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NO 3 / Diciembre 2014 • Grupo Arje

2014 el Añode las REFORMAS

Rev

ista

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EDITORIAL 2

ARTICULOS

El Cannabis en el mercado legal “Regulación, Producción y Distribución: 3 Uruguay se enfrenta a la Legalización” Javier Henríquez y Rodrigo López

La regulación legal del Cannabis en Uruguay 7 Pedro Abarzúa y Tiare Bustamante

Aproximaciones al tema educacional en Chile, reforma, movimiento y 11 comunicación / Matías Martínez Morales

La Reforma al Binominal en el contexto de las reformas políticas 14 Sebastián Massa Slimming - Ignacio Ruiz Sáez e Ignacio López Herrera

COLUMNAS

Un reconocimiento constitucional explícito de los pueblos originarios: 19 un tema pendiente / José López Año de reformas: ¿Al Estado lo que es del Estado? / Felipe Godoy Veas 20

I N D I C E revista nO 3 / Diciembre 2014

La Revista Arje es una publicación anual del Centro de Investigación Universitario Arje conformado por estudiantes interesados en la investigación de las diferentes problemáticas de nuestra sociedad. El Centro busca incentivar en los jóvenes el desarrollo de la investigación social y que a través de ella los estudiantes universitarios se preocupen y tomen conciencia de los problemas que afectan nuestro entorno.

Centro Investigación Arje, Santiago, Chile

Los artículos publicados en esta revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la línea editorial de Revista ARJE.

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EDITORIAL

DIRECCIÓN DE LA REVISTA

Gabriela E. Flores Calvo

COMITÉ EDITORIAL

Nicolas Pinochet Escobar

Gabriela E. Flores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Jorge Bueno

IMPRESIÓN

JM Impresor

Nuestra revista nació con el ánimo de incentivar en los estudiantes universitarios el apego a la lectura y a la investigación, pero además con el objetivo de constituir un espacio para que pudieran expresar su opinión, sus ideas y ser partícipes de la realidad social. La Revista Arje ha podido desarrollarse gracias a la colaboración de quienes componen el Comité Editorial, y hasta ahora gracias a los Fondos Concursables de la Universidad Bernardo O’Higgins. Es, sin embargo, este número en especial el que ha significado un gran esfuerzo y un reto para quienes participamos activamente en su edición, principalmente porque los artículos dedicados al tema de la Marihuana en los que se revisa el proceso que dio paso a su legalización, cuando en diciembre de 2013 la Cámara de Senadores en Uruguay con 16 votos a favor y 13 en contra aprobaban el proyecto de Ley del Cannabis presentada por el partido político Frente Amplio, son el resultado de una investigación realizada in situ en la ciudad de Montevideo Uruguay. El viaje y la participación en el curso Cannabis Sativa un nuevo rubro productivo impartido por la Facultad de Posgrado y educación permanente FAGRO y la edición de este número fueron posibles gracias a los Fondos del Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional otorgados por el Ministerio de Educación al Grupo Arje. Con esta experiencia hemos dado un paso más en nuestro incansable trabajo por lograr posicionarnos como un importante referente de estudio, análisis y crítica de temas de interés social. Con esta experiencia, podremos plantearnos una nueva etapa de consolidación y nuevos horizontes que nos permitan generar nuevas formas de incentivo para nuestros estudiantes, para ello, es necesario que nos dotemos de una nueva estructura, nuevas personas y nuevos objetivos.

Gabriela Eugenia Flores Calvo

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El Cannabis en el Mercado Legal1

“Regulación, Producción y Distribución:Uruguay se enfrenta a la Legalización”

Por Javier Henríquez2 y Rodrigo López3

El 10 de Diciembre de 2013, en la Cámara de Senadores de Uruguay se dio un considerable paso en el avance social del país. Por 16 votos a favor y 13

en contra se aprobó el proyecto de ley de la legalización del Cannabis, presentada por el partido político “Frente Amplio”, para que en 10 días más a partir de la fecha indicada, la ley fuese promulgada por el Poder Ejecutivo.

Durante el extenso debate parlamentario en el Senado, representantes del partido opositor, “Partido Colorado”, cuestionaron varios puntos del proyecto, argumentando principalmente que la “guerra de las drogas” se le escaparía de las manos al país. “Me parece que este no es el camino para combatir el narcotráfico”, enfatizó el senador colorado Pedro Bordaberry.

La regulación de la marihuana fue planteada al gobierno por el Senador Roberto Conde, en su informe “En mayoría”, el cual entre otros acápites decía que “... la regulación de los mercados de drogas, como política alternativa a los esquemas prohibicionistas… ofrece herramientas a los Estados para ejercer prácticas de reducción de la oferta y la demanda más eficientes e integrales”. (Senador Roberto Conde en su “informe en mayoría”, discurso introductorio al debate del proyecto de ley sobre el Cannabis en el Senado, 10 de diciembre, 2013.)

De todos modos no solo hubo señales positivas con el proyecto de ley, sino también partidarios políticos que no estuvieron de acuerdo con el proyecto enviado al senado, entre los cuales se encontraban los políticos Verónica Alonso, Ana Lía Piñeyrúa, Javier García Duchini, Eber Da Rosa y Jorge Larrañaga.

Al igual que estos políticos, luego de aprobado el proyecto, la oficina de la ONU contra la droga y el delito (UNODC) se manifestó en contra de Uruguay: “ha violado los tratados internacionales” al legalizar la producción, venta y consumo. Dijo también que el país “no ha tomado en cuenta la dimensión del impacto en la salud del uso de la droga”. La UNODC recordó que Uruguay es miembro de la Convención sobre Narcóticos desde 1961. “El órgano legislativo que ha apoyado leyes y acuerdos internacionales y un gobierno que es socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del estado de derecho decidió romper las provisiones legales acordadas universalmente” manifestó Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

1 La documentación fue obtenida empíricamente en Uruguay. Se contó con la colaboración de los representantes de movimientos sociales como - Martín Collazo, Vocero de Pro-Derecho - Hernán Delgado, Vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) - Sebastián Aguiar, Sociólogo de la Universidad de la República - Hannah Hetzer, Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, los que gentilmente nos recibieron. La investigación fue presencial y minuciosa a cargo del grupo de investigación conformado por estudiantes de Periodismo de la Universidad Bernardo O´Higgins en representación de la Revista Estudiantil ARJE y gracias a los fondos del Ministerio de Educación de Chile.

2 Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: Henríquezs.javier@gmail.com

3 Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: rodyn2993@gmail.com

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Junto con este proyecto de ley, lo que plantea el gobierno de Uruguay es que la producción y venta de la marihuana tendrá un límite entre 4 a 6 tipos de plantas que serán comercializadas para tener un mayor control de su venta, y que este tipo de cannabis será manipulado desde su crecimiento para tener como principal objetivo disminuir la adicción de los consumidores en el país, a este nuevo tipo de cannabis se le denominó “Ultra Light”, la cual bajará los porcentajes de un 20% a un 5% de THC, que es el agente químico que provoca los efectos psicológicos de ésta. Las manipulaciones en el crecimiento de la marihuana son gracias a un largo trabajo y estudio desde que el cannabis llegó al continente.

Un poco de historia

El Cannabis, producto obtenido de la resina, hojas e inflo-rescencia femenina de un tipo del cáñamo que produce efectos hipnóticos, conocido popularmente como mari-huana, data de muchos siglos atrás, desde que los españo-les en su afán de conquista en 1525, trajeron marihuana al Nuevo Mundo.

Algunos fármacos durante esta era contenían marihuana, pero era un pequeño porcentaje comparado con el número que contenía opio o cocaína, lo que hacía presagiar que esta droga no era nociva y no representaba ni reflejaba un riesgo para las personas ya que solo se ocupaba con fines medicinales.

Se utilizó como intoxicante entre los años 1830 hasta 1930, luego de esto la marihuana entró en la farmacología de los Estados Unidos, desde 1850 hasta 1942, y se prescribía para varias condiciones incluyendo dolores de parto, náusea y reumatismo.

Fue en el año 1920 que la marihuana empezó a equipararse en el mercado a las drogas comentadas anteriormente. Algunos expertos en el tema mencionan que la prohibición produjo su auge. Su uso recreativo se restringió a músicos, artistas y generalmente a la gente del mundo del entretenimiento y espectáculo.

Las canciones inspiradas en la planta se volvieron populares entre los músicos, específicamente en el mundo del jazz. Los clubes de marihuana aparecieron por todas las

ciudades principales. Estos establecimientos de marihuana eran tolerados por las autoridades porque la marihuana no era ilegal y los consumidores no daban evidencia de descontrolarse ni perturbar a la comunidad, por lo tanto, la marihuana no se consideraba una amenaza social.

