revista anual revelando no2
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Revista Anual Revelando: de memorias, procedimientos y persistencias 2009-10-19 Segundo número de esta publicación. Revelando es una propuesta de comunicación para sacar a la luz historias, pensamientos, pérdidas, agresiones, resistencias y amparos de los defensores de derechos humanos en Colombia.TRANSCRIPT
elandoVelandoVrereEl Programa Somos Defensores - (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – PNGPDDH)- es un espacio de protección adscrito a las ONG: Asociación MINGA; Benposta Nación de Muchachos-Colombia; CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas.
Comité DirectivoGloria Flórez Schneider José Luis Campo RodicioGustavo Gallón Giraldo Mauricio García Durán S.J
Fotografías• Portada: Programa Somos Defensores - PNGPDDH- Carlos Andrés Guevara Contraportada: Damian Fellous• Archivo del Programa Somos Defensores - PNGPDDH-
EditoraCarolina Aldana García
Corrección de EstiloMaría del Pilar Hernández Moreno
Diseño y DiagramaciónRicardo Álvarez Gallego - [email protected]
ImpresiónPendiente
Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente.
Esta publicación es posible gracias al auspicio de la Unión Europea a través del proyecto: “Garantías y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia CRIS 2006/131-828”.
El contenido de esta revista es responsabilidad de sus autores y no compromete a la Unión Europea.
Calle 19 No. 4 -88 oficina 1302Teléfonos: 2813048 – 2814010 www.somosdefensores.org [email protected]á, septiembre de 2009
UNION EUROPEA
Revista anual para la protecciónde los Derechos Humanos
reVelando es una propuesta de comunicación para sacar a la luz historias, pensamientos, pérdidas, agresiones, resistencias y amparos
La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin
embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a
veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los
acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también
se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan
para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a
cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante
que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.
Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009
elandoVreRevista anual para la protección de los Derechos Humanos
Integrado por:
Programa Somos Defensores - PNGPDDH -
Asociación para la Promoción Social Alternativa - MingaBenposta Nación de Muchachos - Colombia
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEPComisión Colombiana de Juristas
Financiada por:
Contenido3 -
7 -
16 -
25 -
32 -
39 -
45 -
49 -
Presentación: De memorias, procedimientos y persistencias
Coyuntura: Víctimas, hegemonía y opinión públicaDiana Sánchez
Coyuntura: La Minga de Resistencia Social comprendida en una secuenciade tres imágenesCarlos Duarte
Voces regionales - Cauca: Asonasa y la OPIC, dos organizaciones y unasola estrategia para fragmentar al movimiento indígenaTejido de Comunicación de la ACIN
Voces regionales - Huila: El Huila, la tierra del olvido, el miedoy la indiferenciaAndry Gisseth Cantillo Hermida
Memoria: Yaneth Bautista: El temple del amor y la memoriaCarolina Aldana García
Voces regionales - Sierra Nevada de Santa Marta: Militares violansitios sagrados en la SierraRafael Mojica
El derecho a defender: Los defensores de derechos humanos acusadossin fundamentoAndrew Hudson y Elizabeth Jordan
Experiencias de protección: Comunidades afrocolombianas del Pacífico caucanoCOCOCAUCA
Logros del proyecto Unión Euopea: Ejes de protección
60 -
75 -
La defensa de los Derechos Humanos en Colombia es cada vez más
una tarea ardua y difícil, porque para el Gobierno y para los actores
del conflicto armado este oficio resulta fastidioso, molesto e incómodo
y porque, además de muchas otras consideraciones, pone en evidencia
que los colombianos somos vulnerables y podemos ser en cualquier
momento el blanco perfecto de agresiones, calumnias y persecuciones
como en varias oportunidades lo han evidenciado organismos
internacionales y ONG colombianas.
De memorias,procedimientosy persistencias
PresentaciónPresentación
reVelando
de atentados, de dolor y de tortura han ido
ganando, contra viento y marea, un espacio
importante en el país, entre la opinión pública,
los medios de comunicación y las altas esferas
del poder. La periodista concluye que todos los
movimientos creados por las víctimas son
fundamentales porque a partir de ellos Colombia
puede recuperar su memoria y valorarse más a
sí misma.
Con su artículo, La Minga de Resistencia Social
comprendida en una secuencia de tres imágenes,
Carlos Duarte, recrea, analiza, estudia y revisa
la historia reciente de Colombia, basado en tres
hechos abiertamente violatorios de los derechos
humanos: el primero de ellos, el Banquete de la
Muerte, sobre la Masacre de 16 indígenas Cuibas
en la Rubiera en 1967. Este hecho tal como lo
asegura el autor contiene “los ejes articuladores
del porvenir”. Bastaría entonces ver lo que está
sucediendo hoy con las comunidades indígenas
del Cauca y de otras regiones que están siendo
exterminadas por grupos armados ilegales.
La segunda imagen, Handel y la ciudadanía
multicultural, plantea el paralelo entre la aparente
entrada triunfal de los movimientos
indígenas al plano de la
p o l í t i c a y l a
realidad: por un
lado se habla de
democracia, pero
por otro se sigue
extinguiendo a los
m o v i m i e n t o s
indígenas que no
negocian tierras, ni
En muchos casos esta vulnerabilidad enajena,
debilita e insensibiliza y, por tanto, se convierte
en otra conquista más de quienes pretenden
acallar las voces de los que se empeñan en
desvelar tanto atropello. Pero, al mismo tiempo,
y como las grandes crisis, se muestra como una
oportunidad para no desistir en la solidaridad,
en las soluciones y en la búsqueda de caminos
que reclaman y necesitan los miles de
colombianos perseguidos.
De eso se trata la presente edición de esta revista.
De contar las historias que hay detrás de una
aparente calma en las regiones. De revelar las
injusticias, los maltratos, las mentiras, las injurias,
las calumnias, los procedimientos y toda la
barbarie que es capaz de cometer un ser humano
contra otro; de lo que hacen unos y otros para
privar de la libertad y de los mínimos derechos
a sus vecinos, a sus hermanos, a sus paisanos;
de lo que se hace en nombre de ideologías que
ya no funcionan y que se quedaron repitiendo
los que ostentan el poder o aspiran a él por
medio de la fuerza.
Así, el texto de
Diana Sánchez
Víctimas, hegemonía
y opinión pública
d e s c r i b e c o n
claridad cómo a
fuerza de luchar y
de un trabajo duro,
las víctimas de
hechos terroristas,
de violación de
derechos humanos,
4
presentación
principios ni se meten a la guerra ni creen en
ninguno de sus actores.
Finalmente, Duarte habla de ¿Cuáles símbolos
patrios?, para referirse a la protesta consciente y
organizada de los pueblos indígenas cuando el
Presidente Uribe les pide respeto a los símbolos
patrios, pero al mismo tiempo pretende
desconocer su dignidad como seres humanos y
como colombianos.
En Voces Regionales se presenta un panorama de
lo que sucede en materia de derechos humanos
en el Huila, el Cauca y la Sierra Nevada de Santa
Marta. Estos textos han sido escritos por hombres
y mujeres que defienden los derechos humanos
y por hacer ésto, varios de ellos están lejos de sus
territorios, de sus familias.
Para la sección Memoria, Carolina Aldana García,
hace un perfil humano y cálido sobre Yaneth
Bautista, convencida defensora de los derechos
humanos que cuenta pormenores de su entrega
humana a esta actividad y de los retos que le
plantea el futuro para lograr una Ley que
realmente dignifique a las víctimas del conflicto.
Con el texto titulado Los defensores de derechos
humanos acusados sin fundamento de Andrew
Hudson y Elizabeth Jordan, de la organización
Human Rights First, describen cómo, de manera
injusta, los fiscales señalan, persiguen, fustigan e
investigan a los defensores de derechos humanos,
haciendo uso de declaraciones falsas y de toda
clase de procedimientos arbitrarios y en contra del
debido proceso, para al final acusarlos de terroristas,
de simpatizantes de la guerrilla
o de grupos armados al margen de la ley.
5
6reVelando
El texto Comunidades afrocolombianas del Pacífico
caucano es un amplio resumen de toda la historia
de expropiación de tierras a la que han sido
sometidas las comunidades afro del Pacífico
colombiano, en el marco de un proceso que
busca favorecer, especialmente, a agentes
asociados a megaproyectos farmacéuticos,
mineros, madereros, cocaleros y de los
agrocombustibles. Pero, sin perder la esperanza,
este texto cuenta también cómo los Consejos
Comunitarios articulados a Cococauca, persisten
en alternativas de vida.
Finalmente, para esta edición las personas que
han sido parte fundamental de la labor del
Programa Somos Defensores, cuentan su
experiencia en las tres áreas del proyecto
financiado por Unión Europea. Sus palabras
son muestras de estos dos años de siembra por
la protección y las garantías para los defensores
de derechos humanos en Colombia.
Víctimas, hegemoníay opinión pública
Coyuntura
Diana Sánchez*
Colombia ha sido gobernada y dirigida
históricamente por una clase política
caracterizada por su ideología hegemónica,
excluyente y violenta que en el ejercicio del
poder siempre ha negado a importantes sectores
sociales, políticos y culturales del país, los ha
desconocido en sus diferencias y en su otredad
y ha impedido su opinión y participación en la
construcción de esta sociedad, al punto que ha
preferido extinguirla físicamente antes que
posibilitar su reconocimiento. Esa racionalidad
de negación permanente es la causa central de
nuestra violencia política.
Pero, no se trata solamente de la violencia física
y social, pues en medio de ese proceso de
construcción excluyente, también se van
edificando pensamientos y opiniones públicas
muy limitadas y estrechas que responden a esa
lógica de negación del otro: ése es el caso
colombiano. En consecuencia, en lo que se
entiende por opinión pública en Colombia, o
por lo menos, en las mediciones de opinión, que
*Periodista, investigadora social de la Asociación MINGA
8reVelando
responden a esas mismas lógicas, no cuentan
otras facetas del país.
Años atrás, las víctimas y las organizaciones
defensoras de derechos humanos no existían
para las empresas encuestadoras, a pesar del
protagonismo que han tenido en tantos años de
violencia política y social. Hoy, en medio de un
contexto desfavorable, donde el Gobierno de
Álvaro Uribe se ha trazado como política
estigmatizar y señalar al movimiento de víctimas
y de derechos humanos como aliados del
terrorismo y áulicos de la guerrilla, una encuesta
realizada en mayo de 2007 por el Centro
Nacional de Consultoría, muestra cómo el 76
por ciento de la opinión nacional tiene una
imagen positiva de las ONG de derechos
humanos , ante un 24 por ciento desfavorable1.
En tanto el 97 por ciento de esa misma opinión
considera que es justo que las víctimas reclamen
sus derechos y un 89 por ciento cree que la
sociedad colombina debe reconocerlos2.
Ciertamente se trata de un indicador justo y
oportuno que muestra el resultado del
acumulado de varios años de labor persistente
y digna, en medio de condiciones adversas.
Pero, sobre todo, da cuenta del lugar que han
ido ganando las víctimas y los defensores de
derechos humanos en la sociedad colombiana.
Este artículo pretende dar una mirada
retrospectiva a la forma como las víctimas han
venido construyendo un espacio importante y
estratégico en el imaginario colectivo de un país
que niega al otro.
Aniquilar al otro
Cuando a principios de la década del 80 el
establecimiento colombiano (ganaderos,
terratenientes, políticos, empresarios,
funcionarios públicos, entre otros) decidieron
crear y apoyar grupos paramilitares, lo hicieron
con un objetivo: silenciar y devastar físicamente
un importante sector de la opinión pública y
presión política del país. Es decir, al movimiento
social y popular colombiano. Así, se lanzaron
al exterminio de sindicalistas, defensores de
derechos humanos, líderes populares, indígenas,
afrodescendientes, partidos políticos de
izquierda, organizaciones sociales y
comunidades enteras. El marco fue una guerra
sucia, que arrasó igualmente con periodistas
críticos, intelectuales, académicos, estudiantes,
fiscales, jueces, mujeres organizadas, entre
muchos.
Desaparecer toda posibilidad de oposición
política y de opinión distinta a la ideología de
derecha que ha gobernado históricamente el
9 coyuntura
país, fue la apuesta estratégica. Sin duda, en su
momento, ese criminal objetivo lo alcanzaron.
Los partidos de izquierda quedaron diezmados
o desaparecidos como es el caso de la Unión
Patriótica. El movimiento campesino
prácticamente fue aniquilado; miles de pueblos,
incluidos indígenas y afros, fueron destruidos
y su población fue desplazada forzadamente a
centros urbanos; los sindicatos perdieron su
capacidad de movilización pues parte de sus
mejores exponentes fueron asesinados. Basta
hacer una mirada muy parcial de algunas cifras,
recogidas por verdadabierta.com, para
comprender la dimensión de la criminalización
en Colombia3. Miles de redes de derechos
humanos locales, desarticuladas.
Conclusión: ese espectro de opinión pública
distinta a la del establecimiento fue inmovilizado
y silenciado por varios años.
Durante ese periodo de horror y barbarie que
duró más de veinte años, los medios de
comunicación se referían a las víctimas como
una noticia más, con titulares sensacionales y
pasajeros, pero sin ir más allá para indagar
quiénes estaban detrás de tal criminalidad, a
qué racionalidad obedecía tanto odio y mucho
menos para ahondar en temas de derechos.
En tanto, el establecimiento en general se
lamentaba de tan crueles hechos. Mientras los
gobiernos prometían investigaciones exhaustivas
por medio de instituciones, muchas veces
dirigidas por los mismos victimarios. Haciendo
loa de la coherencia, la comunidad internacional
condenaba políticamente, pero sin tomar
medidas económicas contundentes que tocaran
las fibras de los responsables. Así, en la opinión
pública se legitimaba la versión de una guerra
sucia en medio del conflicto armado, donde el
Estado no tenía capacidad para actuar y mucho
menos responsabilidad… Mientras, las millones
de víctimas corrían de un lado para otro,
huyendo del peligro y del horror, cargando
tragedias inmensas y tratando de rehacer sus
vidas, especialmente las mujeres con sus hijos,
padres y suegros sobrevivientes.
Paralelo a ello, los victimarios y sus financiadores
disfrutaban a manos llenas los triunfos de la
guerra y la satisfacción de la tarea cumplida. En
adelante ya no tendrían opositores, no habría
más protestas, nadie reivindicaría justicia social;
los campesinos, los indígenas, los afro-
descendientes, los sindicalistas, los pobres y
desplazados ya no tendrían forma de pelear
derechos; estaban desarticulados e inmóviles en
zonas periféricas de las grandes ciudades o en
territorios marginados, sin posibilidad de exigir.
Nacen movimientos de víctimas
Luchando contra ese pensamiento, el
movimiento de derechos humanos trabajaba
por la justicia en instancias nacionales e
internacionales, de la mano de muchas víctimas
que buscaban la verdad y el castigo para los
responsables de los crímenes. Sin embargo, el
grueso de las víctimas de las masacres, asesinatos
selectivos, desapariciones forzadas,
desplazamiento forzado, torturas, violaciones,
etc., sobrevivían con la angustia y el miedo en
barrios marginales, resistiendo en zonas
apartadas, bloqueadas y confinadas por la guerra.
Aún así, en medio de esas condiciones adversas,
precarias e inhumanas, los hijos e hijas, viudas,
madres y hermanos y demás, armados de
dignidad, emprendieron un proceso,
inicialmente silencioso, de reconstrucción de la
memoria, de exigencia de la verdad, búsqueda
de justicia y reclamación de reparación.
Desde sus comienzos, las diferentes
organizaciones de víctimas han tenido una
dinámica permanente. Hacen parte del universo
de actividades de las víctimas en Colombia:
demandas jurídicas, encuentros regionales y
nacionales, foros académicos, movilizaciones,
incidencia ante la comunidad internacional,
reconstrucción de la memoria, por medio de la
narrativa, pero también con galerías visuales;
audiencias ciudadanas por la verdad, audiencias
congresionales en busca de una verdadera ley
de víctimas, campañas contra el olvido.
Así, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado (Movice), nacido en junio de 2005, ha
realizado, en su corta edad, cuatro encuentros
nacionales y sus capítulos regionales han hecho
permanentemente lo propio4. Sin precedentes,
en julio de 2007 se cumplió en Bogotá el
Encuentro Nacional de Víctimas Pertenecientes
a Organizaciones Sociales donde participaron
alrededor de 2.000 víctimas procedentes de todo
el país. En marzo de 2008 se realizó la gran
marcha nacional e internacional en homenaje a
las víctimas del paramilitarismo y del Estado, a
pesar de la oposición del gobierno nacional y
un año después, el Movice congregó de nuevo
en Bogotá, a un número importante de víctimas
de ejecuciones extrajudiciales.
El Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria
y contra la Impunidad, fundado en julio de 2006,
se ha caracterizado por realizar campañas
nacionales y regionales por la memoria de
diferentes líderes asesinados y su debate
académico. Amén de un sinnúmero de iniciativas
que las diferentes organizaciones realizan a lo
largo y ancho del país.
Recientemente en el Seminario taller Las víctimas
en la construcción de la paz desarrollado en Bogotá,
convergieron más de 100 organizaciones
regionales de víctimas y analizaron su capacidad
de incidir en la opinión nacional. La conclusión:
las víctimas ya existen en la agenda pública del
país, han ganado capacidad de generar opinión
y han logrado alterar la distorsión construida
por la historia oficial sobre la violencia política
y social del país. Esto implica igualmente que
han potenciado su capacidad de interlocución
e injerencia en sus regiones y localidades.
Luchas jurídicas
El Movice nació en septiembre de 2005, en un
contexto marcado por el debate de la Ley 975
10reVelando
11 cuyuntura
de Justicia y Paz. Así, una de sus búsquedas ha
sido enfrentar al Gobierno nacional en su
intensión de desconocer las reclamaciones de
las víctimas y pretender una reparación
administrativa, individual e inocua, sin los
mínimos estándares internacionales de los
derechos humanos.
Ello ha significado una demanda permanente
contra la Ley de Justicia y Paz; aspirar a que las
víctimas se conviertan en parte civiles en procesos
contra los paramilitares; generar un
proceso político contra los
parapolíticos; recurrir a
la justicia internacional,
al sistema constitucional
y a la participación en
las audiencias de los
desmovilizados, entre
muchos otros5.
La extradición de los
principales jefes
paramilitares a Estados Unidos ha significado
también un nuevo ejercicio para las víctimas, al
tener que plantear nuevas estrategias jurídicas
de carácter internacional para evitar la total
impunidad.
Construcción de la memoria
Las víctimas organizadas se propusieron como
búsqueda central, la reconstrucción de la
memoria histórica, de tal manera que el país
conozca esa otra faceta de la violencia política
y social en Colombia. Desde sus localidades,
regiones y a nivel nacional vienen trabajando
en ese propósito. Además de un ejercicio político
lo es también intelectual, como lo evidencia el
movimiento Hijas e Hijos por la Memoria y
Contra la Impunidad, quienes también desde
los debates académicos, nacen con el propósito
de reivindicar un pasado particular de la historia
del país y para que las prácticas de exterminio
de la oposición y organizaciones sociales no se
repita nunca más6. Luchar contra el olvido y
recuperar el recuerdo de esa otra historia, hace
parte de la reconstrucción de la memoria, “la
selección del olvido y/o el recuerdo permite la
posibilidad de procesos identitarios con ciertos
proyectos políticos, o su negación, o la búsqueda de
caminos alternativos”7.
Hoy este proceso organizativo ha logrado incidir
en parte la institucionalidad, espacios sociales,
académicos, de cooperación internacional,
mediáticos; lo que ha permitido tener una mayor
comprensión del significado de conocer la
verdad y reconstruir la memoria.
12reVelando
En escena están puestas un número importante
de galerías alusivas a las víctimas de la violencia.
Tal vez, la primera que se construyó en el país
fue en 1995, liderada por la Fundación Manuel
Cepeda y la Asociación MINGA. Hoy son
innumerables, algunas más tradicionales, otras
más artísticas, otras itinerantes y hasta
interactivas. Estas propuestas sensoriales y
testimoniales han ido generando un impacto
visual más universal que rompe las limitantes
ofrecidas por los medios de comunicación
masivos.
En este ejercicio las víctimas han ido más allá.
