96

REFLEXIONES JURÍDICAS EN TORNO A LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

EN MÉXICO (SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)

Hugo MOLINA MARTÍNEZ1

SUMARIO:

I. Nota introductoria. II. Hacia la democracia representativa. III. La

democracia participativa. IV. Esquemas internacionales de participación

ciudadana. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

RESUMEN

La democracia es un sistema político que se basa en el gobierno de las

mayorías en beneficio de todos, aun y cuando las minorías no se encuentren de

acuerdo en la toma de decisiones, sin embargo el beneficio es general y no solo se

aplica a uno cuantos, asimismo la participación ciudadana es la base para todo

sistema político contemporáneo.

PALABRAS CLAVE: Democracia, Estado, Gobierno, Partidos, Votantes.

I. NOTA INTRODUCTORIA

En la primera parte de nuestro trabajo abordamos los antecedentes históricos

de la representación política y los sistemas de participación ciudadana, destacando

a los países europeos como Francia, Grecia y Roma como los precursores de los

diversos sistemas de representación y participación ciudadana y que han sido

modelos para que otros países adopten el sistema político que se adecúe a las

necesidades de los ciudadanos, destacando que nuestro país cuenta con un

sistema político democrático traducido en el gobierno de las mayorías en beneficio

de todos.

Por lo cual, en esta segunda parte abordaremos los tipos de democracia

aplicable en un sistema político y de representación ciudadana, donde

1 Doctor en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (IIDE) campus Chihuahua, Maestro

en administración pública y Licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma de Chihuahua

97

describiremos sus característica, sus semejanzas y diferencias y analizaremos cual

es la aplicable en nuestro país.

II. HACIA LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Es importante en este trabajo iniciar con un tema apasionante, como lo es la

democracia representativa. Como preámbulo es menester destacar que en el

presente trabajo de investigación no se pretende profundizar en aspectos filosóficos

sobre dicho concepto, sino que, en forma sucinta, se establecerán los aspectos

fundamentales de la democracia concebida como un sistema y estilo de vida.

El concepto democracia tiene sus bases en el antiguo griego, y se forma al

combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y kratos (que puede

entenderse como “poder” y “gobierno”). La noción comenzó a ser empleada en el

siglo V, a.c., en Atenas.

Así pues, en un sentido literal la democracia se entiende como el poder del

pueblo o gobierno para el pueblo. Esta definición en su concepción primaria, refiere

a la democracia del modelo ateniense de la época antigua, considerado el más

acabado de la democracia directa2. Como se estableció en el Capítulo primero del

este trabajo, la práctica democrática fue desarrollada por los ciudadanos griegos

que, reunidos en asamblea, ejercen el poder soberano, cuyo ámbito de acción

incluye todos los asuntos comunes de la ciudad. Es una democracia

autogobernante. No obstante, en esa época antigua, la participación de la

ciudadanía ateniense estaba limitada, ya que la ejercían sólo los varones que eran

libres; las mujeres, los extranjeros residentes y los esclavos estaban excluidos de

ella.

Luego, en el siglo XVIII, el espíritu democrático ateniense se expandió por

Europa Occidental, que estaba ya cansada de los gobiernos autocráticos; y como

era de esperarse, a los más poderosos no les agradó esta idea en lo absoluto, y la

consideraron revolucionaria. La revolución francesa dio nacimiento a una nueva

2 HELD, David. Modelos de Democracia, Madrid, Alianza editorial, 2001, pág. 29.

98

forma de Democracia indirecta o representativa, donde el pueblo gobierna no

directamente, sino a través de sus representantes por él elegidos, era la incipiente

democracia representativa, que significaba una válvula de escape para los que

ostentaban el poder, y así “otorgaban” al pueblo la posibilidad de participar en la

cosa pública través de sus representantes.

Como ya se vio, en el siglo XIX la concepción de democracia adquirió mayor

universalidad con la Declaración de los derechos humanos y su establecimiento en

los órdenes constitucionales, los cuales empiezan a plasmar los derechos políticos

de las personas. Con ello se rompe con el paradigma de que los gobernantes

dimanan de un poder supraterrenal; se vislumbra que ese poder se los otorga el

pueblo, ya que el reconocer que los ciudadanos cuentan con las facultades para

elegir y ser elegidos gobernantes, se consagra el derecho político e inicia, los

sistemas democráticos representativos3.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el apoyo universal a la democracia

se consolida. Sin embargo esto tuvo lugar al precio de un desacuerdo, también

universal, en cuanto a su significado4. Todos definían a la democracia según sus

propios intereses. De esta manera proliferaron las democracias con apellido:

democracia directa, democracia representativa, democracia liberal o burguesa,

democracia proletaria, socialdemocracia, democracia totalitaria, etcétera.

Los procesos de transición de América Latina han avanzado y se han elegido

gobiernos democráticamente, sin embargo, el proceso amplio de democratización

política no se ha consolidado. Y no la ha hecho porque subsisten "enclaves"

autoritarios, es decir, instituciones, poderes y actores heredados de regímenes

igualmente autoritarios.

3 OLIVOS CAMPOS, José René. La Democracia Participativa en México, en Fernández Ruiz, Jorge, Estudios

de derecho electoral, México, UNAM, 2011, pág. 3

4 HUNTINGTON, Samuel. El Sobrio Significado de la Democracia. Revista de Estudios Públicos Nº33.

Santiago.1989, pág. 32

99

De cualquier manera que se vea, no existe hoy en día gobierno o grupo social

o político que no asuma la democracia como un valor insustituible para sus

proyectos. Como es natural en cada una de las realidades nacionales, se

encuentran grados y formas en este proceso de transición que sería sumamente

interesante revisar, pero nuestro espacio aquí no nos lo permite.

Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se debe limitar

a una forma determinada de gobierno, sino también a un estilo de vida, a un conjunto

de reglas de conducta para la convivencia social y política: La democracia debe ser

como forma de gobierno, la participación del pueblo en la acción gubernamental por

medio del voto y del control que ejerce ejercen los ciudadanos sobre la actuación

pública.

Solo para vislumbrar y no dejar de lado a un grande de la democracia,

precisaremos algunas ideas del autor italiano Giovanni Sartori. Para él, la

"democracia" es una abreviación que significa Liberal-democracia. Sartori distingue

tres aspectos:

1. La democracia como principio de legitimidad.

2. La democracia como sistema político.

3. La democracia como ideal.

La democracia como principio de legitimidad postula que el poder deriva del

"demos", el pueblo, y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los

ciudadanos5.

La democracia no debe constreñirse a un puñado rimbombante de

acepciones, ni tampoco que el poder derive de la fuerza. En las democracias el

poder está legitimado, además de condicionado y revocado, por elecciones libres y

recurrentes. Hasta aquí está claro que la titularidad del poder la tiene el pueblo. Pero

5 SARTORI, Giovanni. Elementos de Teoría Política. Capítulo 4 Democracia. Alianza Editorial. Madrid. 1987.

Pág. 67

100

el problema del poder no es sólo quien lo detenta, sino que también es menester

como se realiza su ejercicio.

La democracia como sistema político tiene relación con la titularidad del

poder y el ejercicio del poder. Según nuestro análisis, en aquellos municipios rurales

o serranos donde existe la interacción de las autoridades con los ciudadanos por

ser municipalidades pequeñas, la titularidad y el ejercicio del poder permanecen

unidos, es decir, es una forma de autogobierno. Pero qué sucede cuando el pueblo

se compone de decenas o centenas de millones, como es el caso de Iztapalapa,

que cuenta con un millón ochocientos quince mil quinientos noventa y seis

habitantes, según el censo poblacional del INEGI 2010. Dicha práctica es imposible

y entonces se hace necesario separar la titularidad del ejercicio; nace así la

democracia representativa.