En el año 1960 la usaron y masificaron su consumo los estudiantes universitarios y los “hippies”, quienes la convirtieron en un símbolo de rebelión contra la autoridad, esto debido a que sus efectos en el cuerpo humano eran adictivos y generaban poco razonamiento y discernimiento en el actuar, lo que de alguna manera hacía pensar especialmente a los especialistas y autoridades que los efectos eran mucho más negativos que positivos.

Todo esto se fue ampliando con consecuencias negativas para la persona que consumía o hacia uso de esta planta, creándose leyes y reglas estrictas para el usuario, como la Ley de Control de Sustancias de 1970, que clasificó a la marihuana junto con la heroína y el LSD como una droga de Nivel 1, o sea, que tiene el más alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado.

El mayor país exportador de esta droga fue en primer lugar México, pero se acabó en el año 1975 debido a que el gobierno mexicano decidió erradicar la cosecha, de esta forma este lugar lo tomó Colombia, siendo una potencia y un potente mercado en Sudamérica, hasta estos días.

En los EE.UU., cada vez se tomaban medidas más estrictas y fuertes, penalizando a los que poseían marihuana y al contrabando que se generaba en las fronteras del sur, lo que obligó a realizar cultivo doméstico antes de importar el suministro y dejar de alguna forma más calmada las aguas en términos de tráfico de marihuana, con un uso menguante y tranquilizador por casi una década.

A principios de los 90 se volvió a tomar con fuerza el consumo de marihuana, pero esta vez por los adolescentes, que en muchos casos la han visto como una salida a los problemas de esta edad, ya que por los efectos de esta planta no sienten ni tampoco razonan lo que están viviendo. Desde entonces múltiples movimientos sociales y organizaciones han tratado de comprender y rehabilitar a los adictos por esta sustancia, pero el camino ha sido cada vez más difícil, pues el tráfico y narcotráfico cada día se multiplica a lo largo del mundo.

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Las medidas que se han tomado referentes al tema son muchas y variadas, pero por más estrictas y castigadoras que sean no han sido efectivas, lo que ha llevado a buscar nuevas e inéditas alternativas, que en un momento jamás se pensaron, este paso lo dieron algunos países a partir del año 2000, pero siempre con sus debidas restricciones, ya que si bien despenalizaban el consumir esta droga, como es el caso de Suiza y Portugal, nunca se dictaminó una ley que la avalara, y es este el gran paso que quiere implementar un territorio que se encuentra al margen de las grandes potencias y difícil de encontrar en el mapa, esta nación de tan solo 3.5 millones de habitantes llamada Uruguay buscó una solución que fuera más allá de una sanción o una solución preventiva, en un proyecto de ley que se sostuviera por el apoyo gubernamental, el cual se inclinará por una medida legal ratificada por el Estado. Este proyecto terminó siendo la legalización de la marihuana.

el inicio de Un cambio

La legalización de la marihuana a creado un sinfín de debates en el mundo entero que van mucho más allá del simple hecho que la comercialización de ésta sea reconocida como legal en territorio uruguayo, pero esto va ligado a la sociedad de este país reflejada en una nueva generación que es más desprejuiciada que la anterior y mucho más que en la de otros países.

Gracias a esta nueva mentalidad social que incentivó a Uru-guay a generar este proyecto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.172 el 20 de diciembre del año 2013, donde el primer artículo de ésta se refiere a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del Can-nabis y que también brindará el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de dro-gas, con esto se toma en cuenta que el estado asumirá el control del cultivo, producción y venta a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA).

Para los consumidores de Uruguay no existen los límites a la hora de sustraer referencias variadas en épocas, posturas o culturas que pueden lograr convivir sin atentar contra su propia integridad o seguridad y mucho menos ser un peligro para los demás solo por consumir una dosis de marihuana.

Esta nueva generación se debe alimentar de la prioridad y de la responsabilidad y no dejar a la palestra consecuencias futuras negativas como lo mocionaban los líderes de los movimientos que buscaban la legalización en dicho país.

En referencia al apoyo político que tuvieron las diferentes organizaciones sociales en principal el partido político “Frente Amplio”, el vocero de la agrupación Pro Derecho Uruguay y uno de los principales redactores del proyecto de ley, Martín Collazo, señaló: “A principios de los 90 finales de los 80 en algunas academias se empieza a hablar sobre estos temas pero eran personas muy aisladas y a principios del año 2000 cuando ya aparecen actores de más renombre a hablar sobre el tema cuando el frente amplio llega al poder el 2005. Es apartir de este momento que comienza el proceso de acumulación con legisladores gente de la academia y aparecen juventudes políticas, organizaciones sociales a conversar a favor de la legalización y se fortalece el movimiento, y cuando arranca el gobierno de Mujica, con un nuevo impulso de algunos diputados del frente amplio del palacio, las organizaciones empiezan a trabajan con abogados legisladores y médicos, y todo empezó a crecer”.

En el mismo contexto las percepciones en el país sudamericano no fueron todas positivas a la hora de promulgarse la Ley, especialmente las diferencias que tenían de parte del “Partido Colorado”, el cual en variadas ocasiones argumentó que legalizar la marihuana seria una puerta de entrada a las drogas más pesadas, a lo que el titulado de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay aseveró: “La marihuana no es la puerta de entrada a drogas más duras lo vamos a demostrar con estudios científicos sino que es la puerta de salida, esto porque da buenos resultados en la inclusión de marihuana primera parte del tratamiento de usuarios problemáticos de esta drogas para controlar la ansiedad y para otras cosas y habrá una investigadora que realizara un estudio sobre eso, el 98% por ciento de los usuarios de marihuana no utiliza pasta base y el 85% no hace consumo de cocaína lo que si hay es personas que son usuarios de drogas y hacen uso de estas drogas en alguna etapa de su vida, pero en todo caso esos son porcentajes pequeños de la población pero no todos hacen uso de otras drogas, la oposición siempre tiene ese argumento”.

La incógnita se instaló en cuanto a si un país de las dimen-

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siones que representa tanto políticas como territorialmen-te Uruguay, podía estar adecuado al tipo de mercado que se podía generar con un proyecto como la despenaliza-ción y legalización de la marihuana, a lo que el vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU), Hernán Delgado ratificó: “Uruguay no estaba pre-parado para desarrollar un mercado de esta capacidad esto implica asesoramiento y ayuda internacional y de al-guna forma incorporar lo mejor de otros modelos como los de colorado y Washington, la cuestión es que con fines de las políticas públicas era luchar con el narcotráfico y eso implico redactar la modificación de ley de los detalles puntuales, ya que desde diciembre que fue la aprobación de la Ley hasta abril y hasta ahora estamos en una etapa donde se está operativo el registro para los cultivadores, donde esta operativo para los clubes de la cannabis. Ya que en Uruguay hay cerca de 10 clubes de cannabis que ya están funcionado y hay más de 1200 cultivadores que ya están preinscritos y sigue aumentando la cifra lo que en resumidas cuentas es la parte más importante que se tiene que comprobar para que esto funcione”.

De la misma manera tuvo palabras en lo que se refiere a los plazos establecidos para que la implementación de la Ley se haga netamente efectiva a lo que Delgado añadió: “Yo creo que los plazos establecidos hay que dividirlos en dos etapas lo que era con uso medicinal y lo otro que es con fines recreativos así que si bien se aprobó todo junto yo creo que la viabilidad y el éxito del proceso depende de que el uso medicinal es brindar y garantizar el derecho a las personas que la necesiten y en eso esta más legitimado, así como en Estados Unidos son 23 estados donde esta regularizado con fines terapéuticos en Uruguay se aprobó, pero en todos los países de Latinoamérica se está discutiendo el tema medicinal con practicas recreativas”.

Dentro del proyecto de ley las críticas han ido incrementa-do en varios aspectos y atacan directamente a los puntos vulnerables de esta misma, desglosando un considerable descontento por parte de las personas que les importa por sobre todo su seguridad y la de sus seres queridos, dejando claro que debe mejorar el resguardo policial so-bre la fiscalización de la venta del Cannabis, por esto el experto en ciencias sociales de la Universidad de la Re-pública en Uruguay, Sebastián Aguiar mencionó: “Veo va-

rios asuntos que se deben cambiar, es difícil que exista un buen control o fiscalización en la venta del cannabis, ya sea a la venta ilegal a extranjeros y a menores de edad que debería tener más resguardo policial, es difícil encontrar una buena seguridad en la venta y comercialización, pero la seguridad a las personas ya está, según lo dicho en uno de los artículos de la Ley (“proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico”, artículo 4). Para mí lo más frágil es lo que pueda pasar en cuanto al riesgo de opiniones en contra en el escenario político cuando ya esté implemen-tada en el mercado, pero hasta el momento se encuentra por un buen camino”.