El movimiento de Hijos e Hijas está en el proceso
de una construcción teórica y conceptual sobre
su papel como sujetos históricos, sociales y
políticos, y especialmente en la construcción de
una verdadera sociedad democrática. Partiendo
de que ellos (las víctimas) son producto de una
historia hegemónica y de un proyecto de nación
que ha negado y silenciado otras historias8, sus
esfuerzos apuntan a romper tanto la historia
homogénea que la versión oficial ha creado pero,
sobre todo, a contribuir a procesos de apertura
de esas historias negadas en el país.
Audiencias ciudadanas por la verdad
En su iniciativa de construir la verdad, allanar
el camino de la justicia y visibilizar las crisis
humanitarias que persisten en las regiones del
país, el Movice junto con otras organizaciones
sociales y de derechos humanos, de la mano de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado,
presidida por el senador Alexander López y la
Comisión de Audiencias Públicas y Paz de la
Cámara de Representantes, ha realizado desde
2007, seis audiencias ciudadanas por la verdad:
Sucre, Buenaventura, Sur de Bolívar, Arauca,
Catatumbo9. Más de seis mil personas han
participado en estas audiencias congresionales.
Estos escenarios regionales, testimoniales, de
denuncia y visibilización de la situación de las
víctimas, acompañados por Senadores y
Representantes, han sido una herramienta clave
para que la Fiscalía y los entes de control del
Estado tengan mayor información y elementos
en los procesos jurídicos que se adelantan por
los crímenes de lesa humanidad cometidos por
los paramilitares y los militares.
También han permitido que diversos sectores
regionales y las mismas víctimas reconstruyan
los hechos de violencia de manera ordenada y
coherente con los intereses, responsables,
cómplices y causas que gestaron la criminalidad
de la que han sido protagonistas sin haberlo
escogido. Sus resultados ya son parte de la
reconstrucción de la verdad.
Movilización por una verdadera ley de víctimas
Con ocasión del tránsito en el Congreso de la
República del proyecto de ley para la reparación
de las víctimas, el movimiento de víctimas en
Colombia, movilizó su capacidad organizativa
en la realización de 14 audiencias regionales y
una nacional, que congregaron alrededor de 4
mil víctimas para discutir su contenido e incidir
ante los congresistas para que su texto se ajustara
a las normas internacionales de derechos
humanos. Este proceso implicó un ejercicio
pedagógico, académico, de análisis, pero sobre
todo de incidencia política importante, que si
bien no logró mover la bancada uribista del
Congreso, sí comprometió a congresistas liberales
como Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera,
quienes jugaron a fondo por alcanzar una ley
que garantizara plenas garantías y derechos
para las víctimas10.
Si bien la movilización de ese alto número
víctimas en dichas audiencias no logró modificar
la posición hegemónica y antidemocrática de la
bancada uribista en el Congreso, lo cual dio al
traste con esta búsqueda de contar con una ley
reparadora como lo merecen las víctimas, sí se
logró generar un cambio de percepción en gran
parte de parlamentarios sobre el valor estratégico
de las víctimas en el futuro del país. Como lo
advierte el Representante a la Cámara, Guillermo
Rivera, los procesos de paz hasta ahora han sido
parciales, al no tener en cuenta a las víctimas,
por lo tanto se ha tratado de procesos
incompletos, de ahí que una política de paz
integral que perdure y conduzca al país a la
reconciliación, debe contar con la voz y mirada
de las víctimas y para empezar, es necesario
construir una política seria de reparación de las
víctimas11.
Verdad abierta y Nación invisible
Aunque los medios masivos de comunicación
aún no han incorporado dentro de sus líneas de
investigación el tema de víctimas, especialmente
en un aspecto clave sobre el cual pueden
contribuir, como la búsqueda de la verdad y
edificación de la memoria, es necesario destacar
el portal virtual creado por Mi Semana.com
denominado verdadabierta.com.
Sin duda, la contribución que Verdad Abierta
está haciendo desde noviembre de 2008, cuando
fue creado como fuente universal de información
para apoyar la reconstrucción de todo lo
acontecido en los años de paramilitarismo en
Colombia: la historia, los protagonistas, los
cómplices, las víctimas, la lógica económica y
política que hubo detrás de él12, es un valor
agregado en este camino recorrido y por recorrer.
Verdadabierta.com se ha convertido en un
instrumento de investigación, aportes
académicos, testimonios y demás documentos
que ayudan a conocer parte de la verdad de
esos años aciagos de Colombia.
coyuntura13
14reVelando
En concordancia con el interés de que la voz y
opinión de las víctimas también haga parte de
ese centro documental, organizaciones sociales,
de derechos humanos y de víctimas, también
cuentan con un espacio propio en el portal:
Nación Invisible. Ordenar los testimonios de miles
de víctimas y ubicarlos en el contexto histórico
hace parte de la construcción de una nueva
narrativa que integra al país, pero no desde la
hegemonía del poder, sino desde el valor de sus
diferencias.
La actitud de su directora, la periodista María
Teresa Ronderos de fortalecer un centro de
documentación virtual, de acompañar a las
víctimas en foros académicos, debates políticos
y otros ejercicios, es un estímulo para que otros
comunicadores intervengan en la construcción
de otro tipo de opinión pública, más universal,
que rompa la mirada estrecha que se ha tejido
en la sociedad colombiana.
Comunidad y cooperación internacional
En concordancia con el papel estratégico que
vienen ganando las víctimas en la demanda de
la verdad, justicia y reparación, en la
reconstrucción de la memoria histórica, en la
búsqueda de la paz y una verdadera
reconciliación nacional, la comunidad
internacional, expresada en agencias de
cooperación internacional, gobiernos acreditados
en Colombia, Unión Europea, Sistema de
Naciones Unidas, entre otras, viene aportando
recursos económicos y apoyos políticos
importantes en este sentido.
Así por ejemplo, la Unión Europea apoya una
importante convocatoria de cooperación por
medio del Instrumento de Estabilidad, que
congrega al menos a 25 organizaciones de
derechos humanos y de víctimas. Se trata de
una propuesta holística que combina estrategias
y metodologías de atención y acompañamiento
integral e interdisciplinario a las víctimas:
asistencia legal, asesoría jurídica, memoria,
campañas e incidencia política y de opinión
pública, fortalecimiento organizativo, atención
psicosocial. Sus resultados se evidencian en el
robustecimiento del movimiento de víctimas,
en su posicionamiento ante la opinión pública
y en el esclarecimiento de la verdad.
En tanto, gran parte de las agencias de
cooperación internacional con representación
en el país, han incorporado dentro de sus
estrategias el respaldo y acompañamiento a
víctimas como parte de la búsqueda de verdad,
justicia y reparación.
15
Las víctimas como valor estratégico
A manera de conclusión: diez años atrás, la
opinión nacional no tenía conciencia del
significado de las víctimas en una sociedad como
la nuestra. Hoy, producto de esa labor ardua
que conjuga la incidencia política, movilizaciones,
fortalecimiento organizativo, paciencia,
dedicación, disciplina y claridad de su papel en
la construcción de una sociedad más justa, el
movimiento de víctimas es un sector escuchado,
respetado y reconocido por diversos estamentos
nacionales e internacionales.
Ya se comienza a entender que las víctimas son
un valor estratégico del país. Han contribuido
a develar el verdadero rostro de la violencia
política y sus responsables. Como hijos naturales
de la exclusión histórica ejercida desde el poder
hegemónico y gubernamental, tienen una
apuesta política y social de transformación en
una sociedad justa. Por tanto, en adelante, todo
proceso o política de paz, debe incluir a las
víctimas, de lo contrario no se puede hablar de
una sincera reconciliación nacional.
Así, en medio del desconocimiento del Gobierno
nacional de las víctimas, el país ha venido
comprendiendo los valores ético y moral que
ellas representan. En consecuencia, medios de
comunicación, sectores políticos, comunidad
internacional, el mundo académico e importantes
sectores de opinión están apostando y apoyando
sus voces. Al lograr el reconocimiento a su
existencia, éstas han avanzado ante quienes
quisieron desaparecer todo vestigio de esa otra
Colombia. Si el pasado fue de los victimarios,
el presente y futuro es de las víctimas.
1 Tan populares como Uribe, en: El Espectador.com Política, 27 de mayo de 2008.
2 Ídem.
3 Las 8.003 víctimas de masacres ocurridas entre 1993 y 2004, según estadísticas oficiales. * Los 12.148 homicidios políticos cometidos entre 1997 y 2004, según el CINEP, o los 25.574 que contabiliza la Comisión Colombiana de Juristas desde 1997 hasta 2003. * Los 1.215 secuestros cometidos por las AUC y los 12.545 perpetrados por la guerrilla entre 1996 y 2005, según la Fundación País Libre. * Los 502 indígenas asesinados entre 2002 y 2005, según el Gobierno.* Los 3.500 líderes sindicales asesinados en los últimos 15 años, de acuerdo con la CUT. www.verdadabierta.com
4 El Primer Encuentro se realizó en 2004; el Segundo en junio de 2005, cuando se constituyó como tal; luego, se volvió a reunir nacionalmente el 9 de julio de 2006 y en marzo de 2008 celebró el Cuarto Encuentro. Recientemente, en marzo de 2009, convocó al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia.
5 Entrevista al dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, www.movimientodevictimas.org
6 Para No Olvidar, Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, Antípoda No. 4, enero – junio de 2007, Universidad de Los Andes, Bogotá.
7 Ídem. Para no olvidar, página 6.
8 Ídem. Para No olvidar, página 7.
9 Audiencias ciudadanas por la Verdad: San Onofre (Sucre), 27 de noviembre de 2006; Buenaventura (Valle), 4 de junio de 2007; Barrancabermeja (Sur de Bolívar y Magdalena Medio) ,11 de agosto de 2008; Arauca (Arauca), 27 de septiembre de 2007; Ocaña (Región del Catatumbo y Norte de Santander), 4 de diciembre de 2008.
10 Intervención del Representante a la Cámara, Guillermo Rivera en el Seminario Taller Las Víctimas en la Construcción de la Paz, Bogotá, 20 de abril de 2009.
11 Ibídem
12 www.verdadabierta.com
coyuntura
La Minga de ResistenciaSocial comprendida en una secuencia de tres imágenes Carlos Duarte*
“La historia tiene tantas posibilidades hacia atrás
como el futuro las tiene hacia delante.”
Pedro Gómez Valderrama.
Durante las últimas décadas los pueblos
indígenas han ejercido una gran influencia en
el sistema político colombiano por medio de un
largo proceso de lucha, que responde a la
permanencia de demandas sociales emanadas
de la discriminación cultural, la exclusión política,
la explotación económica y las presiones
geopolíticas que han existido en sus territorios
ancestrales.
A lo largo de este proceso se ha consolidado un
discurso que, en términos generales, apunta a
la participación política, a la interculturalidad y
a la autonomía, mediante propuestas, acciones
de gobernabilidad y diversos tipos de
interpelación política en espacios de cooperación,
interlocución y movilización social.
Coyuntura
*Antropólogo - Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Centro de Estudios RAIZ-AL.
16reVelando
Al amparo de la anterior trama de relaciones La
Minga por la Resistencia Social y Comunitaria
puede entenderse como la expresión organizada
más representativa del movimiento indígena y
social colombiano luego de los reconocimientos
constitucionales de 1991.
Después de una década de entusiasmo
generalizado, hoy existe un ambiente escéptico
con respecto a las garantías y promesas que se
desprendieron de dicho proceso. En este sentido,
el movimiento indígena ha vivido diversos
momentos que van desde una fase de reflexiva
participación en los ámbitos institucionales,
pasando por la toma de una posición crítica con
relación al incumplimiento y desmonte de los
derechos constitucionales, hasta una fase de
reactivación de las alternativas propias de la
movilización social, en respuesta a la
estigmatización gubernamental y de los actores
armados del conflicto.
Conviene anotar que esta última fase ha
desarrollado un momento inédito en el marco
de las movilizaciones sociales contemporáneas
colombianas: asistimos al llamado de la
superación simbólica del enclave étnico y a la
convocatoria de los movimientos sociales y las
representaciones civiles del conjunto de la
sociedad nacional, para movilizarse de manera
coordinada y llevar al Gobierno a una mesa de
negociación conjunta fuera de los clásicos
espacios sectoriales. Para comprender su
relevancia no basta entender la Minga en sus
efectos y causas últimas sino en el marco de
todo un proceso, que propongo comprender
con la revisión de tres imágenes -momentos
17 coyuntura
históricos- de la relación entre las organizaciones
indígenas y el Estado-nación colombiano.
Los Recuerdos del Porvenir
“La identidad nacional se compone de símbolos”1,
escribiría alguna vez un etnógrafo europeo
contemporáneo, en tierras americanas. Dichas
representaciones se privilegian sobre otras y se
registran en la superficie de una memoria
compartida. Así, sería posible aislar entre el
heterogéneo conjunto de símbolos que
componen nuestro repertorio nacional, algunas
imágenes que permitieran sintetizar, tal vez
comprender, el pasado. Pero si el pasado tan
solo tiene lugar en el presente, posiblemente las
imágenes, además de estar predestinadas a
convertirse en vestigios del pasado, contienen
en su interior destellos que recuerdan el futuro.
Nuestro etnógrafo proponía dos imágenes que
desde su presente permitían comprender la
identidad nacional en referencia a los sectores
étnicos: las guahibiadas y la participación indígena
en la Constitución de 1991. A este dúo de
representaciones sugiero anexar una más: la del
debate ocurrido a finales de 2008 entre la vocera
de la Minga de Resistencia Social y el presidente
Uribe Vélez.
Imagen número 1: el Banquete de la Muerte
La primera imagen sería el Banquete de la Muerte,
nombre con el que la prensa colombiana daría
a conocer la Masacre de 16 indígenas Cuibas en
la Rubiera en 1967.
18reVelando
En el relato de Óscar Collazos2 podemos
encontrar un atisbo de su significado. De acuerdo
con este autor: “[…] los culpables del genocidio
trataron de ocultar las pruebas del delito: los
cadáveres habían sido amarrados a la cola de
las mulas y se pretendía conducirlos a un lugar
cercano para proceder a la incineración. No lo
consiguieron. Y aquí empieza la historia de un
genocidio que habría de encontrar en los dos
únicos sobrevivientes, Antuko y Cevallos, a los
únicos relatores de los hechos. Habían observado
la matanza subidos en lo alto de unos árboles.
Pero no sólo se había producido la matanza. No
sólo se había conseguido que los indios acudieran
al encuentro fatal. ¡Habían sido agasajados!
“Comiendo con la mano en una mesa y sentados
en la mesa -diría uno de los testigos-, después
la gente llegó a la mesa por ambas partes de la
cabeza, y llegaron a matar, y los perros salieron
a morder y en la mesa cayeron Doris y
Carmelina, la niña de Doris, y los demás
huimos”.
La descripción del indígena Antuko es
escalofriante, incluso en su entrecortado y
deficiente castellano. Sin embargo, cinco años
después se abrió proceso a los colonos acusados
de la matanza, y el primer día de juicio se oyó
por boca de los acusados una de las frases más
significativas de la sesión y acaso la clave
antropológica del caso. “No creíamos que matar
indios fuera malo”, fue la explicación dada por
los colonos. Las razones de estos colonos de
rostros esculpidos por el sol horizontal de la
planicie no eran excepcionales: “Un colono
blanco decidía sobre la vida de los indígenas,
en algunos casos asalariados o trabajadores
temporeros en sus fincas. La historia podía
remontarse a tiempos más lejanos: todas estas
tribus, guahibas, sálivas, piapocos, ciubas y
amorúas, habían sido desposeídas de sus tierras
y condenadas a sobrevivir en el nomadismo,
sombra siniestra de una casi aceptada herencia
colonial”3.
Esta primera imagen es entonces -retomando
nuestro etnógrafo europeo- la síntesis de una
historia que permitió construir un lazo de
continuidad entre aquellos colonos de la Rubiera
y un Cristóbal Colón tomando posesión de los
territorios y las poblaciones de ultramar. Los
pueblos indígenas se encontraron a lo largo de
esta primera imagen de 500 años, entre dos
fuegos: por un lado las políticas liberales
abogaban por su disolución y, por otro lado, los
dogmas conservadores los trataban como
criaturas inferiores. Existió en aquel momento
un “acuerdo preestablecido entre el presente y
el pasado”4. Una alianza que guardaría su
fundamento ideológico en la Ley 89 de 1890,
"Por medio de la cual se determina la manera
como deben ser gobernados los salvajes que
vayan reduciéndose a la vida civilizada".
En su seno tal imagen contendría los ejes
articuladores del porvenir. Mientras que la
democracia no existía para las poblaciones
indígenas, para la gran mayoría del país fue
menos que un eufemismo. Sí. El siglo XIX no
sería otra cosa que una guerra prolongada entre
los señores regionales, quienes establecieron
cerca de 15 constituciones diferentes, cada una
fundada con el signo de la guerra. El siglo XX,
por su parte, se mantendría a lo largo de su
segunda mitad bajo la dictadura del estado de
sitio5. Aquellas palabras de justificación de los
campesinos de la Rubiera, no eran tan
altisonantes cuando se revisa lo que estaba por
venir. Un “estado de emergencia permanente”6,
que significó en la práctica, vivir alojado dentro
del sistema nervioso del Leviatán estatal. Una
democracia bajo la política de las armas7. El
terror “[…] corría de boca en boca, de página
en página, de imagen a cuerpo por toda la
nación”8, atestiguó otro etnógrafo extranjero en
su trabajo de terreno. “La concepción de
Benjamín sobre la historia como un estado de
sitio era absolutamente pertinente en este caso.
[…] donde lo arbitrario del poder cercena lo
legítimo de la autoridad, donde la razón y la
violencia producen su pequeño dúo”9.
Imagen Número 2: Handel y la ciudadanía
multicultural
Una segunda imagen fue la entrada en la política
nacional de las comunidades indígenas. Aquel
19 coyuntura
4 de julio de 1991 saldrían del Salón Elíptico del
Capitolio Nacional, en medio de los acordes de
El Mesías de Handel interpretado por la Orquesta
Sinfónica de Colombia, los dos constituyentes
indígenas, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas
Birry, elegidos por voto popular y que
participaron en la redacción de una Constitución
que tuvo que aguardar 105 años para
modificarse. “La Constituyente mostraba, por
su composición interna, que la separación entre
país real y país formal -tan denunciada como
un ingrediente esencial de la democracia
restringida prevaleciente en el país- no era tan
insuperable como parecía. Esto, que era
propiamente impensable hace apenas unos años,
y altamente improbable cuando se tomó la
decisión de elegir esta Asamblea, se ofrecía a la
mirada de todos como uno de los símbolos más
significativos del nuevo orden social que el país
reclamaba”10, anunciaba nuestro primer testigo
etnográfico.
Este proceso desembocaría en el reconocimiento
del carácter pluricultural y multicultural de la
nación colombiana (Artículos 7 y 70). Desde las
comunidades indígenas se vería con esperanza
el reconocimiento de una serie de derechos
particulares: la ampliación y legitimación de los
territorios indígenas utilizando la figura de los
resguardos (Art. 286); la promesa de autonomía
que se avizoraba desde la creación de las
Entidades Territoriales Indígenas ETIS (Art 287);
el derecho a transmitir la cultura indígena por
medio de la educación bilingüe y bicultural
(Artículo 10); la participación en la política
nacional a través de la circunscripción especial
en la Cámara y el Senado de la República
20reVelando
(Artículos 171 y 176) y, finalmente, la aceptación
del Estado colombiano del derecho a la Consulta
Previa con respecto a la explotación de recursos
naturales en territorios indígenas (Convenio 169
de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991).
Sin embargo, a esta fotografía de dos indígenas
saliendo triunfantes del Capitolio, vale la pena
adjuntar otra que, junto con la anterior, constituye
la otra cara de una misma moneda y, como en
las imágenes precedentes, anticipa algunas pistas
para entender los acontecimientos futuros. El
16 de diciembre de 1991, buscando ampliar su
territorio, serían asesinados 20 indígenas nasas
en la Hacienda del Nilo al norte del Cauca11. Ese
mismo año, cuando se garantizaba una
ciudadanía multicultural largamente negada,
habitantes del Resguardo de Huellas, acudieron
a una cita aparentemente convocada por los
nuevos dueños de ese predio para discutir la
presencia de la comunidad indígena, así como
para reconocer las mejoras efectuadas por ellos
al terreno, en los últimos cuatro años. A las 9:00
de la noche, aproximadamente, hombres
fuertemente armados se presentaron en el lugar.