Señala el filósofo italiano, que aunque se establezcan algunas instituciones

de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito o la revocación del

mandato, no es razón suficiente para considerar que las democracias sean directas,

por lo que son gobernadas por representantes. El poder se transmite por medio de

mecanismos representativos.

Por último, considera a la democracia como un ideal. La democracia, como

es en la realidad, no es la democracia como debería ser. La democracia es ante

todo y por encima de todo, un ideal. El elemento ideal o normativo es constitutivo

de la democracia y provee una tensión ideal, sin la cual una democracia no nace, o

bien se distiende rápidamente. El elemento dinámico es esta diferencia entre la

democracia ideal y la democracia real, que hace a esta última perfectible. Cuanto

más se democratiza una democracia, tanto más se eleva la apuesta.

Sin embargo aceptamos como válida la concepción de democracia ceñida al

modelo constitucional liberal, concebida como una democracia puramente formal,

consagrando los derechos humanos en nuestro orden legal y garantizando

elecciones libres.

101

Como mencionamos, no es objeto principal entrar a concepciones filosóficas

sobre la democracia; en este capítulo se abonará estableciendo en concordancia

con el Dr. Luis Ponce de León Armenta, la democracia es conducción política, y

conducir implica marcar el rumbo de todos con autorización de todos y para el

cumplimiento de los fines de todos.

La democracia se ha limitado a la facultad de votar y ser votados sin opciones

reales para la población que ejerce el voto, ya que se elige entre opciones

predeterminadas por el autoritarismo que se ejerce en la mayoría de los partidos sin

compromiso social. Es abundancia de participación de todos en las actividades

políticas para combatir la mentira y la demagogia6.

La democracia actual está sustentada en nuestros representantes electos

mediante el voto libre y secreto en las urnas. Empero, la representación sigue

siendo una “ficción”, un debate atribuido a Hans Kelsen7, cuando señaló que no

existe ninguna garantía de que la voluntad de los electores será ejecutada por los

representantes.

Ante la imposibilidad de la democracia directa, donde idealmente todos

pueden participar, en la democracia representativa se nombra a quien habrá de

representar a aquellos que ejercieron su voto. En un principio, la representación se

otorgó mediante el mandato imperativo. Es decir, se elegían representantes que

pudiera cumplir con los designios de los electores8.

6 PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Modelo Transuniversal del Derecho y del Estado, Editorial Porrúa. México,

1998. Págs. 159-160.

7 KELSEN, Hans (1934) Esencia y valor de la democracia: forma de estado y filosofía, ediciones Coyoacán,

México,2005 pág. 163

8 ESTRADA RODRÍGUEZ, José Luis, El dilema de la Representación en el gobierno municipal: debate sobre la

democratización vía la deliberación. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales, Toluca, Estado de México. 2012. Pág. 102

102

Así, partir de la formación de los partidos políticos, la representación pasó a

ser un mandato libre, porque se otorgaba a los representantes la posibilidad de

actuar con la mejor intención de beneficiar a la mayoría. Su actuación pasó a ser

libre, pero siempre sus decisiones sujetas a los partidos políticos, que son quienes

proponen a los candidatos a cualquier puesto de elección.

Aun en medio del reinado democrático actual, los políticos llegan al poder por

medio de elecciones cada vez más vigiladas y abiertas, pero en muchas ocasiones

no marcan la diferencia entre su interés particular-individual y el puesto público-

universal al que han accedido. Esta situación constituye una de las fallas

estructurales de muchas democracias, principalmente las latinoamericanas, cuya

vida política está plagada de falta de correspondencia entre el ejercicio del poder y

el interés general.

En principio, se supone que el modelo de representación política, que es la

base de las instituciones occidentales, crea una necesaria correspondencia entre

los actos del gobierno y los igualmente ponderados intereses de los ciudadanos en

relación con estos actos. Esta conexión germina desde el desarrollo de las

campañas mismas, en las que los políticos presentan propuestas y compromisos

de gobierno que someten a la valoración y votación de los ciudadanos.

Este esquema contiene los aspectos básicos de la teoría del mandato de las

elecciones, en la que la plataforma ganadora (compromisos y programa electoral)

se convierte en el mandato que el gobierno debe seguir. Desde esta perspectiva,

con las elecciones se establece un contrato entre votantes y representantes que se

configura sobre la base del cumplimiento de los aspectos planteados por el político

en campaña.

En ese sentido, es de esperarse que la acción del gobierno se mantenga

dentro de los parámetros establecidos durante la campaña electoral y que los

103

ciudadanos demanden a los candidatos ganadores el seguimiento de determinadas

políticas. Al reconocerse este supuesto, se acepta la existencia de una especie de

“contrato implícito” entre los partidos y los votantes, con el fin de reducir el espacio

para el oportunismo de los representantes.

El problema es que en una democracia representativa, éstos son

formalmente independientes de los electores o del cuerpo electoral que los ha

designado. No están ligados a mandatos ni a instrucciones expresas. En suma, se

excluye toda subordinación jurídica entre representado y representante; estos

últimos no son mandatarios en función del postulado de que el mandatario no

representa fragmentariamente a grupos o distritos aislados, sino a la nación entera.

La función representativa configura la relación entre el gobernante y los electores

como un mandato libre frente al imperativo.

El incumplimiento de compromisos electorales es una constante. Uno se

pierde ante tanta promesa acumulada. Hay muchas palabras vacías de contenido

que se utilizan a menudo, sobre todo meses antes de las elecciones. Como buenos

charlatanes, muchos políticos recurren con extraordinaria facilidad a las promesas

vacías, a la mera retórica y los anuncios rimbombantes. En aras de obtener el apoyo

de los electores, los candidatos suelen ofrecer soluciones imposibles de cumplir.

No existe ninguna certeza de que los gobernantes, una vez electos, actuarán

en beneficio del interés público o, por lo menos, de una mayoría. Contrariamente,

observamos que algunos políticos hacen un uso irresponsable del poder, sentando

las bases para lo que algunos denominan el desgobierno de lo público. Cuando esto

sucede, los objetivos políticos se desvían, ya que entonces pasa a primer plano la

satisfacción de los intereses particulares del político o partido gobernante, con el

riesgo de que se disuelva el Estado de Derecho y también el Estado democrático, y

todo lo público se convierta en un gigantesco botín.

104

Por lo antes expuesto, es importante situarnos en el contexto del País, por

ello se plasmará información emanada de la Encuesta Nacional sobre Cultura

Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), el cual constituye un esfuerzo conjunto

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de

Gobernación (SEGOB), desarrollado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

2007-2012 dentro del Objeto Rector de Democracia Efectiva y Política Exterior

Responsable, en el apartado 5.1 denominado “Fortalecimiento de la Democracia”,

que establece dentro del Objetivo 1, “Contribuir al fortalecimiento de la democracia

mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los

partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana”.

Estrategia 1.3, “La promoción de una nueva cultura democrática a través de la

asimilación de las prácticas y los valores democráticos como la legalidad, el diálogo,

la tolerancia, la civilidad, la igualdad, la transparencia y la responsabilidad en los

diversos ámbitos de la vida nacional”.

Derivado de lo anterior se realizó un ejercicio para conocer las características

que se tiene en la cívico-política de los mexicanos, así como evaluar el nivel de

compromiso de la ciudadanía con los valores que deben regir, los principios y las

instituciones del sistema democrático.