Así, desde hace cinco meses, a la fecha todo ciudadano uruguayo o residente permanente en el país que desee cultivar marihuana en su casa puede acudir a una oficina de Correos y solicitar una licencia de productor para poder cultivar libre y legalmente hasta seis plantas de cannabis y cosechar hasta 480 gramos de marihuana al año para su consumo personal.

También se permite crear clubes cannábicos, que pueden tener hasta 45 socios y disponer de hasta 99 plantas.

Se han habilitado 63 puntos en las oficinas de Correos para inscribirse en un registro sin costo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) para realizar la plantación, y con el único requisito de ser mayor de edad y tener residencia permanente en el país.

La legalización de la marihuana en Uruguay, que más que legalización como tal se refiere a una regulación y control de la sustancia así como lo dice el organismo encargado de ge-nerar este proceso (IRCCA) y su distribución en conjunto con el Ministerio de Salud Pública el cual velará, emitirá licen-cias y asumirá el control de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana, lo que de alguna manera llevará a que el próximo año se implemente la segunda parte de la ley la cual sostiene la distribución en las farmacias lo que aún es una incógnita ya que no se ha desarrollado en ninguna parte del país y que tendrá con los ojos abiertos a gran parte del mundo, ya que de funcionar a cabalidad se podría decir que se abre una ventana para un pozo que no tenía fondo.

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La Ley 19.172 de Regulación del cannabis, que va destinada a fiscalizar la producción, distribución y venta de la marihuana busca en su integridad com-

batir el narcotráfico, mercado negro y garantizar seguridad a la población a través de controlar la calidad de la marihuana, difundir información sobre los riesgos que su consumo ge-nera y garantizar su acceso para su uso terapéutico.

pero ¿es esta ley Una verdadera solUción para disminUir la delincUencia y el narcotráfico?

Ante esto, el Gobierno, Partidos políticos, Organizaciones pro-consumo, y Movimientos Sociales apoyan esta causa con un único fundamento, ganar la guerra contra el narcotráfico y reducir la delincuencia, buscando eliminar la contradicción de la legislación de drogas actual en Uruguay. Ya que hoy su consumo es legal, pero se penalizan las formas de acceso a ella, obligando a la gente a alimentar lo que hasta ahora se conoce como el mercado negro.

De igual manera los que demuestran posturas contrarias a las posturas del estado, como lo son, La Oficina de las Nacio-nes Unidas Contra la Droga y el delito, (y sus siglas en inglés UNODC), demostraron los delitos registrados por las autori-dades en relación al consumo personal y el tráfico de drogas que se estarían cometiendo con la promulgación de la nueva ley , y que fueron evaluados demostrando que el consumo de drogas en su aumento en el período 2003-2012, dio como resultado el acrecentamiento en el número de consumido-res durante ese período, comprobando que en gran parte del mundo la gran mayoría de los delitos relacionados con el uso de drogas tiene que ver con el Cannabis.

Por su parte las agrupaciones conformadas por la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) y Uruguay por la Regulación Responsable de la Marihuana, que está

integrada por Colectivo Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, El Abrojo, IELSUR, MYSU, PIT-CNT, PRODERECHOS, REDES Ami-gos de la Tierra Uruguay y SERPAJ Uruguay, han realizado un listado de razones fundamentales que avalan la promulga-ción de ley sobre regulación de Cannabis.

Entre ellas podemos encontrar:

• La regulación de la marihuana se fundamenta en una serie de argumentos que involucran distintas áreas: se-guridad pública, salud, recursos económicos, política de reducción de daños y riesgos, marco regulatorio y ajuste legislativo ante la inconsistencia de la Ley actual.

• La marihuana tiene probados usos medicinales, y ya se ha comenzado a utilizar en tratamientos para abandonar el uso de pasta base. Con su regulación podremos estudiar estas posibilidades.

• Hoy los niños pueden comprar marihuana fácilmente en el mercado negro. Mediante la regulación de la marihuana

La regulación legal del Cannabis en Uruguay1 “Un experimento nacional para enfrentar

un problema mundial y combatir el narcotráfico”.Por Pedro Abarzúa2 y Tiare Bustamante3

1 La documentación obtenida fue realizada empíricamente en Uruguay. En la cual se contó con la colaboración de los representantes de movimientos sociales como - Martín Collazo, Vocero de Pro-Derecho - Hernán Delgado, Vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) - Sebastián Aguiar, Sociólogo de la Universidad de la República - Hannah Hetzer, Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, los que gentilmente nos recibieron. La investigación fue presencial y minuciosa a cargo del grupo de investigación a compuesto por los estudiantes de Periodismo de la Universidad Bernardo O´Higgins y el apoyo de la Revista Estudiantil ARJE y fondos del Ministerio de Educación de Chile.

2 Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: Pedro.abarzua.c@gmail.com

3 Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: tiarebustamante27@gmail.com

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será más difícil que se venda a menores, imponiendo san-ciones a los que vendan drogas a menores de edad.

• Regular la marihuana permitirá reducir la fuga de capi-tales de un negocio de 30.000.000 de dólares al año en Uruguay. En su lugar, la sociedad puede obtener valiosos recursos para educación, salud y tratamientos.

• En Uruguay el tabaco ha sido exitosamente controlado y regulado por el gobierno. Dicha regulación ha determinado un marcado descenso de su consumo entre jóvenes. Esto demuestra que se puede regular una sustancia potencialmente dañina con éxito. Podríamos tener un modelo de control para reducir el consumo de marihuana.

De la misma manera, entes de oposición, que integran El Par-tido Nacional y El Partido Colorado no han querido quedarse atrás en demostrar su postura frente a la nueva legislación que regula la producción, distribución y venta, plasmando sus ideas en los siguientes puntos.

• El dilema entre Prohibicionismo o Legalización que propone el Gobierno es falso. Si el paradigma para dar respuesta al problema toma por foco la demanda, la so-lución pasa por mayor prevención: educación, deporte, salud, sanidad, reducción de daños, familia y valores. La Legalización de la marihuana pertenece al paradigma de la “oferta” y por tanto no solucionará los problemas vin-culados a la demanda. Lo más grave es que ni siquiera so-lucionará los problemas asociados a la oferta (violencia, delito, narcotráfico).

• La legalización de la marihuana supone una confusión y degradación de valores, que desdibuja los límites y envía un mensaje equívoco a nuestros jóvenes.

• Inconstitucionalidades. El art. 44 de la Constitución es-tablece que “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de en-fermedad”. No se comprende cómo la legalización de la marihuana se compadece con el deber de cuidar la salud de los ciudadanos por parte del Estado.

• Se violan Tratados Internacionales. El Organismo Interna-cional de Control de Estupefacientes (OICS), de la ONU, ha manifestado su “preocupación” por el proyecto uru-guayo, al considerar que violaría los tratados internacio-nales sobre control de drogas, ratificados por el país, re-

virtiendo así una tradición de respeto y cumplimiento de la normativa internacional.

• Para poder competir con el mercado negro el gobierno deberá ofrecer un producto competitivo, es decir, de me-jor calidad y más barato, y si eso ocurre determinará una extensión de la oferta que aumentará el consumo. Asi-mismo, la legalización disminuye la percepción del riesgo y esta estudiado que cuando eso ocurre también aumen-ta el consumo.

movimientos sociales y organizacioneslos grandes propulsores de la legalización en Uruguay

Los movimientos sociales en Uruguay comenzaron a ser incorporados en las demandas populares en los años ochenta con las juventudes políticas del Frente Amplio, éstas comenzaron a hablar de un cambio de la política de drogas en relación a la marihuana, mientras que en los noventa, con la derecha en el gobierno, no hubo una mayor relación ni cambios. En el plano actual desde el 2010, cuando el gobierno fue liderado por el partido Frente Amplio, a cargo de José Mujica, y con una mayoría en el parlamento provocó un escenario a favor, contando con el apoyo de los movimientos sociales que participaron activamente en la presentación de problemática que agobiaban a la gente.

Según el vocero del movimiento social PRO DERECHO, Mar-tín Collazo, defendiendo a los movimientos sociales asegura que estos son los verdaderos propulsores de la regulación del cannabis y no el presidente de la República “Mujica salió a la prensa, pero quien efectivamente trabajó para esto es la secretaría Nacional de Drogas, diputados, movimientos so-ciales, y la academia, pero Mujica no lo hizo, son sus funcio-narios quienes trabajaron” aclaró Martín Collazo.

La Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, Organización No Gubernamental Internacional con base en Estados Unidos que promueve cambios en la política de drogas en América, Hannah Hetzer, resaltó: “felicito lo que está realizando Uruguay a nivel internacional por ser el primer país en regular integralmente el mercado de la ma-rihuana, ya que el mundo está llegando a un consenso en cuanto a que la prohibición no está funcionando y busca alternativas” .