Una vez reunidos todos los indígenas que vivían
en la Hacienda, identificaron a los supuestos
líderes de la comunidad y los fusilaron12.
Nuevamente, como en 1967, las comunidades
indígenas debieron llevar su caso a los tribunales.
Esta vez, a diferencia de la Rubiera, con la
flamante investidura de ciudadanos
multiculturales, pretendían exigir justicia y
reparación, porque se pensaba que no estaba en
duda su humanidad, a diferencia de aquellos
lejanos días del Frente Nacional. Sin embargo,
los resultados fueron tan sorprendentes como
las palabras de aquellos colonos, 25 años atrás.
En palabras de Rafael Coicue, uno de los
sobrevivientes de la masacre: “Después, con la
pelea que se dio, se pusieron abogados para
seguir buscando justicia, en eso fue asesinado
el asesor del CRIC, Abogado Óscar Elías López,
el 30 de mayo 1992, por ayudarnos a pelear por
nuestros derechos, por ayudar a los campesinos.
También amenazaron a dos abogados más. Esto
pasó un año después de la masacre y en el 93
pusieron una bomba en el CRIC para frenar las
demandas y los reclamos por la Masacre de El
Nilo. En Bogotá a la ONIC le hicieron
allanamientos en las oficinas y le robaron todos
los expedientes y cuando estaba de Senador el
finado Anatolio Quirá le tocó hacer huelga de
hambre para que se reabriera el proceso de
investigación por la masacre. Además de eso
nos tocó hacer una marcha a Popayán porque
el caso había sido cerrado en dos ocasiones”13.
21 coyuntura
Por increíble que parezca, en la nueva nación,
respetuosa de la diferencia, se agotaron todas
las instancias de denuncia para buscar justicia.
Nunca se logró conseguir nada más allá de otro
asesinato, persecuciones y amenazas a cualquiera
que se interesara por el caso. Entonces, “[…] las
autoridades indígenas llegaron a la conclusión
de que no había condiciones para la justicia y
que adicionalmente el Gobierno no tenía
voluntad para esclarecer los hechos. Fue cuando
se decidió hacer la demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA con el apoyo del Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, porque en Colombia no
se haría justicia y porque allá no podían atacar
a tantos abogados juntos”14.
Imagen número 3: ¿Cuáles símbolos patrios?
Eventos como la masacre del Nilo nos abren las
puertas para entender porqué después de una
década se generó, en diversos espacios del
movimiento indígena, un ambiente de
desconfianza creciente hacia cualquier proyecto
de modificación de las leyes del 91. En este marco
de sucesos alcanzamos una tercera y última
imagen. El debate sostenido el 2 de noviembre
de 2008, como corolario de la Minga de
Resistencia Social y Comunitaria, entre La
Consejera Mayor del CRIC, Aída Quincué, en
calidad de vocera de La Minga y el Presidente
Álvaro Uribe Vélez.
Quizás uno de los hechos más dicientes de aquel
encuentro, por fuera de las argumentaciones y
contraargumentaciones del caso, se daría al
principio del evento, cuando el presidente Uribe
reclamara a los indígenas haberse sentado en el
momento en que comenzaron a sonar las notas
del Himno Nacional. “Hemos escuchado, con
todo el respeto, el himno de los hijos del Cauca
(...) de la guardia indígena y hemos escuchado,
con parcial respeto, el Himno Nacional”15, dijo
el presidente. Luego de este llamado de atención,
la Consejera Mayor del CRIC, contrapunteó:
“[…] que no era un irrespeto con el Himno
Nacional, sino una prueba de su
resistencia y de protesta contra un
Estado excluyente”16. La Consejera
señaló, además, la necesidad de
coherencia gubernamental,
pues en el mismo sitio que
ocupaba en ese
momento e l
señor Uribe, la
fuerza pública, sus
soldados de la patria,
días antes habían
quemado la bandera
de Colombia y la
bandera del CRIC en
un acto de saña,
mala conducta e
irrespeto con
s í m b o l o s
nacionales17.
22reVelando
¿Quién debía ser reprendido entonces? Era la
pregunta que quedaba en el aire, en medio de
una atmósfera cargada de tensión. La respuesta
en este caso sería expedita. Un mes después, el
16 de diciembre, sería asesinado a manos de
efectivos del Ejército colombiano, Edwin Legarda
esposo de la Consejera Mayor, en un atentado
que, de acuerdo con Aída
Quincué, iba dirigido
contra ella.
Para dimensionar esta
tercera imagen, primero
se debe señalar que este
encuentro evidenció la
r e l e v a n c i a d e l
movimiento indígena
porque obligó a uno de
los presidentes menos
proclives al diálogo y a la
negociación en la historia
c o n t e m p o r á n e a , a
desplazarse hasta el
resguardo de La María.
Segundo, es importante
señalar la importancia simbólica que ha ganado
el Territorio de Convivencia, Diálogo y
Negociación de La María18 para los movimientos
sociales colombianos, sobre todo en el
suroccidente. De acuerdo con Elides Pechené,
un viejo líder guambiano de mil batallas “Si el
Gobierno y las Farc tienen un espacio en el
Caguán, donde son bien recibidos los políticos
y los representantes de los gremios, pero las
organizaciones sociales no tienen oportunidad,
y mucho menos el resto de los colombianos,
entonces ¿por qué la sociedad civil no puede
tener otro para discutir los cambios que
quiere?”19. A mediados de 1999, ésa era la
pregunta que rondaba entre cientos de indígenas
reunidos en una asamblea extraordinaria del
CRIC. En ese contexto, las comunidades
indígenas del Cauca ofrecieron ese territorio a
los sectores sociales, para
que fuera utilizado como
espacio propio de la
sociedad civil en la idea
de constituirse como actor
dentro del proceso de
solución negociada del
conflicto social y armado.
Tercero, más allá del deseo
de mostrar la necesidad
de visibilizar a la sociedad
civil como un actor que se
debe tener en cuenta en
caso de llevar a la práctica
un proceso de paz, el
Territorio de Convivencia,
Diálogo y Negociación
contiene un significado más profundo que habría
que rastrear hasta 2001, cuando en Cota
(Cundinamarca) se reunieron las tres
organizaciones indígenas más representativas
del país20, en torno al lema: “Por la vida y
dignidad para los pueblos indígenas y para los
colombianos también”. Ese evento implicaría,
por lo menos en el discurso, dejar de lado el
enclave étnico que había producido un
distanciamiento entre indígenas y campesinos,
ganadores y perdedores respectivos de la
23 coyuntura
Constitución del 91 y convocar al resto de
organizaciones sociales del país a reconstruir
un sujeto popular.
Cuarto, es necesario recordar la serie de procesos
que se desencadenaron como consecuencia de
los factores mencionados anteriormente y que
confluyeron en la Minga de Resistencia Social
y Comunitaria. i) El 13 de mayo de 2006 se
realizó la Cumbre Nacional Itinerante, con
acciones que rebasaron el tradicional binomio
indígena y caucano y se extendió al resto del
país y al conjunto de los sectores sociales; ii) El
lanzamiento del Parlamento Indígena y
Popular21; y iii) la Campaña de Liberación de la
Madre Tierra22.
A modo de conclusión: caminar la palabra para
levantar la voz
Los elementos asociados a esta tercera imagen
dejan de manifiesto la pugna de poderes que se
juegan actualmente entre las relaciones de los
procesos indígenas y sociales colombianos y el
Gobierno y sus instituciones. Parece evidente
que hoy la diversidad étnica y social se reconoce
en la medida en que se unifique en virtud del
mercado y no contradiga la acumulación de
capital. ¿De qué otra manera puede entenderse
la ineficiencia estatal para implementar las leyes
que apuestan por procesos divergentes a la
lógica capitalista; y su comprobada eficiencia,
para implementar los procedimientos que
permitan asegurar su acumulación?
6 Taussig, Michael. Un gigante en convulsiones. Gedisa Editorial. 1995.
7 El Decreto 0070 de 1978 concedió a la policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas, una inmunidad criminal especial en caso de homicidio cometido durante la investigación de un crimen relacionado con el secuestro, la extorsión o el tráfico de drogas.
8 Taussig, M. (Op Cit.:15).
9 Ibídem: 23
10 Gros, C. Op Cit.
11 En 1987 decenas de familias provenientes del Resguardo Indígena de Huellas Caloto y otras comunidades vecinas decidieron entrar a la Hacienda El Nilo, debido a la crónica falta de tierra. Ellos no tenían la suficiente para sembrar, para criar los animales y menos para vivir. La poca tierra donde aún permanecen es estéril, está erosionada y cansada de la explotación de los terratenientes. Además un gran porcentaje de ella es de vocación forestal. Estas familias hablaron con el propietario de la hacienda para que las dejaran trabajar allí mientras se gestionaba con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), la respectiva compra para la comunidad, pero esta entidad no agilizó ni tuvo la voluntad política para adquirir la finca y así pasaron cuatro años hasta que el propietario se cansó de esperar.
12 Archivo de casos - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
13 Tejido de comunicaciones de la ACIN – Santander de Quilichao, 21 de enero de 2008.
14 En el 92 se firmó el acuerdo oficial del aporte de tierras para las comunidades, donde el Estado se comprometió a comprar 15.663 hectáreas de tierra plana, que debían ser entregadas en tres años. En octubre de 1998 la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hizo unas recomendaciones al Estado después de comprobar la participación de la Fuerza Pública en la Masacre. Estas recomendaciones incluían organizar mesas de trabajo en temas prioritarios para la comunidad.
15 Periódico El Tiempo, 3 de noviembre de 2008.
16 Ibídem.
17 CRIC. Cartilla de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria – Documento de trabajo interno. 2009.
18 El resguardo de La María se ubica sobre la carretera Panamericana a 15 minutos del casco urbano de Piendamó, en el corazón del departamento del Cauca.
19 Testimonio recogido por Adriana Espinel, en el Boletín Hechos del callejón. Febrero de 2006.
20 La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia, (AICO) y La Organización de los Pueblos de la Amazonía (OPIAC).
21 El XII Congreso del CRIC en 2005 y el Congreso Extraordinario de La María en 2007 indicaron la necesidad de una instancia que proponga e identifique normas que rectifiquen el proceder del Parlamento gubernamental que afecta los derechos de los pueblos indígenas, tomando como base el Derecho Mayor y la Ley de Origen. Con esta iniciativa las comunidades indígenas del Cauca, la ONIC, y varias organizaciones sociales conformaron el Parlamento Indígena y Popular.
22 Esta Campaña fue lanzada desde septiembre de 2005 cuando las autoridades indígenas del Cauca se cansaron del incumplimiento del Gobierno con los acuerdos de El Nilo. Pero, igualmente, junto con otras organizaciones sociales, la Campaña se manifestó en contra de la creciente concentración de la tierra en el país; del conjunto de leyes que, desde su punto de vista, están dirigidas a privatizar los recursos naturales y de la creciente violación a los derechos humanos que implicó este proceso. La Campaña de Liberación de la Madre Tierra comenzaría con la disputa de la finca de la Emperatriz.
1 Gros, Christian. Derechos Indígenas y una nueva constitución en Colombia, en Análisis Político, No 19. 1993.
2 Collazos, Óscar Collazos. Genocidios, en Con-Fabulación.
3 Ibídem.
4 Tal como lo señaló Dumezil para explicar el espíritu guerrero alemán dentro de la mitología germana y, sugerir de paso, sus sutiles pervivencias en el Tercer Reich de la preguerra. Dumezil, Georges. Los dioses de los germanos: ensayo sobre la formación de la religión escandinava. México, Siglo XXI Editores. 1990.
5 Desde 1948 hasta 1986 se decretó en 15 oportunidades el estado de sitio. Si se suman los años en el que el país fue gobernado bajo el estado de sitio resulta un total de veintiocho años sobre un periodo de treinta y ocho años.
Los movimientos indígenas y sociales
colombianos parecen darse cuenta de la manera
como ha sido reordenado el tablero del juego,
bajo la lógica del reconocimiento y la
participación neoliberal. En concordancia, se
vuelve a recurrir a la organización para la
autonomía, mirando los espacios de
participación democrática como trincheras para
la resistencia y se acude a la edificación de una
institucionalidad propia. Un ejemplo de esta
actitud fue la tercera imagen escogida. El espacio
donde se dio el debate entre la Minga y el
Gobierno no era un lugar cualquiera, sino que
representaba, a través del ejercicio del derecho
propio, la voluntad de extender una autonomía
aceptada en el discurso pero negada en la
práctica. Sin saberlo, el presidente Uribe
compadeció ante el Parlamento Indígena y
Popular: primero, por ocupar militarmente un
territorio que como La María funciona para fines
eminentemente diplomáticos; y segundo, por
oponerse al primero de los mandatos del
Parlamento: la liberación de la madre tierra.
24reVelando
Asonasa y la OPIC,dos organizacionesy una sola estrategiapara fragmentar al movimiento indígena
Tejido de Comunicación de la ACIN
Voces regionales – Cauca
Estas palabras exponen ante el mundo una estrategia preocupante: "Quisiera saludar a la
Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (Opic), que se conformó en un evento con más de
3.000 indígenas (...) una organización que no comparte con el accionar del CRIC (...), apoyaron al
presidente Uribe y a su política de seguridad democrática (...) y le dieron respaldo a las fuerzas
militares y la policía", dijo Viviana Manrique, Viceministra del Interior de Colombia, durante la
25 coyuntura
26reVelando
audiencia pública de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en Washington,
que se realizó el 23 de febrero de 2009 y que
tenía como objetivo escuchar a los pueblos
indígenas organizados en la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y su
difícil situación de derechos humanos.
Tal vez el saludo de la alta funcionaria del
Gobierno colombiano era equivocado y estaba
fuera de contexto o tal vez recogía el verdadero
interés del Gobierno del presidente Uribe de
demostrar ante la comunidad internacional su
supuesto apoyo a los pueblos indígenas, a través
del reconocimiento de la Opic, una facción de
reciente creación, cuestionada y cuestionable en
su legitimidad y que no representa a estos
pueblos. Tan evidente era esta equivocación y
maniobra que el propio Relator para Pueblos
Indígenas de la CIDH, Víctor Abramovich,
cuestionó el saludo de la Viceministra del Interior
manifestando: “Me llama mucho la atención
que la Viceministra iniciara su presentación, en
una audiencia pedida por la ONIC, saludando
la conformación de la Opic, (...) La pregunta es,
¿esto implica algún desconocimiento del
Gobierno a la representatividad que ejerce la
ONIC?”.
Hoy existen motivos y evidencias suficientes
para cuestionar esta estratagema del Gobierno:
el acompañamiento del Ministro del Interior,
del Gobernador del Cauca, entre otras
personalidades, al lanzamiento de la Opic el 21
de marzo de 2009 en un acto público en Popayán,
con todo el respaldo de la prensa.
Posteriormente, se publicitaron de manera
destacada en medios comerciales, las fotografías
que muestran al presidente Uribe con una de
las líderes de esta organización, Ana Silvia Secúe,
durante un consejo comunitario en Popayán,
anexando el contenido de su discurso en el que
manifiesta apoyo total y absoluto al Gobierno
y al presidente y presentando la intervención
completa de esta maestra durante el consejo.
Intervención que, además, fue publicada en su
totalidad en la página oficial de la Secretaría de
Prensa de la Presidencia de la República , entidad
que no suele publicar los abundantes
planteamientos oficiales de las autoridades
indígenas legítimas y donde intencionalmente
no aparece ningún vínculo a las múltiples y
abundantes declaraciones de organizaciones
indígenas y sociales que cuestionaron y
rechazaron en su momento todo este espectáculo
y a la propia Opic.
Sobre la base de estos y otros hechos mediáticos
y políticos, evidentemente premeditados y
preparados, resulta evidente que la OPIC ha
sido creada como brazo político o politiquero
indígena al servicio del Gobierno, para
movilizarle apoyo popular en el preciso
momento en que se debate de manera irregular,
el referéndum reeleccionista. Mientras el Comité
Regional Indígena del Cauca (CRIC) plantea
una agenda democrática de paz y de
transformación social e invita al país a
considerarla y a movilizarse con ideas y
propuestas alrededor de la misma, es evidente
que crear la Opic solamente puede beneficiar a
un Gobierno carente de argumentos serios para
responder a las demandas de la más antigua,
27 coyuntura
sólida y legítima organización indígena de
Colombia.
Aunque la Viceministra del Interior, Viviana
Manrique asevere que la Opic está ejerciendo
su derecho a asociarse, que este es un derecho
constitucional que también ejercen otras
organizaciones en el país y que el Ministerio del
Interior no ha estipulado ninguna agenda,
trasciende, a la luz de los hechos, que se le quiere
dar a la Opic un estatus de organización social
que la visibilice a nivel nacional, pero con una
marcada inclinación de respaldo (sin
fundamento en la realidad de los hechos) a las
políticas del actual Gobierno y en especial, a la
política de seguridad democrática que es objeto de
investigación jurídica, por sus aparentes vínculos
con acciones criminales contra nuestros pueblos.
Se trata, a todas luces, de crear otra organización
paralela al CRIC, que respalde de manera
irrestricta a un Gobierno cuestionado y bajo
escrutinio jurídico por crímenes de lesa
humanidad, a cambio de ofrecerle el goce de las
ventajas del apoyo oficial.
El proceso indígena del
Cauca del CRIC se ha
convertido en una piedra en
el zapato para el Presidente
Uribe. Por eso, las acciones
realizadas, en particular la
Minga de Resistencia Social
y Comunitaria, siempre
reciben respuestas violentas,
como el asesinato de Edwin
Legarda, compañero de la
Consejera Mayor del CRIC,
Aída Quilcué y el reciente atentado contra su
hija Mayerli, de 12 años de edad; hechos que
han sido objeto de rechazo en los ámbitos
nacional e internacional. En muchas ocasiones
se les ha señalado falsamente de ser terroristas
y guerrilleros buscando desacreditar las
iniciativas de este sector. Pero ha logrado
prevalecer su resistencia civil y el rechazo a
todos los actores armados legales e ilegales. Ante
la creación y lanzamiento público de la Opic,
las autoridades indígenas han manifestado de
manera contundente que no es la primera vez
que un Gobierno trata de dividir el movimiento
indígena y de deslegitimar por esa vía su lucha.
Esta lucha que se busca invisibilizar y acallar,
no es solo indígena; hoy se sabe que la Minga
Social y Comunitaria, que sigue caminando
desde diversos sectores y procesos en Colombia,
la asumen, la estudian y actúan desde sus
diversas experiencias y dolores para hacerla
realidad. La declaración de inexequibilidad del
Estatuto de Desarrollo Rural, por parte de la
Corte Constitucional, es un
paso adelante de la Minga,
que llamó a la derogatoria
de la legislación de despojo
representada por esta ley. La
movi l ización de un
conglomerado articulado de
sectores sociales, sindicales,
estudiantiles, campesinos,
ambientalistas, mineros,
entre otros, que caminan la
agenda de cinco puntos,
contra el Estatuto y a favor
de una ley rural alternativa,
28reVelando
ha sido un triunfo de la Minga. A raíz de la
sentencia de inconstitucionalidad de esta ley del
despojo, por la ausencia de consulta previa a los
Pueblos Indígenas y Afrocolombianos (que fue
lo que ocurrió también con la Ley Forestal de la
Honorable Corte Constitucional), es muy
probable que tanto respaldo, acompañamiento
y visibilidad a la Opic del Gobierno y a través
de los medios de comunicación, tenga el
propósito de contar con una organización de
bolsillo, que apruebe a ojos cerrados las leyes y
programas que favorecen a grandes intereses
económicos y transnacionales.
Esta misma estrategia se ha utilizado para ganar
la legitimidad de otros sectores sociales. Es de
amplio conocimiento la manera como el
Gobierno ha pretendido crear organizaciones
sindicales y sociales paralelas que salen a
promover temas como los tratados de Libre
Comercio en contra de la posición formal
de las organizaciones legítimas de
estos sectores.
Asonasa se vuelve Opic
Asonasa nace en el municipio de Villa
Rica, en 2004. Es una organización con base
evangélica, como muchas otras que hay
dentro de los territorios indígenas.
Además de diferenciarse por una
posición cristiana fundamentalista e
intolerante, tras un supuesto proyecto
social cristiano ha ido congregando
y organizando de manera selectiva
a personas que expresan algún
resentimiento o frustración contra el proceso o
los cabildos.
