han vencido. ¡Pero no por mucho tiempo!

Las "colas’’ y "desmontes”, esa montaña he­cha a mano por generaciones de trabajadores que la formaron con la parte de su esfuerzo que nun­ca llegó a las fundiciones de Liverpool, porque carecía de valor económico para las grandes em­presas mineras nacionalizadas, fueron entregados a una empresa norteamericana, la International Metal Processing Com. (IMPC), que hace tres años comenzó a explotarlos sin intervención de la clase obrera que la había formado y sin bene­ficio para el país. De este modo el capital finan­ciero internacional, como un ave que se nutre de despojos, volvió al país del que había sido arro­jado y, bajo otro nombre, con medios de profi- tación más aguzados, devora lo que su antecesor dejó como un desperdicio. Se lleva el desecho de otro tiempo que la caída vertical de la ley del mineral y el agotamiento de los viejos yacimien­tos revalorizó al punto de convertir en una forma apreciable de las reservas estatales.

La nacionalización de la IMPC coincidió con el golpe fallido que el coronel Banzer protagoni­zó el 11 de enero de 1971. Pero si el conato que él encabezara contribuyó, a pesar suyo, a la adop­ción de la medida que invalida otro de sus actos40

ministeriales de 1965, una de sus primeras deci­siones de gobierno fue la de desnacionalizarla.Para ello, nada mejor que una Sociedad Mix­ta al amparo de la Ley-Ganzúa y bajo una nueva

razón social que disfrace eficazmente el despojo: Empresa Metalúrgica Boliviana S. A. (EMBOSA). Tal el nombre elegido para identificar a la socie­dad mixta constituida por la IMPC y COMIBOL. El 27 de diciembre de 1971, la Dictadura autorizó, por medio del decreto n9 10056, la negociación de dicha sociedad. Todavía no habían transcurrido dos semanas de la aprobación de la Ley-Ganzúa y ya se la empleaba para franquear el ingreso de los solicitados inversores a la explotación de nues­tros recursos naturales. El 11 de abril de 1972 se suscribe la minuta de constitución de la socie­dad. El 15 dé mayo la Dictadura aprueba tanto la minuta como los estatutos de la nueva socie­dad y materializa, por vez primera, el proyecto general de convertir al país todo en el socio mi­noritario de cualquier inversor sensible a la voca­ción nacionalista de sus personeros.

¿Qué aporta el Estado a la constitución de EMBOSA? Todo, absolutam ente todo. ¿Y la IMPC? Ella hace la contribución de renunciar al uso de una razón social en idioma inglés, como valioso aporte a la causa del nacionalismo. En efecto, COMIBOL paga a la IMPC, y al contado, la suma de u$s 1.447.066.— que el propio decreto estima equivalente de todas las inversiones de la IMPC y, además, com pensatoria de sus "nego­cios”.

Pero esto de pagar los innominados negocios, además de Tais inversiones es, sin embargo, la me­nor y menos escandalosa de las condiciones esta­blecidas para la desnacionalización de las "colas” y "desmontes". COMIBOL aportará los yacimien­tos (algunos millones de toneladas de desmontes

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con un apreciable contenido estañífero), y todas las instalaciones y maquinarias (puesto que las ha comprado, sobrevaloradas, al pagar por ellas no sólo el precio original, sin castigo por depre­ciación, sino que además la suma correspondien­te a unos "negocios" indefinibles). Y COMIBOL sigue aportando: obsequiará a la IMPC, además de contribuir con el 100 % del activo de la so­ciedad mixta, el 45 % del capital, es decir, otros u$s 650.000.—, en forma de acciones virtualmente liberadas. Algo muy parecido a la fallida socie­dad mixta que se intentó organizar con là MMC para la explotación del zinc.

Con la intención de que esta disposición in­dignante parezca menos dañina a los intereses del país, la Dictadura fascista y la IMPC resolvie­ron que diez años después de iniciadas las ope­raciones, las instalaciones y m aquinarias que COMIBOL compró al contado y con un injustifi­cable sobreprecio, pasarán a ser de COMIBOL. Es decir, que el Estado debe esperar diez años para que se reconozca su derecho propietario so­bre lo que ha comprado. Es como una venta a plazo, pero al revés. Estas son, según el mismo decreto, las condiciones "mínimas" en que se ba­sa la comisión mixta. Hay que estar preparados para las máximas.

¿Cuál será el único aporte efectivo de la IMPC a esta sociedad digna del genio financiero y del furor nacionalista de los generales gerentes de la primera y segunda restauración roscofas- cista? La tecnología. Ya estábamos acostumbra­dos a este tributo empobrecedor que los países dependientes deben pagar por la transferencia de tecnología. Pero la magnitud del benefìcio eco­nómico logrado en este caso nos da la dimensión de la distancia a la que está, no la tecnología bo­liviana del estaño respecto de la norteamericana,

sino la dictadura fascista, en relación con los in­tereses de Bolivia.

¿Cómo explicar este nuevo despojo? El ar­tículo segundo del decreto desnacionalizador de las "colas” y "désmontes”, "autoriza al Banco Central de Bolivia a conceder a COMIBOL un préstamo de u$s 1.447.066.— destinado al pago de la indem nización acordada”. Pero William Rogers, secretario de Estado, en su informe so­bre política exterior de los EE. UU. anuncia que: "También se ha logrado un acuerdo para pagar u$s L4 millones como compensación a la IMPC, cuyo contrato concesionario había sido obligado en dinero. El acuerdo estipula la continuada par­ticipación^ de la IMPC en actividades de empresa mixta con el Estado”. En marzo de 1972, los per- soneros de la flamante EMBOSA inician la ges­tión de un crédito por u$s 10 millones ante el Banco Mundial. Los informantes de la gestión indican que "La solicitud fue bien acogida por el organismo financiero internacional'’

Esa es la explicación, y no otra.Hay una idea recurrente con que el reducto

gerencial de los ejecutivos de la empresa privada acuden presurosos al Palacio de Gobierno, cada vez que a sus balcones asoma la efímera cabeza de un presidente reaccionario: las Sociedades Mixtas. En 1962 .lograron un tortuoso avance le­gislativo. En 1972 han satisfecho sus aspiracio­nes. Ya tienen ley'y sociedades mixtas. Y están a punto de lograr lo que realmente esperan: ob­tener que se desnacionalice la totalidad de las dos actividades fundamentales del país, hoy en manos del Estado, la industria minero-metalúrgi­ca y la petrolera y petroquímica. En lo que hace a la minería, el sueño de los desheredados sobre­vivientes de la burguesía industrial minera con­siste en compatibilizar la proyectada desnaciona­

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lización con las inconveniencias políticas de una medida semejante. Por uno de esos rasgos de cla­rividencia política que en los hombres que sólo saben de negocios se torna aguda en circunstan­cias de riesgo, intuyen que el pueblo de Boliyia no toleraría una desnacionalización por decreto y con ese nombre. Su ingenio, y la necesidad que tiene cara de hereje, les ha permitido descubrir la fórmula: La descentralización administrativa de las empresas de la CQMIBOL y las Sociedades Mixtas. Lo primero para separar el casco viejo de COMIBOL, esas minas agotadas, vacías de es­taño pero llenas del recuerdo de la sangre obre­ra y la miseria proletaria, sobre las que no hay el menor interés privado. Lo segundo, para pro­ceder a la desnacionalización subrepticia de los yacimientos que conservan un alto interés econó­mico.

Ya cayeron las “colas” y "desmontes". Ya cayó el zinc. ¿Qué hacer con lo que queda? No hay duda; nuevas sociedades mixtas. No en vano alguien se dio el trabajo de redactar y traducir al castellano esa Ley de Inversiones.

Un día cualquiera las páginas de los diarios, cuyos titulares asombran al trabajador con el cuotidiano anuncio de una copiosa lluvia de dóla­res que los inversores y los prestamistas se dispu­tan por precipitar sobre el país, pero que nunca llegan a su bolsillo, ni siquiera en forma de unos centavos de aumento en sus remuneraciones, re­gistran una nueva razón social: United Develop- ment Inc. (UNI).

Estimulada por la Ley de Inversiones, la UNI llegó a Bolivia. La COMIBOL, "por instrucciones expresas del Gobierno”, le abrió las puertas de las reservas mineras del Estado. En silenciosas negociaciones con autoridades de Gobierno y de44

COMIBOL que ya han dado muchas muestras de tener en mayor estima la reserva de sus negocia­ciones que las reservas minerales del país, los personeros de UNI arribaron a un acuerdo y fir­maron una Carta de Intenciones. Por la suscrip­ción de ese documento del 17 de agosto de 1972, COMIBOL adquiere el compromiso de entregar a UNI todos los estudios geológicos y de prospec­ción minera de que dispone, algunos de los cua­les encargó a una empresa minera mediana com­petidora! suya, sobre una extensa zona mineraló­gica que comprende nueve grandes yacimientos de plata, cobre, zinc, plomo y de otros minerales. Cuando UNI resuelva la conveniencia económica de realizar una inversión, hará un aporte de ca­pital de u$s 100 millones. En cuanto a COMIBOL, aportará sus yacimientos (ya hemos visto que éste es un aporte que la dictadura juzga simbó­lico); amortizará las obligaciones que contraiga con UNI entregándole minerales por un valor equivalente al capital y a los intereses (se reco­noce un interés mínimo del 8 % anual); y, ade­más, le entregará a UNI, en "venta”, el 50 % de la producción minera resultante.

Es claro que la "venta" no es más que una manera de encubrir la real propiedad que UNI adquiriría sobré el volumen total de la produc­ción (la suma del equivalente a las amortizacio­nes y el 50 % de "venta”). Y de este modo, por la puerta de las asociaciones mixtas, o de los "contratos de operaciones", o de las "empresas operativas”, que la Ley-Ganzúa o la Ley de Hidro­carburos abrió pára el saqueo de nuestro patri­monio de recursos naturales no renovables, los desnacionalizadores sientan las bases de la más rápida e intensiva descapitalización de Bolivia, como portaestandartes del capitalismo. Hoy es María Luisa, Cobrecillos, Puntillas, Linares, Agui-

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lar, Huancané, Collpani, Cerrillos, Bonete y San Antonio de Lípez. Mañana será Malmisa, Coro- coro y otras minas.

Quedará el casco viejo que a ningún inversor interesa. Quedará el Campo de María Barzola barrido por el viento de la ignominia. Lo que no podrán privatizar jamás, lo que no podrán des­nacionalizar es el espíritu combativo y revolucio­nario de la clase trabajadora, es su decisión in­quebrantable de retomar el cámino de la libera­ción nacional. Y un día, que no lo olviden, ese pueblo, esos trabajadores mineros que hoy pier­den con la firma de un gerente lo que ayer con­quistaron al precio de su sangre, marcharán otra vez por el Campo de María Barzola para construir una sociedad popular y nacional que no será mix­ta, que será una sociedad de trabajadores, porque la dictadura privada les ha enseñado que la bur­guesía monopólica no tiene patria, sino bolsillos.

Durante muchos años Naciones Unidas se mostró dispuesta a solventar los gastos que de­mandaban los renovados estudios técnicos para determinar, con una precisión innecesaria y ab­surda, el tonelaje exacto de las reservas de hierro del Mutún que ya era considerado como el yaci­miento más importante del mundo. Siempre fue posible encontrar dinero para el financiamiento de los interminables estudios de calculación. Pero la tarea de obtenerlo para poner en movimiento esa gigantesca concentración de hierro que a su vez empujaría, desde la base misma, el desarrollo d inám ico de la economía nacional, era algo que ni los gobiernos de la burguesía se habían pro­puesto, ni el crédito internacional privado o pú­blico controlado por el imperialismo estaba dis­puesto a satisfacer. A menos, claro está, que la explotación del Mutún se entregara precisamente al capital privado extranjero.46

Así lo comprendió el MNR en las postrime­rías de su claudicadora gestión cuando, al mismo tiempo que rechazar la oferta de un importante crédito soviético para el desarrollo de esos yaci­mientos, ofreció el Mutún en licitación interna­cional que atrajo puntualmente a un oscuro con­sorcio financiero. Su derrocamiento interrumpió las gestiones que luego recomenzaron y siguieron, intermitentemente, bajo el Gobierno de la Res­tauración.

Bolivia se había habituado a pensar en el Mutún como en un nuevo “El Dorado". Opulento e inalcanzable al mismo tiempo, el Mutún era sólo un lujo inútil que el azar había puesto en el suelo de éste nuestro pueblo de pastores. El Mu­tún había entrado a formar parte de la mitología nacional. Había que desarrollar su explotación; pero, al mismo tiempo, había que defender esa riqueza de la voracidad de los inversores que se. mostraban dispuestos a la “aventura” de realizar la leyenda, a cambio del botín. Había que hacer posible la explotación del Mutún pero no al pre­cio del Mutún mismo. En 1969 presenté y obtuve la aprobación del decreto que establece el mono­polio estatal de la explotación del Mutún y, al mismo tiempo, encomienda a COMIBOL el inicio de los trabajos experimentales para la explota­ción de las primeras cincuenta mil toneladas.

Seis días después de constituida la dictadura fascista, el nuevo ministro de Minería y Metalur­gia anunció: "Soy partidario de las empresas mix­tas y espero que este sistèma de administración se aplique en el caso del Mutún. Se necesita fi­nanciar su explotación, acudiendo a la formación de una empresa mixta entre el Estado y la firma extranjera que esté dispuesta, en las condiciones de la licitación internacional que se hará próxi-

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mámente”. De nuevo la licitación., Pero esta vez para la organización de una empresa mixto que permita la desnacionalización del hierro. Y todo esto, antes de que el gabinete se hubiera reunido por primera vez y, desdé luego, cuatro meses an­tes de la aprobación de la Ley-Ganzúa que legali­zaría la formación de sociedades mixtas. ¿Cómo entender una declaración tan rotunda y compro­metedora? ¿Cómo comprender ese anuncio cuan­do el impaciente desnacionalizador ni siquiera había sido presentado a sus colegas de gabinete? Es que el ministro no necesita consultar la opi­nión de su Gobierno, por la misma razón que Banzer no requería el criterio de las FF. AA. y el Gobierno en su conjunto prescindía del juicio po­pular. El mandatario consulta al mandante. Y éste no está én Bolivia.

El 6 de octubre de 1972 la dictadura fascista firmó el decreto de desnacionalización del hierro. Lo hizo del modo más farisaico imaginable. Como ni siquiera a ella puede ocultársele la inmensa responsabilidad que contrae al entregar/bajo pre­sión o estímulo, la riqueza fundamental de la que depende nuestro desarrollo industrial básico, los firmantes acuden al inagotable repertorio de ar­gucias leguleyescas de que la burguesía y sus sir­vientes disponen con destreja, y esgrime la fic­ción jurídica de que el Mutún no estaría sometido al régimen de concesiones mineras a personas naturales o jurídicas privadas. Más aún, fingien­do ignorar el decreto vigente que establece el mo­nopolio estatal de su explotación, habla del con­trol del Estado sobre la planificación, explotación y comercialización del hierro. Pero a continua­ción extrae de la manga la carta fraudulenta y la pone servilmente en la mano del imperialismo para determinar una nueva derrota nacional: la explotación del Mutún deberá realizarse a través48

de empresas fiscales (ya no COMIBOL, sino otras por crearse, sin, la incómoda intervención de esa empresa del Estado que simboliza la institución de la nacionalización de las minas). Pero de em­presas fiscales "que podrán Constituir empresas mixtas para, la instalación y manejo de plantas’’. La traición se ha consumado. Pero la Dictadura añade, en una demostración de cinismo insupe­rable, "si así conviene al interés nacional”.

El decreto desnacionalizados que se muestra c?m? d(f finitorio de una "Política Nacional Side­rúrgica", establece que "El financiamiento reque­rido para la instalación de las industrias del hie­rro y del acero podrá ser obtenido en cualquiera fuente . Y añade: " de acuerdo con los pre­ceptos constitucionales ’. La exhibioión de esta vo- vación legalista de la Dictadura, entra en contra­dicción con su irreprimible voluntad de entregar el hierro de Bolivia, a pesar de las mismas nor­mas de la legalidad burguesa que ella invoca y dice defender. La Constitución Política del Estado de Bolivia prohíbe, por disposición de su artículo 25, toda forma de concesión, cualquiera que fue­se su modalidad, de parte del suelo o subsuelo nacionales en una zona comprendida dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país, a personas o entidades extranjeras. ¿Extranjeros? Esos son los revolucionarios. Para la Dictadura fascista y proimperialista, el inversor privado ex­tranjero es un compatriota. Por eso dispone que la comisión ministerial 'encargada de elaborar un proyecto de nuevo Código de Minería incluya, en­tre las modificaciones previstas, una que suprima la restricción contenida en el mencionado artícu­lo 25 de la Constitución Política.

El joven oficial, el sargento, el soldado de todas las guarniciones fronterizas, el boliviano de uniforme, el centinela de todas las fronteras

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)

de la heredad nacional, estará preguntándose qué sentido tiene su actitud vigilante, qué justifica­ción tiene su sacrificada entrega al principio de la defensa de la soberanía y la integridad nacio­nales, qué destino tienen la Patria, si el enemigo de ella, el imperialismo, nos despoja de nuestras más importantes riquezas, nos arrebata el pan de la nuevas generaciones, nos somete a la condición de un colonia, sin disparar un solo tiro, con sólo pedir a la complaciente Dictadura del coronel Banzer, qué firme algunos decretos.

Y el saqueo no concluye. El imperialismo y la burguesía minera están resueltos a despojar al Estado de todas aquellas riquezas que el pueblo, en su fugaz paso por el poder y al término de heroicas jornadas de lucha por la liberación na­cional, recuperó para la Nación. Para ello, les es indispensable desarticular el régimen legal que asegura al Estado un modesto margen de activi­dad industrial minero m etalúrgica intolerable­mente competitivo de la Minería Mediana. Esta, compuesta de pocas empresas, una parte de las cuales está controlada total o parcialmente por capitalistas extranjeros, desempeña hoy día, aun­que desde una posición hasta ahora menos hege- mónica, por el menor peso relativo que posee, pero ampliamente compensado por el respaldo que los organismos de crédito internacional con­trolados por el gobierno de los Estados Unidos le proporcionan, el papel de un nuevo Superesta- do Minero en rápido proceso de crecimiento.

En las décadas del 50 y 60, la Minería Me­diana (MM) crece en la misma medida en que la COMIBOL declina. La producción estañífera de COMIBOL desciende en 27 % y la de la MM au­menta en 120 %. Sólo en el período comprendi­do entre 1965 y 1969 (período de la restauración), la producción estañífera de la MM aumenta enSO

53 %. Si en 1952 la COMIBOL controlaba el 72 % de la producción de estaño, hoy no participa en la producción estañífera sino con el 67 %. La pro- dución de zinc de COMIBOL desciende en 20 °/o, y la de la MM aumenta en 800 %; la producción de cobre de COMIBOL desciende en 22 %, y la de la MM aumenta en 1.000 0/o; la producción de an­timonio de COMIBOL se mantiene en un volumen insignificante, y la de la MM aumenta en 22 °'o; la producción de Wolfram de COMIBOL descien­de en 20 %, y la de la MM se mantiene estable.

En términos generales, la participación de la producción estañífera en eí volumen de las ex­portaciones minerales del país, disminuye para­lelamente al deterioro de la minería estatal. En 1952, las exportaciones de estaño formaban el 60 % del total de las exportaciones mineras del país. Hoy, difícilmente alcanzan al 50 % de la producción de Wolfram, el 58 % de la produc­ción de cobre y el 60 % de la producción de an­timonio. El proceso de concentración y mono­polización . de la industria extractiva minera en manos de la MM, sucesora de la gran minería na­cionalizada en 1952, se hace más notorio si se piensa que las 22 empresas que compdnen la MM controlan una producción-total dos veces mayor que la producción de dos mil empresas chicas y 22 mil cooperativistas. Una sola emprfesa de la MM controla el 60 % de la producción nacional de Wolfram; una sola controla alrededor del 70 °/o de la producción nacional de antimonio, y una sola llegó a controlar prácticamente el 100 % de la producción de zinc.

¿Cómo se explica este proceso simultáneo de crecimiento de la MM y la declinación de la mine­ría estatal? ¿Por qué, bajo las condiciones "ad­versas" de que se lamentaban los personeros de la MM, pudo ésta crecer incesantemente? ¿No

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habrá alguna r e l a c ió n de casualidad entre el agi- gantamiento de la Minería Mediana y la jibariza- ción de la estatal? ¿No será que la expansión de la primera se produce a expensas de la segunda? ¿No será que una misma causa determina-lúcida­mente ambos procesos inversos?

Bolivia controla entre el 17 y el 20 % de la producción mundial de estaño (la producción mundial es de 180.000 toneladas anuales). El res­to corresponde a cinco países, tres de los cuales están situados en una zona conflictiva donde el imperialismo norteamericano ve amagados sus intereses. Los otros dos forman parte de los paí­ses africano? que, en su tránsito de, la colonia a la independencia, comienzan a descubrir en la ex­plotación de sus riquezas naturales la razón de su dependencia pero también, como lo reconociera el mundo árabe en su riqueza petrolífera, o los indoasiáticos en sus reservas estañíferas, el talón de Aquiles del imperialismo. Bolivia, monoexpor- tadora, capitalista y dependiente, en el centro mismo del hemisferio y del sistema interamerica­no, resulta, para la política norteamericana, más que un país con-un gobierno, una reserva estra­tégica con un administrador. Los Estados Uni­dos consumen 55.000 toneladas anuales de estaño. Pero no producen ninguna. El total de la produc­ción estañífera de Bolivia no alcanzaría a cubrir más que el 57 % de los necesidades de EE. UU.

Como es fácil comprender, el gobierno nor­teamericano, representante político de las gran­des corporaciones consumidoras de minerales de estaño (incluidas, por cierto, las dedicadas a la industria de la guerra), piensan-que este último depósito de estaño en occidente, esta última reser­va de otros recursos minerales estratégicos, no debiera estar en manos de un Estado cuyo poder político, frecuentado, aunque pasajeramente, por52

posiciones progresistas, parece cada vez más al alcance de las masas oprimidas que Kan termina, do por descubrir que entre la explotación social y la dependencia nacional hay una íntima rela­ción. Por el contrario, el imperialismo sabe que los yacimientos mineralógicos y de hidrocarburos deben estar en poder de las corporaciones trans­nacionales controladas por el capital financiero norteamericano, o por empresas privadas de bo­livianos asociados o vinculados con las primeras, en una relación de franca o encubierta dependen­cia financiera o comercial. ¿Cómo hacer posible que el proceso de reversión de las riquezas nacio­nales al patrimonio del. Estado, empujado por la toma de conciencia y la movilización de la clase trabajadora y las organizaciones populares, se detengan e inicie el retroceso hacia la desnacio­nalización de la economía nacional?

Fundamentalmente, reponiendo en el poder a las fuerzas políticas representativas de la burgue­sía industrial, comercial, agraria y bancaria. Y para esto, movilizando la “ayuda económica” que adquiere las formas más diversas e ingeniosas. Desde la modesta suma destinada a la mercena- rización de aquellos que deben abrir a tiros las puertas del Palacio de Gobierno y franquear el -paso de los gerentes al poder, hasta el financia- miento internacional de un desarrollo capitalista afianzador de la dependencia y destinado al incre­mento y control de las exportaciones de recursos no renovables y materias primas sin elaboración industrial, pasando por el periódico subsidio para el equilibrio de un presupuesto fiscal crónicamen­te deficitario.

Un ligero análisis de la estructura del crédi­to y la inversión para el financiamiento del de­sarrollo de la industria minerometalúrgica, nos ofrece una prueba irrecusable de que la "ayuda

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económica” que el gobierno de los Estados Uni­dos administra a través de sus agencias guber­namentales, de las instituciones de crédito inter­nacionales, incluidas las entidades bancarias de las que el Estado prestatario es miembro y, fi­nalmente, por medio de las corporaciones trans­nacionales, es el factor determinante del proceso de desnacionalización económica del país.