Sebastián Aguiar, sociólogo de la Universidad de la Repúbli-ca de Uruguay, es uno de los académicos que más ha partici-pado por el proyecto, quien además asegura que “Todos los estudios científicos demuestran que la historia de la escala-

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da en cuanto al paso a las drogas duras no tiene sustento, si bien pasa de que una persona quiere probar una droga y después más, no significa que les pase a todos, ya que siem-pre hubo acceso a este tipo de drogas y no con la legaliza-ción esto se va acrecentar. Este efecto se va a suprimir con la regulación de la marihuana” enfatizó el sociólogo.

También, el dirigente del movimiento social PRO DERECHO, Martín Collazo informó sobre los temas que se vienen para los movimientos sociales en Uruguay “En primer lugar el movimiento social es consciente que tiene un rol que jugar en la consolidación de estas victorias la derecha conservadora sigue operando y quiere dar marcha atrás, por ejemplo con estas elecciones entra al parlamento de mano del partido nacional el primer pastor evangelista esto nunca había pasado en Uruguay y los conservadores están muy presente e intentan imponer su modo de vida a toda la sociedad entonces nosotros estamos acá para evitar que ese modo de vida monótono no se le imponga a toda la sociedad dejando que sea la gente quien elija como quiere vivir” además, otros puntos que están en la agenda de interés de los movimientos sociales según Collazo son “las políticas de seguridad, criminalización de la juventud, el abuso policial, sobre el machismo, la homofobia ya que siempre salen nuevas aristas y otros temas que comienzan a emerger como la situación ambiental y la discriminación con los inmigrantes en Uruguay”.

¿por qUé UrUgUay si y chile no?

Una de las interrogantes más frecuentes en este último tiem-po, ha sido la discusión en cada país sobre la legalización del Cannabis, esto no es la excepción en Chile, ya que lleva 50 años en discusión por diferentes sectores como movimien-tos sociales, entidades médicas, organizaciones de expertos, Parlamento, el Gobierno y la opinión pública, pero esto no ha servido como presión para legalizar la Cannabis en Chile.

Según el vocero de Pro-Derecho, Martín Collazo, quien co-menta que Chile no es tan laico como Uruguay y es mucho más conservador y moral señalando que “Chile tiende a cam-biar mucho más lento, me da la impresión que cuestiones de género en materia de diversidad de la familia donde no se toca mucho , también porque el funcionamiento de la policía es fuerte y no apoya este tipo de medidas opera en contra de aquello, los derechos de igual forma que gozan los ciudada-nos en Chile están bastante restringidos, entonces por este tipo de cosas, Chile tiene que realizar un cambio cultural que creo que está ocurriendo y de ahí a pensar en propuestas como la que tomo Uruguay”.

Por su parte, el sociólogo, Sebastián Aguiar, señaló que Uru-guay tiene un antecedente a partir del siglo 20 de aprobar medidas de vanguardia en términos sociales “quizás el carác-ter pequeño de sociedad medianamente ilustrado de sus éli-tes, las facilidades de características políticas y la influencia europea permanente que ha facilitado la toma de decisiones de Uruguay, bueno, esto puede ser una línea explicativa. En Chile también hubo una represión muy fuerte de décadas, la gente particularmente era muy temerosa. Hoy Chile ha cam-biado mucho, si tú me preguntas entre los 3 países de Suda-mérica en que se puede legalizar, yo te nombro a Chile”.

El vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU), Hernán Delgado, enfatizó que “Uruguay al ser un país pequeño tiene mayor libertad y mayor posibili-dad de poder acceder a los altos mandos del país, además el movimiento social viene pasando por procesos de engran-decimientos con las organizaciones ya sean de los diferentes ámbitos, y eso nos ha dado la posibilidad de poder estar en la palestra, además del hecho de tener a Mujica como pre-sidente nos jugo a favor. Y eso es lo que no pasa en otros países, ya que no hay unidad con respecto a la problemáti-ca social, incluso las mismas organizaciones de consumo de drogas están peleadas entre ellas”.

diferencias en materia de droga

¿QUÉ TIENE URUGUAY?

Apoyo del Ejecutivo

Parlamento a favor

Movimientos sociales unidos

Mayor cultura en temas de drogas

Poca Población

¿QUÉ NECESITA CHILE?

Apoyo del gobierno

Parlamento a favor

Cultura y apoyo social

Modificar la despenalización de la Ley 20.000que habla del uso del tráfico ilícito de

estupefacientes

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En Chile la Ley 20.000 es responsable de limitar el cultivo y consumo de drogas y estupefacientes, ésta sanciona a los que elaboren, produzcan, transformen, preparen o extrai-gan sustancias de este tipo, al igual que a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a su elaboración.

Las grandes diferencias respecto a la Ley 19.172 de Regula-ción del Cannabis de Uruguay con muchos países de Améri-ca Latina se basan en la disponibilidad gubernamental, par-lamentaria, social y cultural en relación a la legislación de Uruguay en materia de consumo y producción Cannabis, lo que hace más difícil que en países de Latinoamérica se lega-lice el uso y cultivo de marihuana, pero, en comparación con Chile que tiene un proyecto de ley con otro fondo, la ley de Uruguay va dirigido a que el Estado sea un ente regulador de toda la actividad relacionada con la marihuana, ya sea controlando y regulando producción y venta del Cannabis, mientras que el proyecto de ley que Chile espera se enfoca en eximir de responsabilidad penal a quienes porten o cul-tiven, esto hace que Chile, al contrario del estado uruguayo que regula y supervisa el consumo, de cierta manera se des-liga de responsabilidad.

ley de regUlación: de la teorÍa a la práctica

El Proyecto de ley que ha cumplido un año desde su pro-mulgación en Uruguay, sobre la regulación del consumo de la marihuana, se encuentra dando sus primeros pasos, espe-rando que en un tiempo adecuado la ley trabaje con el 100 por ciento de sus capacidades enfocándose en los tres ejes importante, fiscalización sobre:

— La producción

— Distribución

— Venta

Pero, ¿Uruguay está preparado para desarrollar un mercado de cultivo?, y eso implica la necesidad de asesoramiento y ayuda internacional en especial de los modelos de los esta-dos de Colorado y Washington en Estados Unidos, y que han regulado la Cannabis con diferentes métodos.

También está operativo el registro para los cultivadores para los club de Cannabis, en donde existen hoy 10 club de cannabis que ya están funcionando y 1200 cultivadores inscritos, claro que esta cifra sigue aumentando y durante estos últimos meses se está definiendo quienes serán los propietarios que van a plantar varias hectáreas donde se van a comercializar 10 toneladas de Cannabis en una pri-mera etapa con acceso exclusivo a las farmacias, quienes se van a hacer cargo de la venta del producto. Esta ley se tiene que aplicar en dos grandes causas tanto para el uso medi-cinal como para el uso con fines recreativos, el primero, con fines medicinales, permite brindar y garantizar el derecho a las personas que necesiten y en ese sentido es mas legitimo a la mirada de la sociedad y en cuanto al uso recreativo, la ley cuenta con un monitoreo constante, paralelamente se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRC-CA) que supervisará todo el proceso y será el organismo encargado de la regulación y generará informes para una evaluación permanente.

Ante esta situación los movimientos sociales, el gobier-no, organizaciones y académicos de Uruguay, están muy interesados en participar por esta causa, fortaleciendo la educación e informando de mejor manera como funciona la Ley. En definitiva, la regulación de Cannabis va evolucio-nado a medida de como se vayan realizando las cosas, es decir, si alcanzan los objetivos primarios o secundarios de esta ley, a corto o largo plazo, hay muchas organizaciones fiscalizadoras que están atentas a los cambios, esto se verá plasmado en unos años, ya que el inicio de esta implemen-tación se comenzó a mediados del 2014, para entrar en su totalidad el 2015, en la cual los entes reguladores y la misma sociedad de Uruguay y el mundo esperan ver como avanza este experimento, en el que se podrá ver cómo se comportan los usuarios, como funciona el mercado regu-lado y como estará relacionado con la delincuencia, pero una de las mayores incógnitas que se espera responder en el avance de este experimento es si la ley de regulación es una verdadera solución para disminuir la delincuencia y el narcotráfico.

11

resumen

El presente artículo busca dar cuenta de una reflexión sobre

las dinámicas sociales que han posicionado el tema educati-

vo en la agenda política y social de nuestro país. A través de

los movimientos estudiantil se generó un debate centrado

en lo educativo desembocando en una reforma educacional

en la actualidad. Se consideran las opiniones y las maneras

de generar opinión en torno a la reforma y si desde una pers-

pectiva histórica es un hito significativo para el devenir po-

lítico de Chile.