La ENCUP se ha levantado en cinco ocasiones, 2001, 2003, 2005, 2008 y

2012, de las cuales tres han sido realizadas por el INEGI (2001, 2003 y 2008). Los

datos que arrojaron fueron son los siguientes:

Ocho de cada diez ciudadanos perciben la política como un tema muy

complicado o algo complicado.

El 76 por ciento de los ciudadanos eligieron a la televisión como el medio

de comunicación al que acuden con mayor frecuencia para enterarse de lo que pasa

en política.

Seis de cada diez ciudadanos ven a la democracia como la forma de

gobierno que más prefieren.

105

En cuanto a la confianza institucional, las siguientes instituciones

resultaron ser las mejor evaluadas por parte de los ciudadanos: Médicos, Iglesia,

Maestros, Ejército, Televisión y los Militares. Los que recibieron la peor calificación

por parte de los entrevistados fueron: Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos

Políticos y la Policía.

65 por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco

interés en la política.

Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles

de gobierno resultaron ser muy elevados; sin embargo, ubican al municipio como el

nivel de gobierno en el que se registra un menor grado de corrupción.

Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos

posibilidades de influir en las decisiones de gobierno.

Sobre la idea que tienen los ciudadanos del rumbo que lleva el País, 64

por ciento contestó que éste no va por el rumbo adecuado.

Ante la existencia de un problema que aqueja a la ciudadanía, resultó que

las acciones más frecuentes a las que recurre el ciudadano para darle solución son:

organizarse con otras personas, quejarse ante las autoridades y firmar cartas de

apoyo.

Sobre la necesidad que tiene nuestro sistema político de contar con

partidos políticos, un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada

necesarios.

44 por ciento de la población entrevistada, encuentra que para trabajar en

una causa común, resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos.

Ocho de cada diez ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo en que

el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el

gobierno hace bien o mal las cosas.

Tres cuartas partes de los ciudadanos entrevistados dijeron sentirse muy

orgullosos de ser mexicanos.

106

En cuanto a la opinión que se tiene acerca del Instituto Electoral, se establece

71.09 de las personas encuestadas manifiestan que su opinión es mala, el 12.39

opina que es muy buena y el 4.49 no supo o no contestó.

Es importante establecer que la ciudadanía no participa activamente en

eventos políticos, ya que el resultado de la encuesta, establece que el 77.82 por

ciento no asistió a ninguno de los eventos políticos celebrados de cara a la campaña

presidencial de 2012, por lo que los partidos políticos debieran voltear a ver esta

respuesta y conocer que sus eventos no llaman la atención, o no son considerados

atractivos para la ciudadanía.

El 80.1 por ciento los mexicanos tiene una muy mala opinión acerca del

Tribunal Federal Electoral, y solo el 8.89 tiene una muy buena percepción de dicho

instituto electoral, mientras que el 8.89 no supo o no contestó la interrogante.

Mucho tendrá que ver la situación económica del País con respecto vida

política, según la encuesta, el 40.22 de los entrevistados dijo tener la misma

situación, es decir; ni mejorado, ni empeorado, el 1.35 por ciento manifestó que su

situación económica ha mejorado mucho, el 21.42 mencionó que ha mejorado algo,

el 20.91 manifiesta que ha empeorado algo, el 15.33 dijo que ha empeorado mucho.

Los entrevistados tienen expectativas de mejorar económicamente, y esto es

aprovechado por los políticos para hacer promesas en campaña; y muestra de ello

es que el 37.76 por ciento considera que su economía mejora algo, contra un 11.77

que piensa que su economía empeorará algo; el 34.12 por ciento responde que la

economía seguirá igual, y con un 4.15 por ciento por igual, mencionan que su

economía mejorará y empeorará mucho.

El nivel de corrupción en el gobierno es un flagelo que azota el poder público,

por lo que el 30.82 por ciento considera que la corrupción seguirá igual; Aunque

107

existe la esperanza en un 27.68 que piensa que mejorará, el 33.79 de los mexicanos

considera que empeorará el nivel de corrupción. El 7.71 no supo o no respondió.

En concatenación con lo anterior, las redes sociales como, Facebook y

Twitter, son el boom de la tecnología, pero para fines políticos no son significativos

y para muestra solo el 4.23 de los encuestados manifestaron que checaron

cuestiones políticas diariamente, el 2.37 dijo que lo hizo varias veces a la semana,

el 2.37 una vez a la semana, el 10.75 de vez en cuando, el 38.44 por ciento no

supo y el 41.83 no respondió.

El 76 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años.

El 26 por ciento de los hogares del País cuenta con una conexión a Internet

El 83.6 por ciento de los hogares del País cuentan con un servicio de

telefonía, independientemente de su modalidad.

El 32.2 por ciento de los hogares mexicanos tiene acceso a la televisión de

paga.

Por otra parte, el promedio de porcentaje de hogares con acceso a Internet

del grupo de países de la OCDE, del que México forma parte, es del 71.6

por ciento en 2011; el de México es del 25.9 por ciento en 2012.

Con base en cifras comparativas disponibles de hogares con acceso a

Internet y a una computadora de algunos países latinoamericanos, México

se encuentra dentro del grupo rezagado de esta región, superado por

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay desde el 2010.

Es de llamar la atención que los mexicanos observan como una normalidad

el grado de complicidad entre los candidatos y los electores, lo que queda de

manifiesto con las siguientes tablas:

108

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)

Frecuencia Porcentaje (%)

Totalmente de acuerdo 386 32.68

Algo de acuerdo 343 29.04

Opciones de

Respuesta Algo en desacuerdo 187 15.83

Totalmente en desacuerdo 151 12.79

NS

97

8.21

NC 17 1.44

Total 1181 100.00

Figura 4.- En mi comunidad, los políticos frecuentemente intentan comprar votos

con regalos, favores o acceso a servicios.

Derivado de lo anterior, podemos inferir que es por estos motivos que el

30.06% de los encuestados estén de acuerdo en que la gente otorgue su voto a

cambio de regalos, favores o acceso a servicios; el 30.23 está algo de acuerdo, o

sea, que más del 60% está a favor de estas prácticas. Pero son también

conscientes que no sólo los candidatos y los partidos realizan estas prácticas

desdeñables, ya que el 58.93% piensa que ante el ofrecimiento de una despensa a

cambio del sufragio la persona lo aceptaría, por lo que la sociedad ve esta práctica

como algo común.

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)

Frecuencia Porcentaje (%)

Totalmente de acuerdo 472 39.97

Algo de acuerdo 381 32.26

Algo en desacuerdo 157 13.29

109

Opciones de

Respuesta

Totalmente en

desacuerdo

102 8.64

NS 61 5.17

NC 8 .68

Total 1181 100.00

No, no aceptaría 341 28.87

No sabe 133 11.26

No contestó 11 .93

Total 1181 100.00

Figura 5.- Los funcionarios públicos se pueden aprovechar de sus cargos para

obtener beneficios personales, sin que tengan consecuencias legales

Lamentablemente en México se presentan acciones de corrupción en el

servicio público de forma reiterada, incluso en el proceso electoral de 2018 el tema

fue lo que marcó la agenda electoral de todos los candidatos, por eso en esta

encuesta se hace patente la negativa de la sociedad a estas acciones que han

mermado el desarrollo político, gubernamental y social de la población mexicana

Figura 6.- Si X persona acepta, ¿usted cree que hace lo correcto o no hace lo

correcto?

Frecuencia Porcentaje (%)

Opciones de Si hace lo correcto 185 15.66

Respuesta No, no hace lo

correcto

922 78.07

No sabe 51 4.32

No contestó 23 1.95

Total 1181 100.00

Quieren que los gobiernos cumplan y trabajen en beneficio del interés

público: para representar los intereses de la sociedad, no los suyos propios ni los

110

de alguna minoría a la que puedan estar vinculados o comprometidos. Es por ello

que el incumplimiento de las promesas genera graves afectaciones a la democracia,

como el desprestigio de los políticos, pero sobre todo, un generalizado desánimo

ciudadano.