En los primeros doce meses de administra­ción de la Dictadura oligárquico fascista se han gestionado, formalizado o desembolsado, créditos e inversiones por una suma que sobrepasa los 190 millones de dólares, con destino exclusivo a la actividad minera. Esta cantidad, equivalente al 40 % del saldo total de la deuda externa con­traída por el país en todas las administraciones pasadas, muestra por sí sola la orientación de un financiamiento que sigue con infalible olfato la ruta trazada por la Ley de Inversiones. Pero la inquietante magnitud dél endeudamiento con un solo destino industrial-extractivo, inocultablemen­te desproporcionado aun para un país de condi­ción tradicionalmente monoexportadora de mi­nerales, muestra menos de lo que revela su es­tructura interna.¿En qué proporción de este cuantioso finan­ciamiento participan la minería estatal y la pri­vada? El 96 % está destinado a la privada, y el 4 °,i> a la estatal. La rotundidad de estos indica­dores debería eximimos de mayores indagacio­nes. Sin embargo, hay bastante más que decir. ¿Cómo se descompone ese 4 °'o destinado a la mi­nería del Estado, desde el punto de vista del ori­gen y el destino de los u$s 7.5 millones que re­presenta? El 80 °/o corresponde al crédito de la URSS destinado a la instalación de hornos de volatización de concentrados de estaño (u$s 6 mi­llones); u$s 918.000, provienen de un crédito in­54

glés para proyectos de lixiviación de cobre y con­centración de estaño; ufs 400.000 se originan en un crédito de la Corporación Andina de Fomento para el estudio de un, proyecto de fundición de antimonio; y el saldo, u$s 230.000, a la suma que recibió COMIBOL de un Plan de Emergencia de la Presidencia de la República financiado por el gobierno de los EE. UU. ¡Doscientos treinta mil dólares para la COMIBOL! Esta es la medida del interés que el fomento de la industria minera del Estado suscita en los planes de "ayuda económi­ca" norteamericana.

En cuanto a los casi ú$s 183 millones ges­tionados a favor de la actividad minera privada, el 77 °/o (u$s 140 millones) está destinado al fi- nanciamiento de las Sociedades Mixtas que, en el proceso de desnacionalización previsto por la Ley de Inversiones, formarán las empresas pri­vadas extranjeras a expensas del patrimonio es­tatal. Así, para desnacionalizar el Mutún (u$s 30 millones), las "colas” y "desmontes” (u$s 10 mi­llones), o los yacimientos de María Luisa, Cobre- cilios, Muancané, San Antonio de Lípez, etc. (u$s 100 millones), para todo ello, hay un total de u$s 140 millones. Para prolongar la agonía bu­rocrática de COMIBOL, hay u$s 230.000.

Hasta aquí hemos hablado de la minería pri­vada, sin discriminar todavía entre la mediana y la pequeña. La MM, cuyos personeros, en la Dictadura muestran una temible intransigencia ideológica, se muestran en cambio, a la hora del aprovechamiento de los créditos, con una incom­parable tolerancia y abogan por el pluralismo ideológico, siempre que éste se traduzca en dine­ro. Ya se han apresurado a comprometer en su favor ufs 3 millones del crédito global otorgado por la URSS antes del establecimiento de la Dic­tadura.

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Desde el 21 de agosto pasado, la MM ya ha comprometido créditos por una suma de u$s 13 millones, cantidad que ese mal administrador e insolvente empresario que es el Estado, tiene que avalar para que el genio administrador de la MM la reproduzca en provecho suyo.¿Qué queda, en verdad, en poder de cada una de las partes a las que tocan esos millones que los EE. UU. prometen y la reiteración perio­dística multiplica y prolonga en sus efectos pu­blicitarios? De aproximadamente u$s 179 millo­nes, son u$s 166 millones los que quedan en ma­nos de empresas norteamericanas; u$s 13 millo­nes en poder de la Minería Mediana que, en bue­na parte, es norteamericana; u$s 230.000 para la COMIBOL; y nada, absolutamente nada para los2.000 mineros chicos y los 20.000 cooperativistas. Se comprende por qué el símbolo de esa extraña Alian/a para el Progreso muestra dos manos igua­les. Es que las dos son del imperialismo. Una de elals recibe, desde la neocolonia, lo que la otra da desde la metrópoli.

La burguesía minera nativa tiene en el finan- ciamiento internacional una herramienta tan po­derosa y dúctil que, si bien no le permite capita­lizar sino una parte exigua de aquella, que con su entusiasta respaldo hace posible la descapita- lización del país todo, le sirve en cambio para desmontar toda la estructura jurídico-institucio- nal e impositiva que ofrece el estrecho marco de defensa legal dentro del cual la minería estatal se bate en retirada desde el día siguiente de su constitución. Un buen ejemplo de ello nos lo da el Banco Mundial que condiciona el otorgamiento de sus créditos mineros, entre otras cosas, a la reorganización del Banco Minero de Bolivia (BAMIN). No se trata, sin embargo, de la preo­cupación que el prestamista tiene por la solven­56

cia del prestatario o por la idoneidad de la em­presa administradora del crédito. La insolente exigencia que la dictadura recibe con simpatía y acata con obsecuencia, propone nada menos que la conversión del BAMIN en una agencia de cré­dito intermediaria que, por el sector al que se destinan los préstamos y al que se entrega su administración, la Minería Mediana, debe pasar inadvertidamente del área estatal a la privada.

Por decreto que presenté y, no sin vencer serios obstáculos, fue aprobado hace tres años, se estableció el monopolio estatal del comercio exterior de nuestros minerales, por intermedio del BAMIN. Esta medida fundamenta], dada la estructura de nuestro comercio exterior derivada del carácter monoproductor del país, contraria­ba los intereses de la Minería Mediana y los de las casas rescatadoras vinculadas a ella y depen­dientes de los consorcios financieros que contro­lan el comercio internacional de los minerales. Por ello, su adopción fue presentada por los dam­nificados no como una disposición inconveniente para ellos, sino imposible para el país. Como la metalurgia del estaño convertida en alquimia me­dieval, como la leyenda del Mutún, también el conocimiento de la comercialización de los mine­rales en un país que hace un siglo y medio vive justamente a pesar de su comercialización pri­vada, fue convertido por la Minería Mediana en una ciencia oculta. Los iniciados en este conoci­miento hermético, aquellos que durante ciento cincuenta años nos asombraron con la proeza de vender algo tan exótico e invendible como nues­tros minerales, no se avenían a compartir la glo­ria de esta sapiencia exclusiva con una entidad estatal de fomento como el BAMIN.

¿Cómo devolver la compraventa de minera­les a los rescatadores que mediante el empleo de

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una teletipo y un idioma cabalístico hacen posi­ble la realización económica de este pueblo que, sin su ayuda, no sería más que una multitud de topos que extraen de la tierra y acumulan sin sentido algo que nadie quiere comprar? El Banco Mundial tiene la solución y ya la ha formulado como una exigencia perentoria: debe eliminarse la División de Comercialización del BAMIN, y reducir las funciones de este banco a las de una mera intermediación en la concesión de los cré­ditos que la Minería Mediana se otorgará a sí misma. Para que esto último sea posible, el Ban­co Mundial ya consiguió la aprobación de la Resolución número 158.680 que, en octubre de 1971, eliminó al delegado alterno de los 22.000 mineros chicos y cooperativistas en el Directorio del BAMIN. El sentido de esta eliminación se hace patente si se advierte que son justamente los mineros chicos y los cooperativistas los que en la práctica se mantienen obligados a la venta al BAMIN de su pequeña producción, pues la MM burla el decreto antes referido mediante el pago de una participación irrisoria que le per­mite seguir practicando esa suerte de prestidigi- tación comercial.

¿Qué hacer con la comercialización de mine­rales? Declarar que ésta es libre para las vein­tidós empresas y las casas rescatadoras, pero no para los veintidós mil pequeños productores que como deudores de créditos otorgados a una tasa de interés prohibitivo, pueden pasar a depender de COMIBOL. La derogatoria del decreto que estableció el monopolio estatal de la comerciali­zación exterior de nuestros minerales, restituye a la Minería Mediana y a las casas rescatadoras el control imperialista del comercio interno y externo de una producción minera que, por su composición y su volumen, adquiere un carácter

decisivo en la economía nacional. Con esta me­dida se intenta transferir a COMIBOL todo el pasivo de BAMIN, incluidas obligaciones socia­les y acreencias incobrables o de difícil cobran­za; pasar a sus planillas todo el- personal consi­derado excedente y, finalmente, poner al servicio de la MM no un banco de fomento de la minería pequeña, mucho menos de comercialización mi­nera, sino una saneada agencia de crédito pro­motora de la libre empresa. Nuevamente la pro­ducción minera de 22.000 mineros chicos caerá en manos de las casas rescatadoras; el crédito de fomento no llegará a manos de ellos porque la única garantía que éstos podían ofrecer era la de su producción; una parte apreciable del volumen de producción que COMIBOL exhibe anualmente pero que se origina en la compra de mineral a los pequeños productores, será desviada hacia las casas rescatadoras; y, naturalmente, la pro­ducción estañífera de la minería mediana comen­zará a burlar la disposición que le obliga a su­ministrar una parte proporcional de los requeri­mientos de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF).

Si la promesa de ún financiamiento interna­cional de la minería está condicionada a la rec­tificación de la política minera nacional, ,en el sentido de los objetivos del imperialismo, com­petido como está por una creciente necesidad de recursos minerales demandados por su propio desarrollo industrial, debe comenzar por servir a la distorsión de nuestra política metalúrgica e impedir que la transformación industrial de nues­tros minerales se dé en nuestro país. Esta es la razón por la que el Banco Mundial negó tra­dicionalmente toda asistencia económica para los inconclusos proyectos metalúrgicos del Estado, y ésta es la explicación de por qué priva de barri-

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lia de estaño a la ENAF, mediante la anulación del monopolio estatal sobre el comercio exterior de los minerales. ¿Qué interés puede tener p ú a la burguesía minera que Bolivia se sustraiga de la dependencia ruinosa de un solo mercado para la fundición de su barrilla? ¿Qué interés puede tener para ella el que Bolivia disminuya su vul­nerabilidad externa y logre exportar estaño me­tálico a diez países* en un solo año, por un valor superior en veinte veces a la suma lograda por la totalidad de nuestras exportaciones manufactu­reras? Lo importante para ella es que el Ministe­rio de Industria y Comercio pueda exhibir con orgullo la colocación, en China Nacionalista, de algunas cajas de whisky importado, envasado y reexportado.

Si ENAF obtuviera el financiamiento de la segunda y tercera fases de su plan de fundición estañífera y elevara la capacidad instalada que actualmente le permite una producción exporta­ble por valor de u$s 23.5 millones anuales, para lo que requiere una inversión de no más de u$s 15 millones (pues, gran parte de 1a infraestruc­tura industrial es común a las tres fases), la Mi­nería Mediana se vería obligada a entregar toda su producción a la fundición del Estado y per­dería el control sobre su comercialización. Por eso el imperialismo y la dictadura privada coin­ciden en que, no habiendo podido impedir el es­tablecimiento de ENAF, no deben permitir que su capacidad de fundición comprometa más del 25 % de la producción nacional de estaño. (ENAF funde 7.500 toneladas-año y 800 toneladas de aleaciones). Así, las fundiciones ultramarinas po­drán disponer del 75 % y la Minería Mediana tendrá ocasión de seguir vendiendo, en dólares al exterior y no en pesos bolivianos a ENAF, no sólo lo que ella produce, sino lo que los 22.00060

mineros chicos qu&TOO tienen- teletipo le entre­gan en las condiciones que ellas imponga»;* í f Desnacionalizad© el Mtítún, las “colas” y “desmontes”, los diez yacimientos prometidos a la UNI, segregada “Matilde” y comprometida to­da su rentabilidad en el pago de una indemniza­ción fraudulenta, derogados los decretos que es­tablecieron el monopolio estatal de la fundición y la comercialización exterior de los minerales, liquidado el BAMlN, sentenciada ENAF a una existencia limitada, cerrados los canales de fi- nanciamiento para la prospección y explotación minera estatal, ¿qué resta por hacer con ese trá­gico símbolo de la nacionalización de las minas que es la COMIBOL? Queda por levantar las reservas mineras fiscales y entregar todas esas áreas á su explotación por el capital financiero internacional. Ya lo han pedido los interesados y la dictadura los ha complacido mediante la modificación del Código de Minería.

Ahora sí que el casco viejo de COMIBOL co­mienza a crujir bajo el insoportable peso de la política minera de la Dictadura. En los agotados yacimientos hurgan desesperadamente miles de trabajadores que deben redoblar sus esfuerzos para compensar la constante disminución de la rentabilidad de sus empresas y el decreciente po­der adquisitivo de un salario verticalmente redu­cido por decreto. Entre las dos formas de cruel escamoteo d d fruto de su sacrificio, el mismo obrero que hace veinte años cediera parte de su salario para la instalación de una fundición de estaño para las minas que su heroica interven­ción revolucionaria recuperó para la nación, ve cómo la Dictadura expropia el patrimonio minero nacional por causa de necesidad y utilidad pri­vada extranjera. Sí lá suerte del proletariado mi­nero, es la de la nadónproletarizada, el triunfo

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de la clase trabajadora será el de la nación li­berada.A seis meses de su constitución y respaldada por el mismo partido que en 1956 procedió a la

aprobación del Código Davenport, la Dictadura ha resuelto la segunda desnacionalización de nues­tros hidrocarburos. La primera se operó por me­dio de aquel código redactado por los abogados de las empresas norteamericanas beneficiarías del mismo, cuyos servicios profesionales fueron pagados con parte de la “ayuda americana" a Bolivia, código elevado a rango de Ley de la Re­pública por el Parlamento de un gobierno pe­queño burgués, en proceso de claudicación frente al imperialismo y a la burguesía. Esta segunda desnacionalización se ejecuta por la conversión en decreto de un documento redactado con an­terioridad al 21 de agosto, como parte substan­cial de las medidas económicas que los protago­nistas del golpe fascista se comprometieron a sancionar. Ya lo dijo el gerente general de YPFB, dos semanas después del golpe: “La empresa (YPFB), con sus propios recursos, no está ca­pacitada para llevar adelante los proyectos pe­troleros. Consorcios y compañías extranjeras se­rán invitadas a licitaciones internacionales para invertir sus capitales. Estas inversiones se las di­rigirá a las áreas potencialmente aptas para la explotación petrolífera. Los inversionistas priva­dos podrán invertir capitales, sólo conociendo las probabilidades de ganancia o pérdida. Desde luego, los capitales que vengan al país estarán sujetos a un trato especial". ("Red carpet", lla­man a este trato los norteamericanos).

Las dos desnacionalizaciones se operan bajo la ficción de una misma inspiración política: el nacionalismo; ambas comprometen al mismo par­tido en la responsabilidad político administrati­62

va: el MNR; las dos son determinadas po*; una misma clase en ejercicio real del poder: la ‘bur­guesía; ambas, se ejecutan por imposición y en servicio de un mismo interés: el imperialismo norteamericano.Con la ampulosa denominación de Ley Ge­neral de Hidrocarburos, la Dictadura ha impues­to al país una disposición más cínica que inge­niosa, destinada a desnacionalizar el petróleo en nombre de la vigorización de Yacimientos Petro­líferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dicha ley se funda, aparte de la consabida argumentación de la carencia de ahorro interno común a todas las disposiciones desnacionalizadoras, en la argucia que se designa como la necesidad de llenar con la nueva norma un "vacío legislativo”. Este va­cío insoportable para la dictadura es el mismo que asfixiaba a la Gulf en los días que mediaron entre la derogación del Código Davenport y la nacionalización del petróleo (26 de septiembre al 17 de octubre de 1969). Cuando presenté y ob­tuve la aprobación de los dos decretos respecti­vos, en circunstancias particularmente difíciles, hasta hoy desconocidas y a las que me referiré en otra ocasión, sostuve que cualquier norma re­guladora de la inversión de capital privado inter­nacional en la explotación de nuestros hidrocar­buros, por ventajosa que pareciera en los térmi­nos de participación estatal, equivaldría a la des­nacionalización del petróleo y que, por tanto, era no sólo innecesaria, sino incompatible con el principio de la independencia económica nacional.

Ni la Dictadura ni la Gulf pueden imaginar un país sin una disposición legal que permita la intervención del capital financiero internacional en el aprovechamiento de nuestra riqueza petro­lera. ¿Cómo podría la Dictadura concebir su pro­pia existencia al margen del sometimiento eco*

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nómico del pais a los intereses del imperialismo, si es precisamente éste el precio que debe pagar por su origen y conservación?

La Ley de Desnacionalización del Petróleo comienza por repetir la ficción jurídica de la iná- lienabilidad e imprescriptibilidad del derecho es­tatal sobre nuestros hidrocarburos, aunque su condición de recursos no renovables ctínViérten la concesión de su usfructo en una forma dé transferencia objetiva del derecho dé propiedad sobre la parte explotada. Pero a continuación establece que todas las operaciones, fuesen dé exploración, explotación, transporte y comercia­lización que teóricamente estarían reservadas a YPFB, pueden ser desarrolladas por "terceros”, en nombre suyo. Estos "terceros” pueden ser, indistintamente, un particular’ boliviano o éx- tranjero, o una empresa privada o pública ex­tranjeras, "cuando así convenga al interés nació* nal", previsión que, dada la identificación dél interés nacional con el interés capitalista en qué la Dictadura cree dogmáticamente, anunciá qué el tercero podrá ser la Gulf Oi! Company, con ese u otro nombre, o PETROBRAS, la empresa estatal petrolera brasileña.

¿Cuándo y cómo entraría el "tercero” a ex­plotar el petróleo desnacionalizado "en nombre y representación de YPFB”? Cuando la Gulf o PETROBRAS, por ejemplo, reciban una conce­sión que la Ley de Hidrocarburos prefiere desig­nar con la traquilizadora denom i n a ^ de " e s ­trato de Operación", por un tiempo de 30 años. Siguiendo esta práctica dé cambiar los nombres que en propiedad sirven para designar el género de las relaciones jurídico-económicas, la Ley de Hidrocarburos prefiere llamar "aportes” a la in­versión que el "tercero" debe realizar en el área que se le conceda en exclusividad y nombrar "con­64

tratista” al concesionario que invierta "por su cuenta y riesgo”. La finalidad de esta nueva adulteración terminológica es dejar la impresión de que el "tercero" es un filántropo enternecido por la pasión desnacionaliza dora del coronel Ban- zer, dispuesto a gastar su dinero, sin la menor preocupación por recuperarlo, en la búsqueda casi quimérica de algo inencontrable. O que la dictadura es a tal punto celosa en la defensa de los intereses nacionales, que acepta la desnacio­nalización del petróleo pero a condición de que el "tercero” haga el favor de liberar al Estado de la obligación de resarcirle de inversiones impro­ductivas.Pero, la verdad es muy distinta. Y es que esta ley, inspirada por el Banco Mundial y la Gulf, servirá al retorno embozado de esta em­presa a la posesión de áreas que le son a tal pun­to conocidas que sus inversiones dejarán de ser de "riesgo”, y la p re ten d ía filantropía del anó­nimo "tercero” será, otra vez, un excelente nego­cio de la Gulf, y por treinta años. Esta ley desna- cionalizadora pretende introducir a la Gulf de contrabando. Como teme al patriótico control de los trabajadores de YPFB, la disfraza de un inofensivo especialista en operaciones que cobra­ría sus servicios solamente si encontrara petró­leo en el fondo de los pozos. Pero el disfraz se resiste a adaptarse a la anatomía empresarial monopólica de la Gulf. La Ley Desnacionaliza- dora explica la contradicción sosteniendo que, en realidad, más que un técnico en perforaciones, es un socio que en vez de ejecutar trabajos por contrato "aporta” todo el capital que se requie­re. Pero ocurre que la ley confiesa que el "ter­cero” no sólo "aportará" todo el capital reque­rido, sino también todas las instalaciones, los equipos, los materiales, el personal, la tecnolo­

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gía y, sobre todo, el control efectivo de la admi­nistración. Es entonces que, sorprendida en acto de contrabando, la Ley Desnacionalizadora en la que se combina la astucia altoperuana de los ocultos asesóles adiestrados en el oficio de mo­nederos falsos, con la grosera imposición del prestamista internacional usurario, comienza a referirse al "tercero’* como a un concesionario al que por razones explicables mantiene de in­cógnito.

¿Cómo recuperará sus inversiones el "terce­ro"? En esencia, del mismo modo que lo hacia la Gulf. Ella disponía de la producción que lo­graba en las áreas que le fueron entregadas en exclusividad. También el "tercero" podrá éxpor- tar libremente los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan por la explotación de las áreas que con carácter exclusivo se le concedan. ¿Qué género de obligaciones tendrá el "tercero" con el Estado? Básicamente, las mismas que te­nía la Gulf. La Gulf estaba obligada a vender a YPFB el petróleo que esta entidad requería para la atención proporcional de las necesidades in­ternas. También el "tercero" deberá hacerlo, pe­ro los pesos bolivianos que YPFB le pague por su petróleo, podrán ser cambiados por dólares de libre disponibilidad. Esta facultad concedida al "tercero” no sólo ratifica el derecho dé propie­dad efectiva que sobre el petróleo se reconoce en su favor, sino que obliga a que el Estado in­vierta sus escasas divisas en la compra de lo que es suyo. La compra en dólares que el Estado hará de su petróleo es una operación comercial tan original como la de importar algo que el pro­pio país produce, a menos que se reconozca en beneficio del "tercero" algo como el derecho de extraterritorialidad de que disfrutan solamente Jas sedes diplomáticas. La Gulf construía oleo-66

duelos para su .servicio con una inversión que YPFB debía pagarla (Sica Sica-Arica). También el “tercero” podrá financiar la construcción de oleoductos que usará prioritariamente para el transporte de^sus productos. (¿De qué otro mo­do podría llevarlos del pozo al puerto?), pero la obligación de pago recaerá en YPFB. La Gulf pagaba el 11 % de regalías departamentales. El "tercero” pagará lo mismo. La Gulf pagaba un impuesto sobre utilidades. El “tercero” pagará al Estado el 19 % sobre el valor del petróleo en boca de pozo. La cancelación de ese 30 % susti­tuye el pago de todo impuesto sobre utilidades y renta total. Ambas formas de tributación son iguales a las que pesan sobre la producción pro­pia de YPFB. Para que el trato que la Ley Des- nacionalizadora acuerda al monopolio extranje­ro y a la entidad fiscal del petróleo no sea tan formal y ostensiblemente igualitario, se establece un impuesto que el "tercero" deberá pagar a YPFB en petróleo y que la ley no determina ni en el monto ni en la forma de su aplicación, aun­que no por olvido. Deja a YPFB la facultad de negociar la cuantía y la modalidad de su percep­ción, sin que a este respecto le importe a la Dic­tadura ese vacío legislativo que, cuando se refie­re a una norma que haría posible la reanudación del saqueo del país, le produce una nostalgia in­tolerable.

Lo que sí consignan con precisión los auto­res de esta ley es la obligación que se impone a YPFB de pagar tanto el 11 % como el 19 % de regalía departamental y de impuesto nacional, respectivamente, sobre esa parte que recibiría del "tercero”. Sin duda que el Ministro de Ener­gía e Hidrocarburos tenía razón cuando frente a los miembros del "Bolivian North American Business Council” explicó que: "Uno de los prin­

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cipales objetivos de la Ley de Hidrocarburos es precisamente el de atraer y garantizar la utiliza­ción de capitales extranjeros”.

¿Cuál es la aparente innovación que esta ley ofrece respecto del régimen de concesión que es­tableció el Código Davenport, y que sirve a la confección de esta nueva piel de cordero que los monopolios petroleros se han echado al lomo pa­ra ocultar el colmillo? Son dos: el pago de los impuestos en hidrocarburos y la presunta irre- cuperabilidad de aquellas inversiones totalmente improductivas. Y ambas son formas distintas de engatusar a los ingenuos o dar coartadas a los picaros. Lo que realmente importa no es la na­turaleza física del medio de pago ("dinero o pe­tróleo”), sino el valor de aquello con que se paga. Y a este respecto, naturalmente, la ley vuelve a exhibir una contradictoria indiferencia por los vacíos legislativos. ¿Cuál es el precio en boca de pozo que el "tercero” deberá estimar para el pa­go de la parte que corresponda a YPFB como in­demnización periódica por la expropiación de sus hidrocarburos? La ley no pierde el tiempo en la mención de estas cosas superfluas. Habla vaga­mente de "volúmenes” que ya serán definidos entre el "tercero" e YPFB. No estamos, pues, ante un caso de pago en especies o trueque, sino ante un ardid capitalista. El aprovechamiento del petróleo sigue un ritmo ininterrumpido que se inicia en el flujo del subsuelo y sigue en el transporte y su comercialización internacional, y no es un producto que se preste a la entrega y devolución en canastas, como las papas. Por tanto, aquello de que el "tercero" entregará el petróleo que extraiga de su concesión, para lue­go recibirlo en devolución, previo descuento de la parte equivalente a la suma que deba por im­puestos, no pasa de ser una comedia ofensiva, ya68

no solamente para el conocimiento que los hom­bres de YPFB tienen dé la industria petrolífera, sino también para el simple sentido común.