La educación chilena ha estado desde el 2006 en la

agenda, en los debates y se situó en la conversación

cotidiana de los diferentes sectores y capas de la so-

ciedad. La Revolución Pingüina generó una denuncia contra

las condiciones de mercado existentes en la educación y

la inequidad que provocan. Han presentado una demanda

referida tanto a la importancia del rol regulador del Esta-

do sobre aspectos privados de interés público (educación,

salud), como hacia otorgar nuevamente valor a la política

como herramienta mediante la cual la sociedad debate y

define sus prioridades2. La apatía política de los jóvenes de

los 90, los “no estoy ni ahí” contrasta con el actual compro-

miso de los estudiantes por lo social y lo público. El mito

respecto de la falta de interés de la juventud en lo público,

ha sido roto por las distintas movilizaciones estudiantiles

que se han venido dando principalmente desde el 2001,

con “el mochilazo”, la Revolución Pingüina y el movimiento

estudiantil de secundarios y universitarios el 2011.

Las condiciones mínimas de los colegios municipales pre-

sentes en sectores vulnerables convive con un plano de

vida de los estudiantes que resulta critico. Estudiantes con

padres con empleos temporales, un madresolterismo cre-

Aproximaciones al tema educacional en Chile, reforma, movimiento y comunicación

Por Matías Martínez Morales1

ciente, una expansiva y preocupante violencia domestica, tasas de femicidios, consumo y tráfico de drogas, delin-cuencia y la formación de una cultura de “choros de esqui-na. Las culturas contestatarias que se van configurando en los sectores sociales populares se autoeducan, pero no en el colegio, en la calle. Desde el otro lado, los profesores no se diferencian mucho de lo anterior, tienen contratos pre-carizados, evaluaciones periódicas que los acorralan, per-feccionamiento inexistente, estigmatización pública y una sobreexplotación asumida culturalmente3.

Por esta y muchas más razones, la educación pública se en-cuentra en disputa en la actualidad, interpelada por una reforma educacional de parte de un gobierno centro y un modelo mercantil que socialmente se expresa en marchas y desinformación proveniente principalmente de sectores con intereses en los colegios subvencionados particulares. Pero antes de seguir, debemos señalar, ¿qué entendemos por educación pública? Tal como lo menciona Fernando Atria4, la educación pública va mas allá de un servicio entregado por el Estado, no debe centrarse en el proveedor sino, en el fin. La educación pública debe crear un ethos republicano que modifique las diferencias sociales existentes entre sujetos

llamados vecinos, por la televisión y sujetos llamados pobla-

1 Egresado de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Universidad Bernardo O’Higgins. Actualmente tesista y en proceso de título. E-mail: matiasmartinezhistoria@gmail.com

2 Beatriz Silva Pinochet, Las promesas de la modernidad puestas en juego, POLIS, N°31, 2012, p 5.

3 Gabriel Salazar, Dolencias históricas de la memoria ciudada-na (Chile 1810-2010), ed. Universitaria, 2012, Santiago, p 150.

4 Fernando Atria, ¿Qué educación es “publica”, en: Cristian Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela (edit), Ecos de la revolución pingüina. Avances, debates y silencios en la reforma educacional, UNICEF, 2010, Chile, pp 154-160.

12

dores por la misma. La educación pública es la educación a

la que todo ciudadano tiene derecho, el estándar de ella, es,

el estándar del contenido de la ciudadanía.

En defensa de una educación pública “gratuita” y de “calidad

se ha levantado todo un debate político, social y televisivo

que busca dar cuenta del impacto, los logros, fracasos y fi-

nalmente el apoyo a la misma. Producto de una desinforma-

ción que se explica por malos dispositivos de información

provenientes del Estado y una educación cívica deplorable

que imposibilita a gran parte de la población a entender

de primeras las reformas, la tarea de explicar queda rele-

gada a los medios de comunicación, siendo el principal, la

televisión. En este sentido, los medios de comunicación se

erigen con una autoridad cultural, pero lo relevante es que

bajo ningún caso, es una estructura neutra. Los medios de

comunicación legitiman o deslegitiman algo (la reforma

educacional en este caso en particular), buscan generar

realidades sociales donde antes no existían o el dar nuevas

direcciones a tendencias ya presentes, de tal modo que la

adopción de la nueva aptitud sea un modo de conducta

socialmente aceptable y que la no adopción se represente

como una desviación socialmente desaprobada5. En este

sentido, la opinión o postura que las personas tomen sobre

la reforma educacional está ligada, no condicionalmente

pero si influyentemente, a lo que plantean los medios de

comunicación y como lo hacen6.

El presente artículo no busca generar una crítica para lue-

go pasar a lo que se denominan “recomendaciones polí-

ticas”, no discute en particular ninguna de las iniciativas

legales actualmente en curso ni busca dar argumentacio-

nes a pasos a seguir. El propósito es posicionarse desde un

punto reflexivo-critico, dando cuenta de una mirada a los

acontecimientos y procesos que han ocurrido en el deve-

nir político, pero por sobre todo, social y cultural.

Desde una perspectiva histórica no existen posibilidades

reales de analizar los procesos que se han ido desarro-

llando desde principalmente, el 2006. La proximidad del

espacio temporal de estudio incluso no se clasifica en la

historia reciente o historia del tiempo presente. De todas

maneras, todos los análisis sociales deben ir acompañados

de un conocimiento histórico que de cuenta de las estruc-

turas a modificar y los cambios y reticencias sociales que

se puedan establecer. En este sentido me parece particular

el tema de la presente revista, “tiempo de reformas”, perio-

do actual que esta cruzado principalmente, por la reforma

educacional y la reforma tributaria. Nos hemos referido a

la reforma educacional mas arriba, reflexionando sobre su

impacto en el mundo social. La formulación del problema

educacional provino como se mencionó anteriormente,

de movimientos sociales articulados por estudiantes que

pusieron en el tapete las condiciones de mercado de una

educación de mala calidad. Lo complejo resulta que no

existe un trayecto de integración desde el origen, eminen-

temente social hacia uno político deliberativo. La política

tradicional7 no realizó una reforma con los principales ac-

tores del sistema educativo, a saber, estudiantes, profesores

y apoderados. El hecho de que las políticas públicas se ge-

neren en salones privados donde los organismos sociales y

los sujetos cotidianos no puedan participar tiene una data

histórica y una perspectiva que cruza el desarrollo político

chileno8. La política tradicional junto al sistema partidista

ha generado tal como lo señala Sofía Correa9, una nula ad-

hesión de parte de la ciudadanía. Por parte del mundo civil,

se ha producido una doble deslegitimación, por una parte

la del clientelismo y por otra, la de los partidos ideológicos.

En la medida que los partidos no otorguen soluciones y

beneficios al grupo electoral, es evidente que se ha ido ge-

nerando un descontento y malestar hacia la clase política

chilena, lo cual no ha estado nunca ausente en Chile10.

5 Stuart Hall, La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico, en James Curran y otros (comp, Sociedad y comunicación de masas. FCE, México, 1981, p 25.

6 Resulta digno de análisis la cantidad de marchas y mani-festaciones que han surgido en contra de la reforma educa-cional, principalmente de parte de apoderados de colegios subvencionados. En este sentido hay un registro del 24 de Octubre del 2014 donde se toman las consideraciones sobre la reforma educacional, dando cuenta de una total desinfor-mación y argumentos de poca profundidad. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2hnRXiyh1Fw

7 Cuando señalo política tradicional me refiero al de los partidos y políticos profesionales.

8 Para profundizar en este tema: Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile tomo I, Estado, legitimidad, ciudadanía, LOM, 1999, Santiago.

9 Sofía Correa, Sistema político y movimiento partidario (1920-1990), Proposiciones, N°24, 1994, p 86-88.

10 Matías Martínez, Reflexiones sobre la participación ciuda-dana actual en Chile, Arje nacional, N°2 septiembre de 2013.

13

La movilización actual de profesores, las marchas de apo-derados desinformados y el descontento generalizado de los estudiantes son solo síntomas de una tendencia chile-na, acentuada con el modelo neoliberal de construir Estado sin la participación civil. Los actores sociales mencionados buscan recuperar su soberanía, a través de procesos asocia-tivos, generan acción colectiva legitimadora. La unidad que les permite levantarse como una fuerza social de expresión pública y en ocasiones subversiva, interpela y fiscaliza a aquellos elencos representativos que administran el Esta-do vigente. Estos movimientos sociales buscan y proponen construir un sistema político donde la “gobernanza” y no la gobernabilidad sea el componente y pilar fundamental de la política cotidiana11.