Lo anterior ayuda a entender la importancia de la rendición de cuentas de los

servidores públicos electos respecto de la legalidad de sus actuaciones, pero

también sobre el grado de eficiencia y eficacia de su desempeño. La democracia no

puede entenderse sin la obligación de los gobernantes a rendir cuentas de su

mandato.

Además, una vez que se han elegido a los representantes locales, no existen

mecanismos institucionales para obligarlos a cumplir las promesas de campaña o

las plataformas electorales.

Las teorías contemporáneas sobre la democracia coinciden en que las

elecciones libres y periódicas son un ingrediente esencial para promover gobiernos

representativos; es decir, gobiernos que realmente representan los intereses de los

ciudadanos. Suponen que las elecciones brindan a los votantes la oportunidad de

elegir plataformas políticas acordes a sus intereses y preferencias, y además que el

voto es un instrumento mediante el cual la gente puede castigar el mal desempeño

de los gobernantes en la próxima elección.

Además de las elecciones, las democracias ofrecen a los ciudadanos otros

mecanismos de participación directa capaces de influir sobre las políticas públicas,

tales como los grupos de presión, la movilización pacífica, los instrumentos de la

democracia directa como el plebiscito y el referéndum, los comités vecinales, o el

contacto informal con los tomadores de decisiones públicas.

Consideramos en este estudio que entre más participativo e incluyente es el

diseño de los procesos de toma de decisiones, mayor es la legitimidad de dichas

111

decisiones ante los ojos de los ciudadanos, y mayores son las posibilidades de que los

programas públicos adquieran sustentabilidad a lo largo del tiempo.

En síntesis, un sistema democrático podría inducir el buen desempeño de los

gobiernos debido a sus dimensiones electoral y participativa: la primera implica que

el riesgo de perder el poder en las urnas en la siguiente elección puede motivar a

los gobernantes en turno a producir buenos resultados durante su gestión. La

segunda implica que la capacidad que tienen los ciudadanos de informarse,

organizarse y participar activamente en la vida pública puede influir en el

desempeño de los gobiernos.

Bajo la actual forma de elección, no se privilegia la relación entre ciudadanos

y representantes. Los ciudadanos ubican solamente al presidente municipal como

su representante, siendo que el cabildo es un órgano deliberativo que contempla a

todos los miembros como representantes de los intereses de la población local. Ante

la abrumadora mayoría del partido ganador, la deliberación es inexistente, incluso

los regidores de oposición se suman por convenir a sus intereses a las políticas

dictadas por el presidente municipal. El desacato a los designios del alcalde se

traduce en represión y desigualdad en el apoyo administrativo, e incluso llega a

afectar su salario, bonos y prestaciones.

En la actualidad, la democracia directa se lleva a cabo en la asamblea anual

de ciudadanos, de pequeñas comunidades, como en los cantones suizos de alta

montaña.

“Los ayuntamientos funcionan con una visión cortoplacista y oportunista,

donde sus integrantes favorecen acciones que les den resultados individuales, en

112

el corto plazo, dada la carencia de normas que los premien o castiguen en el largo

plazo”, establece el municipalista Tonatiuh Guillén.9

El impedimento de forma permanente para que grandes sectores de la

sociedad mexicana accedan al gobierno ha pervertido ha impedido que se tenga

una verdadera democracia conceptualizada como el gobierno de las mayorías;

Nuestro sistema político, ha logrado que mediante la persuasión y la movilización

de apoyo, las minorías se conviertan en las mayorías.

En efecto, en el constitucionalismo moderno la idea de la democracia se

consigna en las normas supremas. Por ejemplo, en la Constitución mexicana de

1917, en el inciso a) de la fracción II de su artículo 3° la define no sólo como una

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; además, dispone

que el criterio que oriente la educación que imparta el Estado, será democrático.

En tanto, el artículo 25 constitucional asigna al Estado la rectoría del

desarrollo nacional para garantizar que fortalezca su régimen democrático,

propósito que se reitera en el artículo 26 constitucional, que obliga al Estado a

organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía

para la democratización política, social y cultural de la nación. Lo referente a la

organización ejidal, la fracción VII del artículo 27 constitucional previene la elección

democrática del comisariado ejidal.

La democracia representativa está contemplada expresamente en nuestra

Carta Magna, en el artículo 40 que a la letra dice: “Es voluntad del pueblo mexicano

9 GUILLÉN LÓPEZ, Tonatiuh, Bases para la reforma constitucional en materia municipal, Red de Investigación

en Gobiernos Municipales, IGLOM, documento presentado en el Congreso del Municipio Mexicano, septiembre

de 2004.

113

constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta

de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero

unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Los representantes son auténticos mandatarios, en tanto que su principal

función es la de actuar en nombre y representación de sus poderdantes o

representados, en quienes reside esencial y originariamente la soberanía popular,

de acuerdo al artículo 41 Constitucional. Los retos del marco legal en un régimen

representativo y democrático, consisten en asegurar un sistema confiable de

elección de los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legítimos

representantes populares, así como regular el desempeño de éstos en el ejercicio

de sus funciones, en consonancia con las necesidades, los objetivos y la voluntad

de la comunidad a la cual representan.

Aunque los representantes son elegidos generalmente por distritos o

circunscripciones territoriales, el sistema electoral no suele establecer vínculos

jurídicos directos entre representantes y ciudadanos representados del distrito o

circunscripción en donde fue elegido, estableciéndose una relación difusa basada

en que, una vez electo, el representante popular lo es de toda la Nación y, peor aún,

que obedece a intereses de grupo o de partido.

Los elegidos, de acuerdo con las normas democráticas, representan al

pueblo en las tareas de gobierno (las autoridades del Poder Ejecutivo), o en el

debate mismo (los Diputados y los Senadores). Los designados por quienes

recibieron el encargo de hacerlo como consecuencia de la primera elección,

representan también al pueblo en las distintas funciones que se les encomienda

desempeñar. La representación del pueblo en la democracia moderna no significa

el cumplimiento inexorable de la voluntad de la mayoría.

La democracia representativa puede interpretarse como un mecanismo que

nos permite seleccionar aquellas élites gobernantes que, a partir de su legítima

114

elección, asumen las responsabilidades de gobierno. La democracia participativa,

en cambio, supone que la inclusión de los ciudadanos en las tareas de gobierno no

puede ser secuencial (limitada a la elección de los representantes), sino que ha de

canalizarse hacia el día a día de las actividades gubernamentales.

III.- LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Un régimen que se mueve a lo largo y ancho de la población, concede mayor

participación y se hace más representativo. Tal como lo mencionaba el italiano Juan

Bautista Vico, que piensa que tanto el Derecho como los fenómenos políticos están

influidos por el momento histórico, las condiciones fisicogeográficas10 del lugar y el

carácter y las condiciones psicológicas de los grupos humanos, deduciendo que las

instituciones, la democracia, el Derecho y la participación política de los habitantes,

es condición de la mezcla de todos estos factores.