En cuanto a aquello de que el concesionario fuera a invertir capitales que no podría recupe­rar sino encontrando hidrocarburos, es un modo desvergonzado de decir que gracias a esta ley el Estado habrá conquistado el extraordinario pri­vilegio de incumplir una obligación universal de resarcimiento por daños y perjuicios. Y esto ya es demasiado. El Código Davenport del que esta ley intenta diferenciarse formalmente aunque re­produciendo lo esencial de sus disposiciones, per­mitía exactamente lo mismo. En aplicación de ese Código derogado es que once compañías ex­tranjeras, nueve de las cuales eran norteameri­canas, invirtieron sin resultado en la exploración de nueve millones de hectáreas y se fueron del país sin pretender, ni siquiera del gobierno de entonces, la recuperación de sus inversiones por otra vía que no fuera la de encontrar petróleo. Se dirá que la innovación a este respecto comien­za a ser válida a partir del momento en que el concesionario encuentre petróleo, porque ella le impediría la recuperación de sus inversiones fa­llidas. Pero es que esta increíble granjeria que hace diez y seis años las compañías norteameri­canas se dieron a sí mismas, no es admitida, hace mucho tiempo, por ningún país que libera sus reservas de hidrocarburos a la explotación privada. Por lo demás, su aplicación es imposi­ble, aun desde el punto de vista técnico, en otro sistema de participación estatal que no sea so­bre un margen de utilidad imponible, lo que re­sulta de la definición de un costo al que se incor­poraría la deducción correspondiente a !a amor­tización de las inversiones anteriores no repro­ductivas. Y éste, no es el caso.

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Es a todo esto que la Ley Desnacional iza- dora llama "Contrato de Operaciones", deno­minación sospechosamente semejante a aquella “Operación Conjunta" que la Gulf ideó en 1967, como señuelo para obtener la concesión de me­dio millón de hectáreas en el altiplano, con la promesa de otorgar al Estado un trato apenas menos abusivo que el que aseguraba el Código Davenport.

La ley dispone que YPFB intervenga, sin que se sepa en qué proporción, en la integración de una Junta de Control qúe cumplirá la función de supervisar la ejecución de los trabajos. En esta participación casi simbólica se refugia la preterida institución petrolera del Estado para dar algún viso de verdad a la patraña aquella del Contrato de Operaciones. Pero si YPFB es objeto de una expropiación del patrimonio pe­trolero nacional entregado a su custodia el 17 de octubre de 1969, su situación burocrática es me­nos desmedrada que la del Ministerio de Hidro­carburos, despacho al que la ley de su creación le asignó la tuición de la entidad fiscal del pe­tróleo. YPFB puede decidir, sin participación del Poder Ejecutivo y con absoluta prescindencia del Ministerio de Hidrocarburos, de la idoneidad dé los "terceros”, de la concesión de áreas «de explotación y de todos los términos del contrato, incluida la magnitud y la modalidad de la parti­cipación estatal.

Como se ve, ,el Estado pierde atribuciones legislativas en favor de la autarquía, y ésta pier­de su patrimonio petrolero en favor de "terce­ros”. ¿Y el Poder Ejecutivo? A él le está reser­vada la honrosa y difícil tarea de levar un regis­tro de los contratistas, en el despacho de Hidro­carburos. A juzgar por el número de "terceros" que cederán al espíritu desnacionalizador de esta70

ley. será una tarea muy fatigosa. Es claro que él "tercero" tiene más autoridad que el Estado, pues puede expropiar terrenos de particulares. Aquí, la facultad legislativa del Estado pasa di­rectamente a la empresa privada extranjera. Y en este proceso de suplantación interminable, el Estado mismo queda reducido al Poder Ejecuti­vo, pues n inguna de las instancias, absolutamen­te n in gu n a, requiere del conocimiento de algún poder representativo de la voluntad popular que los gerentes y los generales han resuelto, siguien­do su mania persecutoria, expulsar de sus in­termitentes fervores legalistas. ¿Cómo poner en duda la afirmación del Ministerio de Hidrocar­buros de la dictadura, a tiempo de presentar esta Ley Desnacionalizadora?: "La característica prin­cipal de la nueva Ley de Hidrocarburos es que está basada en principios netamente naciona­listas".Sin embargo, no hay por qué creer en una hipertrofia de YPFB que halaga un sentimiento patriótico general, adormece de satisfacción a técnicos desaprensivos de esa entidad, y sirve de coartada a los que desde dentro de la autarquía del petróleo se han comprometido con su liqui­dación. Estas engañosas concesiones al incre­mento de la capacidad de negociación y de la autonomía burocrática de YPFB, en detrimento del poder del Estado, no son más que modos de cebar la trampa en que caerá todo el patrimonio de YPFB y ,con él, el de hidrocarburos de toda la nación. Porque esta ley nos tiene reservada una última sorpresa.Siguiendo la ruta trazada por la Ley-Ganzúa, como un anexo interpretativo suyo, la Ley auto­riza la formación de Sociedades Mixtas a costa del activo de YPFB, para la "...ejecución de proyectos industriales y de refinación de produc­

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tos destinados a la exportación". Después de es­tablecer .de este modo categórico Ja desnaciona­lización, no ya solamente de las reservas de hi- drocarburos, sino de toda la actividad industrial (incluida la producción de carburantes y lubri- cantes), que YPFB posee en la actualidad, y de la,. que debe desarrollar dentro de la petroquí­mica, en el marco del acuerdo subregional andi­no, la Ley se desentiende del asunto. Ni un solo artículo explicatorio, ni una sola mención más, nada que oriente sobre la manera cómo se con­sumará la desnacionalización integral de YPFB.

Aunque la Ley ya nos tiene acostumbrados a estas reaccione? contradictorias que la legisla­ción petrolera provoca en la Dictadura y que van de la repulsión a la ansiedad por el "vacío”, el entusiasmo que muestra por el silenciamiento de lo que concierne a la privatización de YPFB es excesivo y reclama una explicación. És que en la mente de sus redactores y para la secreta vo­luntad de la Dictadura, el artículo 13? que esta­blece la asociación mixta de YPFB con Gulf u otra compañía similar, no es más que una refe­rencia a la ley que norma la desnacionalización del petróleo, del gas, de las "colas" y "desmon­tes”, de ENAF, de COMIBOL: la Ley-Ganzúa, la Ley de Inversiones.

Después de todo lo expuesto, conviene decir que tal vez el único aporte de la Dictadura a la redacción de la Ley de Hidrocarburos, sea la in­troducción de un artículo que la muestra más embargada por preocupaciones zoológicas y bo­tánicas que petroleras: “Art. 15 - j. - Adoptar las medidas adecuadas para la preservación de la fau­na y ño r a . . No es difícil reconocer en la pa­triótica defensa que los autores hacen de la fauna, la expresión de un respetable instinto de conservación. Veamos ahora qué resultados ten­72

drá para et país esta inqüietudpor preservar algunas reservas zoológicas, con absoluta des­preocupación por la defensa de nuestras reser­vas petroleras.Desnacionalizada la riqueza petrolífera y ga­sífera por medio de los Contratos de Operacio­nes; privatizado y desnacionalizado el patrimonio industrial de refinación y transformación petro­química, por medio de las Sociedades Mixtas, de­bemos preguntarnos si al menos YPFB podrá disponer de las reservas en actual explotación para asegurar la satisfacción de las necesidades internas del. país.Cualquier país que no soporte la ruinosa ad­ministración neocolonial que ejercita la dicta­dura empresarial de Bolivia, limita la explotación de sus hidrocarburos con el propósito de preser­var su existencia en cantidad suficiente ..para sa­tisfacer la demanda nacional durante un período de quince años. Claro está que esta regulación de la relación reservas-producción, por la que los países productores utilizan un barril de cada quince de que disponen, se establece tanto por medio de la restricción en la explotación como por el incremento de las reservas.

Las reservas de petróleo de que YPFB dispo­nía en sus doce campos, al primero de enero de 1969, eran de 40.560.000 barriles, y los de la Gulf, a la misma fecha, de 42.200.000 barri­les. Entre ambas empresas, las reservas suma­ban 82.760.000 barriles. La producción de 1969(14.757.000), la de 1970 (8.820.000), la de 1971(13.446.000), y la de 1972 (que sumará la canti­dad de 53.523.000 barriles que, restadas de los82.760.000 con que las dos empresas contaban al primero de enero de 1969, reducen las reservas de petróleo de Bolivia, al primero de enero de 1973, a la cantidad de 29.237.000 barriles.

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¿Cuál es la producción actual de petróleo? Entre las exportaciones al Brasil (12.000 barriles diarios); al Perú (7.000 barriles diarios); y a Chile (5.000 barriles diarios), todas ellas por el puerto de Arica; y las exportaciones a la Argen­tina (15.000 barriles diarios), nuestras ventas al exterior totalizan la cantidad de 39.000 barriles diarios. A ello hay que añadir la cantidad desti­nada al consumo nacional (13.000 barriles dia­rios), lo que totaliza la cantidad de 52.000 barri­les diarios o, lo que es lo mismo, de 19.000.000 de barriles al año. ¿Para cuánto tiempo alcanza­rán los 29.237.000 que quedan como reservas al primero de enero de 1973? Al ritmo de produc­ción señalado, para un año y medio. Bolivia ex­plota en dieciocho meses, lo que el gobierno dé cualquier país capitalista y no el administrador de un protectorado, explota en quince años.

¿Por qué? V enezuela, país cuya industria pe­trolera está controlada por los con sorcios petro­leros in ternacionales, pugna por aum entar la tri­butación petrolera en 100 °/o. La D ic ta d u r a de B oliv ia , país que hace tres años nacionalizó su p etróleo , lo devuelve a las em presas im peria listas y les libera de im p u estos. V enezuela, que expor­ta m illon es de barriles al día, porque cuenta con una de las m ayores reservas m undiales, resuelve d ism in u ir su producción en 15 °/o. La D ictadura de B oliv ia , país que tiene una m odesta reserva d e crudo, ha decid ido perm itir el agotam iento de sus recursos petroleros en un año y m edio.

Ante sem ejante situación y evidencia incon­trovertib le, la Dictadura fascista, fiel a su costum ­bre de escam otear la verdad, nos m uestra una reserva suplem entaria, la del "condensado”. Las reservas de "condensado" que G ulf tenía en sus c o n c e s io n e s revertidas al dom inio del E stado,74

en los campos de Colpa y Rio Grande, eran de125.000.000 de barriles. ¿Cuánto tiempo durará esta reserva de "condensado”? Al ritmo de explo­tación actual (52.000 barriles diarios) y sin con­siderar el incremento de 8 a 10 % anual que ex­perimenta el consumo interno, alcanzará para seis años y medio.

¿Qué es el “condensado"? La Dictadura ocul­ta al país la característica y la importancia eco­nómica de este hidrocarburo. Desde luego, su explotación para la obtención de petróleo es a tal punto antieconómica que prácticamente todos los países, entre ellos Venezuela, han prohibido esta forma de aprovechamiento. La razón es que por cada barril de "condensado” que se obtiene, se pierden 25.000 pies cúbico de gas. Si tenemos en cuenta el precio de 25 centavos de dólar los mil pies cúbicos de gas (es el precio mínimo vigente en el contrato de venta suscrito con Argentina), des­cribiremos que para producir un barril de petró­leo cuyo precio promedial vigente es de u$s 2,90 (entre los ufs 2,80 que rige para todas las expor­taciones sobre el Pacífico, y los ufs 3,00 fijados para las ventas a la Argentina), se perderán 25.000 pies cúbicos de gas con un precio de ufs 6,25. En conjunto y al término de la explotación de las reservas de "condensado" de los campos de Col­pa, Palmar y Río Grande, la operación de apro­vechamiento de su coiftenido de petróleo per­mitirá la obtención de ufs 362,5 millones (por la venta dé 125 millones de barriles al precio promedio de ufs 2,90), en vez de la suma de ufs781.250.000, que es el valor de los 3.125.000.000.000 de nies cúbicos de gas al precio de ufs 0,25 los mil pies cúbicos). Lo que significa la pérdida para el país de ufs 418.750.000 (cuatrocientos die­ciocho millones, setecientos cincuenta mil dóla­res), en el plazo de seis años y medio.

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¿ Por qué YPFfi destina una sufría importante de su magra economía (u js 3 m91ones)re¿tándola dé' las necesidades de Inversión en-exploraciones que incrementen, sus reservas, en lá ampliación de la producción de Río Grande con el-aumento consiguiente de seis mil barriles de "condensado” al día? ¿Por qué a partir del primero de setiem­bre de 1972 la explotación se ha incrementado en tres mil cien barriles diarios (un aumento equi­valente al diez por ciento respecto de la produc­ción del mes anterior), alcanzando al volumen mayor en los últimos treinta años?

Alguna explicación debe tener esta demencial política petrolera que en un año y medio agotará nuestras reservas de crudo y en seis años y me­dio liquidará nuestras reservas de "condensado", ocasionando la pérdida de una suma igual al pre­supuesto nacional de tres años; alguna finalidad debe tener la Dictadura para convertir a Bolivia, antes de ocho años, de país exportador en país importador de petróleo. ¿Es que el déficit acu­sado por el presupuesto fiscal y la perspectiva de un déficit igual o mayor para la próxima gestión, obligan a forzar la contribución de YPFB a la formación del presupuesto nacional? ¿O es que la incidencia de un aumento de nuestras exporta­ciones en la balanza comercial determina esta po­lítica?

No. La explicación es otra. Y para compren­derla en toda su significación, es preciso recordar los términos de un decreto al que seis días des­pués de ser aprobado califiqué como el "Acta de Transacción con la Gulf”. Me refiero al decreto de indemnización a la Gulf. Dicha disposición es­tableció el monto indem nizable en la suma de u$s 78.622.171,44 y resolvió que su cancelación se haría mediante el descuento del 19,5 % del valor bruto de todas las exportaciones de petróleo y gas76

originadas en las que fueron reservas de la Gulf, o en las de YPFB, en caso de que esta entidad resolviera la venta prioritaria del petróleo de sus propios yacimientos. Dicha disposición añadía que el plazo de amortización sería de veinte años, transcurridos los cuales cesaría todo pago a Gulf, aunque no se hubiera cancelado la totalidad de la indemnización. En el "Acta de Transacción con la Gulf” se demostró que dicho decreto fue re­dactado de modo de asegurar una más pronta indemnización a Gulf, por el procedimiento del descuento de un porcentaje fijo sobre una pro­ducción variable e ilimitada, lo que aseguraba el pago de la indemnización total en un máximo de ocho años y no en veinte.

Y esto es lo que confirma la realidad y, al mismo tiempo, explica la política de exportacio­nes intensivas e irracionales que la Dictadura im­pone por cuenta de la Gulf y con la complicidad de la administración superior de YPFB.

¿Cómo aplica la Dictadura y con qué resul­tados el decreto referido? Entre las exportacio­nes al Perú (7.000 ba. día), a Chile (5.000 ba. día), y al Brasil (12.000 ba. día), nuestras ventas por Arica alcanzan a 8.760.000 barriles anuales al pre­cio de u$s 2,82 el barril, con un valor total de u$s 24.703.200. Las exportaciones a la Argentina (15.000 ba. día), suman 5.475.000 barriles anuales al precio unitario de u$s 3,00 lo que totaliza una venta de u$s 16.425.000 al año. A las exportacio­nes de petróleo, hay que agregar las exporta­ciones de gas a la Argentina (54.750.000.000 de pies cúbicos anuales, al precio de u$s 0,25 centa­vos los mil pies cúbicos), las que arrojan la suma anual de ufs 14 millones. El total anual de las ventas de crudo y de gas es de ufs 55.128.200, su­ma de la que el 19,5 % (u |s 10.749.999), corres­ponde a la Gulf, en amortización anual de la suma

de u$s 78.622.171,44 determ inada, por el decreto de indem nización .

¿En cuánto tiem p o se pagará el tota l de la indem nización? Al ritm o de am ortización indica­do, en el p lazo de siete años. T iem po co in cid en te con el del agotam iento de nuestras reservas de p etró leo y de " con d en sad o”. ¿Por qué co in cid e e l p lazo de am ortización con el de agotam iento de nuestras reservas? Porque la G ulf calcu ló que el 19,5 % del va lor d e las reservas que ella con o­cía m uy b ien, eq u ivalían al m on to de la indem ni­zación que ex ig ió en pago. A B oliv ia le in teresa restringir su s exp ortacion es de petró leo para ase­gurar la satisfacción de las n ecesid ad es naciona­les por un p lazo n o m enor de qu ince años. Pero a la G ulf le in teresa recuperar su s inversiones en el *menor tiem p o p osib le y para e llo es necesario que nu estro p etró leo se agote en un año y m edio. Se hace lo que con vien e a la G ulf y lo que per­jud ica al país. A B oliv ia no le conviene la venta de con ten id o de petró leo que hay en su s reservas de " c o n d e n sa d o ”, porque pierde cu atrocientos m illon es de dólares. Pero a la G ulf le es im pres­cin d ib le que el " c o n d e n sa d o ’' se agote en se is añ os y m ed io para obtener un pronto pago de su indem nización . S e hace lo que interesa a la G ulf y perjudica al país.

En la cerem onia inaugural de las exportacio­nes de gas a la Argentina, el coronel Banzer con ­fiesa que: “El gasod u cto y las exportaciones de gas con stituyen hasta la fecha el proyecto indus­trial m ás grande acom etid o por nuestra nación durante su vida republicana". Y en el m ensaje del 6 de agosto añade: "El sector de H idrocarbu­ros ha adquirido en nuestra econom ía una im por­tancia sin paralelo en el curso de toda su h isto ­ria”. Am bos ju ic io s im plican el reconocim iento involuntario del in m en so b en eficio eco n ó m ico de­78

rivado de la Nacionalización del Petróleo. Lo que no impide que un secreto rencor político común a la burguesía antinacional y el sometimiento de la Dictadura de clase a los intereses del imperia­lismo, le dicte esta declaración: "Debe terminar la excesiva e irracional absorción por parte del Estado de muchas actividades económicas para las que no se encontraba capacitado, así como la indiscriminada nacionalización de actividades económicas de producción”. Y esta rendición de cuentas: “Mi gobierno se consagró a la tarea de restablecer el clima de confianza que exigía el país para atraer al inversionista extranjero y asociarlo a la riqueza natural de nuestro suelo".

Antes de la Nacionalización, la Gulf producía el 80 % del petróleo y YPFB solamente el 20 %. Pero como el consumo nacional era un 50 % ma­yor que la producción de YPFB, el mercado in­terno dependía de las ventas que en la misma proporción hacía Gulf a YPFB. Después de la Na­cionalización YPFB produce el 100 % del petró­leo nacional, satisface todas las necesidades inter­nas y es el único exportador de todo el excedente. Antes de la Nacionalización, Gulf poseía el 80 % de las reservas de petróleo, y YPFB solamente el 20 %. Las reservas que YPFB poseía antes de la Nacionalización se habrían agotado en siete años (antes de 1976). Las reservas de que dispone des­pués de la Nacionalización alcanzarían para trein­ta y cinco años de suministro nacional. Gulf po­seía el 90 % de las reservas de gas, y YPFB so­lamente el 10 % . Después de la Nacionalización YPFB posee el 100 % de las reservas de petróleo y de gas. Antes de la Nacionalización nuestro pe­tróleo tenía un solo mercado exterior privado: el de la propia Gulf y al precio determinado por ella misma. Después de la Nacionalización nues­tro petróleo tiene cuatro mercados exteriores es-

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tatales al precio definido por la cotización .inter­nacional en el área. Antes de la Nacionalización ía Gulf pagó al departamento de Santa Cruz, por concepto de regalías correspondientes a todos los años de su gestión, la cantidad total de u$s 5,4 millones, con un máximo anual de u$s 2,4 millo­nes; Después de la Nacionalización YPFB pagó a Santa Cruz, hasta el 31 de diciembre de 1972, la suma de u$s 8 millones. El próximo año pagará la cantidad de u$s 5 millones. En un solo año YPFB pagará a Santa Cruz una suma superior en 100 9ó a la pagada por la Gulf c igual a la que esa em presa canceló a ese departamento desde el princip io hasta el fin de su intervención en Bpli- via. Antes de la Nacionalización la Gulf tributa­ba, en tre las regalías departam entales y el im ­puesto nacional sobre u tilidades, la sum a m áxim a de uSs 6 m illon es anuales. Pero después lus re­cuperaba por }a venta anual de tres m illon es de barriles de p etró leo d estin ad os a YPFB. 'D espués de la N acionalización YPFB contribuyó, a pesar del boicot de la G ulf y la con sigu ien te dem ora en la in ic iación de las exp ortacion es de gas y la in­terrupción de las exp ortacion es de crudo, con una cantidad de uSs 20 m illon es. Antes de ía N acio­nalización la G ulf .canceló , por con cep to de im ­p u estos, un tota l de so lam en te u$s 11 m illon es corresp on dien te a todos lo s años de su gestión em presarial. En un so lo año, el próxim o de 1973, YPFB pagará im p u estos d epartam entales y nacio­nales por una su m a de u$s 18 m illon es. Antes de la N acionalización el aporte de la G ulf a la eco ­n om ía nacional se reducía al m áxim o de u js 6 m illon es de trib u tación anual. D espués de la’ N a­cionalización el ingreso bruto de YPFB sob rep asó los u$s 100 millones y, a partir del primero de enero de 1973, será de u$s 70 m illon es anuales. Antes de la Nacionalización las necesid ad es in ter­80

naS de petróleo, de gasolina, de kerosene, de lu­bricantes; las necesidades nacionales de gas para uso doméstico (licuado), para la generación,de energía termoeléctrica en Santa Cruz, para su aplicación en el desarrollo de los planes metalúr­gicos de ENAF, de la siderurgia del Mutún, de la petroquímica, todos dependían de las reservas controladas por la Gulf. La Nacionalización del Petróleo liberó al país de esta dependencia.

Es a este resultado al que la Dictadura y los plumarios de la burguesía antinacional se refie­ren como a una empresa altamente perjudicial a los intereses del país.

La Dictadura, por su naturaleza de apéndice policíaco burocrático de los intereses imperialis­tas que le dieron origen, está compelida a desan­dar el camino que el pueblo de Bolivia avanzó en procura de su indepedencia económica. Pero como los beneficios económicos derivados de la Nacio­nalización del Petróleo son inocultables, la Dicta­dura optó pór una desnacionalización indirecta que la protegiera dé las consecuencias políticas negativas de semejante determinación. Y esto es lo que ha hecho por medio de la Ley de Hidro­carburos y la política de exportaciones intensivas. Ambas medidas persiguen la pronta liquidación de YPFB y su reemplazo por el capital financiero internacional.

La Dictadura llama a licitación internacional para explotar a Bolivia. La Dictadura ha puesto en remate al país entero. Su astucia es tanta como su deshonestidad. Dejará en poder del Es­tado el casco viejo de COMIBOL y los más anti­guos campos de YPFB. Los exhaustos socavones de “Siglo xx” y los agotados yacimientos de Ca- miri nos recordarán dentro de poco, como hace tiempo líos lo recuerda el cerro de Potosí, la im­placable descapitalización de Bolivia colonizada.

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El ministro de Finanzas de la Dictadura ha declarado que la capacidad de endeudamiento ex­terno del país es equivalente al 20 ó 25 % del Producto Nacional Bruto (PNB), límite del que estaríamos muy lejos; que nuestra capacidad de pago nos permite hacer frente a amortizaciones anuales de hasta u$s 50 millones; y que, final­mente, no recuerda el monto al que ascendía la deuda externa del país al 31 de diciembre de 1971, auque cree que era de aproximadamente u$s 500 millones. Es admirable, pero de las tres aprecia­ciones, el ministro acertó solamente en la confe­sión última de su mala memoria. En efecto, el total de la deuda externa al 31/12/71, fue de u$s 601,2 millones. Sin duda que la Dictadura en- eontró el partido adecuado y el partido halló al hombre recomendable para ejecutar la política económica que convenía al imperialismo. El MNR siente por la inflación monetaria tanta indiferen­cia como su ministro de Finanzas exhibe por la veracidad y la congruencia de la política finan­ciera de que es responsable.