Desde una perspectiva histórica no podemos señalar que acontecimientos o procesos que ocurrieron en épocas an-teriores vuelvan a ocurrir, como si el devenir histórico fuera cíclico. Lo que si podemos hacer y es totalmente legitimo es utilizar los elementos y conocimientos del pasado para ge-nerar un aprendizaje político desde el presente. En este sen-tido tal como lo menciona Marc Bloch, la historia guarda una relación fundamental entre presente y pasado, el segundo no se puede entender sin el primero y de manera viceversa el presente no tiene sentido sin un pasado12.

Dejando claro lo anterior, vale la pena reflexionar sobre el supuesto tiempo de reformas que estamos viviendo, si en verdad son significativas y marcaran un hito en el tra-yecto político de nuestro país. Permítanme remontarme a la década del 60 y 70, a una etapa convulsionada o, como lo señalo Mario Góngora, el periodo de las planificacio-nes globales13. Durante la época señalada y tal como lo mencionan los textos escolares vigentes el presente año se realizaron reformas estructurales14. La realización de la reforma agraria, la cual cruza el periodo presidencial de Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende es uno de los planes fundamentales durante el periodo en cuestión, aunque, no es el único. Reformas en el ámbito educacional y habitacional, producto de las tomas de terreno principalmente y la integración de los sectores vulnerables tuvieron un fuerte impacto en la sociedad de esa época. Es claro que el Estado es totalmente dife-rente con el actual, un Estado desarrollista con un Estado Neoliberal, pero el país es el mismo. Sin lugar a dudas las reformas señaladas lograron en muchos casos cambiar

la vida cotidiana de los sectores sociales, principalmente los vulnerables y mejorar la calidad de vida de los ciuda-danos. Lo que me interesa señalar es que, los programas políticos iban acompañados de programas que genera-ran autonomía en la ciudadanía a través de la Promoción Popular y el Poder Popular15.

Las reformas deben ser significativas para generar cambios reales en la ciudadanía y para ser evaluadas por generacio-nes futuras como procesos históricos de relevancia. Quizás, el realizar una comparación de épocas, sociedades y mo-delos de Estado diferentes sea una irresponsabilidad, pero permítanme serlo, permítanme recordar que es posible gestionar cambios significativos, es posible realizar modifi-caciones sustantivas para solucionar problemas sustantivos de la sociedad civil. Pongo en duda si este es un periodo de reformas, pongo en duda si será recordado y estudiado como una dinámica histórica especifica que guarde relación con cambios significativos. Los procesos de cambio de-ben ir acompañados de la sociedad civil y esta no debe ser excluida de las deliberaciones y discusiones.

Para finalizar vuelvo a reiterar que no pretendo “aconsejar” al gobierno de turno a hacer esto o aquello. Considero que es necesario reflexionar sobre nuestro tiempo presente con un ojo en el pasado, con un ojo en los procesos pasados y de ellos, rescatar un aprendizaje político y social, una memo-ria social y colectiva. Los actores sociales y la sociedad civil en generar ha demostrado tener una memoria social viva y activa que carga con dos siglos de exclusión y que en cada coyuntura, sale a flote.

11 Gabriel Salazar, De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable, Proposiciones, N°28, 1998

12 Marc Bloch, Introducción a la historia, FCE, 2010, México.

13 Mario Gongora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ed. Universitaria, Santiago, 1998, p 280.

14 Me refiero principalmente al texto de estudio de tercero medio entregado por el Ministerio, el cual es de editorial SM y participan, Sebastián Quintana Susarte, Sandra Castillo Soto, Nataly Pérez Cisternas, Cristina Moyano Barahona y Luis Thielemann Hernández.

15 Sofía Correa, Alfredo Jocelyn-Holt, Historia del siglo XX chileno, ed. Sudamericana, 2001, Santiago. Véase principalmente el capitulo X, pp 226-274.

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RESUMEN

E l presente artículo tiene por objetivo conocer el impacto que tiene el proyecto de ley sobre la reforma al sistema binominal. Para efectos

metodológicos, se toma en consideración la última elección parlamentaria (2013) a fin de realizar una simulación en cuanto a la obtención de escaños, tal como sería con la reforma propuesta. En efecto, se busca dar cuenta de cómo funcionará y se manifestará la reforma en dicho sistema.

INTRODUCCIÓNLos sistemas electorales son una variable institucional clave a la hora de analizar el funcionamiento de una democracia liberal representativa (rule of law). Entendidos como una parte importante dentro del engranaje del sistema político, los sistemas electorales definen principalmente las relaciones de poder en la sociedad, sobre el cómo se sitúan las posiciones de los diversos actores y el modo en que estos se desenvuelven.

Los debates sobre las reformas a los sistemas giran, por lo general, en torno a la forma en que se debe mantener un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, o mejor dicho, sobre un punto óptimo de la representación del electorado y la capacidad de gobernar sin mayores obstáculos en un ambiente político-institucional estable.

1 Licenciado en Ciencia Política, Universidad ARCIS. Diplomado América Latina, Desarrollo y Cultura: Desafíos de la Globalización, Universidad de Santiago. Mail de contacto: smassaslimming@gmail.com.

2 Administrador Público, Universidad de Chile. Mail de contacto: ieruiz@ug.uchile.cl.

3 Sociólogo, Universidad Diego Portales. Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, UDP. Mail de contacto: ignacio.lopezh@mail.udp.cl.

La Reforma al Binominal en elcontexto de las reformas políticas

Dentro de ese contexto se analiza la reforma al sistema binominal propuesto por el actual Gobierno.

SISTEMA ELECTORAL Y SISTEMA DE PARTIDOSEn uno de los libros clásicos de Dieter Nohlen (1999) se describe la “trilogía” compuesta por el sistema de go-bierno, sistema electoral y sistema de partidos según sus características. Los dos primeros fundados en variables institucionales, según palabras de Douglass North (1990), con la capacidad de definir reglas del juego, que determi-nan un sistema como presidencial o parlamentario, y por otro lado, un sistema electoral proporcional o mayoritario. Mientras que el sistema de partidos se sitúa en una esfera diferente, más relacionada a variables histórico-sociales pero influenciadas, como variable dependiente, por fac-tores institucionales.

En esta misma línea, sistema electoral, definido como varia-ble institucional se puede expresar como el “procedimien-to de conversión de los votos en cargos ejecutivos y legis-lativos” (Nohlen, 1992: 1), es decir, se entiende tanto como un medio para la representación política como también un conjunto de reglas que determinan tipo de representación, tamaño de circunscripción, método de repartición de es-caños, exigencias para candidaturas, entre otros.

Fundamentalmente, la tipología más usada para hablar de distintos sistemas de partidos es la expuesta por

Por Sebastián Massa Slimming2, Ignacio Ruiz Sáez3 e Ignacio López Herrera4

15

Giovanni Sartori (1976), que diferencia entre sistemas con un solo partido, bipartidistas, con pluralismo mo-derado y multipartidismo extremo. Por otro lado, el de-sarrollo teórico de Maurice Duverger (1951) ya matiza tempranamente la importancia de un bipartidismo para la estabilidad democrática, discusión retomada por au-tores como Scott Mainwaring (1993), que cuestiona la estabilidad democrática de regímenes presidenciales en combinación con sistemas multipartidistas. Mainwaring y Shugart (1997) refuerzan esta idea conectándola con la escasa capacidad de estos sistemas (multipartidistas) para generar incentivos que formen coaliciones ganado-ras que posteriormente se transformen en coaliciones de gobierno estables.

Lo señalado anteriormente supondría para Latinoamérica un cuidado especial al modificar los sistemas electorales, debido a las repercusiones que podría ocasionar en el sis-tema de partidos y la estabilidad política. Pero estudios como el de Daniel Chasquetti (2001) demuestran empíri-camente, al menos de manera parcial, que parte de lo ex-puesto por Mainwaring y Shugart no tiene un asidero al observar la realidad local. Para el autor existen incentivos de tipo estructural e institucional (en sistemas presiden-cialistas con multipartidismo) para que los presidentes busquen apoyos legislativos, como reglas del juego claras para la relación entre el ejecutivo y legislativo, un buen grado de institucionalización de los partidos en la región y una polarización del sistema más bien baja, que permiten concluir que los sistemas de multipartidismo moderado están lejos ocasionar peligros reales para la estabilidad de-mocrática. Es el caso del debate sobre el sistema binominal y la eventual reforma que se encuentra en tramitación.4

LOS EFECTOS DEL SISTEMA BINOMINALEn los análisis sobre los efectos de un sistema electoral, las principales variables que son tomadas en cuenta por la lite-

ratura especializada son: la distribución de las circunscrip-ciones electorales, el tipo de votación, el n° de candidatos, la fórmula matemática, la efectividad de la representación y su nivel de legitimidad (Nohlen, 1995; 2006). Por otra parte, el cuadro general que ha sido diagnosticado por diferentes estudios, en cuanto al sistema binominal, sostiene que:

1) Favorece a los partidos más grandes. Dada las barre-ras de entradas (umbral de votación por partido para mantenerse en las reglas del juego e inscripción de partidos según la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos), el tipo de votación y el n° de candidatos, los partidos más grandes tendrán ma-yor posibilidad de salir electos. En efecto, el sistema favorece la formación de determinados pactos, aun-que no necesariamente su cooperación partidaria (FLACSO, 2006).