Aprovechan la pobreza, la exclusión, las
necesidades de salud, educación, vivienda, la
falta de tierras para las familias indígenas,
situación que se debe a la acción y omisión del
Estado y señalan además a los cabildos de ser
colaboradores de la guerrilla, corruptos y de no
suplir las necesidades de las comunidades.
Mediante un comunicado público piden detener
las transferencias a los resguardos indígenas.
Tras la fachada cristiana se conjuga lo religioso
y lo económico para fragmentar las comunidades
organizadas y ofrecer ayudas monetarias con la
condición de hacer que las familias
renuncien al proceso organizativo
indígena. Compran a la
gente y la atraen mediante la
espiritualidad.
Este libreto bien financiado es
una estrategia diseñada para
infiltrar y destruir desde dentro
el movimiento indígena, de por
29 coyuntura
sí sometido al ataque constante e integral que
implica la carencia de recursos, el
incumplimiento de acuerdos y convenios, la
falta de tierras, la invasión militar y económica
del territorio, la propaganda adversa y toda una
agenda legislativa a favor del Libre Comercio que
busca despojar a los indígenas de su identidad,
de su cultura y de sus territorios.
Pero Asonasa no solo está desprestigiando al
movimiento indígena sino que se ha ensañado
contra los grupos evangélicos que acompañan
y buscan el fortalecimiento de las comunidades
indígenas, señalando a los líderes religiosos de
ser mandaderos y empleados de los cabildos, porque
no comparten las intenciones divisionistas de
esta organización.
Esta Asociación ha llevado a sus seguidores a
rechazar los rituales indígenas que califican
como celebraciones paganas. Llaman a las
comunidades a renunciar a su identidad cuando
les aconsejan que se retiren del censo indígena,
a que los niños y niñas reciban una educación
cristiana que incluye aprender inglés de manera
obligatoria. Asonasa es, por todo lo dicho, una
secta excluyente, a pesar de que dicen sus líderes
y miembros, que son una organización
pluricultural. Quienes tuvieran interés de
documentar estos hechos pueden acercarse, por
ejemplo, a la vereda El Roblar del resguardo de
Munchique Los Tigres, en el municipio de
Santander de Quilichao, donde lograron aplicar
toda la estrategia.
En su preámbulo doctrinal se habla de inversión
en infraestructura, dotación, cobertura en salud,
educación, vivienda, vías, electrificación, entre
otras. Esto es lo que ofrecen a las personas y
hace parte del nuevo censo que desarrollan.
Adicionalmente, se comprometen a hacerlas
realidad a cambio de que las personas y familias
censadas se unan a Asonasa. Pero, ¿de dónde
saldrán los recursos?, ¿quiénes los financian?,
¿a cambio de qué?
Además de mostrar su apoyo a la seguridad
democrática y otras políticas del Gobierno
nacional, el plan de trabajo de esta organización
está abierto a hacer acuerdos o convenios con
Alcaldías y con la gobernación del Departamento
del Cauca para hacer efectivo el proyecto social
cristiano. Es decir, quienes se unen a Asonasa
o a la Opic son utilizados por actores externos
como una estrategia política para difamar y
destruir el proceso indígena, que se implementa
desde las bases, en las comunidades, llegando
a la gente en sus hogares y aprovechando la
miseria como estrategia de reclutamiento.
Asonasa, en pleno, participó en el lanzamiento
de la Opic el pasado 21 de marzo en Popayán,
en presencia del Ministro del Interior, Fabio
Valencia Cossio, el Gobernador del Cauca,
Guillermo Alberto González, entre otros
delegados, y puso en evidencia su claro respaldo
e integralidad con la Opic. Al parecer, la primera
fase de este proceso de invasión en los
resguardos, culmina con el lanzamiento de la
Opic que se presenta en el ámbito internacional
por medio de voceros oficiales como la
Viceministra del Interior, como una organización
de pueblos indígenas, para beneficio del actual
Gobierno.
30reVelando
Con el reconocimiento de la Opic se desconocen
los pueblos originarios y los procedimientos de
orden colectivo y la vocería la asumen los
gobernadores de cabildo, autoridades zonales
o regionales, orientadas desde la máxima
autoridad de amplias asambleas y congresos en
los que se definen las políticas del proceso que
tanto incomoda al Gobierno, y a quienes
impulsan y apoyan a la Opic y a Asonasa como
una de las muchas estrategias de infiltración y
ocupación territorial.
Por tal motivo el XIII Congreso del CRIC que
se realizó entre el 26 y el 30 de abril del presente
año en el territorio de Diálogo, Convivencia y
Paz del resguardo de La María (Piendamó),
rechazó las difamaciones y señalamientos de la
Opic, como estrategias de división, que surgen
de oscuros intereses, e incluso, con la anuencia
del mismo Gobierno nacional quiere
deslegitimar los procesos organizativos
de los pueblos indígenas. Reiterando
que la tolerancia es fundamental para
la convivencia, el Congreso asume
y exige el respeto al Otro y a lo
Otro. Durante este espacio de
reflexión y decisión se
manifestó la disposición
al diálogo: "Tienen
p l a n t e a m i e n t o s
importantes desde la
comunidad evangélica
que participó en este
congreso. Y hay que
revisarnos nosotros mismos
internamente para ver qué está
pasando. Es importante, si hay disconformidad,
saber disentir sin hacerle daño al otro; establecer
el por qué no hay acuerdo y por qué
hay disconformidad, pero
dialogando y, con ese
diálogo fortalecer la
unidad", dijo Elides
Pechené, nuevo
Consejero Mayor
del CRIC.
Calle 19 No. 4-88 Oficina 1203
Teléfonos: (57-1) 3804380 -3804400
www.asociacionminga.org
Bogotá, D.C., Colombia
MINGA orienta su proyecto institucional hacia la transformación de las condiciones políticas, económicas y sociales existentes en Colombia, que permitan superar la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria, la impunidad y el conflicto armado; aportando a la construcción del desarrollo humano integral, sostenido en un real Estado Social de Derecho, soberano y en paz.
Para ello trabaja en articulación sinérgica con la diversidad de actores sociales del país, especialmente con indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, niños y niñas, iglesias y académicos, así como con instituciones públicas nacionales e internacionales.
El Huila, la tierra del olvido, el miedo y la indiferencia Andry Gisseth Cantillo Hermida*
*Periodista, defensora de los derechos humanos
“Lo más malo de las acciones de la gente mala,
es el silencio de la gente buena.”
Mahatma Gandhi
Enmarcado por el espléndido ecosistema
reinante en los Andes colombianos, el
departamento del Huila es un territorio poseedor
de incalculable patrimonio cultural, humano,
arqueológico y natural, reconocido además como
capital del desarrollo surcolombiano. Paralelo
a esta belleza, el Huila también es una de las
regiones más golpeadas por el trasegar del
conflicto armado. Durante años ha constituido
una zona de especial interés para todos los
actores armados del conflicto colombiano y se
ha consolidado entonces como una de las zonas
más agredidas donde la población civil, como
en casi todo el país, es generalmente la que pone
los muertos.
Voces Regionales - Huila
vocesregionales
El departamento del Huila tiene 19.890
kilómetros cuadrados, el 1.8 por ciento de la
superficie nacional y un índice poblacional
aproximado de 1.006.797 habitantes. Ocupa un
lugar geoestratégico privilegiado en la región y
de enorme interés económico, político y militar
nacional e internacional. En él confluyen los
ecosistemas Andino y Amazónico: al sur se
levanta el imponente macizo colombiano,
también nombrado estrella fluvial colombiana,
donde nacen tres de los principales ríos del país:
el Caquetá, el Cauca y el río grande de la
Magdalena.
En el Huila se identifican claramente cuatro
corredores geoestratégicos del conflicto donde
se evidencia la permanente presencia de actores
armados que disputan territorios: i) El Sumapaz,
en la zona norte, en límites con los
departamentos de Meta, Tolima y
Cundinamarca; ii) El occidente,
con proyección hacia el Pacifico,
e n l í m i t e s c o n l o s
departamentos de Tolima y
Cauca; iii) El Piedemonte
Amazónico Norte, en límites
con Caquetá y los municipios
de San Vicente del Caguán y
Florencia y iv) El Piedemonte
Amazónico Sur que
comprende zonas de
Caquetá, Putumayo y la Bota
Caucana.
En el Huila, y especialmente en
la zona sur, limitando con los
departamentos del Caquetá,
Cauca y Putumayo, cada uno de los actores
armados del conflicto llámese paramilitares,
guerrilla, Ejército, Policía, los ahora grupos
emergentes o Águilas Negras, confluyen en una
disputa por territorio y poder que incrementa
a diario las cifras de violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
Dadas las anteriores circunstancias, podríamos
decir que el Huila vive una guerra sin cuartel
donde la población siempre lleva la peor parte.
Durante los últimos tres años, uno de los
problemas que más a afectado a los huilenses
son las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas
como falsos positivos, que de acuerdo con la
definición extendida en el Derecho Internacional
Humanitario, es la privación arbitraria de la
vida de una o varias personas a manos
de agentes estatales.
Según las misiones de verificación
de la situación de derechos
humanos realizadas en el sur
del Huila por miembros del
Observatorio Surcolombiano
de Derechos Humanos
(OBSURDH), con e l
a c o m p a ñ a m i e n t o d e
delegados de la Oficina del
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
D e r e c h o s H u m a n o s
(OACNUDH), el PNUD y la
Defensoría del Pueblo, se han
recogido testimonios de
familiares de víctimas y de un
33
34reVelando
sobreviviente, esto sólo en las regiones centro y
sur del departamento. Cifras con las que se
puede asegurar que la vida en el Huila como
en gran parte del territorio nacional, es un
derecho que se encuentra en máximo riesgo.
Según un informe de Amnistía Internacional1
“los graves abusos contra los derechos humanos
se mantienen elevados sobre todo en zonas
rurales pese a la constante reducción de ciertos
tipos de violencia asociada al prolongado
conflicto armado interno en Colombia, en
particular los secuestros. Todas las partes
implicadas en el conflicto: las fuerzas
de seguridad y los paramilitares respaldados
por el Ejercito Nacional, así como los grupos
guerrilleros sobre todo las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc EP), y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), este
último en menores proporciones, continuan
cometiendo abusos contra los Derechos
Humanos y vulnerando el DIH y son
responsables de crímenes de guerra y de crímenes
de lesa humanidad; hubo nuevos ataques contra
sindicalistas y defensores de derechos humanos
principalmente cometidos por grupos
paramilitares; continuaron los informes de
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
miembros de las fuerzas de seguridad, así
como los homicidios selectivos y secuestros
por parte de grupos al margen de la ley”.
Este informe de Amnistía Internacional no podría
ilustrar de mejor manera la grave situación de
derechos humanos que, como gran parte del
país, padece el departamento del Huila. Sólo
entre los años 2006 y 2008 las regiones centro y
sur del Huila
reportan según el Banco de Información del
Observatorio Surcolombiano de Derechos
Humanos (OBSURDH)2, alrededor de 160
Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, casos
que en la actualidad son llevados por la justicia
penal militar y que por obvias razones no
presentan un avance favorable para las víctimas
y sus familiares y se mantienen en la impunidad.
El modo de operación es casi siempre el mismo:
informantes al servicio del Estado se acercan a
las víctimas fingiendo entablar una amistad u
ofreciéndoles un empleo para luego de haber
ganado cierta confianza, invitarlos a dar un
paseo, llevarlos al supuesto trabajo, ofrecerles
algún dinero en préstamo o convidarlos a una
fiesta, siempre en zona rural, para luego
entregarlos a miembros del Ejército o de la
35
Policía. Horas o días más tarde aparecen como
muertos en combate, culpados de ser
extorsionistas o pertenecer a algún bloque
guerrillero3.
Sin duda, el Huila es una bomba de tiempo a la
que se enfrenta el presidente Álvaro Uribe quien
basa gran parte de su política de seguridad
democrática en la recompensa a civiles que
informen sobre ubicación de guerrilleros, lo cual
desencadena un perverso negocio de muertos,
según lo advirtiera en su momento, el Fiscal
General de la Nación, Mario Iguarán.
Igualmente, el presidente defiende una absurda
estrategia que pretende dar incentivos a los
militares según el número de bajas en combate.
De los casos de ejecuciones extrajudiciales
reportados hasta el momento, más de 300
ocurrieron en las cuatro subregiones que
conforman el departamento del Huila.
A las cifras por violaciones a los derechos
humanos y al DIH se suman los daños colaterales
generados por el narcotráfico que encontró en
el sur del Huila la ubicación perfecta para su
centro de negocios, lavado de activos y el
ambiente propicio para el desarrollo de su
actividad de producción y comercialización,
generando aún más desplazamiento, homicidios,
secuestros, extorsiones y, sobre todo, terror entre
la población civil.
En el Huila, como en el resto del país, este
irracional conflicto, en el que hace rato dejaron
de reconocerse los ideales políticos, tampoco se
discrimina entre actores armados y población
civil. Todos ellos golpean por igual a niños,
jóvenes, ancianos, campesinos, indígenas,
afrodescendientes, docentes, sindicalistas,
obreros, estudiantes y, por supuesto, los
defensores de derechos humanos que han tenido
que abandonar su tierra con tal de no perder la
vida pues son considerados como la piedra en
el zapato por un Gobierno que señala de terrorista
a todo aquel que opina y piensa diferente o que
ejerce control ciudadano a las políticas
gubernamentales.
A todos estos casos de homicidios, ejecuciones
extrajudiciales, desplazamiento forzado,
amenazas, campañas de intimidación y terror
se suman los constantes abusos de la Fuerza
Pública contra los habitantes de sectores
vulnerables a los que a priori se les considera
delincuentes y que van desde detenciones
arbitrarias hasta desapariciones forzadas y
asesinatos. Uno de los casos más evidentes es
la situación de un menor de 14 años, consumidor
de drogas psicoactivas que, un día a las 6:00 de
la mañana, mientras esperaba a su hermana
para ir al colegio, en la puerta de su vivienda y
con una botella de bóxer en las manos, unos
policías le ordenaron que se levantara y ante la
negativa del joven, los agentes le dispararon en
dos oportunidades en una de sus piernas. El
menor no recibió atención médica en un centro
hospitalario pues los agentes lo amenazaron de
muerte si llegaba a denunciar.
Pero si en el sur llueve en el norte no escampa.
Los habitantes de Algeciras llevan sobre sus
espaldas un estigma con el que ya no pueden
más: dondequiera que llegan son catalogados
por la Fuerza Pública como delincuentes,
vocesregionales
terroristas o personas de dudosa reputación,
por el sólo hecho de haber nacido, crecido o
habitar en una zona que años atrás fue
reconocida como de alta influencia guerrillera
de las Farc.
En Colombia (Huila), en límites con Tolima y
Cundinamarca, por cada 10 mil habitantes hay
8 mil efectivos de la Fuerza Pública. En esa zona
del departamento, hasta el hecho de pensar
constituye un riesgo para sus habitantes.
A mediados del primer semestre de 2009, el
Huila también fue uno de los departamentos
afectados por la campaña de intimidación más
violenta de los últimos años en Colombia, en la
que bandas emergentes de paramilitares,
conocidas como Águilas Negras, Mano Negra,
AUC nueva generación y la Oficina de Envigado,
sembraron terror entre la población civil cuando
por medio de panfletos anunciaron operaciones
de limpieza social en las que incluían a ladrones,
prostitutas, delincuentes y a todas aquellas
personas que se cruzaran por su camino o que
desafiaran sus balas
animándose a salir a las calles luego de las 7:00
de la noche.
Y pese a que las autoridades desestimaron
cualquier veracidad de estos panfletos, los
muertos no se hicieron esperar: empezaron a
aparecer cuerpos mutilados a orillas de las
carreteras, en los basureros, en los cementerios;
asesinaron población vulnerable que luego
abandonaron en las puertas de sus viviendas y,
además, amenazaron a defensores de derechos
humanos y a líderes sociales.
El 16 de marzo de 2009, Enrique Diego Pérez
Pérez, de 26 años de edad y uno de los más
notables dirigentes juveniles, representante de
los estudiantes al Consejo Superior Universitario
en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) y también miembro activo del Nodo
Sur del Observatorio Surcolombiano de
Derechos Humanos, fue asesinado. Dos sujetos
que lo esperaban a pocos metros de su vivienda
ubicada en la vereda Betania, zona rural del
municipio de Pitalito, con ocho disparos y sin
m e d i a r palabra, acabaron con
su vida y borraron su joven
sonrisa para
siempre.
reVelando36
El caso
más reciente
sucedió el 16 de abril de
2009 cuando tres defensores
integrantes del Nodo Sur del Observatorio
Surcolombiano de Derechos Humanos,
recibieron en sus viviendas un panfleto firmado
por un autodenominado grupo de Águilas
Negras, que les daban 24 horas para abandonar
el municipio de Pitalito o de otra manera
atentarían contra sus vidas y las de sus familiares.
Durante tres años estos defensores de derechos
humanos investigaron y denunciaron casos de
ejecuciones extrajudiciales y poco a poco se
convirtieron en blanco de una persecución
sistemática que incluía llamadas telefónicas,
seguimientos y amenazas, que les condujeron
hoy al exilio en un país lejano, ajeno a sus
costumbres, con tal de preservar su integridad.
Todos estos hechos, sumados a otros cientos de
casos, han sido en su mayoría denunciados ante
las autoridades civiles y militares que
cínicamente continúan asegurando que los
paramilitares son historia, que las Águilas Negras
nunca han existido y han anunciado en
municipios como Pitalito, uno de los más
golpeados por esta campaña de terror, que en
adelante no recibirán más denuncias por
panfletos o amenazas pues según ellos son
hechos sin fundamento a los que no hay que
prestar ninguna atención. Esta situación
preocupó a miembros del Senado de la
República, como la senadora Gloria Inés Ramírez
que afirmó en plenaria del Congreso:4 “El
mandato constitucional del que están instituidas
las autoridades para proteger a todas las personas
en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, en Pitalito y en el Huila
es letra muerta”.
El desolador panorama de la guerra y las cifras
de violaciones a los derechos humanos en el
Huila, les da la razón a los defensores de derechos
humanos y a las víctimas: la guerra no es el
camino. Por eso se debe insistir en el valor de la
vida, en el diálogo, en la salida negociada a los
conflictos, en la verdad, la justicia y la reparación
y en que tal vez un día, basados en el principio
del perdón, pero nunca olvido, la sociedad pueda
responder sin miedo el llamado histórico de
poder levantarse contra el odio, la opresión, la
impunidad, el abandono y constituir así entre
todos, sin el temor a perder la vida, un país más
justo, con oportunidades dignas para todos y
todas, un país que crea en el poder de la unidad,
la solidaridad, un país que respete la vida en
toda su extensión.
1 Amnistía Internacional Informe: El estado de los Derechos Humanos en el Mundo. www.amnistiainternacional.org.
2 Voces y Silencios Una aproximación a la situación de Derechos Humanos, D.I.H. y violencia en el Departamento del Huila 1, 2, 3 Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBDSURDH).
3 Manrique Sabogal, Winston. Falsos positivos en Colombia. Diario El País. España, 17 de noviembre de 2008.
4 Ramírez Ríos, Gloria Inés. Senadora de la República Intervención en plenaria, 28 de abril de 2009.
37 vocesregionales
El trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas está orientado a contribuir al desarrollo del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho en Colombia.
Concebimos los derechos humanos como un valor en sí, que no puede estar supeditado a otros propósitos. Constituimos una organización pluralista, aconfesional, no vinculada a partidos políticos.
Para lograr nuestros objetivos, realizamos labores de recolección y análisis de información sobre derechos humanos y derecho humanitario; hacemos pública esa información y promovemos el conocimiento y uso de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos y el derecho humanitario.
Calle 72 No. 12- 65 Piso 7
Tels: (571) 3768200 – 3434710 Fax: (571) 3768230
Bogotá, D.C., Colombia
Yaneth Bautista:El temple del amory la memoria
39 memoria
Carolina Aldana García*
Memoria
* Periodista. Magistra en Estudios Latinoamercanos. Coordinadora del Programa Somos Defensores.