Pero la diferencia de cien millones de dólares en la estimación de la deuda externa, es nada más que un aspecto del equívoco integral de sus aser­ciones y, ciertamente, el menos perjudicial. Lo que realmente preocupa es su manifiesta inclina­ción por el endeudamiento. El PNB del país as­ciende en 1972 a los mil millones de dólares. En consecuencia, siguiendo al ministro, el país podría contraer deudas hasta el límite de doscientos a doscientos cincuenta millones de dólares. Pero ocurre que al 31/12/71 ya debía u$s 601,2 millo­nes, es decir, casi tres veces la cantidad fijada como máxima y equivalente al 60 % del PNB. No estamos, pues, “muy por debajo”, sino muy por encima del margen final de endeudamiento seña­lado. Respecto de la capacidad de pago del país,82

el ministro afirma que podemos hacer frente a amortizaciones anuales de hasta u$s 50 millnnft«; También esta vez la mala memoria no le permite reparar en que el índice de amortización anual ha sido en la gestión pasada de u$s 21,4 millones. ¿Es que estamos frente a un nuevo "milagro”, esta vez no económico sino puramente financiero, por el que, contrastando con el reclamo de los países pobres que se unen en la exigencia angus­tiosa de un refmandamiento global de la deuda externa cuya asistencia com prom ete una parte excesiva de sus presupuestos nacionales y de sus disponibilidades de divisas, la dictadura de Boli- via nos deslumbra con el anuncio de que tiene una capacidad de pago ociosa y que, por tanto, estaría en condiciones de contraer nuevas obliga­ciones hasta por un 140 % de las que ya tiene?

Para seguir el pensamiento del ministro, el país estaría en condiciones de endeudarse en una suma superior al PNB. Y lo dice el gobierno cuya situación financiera es a tal punto comprometida que a los seis meses de iniciada su gestión pidió diferir el pago de la deuda pública externa; lo di­ce el gobierno que ni siquiera puede lograr el desembolso de créditos ya aprobados, por incum­plimiento en el pago de los aportes gubernamen­tales; lo dicé el gobierno que a la asistencia de la deuda externa e interna debe destinar el 20 % del presupuesto de 1972.

Un análisis del incremento de la deuda exter­na bajo la administración de la dictadura, nos mostrará que más que frente a¿m caso de aluci­nación, estamos en presencia de una racionaliza­ción o explicación "a posteriori”, de una política irresponsable ya consumada. Durante los prime­ros doce meses de administración pro-imperia- lista, la Dictadura ha obtenido la aprobación de créditos por un monto superior a los u$s 130 mi-

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Uones y extendido solicitudes formales por un total de u$s 306 millones adicionales, lo que hace un total de aproximadamente u$s 436 millones, sin contar no pocos créditos de proveedores, ban­ca privada extranjera y otros. En un solo año la Dictadura ha resuelto elevar la deuda externa del país en una suma equivalente al 75 % del total acumulado en los últimos treinta años (1942/72). El crecimiento anual de la deuda externa durante los últimos nueve años fue de un promedio de ufs 44,7 millones. En un solo año de adminis­tración fascista, se contraen obligaciones por ufs 130 millones.

El pueblo de Bólivia se pregunta si estos cré­ditos servirán al mejoramiento de sus condicio­nes de vida; se pregunta, sencillamente, si estas deudas que la Dictadura contrae en su nombre lo tienen en cuenta como al futuro partícipe de la riqueza que su inversión contribuiría a generar, o solamente como al deudor involuntario que de­berá resignarse a peores condiciones de vida para am ortizarlas. La respuesta surge de un ligero análisis de la estructura del crédito.

En el inicio de la asistencia económica que a través de la dictadura fascista el gobierno de los EE. UU. presta a las corporaciones norteamerica­nas, a costa del trabajo de los bolivianos y a ex­pensas *de la riqueza nacional, hay una e* na alegórica de toda la política crediticia ejecuta­da bajo el nombre de "Ayuda Americana”. Es aquella que se desarrolla la mañana del 24 de agosto de 1971, cuando el embajador Siracusa en­trega al coronel Banzer .un donativo de dos millo­nes de dólares. Todavía no se han recogido todos los cadáveres, aún se escucha el tableteo de las ametralladoras y no ha cesado el vuelo de los ca­zas sobre la Universidad, pero el cheque llega a manos de un gobierno al que todavía no se ha84

reconocido. Tres semanas después llegan doce millones de dólares. Tres meses después llegan cinco millones en armas y pertrechos de guerra y represión. Un año después la "ayuda" sobrepasa los cincuenta millones de dólares. Todo lo cual hace exclamar a USAID que: "Nuestra ayuda a los bolivianos es mayor que la que damos a los países africanos”. Naturalmente. En Africa los EE. UU. pretenden reemplazar al colonialismo europeo. En América latina deben financiar la represión continental para preservar el régimen neocolonial que controlan.

El promedio de "ayuda” americana en los úl­timos treinta años fue de u$s 14 millones anuales. En el primer año de la Dictadura fue de u$s 55 millones, lo que equivale a un aumento del 400%. Esta suma corresponde al 11 % del total otorga­do por el gobierno norteamericano, a través de su Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), a todos los países de América Latina y, de hecho, es muy superior a la entregada al Brasil.

¿Cuál es la composición y la característica de esta asistencia económica? Bajo la Común de­nominación de "ayuda” se mezclan todas aquellas sumas entregadas en calidad de créditos y de do­nativos. Así, globalmente considerados como una "cooperación” del gobierno norteamericano al de Bolivia, donativos como las armas y pertrechos represivos o los gastos de asistencia ‘‘técnica’’ a los servicios policiales, sirven para que el prés­tamo de cincuenta millones de dólares adquiera el carácter aparente de un obsequio, lo que se aprovecha publicitariamente para mostrar como menos indigna la obsecuencia de la Dictadura y ofrecer a la burguesía nativa el asidero para su prédica de la inviabilidad histórica de Bolivia al margen de la "caridad” de los EE. UU. La asis­tencia económica otorgada a Bolivia por el go-

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biemo norteamericano a través de USAID, tuvo y tiene, ahora en mayor medida, el carácter de un periódico soborno presupuestado para compro­meter a los gobiernos, las instituciones y las per­sonas de los que éstos dependen. Como "sopor­te” del deficitario presupuesto nacional, como préstamo de emergencia para el pago de sueldos y salarios en una empresa descentralizada; como financiamiento de insignificantes obras públicas propagandísticas; como avituallamiento y dota­ción de armamento y material bélico a las FF. AA. y como asistencia técnica a los organismos poli­ciales; como entrega de harina bajo las prescrip­ciones de la Ley 480 y la formación de los fondos de contrapartida: como presupuestos reservados de algunos Ministerios; como asistencia económi­ca a las organizaciones laborales, educacionales, a las comunidades campesinas, a los asentamien­tos de los colonizadores; o, simplemente, como gratificación económica directa a los más altos funcionarios del Estado. Con todos estos desti­nos, la "ayuda” americana ha sido empleada para corromper la moral funcionaría, para obtener la aprobación de disposiciones legales, desde Reso­luciones Ministeriales hasta Leyes de la Repúbli­ca, contrarias al interés nacional; para la distor­sión de políticas tributarias; para la definición del régimen de salarios; para la determinación de la política económica e internacional del país; para la penetración ideológica y el control de las FF. AA.; para la dirección efectiva del gobierno interior y el control de los mecanismos de repre­sión política y social; para la infiltración corrup­tora en el seno de las organizaciones campesinas y laborales. Ahí están las pruebas: el Código Da- venport y la Ley de Hidrocarburos; el Decreto 06556, que entregó el monopolio del comercio ex­terior de Bolivia a los EE. UU.; ahí están los con­86

tratos de construcciones públicas, los de provi­sión de materiales o los de asistencia técnica; ahí está el Plan Triangular que decretó el despido ma­sivo de trabajadores y la reducción de los salarios de los que quedaban; ahí está la Ley de Inversio- siones; ahí está la devaluación de la moneda; la confesión y las declaraciones judiciales de ex mi­nistros que sirvieron a la CIA; ahí están los téc­nicos de Seguridad Pública, los asesores milita­res, los cursos en Panamá, la presencia de la ORIT, de los Cuerpos de Paz; ahí están las cuen­tas reservadas formadas en los fondos de contra­partida.

La s u m í entregada por USAID en lo s ú ltim os treinta años, destinada a lo qu e se den om in a S e­guridad Pública, A dm inistración y A suntos Labó­rales, que son tres ítem d istin to s pero una so la form a de sob orno y d e con tro l p o lic ía co p o lítico d e parte del aparato esta ta l, e s cuatro veces su­perior a la destinada para Salud Pública, por ejem plo, y d os vcees m ayor que la d estinada para E ducación , pero encubierta en la denom inación genérica de A sistencia T écnica para el D esarrollo.

¿Cóm o se descom p on e esa asisten cia que so­brepasa lo s cincuenta m illon es de dólares? Trein­ta y d os han sid o d estinad os a las d os fases del llam ado Program a N acional de E m ergencia de la Presidencia de la R epública. Com o su nom bre lo indica, no se trata de un aporte al financiam iento del d esarrollo econ óm ico nacional, s in o de un préstam o p olítico a la persona del Presidente, para que éste pueda so lven tar algunas necesida­des fisca les aprem iantes (uSs 5 m illon es para cu­brir una parte pequeña del d éfic it presupuestario de 1971) y, sobre todo, para la ejecución , bajo su p atrocinio y sin fisca lización de ningún género, d e m enudas obras públicas d em ográficam ente uti-

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tizadas para proporcionarle algún ascendiente po­lítico. De este modo, este refuerzo al presupuesto de la Presidencia de la República, del que sola­mente dos terceras partes bastarían para finan­ciar la ampliación de ENAF hasta el total de la producción de COMIBOL para generar un ingreso bruto por exportación de estaño metálico del or­den de los u$s 70 millones anuales, se destina a otros fines que por razones comprensibles inte­resan más a USAID y a la Dictadura: la iniciación o conclusión de 376 pequeñas obras, algunas de las cuales son tan importantes como el cambio de color de la fachada de un edificio público, o, bajo la denominación más oblicuamente técnica, el pago.de los servicios personales que exigen los organizadores de una manifestación espontánea de apoyo político. Claro está que entre uno y otro destino de la inversión de esta "ayuda”, USAID y el coronel Banzer dan la espalda a la metalur­gia y prefieren decididamente aquel que les per­mita pronunciar 376 discursos y colgar 376 car­teles recordatorios de que aquellas obras básicas y dinamizadoras de un desarrollo industrial ace­lerado, son obra de la alianza de la burguesía na­tiva y los militares que representan sus intereses, con el Gobierno de los EE. UU., para el progreso de las inversiones imperialistas.

Pero el condicionamiento y la unilateralidad del financiamiento del desarrollo económico afian­zador de la dependencia, se hace más evidente si se piensa que, con excepción del crédito otorgado por los proveedores (una parte del cual también es norteamericano), el cien por ciento de la deuda externa se origina en créditos concedidos por el Gobierno de los EE. UU. (AID), o por las institu­ciones de crédito nacionales o multinacionales norteamericanas que controla (Eximbank, Banco Mundial, banca privada norteamericana y BID).88

Esta sumar que al 31/12/71 alcanza a u$s 341 mi­llones y que la Dictadura está incrementando con nuevos préstamos de las mismas fuentes, por un total superior a los ufs 430 millones, fue otorga­da previo el cumplimiento de condiciones onero­sas para el país, ofensivamente limitativas de la auioridad y la autonomía del Estado, violatorias del espíritu de la propia legalidad burguesa con­tenida en la Constitución Política, lesivas a la so­beranía nacional y consolidadoras del régimen de explotación popular y de dependencia nacional.

A despecho del carácter multinacional del BID, el control que los EE. UU. ejercen en la ad­ministración de los créditos, tanto en razón del peso específico de sus aportes, como por el dere­cho a veto de que dispone sobre los "fondos es­peciales", hace que el monto de los créditos no guarde relación con los aportes de los Estados miembros, sino con las preferencias derivadas de la política exterior hemisférica de los EE- UU. Así, Brasil, por ejemplo, que aporta el 12,5 % del capital, recibió en los doce años de existencia del BID el equivalente al 22 % del total prestado (u$s 1.031 millones). Continuando esta política discriminatoria, en la última gestión crediticia del BID los préstamos otorgados al Brasil llegan al 50 % del total aprobado ,para todos los países de América Latina (u$s 437 millones), y junto a los concedidos en favor de México, comprometen el 80 °/o de la suma total prestada al conjunto de las naciones latinoamericanas. Pero a Chile y el Perú, en el mismo período, el BID no ha prestado ni un centavo. A la notoria e irritante segregación de los países que asumen la defensa de sus rique­zas, se añade el trámite dilatorio y las trabas bu­rocráticas opuesta; a la concreción efectiva de los créditos gestionados, cuando el país o el des­tino del préstamo carecen de interés para el im-

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;rialismo. Bolivia obtuvo en 1961 la aprobación e créditos por un total de u$s 122.8 millones. )iez años después no se habían desembolsado nás que u$s 74.4 millones (el 62 %).

En cuanto a la voluntad del Banco Mundial para satisfacer los requerimientos económicos del país, comencemos por recordar que nuestra expe­riencia ilustra su absoluto desinterés en el finan- ciamiento del desarrollo. En los últimos cinco años el Banco Mundial desembolsó créditos otor­gados a Bolivia por un total de u$s 7 millones. En el mismo tiempo, sólo el Gobierno argentino desembolsó créditos por más del doble (u$s 16.3 millones). Pero el Banco Mundial hace algunos servicios menores. Y como la caridad comienza por casa, de los u$s 10 millones solicitados por la Dictadura para la ampliación de la capacidad eléctrica de nuestro país, cuatro están destinados a una empresa norteamericana que por muchos años figuró como canadiense y que ahora ha adop­tado el nombre de Compañía Boliviana de Elec­tricidad (ex Bolivian Power Co. Ltd.). En este caso, el Estado compromete su garantía para el crédito que un Banco norteamericano otorga a una empresa norteamericana (con lo que acre­cienta la deuda externa del país y disminuye su capacidad de endeudamiento) y, por añadidura, adquiere el compromiso de autorizar nuevas alzas de tarifas de consumo para garantizar la capaci­dad de pago de la empresa beneficiada con el préstamo. En otras palabras, el usuario, emplea­do u obrero, debe pagar tarifas más altas para que una compañía norteamericana de electricidad pueda obtener un crédito de un Banco norteame­ricano, con garantía del Gobierno de Bolivia. ¿Quién presta? Un Banco norteamericano. ¿Quién se beneficia con el préstamo? Una compañía nor­teamericana ¿Quién es el deudor? El Estado bo-90

v h n o . ¿Quiéi Pag,' el nróstam o? El pueblo liviano. ¿Quién paga el préstamo? Bltpjttstíwocon-sumidor. n nT,,.n ,7 , iC . ! jrnne tialism o i>...Para este Banco que el impert&M$akO utiliza como el gran ariete que abre las puertas de los países en desarrollo a la penetración del capital financiero internacional, Bolivia carece de interés como mercado para la instalación de la industria fabril privada y su política crediticia, naturalmen­te, le prohíbe el fmandamiento de empresas esta­tales. ¿Acaso los acuerdos subregionales que am­plían los espacios económicos y crean mercados complementarios, han modificado esta visión de Bolivia? ¿Cuánto ha prestado el Banco Mundial, efectivamente, de esa alucinante cantidad de dó­lares que la Dictadura menciona y repite maja­deramente? Nada; absolutamente nada. Pero la sola aceptación de formularios por un total de u$s 98 millones destinados a la desnacionaliza­ción del Mutún, de lo más ricos yacimientos de COMIBOL, de las "colas" y "desmontes’’, del pe­tróleo, del gas, ya le ha permitido obtener de la Dictadura la aprobación de la Ley de Inversiones, la Ley de Hidrocarburos, la modificación del Có­digo de Minería, la cancelación del monopolio es­tatal del comercio exterior de los minerales, del monopolio estatal de la metalurgia, de la siderur­gia, de la petroquímica, decisiones e instrumentos que garantizan a los mandahtes de ese Banco, el régimen de impunidad necesario para la explota­ción de Bolivia y de los bolivianos.

Hay, siirembargo, tres exigencias más que el Banco Mundial y el Gobierno de los EE. UU. ha­cen a la Dictadura de su dependencia. Una de ellas, la modificación del artículo 25 de la Cons­titución Política del Estado, para hacer posible la desnacionalización del Mutún, ya ha sido satisfe­cha mediante una mera rectificación del Código de Minería. La Carta Magn», ese libro sagrado de91

la in stitu cion alid ad y la legalidad burguesas que la D ictadura invoca para justificar la cruel repre­sión del pueblo boliviano, no podía áfer un ob s­tácu lo para lo s p royectos desnacionalizadores del p restam ista y del inversor.

La segunda exigencia ha sid o identificada por el grupo m on opólico de la burguesía industrial, com ercial y bancaria que invoca el in terés de toda la activ idad privada para respaldar el reclam o y las im p osiciones antinacionales de cien em presas. S e trata del régim en com ún de tratam iento a los cap ita les extranjeros estab lecid o por la cláusula 21- del Acuerdo de Cartagena. E llos explican que esta cláusula es incom patib le con su d ecisión de u sar " . . . su m áxim a creatividad en la generación de nuevos p royectos que sean atractivos para la inversión extranjera”, y piden la rem oción de esta d isp osic ión lim itante. Ya está form ulada la exi­gencia.

El m od esto esfuerzo que los países signata­rios del Acuerdos Subregional Andino han hecho por aprovechar las con trad iccion es que se dan en el cam po del cap ita lism o y por lim itar la acción im peria lista en el m ercado qué les es com ún, lo que se traduce en el control concertado de las in version es privadas originadas fuera del área de com p rom iso (fin a lid ad que está m uy le jos de ser revo lu cion aria ), resu lta in tolerab le para los eje­cu tivos del grupo de las cien em presas y, por cierto , para el B anco M undial. ¿Cóm o podrían ellas y su D ictadura em presarial aceptar que un cam po de activ idades com o el de serv ic io s públi­cos, la banca y lo s seguros, lo s m ed ios de com uni­cación colectiva , los transportes, sea vedado para la inversión privada extranjera? ¿C óm o abando­nar a la B oliv ian P ow er, por ejem p lo , o al F irst N ation al City B ank? ¿Cóm o podrían e llo s acep­tar que las com p añías privadas n orteam ericanas92

establecidas en Bolivia, sean obligadas a ceder el 51 % de sus acciones a los inversionistas na­cionales, si lo que ellos están obteniendo es pre­cisamente lo contrario, la transferencia de las acciones del Estado en provecho del inversor pri­vado norteamericano? ¿Cómo podrian aceptar que se limite la expatriación de las utilidades de las compañías privadas extranjeras, al 14 % anual, precisamente cuando ellos celebran la ilimitada franquicia que al respecto confiere la Ley de In­versiones? ¿Cómo aceptar que algunos países de­pendientes acuerden relacionar sus economías complementarias y crear un mercado recíproco pa­ra el estímulo de su desarrollo, en lugar de formar una gran masa consumidora regional para el es­tablecimiento de industrias privadas imperialis­tas a un costo menor de producción? El Acuerdo de Cartagena nos habla de nacionalizar el capital extranjero por la vía de las Sociedades Mixtas. Los ejecutivos y su Dictadura, con empleo de la Ley-Gáñzúa y la de Hidrocarburos, hacen posible la cxtranjerizacióñ del capital nacional por la mis­ma vía: las Sociedades Mixtas. ¿Por qué habrían de aceptar ellos el establecimiento de limitacio­nes concertadas a la inversión extranjera, lo que pone fin a la competencia que nuestros países li­bran por ofrecer mayores franquicias al capital foráneo, si la Dictadura y sus empresarios están resueltos a regalar todo el país? Por todo ello, no hay duda de que la segunda exigencia del Banco Mundial está en vías de ser cumplida.

La tercera, la devaluación monetaria, ya ha sido ejecutada. Si la Ley de Inversiones y la de Hidrocarburos sientan las bases legales de la des­nacionalización de nuestra economía, la devalua­ción monetaria la completa haciendo posible el financiamiento interno, al precio de la miseria po­pular.

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2 E l empobrecimiento del pueblo

¿Cómo justifica la Dictadura boliviana la de­valuación monetaria? Estas son algunas de las condiciones favorables a la estabilización mone­taria con que ella contó: Las exportaciones del primer semestre de 1972 aumentaron en ufs 32 millones, respecto de las realizadas en el mismo período del año anterior. Pero no se trata, pro­piamente, de un incremento del volumen de las exportaciones, sino del valor de las mismas. En 1971 la cotización internacional del estaño prome­dió el precio de u$s 1,58 la libra fina. En 1972 alcanzó el precio promedial de u$s 1,71 la libra fina, cotización que se asemeja a la más alta de los últimos veinte años. Se iniciaron las exporta­ciones de gas, aumentaron las de petróleo y su­bieron los precios del crudo, determ inando un crecimiento global de los valores de exportación de hidrocarburos de ciento por ciento. La balan­za comercial del primer sémestre arrojó una di­ferencia favorable de u$s 8,5 millones (exporta­ciones por ufs 97,6 millones, e importaciones por ufs 89,1 millones). En el mismo período de este año las ventas de divisas hechas por los sectores mineros, petrolero y agropecuario aumentaron en ufs 22,7 millones respecto de las realizadas en el primer semestre del año pasado (ufs 57,9 millo­

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n es en los prim eros se is m eses de 1971, y u$s 80,6 m illon es en el m ism o período de 1972). E l cré­d ito externo substancialm ente d irigido al finan- ciam ien to del Presupuesto del G obierno Central (sea directam ente, por los p réstam os originados en la ap licación de Fondos de C ontrapartida o por la su stitu ción de inversiones públicas o de a p o r te s lo c a le s , o in d ir e c ta m e n te , por m edio de los p réstam os de AID d estinados a lo s Progra­m as de E m ergencia de la P resid en cia ), sobrepasó cuanta asisten cia presupuestaria se obtuv¿p en el pasado. El au m en to del créd ito in terno, prepon- derantem ente orig inado en créd ito p ú b lico reali­zado por interm edio de las in stitu cion es privadas, se m ide por el n ivel de las u tilid ades que en el prim er sem estre h icieron los bancos privados y que registró un increm ento d el 100 % en relación con el prim er sem estre del año pasado. Por a lgo m ás de un año calendario y d os gestion es aca d é­m icas, la D ictadura e lim in ó del presu pu esto na­cional el ítem corresp on dien te a las U niversida­des ciel país. D urante catorce m eses la D ictadura em presarial e lim in ó por la fuerza tod o aquello que su s m andantes consideraban com o traba le­gal, ob stácu lo de h ech o o factor adverso a la "es­tabilidad p o lítica y al clim a de con fianza que re­quieren las inversiones y la activ idad privada para realizar todas sus in ic iativas y su capacidad crea­d ora”. Suprim idas las libertades d em ocráticas, la clase trabajadora fue ob ligada a sop ortar e l con ­gelam ien to de su eld os y salarios, a p esar del alza con stan te del co sto de vida, y la paz socia l im ­puesta por el terror ev itó toda huelga o interrup­ción del trabajo.

En sum a, que el au m en to de lo s in gresos pú­b licos por con cep to d el in crem en to d el va lor de las exp ortacion es y de las p ercep cion es tributarias, así com o la d ism in u ción d el gasto p ú b lico p or elim i­96

nación de ítems o sustitución del fínanciamiento, por una parte; y el aumento en los ingresos de di­visas, por otras; hacían pensar a los titulares de la Dictadura y a sus epígonos en una perspectiva tranquilizadora sobre el equilibrio financiero pú­blico y sobre la estabilidad monetaria. La exterio- rización y utilización política de esta confianza logró comprometer la buena fe de algunos secto­res de mayores ingresos, y el volumen de dinero depositado en las cuentas de ahorro alcanzó ni­veles sin precedentes y superó al depositado en las cuentas corrientes.

Contrariando esta optimista apreciación ofi­cial de la situación financiera y monetaria, el trabajador percibía dolorosamente cómo su sala­rio perdía valor adquisitivo, el funcionario públi­co cobraba su remuneración mensual con crecien­te atraso, y el importador verificaba que la coti­zación no oficial del dólar subía incesantemente, a pesar del régimen de libre cambio. Es entonces que los representantes de la Dictadura acuden a todo el poder de persuación que tienen las estadís­ticas cuando aparecen en letras de molde y, sobre todo, cuando su mención se acompaña con la si­gla de alguno de esos organismos internacionales que prestan jerarquía técnica al negocio de la ex­plotación de los países dependientes. En el infor­me que la D ictadura presentó al CIAP sostuvo que’: "El objetivo de la política monetaria es el fínanciamiento de la actividad económica, en base al mantenimiento de la estabilidad monetaria". El presidente del Banco Central, a su retomo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacio­nal (FMI), en Washington, declaró que: "El FMI no da consejos o presiona al gobierno de Bolivia, para obtener la devaluación monetaria".