2) Polarización moderada. Uno de los efectos que se recalcan por parte de algunos es la conformación de dos grandes bloques que permiten establecer mayores niveles de eficacia gubernamental. De modo tal que el gobierno podrá llevar a cabo la implementación de su programa con mayor éxito en el poder legislativo.

3) No se favorece la competencia entre las mismas coali-ciones. “Una forma de evidenciar la baja competencia que se registra entre compañeros de lista es revisar la diferencia entre los porcentajes de votos (en relación al total de votos válidos de la elección) obtenidos en-tre compañeros de lista” (PNUD, 2014:205)

4) Predictibilidad del resultado. Tanto los electores como los partidos conocen de antemano la posibilidad de que X candidato sea electo, debido al liderazgo personalista, la nominación estratégica -por el capital político que posee- o bien, porque el otro candidato de su misma lista no sea un gran contendor.

5) “Gerrymandering”. El actual mapa electoral fue construido de tal modo que los partidos políticos

4 El sistema binominal rige la selección de los representantes al congreso. Para el senado se estableció 19 circunscripciones mientras que para la cámara de diputados se fijaron 60. Existe posibilidad de pactos electorales a nivel de circunscripción. Las listas contienen un máximo de dos candidatos. El elector tiene un voto para elegir el senado y otro para elegir la cámara de diputados. Vota por candidatos, de modo que la lista es cerrada, pero no bloqueada. Obtienen los dos escaños de cada circunscripción las dos listas más votadas (suma de votos personales), resultan elegidos dentro de cada lista los candidatos más votados. Si una de las listas consigue más del doble de los votos obtenidos por la lista que le sigue en número de votos, obtiene los dos escaños. (Nohlen, 1995:241-242).

16

se vean beneficiados (Pastor, 2004). La lógica del “Gerrymandering” va acompañado de lo que se conoce como “Electoral Engineering”. Es decir, el principio lógico de maximización de utilidad, intentando que el candidato de un partido X sea electo con el menor costo posible.

6) “No doblaje”. La tendencia general de las elecciones en Chile refiere a que salga electo el candidato de la lista A y el candidato de la lista B, disminuyendo la posibilidad de un doblaje.

7) Tiende al aumento de barreras de entradas. Existe un consenso generalizado respecto a que el sistema binominal promueve un sesgo de género, lo cual se traduce en que Chile sea uno de los países con menor porcentaje de cuotas para el acceso al poder. A ello se suma que las posibilidades de los sectores históricamente excluidos se vean mermadas, no pudiendo participar (Valenzuela & Zúñiga, 2014).

8) Igualdad del voto. El efecto provocado por el mapa electoral es una distorsión del voto (malapportion-ment), entendida como la disparidad o disonancia entre la magnitud de la población y el número de escaños (Morales y Navia, 2014).

9) Baja alternancia en el poder. Desde el año 1989 hasta el 2013 la rotación en el poder ha sido baja debido a la predictibilidad del resultado. Esta última variable puede ser síntoma y expresión de una de las tantas causas existentes con respecto a los exiguos niveles de participación política electoral.

CAMBIOS PROPUESTOS AL BINOMINAL, EN UN CONTEXTO REFORMISTALos cambios que supone la reforma al sistema electoral binominal, como bien señala el proyecto presentado en el congreso hace un par de meses, posee características esenciales, a saber, ser moderado e inclusivo. Dicha moderación hace referencia a la distribución variable en cada circunscripción y distrito que se modifique (Boletín N° 9326-07, Cámara de Diputados, 2014). La inclusión en tanto, hace alusión a cambios como: la fórmula N+1 para determinar los candidatos presentes en cada zona (correspondiente a una indicación aprobada en la votación en general en la cámara); ley de cuotas y los incentivos a los

partidos políticos para asegurar la permanencia de mujeres en la composición del Congreso; y también “la actualización, cada 10 años, de la asignación de los 155 diputados, de acuerdo a la población de cada distrito, según el último censo del INE” (Cádiz y Álvarez, 2014).

La moderación con que se define la reforma ha dejado abierto el cuestionamiento y el debate sobre los reales al-cances que tendría para los actores políticos y la incerti-dumbre sobre el futuro de los candidatos. Que un distrito o circunscripción tenga a disposición más cantidad escaños, ha sido una bandera de lucha, sobre todo en los represen-tantes de las zonas extremas. Lo mismo ocurre con temas como la ley de cuotas en el caso de primarias; los subpac-tos o el costo monetario de la propuesta del Gobierno.

En ese sentido, una reforma, para ser tratada de esa manera, debe contener cambios que procuren innovación, para así, en el mejor de los casos, provocar una mejora sustantiva en el hecho o evento por el que vela la ley. Es precisamente dicho punto el que sustenta el presente artículo y sus interrogantes, ¿sugiere la reforma electoral un cambio tal, que anule los efectos del actual sistema binominal? Entendiendo por ello, los mencionados en el punto 3.

Al proyecto, que ya fue despachado por la Cámara de Diputados y aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, sólo le resta comenzar su discusión en sala, lo que implicaría realizar negociaciones con las distintas facciones políticas para lograr un acuerdo amplio y poder aprobar la reforma sin inconvenientes que luego se conviertan en un dolor de cabeza para el oficialismo.

El presente estudio es, en primera instancia exploratorio, porque busca aproximar a los alcances de la reforma elec-toral y vislumbrar el impacto de la misma en el sistema de partidos. En este sentido, el eje central es simular la com-posición del Congreso con la reforma; y a su vez el estu-dio es descriptivo, porque busca dar cuenta de cómo se estructurará el Congreso con las actuales fuerzas políticas del país, una vez en marcha la reforma al sistema binomi-nal, que dicho sea de paso, busca reemplazar el actual mo-delo por uno proporcional moderado.

En ese sentido, el presente estudio toma el caso de la última elección parlamentaria (2013), para realizar la simu-lación con las modificaciones de la reforma propuesta. Eso

17

sí, no considerando aspectos que se escapan al ejercicio propiamente tal, como la ley de cuotas o los subpactos que podrían entrar en vigencia (una vez discutido esos puntos en el Senado). Por lo que se podría afirmar que éste se atiene al ceteris paribus. Es decir, todo lo demás, a excepción de los escaños a llenar, se mantiene constan-te. En definitiva, la interrogante planteada refiere a cuál habría sido la conformación del Congreso en las últimas elecciones si se hubiese aplicado la reforma, consideran-do el mismo Método D’hondt y redistritaje expuesto en el proyecto de ley.

Los resultados del ejercicio realizado, en primer lugar, de-muestran que bajo este proyecto las listas que engloban a las coaliciones tradicionales (Nueva Mayoría y Alianza) tienen mayores probabilidades de conseguir candidatos electos, debido al caudal de votos que reciben en compa-ración a las listas de pactos o partidos más pequeñas (Pro + Liberales, Partido Humanista, PRI, Nueva Constitución para Chile). Esto ocurre debido a que la fórmula matemá-tica, para calcular la cantidad de escaños que se asignan a cada lista, premia a la lista por sobre el candidato, pro-vocando que las fuerzas políticas normalmente margina-das del Congreso lo sigan estando. El umbral de entrada al Congreso, por lo tanto, disminuye para las coaliciones tradicionales y, en desmedro de lo que se quiere conseguir con la reforma, el status quo varía de forma marginal para las listas de pactos o partidos más pequeños.

Ello hace cuestionar la prevalencia del fenómeno de arras-tre, que implica que una de las coaliciones tradicionales obtenga los mismos escaños que lograría sin reforma, más alguno adicional con menor votación que sus contrincan-tes con mayor votación. Según el ejercicio, el fenómeno ocurriría en los –nuevos- distritos N° 2 (Favoreciendo a Liendo de la Nueva Mayoría); N° 4 (Favoreciendo a Robles de la Nueva Mayoría); N° 5 (Favoreciendo a Insunza de la Nueva Mayoría en desmedro de Velásquez del PRI); N° 6 (Favoreciendo a Longton de la Alianza en vez de Cerda de la Nueva Mayoría) y N° 26 (Favoreciendo a Pineda de la Nueva Mayoría y no a Aburto del PRI, o a Valenzuela de Si tú quieres Chile cambia).