No obstante, la democracia en México llevada a efecto, ha resultado

insuficiente para lograr que las transformaciones culminen en un nuevo orden

político constitucional democrático que consigne distintas formas de participación,

más allá de la democracia representativa que se ha constituido en un sistema

partidocrático pluralista, habiendo omitido la democracia participativa, el cual es uno

de los componentes fundamentales en la Constitución Federal, como son los

derechos políticos de los ciudadanos en términos de estar facultados para realizar

la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, entre

otros, que podemos identificar como formas democráticas participativas. En suma,

la democracia es comprendida como una forma de Estado, una forma de gobierno,

una forma de vida y un orden económico y social.11

10 Se menciona que el carácter recio, bronco y áspero de los norteños tiene que ver con las condiciones como

el clima, lo agreste del paisaje y lo geografía tan vasta; no es lo mismo participar en un mitin o asamblea en el

Paseo del Reforma, en la CDMX, que en plaza del Ángel, en la Ciudad de Chihuahua, una tarde de verano o

una mañana de invierno.

11 REVUELTA VAQUERO, Benjamìn y PATRÒN SANCHEZ, Fernando (Coords.) La Democracia Participativa,

Visiones, Avances y Provocaciones. México, Universidad de Guanajuato, IFE, Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo. 2010. Págs. 193-203

115

Este problema lo advertía Jean Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, al

señalar los aspectos problemáticos de sostener el modelo de la democracia directa

en las sociedades modernas que son de mayor escala, debido a que: “No puede

imaginarse que el pueblo permanezca constantemente reunido para ocuparse de

asuntos públicos,” debido a que para esto, se requieren de muchas condiciones

difíciles de reunir: En primer lugar, un Estado muy pequeño en que sea fácil

congregar al pueblo y en el que cada ciudadano pueda conocer fácilmente a todos

los demás12; en segundo lugar, una gran sencillez de costumbres, que evite multitud

de cuestiones y discusiones espinosas; además, mucha igualdad en las categorías

y en las fortunas, sin lo cual no podría subsistir mucho tiempo la igualdad en los

derechos y en la autoridad; por último, poco o nada de lujo,” y, concluye: “Si hubiera

un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero no conviene a los

hombres un gobierno tan perfecto.” 13

Ya lo señalaba el teórico democrático Joseph Shumpeter,14 que todo régimen

democrático debía tener los siguientes elementos esenciales: la existencia de

minorías y el papel clave del voto popular. Tomando como base lo anterior, en

nuestro País siempre existirán minorías que no acceden ni al diseño de políticas

públicas, ni a los puestos de elección, aunque si participen en las elecciones.

Se ha dado el calificativo de democracias semidirectas a aquellos sistemas

que, siendo representativos y democráticos, reconocen complementariamente en

su marco legal, para ser aplicadas en circunstancias específicas y extraordinarias,

ciertas figuras de participación directa de la ciudadanía en procesos legislativos,

toma de decisiones en asuntos públicos o destitución de servidores públicos, a

saber, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocatoria de mandato; figuras

que podrían ser ubicadas dentro del género de consultas populares.

12 Esta circunstancia se da de forma natural en los municipios rurales.

13 ROUSSEAU, Jean Jacques. El Contrato Social, Ediciones EDIMAT ,Madrid, 2000, págs. 100 y 101.

14 SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Harper. N.Y. 1947. págs. 68-75

116

Con sus respectivos matices, parece existir una tendencia mundial sobre la

asimilación de estas formas de participación ciudadana en los ordenamientos

jurídicos nacionales de Estados constitucionales y democráticos de Derecho.

Dichas figuras suelen ser contempladas en la norma constitucional (sin que

ello implique una contradicción con el hecho de que, como se mencionó en principio,

es también a nivel constitucional donde se establece el régimen representativo),

delimitándose en normas ordinarias o reglamentarias los casos en que aplican, así

como las circunstancias y requisitos que se deben reunir para tal efecto.

Existen características para determinar la representación democrática que

existe en una sociedad15. Una dimensión refleja la amplitud con que el régimen

facilita la oposición o el debate público, en otras palabras la liberalización. La otra

dimensión es el número de personas que están facultadas para participar, mediante

adecuados mecanismos de representación, en un plano de mayor o menor igualdad,

en el control y discusión de la política del gobierno. Estas dos dimensiones: el

debate público y la capacidad de representación, varían independientemente una

de la otra.

Si bien lo anterior constituye una opción importante para que la ciudadanía

como poseedora esencial y originaria de la soberanía, se manifieste (opción directa,

paralela e independiente a la facultad decisoria de representantes, partidos y otros

actores políticos), es también importante destacar el resultado de ciertas

experiencias, en los que tales mecanismos deben tener un uso normativamente

acotado, so pena de ser utilizados casuísticamente, en forma desmedida y

caprichosa, por regímenes autoritarios, trastocando así el régimen constitucional y

democrático de Derecho mediante la suplantación de la función de los poderes de

representación popular legítimamente constituidos. En tal sentido, los mecanismos

de democracia semidirecta, lejos de enriquecer y fortalecer la vida democrática, se

15 DAHL, Robert A. La Poliarquía. Participación y Oposición. Editorial Tecnos. Madrid. 1989. pág.82

117

pueden convertir en instrumentos censores o legitimadores, según el caso, de la

representación política.

El referéndum, por ejemplo, se erige en una reserva o condición suspensiva

que se reconoce a la ciudadanía para que ésta, mediante voto popular, apruebe o

no, en definitiva, una ley emitida por sus representantes (referéndum legislativo), o

bien, se le identifica como la facultad de la ciudadanía/electorado de decidir sobre

ciertos aspectos fundamentales, como la forma de Estado o la adopción de un texto

constitucional (referéndum constitucional).

El plebiscito no se dirige a la participación de la ciudadanía respecto de actos

de sus representantes en funciones eminentemente normativas (tareas legislativas),

sino, más bien, a su intervención en la toma de decisiones concretas,

administrativas o políticas, que realizan los órganos ejecutivos electos

democráticamente (tareas de gobierno).

Cabe mencionar que, en estricto sentido, las indicadas figuras de democracia

semidirecta no pertenecen al ámbito normativo del derecho electoral, toda vez que

este último tiene como objeto principal el de la debida integración de la

representación política; en tanto que, los mecanismos aludidos, tienden a evitar,

complementar o sustituir, en su caso, a dicha representación, proponiendo la

participación directa y decisoria de la ciudadanía en asuntos como los que se han

bosquejado.

Sin caer en posiciones extremistas (ni admisión indiscriminada ni rechazo

absoluto), una práctica aceptable podría consistir en incluir dentro del marco legal

de una democracia representativa, perfectamente justificadas y acotadas, una o dos

figuras de democracia semidirecta, graduando su aplicación y evaluando

rigurosamente sus resultados. De igual manera, la experiencia indica como

estrategia aceptable la de probar el funcionamiento de estos mecanismos a partir

de su aplicación en comunidades no demasiado grandes (distritos, municipios,

118

estados), por lo que el proceso de reglamentación de los mismos empezaría con las

normas locales o regionales, antes de transitar al marco legal nacional.

En la actualidad ha perdido sentido la contraposición tradicional entre los

instrumentos de democracia directa y los de democracia representativa, a la hora

de configurar la expresión de la voluntad popular. El sistema representativo es hoy

en día la única forma real de plasmar la idea de la democracia, de manera que el

análisis que se haga sobre el funcionamiento del sistema representativo será en

realidad un juicio sobre el funcionamiento de la democracia.

El grado de democracia de un determinado Estado ha de medirse

fundamentalmente por la efectividad con que los órganos institucionales realizan la

representación, y no, en modo alguno, por el grado de pervivencia de técnicas de

democracia directa. Tales mecanismos se configuran no como una alternativa

institucional global a la democracia representativa, sino en el mejor de los casos

como un complemento, vía Referéndum, Plebiscito y Revocación de Mandato.