Pero el trabajador, por razones que la bur­guesía y sus mandatarios no entienden, cree me­

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nos en lo que dice el FMI o el ministro de Finan* zas, que en lo que su propia experiencia le ense­ña. Es más, por razones aún menos comprensibles para la clase propietaria, sabe que el optimismo y la satisfacción de la burguesía intermediaria es justamente la confirmación de que sus perspecti­vas económicas son sombrías y que el crecimien­to de la riqueza concentrada en manos del grupo hegemónico de la burguesía, no puede operarse sino a expensas del empobrecimiento de las ma­sas trabajadoras.

Ante las primeras manifestaciones de inquie­tud por el inocultable desequilibrio financiero re­flejado en un anteproyecto de presupuesto para la gestión de 1972, el ministro de Finanzas ensa­yó una explicación confusa y contradictoria, que remató en una confesión imprudente: "Si a esto agregamos algunas medidas de seguridad que el gobierno tenía que tomar para garantizar la paz pública y un clima propicio para las inversiones, tenemos que el presupuesto fiscal subió a un dé­ficit de ochocientos millones de pesos”. ¿De mo­do que no eran suficientes los cinco millones de dólares en armamentos y pertrechos represivos donados por el gobierno norteamericano, para asegurar ese "clima propicio”, esa atmósfera de pólvora y sangre tan grata al olfato de los exigen­tes inversores de cuyo interés por comprar Boli- vía depende la estabilidad de la Dictadura y la felicidad de la burguesía monopólica?

Semejante confesión no hizo sino transfor­mar la inquietud en protesta popular y convertir la sospecha en una amarga certidumbre. Para contrarrestar su efecto adverso y presentar un nuevo presupuesto, el titular de ese mismo des­pacho preparó una proclama marcial: "Nuestro presupuesto es definitivamente una barrera con­tra la inflación y un escudo contra la devaluación.98

Nuestra premisa es mantener la paridad de nues­tro signo monetario. Sostenemos que con el pre­supuesto aprobado, se ha eliminado el fantasma de la devaluación”. De la solidez de ese escudo, de la idoneidad administrativa de los partidos de la burguesía, y de la condición intelectual del mi­nistro, podía juzgarse leyendo la frase final que destacaba orgullosamerite la brevedad del tiempo dedicado a la preparación del presupuesto: "Quie­ro destacar que se ha podido reformar el Presu­puesto General de la Nación, prácticamente en una sola noche”. No quedaba, pues, la menor duda de que el "fantasma de la devaluación” no había sido alejado, sino invitado a tomar posesión de la economía popular.

Si el financiamiento externo del gasto públi­co era excepcional y las percepciones tributarias aumentaron, ¿por qué se anunciaba tan cuantioso déficit? Si la balanza comercial mostraba un sal­do favorable, si las entregas de divisas al Banco Central elevaron el nivel de las reservas, a causa del aumento del valor de las exportaciones, si el régimen de libre cambio se mantenía vigente y el FMI no ejercía presión alguna, ¿por qué se de- valuaba nuestra moneda?

El presupuesto general de 1972 fue aprobado con un déficit de $b. 616,3 millones, suma equi­valente al 50 % del presupuesto total de Ingresos correspondiente al año 1971. El mayor déficit de los últimos diez años fue de $b. 191,6 millones, en 1968. Este de 1972, es tres veces mayor. Entre el año 1971, de cuyos últimos cuatro meses de admi­nistración es responsable la Dictadura, y 1972, el Presupuesto del Gobierno Central y de las Insti­tuciones Descentralizadas aumentó en $b. 265,8 millones de los cuales $b. 219,2 millones corres­ponden al aumento registrado por el ítem de Ser­vicios Personales. En el primer semestre de 1972,

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los gastos públicos aumentaron en $b. 93,2 millo­nes, de los que el 50,5 % corresponden a sueldos del personal administrativo. El incremento des­mesurado del presupuesto de servicios persona­les, a pesar de la eliminación de la parte corres­pondiente a las Universidades clausuradas y del ahorro introducido mediante las masacres blan­cas de funcionarios insuficientemente derechis­tas, prueba no solamente la milagrosa multipli­cación de los puestos públicos al conjuro de la Dictadura y para satisfacción del insaciable ape­tito burocrático del MNR y de FSB, sino también el entusiasmo que los sueldos públicos despiertan en los furiosos partidarios de la empresa privada.

Pero como la inflación de militantes remu­nerados se hace mayor cuanto mayor es la mise­ria popular extendida por la política económica de la Dictadura, obediente a la concepción capi­talista del desarrollo económico, y la fabricación de billetes con que se satisface las necesidades del Tesoro Nacional para el pago de sueldos se transparenta en el déficit fiscal, la Dictadura des­cubrió que la mejor manera de nutrir a los dos partidos era despojar a todo trabajador del país del 1 % de sus remuneraciones, en beneficio de ese organismo presupuestívoro que es el frente ofi­cialista (FPN). En un año de vigencia de esa dis­posición que reglamenta el robo periódico y to­mando en cuenta solamente a los funcionarios del gobierno central (excluidas las instituciones des­centralizadas del Estado y toda la actividad pri­vada, cuyos trabajadores y empleados también estaban obligados a esta contribución, dicho des­cuento alcanza a la suma de $b. 9,8 millones.

Así, al soborno internacional para compro­meter lá entrega del país y su patrimonio; a la mercenarización para el servicio armado de los intereses de la burguesía antinacional; se suma160

la conversión del salario de cada trabajador en un botín a disposición de los dirigentes de los parti­dos que cumplieron la hazaña de sentarse detrás de los escritorios de las oficinas públicas. Entre la burguesía y los partidos que representan sus in­tereses, han llegado a un pragmático intercambio de servicios: puestos públicos, despojo de remu­neraciones honradamente ganadas, malversación de fondos públicos y contrabando, en favor de los partidos. Leyes para la desnacionalización de nuestra economía, disposiciones para la privati­zación del patrimonio económico del Estado, im­punidad para la explotación de la clase trabajado­ra, en favor de la burguesía.

¿Cuál ha sido el resultado de esa política fi­nanciera que combina el incesante aumento del gasto público improductivo con la disminución de los ingresos? Que el presupuesto de Egresos para la gestión de 1972 fue fijado con un aumen­to del 30 % respecto de la gestión precedente, ín­dice de crecimiento que de hecho es el mayor de los últimos diez años y sólo comparable al regis­trado durante el primer año de la Restauración, en 1965, pero cuya ejecución, a octubre del presente año, mostró que las más pesimistas previsiones ha­bían sido sobrepasadas por la realidad de una ad­ministración deshonesta e incapaz. El incesante aumento del gasto público en Servicios Personales innecesarios: el desmesurado crecimiento de la deuda pública contraída con fines demagógicos o desviada al subsidio de déficits fiscales; el pago al contado de indemnizaciones fraudulentamente sobrevaloradas que obligaron al endeudamiento interno y externo, con el consiguiente incremento de las partidas destinadas al servicio de esas deu­das (entre "Matilde" y la IMPC, u$s 15 millones); el aumento de los presupuestos ministeriales y de la Presidencia de la República destinados al fi-

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nanciamiento directo o indirecto (gastos reserva­dos o ítem aparentes), de los servicios de repre­sión uniformada o civil (que totalizan fb. 402 millones, o el 30 % del Presupuesto); la práctica del turismo oficial con viáticos que no guardan relación con la economía nacional; todo ello en el orden de los egresos. La vigencia de una tasa de descuento del valor de nuestras exportaciones de hidrocarburos, en beneficio de la Gulf, lo que dis­minuye proporcionalmente los ingresos fiscales (u$s 10,7 millones anuales); el uso de la econo­mía de las empresas del Estado (principalmente COMIBOL, YPFfi, LAB y otras), en subsidios di­rectos o indirectos al f mandamiento de campa­ñas políticas oficialistas, gastos que a la hora de la liquidación de regalías se descuentan de los aportes que esas empresas deben hacer a la for­mación del presupuesto nacional; la pérdida de u |s 30 millones por el contrabando estimulado y organizado por los más altos funcionarios públi­cos y dirigentes políticos. La condescendencia de la Dictadura con los correligionarios y favoreci­dos suyos, durante los años que el MNR y la Jun­ta Militar gobernaron el país y a quienes no se ejecutan las Notas de Cargo por contratos de cons­trucción o provisión incumplidos, o por adelan­tos no devueltos, o por préstamos de honor no pagados, y que suman u$s 14 millones; la cance­lación del monopolio estatal del comercio exte­rior de minerales, con la consiguiente transferen­cia de utilidades generadas en la intermediación del Estado al sector privado;, todo ello en lo que hace a los ingresos. Dichas medidas no podían menos que contribuir a la aceleración del desequi­librio financiero.

El desfinanciado presupuesto por ejecutar estimaba un ingreso de $b. 623 millones para el primer semestre de 1972. La realidad de las per­102

cepciones en ese período mostró un ingreso de solamente $b. 535,1 millones, lo que aumentó el déficit en $b. 88,5 millones. En cuanto a los egre­sos del primer semestre de 1972, crecieron en tal proporción que el déficit presupuestario general del Gobierno Central, al 30 de junio de 1972, ya totalizó la suma de $b. 256 millones, cantidad que importa un aumento de $b. 100 millones en rela­ción con el mismo semestre del año anterior.

¿Cómo financió la Dictadura él déficit del año 1971 y el que arroja la presente gestión? En 1971 el déficit del Presupuesto Nacional alcanzó la su­ma de $b. 297,8 millones, de los cuales $b. 250,7 millones fueron financiados con créditos del Ban­co Central, y $b. 18,5 millones por USAID. El proyecto de financiamiento del déficit de $b. 616,3 millones que arroja el presupuesto de 1972, toma en cuenta, entre crédito fiscal ($b. 230 millones), préstamo de próxima gestión ($b. 150 millones), y déficit sin financiamiento ($b. 102,7 millones), todo lo cual se traduce en crédito del Banco Cen­tral, la suma global de $b. 482,7 millones.

Hasta el 30 de junio del año 1972, el Banco Central ya había otorgado créditos al Tesoro de la Nación que totalizaban la cantidad de $b. 230 millones. En suma, que entre los créditos otorga­dos en 1971 y el primer semestre de 1972, para el financiamiento del déficit presupuestario del Go­bierno Central, el Banco Central entregó la canti­dad de $b. 480,7 millones. ¿Dónde se origina el dinero que el Banco Central tuvo que prestar al Tesoro de la Nación? En la emisión inorgánica de moneda, en la fabricación de billetes. El 21 de agosto de 1971 el circulante alcanzaba a la canti­dad de $b. 1.535 millones. Al 30 de junio de 1972 totalizaba los $b. 1.777 millones. El aumento del circulante entre 1971 y 1972 registra el porcentaje más alto de los últimos siete años, 12,5 % dé cre­

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c im ien to anual d el m ed io c ircu lante. Pero n o se trata so lam en te de lo s p réstam os a l T esoro N a­cion al. D e 1971 a jim io de 1972, e l créd ito in tern o del sistem a b an cario a l sec tor privado y p ú b lico generó u n au m en to d el c ircu lan te su p erior a lo s $b. 600 m illon es, lo que, en relación co n e l to ta l m en cion ad o al térm in o d el p rim er sem estre d e este añ o , da u n a id ea de la gran in flu en cia que este factor de exp an sión m on etaria tu vo en la creación de u n a corrien te in flacion aria y de su con sigu ien te p resión sob re nu estras escasas reser­vas m on etarias.

Q ueda en c laro que la D ictadura fa sc ista con­tó con con d icion es generales de producción , m er­cad o y fin an ciam ien to excepcion alm ente favora­b les. F actores com o e l a lto n ivel alcanzado por la s co tizacion es in tern acion ales d e lo s m inerales y e l au m en to de lo s p recios d el petró leo; la incor­p oración d e n u evos rubros de exp ortación de h i­d rocarburos y agropecuarios d e a lta rentab ilidad , com o e l gas y e l algodón; y e l extraordinario f i­n an ciam ien to extern o, o frecieron la s con d icion es econ óm ico-fin an cieras que la b urguesía y su go­b iern o juzgaron adecuadas para e l d esarro llo ca­p ita lis ta y dep en diente que p ostu lan , y , en con se­cu en cia , para u n a e fic ien te ad m in istración liberal d e . la s finanzas p ú b licas. Pero tam b ién queda en ev id en cia e l resu ltado: u n d éfic it cu an tio so finan­ciad o con la fab ricación de b ille tes , e l d esen cad e­n am ien to de un p roceso d e in cesan te encareci­m ien to d el co sto de v id a , y la d eva lu ación de la m on ed a. Ya h em os id en tificad o la s cau sas d el d éfic it, su m agnitud y su s caracter ísticas, así com o e l recu rso al que se acu d ió para fin an ciarlo . R es­ta d ecir cóm o y en b en efic io d e q u ién se em p o­b rece a la c la se trabajadora y a lo s sec tores popu­lares, có m o y p or im p o sic ió n d e q u ién se devaluó la m oneda.104

Cuando los gobiernos de la burguesía proim­perialista se vieron enfrentados al problema del financiamiento de un presupuesto desequilibra­do, siempre optaron por una combinación de cua­tro procedimientos: la gestión política reservada ante el gobierno de los EE. UU. para la obtención de un crédito o donativo como "soporte"; la fa­bricación de billetes; la creación o aumento de impuestos indirectos que pesan sobre el consumi­dor y no sobre el productor; y la disminución directa o indirecta de los sueldos y salarios. La Dictadura ha sido fiel a esta práctica, pero la ha extremado. Ya nos hemos referido a cómo echó mano de los dos primeros procedimientos. Vea­mos ahora cómo ha usado de los otros dos.

Todos los gobiernos de la burguesía hablaron de la necesidad de estimular las exportaciones como una manera de aumentar las participaciones fiscales y, en suma, de incentivar la creación de riqueza nacional. El resultado de esta política, dado el carácter fundam entalm ente minero de nuestro comercio exterior, fue el de acentuar la condición monoexportadora del país, de mantener un exiguo nivel de contribución a la formación del presupuesto, de aumentar el gasto de divisas en la importación de todo lo que el país, acentuadamen­te üfonoproductor, necesitaba, y, finalmente, de concentrar la riqueza, empobrecer al pueblo y des­capitalizar al país. Para acentuar esta política, la Dictadura se ha guiado directamente por los re­sultados y de ellos ha hecho todo un programa en el que, a las exportaciones de productos naturales no renovables, ha añadido la de productos agro­pecuarios, perpetuando el sistema descapitaliza- dor pero bajo la apariencia de una política de di­versificación industrial y de sustitución de impor­taciones. Pero pasemos de las aserciones gene­rales, a la señalización de algunos casos concretos.

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Hace ya algunos años qué Bolivia ingresó al mercado internacional del azúcar con una pequeña cuota destinada a los Estados Unidos. Bastante antes que ello ocurriera, el país logró, por acción del Estado, el autoabastecimiento de este produc­to alimenticio fundamental^ lo que lé permitió un apreciable ahorro de divisas. Pero en 1972, como ocurrirá con el petróleo: raí 1980, si es que el pueblo no arroja del poder antes a la burgue­sía, Bolivia se ha convertido de país exportador, en país importador de azúcar. ¿Por qué? En 1971 la molienda de caña bajó de un millón y medio de toneladas a solamente setecientas mil. La Dictadura tuvo, que importar 41.000 toneladas de azúcar brasileña por un precio de aproximada­mente u$s 6 millones. En 1972 Santa Cruz debe producir 2.800.000 quintales y producirá solamen­te 1.120.000. El déficit tendrá que ser compensado con nuevas importaciones, por esta vez por un precio de u$s 12 millones.

¿Cómo se explica esta caída vertical de la pro­ducción de caña y de azúcar? En gran medida, porque la extraordinaria rentabilidad del cultivo del algodón y el régimen excepcional de franqui­cias que se le brindó, de apoyo financiero, de in­significante tributación, de rápido retomo de las inversiones convertidas en dólares, y de absoluta libertad en la política de precios, competía venta­josamente con un cultivo que, como el de la caña, estaba de algún modo sometido al control indi­recto de precios determinado por su incidencia visible en la economía popular.

Simplemente que el cañero dejó de cultivar caña y comenzó a cultivar algodón.

Como en muchos otros aspectos de la política económica de la Dictadura burguesa, el principio liberal de la regulación de la producción y el mer­106

cado por la concurrencia de la oferta y la deman­da, se convirtió en una norma insuficiente con­frontada con su irreprimible deseo de servir a sus mandantes. De la indefensión de la masa consumi­dora y de la debilidad del pequeño productor, se pasó resueltamente a la planificación de la miseria popular y a la liquidación del pequeño productor, en obsequio de la burguesía exportadora a la que estimuló y respaldó como corresponde a un go­bierno que le pertenece por todo concepto. La disminución del azúcar en la alimentación popu­lar es algo que tenía sin cuidado a la Dictadura. Hasta que la incidencia en la balanza comercial y la de pagos de los u$s 18 millones destinados a la importación de azúcar, en dos gestiones agrí­colas, le permitió descubrir, tardíamente, que no hay azúcar sin caña y que ésta no se cultiva por­que el algodón que crece en su reemplazo enri­quece ahora a otro sector de la burguesía agraria. La Dictadura encaró el problema que representa­ba esta contradicción de la manera más congruen­te. Resolvió estimular el cultivo de la caña auto­rizando un aumento del precio de ésta. Pero co­mo no se trataba de beneficiar a un sector de la burguesía agraria, a costa de las utilidades de otro sector de la burguesía agroindustrial, decidió, transferir el incremento de los costos de fabrica­ción de azúcar al consumidor. Así, los cañeros, incentivados por el sobreprecio, tornarían al cul­tivo de caña. Los ingenios aumentarían su pro­ducción y sus utilidades permanecerían intactas. Quedaba, solamente, el problema de la protesta popular que aunque siempre es posible someter­la, podría crear un clima de intranquilidad ingra­to para la rubia clientela de inversores privados extranjeros que no se decidían a comprar Bolivia.

¿Qué hacer? Se autorizó la fabricación de dos tipos distintos de azúcar. Uno de ellos, 11a­

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mado "popular”, lo que en la mente de la Dicta­dura quiere decir apto para el consumo de ciuda­danos de segunda clase, de subhombres, sería de una calidad notablemente inferior a la que siem­pre se consumió en el país. Para este tipo de azúcar de menor costo y menor propiedad alimen­ticia, los fabricantes harían el favor de mantener el precio que tenía el azúcar de mayor costo de producción y de mayor poder calorífico. El otro tipo, idéntico al que tradicionalmente se fabricó en Bolivia, se elevaría de precio. La Dictadura ha­bía encontrado dos maneras de enriquecer a los ingenios y dos modos de empobrecer a los secto­res populares: menor calidad por el mismo pre­cio y mayor precio por la misma calidad.

Como la especulación, alentada por la esca­so/ de azúcar, continuó haciendo presa de las ma­sas consumidoras, a pesar de la elevación de pre­cios, la Dictadura encontró ocasión para exhibir una sensibilidad social insospechable. Por inter­medio de su Ministerio de Industria y Comercio acometió resueltamente una campaña contra la especulación. Mediante avisos periodísticos, reco­mendaba al consumidor no confiar en su memo­ria y llevar consigo una libreta de notas para el registro de la dirección de aquellas tiendas donde tuviera la buena suerte de encontrar azúcar mc: nos cara. Y como no se podía pedir a la Dictadura una parcialidad tan manifiesta con el consumidor, también se acordó de los propietarios de los in­genios azucareros: dispuso que el Banco del Es­tado otorgara a los ingenios privados "La Bélgica’ y “San Aurelio”, sendos créditos a tres años plazo, por Sb. 9 millones y §b. 6 millones, respectiva­mente.

Sólo resta decir que, a pesar del déficit azu­carero ya señalado, la Dictadura dispuso la expor­tación de 163.000 quintales. De este modo, cum­108

plía ejemplarmente su programa: el país gastaba divisas del Estado en la importación de azúcar, y los fabricantes de azúcar, salvados de la obliga­ción de venderla en la envilecida moneda nacio­nal, guardaban para sí los dólares obtenidos en la exportación de su producto. Esta provechosa ope­ración no ha sido repetida en la presente gestión agrícola. Pero no porque la Dictadura hubiera resuelto poner fin a este original intercambio, si­no porque una ley norteamericana prohíbe la im­portación de azúcar de aquellos países que en 1972, no cubran sus necesidades internas. Como se ve, la Dictadura pro imperialista ha ido tan lejos que ha entrado en contradicción hasta con la ley norteamericana.

El área de cultivo del algodón subió, con el manifiesto estímulo de la Dictadura, en relación inversamente proporcional a la disminución de la destinada a la caña. Para la gestión agrícola del 71 al 72, el rendimiento de cuarenta y siete mil hectáreas aumentó el 100 °/o la producción algodonera (de 5.000 a 10.000 toneladas). ¿Cuá­les son las condiciones bajo las cuales fue posi­ble este incremento? ¿Que estímulos mueven es­ta opulenta actividad económica que, en el desa- rrolio histórico de nuestra sociedad monoexpoi- tadcra de productos naturales, inscribe el nom­bre del algodón junto al de la plata, de la goma o del estaño que en su tiempo caracterizaron un período y se identificaron con el predominio de una clase o de un sector de clase? ¿Qué otras circunstancias propicias han hecho posible que en los fardos de algodón anide y crezca este nue­vo poder económico que combina las caracterís­ticas regresivas del feudalismo terrateniente con la agresividad de la moderna empresa capita­lista? Porque, claro está, el genio empresarial del reducido grupo que controla su exportación

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no puede explicarlo todo. ¡Al fin y al cabo, ellos no han inventado el algodón!

Veamos. Los campesinos están obligados a aportar el 65 % de los fondos requeridos para el financiamiento de 439 proyectos de desarrollo de las comunidades campesinas. De quince pro­yectos preparados por el Instituto Nacional de Colonización, en las zonas agrícolas tropicales y subtropicales, once han sido abandonados por falta de presupuesto. En ambos casos, citados a modo de ejemplo, los campesinos deben autofi- nanciarse o seguir roturando la tierra con el ara­do egipcio y resignarse a la desnutrición y su secuela de morbilidad y mortandad infantil. Pa­ra el financiamiento de la gestión agrícola de 1972 en cambio, los productores de algodón con­taron con un crédito de u$s 15,7 millones, de los cuales u |s 13,3 millones comprometen la econo­mía del Estado, por el origen del préstamo o por la intermediación en la administración dél mismo. ¿Qué representa esta suma? Es nada menos que dos y media veces el valor total de la producción algodonera de la gestión agrícola pasada y superior, cuando menos en 30 %, al va­lor total de la producción estimada para el pró­ximo año.

La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado acusa un déficit que la mantiene al borde de la quiebra. Sus administradores resuelven que el sistema tarifario tradicional en la Red Oriental debe ser sustituido por otro que tome en cuenta el valor de la mercadería transporta­da, lo que importa un aumento en las tarifas que pagan los productos agropecuarios. La Dic­tadura resuelve acoger el reclamo de los expor­tadores y deja sin efecto dicha disposición. Pero no todo está perdido para la Empresa de Ferro­carriles. Hay modos de ahorrar sin poner en110

riesgo el "despegue económico", mientras el Ban­co Mundial contempla el cumplimiento de otra de sus imposiciones: en aplicación del decreto de "Racionalización” N? 10.173, se decide el des­pido de 900 trabajadores de esa empresa.

La noción de impuesto a la renta lleva im­plícita la idea de-que a mayor utilidad correspon­de mayor tributación. Pues la dictadura invierte este sentido y, segura de interpretar los deseos de los exportadores de algodón, para los que la indagación de sus costos y de sus utilidades por las autoridades de la Renta Nacional es una impertinencia, aprueba el Decreto Supremo N? 10245 que establece que: "Para la cosecha de al­godón correspondiente al 71-72, el cumplimiento del pago de impuestos sobre utilidades debe ser objeto de un tratamiento especial, como un in­centivo al cultivo de este producto", y, por tanto, decreta que los algodoneros cancelarán "u$s 0,50 centavos por quintal de algodón, sustitutivo, por esa gestión, del impuesto a las utilidades". Casi al mismo tiempo la Federación Departamental de Cooperativas Agropecuarias de La Paz pro­testa porque la Dictadura ha modificado la Ley de Sociedades Cooperativas e impuesto nuevas cargas tributarias sobre utilidades. Son dos "tra- tramientos especiales”, pero distintos.