La composición de la Cámara de Diputados en cuanto a porcentaje de escaños que ostentan las coaliciones o pactos, bajo este ejercicio, queda resumido en la siguiente tabla comparativa:

Binominal

Escaños

% en el Congreso

% en el Congreso

Escaños

Reforma

Nueva Mayoría

11

61,1

63

17

Nueva Mayoría

Alianza

6

33,3

33,3

9

Alianza

Independientes

1

5,6

3,7

1

Independientes

Fuente: Elaboración Propia

Binominal

Escaños

% en el Congreso

% en el Congreso

Escaños

Reforma

Nueva Mayoría

67

55,8

56,1

87

Nueva Mayoría

Alianza

49

40,8

40,0

62

Alianza

STQCC*

1

0,8

1,9

3

STQCC*

Independientes

3

2,5

1,9

3

Independientes

* Pacto Si tú quieres, Chile CambiaFuente: Elaboración Propia

Con el aumento de escaños en la Cámara de Diputados, los porcentajes por bancada tenderán a variar. Eso explica que todos los pactos sufran una variación marginal (menor a 1%) en cuanto a representación en la Cámara. Aumentarían su representación la Nueva Mayoría y “Si tú quieres, Chile cam-bia”; la Alianza y los Independientes bajarían. Los cambios más notorios en la composición de la Cámara se deben al escaño que entraría a utilizar Marisela Santibáñez, del PRO. También, asumiría Camilo Lagos del mismo partido (porque en este ejercicio la Nueva mayoría ganaría 5 escaños, pero sólo presentó 4 candidatos, quedando disponible un cupo).

Con respecto a la composición del Senado, éste quedaría de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para el ejercicio sólo se utilizó la información de senadores que se renovaron:

Comparando la cantidad de escaños ganados en forma proporcional con y sin la aplicación de la reforma, para medir las variaciones porcentuales en la composición del Senado, los resultados muestran que no hay una cambio relevante para las dos coaliciones más grandes,

18

exceptuando que la representación de Bianchi, el único independiente electo, se reduce un 2,1%, debido a que el aumento del total de escaños parciales del Senado (en el ejercicio a 27) beneficia a las coaliciones consolidadas, es decir, Nueva Mayoría y Alianza.

CONCLUSIÓN

Se puede afirmar, a modo de conclusión, que la reforma al sistema electoral binominal tiende a replicar alguno de

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los efectos del actual sistema, a saber, favorecería a las coaliciones más grandes, en este caso la Alianza y la Nue-va Mayoría (que saldría mejor posicionada), y la predic-tibilidad del voto, ya que según como está planteada la reforma, los incumbentes no sufrirían la perdida de sus escaños, y sólo afectaría a los que se enfrentasen a la elec-ción por primera vez. Asimismo, existiría todavía, una baja alternancia en el poder, a no ser de que, con la introduc-ción de subpactos, las coaliciones se reestructuren de for-ma diferente a la actual.

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C O L U M N A S

Durante el transcurso del presente milenio se nos ha hecho un llamado a tomar conciencia, a reafirmar, am-pliar y a difundir un compromiso con el fortalecimien-to de toda protección constitucional que deben gozar los pueblos originarios y sus derechos esenciales.

A raíz de lo anterior, han sido varios los intentos por incorporar el reconocimiento de los pueblos origi-narios y sus derechos fundamentales en el texto de la actual Carta Fundamental, pero lamentablemente ninguno de ellos ha logrado el consenso necesario.

Por otra parte, quiero apuntar que el tema “pendien-te” es un reconocimiento explícito en la Constitución, puesto que la Carta Fundamental, como sabemos, por la vía del artículo 5 inciso segundo incorpora al Derecho doméstico el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en materia de los pueblos originarios y sus derechos ha logrado un significativo avance. Ejemplo de lo anterior, es el Convenio N° 169 de la OIT que entró en vigencia el 15 de septiembre del año 2009.

Ahora, ¿Cuál es la necesidad de que se reconozca ex-presamente a los pueblos originarios en la Constitu-ción Política de la República?

Me parece que la necesidad del reconocimiento cons-titucional de los pueblos originarios radica en la obli-gación que tenemos como sociedad de asegurar la existencia y continuidad de estos pueblos y la forma-

Un reconocimiento institucional explícito de los pueblos originarios: un tema pendiente

ción de la identidad de cada uno de sus miembros, pues son parte fundamental de nuestra historia y cul-tura, y que en consecuencia, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por preservarlos.

Además, en nuestro país no ha existido y no existe un reconocimiento de jerarquía constitucional de los pueblos originario como sucede en otros países lati-noamericanos, es más, ninguna Carta Fundamental ha previsto siquiera la existencia de ellos.

Por último, me atrevo a señalar que la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos origi-narios es una exigencia de justicia correctiva – en el sentido de que hubo daños inmerecidos que es nece-sario reparar -, y de justicia política, y que radican en la obligación de asegurar su permanencia y continui-dad en la vida nacional.

Por José López1

1 Estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad de Talca. e-mail: joselopezuc@gmail.com

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La cita del evangelio es conocida. Jesús, confrontado por los fariseos y maestros de la ley, es consultado acerca de que si los hebreos deben o no pagar los impuestos a Roma. El hijo de Dios, en una de sus alocuciones más recordadas, enseña una moneda y pide que le digan de quién es la cara forjada en ella. Los presentes indican que es la cara de César, y entonces, con una esponta-neidad inesperada para una audiencia tan selecta, Cristo responde: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.

Lo anterior nos ilustra acerca de cómo desde los tiem-pos bíblicos, los entendidos en el Derecho y la ley han buscado los rincones más inhóspitos de las normas vi-gentes para tratar de no darle tanto de lo suyo al César. Imaginemos por un momento que hoy, los estudios ju-rídicos más prestigiosos de la plaza, se acercan a Jesús para pedirle que evacúe un informe en derecho acerca de los alcances de la nueva reforma tributaria, junto con solicitar algunas recomendaciones para aprovechar los últimos años de existencia del FUT (fondo de utilidades tributarias), e incluso, una opinión consultiva acerca de nuevos lugares donde invertir el capital. Al parecer, la respuesta sencilla y directa dada hace dos mil años si-gue siendo plenamente vigente, ya que es un llamado a la honestidad y legalidad al momento de pagar los tributos y todas las demás acciones complementarias a tal ejercicio. No obstante, es válido que nos planteemos ciertas preguntas al respecto, como por ejemplo ¿Quién es el César realmente? ¿Se ha pronunciado sobre el uso de los dineros fiscales? ¿Qué pasaría si no se utiliza lo recaudado para lo prometido por él?

Las alegorías y comparaciones no resultan mayormente complejas, es claro que en la actualidad el César es el Estado, particularmente, su cara patrimonial visible: el Fisco. En un año caracterizado por anuncios de grandes

Año de Reformas: ¿Al Estado lo que es del Estado?

reformas, contemplamos de manera especial el desa-rrollo de ellas, y de cómo han ido menguando y trans-formando sus objetivos paulatinamente. Como muestra está la discusión planteada por la reforma tributaria, ya que en al comienzo, se alzó como un estandarte de com-bate para dar respuesta acerca de cómo se financiaría la propuesta de educación gratuita; paralelamente se presenta otra gran reforma que supondría un cambio sustancial en educación y carrera docente. Luego, tras las discusiones parlamentarias de rigor, no quedó muy claro en qué se ocuparían las nuevas recaudaciones ob-tenidas de la reforma tributaria, lo que (entendámoslo o no), trajo diversos matices a la discusión en educación. Al día de hoy lo único claro, es que en materia de tri-butos, bastaba con normar y fiscalizar de manera más eficiente las irregularidades cometidas con el FUT; y en educación, al parecer era más oportuno y eficaz comen-zar la reforma desde las bases, y no desde el objeto final de la misma, esto es, dar dignidad, prestigio, y calidad a la carrera docente.

En un año de reformas tan sustanciales, preguntarse si es válido o no dar al Estado lo que le corresponde, supo-ne al igual que hace dos mil años, un compromiso con la honestidad. Donde podamos reflexionar acerca de las consecuencias de lo que actualmente estamos refor-mando, ya que realizar grandes cambios sin plantearse su impacto al largo plazo, sólo debilita las instituciones existentes, y asegura popularidad y continuidad al movi-miento político de turno en el gobierno. Quizás entender a cabalidad esta situación, sea la más grande de todas las reformas que actualmente se discuten.

Por Felipe Godoy Veas1

1 Estudiante de quinto año diurno de la carrera de Derecho, Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: felipe.magno@gmail.com

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Agradecemos la colaboración y apoyo brindado

para este número, al Ministerio de Educación,

quien a través de sus fondos concursables ha

financiado parte de la presente edición; a la

Universidad Bernardo O’Higgins, por su apoyo

durante el desarrollo del proyecto; y de manera

especial, agradecer a todos los alumnos(as) que

hacen existir esta revista con sus publicaciones.

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