Incluso así considerados, el juicio que merecen estos mecanismos debe ser, al

menos, cauto:

Por una parte, parece evidente que con un tratamiento constitucional

adecuado pueden complementar las estructuras representativas y de mediación de

los partidos políticos, profundizando en los mecanismos de decisión de los

ciudadanos.

Sin embargo también son susceptibles de un uso abusivo por parte de los

gobiernos. El referéndum, en particular, ha sido utilizado con frecuencia con un

matiz antiparlamentario y personalista. Esto ha ocurrido en regímenes autoritarios

que trataban de compensar la ausencia de auténticos mecanismos de

representación por elección recurriendo a plebiscitos. Parece poder afirmarse con

carácter general que los referendum no constitucionalmente obligatorios suponen el

reconocimiento de que los instrumentos de representación no han sido capaces de

119

resolver el problema, y encierran, con frecuencia, una postura divergente entre el

Gobierno y el Parlamento, cuando no entre el Gobierno y su propio partido.

En definitiva, en la actualidad no pueden considerarse representación y

democracia directa como opciones contrapuestas para organizar un sistema de

gobierno democrático. Por el contrario, una elemental prudencia obliga a tratar con

suma cautela los instrumentos de democracia directa en especial en los países en

transición política, ya que contrastan con los objetivos típicos de esos procesos.

Mientras deban configurar mecanismos institucionales de decisión y de fortalecer

las estructuras de los partidos políticos, los instrumentos de democracia directa se

han usado con frecuencia como mecanismos autoritarios.

Ante el realismo o las imperfecciones de las democracias representativas

modernas, se ha considerado a los procedimientos del modelo denominado de la

democracia participativa, que según Maurice Duverger, consiste en una

colaboración entre los ciudadanos y sus representantes.

El plebiscito es un procedimiento de consulta directa a los ciudadanos sobre

asuntos políticos, que puede referirse a un documento de carácter no legislativo,

una política concreta o a una persona. El plebiscito es consultivo si la decisión del

cuerpo del electorado no vincula jurídicamente a los titulares de la potestad a que

corresponde la decisión, o vinculante, sí se produce efecto vinculatorio. Lo que

interesa finalmente con un sistema de democracia participativa es que los

ciudadanos participen en el ejercicio del poder público.

En consecuencia, podemos entender que el sistema partidocrático en

México, se constituye como el régimen jurídico constitucional que faculta a los

partidos políticos para acceder y retener el poder político otorgándoles recursos,

medios institucionales y derechos para tal efecto, en el que la ciudadanía sólo

120

cuenta para emitir su derecho al voto para elegir a los candidatos propuestos por

aquéllos para ocupar los cargos de elección popular.16

Como se puede advertir de lo anteriormente expuesto, en la Constitución

Federal se reconoce el régimen jurídico de la democracia representativa, en tanto

la democracia participativa es un tema pendiente. Estos son mecanismos de la

democracia directa que aparecen en el constitucionalismo democrático moderno

que complementan a las instituciones de la democracia representativa, tal vez

originadas por la asfixia del sistema político mexicano, que encontró en un momento

histórico la forma de despresurizar la necesidad para que la sociedad se

manifestara.

Las razones que fecundan la democracia participativa son: la ampliación de

los derechos políticos de los ciudadanos; favorecer la legitimidad del gobierno

democrático; fortalecer la participación en la solución de la magnitud de los

problemas sociales, políticos y económicos; mejorar la calidad de vida a través de

la participación ciudadana; aprovechar las capacidades de la ciudadanía en asuntos

que son de interés común en ámbitos locales, estatales y nacional.

En los tiempos presentes, es preferible la democracia en un sentido amplio,

que mantener un sistema partidocrático, que propicia la corrupción, la perversidad

de las instituciones y a la insensibilidad de los problemas sociales y humanos. Como

bien apuntó Thomas Jefferson: “Cualquier gobierno degenera cuando se confía

solamente a sus gobernantes. Por lo tanto, el pueblo mismo es su único depositario

seguro.”17

IV. ESQUEMAS INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

16 OLIVOS CAMPOS, José René. Op. Cit. pág. 11

17 JEFFERSON, Thomas, Notas sobre Virginia, cuestión XIV. Autobiografía y otros escritos. Traducción de A.

Escohotado y M. Sáenz de Heredia, Madrid, Editorial Tecnos, 1987.

121

Autores como Robert Dahl, exponen la manera de medir el grado de

participación democrática de un sistema político recurriendo a dos teorías, las que

sin entrar en conflictos dogmáticos, en el presente trabajo es utilizada como

herramienta de comparación. Una primera dimensión refleja la amplitud con que el

régimen facilita la oposición o el debate público, en otras palabras la liberalización.

La otra dimensión es el número de personas que están facultadas para participar,

mediante adecuados mecanismos de representación en un plano de mayor o menor

igualdad, en el control y discusión de la política del gobierno18.

El debate público y la capacidad de representación, según el autor en cita,

varían independientemente una de la otra. Es así como en nuestro País se

desarrollan a menudo controversias públicas respecto a ciertos temas como el de

la legalización de la mariguana, el aborto, temas de seguridad, entre otros muchos,

pero siempre supervisado, incluso dirigido por los factores e intereses de poder. En

México el debate público se ha popularizado en las redes sociales, quienes han

jugado un papel trascedente al poder verter opiniones ya que los canales

institucionales se encuentran limitados. No se omite advertir lo peligroso que se han

vuelto las redes, ya que los temas públicos también se han pervertido hasta

convertirse en armas de ataque y trivialización de la cosa pública.

En el presente trabajo, particularmente en este apartado, consideramos

pertinente mencionar algunos esquemas nacionales e internacionales que pueden

ser experiencias exitosas de participación activa de una sociedad:

A. Consultas Participativas

1.- El Modelo Madrid Participa

18 DAHL, ROBERT A. “La Poliarquía. Participación y oposición”. Editorial Tecnos. Madrid. 1989.

122

La Constitución Española de 1978 cimentó las bases para propiciar una

cultura participativa y la puesta en práctica de diversos modelos de participación

ciudadana en casi todas las grandes ciudades españolas.

Desde el año 2004, el Ayuntamiento de Madrid, aprobó el Reglamento

Orgánico de Participación Ciudadana de Madrid, estableciendo mecanismos que

propiciaran una sociedad más proactiva en la cosa pública y no solamente en el

ámbito administrativo. Estos mecanismos de trabajo se desarrollan a través de

“Consejos” que se agrupan por áreas o actividades, las cuales son:

Consejos Sectoriales.- En estos la ciudadanía participa en temas o

actividades de su interés para la comunidad, como el desarrollo urbano, el empleo,

los servicios sociales, la rehabilitación de los bienes inmuebles municipales, etc.

También se dividen en órganos territoriales de Distrito.- Siendo el distrito, los

órganos primarios y básicos para la participación ciudadana, ya que el Distrito en

España es el ámbito más cercano al vecino, y cuentan con representantes de las

asociaciones de vecinos con implantación en los distintos barrios y de las restantes

asociaciones más representativas. El Reglamento en la materia configura a los

Consejos Territoriales como órganos de participación, consulta, información y

propuesta sobre la actuación municipal cuyo objetivo es “promover una reflexión

conjunta” entre ciudadanía, sus asociaciones, colectivos y las autoridades

municipales, en torno a los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los Distritos y

sus Barrios. Implican una forma de participación directa y descentralizada de los

ciudadanos y sus entidades.

En cada Distrito existe un Consejo Territorial adscrito a la Junta Municipal

correspondiente, cuya composición según el artículo 55 del Reglamento respectivo

establece la composición de los Consejos Territoriales de Distrito. Estos órganos

están integrados por un máximo de 51 miembros. En su composición se pueden

distinguir:

123

Representación de naturaleza política, es el caso de la Presidencia del

Consejo y los 8 Vocales vecinos pertenecientes a Grupos Políticos.

Representación de naturaleza asociativa y de la ciudadanía, son los 34

representantes de las entidades ciudadanas pertenecientes a las 16 categorías de

Asociaciones que, como máximo pueden estar presentes en estos órganos y los 4

vecinos a título individual, elegidos de forma aleatoria.

Representación orgánica formada por 1 representante de los Consejos de

Infancia y Adolescencia del Distrito, 1 representante de la Junta Local de Seguridad

y otro de los Centros Municipales de Mayores.

Podrán tener representación en los Consejos Territoriales19, las Entidades

Ciudadanas con domicilio social en el Distrito correspondiente, inscritas y

declaradas de utilidad pública municipal. El periodo de representación es de cuatro

años. La renovación de los representantes de las Asociaciones se lleva a cabo

mediante un sistema de elección directa entre las entidades inscritas y declaradas

de utilidad pública municipal.

¿Cómo opera Madrid Participa? El punto de partida es realizar un diagnóstico

de la situación del territorio, analizando las necesidades que se tienen, los recursos

con los que se cuenta, e identificando posibles ámbitos de intervención y agentes a

implicar. Se elaboran dos diagnósticos, uno por parte de la Autoridad, acompañado

de la documentación soporte y el otro por parte de los vecinos.

Con los diagnósticos antes mencionados, se lleva a cabo el consenso entre

el Gobierno y los vecinos organizados mediante reuniones donde se debatirán y

analizarán.

19 AYUNTAMIENTO DE MADRID. Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de 31 de mayo de

2004.Consultado el 16 de octubre de 2019 en:

https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM200422.pdf

124

Posteriormente a lo anterior, el Ayuntamiento y la órganos vecinales y con la

se buscan acordar un diagnóstico único definitivo, documento que servirá de línea

de acción.

2.- Consultas de calidad en la prestación de Servicios Públicos Municipales

en Moncloa-Aravaca

Siempre será de vital importancia para cualquier organización conocer el

nivel de satisfacción respecto a su quehacer diario; Loable es que la Junta Municipal

de Distrito de Moncloa-Aravaca, con el apoyo de la Dirección General de

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, establece un mecanismo

para que los ciudadanos que residen y trabajan en este Distrito, expresen su sentir,

emitiendo sugerencias y evaluando la calidad de los servicios públicos que presta.

En ese contexto, la administración municipal con el apoyo importante de

encuestadores especializados de la Universidad Rey Juan Carlos, aplican un

cuestionario en campo, el cual arroja información precisa para conocer el grado de

satisfacción de las demandas, expectativas y necesidades tiene el ciudadano

respecto al trabajo desarrollado por las autoridades locales.

Derivado de este ejercicio público donde se agrupan las diversas voces que

tiene la ciudadanía, se toman decisiones públicas. Estas herramientas han sido

referenciadas con otros estudios de similares características realizados en Europa,

y con respecto a otras consultas ciudadanas ya efectuadas en otros distritos de

Madrid con la misma metodología.

Las conclusiones obtenidas de los muestreos, servirán de base para que de

manera informada, el Gobierno Municipal realice los ajustes necesarios para revertir

la opinión negativa que se tenga por parte de los ciudadanos.

125

Esta encuesta permite conocer cuál es la percepción acerca de los servicios

públicos que se prestan, tales como: el funcionamiento y la evaluación de los

servicios públicos; su grado de conocimiento acerca de las plataformas de

participación ciudadana; y la evaluación de los equipamientos municipales

radicados en los barrios del distrito. Asimismo, se conocen opiniones acerca de los

principales rubros como calidad de vida, materia educativa, cuestiones sociales,

centros culturales y deportivos, etc.

B. Presupuestos Participativos.

Un tema toral en las administraciones públicas municipales será la

elaboración y planeación de los egresos con los que se cuentan, y que son

contemplados a través de la Ley de Ingresos. En estos instrumentos de la Hacienda

pública intervienen los Ayuntamientos; La participación de los regidores en la

distribución de los recursos destinados al Presupuesto es casi nula y sólo se remiten

a aprobar los dineros que propone el alcalde junto con sus equipos técnicos. En la

mayoría de los casos, los regidores hacen sentir este malestar, pero finalmente

terminan apoyando la moción presentada por el alcalde, salvo mínimos ajustes.

Por el contrario, el rol del alcalde en la distribución de los recursos resulta ser

fundamental, es él quien decide finalmente cuánto es el dinero que se destina al

Presupuesto. Es por ello que se propone que en un porcentaje de esos recursos,

los ciudadanos cuenten con la facultad de intervenir en la forma en que deberá ser

utilizado el dinero público, porque creemos que la ciudadanía no sólo tiene derecho

a saber en qué se gastan sus impuestos, sino a definir su manejo20.

20 BRISEÑO BECERRA, Carlos Alberto. “ Presupuesto Participativo, Herramienta para la Democracia.”

Congreso del Estado de Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. México 2011.

126

El presupuesto participativo es un proceso a través del cual la ciudadanía

puede proponer y decidir colectivamente cómo se gasta el dinero público de su

municipalidad21.

El economista y responsable técnico de la primera experiencia del

Presupuesto Participativo en Porto Alegre, Brasil, Ubiratán de Souza, lo define de

la manera siguiente:

“El presupuesto participativo es un proceso de democracia directa, voluntaria

y universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las

políticas públicas. El ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir

al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las prioridades de gastos y

controla la gestión del gobierno. Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional

para ser protagonista permanente de la gestión pública”.

Durante la Tercera Asamblea de la Plataforma Internacional por los

Presupuestos Participativos realizada el 15 de junio de 2011 en Bogotá, en el marco

del IV Encuentro Nacional de Planeación local y Presupuestos Participativos de

Colombia, se emitió la “Declaración de Málaga” y la “Declaración de Bogotá”, en las

que se definieron características y premisas de forma importante de lo que puede

ser considerado un Presupuesto Participativo:

a) Debe tener como característica el ser vinculante, es decir que sus decisiones

se ejecuten;

b) En ellos se presenta la democracia directa, ya que se emite el voto por

participante;

21 PARÉS, Marc. “Fortalezas y debilidades de las experiencias del presupuesto participativo en Barcelona

(España)”. Consultado el 16 de octubre de 2019 en :

https://www.academia.edu/2075083/Fortalezas_y_debilidades_de_las_experiencias_del_presupuesto_particip

ativo_en_Barcelona_Espa%C3%B1a_-_Book_chapter

127

c) Es del todo incluyente, incorporando a los impedidos legalmente: (menores

de edad, migrantes, etc);

d) Espacios deliberativos, ya que las diversas opiniones tendrán que converger

en la construcción de consensos;

e) Obligación para los representantes y representados, ya que se establecen

sistemas de seguimiento, control social y rendición de cuenta.

Por lo anterior, consideramos que los esquemas de presupuestos

participativos cuentan con las siguientes ventajas:

1) Al ser una práctica, la población experimenta una formación y desarrolla una

cultura democrática.

2) Se reafirma el compromiso de la autoridad con la transparencia de la gestión

y la efectividad del gasto público, al destinarlo a lo que la población considera

necesario, lo que hace posible mayor control sobre las cuentas del gobierno,

crea la posibilidad de aumento de eficiencia y la capacidad administrativa y

política resultante del incremento en el nivel de exigencia de la población.

3) Las zonas económicamente más bajas de la población, tendrán mayores

carencias, de ahí que teóricamente el gasto público se reorientará,

propiciando en que la administración pública municipal, entre en un proceso

más real en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas.

1. Presupuestos Participativos en Brasil

Mención especial merece Brasil, cuya organización político administrativa

está conformada por la unión, que corresponde al Estado nacional, los veintiséis

estados, los 5,565 municipios y el Distrito Federal.22

22 GOMEZ, María Auxiliadora, “Presupuestos Participativos Panorama de Brasil” pág. 39. Consultado el 16 de

octubre de 2019 en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5031184

128

Los municipios en este país al igual que en muchos países latinoamericanos,

son entes política y administrativamente autónomos y el proceso de

descentralización política e institucional que ocurre actualmente en el país resulta

en el fortalecimiento de los gobiernos locales; Actualmente existen 203 municipios

que desarrollan experiencias de Presupuestos Participativos en Brasil, algunas de

ellas con un período de duración de más de veinte años.

Estos mecanismos emergieron a finales de los años ochenta e inicios de los

noventa, en un momento de crisis de las ciudades brasileñas que, en su mayoría,

se encontraban frente una realidad económica y social de extrema dificultad, cuando

la dramática situación financiera de los municipios resultaba en poco o ningún

recurso para nuevas inversiones. Dichos años están marcados por una prolongada

ausencia de inversiones federales o estatales en infraestructura, saneamiento y

vivienda, llevando a una acumulación y retención de demandas urbanas y sociales

generadas por la incapacidad de los municipios para resolverlas.

Como parte del proceso de democratización del presupuesto público en

Brasil, se destaca el surgimiento al inicio de la década de los ochenta de las

primeras experiencias de discusión pública de las inversiones y la elaboración de la

listas de demandas dirigidas a las autoridades municipales.

Estas iniciativas todavía no tenían el carácter vinculante ni la garantía de que

se cumplieran y tampoco había otros mecanismos que asegurasen el carácter

democrático, universal y de control, posteriormente desarrollado por los PP.

De 1989 a 1993 empezó la implementación de las primeras experiencias de

estos instrumentos participativos, abarcando 13 ciudades y llegando a 33 en 1997.

A partir de esta fecha y hasta el año 2005 hubo una expansión de las experiencias

para 170 ciudades pequeñas, medianas y las capitales.

129

En el año 2007 se crea la Red Brasileña de Presupuesto Participativo,

generándose así una vasta expansión de las experiencias, que actualmente llega a

203 ciudades.

Es de resaltar que debido a estas experiencias, existe una continuidad

política, como ocurrió en Porto Alegre, Belo Horizonte y Recife; tres capitales

brasileñas donde el Partido del Trabajo logró elegir tres veces consecutivas a los

Alcaldes.

2. Presupuestos Participativos en Barcelona, España.

Los promotores de dicho instrumento mencionan que son dos las

características que podemos citar del esquema realizado en Barcelona:

La primera es que la ciudadanía participa sobre una determinada cantidad de

recursos del presupuesto municipal; permite obtener unos resultados tangibles,

ejecutables al año siguiente. Pero, sobre todo, fomenta un ejercicio de

corresponsabilización, en la medida en que la ciudadanía se ve forzada a priorizar

entre diferentes propuestas, tomando consciencia de que los recursos son

limitados.

La segunda característica que comparten todas las experiencias es la

periodicidad del proceso. Se trata, pues, de un proceso participativo que se repite

anualmente de acuerdo con el ciclo presupuestario. Con esto se garantiza la

continuidad de la participación de la ciudadanía en la vida pública, se fomenta la

rendición de cuentas con relación a la ejecución de los resultados del año anterior,

y se permite una evaluación continua del mecanismo con la posibilidad de

incorporar mejoras año tras.

130

V.- CONCLUSIONES

Una vez expuesto lo anterior, se concluye que frente a una democracia

insuficiente en México, y buscando mecanismos de control al poder municipal,

emerge la participación ciudadana, con esquemas que permiten converger en la

elaboración de las políticas municipales a los distintos grupos de interés, sectoriales

y territoriales; llegando a acuerdos entre las partes, y estableciendo equilibrios y

controles mutuos, estos mecanismos de participación ciudadana vinculantes a los

Ayuntamientos son: las consultas públicas para la mejor prestación de servicios

públicos, y de priorización de obras y proyectos, y los presupuestos participativos.

Con lo anterior, se dota de un elemento trascendente, ya que en ocasiones la visión

que se tiene desde las Administraciones no coincide con la que se tiene desde la

sociedad, compatibilizando el punto de vista técnico-administrativo, con el

conocimiento cercano y cotidiano que los responsables políticos y vecinos tienen

sobre sus problemas, necesidades y carencias; logrando así que el ciudadano no

limite su participación al acto de votar para elegir al Presidente Municipal y a los

regidores, sino que sea proactivo en relación al poder público.

VI.- FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRÁFICAS

BRISEÑO BECERRA, Carlos Alberto. “ Presupuesto Participativo, Herramienta para

la Democracia.” Congreso del Estado de Jalisco y el Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Jalisco. México 2011.

DAHL, Robert A. La Poliarquía. Participación y Oposición. Editorial Tecnos. Madrid.

1989

ESTRADA RODRÍGUEZ, José Luis, El dilema de la Representación en el gobierno

municipal: debate sobre la democratización vía la deliberación. Universidad

Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Toluca,

Estado de México. 2012.

131

GUILLÉN LÓPEZ, Tonatiuh, Bases para la reforma constitucional en materia

municipal, Red de Investigación en Gobiernos Municipales, IGLOM, documento

presentado en el Congreso del Municipio Mexicano, septiembre de 2004.

HELD, David. Modelos de Democracia, Madrid, Alianza editorial, 2001

HUNTINGTON, Samuel. El Sobrio Significado de la Democracia. Revista de

Estudios Públicos Nº33. Santiago.1989

JEFFERSON, Thomas, Notas sobre Virginia, cuestión XIV. Autobiografía y otros

escritos. Traducción de A. Escohotado y M. Sáenz de Heredia, Madrid, Editorial

Tecnos, 1987.

KELSEN, Hans (1934) Esencia y valor de la democracia: forma de estado y filosofía,

ediciones Coyoacán, México,2005

OLIVOS CAMPOS, José René. La Democracia Participativa en México, en

Fernández Ruiz, Jorge, Estudios de derecho electoral, México, UNAM, 2011

PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Modelo Transuniversal del Derecho y del

Estado, Editorial Porrúa. México, 1998.

REVUELTA VAQUERO, Benjamìn y PATRÒN SANCHEZ, Fernando (Coords.) La

Democracia Participativa, Visiones, Avances y Provocaciones. México, Universidad

de Guanajuato, IFE, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2010.

ROUSSEAU, Jean Jacques. El Contrato Social, Ediciones EDIMAT ,Madrid, 2000

SARTORI, Giovanni. Elementos de Teoría Política. Capítulo 4 Democracia. Alianza

Editorial. Madrid. 1987

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Harper. N.Y. 1947.

132

HEMEROGRÁFICAS Y/O DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,

de 31 de mayo de 2004.Consultado el 16 de octubre de 2019 en:

https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM2

00422.pdf

GOMEZ, María Auxiliadora, “Presupuestos Participativos Panorama de Brasil” pág.

39. Consultado el 16 de octubre de 2019 en:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5031184

PARÉS, Marc. “Fortalezas y debilidades de las experiencias del presupuesto

participativo en Barcelona (España)”. Consultado el 16 de octubre de 2019 en :

https://www.academia.edu/2075083/Fortalezas_y_debilidades_de_las_experiencia

s_del_presupuesto_participativo_en_Barcelona_Espa%C3%B1a_-_Book_chapter