Aquel día de junio de 2009, cuando la bancada
uribista obedeció la orden de la Casa de Nariño
y enterró con sus votos el estatuto de víctimas
que se tramitaba en el Congreso colombiano, se
escuchó una voz: “Ante el desprecio del
Gobierno con las víctimas, nuestra lucha debe
continuar”. Era Yaneth Bautista, reconocida
defensora de derechos humanos, quien recordó
otras derrotas del pasado, pero también victorias,
que al final honran la dignidad humana.
Por eso, a pesar de que la noticia no es buena,
Yaneth no pierde la convicción, esa que se ha
forjado en el amor a tantos familiares víctimas
del conflicto armado. En el amor a su hermana,
Nydia Erika Bautista y al esposo de Yaneth,
militantes del M-19, que en 1987 fueron detenidos
y desaparecidos por militares de la Brigada XX
del Ejército.
40
Desde entonces, Yaneth asumió la búsqueda de
justicia como la razón de ser de su vida. Se
vinculó a la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) que había
surgido cinco años atrás para buscar a 12
estudiantes de la Universidad Nacional, un líder
campesino y un obrero, desaparecidos por
integrantes del F-2, organismo de inteligencia
de la Policía.
La dura iniciación
Me encontré con Yaneth dos semanas después
del hundimiento de la ley de víctimas, llegó
puntual a nuestra cita de las 10:00, con mucha
memoria en cada respuesta, en cada pausa, en
cada reflexión.
Al igual que lo sucedido en el sur del continente,
cuando en los años 70 los familiares de tantas
víctimas de las dictaduras de Uruguay,
Argentina y Chile, se organizaron para exigir el
regreso a casa de sus familiares, víctimas de
detenciones arbitrarias y desapariciones, en
Colombia desde la década del 80 Asfaddes fue
la primera organización de víctimas que empezó
a movilizarse y a entender el fenómeno de la
desaparición forzada como una estrategia política
de represión, utilizada por sucesivos gobiernos
para perseguir y aniquilar las voces disidentes,
los militantes de izquierda, los estudiantes de
universidades públicas y habitantes de zonas
marginales de muchos lugares de nuestra
geografía.
Yaneth recuerda cómo empezó: “Yo llegué en
un momento en el que el archivo de Asfaddes
estaba en cajas en el Cinep, el lugar donde nos
reVelando
reuníamos con los defensores de derechos
humanos, Javier Giraldo y Eduardo Umaña,
personas que motivaron la creación de
Asfaddes”.
Hasta entonces Yaneth trabajaba como secretaria
ejecutiva, no tenía ninguna experiencia política
ni era militante como su hermana y su
compañero, pero el deseo de conocer la verdad
y obtener justicia, la llevaron a trabajar en
Asfaddes como familiar asociada, aportando su
conocimientos en la organización de los archivos
y las relaciones cotidianas con otros familiares,
con defensores y autoridades, le ayudaron a
comprender la desaparición forzada, a identificar
hechos comunes, nexos entre las víctimas,
prácticas y responsables de su desaparición y
los efectos psicosociales de este crimen.
41 memoria
El obligado exilio
En poco tiempo Yaneth fue secretaria de la
Asociación y, posteriormente, su presidenta
entre 1992 y 1995. Pero fueron unos años muy
duros. Los familiares de desaparecidos y el
movimiento de derechos humanos estaban
comprometidos en promover la Ley contra la
desaparición forzada que fue discutida en seis
ocasiones en el Congreso, en medio de múltiples
presiones, amenazas y solidaridades.
Además del caso por Nydia Erika “que nos ha
dejado huellas en el cuerpo y en el alma”, la
lucha por la Ley contra la desaparición forzada
fue una de las más duras, porque fue una disputa
directa contra los militares, que no debió haber
sido así porque los familiares no querían una
discusión con ellos sino con el poder civil del
Estado y del Gobierno colombiano. Pero los
miembros de la Fuerza Pública intervinieron
desde las primeras propuestas legislativas
cuando calificaron de peligrosas las opiniones
del defensor Eduardo Umaña sobre recortar
facultades a las fuerzas armadas para hacer
cumplir la ley. Los uniformados sostenían que
una ley de desaparición forzada era una norma
contra las fuerzas armadas, por eso asistían al
Congreso con todo el espíritu de cuerpo, desde
el general hasta el soldado más raso,
acompañaban los debates, hablaban a los medios,
intervenían constantemente para hundir las
diversas propuestas.
“Recuerdo que una vez salió en el periódico El
Tiempo, en primera página, un titular que decía:
Las águilas contra las palomas. Donde las palomas
eran los militares y las víctimas éramos las
águilas. Gloria Herney Galíndez, secretaria de
Asfaddes y yo estábamos embarazadas,
escondidas por las amenazas en algún lugar de
Bogotá y vimos por televisión cómo hundían la
Ley”.
Sin embargo, a pesar de los sucesivos fracasos,
el 10 de julio de 2000 fue aprobada la Ley 589
que condena la desaparición forzada, el
genocidio y el desplazamiento forzado como
conductas punibles hasta con 30 años de prisión.
Para entonces, obligada por las amenazas,
Yaneth, con sus afectos, incluido el hijo de Nydia
Erika, ya llevaba tres años fuera de Colombia.
“En ese época el apoyo fue del movimiento de
derechos humanos y de la comunidad
internacional que durante 14 años apoyó esa
Ley. Recuerdo campañas, avisos pagados por
colectivos de agencias de cooperación, recuerdo
entrevistas, informes de las agencias
internacionales pidiendo la aprobación de la
Ley. En cambio ahora, con la Ley para las
víctimas, nos sentimos muy solos por el bajo
perfil que asumió en este debate la comunidad
internacional y no sé por qué”.
Foto: arcoiris.org
42
Defensora universal: La desaparición forzada
en otros pueblos
Desde que partió de Colombia Yaneth afirmó:
“Me voy pero me quedo” y así fue. En el exterior,
asumió la presidencia de la Federación
Latinoamericana de Familiares Detenidos
Desaparecidos (Fedefam). En Alemania, creó la
Fundación Nydia Erika Bautista con varios
defensores exiliados de México, Guatemala y
Colombia. Recibió los premios Shalom (1997) y
el de Amnistía Internacional Alemania (1998)
por su lucha a favor de los derechos humanos,
la memoria y la libertad.
“Desde que salimos dijimos: no nos van a matar
políticamente, vamos a seguir haciendo el trabajo
humanitario que estamos haciendo. Con otros
defensores del mundo continuamos el trabajo
en Naciones Unidas, promovimos la Federación
Asiática de Desaparición Forzada, trabajamos
con familiares de Argelia, presentamos 500 casos
al grupo de trabajo 'Sábado de Turquía',
acompañamos a familiares de Yugoslavia, de
Filipinas, Sri Lanka y a los familiares de las
mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez
(México)”.
En todos estos procesos el impulso a la
Convención Internacional sobre Desaparición
Forzada fue, sin duda, la cúspide de tantos años
de trabajo. Producto de los conflictos internos
en Centroamérica, Colombia y Perú y de la
represión generalizada que han utilizado, tanto
gobiernos populistas como dictaduras militares,
los latinoamericanos tienen una experiencia
infinita en la lucha popular y en la definición
reVelando
del concepto de impunidad. Para Yaneth
Bautista, la lucha contra la impunidad se
convierte en un eslabón para llegar a otros
pueblos, para comprender la desaparición
forzada en otras latitudes, en otras culturas,
donde el dolor siempre es el mismo.
“Muchas familias abren sus casas para ponerlas
al servicio de la lucha por los desaparecidos,
pero hay diferencias. En Sri Lanka desaparecen
a las personas por razones étnicas. Allí la
presencia de los hombres en las organizaciones
es prevalente sobre la de las mujeres. En Argelia
hay mucho condicionamiento religioso que
impide la participación pública de las mujeres.
En India, el que toma la palabra en los talleres
y reuniones es el abogado de la familia. En
Turquía, las señoras que no hablan turco sino
dialectos de las subregiones, son condicionadas
por el traductor, que es como su representante.
Dependiendo del control de los grupos armados
o de otro tipo, según las capacidades que les
reconocen a las mujeres, en las distintas culturas,
ellas pueden participar, hablar, organizarse. En
Filipinas, ellas encontraron a sus esposos
desaparecidos luego de muchos meses y años,
estaban encarcelados, pero esas mujeres se
quedaron en las organizaciones, porque se
enamoraron de esa lucha y ahora son líderes en
sus pueblos”.
Como le sucedió a Yaneth, la desaparición
forzada les cambia la vida a las mujeres, las
convierte en sujetos sociales, las vuelve líderes,
porque “llevamos el amor a otras dimensiones:
a la política, a la interlocución con el Estado, a
lo social, comprendiendo lo que debe ser
43 memoria
humano, justo. En el fondo lo que nos mueve a
todos es el amor por nuestros seres queridos.
Ante tantos obstáculos no te caes, resistes, te
levantas, te afirmas”.
El regreso a territorio propio
En México, Yaneth empezó el retorno a
Colombia. Como defensora vinculada a
Amnistía Internacional asesoró a familiares de
mujeres desaparecidas y asesinadas de Ciudad
Juárez. Allí confirmó la necesidad de tener bancos
de datos para llevar el registro de los casos; la
influencia que tiene para futuros procesos
jurídicos la mala recolección de pruebas en la
escena del crimen, como por ejemplo, el
tratamiento que se les da a los cadáveres de las
mujeres violadas para obtener los fluidos que
el agresor dejó en sus cuerpos.
Pero Colombia le deparaba nuevos retos. Desde
2007 Yaneth está en el país comprometida como
siempre. “Para nuestra familia, nuestra vida
pasa por nuestro territorio. Ninguno de la familia
quiso quedarse afuera. Primero, regresaron mis
hijos Andrea y Erik y dos años más tarde regresé
con mi esposo y mi otra hija. Fue una decisión
consensuada, el único obstáculo era el miedo a
la violencia, el miedo a las represalias, pero
volvimos y aquí estamos”. Apoya la creación
de otra fundación, Familiares Colombia y amplía
el trabajo de la Fundación Nydia Erika con
propuestas que fortalezcan la acción de familiares
en la exigencia de justicia, salud mental y
alternativas humanitarias.
Regresar al país significó una nueva etapa: no
hay ambiente para la reconciliación. Las víctimas
como Yaneth no perdonan. El perdón no está
en su lenguaje todavía, tiene que pasar mucho
tiempo, mucho arrepentimiento de verdad,
mucha justicia para que las familias piensen en
un camino de reconciliación. La impunidad
continúa, el Estado revictimiza a las víctimas
con la indiferencia, la falta de investigación y
con las puertas que se cierran en la cara de los
familiares.
Y por el otro lado, los victimarios siguen en la
calle, cometiendo crímenes. En los últimos dos
años el escándalo de las muertes de civiles fuera
de combate cometida por militares, generó una
nueva sensibilidad sobre la desaparición forzada
en Colombia.
Hoy nuevas historias de dolor son narradas por
madres, esposas, hermanas e hijas de hombres
pobres que fueron seducidos por ofertas de
empleo en otros lugares del país. ¿Qué les puede
decir una defensora de derechos humanos a
estas mujeres? “Que tengan mucha fuerza como
la han tenido hasta ahora, que piensen que sus
hijos, sus hermanos, las están mirando desde el
cielo que si ellas fueran las desaparecidas, sus
44reVelando
hombres también estarían removiendo cielo y
tierra por ellas. Aunque la vida es muy difícil y
la desaparición forzada plantea muchos
problemas para las familias, como la pobreza,
el abandono, el dolor; como el amor es el que
nos mueve, que sigan adelante, que se capaciten
en derechos humanos, para que sepan porqué
les pasó eso, que se encuentren con otros
familiares de desaparecidos para aprender de
la experiencia y del conocimiento de ellos”.
Desde la Mesa de Víctimas pertenecientes a
Organizaciones Sociales, Yaneth se compromete
con la propuesta del estatuto de víctimas,
iniciativa que fue construida con audiencias
regionales en las que éstas se encontraron,
hablaron, pero sobre todo, hicieron sus aportes,
sembraron esperanzas que el Congreso nacional
finalmente silenció, acogiendo las razones
económicas del gobierno. Pero, como afirma
Yaneth, esta derrota no es el final.
“La tarea es regresar a las regiones: Contarle a
la gente el papel nefasto que cumplió el Gobierno
para hundir la ley; la injerencia del poder
ejecutivo vulneró el Estado de derecho y la
democracia porque Álvaro Uribe cada día les
ordenaba a sus bancadas qué hacer y ellas
obedecían sin ningún criterio humanista. Eso
evidenció la debilidad que tiene esta
democracia”.
Mientras Yaneth persiste en la incidencia política
y en la vía legislativa, otras personas y
organizaciones han pensado que sería bueno
llevar la propuesta de ley a un referendo. Sin
embargo, ella no está de acuerdo: “Poner en
manos de un referendo una ley de víctimas no
se ajusta al derecho internacional porque los
derechos de las víctimas no pueden negociarse
ni pueden someterse a mayorías, que, como en
este país están manipuladas por muchas razones.
Los derechos existen por sí mismos, los tienen
las personas por el simple hecho de ser personas
y lo que debe hacer el Estado es cumplirlos,
respetarlos, garantizar que se den y si hace leyes
que van contra ellos, lo que tenemos que hacer
las víctimas es pedir su nulidad. Así se hizo en
Argentina, en Chile, en Uruguay. Durante 30
años las Madres de Plaza de Mayo pidieron la
nulidad de leyes y lo lograron. Por iniciativa de
la sociedad y la persistencia de los familiares, el
Congreso que había aprobado las leyes de
nulidad, de obediencia debida y punto final fue
el mismo órgano que las anuló mucho tiempo
después por una ley donde las víctimas ahora
son más respetadas. Y yo como víctima no aspiro
a nada más que eso: que algún día un Congreso,
que sea independiente del Ejecutivo, declare la
nulidad de leyes como la 975 o que de ser
aprobada una ley de víctimas en nuestra contra
como lo pretende el presidente Uribe, también
sea anulada”.
Esta es Yaneth Bautista: la mujer, familiar de
desaparecidos, abogada y defensora, militante
de la causa de los derechos humanos en el
mundo, que en quince años se ve abuela, mamá
y esposa, pero en últimas haciendo siempre lo
mismo, al lado de muchas mujeres, creando
cosas, llorando y riendo por las luchas
“echándonos el dolor a la espalda y saliendo a
la calle como siempre lo hemos hecho”.
* Comunicador Wiwa. Organización Gonawindúa Tayrona. Artículo publicado en actualidadetnica.com
Voces regionales - Sierra Nevada de Santa Marta
Militares violansitios sagradosen la Sierra Rafael Mojica*
Resulta irónico que entre tantos terrenos los militares escojan precisamente los lugares sagrados
donde se realizan los pagamentos, donde se llega a reflexionar; que sean estos los lugares más
adecuados para hacer campamentos, fogatas, huecos trinchera con vasijas llenas de cuarzos.
Por donde pasan arrasan con todo, sin pensar que están robando.
45 vocesregionales
Foto: sacredland.org
46reVelando
En Makutama, uno de los lugares sagrados del
pueblo Kogui, ubicado en el departamento de
la Guajira, en la cuenca del río San Miguel, no
se le permite el paso a nadie. Sin embargo, los
miembros del Ejército, sin pedir permiso llegaron
a finales de abril y permanecieron varios días
sólo para hacerle daño a la madre tierra, porque
lo que hicieron fue dañar los sitios donde se
depositan las ofrendas, dejar bolsas, latas y
llevarse todos los materiales sagrados que había
ahí. Cuando, según ellos, vienen a proteger a
los pueblos de los grupos ilegales ¿de qué forma
los protegen?
El mama Serankwa estructuró y organizó estos
sitios sagrados, cada uno con funciones diferentes
y específicas para cumplir la normatividad de
convivencia, legado de nuestros padres
espirituales para cuidarlos y mantener el
equilibrio con la naturaleza.
Gonawindúa (a quien llamamos el corazón del
mundo) la montaña más alta de la Sierra Nevada
de Santa Marta y los
demás que se
encuentran en sus
alrededores están
siendo fuertemente
afectados. También,
a cada elemento que
dejó en la naturaleza
le fue asignado un
jefe (guardián) para
que el hombre, con
su debida consulta
y permiso, pudiera
andar o hacer uso
de tales recursos sin arriesgarse a tener peligros.
He aquí la importancia de la Sierra y donde sólo
los mamos que están purificados pueden rendir
tributo espiritual y material en los respectivos
sitios.
Pero hoy el hermanito menor llega hasta el
último rincón de la Sierra para causar estos actos
y llevarse lo que no es de él. "Cuando se meten
al nujue (casa donde se reúnen los hombres) y
nos roban el poporo eso nos duele, pero lo
hacemos nuevamente o cuando se llevan las
mochilas, volvemos a tejer otra, no se ha perdido
nada; pero cuando se llevan estos materiales no
tenemos cómo recuperarlos, no hacemos piedra,
ni cuarzos infinitamente, los perdemos para
siempre. Por eso le pedimos a los militares que
por favor nos regresen todo lo que se han llevado
de nuestro territorio y también que nos dejen
las piedras que rodaron en las pendientes, en
su respectivo lugar", dijo Manuel Díngula, Mama
de Makutama.
Las bolsas plásticas, baterías y latas que tiran los miembros del Ejército atentan contra el equilibrio dela naturaleza.
Foto: Rafael Mojica
47 vocesregionales
¡Si en Makutama llueve en Surivaca no
escampa!
A finales de mayo de 2009 otro de los lugares
sagrados sufrió otro abuso. Surivaca está ubicado
en el departamento del Cesar, en la cuenca del
Río Badillo.
Según la Saga María Mojica "nosotros
pensábamos que estábamos solos, pero cuando
nos dimos cuenta estábamos rodeados de gente
extraña de lado a lado en los lugares frágiles
donde ni siquiera a nosotros se nos permite
llegar. A simple vista vemos que son cerros,
piedras, cuarzos, pero en realidad son como
nosotros ellos son los que nos cuidan y nosotros
también los cuidamos a ellos a través de
pagamentos, ceremonias y confesiones.
“Esto fue dejado así desde el origen y somos
nosotros los responsables de protegerlos. Cuando
los militares llegaron por acá pensamos que iban
para otra parte pero no nos imaginamos que se
fueran a quedar a vivir por acá y menos que nos
fueran a causar daño. Pero miren lo que han
hecho: se han llevado los cuarzos, oro, piedra y
han arrancado las piedras; las parten, las botan
para otra parte o las tiran por las pendientes.
Han llegado en helicóptero y a pie hasta el cerro
Gonawindúa al que nosotros llamamos corazón
del mundo, y al pie de éste se encuentra la laguna
conocida como Abu Dumena donde nace el Río
Badillo. Hacen fogata en la orilla, tiran las bolsas,
las baterías, y las latas al agua. Aquí sólo pueden
llegar los mamas cuando van a hacer los
pagamentos. Si bien sabemos que el agua nos
sirve a todos, no solamente a nosotros los
indígenas, están cometiendo un acto violento
contra la madre tierra y contra nosotros".
Centenares de indígenas se reunieron para
protestar contra el daño ambiental que las tropas
de alta montaña están causando en la Sierra
Nevada y lo que se busca con esto es que el
Ejército respete los lugares sagrados y cambie
su actitud en los territorios indígenas que están
ocupando en estos momentos para que los
pueblos originarios sigan cumpliendo con la ley
de origen.
Además de la profanación están dañando a
nuestra madre con bolsas, baterías y otros
materiales contaminantes que afectan el agua.
Cuando las bolsas se degradan en un promedio
de cien años, al igual que la batería, contienen
un compuesto tóxico y son dejados en cualquier
parte.
El daño que los uniformados le están haciendo a la Sierra Nevada
es irreparable.
Foto: Rafael Mojica Gil
48reVelando
"Oigo que ustedes tienen retenes, peajes y lugares
privatizados, que para entrar hay que pedir
permiso o pagar el peaje para andar por esa
carretera. Así mismo es la Sierra, hay lugares
donde no se puede pasar sin pagar a los padres
del agua, del viento, de las piedras, de los cerros,
de los bosques, es decir, a todos ellos se les pide
el permiso para estar en paz con la naturaleza.
Cuando ellos arrancan una piedra que está
cumpliendo la función de recibir y protegernos
es como atentar contra la vida de un mama y,
sin embargo, no creen que están cometiendo ese
acto. ¿Por qué el Ejército actúa de esa manera?