Pero, no basta esa graciosa concesión tribu­taria. El pequeño grupo de ejecutivos de ADEPA que hegemoniza la actividad económica algodo­nera, ensaya una especiosa y cazurra argumenta­ción por la que intenta probar que en Bolivia la fijación de un impuesto sobre la renta agrícola seria una tarea imposible a causa de la "ignoran­cia contable” de las masas campesinas analfabe­tas. Aunque no es el caso de estos ejecutivos letrados, que parecen más bien duchos en cues­tiones tributarias, la ocasión es buena para capi­

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tal izar hasta la ignorancia que tantos réditos ya ha dado a la burguesía exportadora a lo largo de nuestra historia. Van más allá y descartan el impuesto sobre exportación, justamente por las razones contrarias: "porque no toma en cuenta el margen de utilidad de la cosecha exportable”. Puesto que para los exportadores de algodón no es posible el impuesto sobre utilidades y tam­poco lo es el gravamen sobre el producto bruto, es claro, que lo inadmisible para ellos es pagar impuestos, cualquiera que fuese el procedimien­to o el monto. ¿Acaso ellos mismos no comien­zan por reconocer que la agricultura debe tribu­tar para el financiamiento del desarrollo de la misma agricultura? ¿Quién debe pagar impues­tos en el campo? Naturalmente que los campe­sinos pobres. Y así volvemos al frustrado im­puesto predial rústico que bajo el gobierno de la primera restauración se intentó imponer a las masas campesinas.

Parte de esos campesinos, a los que a pesar de su ignorancia contable el grupo monopólico de los algodoneros ha elegido para que lo reem­place en la obligación de pagar impuestos, son aquellos miles de hombres a los que el proceso de subdivisión de la tierra, generado en la refor­ma agraria pequeño burguesa, arroja en condi­ción semiproletaria o proletaria agraria a las faenas de la moderna empresa agrícola. Son jus­tamente ellos los que alquilan anualmente sus manos para recoger los capullos producidos por la tierra que no tienen. Se necesita un hombre para cosechar una hectárea. Cuarenta mil hom­bres en 1971 y sesenta mil en 1972. Pero como el salario y las condiciones generales de trabajo que se les ofrece no logran atraer ese número de campesinos desde otros puntos de la república, el presidente de ADEPA se dirige al coronel Ban-112

zer por medio de un radiograma: "Rogamos a su autoridad, dado carácter de emergencia, dis­poner de los conscriptos de las unidades de San­ta Cruz para que puedan ser utilizados en las labores de recolección de algodón". La respues­ta no se deja esperar. Se dispone el recluta­miento militar de los civiles en doce zonas del país. Como tampoco por este medio coercitivo se logra el número de brazos que deben enviarse a Santa Cruz, donde ya trabajan en la cosecha algunos centenares de menores de edad, el Mi­nistro de Defensa declara: "Hay que salvar a cualquier precio la cosecha de algodón". Y aña­de: "En el futuro, esta será la forma de actuar de las Fuerzas Armadas en el programa de coo­peración al desarrollo". La forma de cooperación a que se refiere el general Ministro de Defensa, es la intervención de toda la Octava División del Ejército. Siete mil quinientos reclutas son en­viados a cosechar algodón. Esa es la respuesta que la Dictadura dio al radiograma del presi­dente de ADEPA.

¿Qué más se puede pedir? Créditos estata­les superiores a los requerimientos de financia- miento; tarifas de transporte ferroviario estatal subvencionadas; exención de impuestos que de­ben pagar al Estado; cosecha por soldados que prestan servicio militar en la institución armada del Estado. Hay que confiar en que cuando me­nos esta vez a los empresarios privados no les parezca mal la intervención del Estado.

Hace algunos años que la relación produc­ción-consumo de carne en Bolivia muestra un equilibrio inestable. A pesar de que se vive con la impresión de que el país produce la carne que necesita para el consumo de su población, lo cierto es que con alguna frecuencia ha debido tomarse en cuenta alguna partida de importa­

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ción legal o ilegal. En los últimos añbsel consumo aumentó en 3,5 % al año, y la reproducción del ganado nacional es solamente el 3 %. Esta es una diferencia que, de convertirse en una tendencia sostenida, no puede menos que anunciar una rá­pida extinción, a pesar de las óptimas condiciones de crian2a que el país ofrece.

Pero, la Dictadura resolvió que era conve­niente el fomento de la exportación de carne. Sin duda que lo era, pero no para el país ni para la economía popular; ni siquiera para los mil ochocientos ganaderos del Beni, sino para el pe­queño grupo que en su representación controla el negocio de la exportación. El incremento de sacrificio de reses llegó al 5 % al finalizar 1971, y continuó aumentando en el curso de 1972. Cumplido el primer semestre del presente año, las exportaciones legales de carne totalizaran u$s 3,7 millones y nada hace pensar que éstas fueran superiores a las ilegales. El resultado in­mediato fue una aguda escasez que hizo crisis en los centros mineros. La solución fue, naturalmen­te, el encarecimiento que, como en el caso del azúcar, se materializó por el sistema de la dife­renciación de las calidades de carne, dependiendo de la clase social consumidora.

El gobierno militar del Brasil, en cuya ima­gen y ejemplo se inspira la Dictadura de Bolivia,' prohíbe las exportaciones de carne, en resguardo de su riqueza ganadera y de sus necesidades in­ternas. Es más, hace la vista gorda al contra­bando de ganado en pie que desde Bolivia y con la complicidad de las autoridades bolivianas, in­gresa a su territorio fronterizo en cantidades cada vez mayores. Que sea justamente el Brasil, país que exporta anualmente 160.000 toneladas de carne, por un valor de u$s 200 millones, el114

que adopte esa medida proteccionista del consu­mo nacional, es algo que la Dictadura fascista prefiere ignorar. Son otras las medidas brasile­ñas que entusiasman a la Dictadura.

No importa que el Banco Agrícola preste el 75 % de su capital (u |s 29,1 millones), para el fomento de la ganadería, del cultivo del algodón y de la industria azucarera, con los resultados y en las condiciones ya conocidos. No importa que un día el pequeño productor de arroz, aban­donado a su suerte por FENCA, organismo al que el Banco de Estado le niega un financia- miento de su cosecha por encima del 26 % de su valor, vea pudrirse sin destino el fruto de su trabajo, o que otro día el consumidor no tenga arroz que comer. No importa la liquidación de IMBOLCA y la entrega de los pequeños produc­tores de café a los turbios manipuleos de los res* catadores que venden "cupos de exportación” y no granos de café. No importa que las tarifas de energía eléctrica suban en aplicación en un Código de Electricidad que convierte al consu­midor en el verdadero deudor del dinero que un banco norteamericano prestó a la Bolivian Po­wer Co. No importa que Bolivia pase, en un solo año, de la condición de exportador a la de importador, y de la de importador a la de expor­tador de los mismos productos, obedeciendo, no al volumen de nuestra producción, ni siquiera a su valor exportable, sino al margen cambiante de utilidades que deja en poder de los grupos hegemónicos de la burguesía exportadora. No importa que los excedentes exportables no sean resultado de una producción muy grande, sino de un consumo muy pequeño, y tampoco que esto no se deba el escaso número de habitantes, sino a la miseria de la población consumidora. Nada de eso importa. Lo que realmente interesa

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es que los empresarios de la burguesía exporta­dora que' integran el FPN utilicen el poder para hacer buenos negocios. Para eso lo tomaron el 21 de agosto y en eso lo utilizan metódica e implacablemente. Pero nunca mejor que en el negocio de la devaluación monetaria qüe el im­perialismo comparte con ellos y la Dictadura, aunque en proporciones distintas de provecho.

La D ictadura declaró form alm ente que "no optaría por la devaluación m onetaria, por con s­titu ir una alternativa d esven tajosa para el país". Y cuarenta y och o horas después de adoptada la alternativa d esven tajosa, el Fondo M onetario In­ternacional (F M I), afirm aba que aprobó la de­valuación de la m oneda "propuesta" por la d ic­tadura. Con ello , el FMI pretende que, aunque dicha m edida m erece su conform idad técn ica y aun su apoyo financiero , no tiene parte en la responsab ilidad de la in iciativa. Tam bién la Dic­tadura se ha m ostrado m uy interesada en ex­tender un certificad o de inocencia en ben efic io del FMI. Y aquí con cluyen las coin cid en cias. Porque en la exp osic ión de los m otivos deter­m inantes de la devaluación , am bos acusan una desintelijTencia tan o m ás inquietante que la con cert ada excu 1 paci ó n .

El FMI sostien e que la causa no es otra que “un crónico d eseq uilib rio en la balanza com er­cial”. Pero ocurre que en los ú ltim os cin co años el valor de las im p ortacion es fue de uSs 832,5 millones y el de las exp ortacion es de uSs 863,5 millones, lo que evidencia un saldo favorable de uSs 31 millones. En 1970, el sa ldo a favor fue de uSs 29,6 m illon es. S ólo en el prim er sem es­tre de 1972, la balanza com ercial arrojó una su­m a a favor de uSs 8,5 m illon es. Tal vez conven­ga, m ás b ien , d irigir la m irada hacia la B alanza

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de Pagos. E ncontraíam os que la de 1969 dejó un superévit de u$s 0,5 m illon es, y la de 1970, otro d e u js 5,2 m illon es, lo que perm itió incre­m entar las reservas internacionales. D ejem os pa­ra después el an álisis de lo ocurrido a este res­pecto en las dos ú ltim as gestion es adm inistrativas, pero puntualicem os que esto de la Balanza de Pa­gos ya tiene algo que ver en el asunto, cuando m enos en lo concern iente a lo s m otivos financie­ros que aprem iaron a la Dictadura.

En cuanto al pen sam ien to de la D ictadura, conten ido en el decreto respectivo, enuncia los efectos b u scad os y m enciona só lo d os causas que están m uy lejos de revestir el carácter de­term inante y perentorio que habría explicada una m edida de las graves consecuencias que tie­ne la devaluación m onetaria. D ice el decreto que una de ellas es la necesidad de poner fin a un plan de estab ilización que n o puede ser indefi­nido, lo que sign ifica que, p u esto que las cosas tienen que term inar algún día, cualquier día es bueno para que term inen. La segunda explicación es casi tan in teligente com o la anterior. Se refiere a la artific ia lid ad ” del tipo de cam bio vigente por quince años. ¿En qué queda ese dogm a de fe en la determ inación del valor por la libre con­currencia de la oferta y la dem anda? ¿Cóm o pu­do el dólar "artificialm ente" barato m antenerse durante quince años bajo las narices de gente de tan buen o l fa to , sin que hubiera reparado en la con ven ien cia de com prarlo? La verdad, de la que la d ictadura m uestra só lo el revés, es que la estab ilid ad m onetaria se basa en el su m in istro de un respaldo en m oneda extranjera no gene­rado por la propia econ om ía v d estinad o a com ­pensar el d eseq uilib rio entre la dem anda y la oferta , aum entando esta ú ltim a. Por tanto , la preservación d el tip o de cam b io durante tres lus­

tros no es en absoluto una prueba de salud eco­nómica nacional, sino de miseria. La economía nacional no tuvo, en las condiciones de simple subsistencia en que se mantuvo su desarrollo, ca­pacidad de absorción de ese fondo de estabiliza­ción exógeno. La política cambiaría de los go­biernos de la burguesía hizo todo lo posible por la dilapidación de las reservas. La dictadura hizo hasta lo imposible. Se mantuvo (porque es una de las exigencias fundamentales del Acuerdo con el FMI), el régimen de libre cambio y Bolivia fue durante quince años el único país donde cualquiera podía comprar cualquiera cantidad de dólares con cualquier propósito. Desde el ate­soramiento del dinero originado en malversa­ciones de fondos fiscales y depositado en una cuenta numerada de la banca suiza, hasta la im­portación de helados peruanos a una ciudad que, como La Paz, está rodeada de hielo. A ello se añade un estado de liquidez que permitía, con un 20 9b de los medios de pago ($b 1.777 mi- llonés), comprar la totalidad de las reservas (u$s 33 millones).

Puesto que nadie imponía restricciones a la compra de dólares y sobraban billetes con qué comprarlos, ¿cómo se explica tanto y tan pro­longado desinterés por comprar algo tan "arti­ficialmente’’ barato? Porque una parte del dine­ro está inmovilizado por las propias y constantes necesidades de su empleo en el pago de bienes y servicios, y porque, en gran medida, está en ma­nos de las masas campesinas y obreras cuya condición económica y nivel de vida las mantie­nen al margen de las actividades especulativas. Pero también porque los sectores de mayores in­gresos, luego de la anulación temporal de la cla­se terrateniente y de la expropiación de la gran minería, tardaron en desarrollarse y concentrar­118

se hasta adquirir la magnitud y características que ahora tienen la minería mediana y la agroin- dustria, vinculadas ya al mercado y circuito fi­nanciero internacional, lo que por mucho tiempo limitó su capacidad de compra especulativa de divisas. El régimen de libre disponibilidad que a esos sectores de exportación permitía la re­tención del total de la moneda extranjera pro­veniente de sus ventas al exterior, prolongó esa limitación. Finalmente, está el hecho de la pro­gresiva confianza de las capas medias de la po­blación en la estabilidad de nuestro signo mone­tario. Todo lo cual limitaba la demanda a tér­minos que no podían poner en riesgo de agota­miento al fondo estabilizador.

¿Cuándo se rompe este equilibrio?Los tres ministros de finanzas que hasta

ahora tuvo la Dictadura repitieron a su turno que las reservas se incrementaban constantemente o, en el peor de los casos, que se mantenían en un nivel estable que garantizaba la preservación del tipo de cambio. Veamos. En los últimos siete años las reservas del sistema bancario se mantu­vieron en una suma próxima a los u$s 33 millones. En 1970 subieron a u$s 38,6 millones. Pero a ju­nio de 1972 cayeron hasta u js 28,1 millones. En 1971, las compras del Banco Central fueron de ufs 174,7 millones y sus ventas de u$s 193,2 mi­llones. El déficit general de la gestión es de u$s 8,5 millones. En el primer semestre de 1972, este déficit aumenta en u$s 6,7 millones. El total de u$s 15,2 millones, para una gestión y media, es el mayor déficit de los últimos 10 años para un período semejante. ¿Por qué se da esta dife­rencia desfavorable? Substancialmente por el em­pleo que la dictadura hizo de las reservas inter­nacionales para cubrir el déficit dé la Balanza

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de Pagos. ¿Por qué, se produce este déficit? Por el pago neto que demandó la retribución de inversiones.

Otro factor coadyuvante es la creciente pre­sión de la demanda del sector privado. ¿Cómo se explica esta demanda de dólares? Por las ma­yores compras de un sector que termina adqui­riendo cuatro veces más divisas que las que pro­duce. El Estado aporta el 80 % de los dólares provenientes de todas las exportaciones del país, y el sector privado solamente, el veinte por cien­to. Pero el sector privado utiliza el ochenta por ciento de esos dólares y el sector público sola­mente el veinte por ciento. En 1971 el sector privado compró u$s 156,4 millones, y el sector público solamente u$s 36,8 millones. Del total comprado por el sector público, las empresas descentralizadas (COMIBOL, ENAF e YPFB), que son las que aportan la casi totalidad del 80 % correspondiente a las ventas del sector público, adquirieron solamente u$s 19,9 millones (el lO %). En el primer semestre de 1972, el sector privado vendió u$s 21,6 millones, pero compró u$s 73 millones.

A pesar de la im portancia del déficit de u$s 6,7 millones correspondiente al primer se­mestre de 1972 en el mercado de cambios, ¿pue­de afirmarse que revela una tendencia a tal punto amenazante para las reservas monetarias que de­terminó la devaluación? No, en absoluto. En 1967 el déficit fue de u$s 10,8 millones y, sin embargo, no se adoptó esa medida. ¿Por qué, pues, se ha procedido a esta devaluación en frío que la dictadura presenta bajo el nombre de "Nuevo Plan de Estabilización"? Por las siguien­tes razones: 1?) Por exigencia del . Banco Mun­dial que, mediante la infrevaloración de la mo­120

neda nacional, proyecta mejorar la capacidad de pago del Estado para viabilizar el financiamiento global de la desnacionalización de los sectores básicos y estratégicos de nuestra economía, bajo la forma de Sociedades Mixtas beneficiarías de préstamos que el Estado debe garantizar. 2?) Pa­ra ofrecer a los inversores privados extranjeros, atraídos por la Ley de Inversiones y la de Hidro­carburos, una relación monetaria que asegure, por el envilecimiento de nuestro signo moneta­rio y la sobrevalorización del dólar, un costo de producción más bajo que le permita mejores condiciones de competencia y mayores márgenes de rentabilidad, dentro de los mercados regiona­les y subregionales. 3?) Para modificar el régi­men de ingresos estables en moneda nacional que la burguesía exportadora nativa obtenía por la venta de los dólares generados por sus ventas al exterior y, de este modo, incrementar el margen de sus utilidades. 4?) Porque la Dictadura nece­sita aumentar el rendimiento en moneda nacio­nal de los dólares generados por las exportacio­nes de las empresas descentralizadas del Estado, pero no con destino a obras de desarrollo, sino para equilibrar el cuantioso déficit fiscal. De este modo, eleva su capa¿idad de endeudamiento hasta los límites fijados por las exigencias del Plan Desnacionalizador del imperialismo y el Banco Mundial y cede a la inocultable presión del FMI.

El decreto desvalorizador de la Dictadura confiesa el primer objetivo al afirmar que su aprobación " . . . debe estar necesariamente condi­cionada a la obtención de un substancial fi­nanciamiento externo..."; reconoce el segundo propósito al sostener que busca modificar una "...posición competitiva de Bolivia que desa­lienta la expansión de nuestras exportaciones...";

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acepta la tercera finalidad al afirmar que na de­be seguir .ocasionándose ingresos fijos en moneda nacional al sector exportador.. .". En cuanto .al cuarto objetivo, este Decreto del Ham­bre no lo menciona porque implicarla la admi­sión del sentido oculto que tiene el primero y las consecuencias finales de toda su servil polí­tica económica.

Usualmente, los países que acuden a limita­das desvalorizaciones periódicas, ló hacen a là zaga de la modifícación del tipo de cambio ope­rada en el mercado "negro'* o "paralelo". Lá fijación dé las nuevas paridades tiende a aproxi­mar la cotización oficial a la ilegal, Sin alcan­zarla nunca. En Bolivia la Dictadura ha inver­tido los términos y fijado ün tipo de càmbio (9b 20 por dólar) que deja lejos la cotización determinada por las transacciones ilegales ($b 16 ó 17 por dólar): No se trata, pues, de una des­valorización cualquiera, sino de ún brutal envi­lecimiento de la moneda.

¿Cuáles son los beneficios que el Decreto dél Hambre reporta a sus autores, legalizadores y destinatarios? Con excepción, naturalmente, dél provecho que ya obtuvieron aquellos que, ente­rados de la inminente devaluación, se apresura­ron a comprar dólares en el Banco Central, con pesos bolivianos prestados por el Banco Central. El Banco Mundial ha puesto a su cliente, la Dic­tadura, en estado financiero lo suficientemente solvente como para hacerse merecedor del cré­dito que hará posible la desnacionalización del patrimonio económico del Estado y de la nación. La Dictadura, a su vez, ha dado solución transi­toria a un déficit que ponía de manifiesto su incapacidad y deshonestidad administrativas, pe­ro sobre todo el irremediable fracaso de la polí­tica económica de la burguesía monopólka. Los122

inversores extranjeros que se aprestan a la aso­ciación mixta con un Estado en minoría, han ob­tenido la seguridad de que encontrarán un país no sólo pacificado, sino también muy barato. El Decreto del Hambre establece, por ejemplo, que la producción exportable de goma, castaña, o la del campesino que una vez al año recoge una magra cosecha de café, debe pagar el 15 % sobre el valor neto. Pero el petróleo de los inversores que al amparo de la Ley de Hidrocarburos lle­guen al país, está liberado de esta tributación. ¡La Dictadura no podía olvidar a sus connacio­nales! Los tiene en cuenta en toda disposición. El artículo 35? del Decreto del Hambre dispone que nadie estará exento del pago de impuestos, que nadie gozará de liberaciones aduaneras, con excepción, naturalmente, de todas aquellas con­cedidas por la Ley de Inversiones y la de Hidro­carburos, en favor de las empresas extranjeras que se acojan a los beneficios de ambas. Las em­presas del sector público deben pagar todos los impuestos y regalías “al igual que cualquier otra persona natural o jurídica”. ¡La Gulf no es cual­quiera persona, no faltaba más!

La burguesía exportadora monopólica ten­drá su parte. El volumen de sus exportaciones está por encima de los u$s 50 millones anuales. Al tipo de cambio de $b 12 por dólar, ella obte­nía $b 600 millones. Al tipo de cambio de $b 20 el dólar, obtendrá $b 1.000 millones. La diferen­cia de $b 400 millones que obtiene se converti­rán, en el régimen de libre cambio, en u$s 20 mi­llones, que incrementarán sus utilidades.

¿Cuáles son las consecuencias para el pue­blo? Los sectores medios de la población, con un nivel de ingresos ligeramente superior al de simple subsistencia de las masas obreras y cam­

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pesinas, pero todavía muy lejos de la condición propietaria de la clase burguesa, contribuyeron al ahorro en moneda nácional. Ciento siete mil ahorrantes entregaron un total de $b 345 millo­nes a las Asociaciones y Cooperativas. Si se su­man los $b 441 millones depositados en las cuen­tas de ahorro de las Cajas, observaremos que los $b 786 millones ahorrados que antes de la deva­luación representaban u |s 65 millones, ahora se han reducido a u$s 39 millones. Cien mil aho­rrantes y las familias que de ellos dependen, me­dio millón de personas a las que se les ha des­pojado de treinta y nueve millones de dólares.

El total del circulante alcanza a $b 1.777 mi­llones, con un equivalente, en números redondos, de u$s 140 millones. El 24 % está depositado en cuentas corrientes y el 76 % está en manos del público, en efectivo. Se estima que de esta suma una cantidad apreciable pero indeterminada per­manece inmovilizada o semiinmovilizada en ma­nos del campesinado. El equivalente de u$s 140 millones a que alcanzaba el circulante antes de la devaluación, se ha reducido, por efecto del nuevo tipo de cambio, a solamente u$s 85 millo­nes. Todos los tenedores de dinero han perdido un total de cincuenta y cinco millones de dólares.

En los últimos siete años el costo de vida registra un aumento del 39 %. Pero en un solo día, el 27 de octubre, subió en el doble. En 1965 y por decreto complementario del Plan Triangu­lar, se rebajaron en 45 % los salarios de los tra­bajadores mineros. En 1972 el Decreto del Ham­bre disminuye a la mitad los sueldos y salarios de todo trabajador. En ambas ocasiones, los inspiradores y los ejecutores son los mismos. El valor adquisitivo de los sueldos y salarios ha sufrido una pérdida inicial efectiva del 67 % y124

una incalculable disminución progresiva deter­minada por el efecto incesantemente desvalori- zador que tendrá el congelamiento de sueldos y salarios, por una parte, y el incontrolable enca­recimiento del costo de vida, por otra. ¿Cómo compensa a los trabajadores la Dictadura? Con un aumento equivalente al 12 % del promedio de las remuneraciones vigentes en la industria ma­nufacturera, minera, petrolera y en las funciones públicas y privadas.

¿Dónde va a parar la mitad del salario o sueldo de todo trabajador? Es que el gobierno norteamericano piensa que la clase trabajadora de Bolivia debería compartir con el tesoro nor­teamericano la carga de financiar el plan eco­nómico que la Dictadura burguesa ejecuta en servicio del imperialismo. Eso es todo. Ante la protesta que los trabajadores que se resisten a tolerar un decreto que los condena al hambre, la Dictadura responde cercando los centros fa­briles con tanques. Pero cuando el reclamo sur­ge de algún sector de la burguesía que, por las contradicciones propias del sistema capitalista, resulta menos favorecido que otro, la Dictadura hace saber que: “El Gobierno ha optado por re­visar algunas de las medidas complementarias a la devaluación monetaria, después de que influ­yentes sectores empresariales privados manifes­taron su disconformidad con ellas".