Por eso decidimos reunirnos los mamas y
autoridades para mandarles un mensaje
a los hermanos menores sobre el daño
que nos están causando y también les
pido el favor que nos ayuden a
cuidar la Sierra Nevada", comentó
el mama Felix Mojica. Si los
hermanitos menores siguen así,
¿qué será de nuestro futuro y
el de nuestros hijos?
Foto
: mul
dsig
aba.
org
49
El derecho a defender
Los defensores dederechos humanosacusados sin fundamento
Andrew Hudson y Elizabeth Jordan*
* Human Rights First
Presos y señaladosen Colombia
En un sistema de justicia penal destacado por
sus niveles de impunidad, la tenacidad de los
fiscales colombianos que llevan casos en contra
de los defensores de derechos humanos es
impresionante. Los problemas estructurales de
corrupción y acciones arbitrarias del sistema
judicial que afectan a la gran mayoría de
colombianos tienen un doble impacto sobre las
personas que defienden los derechos humanos:
además de enfrentar investigaciones y procesos
derecho adefender
penales sin fundamento, los casos judiciales se
hacen públicos desde el primer momento, lo
que mina la legitimidad de los defensores y
frecuentemente los expone a ataques de grupos
paramilitares.
En febrero de 2009 Human Rights First publicó
un informe que revela y analiza, por primera
vez, el uso de procesos penales sin fundamento
contra 32 defensores de derechos humanos. Si
bien no sólo los defensores son objeto de
investigaciones fabricadas ad hoc, su persecución
como grupo se caracteriza por el tipo de cargos
imputados y los métodos empleados para
recoger y falsificar la evidencia. Por lo general
son acusados de rebelión y pertenencia a las
organizaciones guerrilleras y hay patrones típicos
en las investigaciones y los procesos penales en
su contra, como el uso de
testimonios
falsos de ex combatientes y de archivos de
inteligencia y demás pruebas ilegales.
Aparte de lo anterior, la rápida investigación de
las denuncias penales contra los defensores
contrasta marcadamente con la falta de
indagaciones sobre los ataques, las amenazas y
las otras formas de intimidación que los afectan
a ellos o a la población civil en general. El Estado
colombiano tampoco investiga o judicializa a
los funcionarios públicos que instigan procesos
penales artificiosos.
Los cargos penales sin fundamento son dañinos
para los defensores de derechos humanos de
muchas formas:
• El señalamiento de los defensores como
colaboradores de terroristas los expone a
amenazas y a actos violentos a manos de
los paramilitares y de las nuevas bandas
criminales integradas por desmovilizados
de estos grupos.
• Los procesos penales obligan a los
defensores a gastar tiempo y recursos en
su propia defensa, lo que limita su
capacidad de trabajar en favor de los
derechos humanos.
• Los cargos desprestigian a los defensores
y empañan sus perfiles como activistas
legítimos de derechos humanos y
• La amenaza de un proceso penal tiene un
efecto intimidante en el que los defensores
se autocensuran y limitan sus actividades.
reVelando 50
51 derecho adefender
Patrones generales de investigación
Generalmente, un fiscal regional inicia una
investigación previa y secreta de un defensor,
que puede incluir la recolección de informes de
inteligencia del Ejército, la policía judicial u otras
entidades estatales de seguridad, que suelen
contener información irrelevante y calumniosa.
Después el fiscal obtiene declaraciones falsas,
incoherentes o contradictorias de testigos que
reciben beneficios del Estado por ser ex
combatientes en proceso de reinserción. En esta
etapa es común que el defensor sea capturado
y detenido y, a veces, pasado un tiempo
significativo, se le acusa de rebelión por ser,
presuntamente, un terrorista o un guerrillero.
Human Rights First no conoce ningún caso en
el que un defensor hubiera usado la violencia o
las armas. Sin embargo, las acusaciones suelen
basarse en la supuesta pertenencia clandestina
de los defensores a las Farc.
Es frecuente que un fiscal superior archive o
deseche la investigación después de que la
defensa solicite una revisión del caso. No
obstante, no hay un proceso automático de
revisión y la defensa tiene que acudir a una
variedad de herramientas legales para apelar la
decisión del fiscal inicial y solicitar la revisión
de otro fiscal o juez. Se puede cerrar una
investigación después de solo unos días, pero
en algunos casos ésta y las detenciones
relacionadas se extienden por años. En ocasiones,
el fiscal lleva el proceso penal a juicio y en esos
casos es muy común que el juez declare inocente
al defensor. Sin embargo, muy pocas veces, se
declara culpables de rebelión a los defensores,
aun cuando las pruebas no indican objetivamente
ese resultado.
Cuando se archiva oportunamente la
investigación, de todas maneras los defensores
ya han sido señalados como terroristas y el riesgo
de ser atacados aumenta: muchos defensores
son acusados sistemáticamente por paramilitares
y a raíz de ello tienen que buscar asilo en otros
países.
Ejemplo: las grabaciones de conversaciones
telefónicas revelen la práctica de fabricación de
cargos
El 7 de octubre de 2008 los
medios de comunicación
colombianos reportaron una
conversación telefónica entre
el General (r) Rito Alejo del
Río y el antiguo Ministro del
Interior y Justicia, Fernando
Londoño Hoyos. Los dos
hombres hacían planes para
denunciar a la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz
(CIJP) y a uno de sus fundadores, el Padre Javier
Giraldo. La CIJP es una organización de derechos
humanos reconocida a nivel internacional, que
trabaja pacíficamente a favor de la protección
de los derechos de comunidades marginadas
como los pueblos afrocolombianos e indígenas.
Por muchos años el Padre Giraldo y la CIJP han
denunciado las violaciones de derechos humanos
cometidas presuntamente por el General del
Padre Javier Giraldo
52reVelando
Río, cuando dirigió la XVII Brigada del Ejército
en Urabá.
En la grabación, Del Río y Hoyos hablan de
cómo desprestigiar a la CIJP. El general retirado
indica que anteriormente había intentado
promover otras investigaciones penales falsas
contra defensores. La conversación telefónica
revela que un antiguo general del ejército y un
alto funcionario del Ministerio del Interior y
Justicia creen que es aceptable intimidar y
desprestigiar a los activistas que denuncian las
violaciones de derechos humanos. También
muestra la conexión entre el señalamiento
público y los procesos penales, explicando que
las acusaciones públicas crean un contexto en
el que es más fácil acusar a los defensores.
El 11 de febrero y el 10 de marzo de 2009 un
fiscal ordenó abrir investigaciones penales contra
el Padre Javier Giraldo y el director de la
Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez.
El fiscal los acusa de falsa denuncia, injuria y
calumnia. Estas pesquisas fueron reanudadas
con base en las denuncias hechas en los años
2004 y 2005 por el Coronel Néstor Iván Duque
López, comandante de la Brigada Militar
involucrada en la masacre de San José de
Apartadó de 2005.
Human Rights First teme que las acusaciones
fueron motivadas por las denuncias hechas por
Giraldo y Ramírez sobre la participación del
Coronel en la masacre de San José de Apartadó.
El 8 de abril de 2009 un fiscal emitió una
resolución de preclusión y reconoció que la
investigación contra ellos fue errónea.
Los problemas con los testimonios de testigos
Las investigaciones penales contra defensores
suelen basarse en testimonios de ex combatientes
o informantes de las guerrillas con relaciones
cercanas a funcionarios del Gobierno. Estos
testigos, sean desertores de las Farc o de otros
grupos, buscan las garantías brindadas a los
miembros de grupos armados que se
desmovilizan y reinsertan a la sociedad. La
jurisprudencia en Colombia, tanto de la Corte
Suprema de Justicia, como de la Corte
Constitucional, enseña que el testimonio de tales
testigos debe manejarse con precaución porque
proviene de personas que no son imparciales y
que se benefician de su colaboración con las
autoridades.
Mientras que los testimonios de tales personas
son, por su carácter, poco confiables, también
hay indicios de que algunos
funcionarios han
influenciado sus
declaraciones.
Además de
usar testigos
poco creíbles,
con frecuencia
los fiscales, las
Andrew Hudson, deHuman Rights First
53
fuerzas armadas o el DAS interfieren con su
testimonio. Aparentemente, algunos fiscales los
preparan y les guían directamente sobre lo que
debe aparecer en sus manifestaciones. Por
ejemplo, en algunos casos, los fiscales y jueces
que revisaron los casos citaron secciones de
declaraciones de diversos testigos que tienen
frases completas, idénticas entre sí, lo que
muestra que fueron instruidos por el fiscal inicial
en el caso.
Revelaciones inconsistentes, contradictorias y
vagas aparecen sistemáticamente en las
investigaciones penales en contra de los
defensores de derechos humanos. Con
frecuencia, los testigos no pueden describir,
identificar ni nombrar al defensor o defensora
con claridad como el líder guerrillero al cual
acusan. Afirmaciones incoherentes o
inverosímiles no cumplen con los estándares
básicos de pruebas y no deberían ser usadas
como evidencia. No obstante, en estos casos, ni
se evalúa ni se corrobora con bastante rigor su
testimonio, porque muchos fiscales regionales
lo consideran verosímil y real.
Ejemplo: El uso del sistema judicial para señalar
a los defensores de derechos humanos: Príncipe
Gabriel González
Príncipe Gabriel González Arango es un
reconocido líder estudiantil en el departamento
de Santander. El 4 de enero de 2006 fue detenido
en Bucaramanga bajo cargos falsificados de
rebelión y del liderazgo de una milicia urbana.
En ese entonces, González era Coordinador
Regional del Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos (CSPP). Después de 15 meses,
lo liberaron de la cárcel y un juez lo declaró
inocente de todos los cargos. El juez reconoció
que el sistema judicial había sido manipulado
y desechó las pruebas de testigos, al menos
parcialmente “por la preocupación por su
utilización para direccionar la acción de la justicia
en contra de aquellos que reivindican las luchas
sociales por los cauces democráticos.” El otro
testigo en el caso le dijo al CSPP que había dado
sus declaraciones bajo presión de miembros de
la policía y del CTI en Bucaramanga. A pesar
de ser liberado, González continúa recibiendo
amenazas de muerte y aparece en las “listas de
muerte” enviadas por los paramilitares.
Lamentablemente, la
Fiscalía decidió apelar
su absolución. En una
decisión del 24 de
febrero de 2009, el
Tribunal Superior de
B u c a r a m a n g a
encontró a González
culpable de rebelión y
lo sentenció a 7 años
más de prisión. La
preocupante decisión
del tribunal citó el
trabajo de González por los derechos humanos
y por abogar por los presos, como evidencia de
su participación con la guerrilla. Su caso ha sido
reconocido por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
Príncipe Gabriel González
derecho adefender
54reVelando
para las Detenciones Arbitrarias, el Relator
Especial de las Naciones Unidas para los
defensores de Derechos Humanos y el gobierno
de los Estados Unidos en su informe anual de
derechos humanos.
La dependencia ilegal de informes de
inteligencia falsos y sin fundamento confiable
El uso de testigos poco fiables que han
sido preparados por fiscales se agrava
con una segunda fuente de pruebas
imperfectas en los casos de cargos contra
defensores y defensoras: informes o
archivos de inteligencia que no han sido
corroborados. Regularmente, sólo con estos
informes, los fiscales inician o siguen una
investigación penal, a pesar de que el
derecho Colombiano prohíbe claramente
esta práctica.
Hay buenas razones por las cuales los informes
de inteligencia no constituyen evidencia
admisible: frecuentemente contienen
información fallida e incendiaria sin pruebas
concretas de la participación de un defensor en
grupos guerrilleros e incluyen declaraciones
generales basadas en opiniones que confunden
la defensa de los derechos humanos con el
terrorismo. Los informes de inteligencia suelen
ser sólo una suma de declaraciones dudosas de
testigos sin otras pruebas que corroboren esas
declaraciones. En el avance del proceso legal,
los fiscales empeoran el problema cuando
suscitan afirmaciones de testigos que repiten las
especulaciones contenidas en los informes, como
se mencionó atrás.
Las organizaciones de derechos humanos en
Colombia sugieren que oficiales militares
aprovechan los falsos informes
de inteligencia que
incriminan a defensores para presionar a los
fiscales para que abran investigaciones en su
contra. Además, muchas veces estos los usan
como información para los medios de
comunicación, lo que pone en peligro las vidas
de los defensores por señalarlos falsa y
públicamente como terroristas o guerrilleros.
Los problemas en la investigación previa
En el derecho penal colombiano hay garantías
procedimentales que pretenden prevenir el uso
de pruebas sin fundamentos y que promueven
la revisión sin sesgos de la evidencia. Algunos
ejemplos de esas garantías son los límites de
tiempo para realizar las investigaciones y la
obligación de informar a las personas que están
bajo investigación. Sin embargo, es común que
los fiscales descuiden estas garantías y, a su
turno, detengan a los defensores por periodos
de tiempo que sobrepasan los límites y realizan
investigaciones sin informar sobre el estado de
la investigación o consiguientes cargos. Por
ejemplo, aunque la etapa inicial del proceso
jurídico está limitada a seis meses por la ley, hay
casos que estaban bajo investigación, sin
conocimiento del acusado, hasta por cinco años.
Un problema relacionado, pero más serio, es el
incumplimiento de la norma de informar a los
defensores de los cargos en su contra una vez
que se haya terminado la investigación previa,
y, a veces, aún después de haberlos capturado.
En estas circunstancias, parece que el propósito
de las investigaciones previas es intimidar, callar
o disuadir a los defensores de seguir trabajando
en favor de los derechos humanos.
La detención arbitraria de los defensores de
derechos humanos
Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria, una detención es arbitraria
“cuando la privación de libertad resulta de un
enjuiciamiento o una condena por el ejercicio
de derechos o libertades”. Frecuentemente los
defensores son detenidos sin una orden de
captura válida, se les mantiene en detención
preventiva o bajo medida de aseguramiento sin
justificación y sufren condiciones inaceptables
de detención. La privación de la libertad de los
defensores de derechos humanos sucede en el
marco de una coyuntura de una alta incidencia
de detenciones arbitrarias de la población en
Colombia. La Coordinación Colombia, Europa,
Estados Unidos (CCEEUU) documentó 6,912
aprensiones arbitrarias de civiles entre agosto
de 2002 y julio de 2006. La mayoría de estos
casos se presentó en grupos de diez o más
personas.
derecho adefender55
56reVelando
Si bien la detención arbitraria de toda persona
es una violación grave del derecho internacional
y del colombiano, la que se ejerce sobre los
defensores de derechos humanos es
particularmente dañina al pleno disfrute de los
derechos humanos por dos razones: primero,
despierta la preocupación de que el defensor
fue detenido por haber ejercido sus derechos y
libertades fundamentales, como la libertad de
expresión y de asociación. Segundo, tiene un
efecto inquietante al mostrar a la comunidad en
general que cualquier persona puede ser privada
de su libertad. Miembros de la sociedad civil
colombiana expresan sus inquietudes ante el
hecho de que las Fuerzas Armadas, el DAS y
los fiscales se coordinan para intimidar a los
defensores con sus detenciones.
Ejemplo: la detención de defensores por su
ejercicio de derechos fundamentales: Martín
Sandoval
El 4 de noviembre de 2008
varios defensores de
derechos humanos fueron
detenidos en Arauca
como parte de una
operación que se parecía
a una detención previa de
otro grupo de defensores.
Aparentemente, una fiscal
local autorizó la operación,
acusando a los defensores
de rebelión. La Policía, el
DAS y el CTI, realizaron
la detención del grupo,
incluyendo a Martín Sandoval, Presidente del
Comité Permanente de los Derechos Humanos
(CPDH) en Arauca, defensor de derechos
humanos bien conocido porque ha revelado la
historia de abusos de derechos humanos en
Arauca, particularmente en temas de
detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado
y ejecuciones extrajudiciales.
Conclusiones y recomendaciones
En Colombia, como en cualquier Estado, los
fiscales tienen la responsabilidad de investigar
y realizar procesos penales que aseguren que
haya justicia para los responsables: pero, las
investigaciones deben ser realizadas de acuerdo
con el derecho colombiano y las normas
internacionales. Este artículo ha mostrado que
frecuentemente las investigaciones en contra de
los defensores de derechos humanos se inician
con sustento en evidencia fabricada o inverosímil
de testigos a los que les falta objetividad o de
informes de inteligencia falsos e inadmisibles;
también deja ver que las frecuentes detenciones
arbitrarias se hacen para coartar la labor de las
organizaciones.
Dado que los defensores están sufriendo este
tipo de persecución es necesario crear soluciones
que se enfoquen específicamente en ellos.
Aunque no hay ninguna evidencia de que exista
una política central de formular procesos penales
maliciosos contra los defensores de derechos
humanos, altos funcionarios del Gobierno han
realizado investigaciones penales falsas y es
rutinario que promuevan la percepción de que
Martín Sandoval
57
los defensores son terroristas. Funcionarios de
todos los niveles, y hasta el Presidente de la
República, niegan la legitimidad del trabajo de
defensa de los derechos humanos y a la vez
fomentan la creencia equivocada de que el trabajo
a favor de los derechos humanos está
íntimamente vinculado con actividades
subversivas. El Gobierno central también tiene
responsabilidad en no haber tomado acciones
para corregir un problema sistémico.
En muchos de los casos de defensores de
derechos humanos, un fiscal o juez superior
levantó los cargos eventualmente. Aún así, la
investigación nunca debió iniciarse y la revisión
del proceso debió suceder más temprano. Y a
pesar de que el proceso se cerró, el defensor ya
fue señalado como insurgente
y terrorista y es posible que
enfrente amenazas de
muerte y tenga miedo de ataques por el resto
de su vida. La realidad de que se hayan
desechado tantas investigaciones en contra de
los defensores no muestra un buen
funcionamiento del sistema jurídico, sino el
carácter endémico y extensivo de los problemas
fundamentales.
Hay varias soluciones que el Estado colombiano
debe promover para acabar con la práctica de
procesar sin fundamento a los defensores de
derechos humanos: primero, es necesaria una
coordinación centralizada que garantice la
revisión de cada investigación contra los
defensores de una manera oportuna y objetiva.
La existencia de un mecanismo así, por ejemplo
en la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación, puede disuadir
el inicio de tantas investigaciones.
Segundo, es necesario impulsar cambios en el
comportamiento de los fiscales
colombianos en las
investigaciones en contra
de defensores: los
f i s c a l e s d e b e n
r e c h a z a r
c o m p l e t a m e n t e
cualquier testimonio
inverosímil, dejar de
influenciar a los
tes t igos en su
r e n d i c i ó n d e
declaraciones y
evaluar con cuidado
el testimonio de los
ex combatientes que
derecho adefender
58reVelando
reciben beneficios del proceso de reinserción.
También deben ofrecer las pruebas que
cuestionen la credibilidad de los testigos a los
acusados, y finalmente, deben cesar el uso de
los informes de inteligencia como evidencia en
los procesos penales o administrativos, así como
dejar de hacer pública la información contenida
en los citados informes.
La sociedad colombiana, y específicamente los
fiscales y jueces, siguen cuestionando el carácter
del trabajo de defensa de los derechos humanos
de una manera inapropiada. Todo funcionario
colombiano debe abstenerse de hacer
declaraciones que desprestigien el trabajo de
defensa de los derechos humanos o señalen a
los que realizan tal labor, como guerrilleros. El
Presidente de la República debe emitir una
nueva Directiva Presidencial a tal fin, parecida
a las emitidas por administraciones anteriores.
Con estos cambios, la labor esencial que realizan
los defensores de derechos humanos
colombianos se podrá desarrollar sin los
impedimentos de los procesos penales sin
fundamento y sin el señalamiento como
terroristas que pone en peligro sus vidas.
Comunidades afrocolombianas delPacífico caucano
reVelando
Experiencias de protección
COCOCAUCA*
*Coordinación de Consejos Comunitarios del Pacífico Caucano
Para los grupos étnicos negros e indígenas y las comunidades campesinas
en Colombia, los territorios y las tierras son un espacio sagrado para el
florecimiento de la vida porque allí se garantiza, entre otros, la soberanía
alimentaria y la realización de sus actividades culturales. En la región del
Pacífico (segundo pulmón del mundo) el territorio es espacio de relacionamiento,
de sostenibilidad ambiental y de convivencia con la biodiversidad. Ante tanta
riqueza, la gente ha estado sometida a la presión, despojo y desalojo de sus
sitios bajo diversas modalidades que han agudizado la guerra y han servido
de cultivo al surgimiento de las guerrillas.
Históricamente y con la complicidad del Estado, las tierras han sido usurpadas
y expropiadas a las comunidades campesinas y a los grupos étnicos negros
Comunidades afrocolombianas delPacífico caucano
60
61 protección
e indígenas, inicialmente por grupos de
terratenientes, luego por agroindustriales y, en
las dos últimas décadas, por agentes asociados
a megaproyectos farmacéuticos, mineros,
madereros, cocaleros y de los agrocombustibles.
Cultivos de uso ilícito y fumigaciones
En la década de los 80, la coca penetra los
territorios de los campesinos en el oriente del
país y luego se expande por la zona central, se
traslada con mayor intensidad al sur del país
hasta finales del siglo XX. En estos sitios se
recrudece la guerra con alta intensidad, con una
disputa de los grupos armados legales e ilegales
por el control de los territorios y el negocio de
los ilícitos. En este escenario del conflicto
se violan los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.
Para atacar el flagelo del narcotráfico se pone
en marcha el Plan Colombia desde el periodo
de gobierno 1998 - 2002, hasta nuestros días,
como estrategia fundamentalmente militar en
la que interviene de manera directa el Gobierno
de los Estados Unidos, con el pretexto de asumir
una arremetida contrainsurgente que afecta en
especial a la población civil. Durante este periodo
la producción de la coca se mantiene y la frontera
agrícola de este cultivo se traslada a sitios
previsibles como la región occidental del país
que hasta ese momento estaba libre de coca.
La pregunta es por qué, si el Estado colombiano
conoce los procesos migratorios del cultivo de
la coca, no asume una estrategia preventiva y,
por el contrario, permite su ampliación. Una de
las razones que se destaca es que desde
comienzos de la década del 90, el gobierno de
ese entonces adopta la apertura económica
neoliberal y enfoca la mirada a los territorios
del Pacífico colombiano como zona económica
estratégica, catalogada el mar del
siglo XXI; pero la otra razón es
que allí se daría por primera
vez la titulación colectiva de
aproximadamente cinco
millones de hectáreas a las
62reVelando
comunidades negras. O sea que, por un lado,
se reconocían derechos conquistados por los
negros y consagrados en la Constitución
Nacional de 1991 y, por otro, se permitía de
manera pasiva la proliferación de los cultivos
de uso ilícito, que serviría de justificación para
ampliar los factores de guerra.
Por supuesto que ese territorio región de grupos
étnicos negros e indígenas ubicado en la cuenca
del Pacífico, rico en biodiversidad y puerta de
entrada y salida al comercio internacional, no
podía estar en manos de negros e indígenas,
que lo habían cuidado por más de 300 años,
lo conservaban
e impulsaban
un desarrollo
sostenible que no
encajaba en el
modelo neoliberal.
P o r e s o s e
trasladan a esta
área del país todos
l o s f a c t o r e s
generadores de
guerra y por tanto
se gesta la mayor violación histórica a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) que han sufrido las
comunidades negras e indígenas a manos de
los actores armados legales e ilegales: se
presentan, por ejemplo, las masacres en la región
del Naya en el Cauca, en abril de 2001, cuando
los paramilitares actuaron bajo la complicidad
del Estado, apoyados por la fuerza pública, tal
como lo reconoció el jefe paramilitar Ever Veloza
alias 'H.H.', en audiencia con la Fiscalía (después
de su proceso de negociación con el Gobierno
de Uribe).
Así, lentamente en el Pacífico caucano son más
frecuentes las muertes selectivas permanentes
y diarias, la violación de niñas y mujeres, el
reclutamiento forzoso, las amenazas, los procesos
de confinamiento en sus lugares, la restricción
en el suministro de comida y víveres, los
bombardeos sin control, las supuestas
fumigaciones a cultivos de coca en áreas como
el ecosistema de los manglares y la estrategia
de desterritorialización y desplazamiento
forzoso.
Por otra parte, los
grupos armados
ilegales convierten
la región Pacífica
e n c o r r e d o r
estratégico para el
tráfico de drogas y
de armas, por sus
características
geográficas de
salida al mar.
Es evidente que el establecimiento de estos
cultivos en la región no lleva más de 10 años,
pero son muy profundos e incalculables los
efectos negativos causados a la población infantil,
las mujeres, los adultos y, en general, a la
dinámica organizativa tradicional y de
reivindicación social. Cuando estos grupos violan
los Derechos Humanos y el DIH causan, además,
daños al medio ambiente y generan el
rompimiento estructural de valores étnicos y
culturales entre la población.
Sin embargo, el Estado colombiano ataca al
cultivador como el primer eslabón de la cadena
(que recibe los mínimos beneficios del negocio)
y actúa con pasividad ante los productores y
expendedores de los precursores químicos, que
reciben las ganancias de esta industria y tienen
una alta dosis de responsabilidad sobre los
problemas que afectan a las comunidades negras
e indígenas.
Esta actitud ambigua del Estado colombiano,
que permite la expansión de la coca y luego
fumiga los territorios colectivos de los grupos
étnicos, genera inseguridad alimentaria, produce
desplazamiento poblacional y desalojo territorial.
Como solución al problema que se intensifica,
el Gobierno involucra en el conflicto armado a
la población civil por medio de diferentes
programas como familias guardabosques,
acompañados del establecimiento de los cultivos
de palma africana como monocultivos para
producir agrocombustibles, en un territorio
catalogado con la más alta biodiversidad del
mundo de especies por unidad de superficie y
con un significativo patrimonio cultural material
e inmaterial de los grupos étnicos.
El Gobierno nacional sin ningún grado de
concertación comunitaria, y acabando con la comida
tradicional de la gente, mantiene su política de
fumigación aérea a las comunidades negras e
indígenas en los territorios colectivos étnicos,
situación que atenta contra la vida integral en su
conjunto.
Durante 2008 se fumigaron más de tres veces los
Consejos comunitarios de los municipios de Guapi
y Timbiquí.
Del 13 al 15 de marzo de 2009 se fumigaron los
territorios colectivos de los Consejos comunitarios
de comunidades del municipio de Guapi (Cauca).
Lo mismo sucedió del 3 al 5 de abril de 2009 con
los territorios colectivos de los Consejos
comunitarios de comunidades del municipio de
Timbiquí (Cauca).
Los agrocombustibles sobre la gente
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez
considera prioritario la producción de
combustibles vegetales en especial con palma
africana, para garantizar la inserción del campo
colombiano en los mercados globales con
vinculación de los Estados Unidos. So pretexto
de consolidar el control del territorio combate
los cultivos de uso ilícito y lucha contra las
drogas y el terrorismo, con fundamento en la
política de seguridad democrática.
protección63
El asunto de fondo está soportado en la estrategia
del comercio internacional teniendo en cuenta
que existen compradores de aceite de palma
como Reino Unido, Alemania y España. Por eso
el Ministerio de Agricultura anuncia que “La
palma de aceite es el cultivo de mayor
crecimiento en Colombia, lo que se traduce en
ser el primer productor de aceite de palma en
América, seguido por Ecuador, Costa Rica y
Honduras y el quinto en el mundo”. (Citado
por Salinas, Indepaz. 2008).
Con ese enfoque sus acciones apuntan a ocupar
6.1 millones de hectáreas en el territorio nacional
para este propósito (de acuerdo con los estudios
de tierras aptas para siembra de palma realizado
por Corpoica y Cenicaña en 1999).
La ocupación de tierras para siembra de palma
africana en la región del Pacífico, con la
complicidad del Estado, es ilegal e ilegítima. En
los territorios de los grupos étnicos se ha
establecido este cultivo a sangre y fuego, bajo
amenazas, intimidación y engaño. Se ha violado
el derecho al consentimiento previo, libre e
informado contenido en el Convenio 169 de la
OIT y en la Ley 21 de 1991 integrados al bloque
de constitucionalidad y, por tanto, se ha puesto
en marcha un proceso de
contrarreforma
agraria
y
de enajenación sobre los territorios colectivos
étnicos.
Por ejemplo en la zona de frontera con Ecuador,
las comunidades negras del municipio de
Tumaco fueron desalojadas por los palmeros
de las empresas Salamanca y Palmeiras. La
entidad estatal Incoder expidió una resolución
para que fueran devueltas las tierras a sus
legítimos dueños y declaró a estas empresas
como poseedores de mala fe, pero las empresas
aún no han devuelto las áreas ocupadas.
Situación similar se vivió en la zona norte del
Pacífico fronterizo con Panamá que fue ocupada
por una alianza entre parapolíticos y empresarios
sobre los títulos colectivos de las comunidades
negras de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó,
entre otros, por empresas como Urapalma y la
extractora Bajirá. Mientras tanto, las víctimas
luchan porque el Estado les brinde las garantías
de derecho a la vida, la verdad, la justicia, la
reparación integral y la seguridad de no
repetición porque fueron desplazadas por el
Bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares.
La apropiación de tierras para fines de
ampliación del modelo de agrocombustible con
palma africana se establece sobre
los extremos norte y sur
del Pacífico y ahora
se ubica en el
centro
o
reVelando 64
65 protección
corazón de la región en el municipio de Guapi
- departamento del Cauca (área de influencia
de la Regional COCOCAUCA), como medida
para romper los procesos y copar de maneras
estratégica y acelerada el territorio región de
grupos étnicos culturalmente diversos.
Para tal efecto la entidad estatal Corpoica está
al frente del proceso de promoción de la palma
africana en Guapi, en un escenario de incremento
del rearme paramilitar y de una concentración
de los programas de gobierno sobre esta
localidad. De esta manera el Gobierno nacional
está cumpliendo con uno de sus propósitos y
es la consolidación del control del territorio, sin
importarle el rompimiento de los valores de las
comunidades y de sus derechos como pueblo
fundamentados en la vida.
Finalmente se resalta que "usar tierras agrícolas
productivas para producir comida que será
quemada como biocombustible es un crimen
contra la humanidad". (Jean Ziegler, ex relator
de Naciones Unidas para el derecho a la
alimentación, citado por Salinas, Indepaz. 2008).
En la región del Pacífico, el establecimiento de
la palma se ha impuesto sobre las comunidades
a sangre y fuego. La empresa Salamanca S.A.
ubicada en Tumaco (Nariño) inicia el proceso
de negociación en Guapi.
Los empresarios que negociaron se distancian
y Corpoica, como entidad del Estado, asume la
dirección, supervisión, administración, y asesoría
técnica. Por otra parte, el programa Presidencial
Acción Social desarrolla todos sus proyectos en
la localidad.
La palma africana como política del Gobierno
nacional en Guapi (Cauca), que se inició en
2007, cuenta, a la fecha, con cerca de 200
hectáreas sembradas (13 hectáreas con 100.000
semillas híbridas en etapas de previvero y
vivero). La meta es llegar a 15.000 hectáreas a
cualquier costo.
En la actualidad 117 familias reciben del Banco
Agrario créditos en especie por valor de
$ 15.190.082/ ha /familia ha,
para 6 ha/familia = $ 91.140.492.
Se engaña a la gente con falsas promesas de
enriquecimiento fácil. Además, se le amenaza e
intimida. Por tanto, no se aplica el derecho al
consentimiento previo, libre e informado (Convenio
169 de la OIT), y se apunta a la contrarreforma
agraria y de enajenación sobre los territorios
colectivos étnicos y a la violación al proceso de
titulación colectiva consignado en la Ley 70 de
1993. Con lo anterior el Gobierno expone a la
población a una nueva modalidad de
desplazamiento forzado.
66reVelando
El tratamiento a las mujeres
Con este estado de guerra y de ofertas del
Gobierno de involucrar a las comunidades en
el conflicto, las mujeres son víctimas porque los
unos y los otros con sus dineros y armas han
generado serios problemas como la activación
de la prostitución de niñas, jóvenes y mujeres
adultas de las localidades. Al igual que los
hombres, las mujeres son sometidas a
reclutamiento forzado, por medio del engaño,
con la seducción de las armas y el dinero. Ellas
se enrolan voluntariamente a las filas de la
guerrilla y los paramilitares; otras hacen oficios
de apoyo porque se enamoran de estos hombres
y luego se convierten en objetivo militar del
bando contrario. En 2004, una joven de 17 años,
habitante del Pacífico caucano, fue novia de un
guerrillero; en 2005 fue enamorada por un
paramilitar y más tarde la asesinaron: le
prendieron fuego a su cuerpo con gasolina. En
la región, y en especial en la zona rural ribereña,
impera la psicología del terror y del miedo
generado por el poder de quienes tienen las
armas.
Las mujeres que son baluarte de la cultura de
los pueblos son seducidas o abusadas para otros
fines distintos a la reafirmación de identidad de
los actores armados que hacen presencia en los
territorios colectivos étnicos, situación que
agudiza el conflicto armado y pone en riesgo la
permanencia de la cultura y de la identidad.
El domingo 7 de junio de 2009 varias personas se
dieron cuenta de que una joven fue ultimada a
tiros a las 11:00 de la noche en el barrio San Pablo,
en la Carrera 4ª, entre calles 10 y 11, al parecer
por un jefe paramilitar de 'Los rastrojos'. Al
presunto personaje paramilitar la policía lo detuvo
por unas horas y el lunes 8 de junio de 2009 lo
liberaron con el pretexto de que fuera a enterrar a
la difunta, cuyo nombre nunca se identificó, pero
el asesino luego se fue del municipio en una lancha
de alto cilindraje.
Desmovilización, rearme paramilitar y demás
actores armados
A pesar de la desmovilización acordada con el
Gobierno nacional en 2005, en el área del Pacífico
de Colombia todavía se mantienen las
estructuras paramilitares y se han rearmado al
amparo de diversas denominaciones como 'Las
águilas negras', 'Los rastrojos' y 'Las nuevas
generaciones'. Sin embargo, el Gobierno
denomina a estos grupos bandas de criminales al
servicio del narcotráfico, pero son los mismos
y actúan guiados por la misma orientación y
modalidad.
67 protección
Pero la verdad que ven y viven los pueblos
negros del Pacífico es que el rearme paramilitar
existe. Estos nuevos grupos armados ilegales
ahora están ubicados en los sitios donde se
encuentra la fuerza pública y continúan
delinquiendo y asesinando a la gente,
intimidando, amenazando, promoviendo y
controlando el negocio de la droga.
El miércoles 9 de abril de 2008 fue asesinado en
su vivienda, en presencia de sus hijos menores de
edad, Isaías Quintero, el único curandero de las
comunidades de un río del Consejo Comunitario
de Sanjoc de la Regional COCOCAUCA.
El 17 de agosto de 2008 se inició un enfrentamiento
entre las Farc y el Eln y después sobrevino la
incursión de la fuerza pública que originó el
desplazamiento de 1.200 personas, incluidas 400
- 450 niñas y niños, es decir, todas, del Consejo
Comunitario de Sanjoc de la Regional
COCOCAUCA.
Al igual que la política de seguridad democrática
del Gobierno nacional con las fumigaciones, los
actores armados legales e ilegales han generado
serios problemas de desplazamiento silencioso
y masivo.
Por otro lado, las fuerzas guerrilleras intentan
cooptar las acciones de las organizaciones étnico-
territoriales afro, conocidas por legislación
especial como Consejos Comunitarios de
comunidades negras.
El sábado 9 de mayo de 2009 a las 3:15 de la tarde,
durante el Consejo Comunal de Uribe en Guapi
(Cauca), estalló una bomba en el parque generador
de energía eléctrica, que se sintió en todas las casas
de la cabecera municipal, cuya población asciende
a las 16.500 personas, aproximadamente. El hecho
ocurrió justo en los momentos en que los discursos
elogiaban los éxitos de la seguridad democrática y
cuando a esta parte del país, al igual que a la región
Pacífica en su conjunto, las políticas del Estado
las hunde en medio de la tormenta creciente de los
68reVelando
factores generadores de la guerra, los asesinatos
selectivos, las muertes injustificadas y las
fumigaciones aéreas que están matando la vida,
entre otras.
El 20 de mayo de 2009, a las 4:30 de la mañana
estalló una bomba de bajo poder explosivo en la
Estación de Policía de Guapi que afectó parte de
sus instalaciones. Por fortuna no hubo heridos,
pero fueron destrozados ventanales, puertas, techos,
equipos de cómputo y otros enseres y materiales
de la Casa Cural del Vicariato Apostólico de
Guapi, así como de dos viviendas vecinas. En la
Alcaldía Municipal también se afectaron ventanas
de la tesorería y del programa Familias en Acción.
El hecho fue atribuido a las Farc.
Las comunidades sometidas a la violación de
los Derechos Humanos
A las comunidades ubicadas en esta región del
sur del Pacífico colombiano se les violan de
manera permanente los Derechos Humanos y
el DIH tal como se advierte en las vivencias de
la población, de los líderes, hombres y mujeres,
y que se manifiesta en:
Las escuelas de las comunidades, así como
el restaurante escolar son ocupados por los
actores armados legales e ilegales, lo que
impide el normal desarrollo de las clases.
Los docentes que habitan en las
comunidades han dejado de hacer
presencia por miedo a los armados. Por
tanto, los niños no reciben sus clases.
En algunos territorios colectivos de la etnia
se instalan campamentos y “cocinas” para
el procesamiento de narcóticos.
La comunidad experimenta zozobra
permanente ante el temor por el
enfrentamiento de los armados que hacen
presencia dentro de sus territorios.
Los retenes, impuestos por los armados en
el río (zona de paso obligado como vía de
tránsito), generan pánico entre los
moradores.
Aumenta la presencia de personas ajenas
a la comunidad, en su mayoría mestizos,
que promueven los cultivos para uso ilícito
mediante la oferta de dinero, préstamos,
semillas e insumos.
El uso de insumos químicos y las
fumigaciones aéreas impulsadas por el
Gobierno nacional contamina las fuentes
de agua para el consumo de la comunidad.
Es preocupante el bombardeo y el
ametrallamiento de la fuerza pública, a
escasos metros de las localidades, como
ocurrió en la comunidad de Cabecitas
(Consejo Comunitario de Playón), que dejó
lesiones directas, como esquirlas y
quemaduras, a 20 personas, entre ellos
niños y mujeres.
El daño psicológico ha provocado en la
comunidad una situación de miedo y
deseos de abandonar el territorio.
Los niños y niñas de la comunidad son
acífico
69 protección
sometidos por los actores armados a
preguntas de toda índole, que solo buscan
sacarles información del bando contrario.
Los cocaleros pagan a unos y a otros de los
actores armados para que les permitan el
tránsito de combustible y de drogas.
La presencia del ejército oficial en el área
urbana del municipio de López de Micay,
incentiva la drogadicción en los jóvenes.
Los reinsertados se convierten en actores
de riesgo para las familias, parientes y
allegados.
Las embarcaciones son sometidas a penosas
requisas en altamar.
Las autoridades locales étnicas pierden su
autonomía.
Como se puede observar la población civil está
en situación de riesgo permanente, pero el pie
de fuerza oficial y su incremento tampoco es la
solución ni significa más seguridad y, por el
contrario, crea condiciones de inestabilidad
máxime ante los altos índices de corrupción y
nexos de la fuerza pública con actores ilegales
y narcotraficantes. En el primer semestre de
2008, dos comandantes y seis policías fueron
retirados de sus cargos por nexos con grupos al
margen de la ley.
El sábado 24 de enero de 2009 en horas de la
mañana, el batallón fluvial de infantería de marina
No. 10 con sede en Guapi (Cauca), les decomisó
el ACPM a las personas responsables de su
movilización desde el Puerto de Buenaventura
(Valle del Cauca) hacia la comunidad de Puerto
Saija (Consejo Comunitario Parte baja del Saija)
- municipio de Timbiquí (Cauca), y los soldados
se llevaron la embarcación con el combustible hasta
el batallón Baflim No. 10 en Guapi.
La comunidad trae el ACPM desde el Puerto de
Buenaventura con destino específico a la planta
de energía para el alumbrado eléctrico. Esta es una
modalidad adoptada por todos los pueblos del
litoral Pacífico que dependen de la energía eléctrica
no interconectada. Cuando el ACPM escasea en
cualquier comunidad, sus moradores se quedan a
oscuras hasta que llegue el preciado líquido (en el
caso de Puerto Saija se ofrece de 6:00 de la tarde
a 10:00 de la noche). Sin este combustible, aumenta
la intranquilidad y la inseguridad entre las
poblaciones, que además están sometidas a toda
acífico
70reVelando
clase de presiones por los actores del conflicto
armado y el estado de guerra.