¿Quién gana y quién pierde con el Decreto del Hambre? Las respuestas llegan en el lenguaje propio de las clases y los sectores beneficiados o afectados. El imperialismo celebró la medida con un respaldo de u$s 54 millones (u$s 24 millones del gobierno de los EE. UU. y u$s 30 millones del FMI). A la burguesía exportadora, Banzer le re­cuerda: "En cuanto a la empresa privada, ahora que el Estado ha hecho su parte, cuenta con una

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alternativa para lograr sus objetivos. Pero la Dic­tadura toma conciencia de que ha suscrito el acta de su defunción política: “No existe otra opción. Tenemos que creer en nosotros mismos, porque el que pierde la fe, ha perdido la bata­lla”. Tres días después de esta confesión de Ban- zer, los tanques avanzan sobre los barrios fa­briles a imponer la devaluación monetaria y a perder la primera batalla. Cae la primera baja en las filas del pueblo. La clase trabajadora ha pasado de la resistencia pasiva a la barricada. ¡Esa es la respuesta!

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3. La ocupación del país

El rápido, profundo y extenso desarrollo po­lítico de las masas bolivianas, el extraordinario ritmo de su radicalización y de su ascenso, plan­teó al imperialismo norteamericano la necesidad inaplazable de restablecer en el poder a la bur­guesía proimperialista para afianzar su domina­ción interna. La peligrosidad que para el impe­rialismo entrañaba el simultáneo aunque distinto desarrollo político liberador que en Bolivia, Perú y Chile se daba antes del 21 de agosto, amagando sus intereses hemisféricos sobre el Pacífico e in­troduciendo un importante factor de desequili­brio continental en la correlación regional de fuer­zas, hizo que la ocupación de Bolivia dejara de ser un problema referido solamente al control del poder interno y se transformara en una exigen­cia para la restauración de su dominación en el extremo sur de América. La intervención norte­americana en el golpe del 21 de agosto y la con­siguiente eliminación de uno de esos tres factores nacionales de perturbación, justamente de aquel donde el desarrollo político de las masas oprimi­das y el nivel de su conciencia revolucionaria se manifestaban más radicales, debía tener, como consecuencia de ello y de la particular posición

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geográfica de Bolivia, el efecto de una seria agu­dización de la vulnerabilidad externa del proceso liberador que se operaba en los otros dos países.

En esencia, la lucha por el poder en el área de la dependencia siempre tiene un carácter in­ternacional. Pero la manifiesta internacionaliza- ción regional de la lucha por el poder en Bolivia corre paralela no solamente al cambio del con­tenido de clase de las corrientes en pugna y a la modificación cualitativa del desarrollo político revolucionario interno, sino al cambio de la co­rrelación de fuerzas en el plano internacional. Internamente, la lucha por el poder ya no se da entre sectores de una misma clase burguesa por cuotas de poder, sino entre clases antagónicas por la totalidad del poder. Internacionalmente esto se desarrolla en un conflicto entre la nación explotada y la metrópoli explotadora. Es esta contienda la que, en el marco de la explotación neocolonial de América Latina, puso en movi­miento represivo a la estructura continental de dominación que desembocó en la intervención delegada brasileña en el golpe del 21 de agosto.

Desde el punto de vista económico, Bolivia es para el imperialismo un mercado irrenuncia- ble de abastecimiento de recursos naturales no renovables de carácter estratégico que no produ­ce y cuyas fuentes tradicionales de suministro se escapan progresivamente de su control. Pero también para el gobierno brasileño Bolivia es no sólo el campo de acción de la misión política delegada por los EE. UU. de contener regional-. mente el proceso de liberación revolucionaria, sino el mercado inscrito en los proyectos expan- sionistas del desarrollo industrial capitalista de la burguesía brasileña cuyos intereses traduce ese gobierno en planes de ocupación y de anexión militar.128

¿Cuáles fueron los factores Internos que el imperialismo puso en movimiento para la ejecu­ción del golpe restaurador de su dominación en Bolivia?

La intervención directa de una burguesía mi­nera controlada por el imperialismo a través de la inversión, del financiamiento o del mercado y afectada por la intervención monopólica o sim­plemente competitiva del Estado en el campo de la minería, de la comercialización y de la meta­lurgia. La participación de una burguesía agra­ria surgida de las nuevas relaciones de produc­ción establecidas en la explotación de la tierra y vinculada al capital financiero internacional. La combinación de estos dos sectores de clase que reemplazan a la vieja alianza del superesta- do minero con la clase terrateniente y que per­mitió el control oligárquico del poder durante la primera mitad de este siglo, constituyó el co­mando nativo del golpismo proimperialista. La acción de respaldo de la burguesía comercial, in­dustrial y bancaria, íntimamente ligada^ a la mi­nera y la agraria. La adhesión inactiva de los pequeños empresarios dependientes de Jos gran­des grupos empresariales de la burguesía proim­perialista que monopolizan la producción, el cré­dito y el comercio. La temerosa conformidad de la pequeña burguesía que se sentía políticamente desplazada por el desarrollo revolucionario y a la que la derecha presentaba como víctima de una inminente expropiación anárquica e indiscri­minada. La anulación de las capas medias de la población y aun de los sectores pobres no obre­ros a los que la provocación y la propaganda reaccionaria mostraban como marginados de un programa político excluyentemente proletario. La neutralidad de algunos sectores obreros política­

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mente atrasados e influidos por el nacional po­pulismo y la prédica sindical salarialista. La dis­persión y la pasividad de las masas campesinas minifundiarias, explicablemente rezagadas en el proceso de ascenso revolucionario que ya no se movía ideológicamente con la pequeña burguesía antifeudal, sino por la concepción proletaria an- timperialista y antiburguesa.

En el aspecto militar, el control ideológico y organizativo de las estructuras de mando de las FF. AA. y la presencia de los sectores reacciona­rios y golpistas que fueron mantenidos en situa­ciones de mando superior; la Influencia política que en el grueso de la oficialidad tuvo el despla­zamiento hacia posiciones regresivas de las capas medias de que son originarios; el efecto unifica- dor que tuvieron las provocaciones de un antimi­litarismo indiferenciador; y el uso que la derecha hizo de esas provocaciones para suscitar un sen­timiento de autodefensa profesional colectiva e individual, todo lo cual concluyó por anular la acción francamente minoritaria de una fracción progresista pero vacilante.

En el aspecto político, el imperialismo dis­puso del Movimiento Nacionalista Revoluciona­rio y de Falange Socialista Boliviana, partidos a los que unió en un pacto conspirativo forzoso para dar una cobertura política a la alianza de los ejecutivos de la Confederación de Empresa­rios Privados con los altos mandos castrenses, única manera de encubrir la índole clasista y pro­imperialista del golpe. El MNR es el partido que representó a la pequeña burguesía antifeudal y antioligárquica al inicio del proceso revolucio­nario de 1952, concluyó encabezando al sector proburgués de esa clase oscilante en una deser­ción que le llevó a pactar con la burguesía hege- mónica y a claudicar ante el imperialismo. Para130

el proletariado de mayor conciencia de clase y nivel político, el MNR ya era un partido contrarre­volucionario. Para las capas políticamente atra­sadas de la clase trabajadora y para la peque­ña burguesía no reaccionaria, conservaba alguna imagen progresista. Para la burguesía industrial, comercial y bancaria, era un partido convertido a su causa y entregado a su servicio, aunque de lejanas raíces populistas que le intranquilizaban inmotivadamente. Para la vieja clase terrate­niente, era el antiguo partido expropiador identi­ficado con la Reforma Agraria. Para las FF. AA., era el partido del que les separaba un imborra­ble rencor institucional derivado de su derrota armada en 1952 y de la dominación política que ejerció sobre ellas por muchos años. Para el im­perialismo, el MNR era el partido que en su do­ble condición de conductor y traidor al proceso revolucionario del año 52, ofrecía una ventaja también doble. Servía para atrapar a las capas pobres de la pequeña burguesía en la confusión ideológica de sus postulaciones "policlasistas", y para neutralizar a los sectores obreros de me­nor formación política con ayuda de la imagen vaga e impropiamente progresista que conser­vaba a causa de su derrocamiento por el golpe militar del 4 de noviembre de 1964. Pero tam­bién ofrecía la garantía de su probado transfugio político y, por tanto, de su utilidad como correa de transmisión de la burguesía proimperialista al poder. La encubierta participación de este parti­do en el fracasado golpe fascista del 4 de octubre de 1970 y su ulterior expulsión del Comando Po­lítico de la Asamblea Popular, fueron insuficien­tes para desenmascararlo del todo ante las masas.

La necesidad de compatibilizar la utilidad política que podía prestar el MNR, con la injus­tificada y débil desconfianza que inspiraba a las

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FF. AA. a parte de la burguesía tradicional, llevó al imperialismo a exigir la alianza del MNR con FSB, partido éste cuyo origen de clase, vocación militarista, coincidencia ideológica con la radica* lización de la derecha y antigua y apasionada ene­mistad con el MNR, cumpliría el papel de aval del carácter inofensivo que asumiría la partici­pación movimientista en el golpe, haciendo posi­ble el levantamiento del veto militar que pesaba contra el partido jefaturizado por Paz Estenssoro.

¿Cuáles han sido los efectos sociales y políti­cos del golpe? En primer término se ha operado un cambio en la composición de clase del poder. De manos de la pequeña burguesía nacionalista ha pasado a manos de la burguesía proimperia­lista, en mayor medida y con un carácter más re­sueltamente oligárquico que en el caso del gobier­no de la Restauración concluido el 26 de setiem­bre de 1969. Hasta entonces la burguesía pro­imperialista participaba del gobierno por medio de viejas y casi inexistentes agrupaciones políti­cas reaccionarias, unidas al oportunismo de dere­cha y de izquierda. Ahora lo hace por la interven­ción directa en el gabinete de los ejecutivos de las empresas privadas monopólicas. El desarrollo de la lücha de clases ha polarizado la contienda por la captura del poder. Esta polarización ha traído como consecuencia la radicalización de las posiciones de clases antagónicas. La izquierda se ha hecho revolucionaria y la derecha se ha toma­do fascista. Para la derecha, derrotada ideológi­camente, el fascismo es hoy en Bolivia la última trinchera de fuerza donde se bate en retirada, como en su tiempo fue el nacional populismo claudicador su última simulación para sobrevivir históricamente. Agotada ideológicamente, incapaz de contar con un partido de masa? que exprese sus intereses, la burguesía liberal proimperialista132

ha recurrido a la impostura de un nacionalismo chauvinista para dar coherencia política a su ine­vitable fascistización. Pero esta apelación deses­perada a la violencia la ha obligado a renegar de la propia institucionalidad y de la legalidad bur­guesa que durante un siglo y medio invocó y usó para conservarse en situación de dominio. Se ha desembarazado del orden jurídico e institucional que ayer legitim aba su condición, explotadora, porque hoy se ha convertido en un osbtáculo para la guerra a muerte que ha declarado contra las fuerzas sociales que la lucha de clases y el desa­rrollo histórico empujan hacia el poder. La bur­guesía se ha desenmascarado. Y la consecuencia es que la democracia burguesa se ha convertido en la Dictadura de clase de la burguesía. Ese es el carácter que asume el gobierno surgido del gol­pe del 21 de agosto: una Dictadura burguesa pro- imperialista que esgrime el nacionalismo para ex­plicar políticamente su fascistización.

Con los objetivos y los instrumentos señala­dos, sobre la base de las condiciones sociales y políticas generales a referidas, y con el poder dic­tatorial en manos de la burguesía, el imperialismo inició la ejecución de un plan que reconocía dos etapas de realización. En la primera se propuso utilizar al máximo las ventajas derivadas de la si­tuación de fuerza para crear las condiciones polí­ticas, económicas y sociales favorables a la con­solidación del poder de la burguesía proimperia­lista. En la segunda pretende el repliegue táctico de las FF. AA. a sus cuarteles, su conservación como el factor de poder determinante, y su reem­plazo en Junciones de gobierno por una alianza orgánica de los partidos golpistas que pudiera lle­nar el vacío de poder político de la derecha y ase­gurar continuidad al proceso restaurador de la oligarquía.

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¿En qué medida se cumplieron estos planes? Fracasaron en la primera etapa. Fracasarán en la segunda.

En lo político se propusieron la liquidación de la izquierda revolucionaria, el exterminio de su vanguardia, la dcspolitización del movimiento universitario y estudiantil, la conscripción políti­ca de las masas en las filas del nacional populis­mo proburgués y la preservación de la estabilidad política. Pero fracasaron. Ñi la proscripción de las fuerzas revolucionarias, ni la prisión y muer­te de muchos de sus dirigentes, ni la adopción de un régimen punitivo pseudo legal que suprimió el "habeas corpus” y estableció la pena de muerte para castigar la militancia revolucionaria y el compromiso patriótico, ni la cancelación de todas las libertades, garantías, derechos y fuero demo­cráticos y sindicales, ni la explotación chauvinis­ta e hipócrita del sentimiento patriótico del pue­blo, ni el cuantioso respaldo económico oficial y privado al FPN, ni el reparto masivo de puestos públicos, de prebendas económicas y de impuni­dad para el robo y el crimen, nada de eso ha hecho posible que los partidos oficialistas y la ideología burguesa avancen a costa de las posi­ciones revolucionarias en el seno de las clases desposeídas y oprimidas. Tampoco la suspensión del año escolar, ni la clausura de las universida­des, ni la supresión de la autonomía universitaria y la entrega del sistema pedagógico superior a una estructura clasista dependiente dé la autori­dad individual del presidente de turno de la Dic­tadura, han podido ni podrán destruir el espíritu combativo y la insobornable conciencia revolu­cionaria y patriótica de la juventud boliviana.

En lo económico proyectaron la desnaciona­lización de los sectores básicos y estratégicos, la privatización de las empresas del Estado y el fo­134

mentó de un desarrollo capitalista y dependiente. Pero también prometieron, por razones políticas, la activación general de la economía, el bienestar económico de las capas medias, la creación de nuevas fuentes de trabajo, la defensa del valor adquisitivo de las remuneraciones, la preserva­ción de la estabilidad monetaria y la absorción de la mano de obra desocupada. Pero fracasaron. Han aprobado las leyes desnacionalizadoras y las han empleado. Han comprometido el agotamien­to de las reservas petroleras, y las están agotando. Han fomentado el enriquecimiento de la burgue­sía y la concentración de la riqueza, pero lo han hecho empobreciendo a todo el pueblo, elevando el costo de vida, disminuyendo los sueldos y sala­rios y aumentando la cesantía.

En lo social se propusieron utilizar al MNR en la desarticulación de la COB, de la FSTMB y, en general, en la suplantación de la organización obrera revolucionaria por el sindicalismo amari­llo; preservar la paz social marginando a la clase trabajadora de la represión masiva, sólo táctica y temporalmente, y conservando el nivel de sus remuneraciones; anular políticamente al campe­sinado mediante la extensión y profundización del "pacto” militar campesino; y mantener a la pe­queña burguesía unida a los intereses políticos de la burguesía. Pero fracasaron. La conciencia re­volucionaria de la clase obrera identificó a los agentes y a los desertores, defendió la indepen­dencia de sus organizaciones sindicales y eligió a dirigentes con tradición de lucha. Los sectores medios y pobres de la pequeña burguesía, defrau­dados en sus expectativas de bienestar, han dado la espalda a la burguesía proimperialista y co­mienzan a'moverse en dirección de la clase pbre- ra. Las masas campesinas, empujadas por la po­breza, inician la ruptura del cerco militar "pacta­

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do”. La clase trabajadora rompe la paz social impuesta por el terror y gana las barricadas.

En cuanto a la segunda parte del plan consis­tente en el relevo constitucional de las FF.AA. en funciones de gobierno, por una alianza orgá­nica de los partidos golpistas que haría posible el repliegue táctico de la institución castrense, tam­bién fracasará.

El FPN está compuesto por el Alto Mando Militar, la Confederación de Empresarios Priva­dos de Bolivia (CEPB), el MNR y FSB. Los dos primeros organismos son los determinantes por­que representan de modo directo los intereses de clase de la burguesía proimperialista, en cuanto institución de fuerza contralora del poder guber­namental y como comando oligárquico poseedor del poder económico, respectivamente. El prime­ro de ellos hizo esfuerzos inútiles, que ya ha aban­donado, por completar la unificación del MNR y FSB que el imperialismo impuso como requisito para el apoyo internacional al golpe del 21 de agosto. ¿Por qué estos partidos que cumplieron la exigencia de su reconciliación conspirativa para llegar al gobierno, no pueden aceptar la de su fu­sión para heredarlo?

Porque los intereses de clase que representan, inicialmente confundidos, son distintos, tienden a diferenciarse inevitable y rápidamente y entra­rán en contradicción. FSB fue el partido joven de la clase terrateniente afectada por la Reforma Agraria. El MNR fue el partido de la pequeña burguesía insurgente que anuló a esa clase. Aun­que el proceso inconcluso de afectación de la tie­rra dio origen al capitalismo agraiio con que el MNR está identificado, lo que lo ac "edita vincu­lado con los intereses de la burguesía (una parte de la comercial también se formó o fortificó bajo su Gobierno), la subsistencia de formas feudales136

y semifelídales de explotación de la tierra preser­va una contradicción en el seno de la oligarquía que las relaciones del MNR y de FSB no pueden menos que expresar en el plano político. En su­ma, que los intereses de clase o grupos de clase subsisten y que, en consecuencia, las diferencias entre los partidos que los representan también se preservan. En la conspiración y el disfrute inicial del poder, los intereses de la burguesía y de la pequeña burguesía parecieron confundidos. Pero el control del poder por la burguesía monopólica y el daño que la pequeña burguesía ha sufrido a causa de la política económica de la Dictadura, han restablecido las diferencias que a medida que pasa el tiempo tienden a acentuarse. Esta es la razón fundamental de la impracticabilidad de la fusión que el imperialismo pretende. Los parti­dos no pueden estar sino allí donde están las cla­ses cuyos intereses representan, ni siquiera tra­tándose de uno tan oportunista como el MNR, pues FSB es reaccionariamente consecuente. Y la burguesía no puede mantener la adhesión polí­tica de la pequeña burguesía si su potenciamiento desde el poder se realiza parcialmente a expensas de los intereses de ésta.

A esta contradicción de clase se añaden las contradicciones derivadas de las relaciones del gobierno de los EE. UU., el Alto Mando de las FF. AA.. y la CEPB, con uno u otro partido, en función de la defensa de sus respectivos intereses que, siendo esencialmente coincidentes, manifies­tan tendencias tácticas progresivamente diferen­ciadas en sus expresiones políticas inmediatas. Para el imperialismo el MNR converso, por su in­comprensión original del carácter antimperialista que asume la lucha por la justicia social, su iden­tificación con el propósito general de moderniza­ción burguesa de la sociedad (del feudalismo al

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capitalismo agrario), como meta histórica, por la ambigüedad, de su posición ideológica "policla- sista", por la influencia que pudiera ejercer sobre las masas campesinas propietarias, por el peso político que pudiera conservar entre las capas po­bres de la pequeña burguesía, por su populismo demagógico de otra hora, por su probada resis­tencia pequeño burguesa aí avance de la clase obrera, por su sincera .reconciliación con la dere­cha; por su eficaz servicio a los intereses imperia­listas, por la experiencia adquirida por algunos centenares de funcionarios medios'en más de una década de ejercicio del poder, mostraba las con­diciones que lo recomendaban como al heredero gradual del gobierno surgido el 21 de ágosto. En FSB, en cambio, reconoce el imperialismo la re­presentación de un sector anacrónico de la so­ciedad, sin gravitación política popular ni poder económico, de utilidad represiva pero sin las con­diciones mínimas de experiencia político-adminis­trativa y con una imagen irremediablemente ne­gativa en las masas campesinas y obreras. En su­ma, carente de viabilidad política.

Aunque la CEPB, en cuanto comando político nativo de la burguesía monopólica proimperialis­ta, no podía sino coincidir con esta apreciación ge­neral, acusó una desinteligencia interna respecto de la rehabilitación completa del MNR, depen­diendo del punto de vista de los sectores tradicio­nales y modernos de la oligarquía y de la mayor o menor vinculación de ese partido con la estruc­tura capitalista nativa y con la burguesía nacional que se propuso crear.*

También en el seno de las FF. AA. se dio des­de el inicio una contradicción sobre la interven­ción del MNR y sobre el carácter que asumiría esa intervención, resultante del distinto condicio­namiento de clase de los sectores castrenses y138

a pesar del común resentiinienio y «laeoafiaan que les inspiraba. En términos generales, los man­dos jerárquicos superiores, a causa d e su mayor relación de dependencia con la política del Pen­tágono, su antigüedad militar que acredita en la mayor parte de los casos su pasada militancia en el partido que gobernó al país y controló política­mente a las FF. AA. durante doce años, su paso por* funciones administrativas, políticas o diplo­máticas que m odificaron su status económico aproximándolos a la convivencia con la burgue­sía, aceptaban la intervención del MNR. Lo ha­cían comprendiendo una exigencia impuesta por su orfandad política, con el propósito de que el MNR amortiguara política y sindicalmente el efec­to negativo que tendría en las masas populares la cancelación del proceso revolucionario y en la esperanza de que llenara el vacío político dejado por la proscrita izquierda revolucionaria. El sec­tor militar vinculado socialmente con la clase te­rrateniente afectada después del año cincuenta y tres y con las capas altas de la pequeña burgue­sía, sector que fue marginado de las FF. AA. ba­jo el gobierno del MNR y reincorporado en 1965, -lideriza una oposición definida a este partido. El grueso de la oficialidad joven, originaria de las capas pobres de la pequeña burguesía y, en me­nor proporción, de algunos sectores obreros, ar­tesanales y aun campesinos, vacila confundido, sin ceder en un sentimiento antimovimientista institucionalmente cultivado, aunque para la ma­yor parte de ella sin relación con una experiencia profesional concreta, entre el bando de los que fueron arrojados de la institución poi el MNR, hace veinte años, y el bando de los que restable­cieron al MNR en el gobierno el año pasado. Am­bos'sectores desarrollan una intensa campaña de proselitismo y de presión y se disputan la adhe­

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sión de la oficialidad joven indecisa. Las frecuen­tes crisis militares que concluyeron en el despla­zamiento de los hombres fuertes del Ejército que impugnaron la participación del MNR en el go­bierno, revelan que hasta ahora el sector resuel­ta y tradicionalmente antimovimientista muestra militarmente la debilidad que socialmente corres­ponde a los sectores de clase de que es oriundo; pero, sobre todo, descubre que el Alto Mando con­duce a las FF. AA. institucional y jerárquicamente siguiendo el rumbo señalado por el imperialismo a través del Pentágono y en aplicación de su doc­trina militar hemisférica.

Pero la posición de estos factores de poder fundamental, respecto de las fuerzas políticas ac­cesorias de que se valen, no es inmutable, pues lo que les interesa es emplearlas en el afianza­miento de su dominio y no dar pruebas éticas de fidelidad a ellas. Por el contrarío, se modifica con la frecuencia y rapidez con que evoluciona la si­tuación política y social. El alejamiento de la pe­queña burguesía defraudada en sus expectativas de mejoramiento económico y social, arrastra inevitablemente a las bases del MNR, empuja a ciertos sectores de ese partido no comprometidos con la camarilla cómplice de la Dictadura ha­cia posiciones progresistas, aísla a la fracción go­bernante y la reduce a la dimensión y significa­ción de un grupo residual palaciego, cada vez más divorciado de su propia militancia y, por tanto, de progresiva insignificancia e inutilidad política para la propia burguesía.

Si el interés político del comando oligárquico- militar en el MNR disminuye rápidamente, tam­bién se invalidan en la misma medida y con ma­yor celeridad las motivaciones por las que FSB toleró una alianza golpista que forzaba el grado de autonomía que este partido podía permitirse140

respecto de la clase terrateniente y del sector tra­dicional de la burguesía de que es exprer'V po­lítica, a lten« que lastimaba el sentimiento de sus bases aunque satisfacía la avidez burocrática senil de ambas direcciones partidarias. En la misma wif<liHa en que la dirección del MNR se aleja de sus bases de sustentación social, se acerca a la dirección de FSB. Nunca antes hubo entre ambas direcciones menos diferencias ideológicas y pro­gramáticas que las que ahora las distinguen casi imperceptiblemente.

El ¿codo de los sectores sociales que hace un aftn todavía fueron representados o influidos par­cialmente por .el MNR, a causa de la empobre­c e d la política económica y monetaria de la Dic­tadura, liquidó el engañoso proyecto populista originalmente concebido sobre la dirección de ese partido que ahora ha entrado en conflicto con su propia base social y precisamente a causa de su adhesión a esa política económica.

¿Qué significado tiene la última exigencia mi­litar de incorporar en el frente oficialista al "ba- rrientismo”, esa reserva reaccionaria y oportunis­ta, rosquera, seudolegalista y carente de toda base de sustentación social, pero fielmente represen­tativa de los intereses de la burguesía proimpe­rialista y en la que ésta sobrevive políticamente de un modo artificial?

Fracasado el proyecto de institucionalización del poder burgués por m ediodel relevo constitu­cional de la Dictadura proimperialista uniforma­da, por el organismo político resultante de la fu­sión del MNR y FSB, el imperialismo ensaya dis­tintas combinaciones de reagrupamiento político que puedan llenar el peligroso vacío dejado por la rápida e irremediable desvalorización del MNR. Ante la impracticabilidad de ese proyecto de alian­za burocrática concebido al margen de la realidad

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del desarrollo de la lucha de clases y de su expre­sión política, busca una solución que viabilice el repliegue institucional de las FF. AA.El imperialismo y la burguesía agente asisten confundidos a la disolución política del poder dic­

tatorial que instauraron a tiros y buscan, entre sus desorientados y desmoralizados efectivos, pie­zas de recambio para restaurarlo precariamente, vacilando entre las siguientes alternativas:

1. Persistir en el plan original de constitu- cionalización del gobierno, sobre la base de la actual estructura partidaria o de fracciones disi­dentes de los partidos oficialistas. Para ello, pre­paratoriamente, hacer ciertas concesiones sala« ríales, introducir algunas modificaciones en su política económica de corto plazo para detener el desbande de los sectores sociales medios queg hoy están más cerca del barrio obrero de Villa Victoria que del Palacio de Gobierno, rescatar 4 la pequeña burguesía y desarrollar una política que ofrezca a la dirección cómplice del MNR mo­tivos de reconciliación con sus bases partidarias.

2. Abandonar el proyecto constitucionaliza- dor de un gobierno nacional-populista. Afianzar el régimen de fuerza imperante, sometiendo la protesta popular. Eliminar todos los factores par* tidaríos conflictivos, p rofund izar y extender lai coherencia de su política económica desnaciona- lizadora, darle aún mayor definición en el carác­ter burgués de clase que le corresponde y culmi­nar el proyecto de organización de una dictadura militar-tecnocrática proimperialista com partida por el sector reaccionario de las FF. AA. y los re­presentantes del grupo monopólico de la burgue­sía nativa.

3. Promover la reestructuración del gobier­no mediante la incorporación de la reserva reac-142

d o n a r ía " barrien tista”, de lo s grupos p o lítico s de la b urguesía q u e h asta h oy n o in tervin ieron en fu n cion es gubernam entales y a lo s que correspon­dería el "m érito" de d esfascistizar el régim en, de restitu ir u n ca lcu lad o y restr in gid o m argen d e li­b ertad es dem ocráticas, de paliar transitoriam ente el e fec to negativo que la devaluación ha ten id o en la econ om ía de los sectores de m ayores ingre­so s de la pequeña burguesía , p ero sob re tod o , de elim in ar d el con ju n to de m ed id as adoptadas en relación con la devaluación m onetaria, aquellas d isp osic ion es tributarias que acentúan las contra­d iccion es in ternas en e l serio de la propia burgue­sía . T odo e llo com o arte del trabajo preparatorio d e la con stitucion alización dei gob ierno que haga p osib le el rep liegue in stitu cion al castren se, que detenga la radicalización p o l í t ic a de las m asas abriéndoles una vá lvula d e escap e e lectora lista , q u e im pida e l a islam ien to tota l de la burguesía , que la con so lid e y legalice en el gob ierno y que confiera carácter legal a la p olítica desnacionali- zadora de nuestra econ om ía , privatizadora de las em presas estratég icas y b ásicas d el E stad o, de exp lotación de las m asas trabajadoras, d e repre­sió n del m ovim ien to obrero, de proscripción de su s partidos de c la se y de su p ed itación co lon ia l d e su p o lítica exterior.

El im peria lism o y el com an do n ativo oligár- quico-gorila barajan esta s p osib ilid ad es que van desde la rad icalización derech ista y la con so lid a­ción de la d ictadura burguesa sobre la sangrienta represión del m ovim iento obrero y popular, h asta la sim ulación dem ocratizante, lá cticam en te refor­m ista, pero estratég icam ente contrarrevoluciona­ria, aunque sin d ecid irse a jugar ninguna. Intu­yen que todas están destinad as al fracaso. Pero la in d ecisión y la inacción prolongada es tam bién

m

una respuesta a la pregunta por una salida políti­ca pará la burguesía: No hay ninguna. Las tres alternativas importan un cambio en la composi­ción partidaria del régimen y el desplazamiento total o gradual de los partidos con los que Banzer compartió la Dictadura, terminará por arrastrar­lo a él mismo. Las tres exigen la intervención de las FF.AA. en d istin tas modalidades de golpes de rectificación interna por los que se intentará prolongar políticamente, bajo formas distintas, la misma estructura de poder y de dominación.

Ha llegado, pues, el momento en que la bur­guesía antinacional, que todavía puede jugar tác­ticamente para demorar su retirada, ya no tiene una estrategia para conservar el poder en sus ma­nos. Pero también ha llegado el momento en que al imperialismo, urgido de conservar en el poder a su clase agente, no le queda otra cosa que pro­bar, angustiosamente, distintas y efímeras combi­naciones burocráticas y de fuerza que posterguen la inevitable derrota histórica de la burguesía. Es frente a esta realidad que la izquierda debe actuar asimilando críticamente la valiosa y dramática ex­periencia recogida en los catorce meses transcu­rridos desde el 21 de agosto. Y es como parte de ella que el Partido Socialista asume su responsa­bilidad en la organización de la lucha popular por la liberación social y nacional.

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4. La liberación nacional

La batalla que la izquierda perdió el 21 de agosto no fue militar, sino política. Es la previa derrota política la que empujó a sus organizacio­nes de. vanguardia a la defensa armada y tardía que, por ello mismo, estaba condenada al fra­caso. Pero como la lucha política no es otra cosa que la forma más alta de expresión de la lu­cha de clases, la derrota de la izquierda comenzó con la pérdida de los sectores pobres no obreros y de las capas medias de la pequeña burguesía, cuyos intereses fueron confundidos con los de la burguesía, dejando a la cíase trabajadora aislada y enfrentada a una correlación de fuerzas fran­camente desventajosa. El 21 de agosto puso de manifiesto que la exacerbación de las diferencias ideológicas que hasta entonces antagonizaron a las distintas fuerzas de izquierda trabadas en una contienda suicida por la primogenitura de la re­volución, cedían ante la común necesidad de im­pedir la cancelación del proceso revolucionario; que las masas obreras no acudían al combate, y que esta renuencia revelaba el certero instinto de clase y la extraordinaria experiencia de ludia de las masas obreras que les permitió advertir la

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políticas populares, tampoco podía tener el efec- existencia de una correlación de fuerzas adversa y la carencia de una vanguardia unitaria.

La conversión de la unidad de resistencia en unidad política de conducción, bajo la forma de un frente antimperialista, era la respuesta que co­rrespondía dar a la izquierda, dialécticamente, frente a la unidad operada en el seno de la derecha para la captura del poder por la burguesía proim­perialista. Pero no una alianza que, de un modo mecánico, reproduzca y prolongue el tipo de uni­dad emergente del 21 de agosto, institucionalizan­do la errónea concepción militarista del carácter esencialmente político que asumió esa derrota y proyectándola a la índole que tendrá la lucha por la liberación nacional, sino la alianza de los par­tidos de la clase trabajadora y de las fuerzas po­pulares de avanzada para la reorientación y con­ducción de las masas oprimidas en el proceso revolucionario de emancipación de los explotados y de liberación de la patria ocupada. Sin embar­go, así como la coincidente intervención tardía en la infructuosa acción de defensa armada no podía modificar, por sí sola e instantáneamente, la colocación política de las clases, el solo hecho de la unificación antimperialista de las fuerzas to inmediato de un reagrupamiento clasista con­secuente con la rectificación de la conducta de esas organizaciones. Mientras ello no ocurriera, y no podía ocurrir sino como resultado de una mo­dificación de las adversas condiciones económi­cas, políticas y sociales generales, entre las que debe destacarse el reflujo del movimiento obrero y la desarticulación de las estructuras partidarias, la constitución del Frente Revolucionario Antim­perialista, en cuanto vanguardia efectiva de las clases oprimidas acaudilladas por el proletariado, en cuanto comando político representativo de la146

unidad de esas clases en torno de intereses comu­nes, no pasaba de ser una inmadura aunque co­rrecta aspiración qüe la realidad política y social prevaleciente impedía concretar orgánicamente y cuya coherencia interna y viabilidad tampoco po­día probarse en tanto esa misma realidad no le abriera posibilidades de confrontación práctica.

Pero la burguesía ha creado, en un solo año de ejercicio del poder dictatorial, las condiciones sobre las que la unidad antimperialista y antifas­cista debe desarrollar su acción de vanguardia, condiciones que configuran una coyuntura cuali­tativamente nueva y frente a la cual, recogiendo críticamente la experiencia frentista, esa unidad debe consolidarse redefiniendo sus términos y ob­jetivos.

Lá Dictadura burguesa hizo todo esfuerzo por preservar y aun acentuar la correlación de fuer­zas sociales que le permitió montar el golpe fas­cista del 21 de agosto, manteniendo la adhesión de los sectores medios de la población, aislando y neutralizando al proletariado y forzando, desde fuera, la eliminación de las contradicciones que se daban en las FF. AA. Esgrimió los fantasmas de la supresión de toda propiedad privada, de la can­celación de toda libertad democrática, de la re­presión sangrienta de toda conducta y pensamien­to no marxista, de la eliminación total de las FF. AA., de la supresión de la libertad de culto y, por último, el fantasma de la desmembración, de la desintegración de Bolivia antimperialista, y los atribuyó todos al programa de la izquierda y a sus consecuencias internas e internacionales, en una desvergonzada explotación del temor que inspira­ban ellos en las masas campesinas y en los secto­res medios de la población, y en una cínica apela­ción al sentimiento cristiano y patriótico de nues­tro pueblo. Marginó de la represión masiva, tác­

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ticamente, al movimiento obrero, habilitó al MNR para la suplantación de las direcciones obreras y para la organización de un sindicalismo amarillo, canceló el régimen de garantías y libertades sin­dicales y, finalmente, restableció y extendió los efectos del "pacto militar-campesino” para enfren­tar el campesinado a la clase obrera.

Pero pudo más la realidad que la impostura. Y la realidad de la política antinacional y antio­brera de la dictadura mostró objetivamente que lo que las capas medias de la población debían temer no era al programa revolucionario de cam­bio estructural de la sociedad formulado por la izquierda, sino a la acción dictatorial que la bur­guesía ejercita y que ellas sufren desde el 21 de agosto, a la expropiación constante de su econo­mía en beneficio del enriquecimiento de la burgue­sía monopólica, la prisión, el destierro y la muerte por disentir del pensamiento reaccionario oficia­lista. El movimiento religioso progresista, la igle­sia no reaccionaria, tuvo la confirmación de que lejos de temer a la nueva sociedad sin explotados con que se le amenazó, debe combatir junto a los oprimidos por establecerla, siguiendo su vocación cristiana y revolucionaria. La oficialidad joven progresista o no reaccionaria, ha podido hacer la experiencia de cómo invocando su misión de de­fender la soberanía, la independencia y la integri­dad nacionales, de una supuesta "intervención extranjera extremista”, el sector corrompido y proimperialista de los altos mandos utiliza a toda la institución militar y la asocia a la oligarquía, en la conformación y sostenimiento de un régi­men que negocia la soberanía nacional, permite la ocupación extranjera económica del país, el control extranjero de su propia institución, la su­basta de nuestro patrimonio y la posesión efecti­va de parte del territorio nacional.148

El pueblo todo ha podido comprobar cómo la Dictadura que explota su sentimiento patriótico con el argumento de la desmembración territorial de Bolivia por los países limítrofes, en caso de triunfar la causa revolucionaria, como un modo de persuadirlo de la presunta inviabilidad históri­ca de la revolución boliviana, comenzó y termina haciendo de la ocupación extranjera del país, del control extranjero de su economía y de sus insti­tuciones, su razón de ser, su origen y su destino.

Los planes imperialistas de habilitar al MNR como un "ala izquierda” de la Dictadura y de Ves­tir toda forma de resistencia popular con el uni­forme de un "guerrillerismo" aventurero, proyec­tos destinados al potenciamiento político del MNR como fuerza de relevo populista, y a tornar invia- ble en<el seno de las masas la lucha revoluciona­ria por la liberación nacional y el socialismo, han fracasado. El MNR cómplice de la Dictadura ya no podrá servir más como agente del imperialismo incrustado en la lucha revolucionaria por la libe­ración nacional y el socialismo, en las organiza­ciones populares. Su descalificación inhabilita también al nacional populismo de ideología peque­ño burguesa. En cuanto a la alianza antimperia- lista concertada inmediatamente después del 21 de agosto, ella abrazó la ideología de la clase tra­bajadora, reconoció el papel dirigente que le co­rresponde, se propuso organizar la lucha popular por la liberación social y nacional siguiendo el desarrollo político, la movilización, la organiza­ción de la clase trabajadora y los métodos propios de la revolución proletaria, descartando toda for­ma de vanguardismo y de acción política al mar­gen de las masas.

Ninguna medida de la Dictadura sirvió más y mejor al esclarecimiento de su índole burguesa y proimperialista, ninguna afectó económicamen­

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te al conjunto de la población en mayor medida y, por tanto, ninguna influyó más en la colocación de las clases respecto del poder, que la revalua­ción monetaria.. La aprobación del decreto deva- luatorio de la moneda nacional marca nítidamen­te el fin de una etapa en las luchas del pueblo boliviano y el principio de otra nueva, cualitati­vamente distinta. El plan de desarrollo económi­co capitalista afianzador de la dependencia, ha señalado con el dedo del hambre a las clases trabajadoras: ellas deben pagar el costo social y económico de ese plan imperialista que persigue la desnacionalización económica de Bolivia y el enriquecimiento de la burguesía intermediaria.

La pérdida del valor adquisitivo de los suel­dos y salarios, su disminución efectiva, la des­valorización del ahorro y el encarecimiento in­controlado del costo de vida, como efecto de una medida monetaria impuesta por el imperialismo y de desigual beneficio para la burguesía inter­mediaria, permitió a las capas pobres de la pe­queña burguesía y después a toda ella en su con­junto, descubrir que entre sus intereses y fos de la burguesía proimperialista que con su adhesión inactiva asaltó el poder y lo conservó durante el primer año, no sólo que no hay la presunta co­incidencia invocada por la primera, sino que los de la burguesía se incrementan a expensas de los intereses de la clase trabajadora y comprometen inevitablemente los de la propia pequeña burgue­sía* La comprobación de una mayor comunidad de intereses entre la clase obrera y los sectores pobres y medios de la pequeña burguesía, que entre los de éstos y los de la burguesía, ha modi­ficado substancialmente la correlación de fuerzas imperantes e invertido los términos de la situa­ción prevaleciente inmediatamente antes y des­pués del 21 de-agosto.150

Cesado el reflujo del movimiento obrero, la. clase trabajadora ha retomado la iniciativa. La lucha reivindicatoría de desechos y fueros vulne­rados y por mejores condiciones de vida, ha al­canzado, frente al saqueo de sus salarios, un nivel y una condición que revelan en las masas la con­ciencia del carácter político que asume la lucha por la justicia social y la dirección .revolucionaria que esa lucha debe tomar. La clase trabajadora ha pasado de la resistencia pasiva a la acción ma­siva antioligárquica. Las capas medias y pobres de la pequeña burguesía han iniciado un claro viraje que los aleja rápidamente de la burguesía monopólica y los aproxima a la clase trabajadora. El distinto beneficio resultante de la devaluación y'la transitoriedad de una parte de él, por el efec­to dístorsionador de la economía que tendrá el incontrolable proceso de encarecimiento del costo de vida, há introducido importantes factores con­flictivos entre los distintos sectores de la bur­guesía, agudizañdó sus contradicciones internas y debilitando sensiblemente la identificación de esa clase con el poder ejercido por la parte francamen­te proimperialista de ella. El viraje hecho por los sectores pobres de la pequeña burguesía de los que proviene el grueso de la oficialidad, ha com­prometido la posición interna del sector reaccio­nario de las FF. AA. y permitido qué el sector "ins- titucionalista" que apremia al Alto Mando por un abandono castrense de las responsabilidades de gobierno, gane posiciones y debilite el nexo polí­tico-militar que sustenta a la dictadura.

Las masas campesinas comienzan a tomar conciencia de que el "pacto militar-campesino" no impide que en aplicación del pacto de la bur­guesía con el imperialismo, el sector reaccionario de las FF. AA. que se ha apoderadodel Alto Man­do utilice el poder para empobrecerlos en bene­

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ficio de los herederos de la clase terrateniente que monopolizan la moderna producción agropecua­ria exportable.

El 21 de agosto encontró confundidos los in­tereses de la burguesía monopólica y los de la pequeña burguesía empobrecida. La clase traba­jadora estaba aislada y, por acción de los sectores obreros políticamente atrasados e influidos por la prédica de las direcciones nacional populistas, penetrada de una tendencia neutralizadora de su conciencia de clase. Hoy la situación es inversa, aunque todavía no maduramente inversa. La bur­guesía está aislada y en su seno se agudizan las contradicciones internas. Este nuevo alineamien­to de clases, todavía en proceso de definición de sus objetivos comunes, encuentra a la izquierda precariamente unida, pero exige que esta unidad sea capaz de formularlos, demanda que el desa­rrollo de esa unidad y su traducción en las tareas de conducción del nuevo ascenso popular se ade­cúe a las características determinadas por la nue­va correlación de fuerzas sociales y por el reno­vado avance del movimiento obrero. Corresponde a la vanguardia de las clases oprimidas prever el desarrollo de esta coyuntura caracterizada por la desintegración política de la Dictadura y por el nuevo vigoroso flujo popular.

Hace poco más de un año el imperialismo y sus agentes nativos pudieron interrumpir por la fuerza el ascenso revolucionario de las masas tra­bajadoras, restablecer a la burguesía intermedia­ria en el poder y detener el proceso de emancipa­ción nacional. Pero en sólo catorce meses han mostrado que ni con el abuso de la fuerza pueden anular el profundo desarrollo político revolucio­nario de las masas obreras, ni asegurar estabili­dad política al caduco poder burgués, ni consoli­dar el sistema de dominación nacional. Fracasado152

su postrer intento de institucionalización impune de la Dictadura burguesa o de constitucionaliza- ción del poder burgués, el im perialism o busca prolongar la agonía histórica de su clase agente mediante desesperadas maniobras que van des­de la radicalización derechista impuesta a sangre y fuego, hasta la simulación democratizante, des- movilizadora y contra insurrecional. Dentro de la estructura de poder creada por su participa­ción el 21 de agosto, cualquiera de estos recursos de rectificación interna demandará o provocará una nueva intervención de los altos mandos mi­litares en el desplazamiento parcial o total del régimen de gobierno presid ido por el coronel Banzer.

No importa la variante que se elija. Lo que si importa es esclarecer en la conciencia de las masas que cualquiera de ellas sirve al mismo pro­pósito de prolongación de fuerza o burocrática de un sistema de explotación social y nacional his­tóricamente agotado y, por tanto, condenado al fracaso. Lo que sí interesa es que el pueblo esté preparado para resistir y vencer la represión ma­siva y que esté prevenido para rechazar la ilusión democratizante con que se intentará someterlo sangrientamente o desmovilizarlo políticamente. Pero también importa y en la misma medida, evi­tar que las masas caigan en otra ilusión, en la ilusión de una victoria inminente o fácil. Lo pri­mero puede llevar al aplastamiento y a la desarti­culación del movimiento obrero, o a la división de las filas populares. Lo segundo puede condu­cir a la impaciencia y a la aventura provocadora y consolidadora del régimen. En ambos casos, el resultado no sería otro que una postergación de la victoria popular y nacional. No puede sub­estimarse la capacidad de maniobra de la burgue­sía ni la decisión del imperialismo de acudir a

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toda forma de .violencia para impedir la libera­ción nacional. Ni puede perderse de vista que no todas las soluciones desesperadas a que acuda exigirán la misma respuesta ni que todas ellas demandarán el mismo costo social en el camino de la liberación.

No hay, pues, la menor duda de que ninguna tarea es más importante hoy día, que la de per­feccionar la unidad de conducción antiimperialis­ta para que asuma su papel de vanguardia y sea capaz de organizar el nuevo ascenso obrero y po­pular, para que esté en condiciones de orientarlo, y prepararlo para transformar la próxima recti­ficación golpista de la estructura de dominación, en el inicio de un poderoso y orgánico proceso insurrécional que conduzca al pueblo oprimido a la captura del poder.

La unidad antimperialista está enfrentada a una coyuntura social y política cualitativamente nueva, en la que las masas realizan el proyecto unitario y avanzan a pesar del atraso de sus van­guardias. Es preciso que éstas se muestren capa­ces de superar el rezago y de actuar unitariamen­te junto a las masas, interpretando sus aspiracio­nes y expresando sus intereses, formulando sus objetivos de lucha, conduciéndolas por el camino de la liberación nacional y social y evitando los riesgos de desviación claudicadora o aventurera.

Ha comenzado una nueva etapa ascencional en la historia de las heroicas luchas del pueblo boliviano. EL PARTIDO SOCIALISTA, partido de la clase trabajadora, asume la responsabilidad que le corresponde en las tareas unitarias, orga­nizativas y de conducción de esta lucha. Como parte de la vanguardia del proletariado y reco­giendo el ejemplo de sus dirigentes y militantes muertos, encarcelados, exiliados y perseguidos.154

el partido ocupa su puesto en la trinchera del pueblo.Las masas explotadas se unen en torno de sus intereses comunes y avanzan resueltas á im- pner la justicia social. Los primeros triunfos han

fortalecido su moral combatiente. La burguesía y sus instrumentos políticos y de fuerza vacilan entre la transacción y el genocidio; la desmorali­zación domina el ánimo de sus conductores y la desorientación y la deserción se extiende en sus filas- El imperialismo arma hasta los dientes a la Dictadura para preservar el régimen de depen­dencia nacional y evitar su derrota. La vanguar­dia revolucionaria arma ideológicamente a las ma­sas para la victoria popular y nacional. El pueblo vencerá en la lucha entre el Estado Asociado de los apatridas y la Patria Libre de los bolivianos.

¡Abajo la Dictadura!Santiago de Chile, noviembre de 1972.

Nota: Todos los indicadores, informaciones esta­dísticas, cifras, gestiones, acuerdos o¡ disposiciones men­cionados a lo largo de este análisis, están respaldados documentalmente por informaciones oficiales del Mi­nisterio de Planificación, Banco Central de Solivia, Ins­tituto Nacional de Estadísticas, Anuarios de Comercio Extenor, Informe Anual al CIAP, Presupuesto General de la Nación, Memorias Anuales de las distintas em­presas del Estado, Banco Mundial, BID, FMI, disposi­ciones gubernamentales pertinentes. Informes Oficiales Reservados de comisiones de estudio, distintas publica­ciones ae carácter oficial, así como por declaraciones de ministros y altos funcionarios públicos, r-nnsignaH»« por la prensa nacional.

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V ísperas de BoliviaFrente a la ocupación de B oliv ia1. La desnacionalización de la econom ia

boliviana2. El em p ob recim ien to del pueblo3. La ocupación del país4. La liberación nacional

EL ESCRITOREscri tor y conductor del social ismo en

Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, autor de la Nacionalización del Petróleo (1969), la medida antimperia l is ta más importante de nuestra h i s­toria, es hoy día, desde la cátedra universi taria, el Congreso Nacional y la l iteratura comprome­tida, una de las personal idades más orientadoras para las nuevas generaciones.

LA OBRAUn p e n e t r a n te y d o c u m e n ta d o an á l i s i s

cr ít ico de la po l í t ica económica del gobierno de Banzer, que revela los mecanismos de la do­minación y anticipa el colapso de la economía nacional, que hoy es una dramática realidad.

Ediciones PUERTA DEL SOLCasilla 2188 - La Paz - Bolivia

LU C E SY

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