A la fecha no se conoce uso diferente de este
combustible (ACPM) al propósito enunciado, por
consiguiente es un abuso y exceso de autoridad
decomisar sin explicación y sin ningún argumento
válido este líquido, que se usa para tener entre 4
y 6 horas de luz eléctrica, en unos pueblos
abandonados por el Estado.
El sábado 24 de enero de 2009 día del decomiso
arbitrario del ACPM comunitario, una delegación
de la comunidad de Puerto Saija, en compañía del
“Inspector de Policía” (modalidad civil de autoridad
en algunas comunidades delegado por el Alcalde
municipal), se trasladó al municipio de Guapi con
el fin de que les devolvieran el combustible, pero
el asunto no se resolvió y les dijeron en el Baflim
No. 10 que regresaran el lunes 26 de enero. Es de
anotar que la movilización de Puerto Saija a Guapi
al igual que en casi toda la costa Pacífica se hace
por las vías fluvial y marítima, con motores fuera
de borda, lo que encarece cualquier desplazamiento.
El lunes 26 de enero regresó a Guapi la delegación
de la comunidad de Puerto Saija,
pero hubo total negligencia y los
enredaron en el Baflim No. 10,
trabaron la devolución del líquido y no les
resolvieron nada. Al final, y ante las circunstancias,
los pobladores se vieron obligados a conseguir un
abogado que atendiera el caso.
El abogado evidenció que el Baflim No. 10 no tenía
interés en devolver el líquido comunitario. Por su
parte, el Fiscal de Guapi, Arvey Rodrigo Gómez
Galindo, se mantuvo en su posición de que tenían
que devolver el ACPM a la comunidad a pesar de
que los militares le insistían (presionaron) para
que ayudara a trabar la petición y no le regresaran
a la comunidad la posibilidad de contar con luz
eléctrica.
Finalmente el viernes 30 enero de 2009 después
de muchas correrías, la Capitanía de Puertos con
sede en Guapi (Institución que está bajo el mando
de Baflim No. 10), le impuso una multa a la
comunidad de un millón de pesos m/cte.
($1.000.000), (¿Se puede leer como soborno desde
la legalidad y con las fuerzas armadas?), aduciendo
que la embarcación que transportaba el ACPM
no contaba con matrícula, cuando ninguna de las
canoas (embarcación tradicional y ancestral
elaborada en madera) lo requiere ni existe una
política clara y visible que promueva este
procedimiento en la costa pacífica.
71 protección
Protección ante el despojo y las violaciones
permanentes
Ante los desplazamientos forzosos se procura
el retorno en condiciones dignas antes que
reubicación en otro lugar, esto último es el deseo
de los empresarios y sectores de la economía
nacional y multinacional para apoderarse de los
territorios. Por eso, la apuesta de las comunidades
negras es de resistencia en sus territorios y para
alcanzar esto, es prioritario construir planes de
protección. Nuestra experiencia de protección
contiene varios aspectos:
A.- El conflicto armado y el territorio
Principios: 1) Neutralidad ante todos los actores
del conflicto 2) Resistencia a los cultivos de uso
ilícito 3) Equidad de género y generación de la vida.
Herramientas: 1) Ordenamiento, control interno
y defensa de los territorios colectivos étnicos
condensados en siete planes de manejo ambiental
territoriales y seis reglamentos internos,
construidos por los Consejos comunitarios de
comunidades negras, con apoyo del nuevo
Fondo Holanda - Ecofondo. 2) Mecanismos
legales de defensa y protección de los derechos
humanos; 3) El Derecho Internacional
Humanitario.
Acciones: COCOCAUCA dialoga con las
instituciones nacionales responsables de hacer
cumplir y respetar nuestros derechos humanos,
esto se hace en acciones como:
Conversaciones con instituciones
humanitarias para que actores armados
como guerrilla, paramilitares y fuerza
pública desalojen los caseríos y lugares
protegidos por el DIH.
Encuentros con Vicepresidencia de la
República, para que la fuerza pública
salga de los espacios que ocupan las
comunidades y la población civil; veeduría
para que sus actuaciones no estén
relacionadas con grupos ilegales.
Solicitudes para que la Vicepresidencia, la
Defensoría o la Procuraduría capaciten a
miembros de la fuerza pública en temas
como el uso proporcionado de la fuerza,
la relación con la población civil y el respeto
a los derechos humanos y al DIH.
Fortalecimiento de espacios de
coordinación regional desde los consejos
comunitarios y organizaciones sociales del
Pacífico para desarrollar algunos
encuentros temáticos, visitar comunidades,
verificar la situación de riesgo o amenaza
que enfrentan, y participar activamente
en la Mesa de Protección Humanitaria del
Cauca.
72reVelando
B.- Desarrollo propio
Nuestra protección se sustenta también en el
diseño de una propuesta de desarrollo propio,
que sea alternativo a las fumigaciones y de
respeto del medio ambiente, empezando por el
fortalecimiento de proyectos de seguridad y
soberanía alimentaria.
C.- Gobernabilidad
Nos afirmamos en que los Consejos
Comunitarios puedan ejercer su propio gobierno
como una forma de autoprotección y defensa
del territorio. Nuestra gobernabilidad es
reconocida por el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales de 1989. Organización
Internacional del Trabajo, Ginebra, ratificado
por Colombia en 1991 e incorporado al bloque
de constitucionalidad por la Ley 21 de 1991.
También la Constitución colombiana, la Ley 70
de 1993 y la jurisprudencia constitucional,
reconoce que las comunidades afrocolombianas
tenemos derecho a la propiedad colectiva de
nuestros territorios ancestrales, al uso,
conservación y administración de los recursos
naturales, y a la realización de la consulta previa
sobre asuntos que afecten el territorio donde
habitamos y nos pertenece.
D.- Acompañamiento
La protección de las comunidades negras del
Pacífico requiere de un gran acompañamiento
nacional e internacional. Por eso, desde
COCOCAUCA promovemos:
Capacitación en derechos, DIH,
gobernabi l idad, protecc ión y
autoprotección, con acompañamiento de
organizaciones nacionales defensoras de
los Derechos Humanos, en especial del
Programa Somos Defensores, PNGPDHH,
con el que aprendimos a formular los
planes de protección.
Jornadas de capacitación sobre el derecho
a la reparación integral de las comunidades
indígenas y afrocolombianas con
acompañamiento de la articulación
Procuraduría General de la Nación -
Delegada Preventiva de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos, Embajada
de Suecia - ASDI, Consejo Noruego de
Refugiados.
Taller de reflexión local y de actualización
informativa con acompañamiento de la
Defensoría del Pueblo.
Información puntual y oportuna a la
comunidad nacional e internacional sobre
situaciones que ponen en riesgo la vida de
los pobladores y sus líderes, de tal manera
que se pueda actuar con celeridad desde
otros niveles.
Visitas a las localidades de las misiones de
observación en acción conjunta con
organismos de derechos humanos, nacional
e internacional, entre ellas el Sistema de
Naciones Unidas.
Participación en espacios departamentales
y nacionales donde se presentan las
situaciones que afectan a las comunidades
campesinas, indígenas y afro; se diagnostica
la situación y se elaboran los planes de
atención y de prevención.
La regional COCOCAUCA hace parte de
la Red de comunidades e iniciativa de paz
desde las bases, que acompaña y apoya
SUIPPCOL (Programa suizo para la
promoción de la paz en Colombia).
Esta Red de Base es un espacio de coordinación
y articulación de 25 iniciativas locales y regionales
de paz conformada por organizaciones de
mujeres, campesinos, indígenas y
afrocolombianos de distintas regiones de
Colombia, donde se fortalecen las comunidades
y sus procesos mediante el intercambio de
experiencias, con actos de solidaridad por la
defensa de sus derechos y eficacia en incidencia
política en aras de detener los impactos del
conflicto social y armado, defender el Estado
Social de Derecho y aportar a la construcción
de una paz duradera y con justicia social. En la
Red de Base se tiene el convencimiento de que la
paz no se decreta, sino que se construye desde
las comunidades, las víctimas y con todos los
sectores de la sociedad, que reconocen la
diversidad, la inclusión integral y la justicia
social.
De esta manera, se implementan medidas de
Protección ante las expresiones de agresión, que
no son suficientes por el tamaño del conflicto,
pero contribuyen de manera eficaz a aminorar
y amortiguar sus efectos y, al mismo tiempo, se
hacen esfuerzos de paz como ejemplo de que el
futuro puede ser distinto.
73 protección
EJE DE PROTECCIÓN Y PEDAGOGÍA
Ramón González es un campesino de 49 años de edad, es viudo y
casado por segunda vez. Tiene siete hijos que han sido testigos y
cómplices de cuatro experiencias que Ramón repite con orgullo.
En los 80 hice parte del movimiento campesino de la Costa Atlántica y hasta
directivo de la Asociación de Usuarios Campesinos, a los 28 años de edad.
En los 90 cuando la violencia me sacó de mi tierra, con cuatro hijos, conocí
la capital de Colombia, me integré a un sindicato de vendedores ambulantes
y durante siete años abrí otros caminos de dignidad para mi familia y para
otras ochenta más que vendían libros usados en el centro de Bogotá. Fueron
años muy intensos porque aprendí que lo que nosotros hacíamos como
campesinos no era otra cosa que defender los derechos. Bueno, también aprendí
los derechos humanos con la nueva Constitución.
Pero la tierra es un imán poderoso. El sonido del río cada día se
escondía más y más en los rincones de la memoria y el olor de la
tierra cuando pasaba la lluvia ya no era igual. Por eso, en 1998 decidió
75 logros
Logros del ProyectoUnión EuropeaGarantías y protección para los defensores ydefensoras de derechos humanos en Colombia-CRIS2006/1318228- Año Dos
76reVelando
intentar el retorno con otras
familias campesinas, pero ésta vez
a La Guajira, donde sin saber, lo esperaba un
nuevo amor frente al mar Caribe. Allí se casó y
los tres hijos de esta relación también han sido
testigos de la tercera experiencia que hace brillar
sus ojos negros que siempre se asombran de
todo.
En La Guajira, me metí de nuevo a la organización
campesina a través de varios procesos por vida digna
y propiedad de la tierra. En el año 2005, el primer
predio con el que logramos la titulación luego de siete
años de trabajo, se constituyó en la experiencia modelo
de negociación y producción del suelo, tanto para
instituciones el Estado como para cinco organizaciones
campesinas en varios municipios del departamento.
En el 2008 recibí amenazas en mi celular donde me
advertían que si seguía promoviendo la recuperación
de tierras, me iba a suceder lo mismo que viví en
Sucre, cuando tuve que salir corriendo p'a Bogotá.
Unos días después también amenazaron a otras
personas de mi familia.
Ante este peligro inminente, con el apoyo de
una organización campesina nacional y de la
Defensoría del Pueblo, Ramón pudo salir de la
región. En un lugar seguro, Ramón fue protegido
por el Programa Somos Defensores con una
pasantía nacional que le permitió desarrollar su
trabajo en otra ciudad de Colombia, contar
su experiencia de trabajo a otras
organizaciones hermanas y
gestionar ante las autoridades
competentes, una presencia
efectiva en La Guajira para
que la organización
campesina continuara su
labor y lograr el retorno de él
en condiciones de seguridad,
como en efecto sucedió.
Ahora que estoy en la finca con mi familia y la
comunidad, soy de nuevo yo. En los tres meses que
estuve lejos, todo el equipo de Somos Defensores me
apoyó en una ciudad ajena, también recibí ayuda
psicológica y médica. Con el dinero de la pasantía
pagué una vivienda, tuve para mis gastos básicos. El
tiempo de la pasantía me sirvió para afianzar mi
trabajo, aunque hay mucha dificultad económica y
organizativa sobre todo para la movilización social.
Para mí lo mejor, fue tener un poco de tranquilidad,
recuperar fuerzas p'a volver con las mismas
convicciones que las de antes.
A través de la estrategia pedagógica y de
acompañamiento en terreno, se formulan planes
de autoprotección para organizaciones y
defensores de derechos humanos.
Durante los dos años del proyecto se han
formulado el 90% de los Planes de protección y
estrategias de comunicación con organizaciones
de mujeres, indígenas, afrocolombianos,
campesinos, víctimas, ONG de derechos
humanos, varias plataformas nacionales y
regionales de derechos humanos y paz que
trabajan en 21 departamentos de Colombia.
Hombres y mujeres defensores de derechos
humanos aprenden a identificar los riesgos y
diseñar planes de protección según el trabajo
que adelantan en ciudad o en campo; de acuerdo
al grupo étnico, el sector social, el género.
Estos planes enfocados en la prevención,
protección y acción inmediata para evitar
agresiones, se articulan con acciones de
incidencia política, gestión de medidas ante el
Ministerio del Interior y Justicia y con la
protección directa que implementa el Programa
Somos Defensores con pasantías nacionales
(modalidad proyecto productivo ayuda de
emergencia) e internacionales.
Las pasantías nacionales e internacionales han
protegido la vida de 40 defensores y líderes
sociales y por intermedio de ellos, se ha logrado
brindar estabilidad familiar, económica y social
a 125 personas.
EJE DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En abril de 2009, la noticia el asesinato de 17
indígenas Awá llego a los oídos de miles de
colombianos a través de los medios de
comunicación, no hubo duda del estupor e
indignación que ello causó en la sociedad civil
nacional y en la comunidad internacional con
o sin presencia en Colombia. Las comunidades
indígenas de distintas partes del mundo
enviaron sus mensajes de apoyo a los indígenas
Awá a raíz de semejante acto de barbarie y
exterminio ejecutado por la guerrilla de las Farc.
Pero, después de declaraciones oficiales y de
distintos sectores de la sociedad, un anuncio
rompió el silencio y la indolencia aparente: Los
indígenas Awá convocaban una “Minga
Humanitaria” para entrar al territorio donde se
encontraban los cadáveres de sus hermanos
asesinados a fin de darles una sepultura digna.
Lo que nadie conocía era a lo que se enfrentaban
estos valerosos indígenas en tan inusual y titánica
empresa.
El sector donde ocurrió la masacre (Resguardo
Indígena Tortugaña - Telembi ubicado en el
municipio de Barbacoas - Nariño, suroccidente
de Colombia), es una zona que además de tener
un clima, geografía y vegetación selvática agreste,
tiene alta presencia e injerencia de actores
armados ilegales como las Farc, el Eln, los
Rastrojos, la Organización Nueva Generación,
77 logros
78reVelando
y por supuesto con un alto grado de ocurrencia
de combates y bombardeos, con el agravante
de que gran parte de este territorio se encuentra
sembrado con minas antipersona. Ante este
panorama, los indígenas se avocaron a enfrentar,
con nada más que la sabiduría de sus pueblos,
los peligros que la guerra les impuso.
Toda la información sobre la Minga Humanitaria
pudo salir desde las entrañas de la selva
nariñense, a la luz pública, gracias a un intenso
trabajo en comunicaciones, realizado por la
Organización Indígena de Colombia - ONIC,
la Organización Indígena Awá - UNIPA, otros
colectivos de comunicación alternativa,
organizaciones no gubernamentales de Derechos
Humanos y el Programa Somos Defensores a
partir de la implementación de una estrategia
de visibilización para la Minga Humanitaria.
Esta estrategia estuvo compuesta por acciones
de difusión y contacto con prensa nacional e
internacional; generación de noticias y boletines
de prensa emitidos por teléfono celular desde
los resguardos indígenas y complementada
con información desde Bogotá y Pasto
(Capital de Nariño); cubrimiento
fotográfico de la movilización;
elaboración de videos
y cortos
documentales con testimonios y evidencias
visuales de la travesía, y otros productos
comunicativos, como la producción de
contenidos en internet, que mantuvieron la
atención nacional antes, durante y después de
la Minga Humanitaria.
La Minga Humanitaria fue calificada como un
completo éxito para los indígenas Awá, ya que
lograron la presencia más de 700 personas en
su territorio, indígenas Awá, Nasa, Embera y
de diversas etnias de Colombia, y absolutamente
todos salieron ilesos, con 8 de los 17 cuerpos
que esperaban encontrar.
79 logros
A través de la comunicación para la protección,
se brinda asesoría en comunicaciones a
organizaciones beneficiarias y Plataformas
aliadas en actividades como: producción de
información, estrategias de divulgación,
formación a voceros y voceras, técnicas de
comunicación y seguridad informática.
Para divulgar la esencia del trabajo de los
defensores, el Programa facilita contactos con
directores, editores y periodistas de medios
masivos para difundir las actividades y generar
espacios de análisis sobre la defensa de los
derechos humanos.
Durante el segundo año del proyecto, se
realizaron 19 videos y un spot publicitario sobre
las víctimas, población indígena, defensores,
defensoras y líderes sociales.
Se apoyó la difusión de 35 eventos de ONG,
Plataformas, movilizaciones sociales y
situaciones regionales de derechos humanos
que fueron divulgadas con más de 150 notas de
prensa, radio, televisión,somosdefensores.org,
semana.com, nacioninvisible y Youtube.
Se logró que la organización Avaaz de Argentina
respaldara una carta dirigida al Presidente
Álvaro Uribe, promoviendo el diálogo con los
indígenas del Cauca y la no violencia. Durante
ocho días, se recolectaron 19,480 firmas en todo
el mundo.
EJE DE INCIDENCIA
He tenido la oportunidad de participar en varias
reuniones para hablar de la situación del Cauca en
Bogotá. Nosotros antes hacíamos muchas cosas pero
no las contábamos, no sabíamos con qué ni cómo
hacerlo.
Nosotros con el Programa Somos Defensores hemos
hecho cuatro actividades de incidencia muy fuertes,
muy importantes: En 2007 fuimos un grupo de seis
líderes de los Consejos Comunitarios a Bogotá, allá
aprendimos cómo preparar las reuniones, cómo hacer
las presentaciones con nuestras palabras y con unos
videos cortos para que los diálogos con las autoridades
de Gobierno, del Estado y con la comunidad
internacional fueran más efectivos.Aprendimos que
las reuniones de incidencia son importantes porque
se comparte con gente diferente que puede tomar
decisiones sobre los problemas que nosotros conocemos.
En 2008, la presencia en Guapi de la Mesa de
Protección Humanitaria del Cauca y la divulgación
sobre la situación humanitaria de 1135 personas
desplazados en López de Micay, fueron un respaldo
muy grande para la población afro. Y en 2009, en los
contactos con la prensa nacional e internacional, poco
a poco se ha logrado sacar a la luz lo que está sucediendo
en el Pacífico, mostrar el trabajo de los líderes y las
comunidades.
En estos dos años nosotros hemos aprendido que los
informes deben estar siempre sustentados, que se debe
ir a la fuente, que no se puede especular: lo que se
dice, debe ser acorde con lo que sucede. Que un
defensor de derechos humanos debe conocer el Estado,
80reVelando
saber qué funciones cumple una institución y qué
solicitudes se pueden o no hacer a los servidores
públicos de acuerdo al mandato que tienen.
A través de reuniones de incidencia con
autoridades, organismos nacionales e
internacionales, se formulan propuestas sobre
la protección y se generan garantías políticas
para el trabajo que adelantan los defensores y
defensoras.
Los directores del Programa, la Coordinadora
del Proyecto, en conjunto con organizaciones
beneficiarias y Plataformas aliadas, han
elaborado durante este período, 7 documentos
para llamar la atención sobre diversas situaciones
que afectan la labor de defensa de los derechos
humanos en Colombia y exigir garantías al
Estado colombiano.
El área de Comunicaciones ha promovido y
acompañado tres misiones de prensa a las
regiones para brindar protección a la labor
periodística que adelantan comunicadores de
las organizaciones: ONIC, OIK y ACIN.
Se ha logrado establecer un espacio de análisis
y seguimiento sobre los riesgos que enfrentan
las organizaciones y defensores de derechos
humanos de Nariño. El diálogo interinstitucional
que se abrió con las reuniones del Crer en Pasto
sirvió para que el gobernador de Nariño diera
apoyo político a los defensores y líderes sociales
y para reducir la tensión con las autoridades
militares y de policía.
El trabajo de incidencia con la comunidad
internacional ha influido favorablemente para
que el gobierno nacional acepte un espacio de
diálogo sobre garantías para la labor que
adelantan los defensores y defensoras de
derechos humanos en varias regiones de
Colombia.
PROYECTO CRIS2006/131828
PROGRAMASOMOS DEFENSORESPROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN A
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS