revista hechos 59
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Revista Hechos 59TRANSCRIPT
Con el auspicio de:
Asdi
Una publicación de:
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Año 7
Abril - Mayo de 2011
ISSN 2027-5048
Número 59Número 59
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• Hechos de Paz
Bruno Moro Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Pnud
Año 7, N° 59, Abril - Mayo de 2011 issn 2027-5048
Bruno Moro Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Pnud
Alessandro Preti Coordinador del Área de Paz,
Desarrollo y Reconciliación - Pnud
Dirección, edición y redacción Olga González Reyes
AgradecimientosPastor Viviescas Gómez
Emiro Marín Carvajal/InforienteAlexis Forero
Borja Paladini AdellDarío VillafañeLuisz Olmedo
Gabriela Díaz MontealegreDefensoría del Pueblo
Fiscalía General de la NaciónEquipos áreas de Gobernabilidad y
de Pobreza y Desarrollo Sostenible/ Pnud
Onu Mujer
unicef Acnur
OAcnudh
Página WebJavier Augusto Núñez
Reconocimiento especial Dirección de Prevención de Crisis
y Recuperación del pnud, Nueva York
Diseño, impresión y acabados Impresol: (1)2508244
www.impresolediciones.com
Revista Hechos de PazAvenida 82 N° 10-62, Piso 3,
Bogotá, Colombia Teléfono: (57-1) 4889000 ext 172
http://hechosdepaz.pnudcolombia.org
Comentarios: [email protected]
Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones
del pnud, su junta directiva, ni los Estados miembros.
editorial
Los infaltables en las agendas electorales
Una de las debilidades de las democracias de América Latina es el divorcio
que sigue existiendo entre la representación política y la participación ciu-
dadana. Hay ciudadanos que no se sienten respaldados por quienes dicen
ser sus representantes. Ciudadanos que no votan o no participan porque
dudan de que eso tenga algún impacto en sus vidas. Ciudadanos que
sienten que sus opiniones no son tenidas en cuenta por las autoridades locales y nacionales.
Ciudadanos que no ven incluidas en las agendas de partidos y políticos soluciones para sus
necesidades y preocupaciones. Ciudadanos cansados de los altos niveles de corrupción y
de clientelismo en sus territorios. Ciudadanos como mujeres, indígenas y afrocolombianos
excluidos de espacios. Ciudadanos que, en últimas, han perdido la confianza.
Y recuperarla es una tarea que contribuirá a fortalecer la democracia y, por lo tanto, a
superar ese déficit de representación que se siente en muchas regiones de Colombia, y
no solo de Colombia.
Nuestra democracia, un informe realizado después de analizar las democracias en 18
países de la región y que próximamente el Pnud y la Oea presentaremos en Colombia,
revela que uno de los desafíos de la región es contrarrestar la crisis de representación que
se presenta y que está debilitando las democracias.
Un paso en la recuperación de la confianza está también en las manos de los partidos y
movimientos políticos y en los candidatos y las candidatas que aspiran a ser elegidos en
los comicios de octubre. Muchos de ellos ya están presentando las primeras ideas de lo
que serán sus agendas programáticas. ¿Qué le ofrecerán a la ciudadanía?
Hay unos temas que no pueden faltar en esas agendas de partidos y aspirantes según lo
que han manifestado diferentes ciudadanos, sectores sociales y organizaciones.
Muchos colombianos irán a las urnas para votar por quien tenga las mejores propuestas
para impulsar la paz y la reconciliación teniendo en cuenta que aspiran a vivir en un
ambiente seguro y de convivencia; que exigen que les garanticen sus derechos humanos,
incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; que esperan acciones con-
cretas para prevenir que sus hijos sean reclutados por grupos armados o sean víctimas
de minas antipersonal y municiones sin explotar; y que añoran que los nuevos gober-
nantes trabajen de manera integral para alcanzar la seguridad ciudadana.
Otros ciudadanos le darán su confianza a quienes se comprometan con iniciativas para
reducir la pobreza y la desigualdad, respondan a sus problemas sociales y asuman un de-
sarrollo sostenible, y a quienes propongan una agenda de desarrollo orientada a incluir,
en todos los niveles, a los pobladores rurales. Un énfasis especial le darán a las propues-
tas de desarrollo rural y a aquellas iniciativas para que las víctimas recuperen sus tierras
arrebatadas por los ilegales y tengan soluciones duraderas.
Propuestas concretas sobre estas problemáticas, con perspectivas de género y enfoque diferen-
cial, son prioritarias para los colombianos y las colombianas y sin duda definirán en conciencia
el destino de su voto. Y asimismo lo determinarán las propuestas encaminadas a fortalecer la
gobernabilidad local. Es seguro que el ciudadano votará por quien asuma una gestión trans-
parente y eficiente, asuma la la gestión del riesgo como una prioridad, le dé mayor represen-
tación a la mujer, se comprometa a fortalecer la participación ciudadana y las capacidades
institucionales y sociales y tenga como eje central a poblaciones históricamente excluidas.
Esta revista presenta algunos temas y enfoques que no pueden estar ausentes en las
agendas programáticas de las próximas elecciones y que en la urna, sin ninguna clase de
presión o coacción, definirán el voto ciudadano. Ojalá que muchos partidos, candidatos
y candidatas los incluyan en sus agendas… y que los cumplan.
Este es un aporte del Pnud, el cual hace parte de su estrategia para ayudar en Colombia a
fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática durante los periodos electoral
y de transición entre las administraciones territoriales.
Asdi
Hechos de Paz •
cartas de los lectores
agenda de paz
En defensa de la Constitución y la tutelaEntidades gubernamentales, sindicatos, organizaciones sociales
por la defensa de los derechos humanos y universidades de Colom-
bia, entre otros, vienen impulsando un proceso para defender la
Constitución de 1991 y la acción de tutela, instrumento decisivo en
la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para
celebrar los 20 años de la Constitución, están preparando el Primer
encuentro nacional de beneficiarios y defensores de la tutela; la Cons-
titución 20 años construyendo la nación “que redundará en la reivin-
dicación de los derechos humanos, políticos, sociales y culturales de
todas y todos los colombianos para propiciar nuevas búsquedas que
orienten perspectivas de trasformación en aras del fortalecimiento
del Estado Social de Derecho”, dicen los convocantes.
Desafíos frente a las bandas criminalesLos desafíos del Estado frente a las Bandas Criminales es el nom-
bre del panel que se realizará el 1 de abril en el Congreso. Tres serán
los temas de análisis: “La dinámica, ubicación y estructuras de las
bandas criminales”, a cargo de León Valencia, director de la Corpora-
ción; “La lucha contra las bandas criminales en Colombia, una tarea
pendiente”, por Armando Benedetti, presidente del Senado y “El
reto del Estado frente a las bandas criminales”, exposición que hará
Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia.
Desde CorintoLes reitero mis agradecimientos por el envío de la revista y mis
felicitaciones por tan excelente publicación. Yo entrego la revista a
líderes de las organizaciones sociales locales y funcionarios claves
del municipio, considerando que Corinto es un municipio de alto
conflicto armado y fuerte presencia del narcotráfico.
Jorge Eliécer Sterling,
Director de Núcleo Educativo de Corinto, Cauca
De la UniversidadLe agradezco de corazón que me envíe el último número de
“Hechos de Paz”, publicación que sigo con cuidado (cuando logro
conseguirla en el Externado). Felicitaciones, es un esfuerzo valiosí-
simo que llena vacíos de información y, sobre todo, aporta criterios
sustanciales de análisis.
Cristina de la Torre
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“Solo cuando las mujeres participen plenamente y en pie de igualdad en todos los sectores de la vida pública y privada podremos esperar tener la sociedad sostenible, pacífica y justa”.
Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas
Los temas que no pueden faltar en agendas de partidos y aspirantes 4
Una agenda para el fortalecimiento
democrático en América Latina 5
Las víctimas, la prioridad 7
Desplazamiento: hora de soluciones 10
La seguridad ciudadana: tema obligado 12
Reintegración con enfoque comunitario 13
Por una educación en derechos humanos 14
Desaparición forzada: un realidad dolorosa por revelar 16
Devolviéndoles la identidad a los NN 17
Armas contra la contaminación por armas 19
Invertir en infancia y adolescencia es invertir en el desarrollo 20
Candidatas y perspectiva de género en las campañas 21
Hacia el desarrollo rural con el campesinado 23
Objetivos del Milenio: una apuesta contra la pobreza 24
Gobernar también es anticiparse 25
¡A fortalecer la gobernabilidad democrática! 26
Un compromiso explícito por la participación ciudadana 27
• Hechos de Paz
Se definieron las reglas de juego
y ahora el turno es para las
propuestas.
En diciembre, el Congreso le
dio vía libre a la ley estatutaria
que reglamenta la reforma política apro-
bada en 2009. La nueva norma regula las
campañas electorales y las sanciones para
los partidos políticos, reglamenta las figuras
de la pérdida del cargo y crea la Unidad
Nacional de Delitos contra los mecanismos
de participación democrática, entre otras.
Con las nuevas medidas se espera que
las elecciones sean mucho más transparen-
tes. Y que esto se refleje en los comicios del
próximo 30 de octubre cuando se elegirán
alcaldes, gobernadores, concejos, asam-
bleas y juntas administradoras locales.
Definidas las reglas de juego, llegó el
momento de centrar la atención en las
agendas programáticas de los partidos,
movimientos políticos y de sus candidatos y
candidatas. Así lo están reclamando líderes,
organizaciones de derechos humanos, vícti-
mas del conflicto, académicos y medios de
comunicación.
En este momento en el que la apatía
de la ciudadanía se ha convertido en uno
de los graves problemas de las democra-
cias de América Latina, como lo revela
el informe Nuestra Democracia (ver Una
agenda para el fortalecimiento democráti-
co en América Latina), este proceso previo
a las elecciones es una oportunidad para
empezar a superar ese divorcio entre ciu-
dadanía y representación política. Y los
partidos y movimientos, que actualmente
están definiendo sus candidatos y candi-
datas, tienen una herramienta hacia esa
dirección: sus programas o propuestas
electorales, que ya empezaron a construir.
Como un aporte en ese sentido y te-
niendo en cuenta la voz de las regiones,
organizaciones sociales, líderes y expertos,
esta edición especial de Hechos de Paz está
dedicada a examinar los temas que no pue-
den faltar en las agendas programáticas de
los futuros gobernantes.
Muchos ciudadanos esperan definir su
voto a conciencia y según las propuestas
de los aspirantes en temas que son parte
de su vida cotidiana: cómo lograr la paz
y la reconciliación, cómo responderles
de manera integral a las víctimas, cómo
fortalecer la gobernabilidad local y la
participación ciudadana, cómo reducir la
pobreza y lograr un desarrollo sostenible
y duradero. Para algunas poblaciones del
país, es prioritario que los programas ten-
gan además un enfoque de género y, de
manera especial, un enfoque diferencial,
dice la indígena wayuu Deris Paz.
Esta revista temática espera ser una
guía que ayude a orientar la construcción de
esos programas y ser un instrumento para
que la ciudadanía se pronuncie y participe
activamente, antes y en las elecciones del
30 de octubre. Como señaló una víctima del
conflicto, “por tus propuestas, te conoceré”.
Los temas que no pueden faltar en agendas de partidos y aspirantes
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Hechos de Paz •
Una agenda para el fortalecimiento democrático en América Latina
proyecto, Dante Caputo (Oea), politólogo
y ex canciller argentino, y José Antonio
Ocampo (Pnud), economista y ex ministro
de Hacienda colombiano.
Este nuevo informe, que en Colombia se
dará a conocer durante el primer semestre
de este año, analiza las democracias en
18 países de la región y ofrece propuestas
para mejorar los resultados de los gobier-
nos en materia política y económica.
“A pesar de que las democracias en
América Latina han vivido el periodo más
prolongado de regímenes democráticos,
siguen existiendo problemas de cali-
dad en nuestras democracias”,
afirma Heraldo Muñoz, direc-
tor regional para América La-
tina y el Caribe del Pnud, en
la presentación del informe.
En el informe, dice
Muñoz, se precisa que “es
necesario impulsar una
cuarta ola de democratización
para mejorar la capacidad del
Estado, fortalecer el Estado de
Derecho, expandir la ciudadanía y
disminuir la desigualdad, así como
para combatir la informalidad y la
corrupción construyendo institucio-
nalidad”.
Según el documento, las demo-
cracias latinoamericanas deben hacer
frente a tres desafíos para el ejercicio
democrático del poder: a) articular
nuevas formas de participación
política para contrarrestar la
crisis de representación; b) forta-
lecer la organización republicana
del Estado, es decir, la inde-
pendencia de los poderes, su
control mutuo y las instancias
de rendición de cuentas, y c)
incrementar el poder político
real del Estado, su capacidad
para ejercer sus funciones:
desde la más clásica, la de
mantener el monopolio del
uso (legítimo) de la fuerza
dentro del territorio,
hasta las más innovado-
La democracia es ciudadanía.
Concebida de esta forma, la de-
mocracia no debe limitarse a la
elección de candidatos, aunque
el régimen electoral sea uno de
sus elementos fundamentales. Bajo esa mi-
rada, la democracia entiende al ciudadano
no solo como un sujeto elector, sino como
un sujeto empoderado, capaz de construir lo
público a partir de su participación, con de-
rechos y deberes expandidos en los campos
político, civil y social. Además, procura un
“Estado capaz de garantizar y promover los
derechos, un Estado de y para una Nación de
ciudadanos”1.
Estas premisas, que han motivado la
acción del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo en su línea de gober-
nabilidad democrática, fueron también
los pilares en los que se edificó el primer
informe La democracia en América Latina:
hacia una democracia de ciudadanas y
ciudadanos, presentado en 2004. Así nace
la preocupación por contribuir al fortale-
cimiento democrático tratando de zanjar
la brecha que existe entre democracia y
representatividad, manifestada por los
ciudadanos latinoamericanos, quienes por
un lado defienden el régimen democrático,
pero al mismo tiempo desaprueban las
instituciones que los representan.
Se quiere a la democracia, pero no a sus
instituciones. Lo anterior es sin duda una
paradoja que debe ser atendida y resuel-
ta eficientemente, pues la apatía de la
ciudadanía hacia la participación, que esta
paradoja puede provocar, es sin duda uno
de los graves problemas que atraviesan las
democracias en América Latina.
Seis años después de ese primer infor-
me, uno nuevo se produce bajo el nombre
Nuestra democracia, que retoma estos
debates para medirle el pulso una vez más
a la democracia en América Latina. En esta
oportunidad, el informe es acompañado
por la Organización de Estados America-
nos (Oea), en cabeza de los directores de
1 La democracia de ciudadanía: una agenda para la
construcción de ciudadanía en América Latina (2009).
PNUD y OEA.
ras, resultantes de la redefinición y actua-
lización del papel del Estado democrático,
que consiste en transformar los derechos
de la ciudadanía en realidades cotidianas
vividas por los ciudadanos reales. Estos
son los tres déficits que el informe encuen-
tra en las democracias de América Latina:
crisis de representación, debilidades de los
controles y contrapesos y la estatalidad,
tres grandes temas que no están siendo
suficientemente debatidos en la región.
“Uno de los principales aportes de este in-
forme es que se compromete sin tapujos con forme es que se compromete sin tapujos con
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• Hechos de Paz
el ciudadano, con la visión del ciudadano
como agente de cambio y que es capaz de
darle a una serie de variables macroeco-
nómicas sobre desarrollo una posibilidad
de diagnosticarse como problemas polí-
ticos”, asegura Gabriel Murillo, politólogo
colombiano y uno de los expertos que
participó en el debate que sobre el tema
se realizó en Colombia en febrero de 2010.
Tres políticas públicas para superar los déficits
¿Qué hacer para resolver los déficits de
las democracias latinoamericanas? ¿Cómo
asegurar una mayor calidad de sus demo-
cracias? Para responder a estas preguntas,
el informe propone priorizar tres áreas de
políticas públicas: la fiscalidad, la exclu-
sión social y la seguridad pública. “Estas
políticas representan una visión integral
para canalizar recursos científicos y ana-
lítico-críticos que fusionan la economía
con la política para fortalecer el ejercicio
del poder formal”, resume Murillo.
La primera área de política pública
hace referencia a una nueva fiscalidad,
concebida como instrumento para equi-
librar los poderes económicos y políticos,
y entendidos los tributos como cuestión
central para el sostenimiento de la demo-
cracia. En esta materia, asegura el infor-
me, los retos para la región son dobles:
disminuir la dependencia de los tributos
indirectos y, a la vez, mantener o aumentar
el recaudo fiscal.
La segunda se refiere a políticas que
combatan la exclusión social. Las sociedades
altamente desiguales, como las latinoame-
ricanas, tienden a generar instituciones en
la que los excluidos tienen una voz que es
más débil y por fuera de los ámbitos polí-
ticos. El informe propone principios como
la universalidad de las políticas sociales y
la formalización del mercado de trabajo, a
través de los cuales se pueden fundamentar
estas políticas.
Y, finalmente, uno de los problemas que
más inquietan a la ciudadanía es la inseguri-
dad pública, que podría provocar un dete-
rioro del apoyo ciudadano a las instituciones
democráticas. Partiendo de reconocer que
no existen soluciones mágicas, el informe
busca opciones al “garantismo extremo” y a
la “mano dura”, es decir, soluciones que res-
tauren la legalidad, al tiempo que preserven
los derechos de todos los ciudadanos.
Estos déficits fueron identificados en el
proceso democrático y dialéctico que se
cumplió para elaborar Nuestra democracia,
ya que a partir de una amplia diversidad de
disciplinas y miradas, el informe promovió
debates en Río de Janeiro (Brasil), Madrid
(España), Asunción (Paraguay), Ciudad de
Guatemala (Guatemala), Ciudad de Panamá
(Panamá), Montevideo (Uruguay), Bogotá
(Colombia), La Paz (Bolivia), San Salvador
(Salvador), México D.F. (México) y Santiago
de Chile (Chile), los cuales se efectuaron
desde diciembre de 2008 hasta abril de 2010.
Al igual que el informe de 2004, Nuestra
democracia es una pauta, un referente para
comprender el desarrollo de la democracia
en América Latina, analizar sus proble-
mas y buscar salidas. “En últimas, estos
informes nos ayudan a tener un sentido de
región”, dice Gabriel Murillo, pues aunque
las diferencias y particularidades entre los
países son marcadas, también es cierto que
en el fondo subyacen problemas comunes
que afectan tanto a la democracia como a la
relación de sus ciudadanos con ella.
Como lo señala el informe, “el desarrollo
democrático en América Latina continúa,
mientras sus dilemas e interrogantes se
transforman”.
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En sociedades altamente desiguales, como las latinoamericanas, los excluidos tienen una voz que es más débil, lo que exige políticas contra dicha exclusión social.
“Crisis de representación, debilidades de los controles y contrapesos y la estatalidad son tres déficits de las democracias de América Latina”.
Hechos de Paz •
Las víctimas, la prioridaden programa dirigidos a las mujeres y que favorezcan a madres
wayuu y madres occidentales”, propone Deris Paz, coordinado-
ra en derechos humanos de la organización Fuerza de Mujeres
Wayuu.
• “Es prioritario el acompañamiento jurídico para la atención a las
víctimas en sus procesos relacionados con la búsqueda de la ver-
dad, la justicia y la reparación y promover equipos sicojurídicos
en los que participen abogados, trabajadores sociales y sicólogos,
entre otros, para que brinden un acompañamiento y asistencia
técnica para la participación plena y efectiva de las víctimas en los
procesos de verdad, justicia y reparación, incluyendo los casos de
violencia sexual en el marco del conflicto”, dice Ingrid Ospino, de
IMP Cesar. Los nuevos gobernantes podrían apoyar procesos que
lideran universidades y ONG a través de consultorios jurídicos.
“Necesitamos que haya una justicia real que le llegue a las vícti-
mas. Eso hay que facilitarlo. Por eso, se requiere que las nuevas
autoridades garanticen el acceso de las víctimas a la justicia y
que conviertan en prioridad la defensa de sus derechos”, señala
Eduardo Carreño, integrante del Movimiento víctimas de críme-
nes de Estado (Movice).
• Brindar una atención sicosocial a las víctimas a través de progra-
mas o unidades especiales manejadas por profesionales y en los
que se evidencie una articulación entre las diferentes entidades
institucionales. Es prioridad que luego de una caracterización de
la población y de las capacidades locales, se avance en rutas de
atención sicosocial, en la capacitación a funcionarios públicos y
en trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil.
• Promover la construcción de la memoria histórica. Es una exi-
gencia de las organizaciones y de víctimas, quienes consideran
que este es un mecanismo para lograr la verdad y, por lo tanto,
alcanzar la reconciliación y la convivencia.
• Poner en marcha una estrategia de atención a la población des-
plazada, que incluya fortalecer las entidades locales, formular y
poner a funcionar el Plan Integral Único (PIU) y tener rutas de
atención. Asimismo, los nuevos alcaldes y gobernadores podrían
crear una mesa de seguimiento al auto 092 de la Corte Constitucio-
nal para revisar el cumplimiento de los derechos de esta población
(ver Desplazamiento, hora de soluciones).
Un plan de atención integral para las víctimas y la
implementación de la nueva ley de víctimas, que
actualmente se estudia en el Congreso, son dos de
las prioridades que víctimas de diferentes regiones
del país, organizaciones sociales, líderes y acadé-
micos recomiendan que aparezca –y resaltado- en los programas de
partidos y quienes serán candidatos en las elecciones de octubre.
Un plan de este tipo teniendo en cuenta la legislación colombiana
y los parámetros internacionales –y claro, su cumplimiento por parte
de los futuros gobernantes- contribuiría en cada región del país a
garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas. Darles solución a los problemas que enfrentan las víctimas
exige tener en cuenta varios aspectos, entre ellos:
• La creación o promoción de espacios para que las víctimas, or-
ganizaciones sociales, autoridades locales y nacionales se sien-
ten a buscar consensos y respuestas a las demandas y necesida-
des de las víctimas. Ya hay esfuerzos en ese sentido, por ejemplo
el Programa departamental de atención integral a víctimas del
conflicto y reintegración comunitaria del Cesar (Pavirec). Tam-
bién experiencias exitosas con la creación de consejos munici-
pales de convivencia, paz y derechos humanos, una herramienta
que muchos nuevos gobernantes podrían poner en marcha.
• El apoyo o promoción de espacios de atención integral de víc-
timas. En Sincelejo, por ejemplo, hace unas semanas se inau-
guró la Unidad Integral de Atención a Víctimas de la Violencia
Sociopolítica, una iniciativa social liderada por la Corporación
Educativa del Caribe con la participación de organizaciones de
víctimas. Esfuerzos de este tipo deberían ser tenidos en cuenta
por los próximos mandatarios locales.
• El impulso a la coordinación interinstitucional en municipios y
departamentos y con las entidades nacionales para que la aten-
ción a las víctimas sea más eficiente y ágil, para facilitar la res-
puesta oportuna a sus requerimientos y para que se dé un real
seguimiento y acompañamiento a sus procesos y situaciones.
• Tener en cuenta en la atención a las víctimas el enfoque dife-
rencial. Por ejemplo, en la Guajira, los pueblos wayuu le piden
a los nuevos candidatos “que tengan en cuenta la cosmovisión
indígena en sus políticas y programas. Que este enfoque se vea ©
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Las víctimas a quienes les han arrebatado sus tierras deben ser el centro de políticas y programas de las autoridades para garantizarles sus derechos.
• Hechos de Paz
• Adoptar medidas de protección a las víctimas, que consideren
evaluaciones del nivel de riesgo y amenazas contra los derechos
fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la segu-
ridad personal. Existe el programa nacional de atención a vícti-
mas y testigos, pero hay que garantizar que dicha política tenga
una aplicación local. “Actualmente una persona es amenazada
y se demoran meses mientras las autoridades responden. En las
agendas este tema debería ser prioritario. Y se tendrían que in-
cluir acciones integrales con presupuesto para que la protección
se dé en máximo 48 horas y no consista en un pasaje, sino que
incluya atención a la familia y apoyo en soluciones duraderas”,
dice Giovani Pérez, de Pastoral Social Riohacha, Guajira.
• El liderazgo en este tema por parte de las
autoridades locales también debería cen-
trarse en el trabajo con la Policía Nacional.
“A la primera institución a la que acuden
las víctimas cuando algo ocurre es a la Poli-
cía Nacional. Por eso, los alcaldes y gober-
nadores deberían comprometerse con que la Policía cumpla su
función de manera rápida y transparente”, señala Ospino.
• Promover acciones concretas, en articulación con las autorida-
des nacionales, para que las víctimas a quienes les robaron sus
tierras las puedan recuperar, reciban reparación, alcancen la
justicia y logren la verdad de lo ocurrido (ver Hacia el desarro-
llo rural con el campesinado).
Implementación de la ley de víctimasCon la futura ley de víctimas, que actualmente se estudia en el Con-
greso, las próximas autoridades locales tendrán que trabajar de manera
articulada con el Gobierno nacional y asumir importantes responsabi-
lidades para responderles a las víctimas. La Fundación Social, que le ha
hecho seguimiento a la discusión del articulado en el Congreso, sugiere
tener en cuenta varios artículos de la ley, algunos tienen que ver con los
temas mencionados anteriormente y otros se refieren a nuevas com-
petencias y responsabilidades para las autoridades. Estos son algunos
temas –y sus artículos– de acuerdo con la ponencia presentada para su
primer debate en el Congreso, el 23 de febrero1:
1 El proyecto de ley tendrá variaciones a medida que avance la discusión en el Congre-
so, lo que explica posibles cambios en el número de los artículos que se mencionan.
Conocimiento de las víctimas. “La Alcaldía
Municipal a través de la Secretaria de Gobier-
no, con el acompañamiento de la Personería
Municipal, deberá elaborar el censo de las
personas afectadas en su vida, integridad per-
sonal, libertad personal, libertad de domicilio
y residencia, en sus bienes u otros derechos
fundamentales”, el cual deberá contener
como mínimo la identificación de la víctima,
su ubicación y la descripción del hecho. Este
se debe remitir a la Red Nacional de Infor-
mación para la atención y reparación a las
víctimas, en un término no mayor a 8 días
hábiles contados a partir de la ocurrencia del
mismo (artículo 48).
Condiciones de la vulnerabilidad. “La
Agencia Presidencial para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas y los alcaldes
municipales o distritales del lugar donde reside la persona en situa-
ción de desplazamiento, evaluarán cada dos años las condiciones
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho
mismo del desplazamiento. Esta evaluación se realizará a través de
los mecanismos existentes para hacer seguimiento a los hogares,
y aquellos para declarar cesada la condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta de acuerdo al artículo anterior. Las entidades
del orden nacional, regional o local deberán enfocar su oferta insti-
tucional para lograr la satisfacción de las necesidades asociadas al
desplazamiento, de conformidad con los resultados de la evaluación
de cesación” (artículo 68).
Protección a las víctimas. Los artículos 31 y 32 se refieren a las
medidas de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios
públicos –y podría extenderse al núcleo familiar– que intervengan
en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y
en especial de restitución de tierras. En ellos se establece que “en
aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de
restitución (de tierras), las alcaldías deberán formular estrategias de
seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior
y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos
de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios”.
Atención humanitaria a la población desplazada. Los artículos
62 al 65 establecen las tres etapas de atención humanitaria a estas
víctimas: atención inmediata, humanitaria de emergencia y huma-
nitaria de transición. Sobre la ayuda humanitaria inmediata para
quienes “manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran
en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue
temporal y asistencia alimentaria”, se determina que será propor-
cionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de
dicha población y que se atenderá “de manera inmediata desde el
momento en que se presenta la declaración hasta el momento en
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Las autoridades deben promover espacios para que las víctimas participen en los espacios de toma de decisiones.
“Las autoridades tendrán que adoptar medidas para proteger a las víctimas, según evaluaciones de riesgo y amenazas contra sus derechos fundamentales”.
Hechos de Paz •
el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada”.
Comités territoriales para la atención y reparación integral a las
víctimas. El artículo 165 señala que el Gobierno nacional, a través de
la nueva Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas y del Comité Consultivo “promoverá la creación
de los comités territoriales para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, encargados de elaborar planes de acción en el marco
de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención y reparación
integral a las víctimas, así como coordinar las acciones con el Siste-
ma Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el
nivel departamental, municipal y distrital”. Esos comités, que serán
presididos por el gobernador o el alcalde, estarán conformados por
secretarios departamentales o municipales, la Policía, el ICBF, el
SENA, el Ministerio Público y víctimas, entre otros.
Mecanismos reparativos en relación con los pasivos. El artículo
162 indica que sobre los pasivos de las víctimas, generados durante
la época del despojo o el desplazamiento, las autoridades debe-
rán tener en cuenta como medidas reparadoras las siguientes: “1.
Sistemas de alivio de la cartera morosa del impuesto predial u otros
impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distrital
relacionadas con el predio restituido o formalizado. Para estos efec-
tos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio de
estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado.
2. La cartera morosa de servicios públicos domiciliarios, relacionada
con la prestación de servicios a los predios restituidos o formali-
zados deberá ser objeto de un programa de alivio de cartera que
podrá estar a cargo del Plan Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas”.
Atención sicosocial. El Gobierno nacional reglamentará la
estructura, funciones y la forma en que operará el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y deberá establecer
la articulación con las entidades territoriales para su cumplimiento
en el nivel territorial, especialmente para el desarrollo de la estrate-
gia del Modelo Único de Atención Integral a Víctimas (artículo 138).
Participación de las víctimas. “Se garantizará la participación
oportuna y efectiva de las víctimas de las que trata la presente ley, en
los espacios de diseño, implementación y evaluación de la política a
nivel nacional y territorial. Para tal fin, se deberán conformar Comi-
tés Consultivos de Víctimas, propiciando la participación efectiva de
mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, indígenas y
afrocolombianos víctimas, a fin de reflejar sus agendas”. Entre otras
cosas, los artículos 185 y 186 señalan que “se conformará por cada
entidad territorial un Comité Consultivo de Víctimas, y a su vez, un
Comité Consultivo de Víctimas Nacional” y que “los alcaldes, gober-
nadores y el Comité Consultivo de Coordinación Interinstitucional
de la presente ley, contarán con un protocolo de participación efecti-
va a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho
a la participación”.
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El proyecto de ley crea –artículos 156 a 166– este Sistema que estará
constituido por entidades públicas nacionales y territoriales (go-
bernaciones y municipios) y tendrá la tarea de “formular y ejecutar
los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes
a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de que
trata la presente ley”. Entre sus funciones están “garantizar la cana-
lización de manera oportuna y eficiente de los recursos humanos,
técnicos, administrativos y económicos de las entidades que hacen
parte del Sistema”, “garantizar la coordinación interinstitucional con
las entidades que conforman el Sistema” y “establecer
un sistema de información único que permita integrar,
desarrollar y consolidar la información de las diferentes
entidades del Sistema”.
Articulación nación-territorio. Teniendo en cuenta lo
que implica la futura ley, el artículo 166 está dedicado a
definir la coordinación y articulación nación-territorio. Así,
señala que el Ministerio del Interior deberá diseñar “una
estrategia que permita articular la oferta pública de políti-
cas nacionales, departamentales, municipales y distritales,
en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación. Para estos efectos deberá: 1. Elaborar el mapa
de competencias entre nación, departamento, municipios
y distritos de acuerdo con las medidas contenidas en esta
ley, para lo cual deberá contar con la participación de las
autoridades departamentales, municipales y distritales. 2.
Prestar asistencia técnica para el diseño de planes, proyec-
tos y programas de acuerdo a lo dispuesto en la presente
ley, a nivel departamental, municipal y distrital, para lo cual
contará con la participación de dichos entes territoriales, el
Departamento de Planeación Nacional y la Agencia Presi-
dencial para la Atención y Reparación de las Víctimas”.
Estos son solo algunos artículos –hay muchos más–
sobre los cuales las nuevas autoridades tendrán que
poner especial atención cuando este proyecto se convier-
ta en ley de la República porque será un instrumento más
para impulsar y garantizar los derechos de las víctimas.
Deris Paz, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu.
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• Hechos de Paz
Desplazamiento: hora de soluciones
En Colombia persisten causas objetivas de
desplazamiento y, pese a las mejores condi-
ciones de seguridad, más de 250.000 personas
se desplazaron en los dos últimos años. Sin
embargo, el encuentro de soluciones durade-
ras es uno de los principales retos para todos
los que trabajamos en favor de la población
desplazada, más aun en un contexto en el
que el Gobierno impulsa la restitución de
tierras y promueve el goce de derechos de las
personas desplazadas, la violencia disminu-
ye en algunas zonas del país y las personas
desplazadas exigen condiciones para retomar
sus proyectos de vida y lograr una integración
verdadera donde sean vistos como ‘locales’.
Para pensar en soluciones, el elemento
fundamental es la relación persona desplaza-
da-comunidad-lugar de asentamiento. Esto
aplica por igual a retornos y reubicaciones
urbanas y rurales, y es ahí donde el papel de
los gobiernos locales y regionales se vuelve
fundamental.
El desplazamiento forzado es
una situación de hecho de
carácter temporal, que termina
cuando se encuentran solucio-
nes sostenibles. En palabras
del anterior representante del Secretario
General de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos de los Desplazados Inter-
nos, Walter Kälin,
estas soluciones se
logran cuando “…
los desplazados
internos dejan de
necesitar asisten-
cia o protección
específicas vinculadas con su situación de
desplazamiento y pueden disfrutar de sus
derechos humanos sin ser discriminados
por su condición”.
En general se considera que existen tres
tipos de soluciones: a) retorno, cuando la
persona regresa y se reintegra en su lugar
de origen; b) integración local, cuando las
personas desplazadas se integran en el lugar
hacia el que huyeron en cierto momento y
c) reasentamiento, cuando las personas no
regresan a su lugar de origen ni se estable-
cen allí donde llegaron inicialmente a buscar
protección, sino van a un tercer lugar.
Por Terry Morel, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
El reto de la integración Una encuesta realizada en 2010 por
la Comisión de Seguimiento a la Política
Pública sobre Desplazamiento Forzado
encontraba que el 90% de las personas
desplazadas preferirían quedarse definiti-
vamente en el lugar en el que están ahora,
frente a 3% que quisiera retornar y 7% de
indecisos.
En un contexto en el que la violencia
sigue siendo intensa en varias zonas del
país, es importante no ignorar la necesidad
de trabajar, además del retorno y la reubi-
cación rural, las soluciones de integración
local en zonas urbanas –las que el nuevo
Plan de Desarrollo llama reubicaciones
urbanas–, al menos para quienes huye-
ron de zonas que siguen golpeadas por la
violencia. Según el Registro de Población
Desplazada de Acción Social, para finales
del año pasado 39 de cada 100 personas
desplazadas estaban registradas en solo
ocho ciudades.
¿Cómo apoyar la integración desde los
gobiernos locales y regionales? El primer
requisito es formalizar la relación con el
territorio mismo y ahí los gobiernos muni-
cipales y distritales tienen instrumentos po-
derosos en el Plan
de Ordenamiento
Territorial y en su
capacidad para dis-
poner de los terre-
nos ejidos donde
con frecuencia se
ha establecido la población desplazada.
El segundo requisito es el fortalecimien-
to de la comunidad, incluyendo no solo la
creación de lazos entre personas despla-
zadas y comunidad receptora, sino en el
interior de los mismos grupos de personas
desplazadas. El fomento de la participación
en las decisiones y la presencia continua de
las autoridades civiles en las comunidades
son acciones en esa dirección. Esos dos ele-
mentos son centrales en los planes integra-
les únicos (Piu) de atención a la población
desplazada, que a su vez deben alinearse
con los planes de desarrollo.
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“Para finales del año pasado 39 de cada 100 personas desplazadas estaban registradas en solo ocho ciudades, según el registro de población desplazada”
Es necesario impulsar el fortalecimiento de las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento.
Hechos de Paz •
Flexibilización de la oferta institucional: la oferta diseñada por la Nación y los departamentos para atender a la población desplazada
debe contener un abanico de posibilidades que sean coherentes con las prioridades de las distintas instancias territoriales (las autoridades
territoriales tienen hasta el 30 de julio de 2011 para solicitar ayuda presupuestal al Gobierno nacional).
Medidas frente a la reticencia de las autoridades territoriales: el Departamento Nacional de Planeación (Dnp) diseñará una fórmula
para identificar a las entidades territoriales que dejan de cumplir sus responsabilidades hacia la población desplazada. El Dnp y los ministerios
del Interior y de Hacienda adoptarán medidas para superar esa desproporción inconstitucional.
Informe de los mandatarios salientes: los alcaldes municipales y distritales, así como los gobernadores cuyo periodo termina en
2011, deben incluir en su informe final de gestión un capítulo con el diagnóstico del desplazamiento en su jurisdicción, las acciones efec-
tuadas en prevención y protección de la población desplazada, un balance de los logros frente a las metas e información sobre la imple-
mentación del piu.
Acciones de los mandatarios entrantes: los mandatarios elegidos en 2011 deberán adecuar y actualizar el piu armonizándolo con sus
planes de desarrollo dentro de los tres meses siguientes a su posesión.
Algunas experiencias A continuación compartimos tres ejemplos –dos en integración
local, uno de acciones para facilitar la integración de comunidades
reubicadas– de procesos que hemos acompañado desde Acnur y que
muestran las acciones concretas que pueden adoptar los gobiernos
locales y departamentales. En todos los casos, nuestras prioridades
han sido el fortalecimiento de las mismas comunidades y la asesoría
técnica a las autoridades para incorporar a las diferentes poblaciones
sin olvidar las necesidades específicas de las personas desplazadas:
Altos de la Florida (Soacha, Cundinamarca): en esta zona con
unos 3.000 habitantes –de los cuales se calcula que el 60% son des-
plazados–, un proceso de organización de la comunidad, que ya per-
mitió mejorar el acceso a agua y electricidad y construir un centro de
servicios (polifuncional), fue el primer paso para que la Alcaldía se
comprometiese a impulsar la construcción de aulas escolares junto
con Naciones Unidas. Mientras tanto, la Gobernación de Cundina-
marca impulsa el saneamiento de los predios que facilitará, a su vez,
proveer más servicios del Estado a los habitantes de la zona.
Álamos (Ibagué, Tolima): seis de cada diez vecinos de este sec-
tor son desplazados por la violencia. Aquí, después de participar en
diagnósticos participativos en los que la misma comunidad definió
prioridades, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué han
asumido juntas la construcción y dotación de aulas escolares y se han
comprometido a participar llevando la oferta para jóvenes a un centro
juvenil que construye actualmente la Ong Gestión y Desarrollo. Las
dos autoridades hicieron parte de una comisión de seguimiento al
proceso de integración local y la Gobernación asumió recientemente
el liderazgo del grupo, reemplazando a Acnur. Los jóvenes de Álamos
ya participan en la definición de la política de juventud del municipio.
San Isidro (Mocoa, Putumayo): el equipo del Plan Integral Único
de atención a la población desplazada en la Gobernación del
Putumayo asumió el reto de asegurar el éxito de esta reubicación
rural de 119 personas, con Acnur acompañando todo el proceso.
Hoy, todas las familias en el asentamiento cuentan con viviendas
adecuadas, todas tienen huertas caseras y el 86% participa en un
proyecto productivo colectivo de cría de peces. La cobertura en
educación es total, el 95% de los habitantes están afiliados al régi-
men de salud y el buen estado de las vías facilita el comercio; estos
últimos tres aportes son de la Alcaldía. (Un acercamiento cercano,
15 de mayo, es otro ejemplo de avances significativos).
Ninguno de estos esfuerzos por sí solo garantiza la integración.
Esta es una tarea más amplia que requiere compromisos de largo
plazo de las autoridades locales, regionales y nacionales. Pero estos
sí son pasos importantes hacia la integración.
Después de varios años de desplazamiento, la mayoría de quienes
llegaron a los distintos municipios y departamentos huyendo de la
violencia, o se reubicaron allí, ya los consideran su hogar. Para mu-
chos jóvenes, es el único hogar que conocen. Los retos son reforzar el
trabajo en los piu, incorporarlos en sus planes de desarrollo, integrar
completamente a las personas desplazadas en las comunidades
participando en las decisiones como los demás hombres y mujeres
y asegurar que quienes decidan integrarse sean tratados igual que
los locales: todos como ciudadanos, sin olvidar las necesidades
específicas de quienes construyeron ese nuevo hogar porque la
violencia los obligó a hacerlo.
Cuatro órdenes de la corte Constitucional en el auto 383 (diciembre de 2010)
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La población desplazada necesita soluciones duraderas para empezar de nuevo.
• Hechos de Paz •• Hechos de Paz
La presencia de las bandas
posdesmovilización con
4.000 hombres en 151 muni-
cipios de 17 departamentos
del país; los 15.400 asesinatos
registrados en Colombia durante 2010, el
47% cometidos por sicarios, y las casi cuatro
de cada diez muertes el año pasado por into-
lerancia son algunas de las problemáticas
de inseguridad, violencia y convivencia que
enfrenta la ciudadanía.
Estas realidades de seguridad y convi-
vencia que evidencian las cifras de la Policía
Nacional y el Ministerio de Defensa son la
causa de preocupación de muchos colombia-
nos y de alerta por el temor de que algunos de
estos problemas se conviertan en una ame-
naza para la seguridad del país y, todas, en un
desafío para la seguridad ciudadana.
Como autoridades que tienen la respon-
sabilidad constitucional y legal de enfrentar
los problemas de seguridad en sus jurisdic-
ciones, el primer compromiso que deben
asumir los próximos alcaldes y gobernadores
es garantizar la vida, la integridad y los bienes
de los ciudadanos de sus territorios y dar una
atención especial a aquellas poblaciones en
estado de mayor vulnerabilidad. “La primera
salida siempre es la represión policial y el
uso de la fuerza y no intervenciones que
puedan resolver los problemas de fondo.
Las próximas autoridades deberán pasar
de la seguridad represiva a la seguridad
ligada a la justicia y a la protección. Esto
exige la articulación con el Gobierno na-
cional y creatividad”, señala Jorge Restre-
po, director del Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos.
Si bien se requiere aumentar el pie de
fuerza, una mayor presencia de la Policía Na-
cional y acciones contundentes de la justicia,
también son fundamento de la seguridad las
políticas preventivas. “Estas políticas deben
buscar prevenir riesgos a través de mecanis-
mos como el control a las armas de fuego, al
consumo de drogas y alcohol, y el estímulo y
creación de programas de resolución pacífica
de conflictos interpersonales, comunitarios
y familiares”, afirma el asesor en seguridad
ciudadana Hugo Acero Velásquez, para quien
también es necesario trabajar en un aspecto
sobre el cual a veces no se presta mayor aten-
ción: la recuperación de los espacios urbanos,
públicos y privados, que por su condición de
deterioro facilitan la acción delincuencial.
Para él, la prioridad debe ser la elaboración
de “un plan de convivencia y seguridad ciu-
dadana que contemple acciones preventivas,
disuasivas y coercitivas, dando de esta forma
un tratamiento integral a los problemas de
violencia y delincuencia” y al que se vincule la
sociedad civil en su diseño, implementación
y seguimiento, indica en su investigación
Planeación de la convivencia y la seguridad
ciudadana. Para que sea una acción integral,
hay que hacer ese vínculo entre la seguridad
y los programas de desarrollo, como lo señala
Restrepo: “es decir, unir seguridad con es-
cuelas, con educación, con normalización de
asentamientos subnormales, con la agenda
de formación de los jóvenes, con la renova-
ción de la infraestructura urbana… Se trata
de romper las barreras de la exclusión. Todo
esto tiene relación con la seguridad”.
En el mismo sentido, se requiere que el
tema de la juventud haga parte integral de las
agendas programáticas con propuestas con-
cretas para reducir el riesgo de que los jóvenes
sean reclutados por el crimen organizado,
para que cuenten con oportunidades, para
promover y fortalecer nuevos liderazgos,
para que reciban una capacitación integral
que los ayude a enfrentar el futuro y para
desestimular el consumo de alcohol y otras
drogas y promover el desarme ciudadano.
La seguridad ciudadana también incluye
sanar heridas, lo que requiere que las próxi-
mas autoridades tengan programas para con-
tribuir a la restitución de bienes y la reparación
integral, a identificar a las víctimas, a construir
la memoria histórica y a lograr la verdad.
Y teniendo en cuenta que muchas proble-
máticas de seguridad ciudadana y convivencia
empiezan en conflictos menores que no se
atienden a tiempo, sería aconsejable que
los programas políticos incluyeran accio-
nes para “promover, a nivel institucional y
ciudadano la capacitación y utilización de
los Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos; construir y poner en funciona-
miento unidades donde funcionarios y co-
munidades resuelvan conflictos de manera
pacífica y crear y/o fortalecer las comisarías
de familia y unidades de mediación y conci-
liación”, señala el estudio.
En síntesis, un plan integral debería tener
en cuenta al menos ocho ejes, advierte Acero
en su investigación: fortalecer la institucio-
nalidad para el manejo de la convivencia y la
seguridad ciudadana, fortalecer la acción de
las autoridades de seguridad y de justicia,
acercar la justicia restaurativa a los ciuda-
danos, reducir los factores de riesgo, atender
a grupos vulnerables y minorías, recuperar y
mejorar los entornos urbanos deteriorados
que facilitan los actos delictivos, mejorar la
percepción de seguridad promoviendo el uso
adecuado del tiempo libre y el espacio públi-
co y definir un conjunto de metas a las cuales
estén dirigidas todas las acciones del plan.
La seguridad ciudadana: tema obligado
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Las agendas no pueden dejar de lado los programas de desarme ciudadano y para prevenir el reclutamiento.
Hechos de Paz •
Reintegración con enfoque comunitario
7.254 en Antioquia, 3.919 en Bogotá, 2.547 en
Córdoba, 2.155 en Cesar, 1.762 en Valle del
Cauca y 1.426 en Meta. Estos son algunos de
los excombatientes que se encuentran en
estos departamentos y que en 2010 fueron
atendidos por la Alta Consejería para la Reintegración.
En total, entre 2002 y octubre de 2010, en Colombia se
han desmovilizados en procesos individuales y colectivos
54.317 hombres y mujeres. En muchos municipios con-
viven víctimas y victimarios, una realidad que no puede
pasar desapercibida para los candidatos y las candidatas
a alcaldías y gobernaciones, más si se tiene en cuenta que
en todos los departamento hay desde un desmovilizado
–San Andrés– hasta más de 7.000, como en Antioquia.
Como guía para los próximos alcaldes y gobernado-
res existe el Conpes 3554, que define la política nacio-
nal de reintegración social y económica para personas
y grupos armados ilegales, y también están los progra-
mas que desarrollan la Alta Consejería y el Programa de
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados
de los grupos armados ilegales, del ICBF.
“Lo que se requiere ahora es especificar muchos de
estos lineamientos en la política local y articular un pro-
pio programa con recursos y acciones complementarias
de reintegración. La mayoría de alcaldes y gobernadores
no lo hacen. Quizá lo han formulado en el plan pero no lo traducen en
proyectos y programas concretos”, dice Álvaro Villarraga, coordinador
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Quienes aspiran a ser las próximas autoridades locales pueden pro-
poner trabajar coordinadamente con las instancias nacionales y locales
en programas y medidas sobre DDR e impulsar espacios como los
comités o mesas de trabajo para hacerle un seguimiento a este tipo de
procesos. Asimismo, deben tener presente que tienen responsabilida-
des claras en la definición y ejecución de la política nacional de reinte-
gración social y económica, que el Conpes 3554 resume así: garantizar
la vinculación de poblaciones desmovi-
lizadas al régimen subsidiado de salud y
su continuidad en el sistema educativo;
“implementar acciones que fortalezcan
la reintegración de la población desmovi-
lizada en su territorio, especialmente en
procesos de reintegración económica, social y comunitaria” y “generar
procesos que ayuden en la inclusión, la convivencia y la reconcilia-
ción de los desmovilizados con sus comunidades receptoras”. Por otra
parte, la experiencia ha demostrado que los procesos de reincorpo-
ración deben incluir no solo a los excombatientes, sino a sus víc-
timas y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral
de las víctimas y las garantías de no repetición. Así lo ha señalado
también la Corte Constitucional en sus sentencias, como la C-370, a tra-
vés de las cuales ha insistido en que los beneficios a los desmovilizados
solo tienen sentido si confiesan todos los crímenes cometidos y reparan
efectivamente a sus víctimas, como camino hacia la reconciliación. Esto
exige que las autoridades locales contribuyan y pongan al servicio los
recursos y las instituciones para garantizar los derechos de las víctimas.
En las agendas políticas de las campañas tampoco pueden faltar las
propuestas de prevención dirigidas a los centros educativos y las fami-
lias para evitar el reclutamiento de niños y niñas por grupos ilegales y
la delincuencia organizada. “Hay acciones de la fuerza pública en los
ámbitos nacionales y locales, pero más allá de ello hay que trabajar en
la prevención teniendo en cuenta las lógicas locales y departamentales.
Hay que actuar para quitarle el piso a la ilegalidad: fomentar las bases
campesinas, mejorar la infraestructura local, proponer alternativas pro-
ductivas, buscar el desarrollo de los excluidos. Y es necesario promover
valores de recuperación de la democracia, la civilidad, la convivencia
pacífica, la construcción de la paz y la reconciliación”, afirma Villarraga.
Y asimismo, como lo dice el Conpes 3554, “las acciones institucio-
nales deberán incorporar de manera integral el enfoque diferencial
de género y diversidad en todos los aspectos de la política de reinte-
gración. La atención a mujeres, niños y minorías étnicas en proceso
de reintegración ha de ser tenida en cuenta de manera especial,
reconociendo las características del grupo poblacional, promovien-
do el rol de dinamizador de la familia dentro del proceso”.
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“Una reintegración es exitosa si los excombatientes se comprometen a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.
Es necesario consolidar agendas públicas en las que el desplazado se entien.
• Hechos de Paz
Por una educación en derechos humanos
nal de desarrollo y los planes de desarrollo
locales. Así, se da contenido a los propósitos
y objetivos nacionales de largo plazo, las
metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las orientaciones generales
de la política económica, social y ambiental
que serán adoptadas por los gobiernos.
Lecciones aprendidasEntre las novedades del Plan Nacional
de Desarrollo presentado al Congreso para
este periodo de gobierno hay muchas que
merecen ser destacadas. Entre ellas, por
lo inédito del tema y por corresponder a
recomendaciones de informes de la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (2008-2010), está la inclusión del Plan
Nacional de Educación en Derechos Huma-
nos (Planedh), que de ser aprobado marca-
rá un hito en la construcción de una cultura
de derechos humanos, tan anhelada por
todos aquellos que desde diferentes espacios
le apuestan al fortalecimiento del Estado
social de derecho.
El objetivo del Planedh es incorporar y
consolidar en la agenda pública del Estado
y de los entes territoriales la formación de
sujetos activos de derechos que contribu-
yan a consolidar una sociedad multiétnica
y pluricultural y a construir una cultura que
se rija por los principios establecidos en la
Constitución, que es reconocida nacional
e internacionalmente por su contenido de
derechos humanos y cuyo desarrollo legal, a
pesar de los significativos avances, aún no se
agota, como lo constata la ausencia de una
política pública en materia de educación en
derechos humanos (Edh).
Para lograr ese objetivo general, el
Planedh buscará: 1) Establecer normas e
instancias de coordinación para articular
la política de Edh en todos los niveles de
la administración pública. 2) Implementar
la política de Edh en las políticas públicas.
3) Implantar mecanismos de participación
de la sociedad civil para el desarrollo de la
Edh. 4) Contar con referentes pedagógicos
de Edh contextualizados en las necesidades
de la población con un enfoque diferencial.
5) Tener un sistema estructurado de forma-
ción de agentes educativos en Edh en todos
los ámbitos de la educación. 6) Estimular
y realizar investigaciones en dicho campo,
conducentes a construir modelos pedagó-
gicos, diseñar materiales didácticos y crear
ambientes educativos y culturales favorables
a los derechos humanos. 7) Promover me-
dios y espacios para la promoción de la Edh
en ámbitos que no solo tengan en cuenta
la educación escolarizada o formal, sino
también la no formal y el gran campo de las
comunicaciones que, por su papel educador,
ha sido llamado educación informal.
Con esta síntesis de los objetivos del
Planedh, invitamos a los lectores a imaginar
unos municipios en los que sus planes hon-
ren a la educación como una prioridad de su
propio desarrollo y se aprovechen lecciones
aprendidas por la Oficina sobre los pro-
gramas y planes de desarrollo con enfoque
de derechos humanos, especialmente en
épocas preelectorales.
Entre las lecciones aprendidas con
el proyecto Planes de desarrollo municipal
Por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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La Constitución de Colombia de
1991 inauguró un gran reto con
una política de descentraliza-
ción y autonomía para los entes
territoriales, municipios, distri-
tos y departamentos. Esto ha convertido al
municipio en eje fundamental de la división
político-administrativa del Estado.
Tal como lo enuncian los artículos 297 y
311 sobre el régimen departamental y el mu-
nicipal, respectivamente, a dichos entes les
corresponde “la planificación y el desarrollo
económico y social de su territorio en los
términos establecidos por la Constitución”.
Dicho reto les confiere la responsabilidad
de traducir ese mandato en proyectos que
alimenten, con hechos reales, los anhelos
y aspiraciones de los ciudadanos, quienes
desde sus prácticas sociales mantienen las
identidades que le dan vida a municipios,
distritos y departamentos y legitimidad a sus
gobiernos y autoridades.
Entre los mecanismos para el cumpli-
miento de ese mandato están los planes de
desarrollo, cuya filosofía y legalidad se plas-
man en los artículos 339 a 344 de la Carta,
señalando el entronque entre el plan nacio-
Se requieren campañas educativas para promover los derechos humanos y evitar la discriminación.
Hechos de Paz •
con enfoque de derechos humanos se pudo
constatar:
• Que en época preelectoral es posible
influir en la inclusión de los derechos
humanos en los programas de gobierno
que ofrecen los candidatos y que los de-
bates sobre su relación con la educación
y la cultura ayudan a cualificar el voto
programático que la democracia colom-
biana alcanzó con la Constitución.
• Que el ejercicio participativo en la
construcción de las propuestas de
gobierno influye en las predilecciones
por los candidatos que incorporan en
sus programas el tema de los derechos.
Igualmente, estos procesos introducen
criterios de vital importancia referidos
a priorizar estrategias, programas y pro-
yectos que caracterizarán las adminis-
traciones.
• Que se requiere de procesos parale-
los entre los que se pueden destacar:
fortalecer los consejos territoriales de
planeación y el consejo municipal de
planeación, como instancias legítimas
de participación comunitaria, y vin-
cular al personero municipal a estra-
tegias que faciliten la participación;
realizar en concertación con la comu-
nidad un análisis de prioridades en el
gasto social; visibilizar la necesidad de
campañas educativas de promoción
de los derechos humanos; verificar si
el Plan está construido bajo los prin-
cipios de inclusión para evitar discri-
minación y fortalecer las capacidades
técnicas que requiere cualquier tipo de
planeación, especialmente, esta que
tiene que ver con el bienestar.
En últimas, se trata de hacer una lectura
del entorno en la que se conozcan imagina-
rios y prácticas sociales relacionadas con los
derechos humanos, cómo se ha expresado la
voluntad política de los gobernantes, si hay
interés y apertura al cambio y cuáles son los
contextos de violencia que pueden amena-
zar al Plan. Hay que tener en cuenta, ade-
más, que el Planedh supera el campo de su
propia temática para introducir un aspecto
más amplio: el enfoque de derechos huma-
nos en los planes de desarrollo.
Este enfoque es un marco conceptual y
metodológico para el desarrollo humano,
basado en las normas de derechos huma-
nos y, desde el punto de vista operacional,
orientado a su protección. Su propósito es
analizar desigualdades que se encuentran
en el centro de problemas de desarrollo
y corregir prácticas discriminatorias y el
injusto reparto del poder que obstaculizan
el progreso en materia de desarrollo.
La formulación de un plan de desarrollo
de un municipio que incluya la educación
en derechos humanos –con el Planedh
como referente– debería ser un proceso de
diseño de política pública y de programa-
ción para el desarrollo. De ahí la pregunta
¿cómo aplicar el enfoque de derechos
humanos?
Primero, es necesario tener en cuenta
las normas y principios de derechos huma-
nos comprendiéndolos en su integralidad,
interdependencia y universalidad para su
promoción y protección en el marco del
desarrollo.
Segundo, tener en cuenta el principio
de igualdad y no discriminación, conside-
rando la diversidad cultural, el enfoque de
género y los derechos de la mujer, grupos
específicos en situación de vulnerabilidad:
niños-niñas, los y las jóvenes, las perso-
nas mayores, con discapacidad, pueblos
indígenas y comunidades afrocolombianas,
población en situación de desplazamiento,
víctimas de la violencia y grupos Lgtbi.
Tercero, es indispensable realizar un
análisis de capacidades con el fin de for-
talecer a los portadores de obligaciones
para que cumplan con estas y a los titulares
de derechos para que reclamen su pleno
disfrute.
Cuarto, el plan debe contener una estra-
tegia de rendición de cuentas basada en los
derechos humanos y el fomento a la partici-
pación de la sociedad civil organizada.
En última instancia, el ideal sería que
los gobernantes pongan como centro de
sus sueños y esperanzas a la educación en
derechos humanos y que esta sea un refe-
rente para tener en cuenta en la búsqueda
de espacios que potencien la dignidad del
ser humano. Y a eso le apostamos quienes
creemos en esta propuesta universal.
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Es necesario consolidar agendas públicas en las que el desplazado se entienda como sujeto activo de derechos.
• Hechos de Paz
Desaparición forzada: una realidad dolorosa por revelar
reglamentará la Ley 1408 de 2010. Este instrumento normativo crea
el banco de perfiles genéticos, que permitirá apoyar la labor de
identificación de los restos humanos mediante los procesos de exhu-
mación, lo cual requiere la participación de la sociedad civil y de las
organizaciones de víctimas para garantizar controles efectivos sobre
el manejo de la información genética.
Con la reglamentación se pretende fortalecer las entregas a los
familiares de los cuerpos o restos, con especial cuidado en la digni-
dad de los familiares y de las víctimas, y el apoyo psicosocial a través
del Ministerio de la Protección Social. Además, se buscará que los
familiares que atraviesan por tan nefasta experiencia cuenten con los
recursos necesarios para solventar los gastos funerarios, de desplaza-
miento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso.
Otro elemento en el que la Comisión tiene una importante misión
es el de la conmemoración de la Semana de los Detenidos Desapare-
cidos, que será en la última semana de mayo, y del Día Internacional
de los Desaparecidos, el 30 de agosto. Se espera que en estas fechas se
cuente con la participación de todas las alcaldías y las gobernaciones,
y sus secretarías de educación, y lleven a cabo actividades acadé-
micas, culturales y de memoria histórica que permitan visibilizar el
fenómeno y sensibilizar a la sociedad en cada rincón del país.
Otros desafíosCon la incorporación del tipo penal de la desaparición forzada
al ordenamiento interno –por medio de la Ley 589 de 2000–, se
crean otros instrumentos para enfrentar el delito, como el Registro
Nacional de Personas Capturadas y Detenidas, que es necesario
implementar como una herramienta tecnológica para que cualquier
ciudadano pueda consultar si una persona ha sido detenida y cuál es
su sitio de detención, tarea que debe tener un impulso efectivo por
parte de la Comisión para su reglamentación.
Sin lugar a dudas, otro de los retos que enfrenta la Comisión será el
de impulsar políticas públicas e instrumentos legales sobre desapari-
ción forzada, como la recientemente aprobada Convención interna-
cional para la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas, y dar aplicación al Conpes 3590 de 2009. De la misma
forma, aunque el Plan Nacional de Búsqueda –creado por la Comisión
en 2007– ha tenido un alto nivel de implementación en las diferentes
regiones del país, este será el año de consolidación de los resultados,
plasmados en un informe que evidencie la naturaleza del fenómeno
y su desarrollo histórico. Esta labor resulta ser un pequeño grano de
arena ante la dimensión del número de personas desaparecidas que
en la actualidad están registradas y sobre las cuales es muy difícil de-
terminar si se trata de presuntas desapariciones forzadas o si es otro
tipo de delito. De todas formas, es urgente encontrarlas y establecer
la verdad oculta, de la cual se ha privado a todo el país. Todos de-
bemos conocer la verdad para no repetir la historia y, además, para
consolidar una cultura de respeto por los derechos humanos.
La desaparición forzada de personas es un fenómeno
oculto, sosegado por otras conductas igual o peor de
reprochables como el secuestro y la trata de personas,
entre otras. Es una conducta abominable a través de la
cual se produce la privación de la libertad en múlti-
ples formas, como el engaño o la fuerza, seguida del ocultamiento
y la negativa a reconocer dicha privación o dar información sobre
el paradero de la víctima.
Mientras en el contexto internacional la desaparición forzada es
producida por agentes del Estado o por particulares, con la aquies-
cencia de este, lo que se ha identificado en Colombia es que –a partir
de la tipificación del delito en el año 2000– cualquier persona puede
cometer la conducta.
Continua siendo un reto para la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas Desaparecidas visibilizar esta práctica oprobiosa, escu-
driñar en el pasado del país para encontrar la verdad de los casos y
apoyar e impulsar investigaciones efectivas que den respuestas a los
familiares de las víctimas sobre la verdad de los hechos y la suerte de
sus seres queridos. Esto último permitirá evidenciar una administra-
ción de justicia imparcial que juzgue y sancione a los responsables.
Este año representa un periodo importante para el organismo,
toda vez que el Gobierno Nacional, en consulta con la Comisión,
Por Andrés PeñaCoordinador de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
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Hechos de Paz •
Devolviéndoles la identidad a los NN
Una investigación realizada en 2008 por el Observa-
torio de Paz del Oriente Antioqueño, en colabora-
ción con la Universidad de Antioquia, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General,
evidenció el registro de más de 2.500 cadáveres sin
identificar en los cementerios de esta subregión y permitió formular
una propuesta de identificación a partir de la participación de actores
sociales y la documentación de los casos. La iniciativa fue una alterna-
tiva para conocer el nombre de los fallecidos, ubicar desaparecidos y
revisar la política de administración de cadáveres y cementerios.
La respuesta fue positiva y, a pesar de que el Observatorio fue cerra-
do ese mismo año, se conformó una alianza interinstitucional a la que
se sumaron la Gobernación de Antioquia, a través de sus asesorías de
paz y social para Oriente, el Pnud, la Mapp-Oea y la Comisión Na-
cional de Reparación y Reconciliación. Estas instituciones se reúnen
periódicamente desde septiembre de 2009 y, aunque la Universidad se
marginó del proceso, se ha obtenido respaldo de otros entes como el
Ministerio del Interior y de Justicia y la Alcaldía de Rionegro.
Desde entonces, el objetivo de la alianza ha sido fortalecer la
función pública de los cuerpos judiciales y forenses, por lo que se
ha tenido el liderazgo del Grupo de Identificación y Ubicación de
Por Fernando Valencia RiveraCoordinador del Programa interinstitucional de identificación de cadáveres
Personas Desaparecidas del Cti de la Fiscalía. Para el propósito,
se formuló técnicamente la iniciativa hasta definir un completo
programa sobre identificación de nn, en el que se incluyen labo-
res de prevención, identificación, fortalecimiento de la capacidad
institucional y generación de competencias académicas y cien-
tíficas. En desarrollo de sus ejes, se aportan datos al Sistema de
Información en Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de
Medicina Legal; se realizan inventarios de nn en los cementerios;
se verifican condiciones y procedimientos en la cadena de ad-
ministración de cadáveres; se documentan los casos registrados;
se dan a conocer las normas y procedimientos sobre registro y
disposición de cadáveres; se capacitan funcionarios; se identifi-
can y entregan restos; se brinda acompañamiento psicosocial a
familiares y se difunde la problemática para comprometer a toda
la sociedad y, especialmente, a organizaciones sociales y víctimas.
La metodología del programa consiste en recolectar los docu-
mentos disponibles sobre cada cuerpo inhumado sin identidad,
como los protocolos de inspección y necropsia, las cartas dentales,
fotografías, necrodactilias y registros realizados en notarías y libros
parroquiales y en cuadernos de sepultureros y bases particulares.
El equipo técnico elabora hipótesis sobre la identidad del cuerpo,
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la voz de las regiones
Para los familiares de las víctimas de la desaparción forzada recibir los restos de sus seres queridos es un paso hacia la reparación, aunque aun falten la justicia y la verdad.
• Hechos de Paz
las cuales se verifican mediante mecanismos legales, tratando de no
acudir a pruebas genéticas por los altos costos económicos y la con-
gestión de los laboratorios. En este proceso, la información de los
particulares y las organizaciones sociales es de suma importancia ya
que en algunos casos se conoce o se presume la identidad del cadá-
ver, pero no se ha formalizado por múltiples razones. Incluso, en la
inspección a cementerios se encontraron sobre las lápidas presuntos
nombres que ofrecen rastros para establecer la identidad.
La alianza realizó un piloto para validar la metodología. Para
ello, escogieron dos cementerios del municipio de Rionegro.
Mientras se avanzaba en las labores de identificación, tarea
asignada exclusivamente a la Fiscalía y a Medicina Legal, las
diferentes instituciones apoyaron el ingreso y actualización de
la información en el Sirdec y realizaron
jornadas de sensibilización, con visitas
a las localidades para informar sobre el
tema a las autoridades y las organizacio-
nes sociales y producir compromisos de
colaboración con el programa. Además,
se efectuaron talleres técnicos subre-
gionales y se convocaron a funcionarios
y organizaciones que tienen que ver con la administración de
cadáveres, la investigación judicial y la búsqueda de desapareci-
dos, para orientarlos sobre las normas y procedimientos, develar
algunas prácticas inadecuadas e impulsar redes de trabajo. A
estos seminarios y jornadas, orientados por Medicina Legal y la
Fiscalía, han asistido funcionarios del gobierno local, personal sa-
nitario, párrocos, sepultureros, representantes de organizaciones
de víctimas y derechos humanos, fiscales y miembros de la policía
judicial. Este programa se desarrolla con aportes de cada una de
las instituciones. Los recursos son limitados y esto hace que el
funcionamiento sea lento, pero se ha logrado un buen nivel de
compromiso y se mantiene la colaboración armónica, por la cual
todos ganan en su plan institucional y aportan al sostenimiento
de la estrategia. La alianza alcanzó su nivel de sostenibilidad,
pero ya demanda un salto cualitativo en capacidad operativa que
le permita implementar el modelo en otras regiones y convertir la
acción en una herramienta eficiente.
Los logros
El ejercicio de construcción y validación del modelo ha per-
mitido la identificación de más de 30 cadáveres, cuyos restos han
sido entregados a sus familiares, así como el ingreso de varios
miles de casos al Sirdec y la construcción de redes de trabajo.
Pero los mayores logros son los enormes aprendizajes para el tra-
bajo interinstitucional, la política de administración de cadáveres
y cementerios, la ciencia forense y la investigación judicial, la
conciencia social e institucional que se genera sobre la dimensión
de este problema y, en últimas, la esperanza que se abre para la
justicia, la ubicación de desaparecidos, la reparación y la reconci-
liación. El ejercicio también ha ofrecido la posibilidad de desarro-
llar programas de pre y posgrado para ampliar y calificar la base
de profesionales forenses. La integración de sujetos políticos y
judiciales con organizaciones de la comunidad internacional y
la academia es un ejercicio de conjunción de miradas y esfuer-
zos que ha ido produciendo mayor eficacia en la realización del
trabajo. Para evitar que la alianza se desgaste en debates políti-
cos, se acordó que su objeto era solo procurar la identidad de los
cadáveres inhumados como nn en los cementerios y proponer
metodologías y procedimientos preventivos, dejando para otras
instancias la discusión sobre las consecuencias penales, discipli-
narias o políticas que se deriven de los hallazgos. También se es-
tableció que solo se fortalecería el Sirdec, ya que cada institución
y cada Ong tienen su propia base de datos sobre desaparecidos y
homicidios, que pocas veces se cruzan, y que el grupo de entidades
se dividiría en dos: por un lado, las que hacen identificación como
función legal –la Fiscalía y Medicina Legal– y, por el otro, las que
brindan acompañamiento logístico y político.
Para este segundo año de trabajo conjunto se espera confeccionar
el inventario de nn en todo el departamento, realizar cuatro semi-
narios técnicos subregionales, mantener las jornadas de sensibili-
zación y avanzar en el proceso de identificación en los cementerios.
El programa también aspira a que con recursos aportados por la
comunidad internacional y entidades del nivel central de gobierno,
a las cuales se les ha presentado la propuesta, sea posible compartir
la experiencia con otras regiones con problemáticas similares para
contribuir a implementar un plan nacional, fortaleciendo así la
capacidad logística y técnica de los grupos de la Fiscalía y Medicina
Legal especializados en la identificación.
Esta iniciativa demanda el concurso del conjunto de la sociedad,
pero ante todo de una enorme voluntad política para evitar que más
personas sigan siendo inhumadas sin identidad y para devolverles
su identidad a quienes han sido privadas de ella.
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“Se identificaron más de 30 cadáveres, cuyos restos fueron entregados a sus familiares. Pero el mayor logro ha sido el trabajo interinstitucional”.
La Fiscalía y Medicina Legal han logrado identficar y entregar numerables restos.
Hechos de Paz •
Armas contra la contaminación por armas
nales territoriales y nacionales y, en general,
actividades para reducir los efectos sociales,
económicos y medioambientales.
Las realidades en los territorios muestran
que es imprescindible que en los programas
de partidos y aspirantes se intervenga en
esta problemática para superar la falta de
conocimiento del riesgo de estos artefactos
y de capacidad de reacción y atención por
parte de las instituciones locales y las comu-
nidades lesionadas. Además, es importante
centrar la atención en responderles a las nece-
sidades económicas y de supervivencia de los
campesinos que se ven obligados a transitar
por sus cultivos rodeados de campos minados.
Por otra parte, es urgente que los retornos de
las poblaciones desplazadas a sus territorios se
dé con garantías de seguridad, lo cual implica
la previa verificación de dichos terrenos, y que
En 2009, Colombia asumió
el segundo lugar, detrás de
Afganistán, como el país con
el número más alto de nuevas
víctimas de minas antiperso-
nal, municiones sin explotar y artefactos
explosivos improvisados, después de dos
años consecutivos en el primer puesto
(2006-2008), según el informe internacional
de Landmine Monitor 2010.
Según las cifras del Programa Presidencial
para la Acción Integral Contra Minas Anti-
personal (Edh) del Gobierno nacional (de
diciembre 2010), en 2007 se reportaron 311
víctimas civiles y 693 víctimas militares. Un
año después, 372 fueron las víctimas civiles
y 503 las militares, lo que muestra que el
porcentaje de víctimas civiles incrementó
en el 20% y las militares disminuyeron en el
27%. En 2009 hubo una reducción:
el 11% para civiles (332) y el 12%
para militares (443).
Esto evidencia que si bien se ha
presentado una disminución en
el total de víctimas, poco a poco
los civiles empiezan a ser los más
afectados y ahora civiles y militares
tiene casi la misma probabilidad
de ser víctimas. En esta población,
los erradicadores manuales son
un número significativo de nuevas
víctimas ante la participación de
campesinos en el programa de
erradicación de cultivos de uso
ilícito de Acción Social.
La situación sigue preocupando
porque la población civil es la que
está siendo afectada de una forma
más dramática y porque el uso de
estos artefactos es aún una práctica
constante de los grupos armados
ilegales en su lucha y para proteger
zonas y rutas que les son estraté-
gicas. Esto es un verdadero desafío
para el desarrollo de una acción
integral contra minas, que incluye
educación sobre el riesgo, asisten-
cia a las víctimas, consolidar sis-
temas de gestión de información,
fortalecer capacidades institucio-
la población conozca los riesgos de la presen-
cia de estos artefactos en corredores y lugares
estratégicos de los grupos armados y cerca a
cultivos de uso ilícito. En ese sentido, las próxi-
mas autoridades locales pueden trabajar en lo
anterior y, adicionalmente:
1. Coordinar con el Paicma las acciones en
educación en el riesgo.
2. Gestionar con las secretarías de Edu-
cación la incorporación de propuestas
pedagógicas en educación en el riesgo
para promover comportamientos seguros
en áreas ciudadanas.
3. Identificar y apoyar instituciones y orga-
nizaciones con experiencia en la materia,
que puedan acompañar procesos de
formación y capacitación.
4. Incluir en el plan de salud pública ac-
ciones de educación en el riesgo en el
componente de salud mental.
5. Producir materiales pedagógicos
para complementar acciones de
formación y capacitación.
6. Tener en cuenta los comités de
acción contra minas ya existen-
tes y los procesos en curso.
7. Articular el trabajo con el
Gobierno nacional para la im-
plementación de la legislación
que se está tramitando actual-
mente en el Congreso relacio-
nada con la ley de víctimas y la
reforma a la salud.
Como las comunidades son el
centro de toda acción, es necesa-
rio promover la confianza entre
ellas y todos los actores de la
acción contra minas para avan-
zar en soluciones que contribu-
yan al desarrollo requerido. La
experiencia ha demostrado que
se requiere un trabajo conjunto
y coordinado entre instituciones,
autoridades locales, operadores,
empresa privada, cooperación
internacional y sociedad civil,
con plena claridad de roles, para
garantizar intervenciones opor-
tunas y sostenibles.
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• Hechos de Paz
Invertir en infancia y adolescencia es invertir en el desarrollo
por grupos armados ilegales, los riesgos por
minas antipersonales y el trabajo infantil. Se
debe promover su participación activa en
los temas que son de su interés, desde sus
propias culturas y experiencias organizativas
hasta en todos los espacios de la vida ciuda-
dana, y proveer especial atención a niñas y
niños pertenecientes a las minorías étnicas y
con capacidades especiales. Es fundamental
que los alcaldes y gobernadores sean cons-
cientes de la responsabilidad que tienen fren-
te a la defensa y protección de los derechos
de los 17 millones de colombianos que aún
no han cumplido los 18 años de edad.
La Constitución dispone que los derechos
de la niñez prevalezcan sobre los derechos
de los demás. Esto obliga a que en el trazado
de las agendas políticas y los programas de
quienes aspiran a los cargos de gobierno se
garantice el cumplimiento de los derechos
de niñas, niños y adolescentes del país. Por lo
tanto, es necesario que las próximas autori-
dades locales diseñen para sus municipios y
departamentos una estrategia integral para
mejorar las condiciones de vida de la infancia
y la adolescencia, enfocando sus acciones en
temas prioritarios de derechos de la niñez,
como la vida y la supervivencia, la educación
y el desarrollo, la participación y la protec-
ción. A lo largo de los últimos ocho años de
trabajo, Colombia le ha apostado a la Estra-
tegia Hechos y Derechos como camino para
posibilitar las políticas públicas de infancia,
adolescencia y juventud en los 33 departa-
mentos y 1.102 municipios del territorio, lo
que ha mostrado que el desarrollo humano
es posible cuando se concreta la correspon-
sabilidad entre actores públicos y privados.
Alcaldes y gobernadores deben contem-
plar en sus agendas instrumentos de planea-
ción departamental y municipal que incluyan
políticas para la infancia y la adolescencia,
priorizando la inversión social y tomando
decisiones sostenibles que contribuyan al de-
sarrollo integral y al ejercicio y reconocimien-
to de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes colombianos. De este modo, estarán
obrando no solo en cumplimiento de la ley,
sino del máximo fin ético de las sociedades:
garantizar los derechos de sus ciudadanos,
en especial de quienes están en proceso de
formación o son más vulnerables.
Por Miriam de Figueroa Representante de Unicef en Colombia
Quienes sean elegidos como
gobernadores y alcaldes de
Colombia para el próximo
periodo tienen el gran reto
de impulsar el desarrollo de
sus departamentos y municipios y de generar
progreso para sus comunidades. Esto solo
será posible si los temas de infancia y ado-
lescencia son el eje central de sus planes y
programas de gobierno.
En el año 2006, Colombia dio un im-
portante paso al promulgar el Código de
Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006,
que armoniza la legislación interna con la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas y con la Consti-
tución Política de 1991. Estos marcos norma-
tivos disponen medidas concretas para que el
Estado y la sociedad sean garantes efectivos
de derechos. Así, en adelante ningún gober-
nante puede eludir las responsabilidades que
le conciernen hacia estas poblaciones y el
ejercicio de sus derechos.
Invertir en la niñez garantiza la sostenibi-
lidad social, económica y democrática de un
país; mientras más temprana sea esa inver-
sión mayor será su impacto en la sociedad.
Por tanto, es necesario identificar aquellas
áreas que permitan mejorar y potenciar la
vida y la capacidad productiva de las nuevas
generaciones: hay que promover la igualdad
entre los géneros, reducir la mortalidad infan-
til, mejorar la salud materna, combatir el Vih
y el sida y prevenir el embarazo en adoles-
centes. Así mismo, garantizar el desarrollo
integral durante los primeros años de vida
y asegurar el acceso a los servicios de salud,
una adecuada nutrición, el registro civil de
nacimiento y el agua potable, el alcantari-
llado y el saneamiento básico. Igualmente,
lograr que ingresen y permanezcan en el sis-
tema educativo, se les brinde una educación
de calidad y desarrollen sus potencialidades
como seres humanos plenos de derechos.
Las niñas, los niños y los adolescentes
deben ser protegidos de los efectos de la
violencia, el abuso y la explotación sexual,
la violencia intrafamiliar, el reclutamiento
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Invertir en la niñez garantiza la sostenibilidad económica, social y democrática de un país.
Hechos de Paz •
Candidatas y perspectiva de género en las campañas
que se incluya el compromiso de trabajar
por los derechos de las mujeres y en aquellos
aspectos que tienen impacto directo y dife-
rente sobre las mujeres y las niñas.
De lo que se trata, dicen las mujeres y
expertas en el tema, es que haya un recono-
cimiento de las mujeres como ciudadanas
y que sus problemáticas y derechos hagan
parte del debate electoral.
Uno de los temas que no puede faltar
en las agendas políticas es el de la preven-
ción de las violencias contra las mujeres.
“Es abrumador el déficit democrático que
enfrentan en su diario vivir, y no solo en
la guerra. En los recorridos de campo y los
talleres de la memoria, de las experiencias
más desgarradoras es el nivel de violencia
en lo cotidiano. Por eso, en las agendas de
campaña deberían existir programas para
contrarrestar la violencia contra la mujer:
las violaciones, las actitudes de enorme
desprecio de lo femenino e incluso actitudes
de control como impedir que las mujeres
salgan de sus casas so pena de pegarles. Esa
violencia luego se ejerce en cascada hacia
otros miembros de la familia en posiciones
vulnerables: los niños y niñas”, afirma la
académica María Emma Wills.
Esta realidad sobre los distintos tipos de
violencias contra las mujeres se escucha en
muchos territorios, aunque en numerosos
casos sigue siendo una violencia silenciosa
de la cual no se habla, no se comenta, no se
denuncia. Por ejemplo, entre 2004 y 2008
fueron valoradas 87.360 víctimas por algún
delito sexual, de las cuales 73.395 (84%) eran
mujeres. En el mismo periodo, hubo 6.042
mujeres asesinadas por distintas razones:
el 64% por causas desconocidas, el 12% por
motivos sociopolíticos, 14% por violencia
común y el 7% fueron asesinadas en el
contexto de la violencia intrafamiliar. Así lo
señala el informe de Medicina Legal Una
mirada epidemiológica a la violencia contra
la mujer en Colombia, que concluye: “los
datos aportados son solo una breve descrip-
En Guamal ya hay cinco mujeres
que quieren ser concejalas en
las próximas elecciones locales
del 30 de octubre. En El Castillo
son nueve las aspirantes. En
otros municipios del Meta y del país la idea
es la misma: que las mujeres incidan de ma-
nera directa en los próximos comicios y lo
hagan, además, con perspectiva de género.
Este es un trabajo que la Red de Mujeres y
Organizaciones del Meta, así como en otras
regiones de Colombia, viene trabajando para
que en las elecciones haya candidatas. “Esa
es la apuesta de la Red; que con las capaci-
taciones y formaciones recibidas ya seamos
una opción electoral y no importa por qué
partido, siempre y cuando haya transpa-
rencia y compromiso”, dice Nancy Gómez
Ramos, integrante de la Red.
Y un paso adicional es que ellas puedan
incidir, con el resto de candidatos y can-
didatas a alcaldías y gobernaciones, en las
agendas programáticas de los partidos para
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El enfoque de género y el impacto diferenciado del conflicto en las poblaciones, como las indígenas, no pueden estar ausentes en las agendas de los candidatos y candidatas.
• Hechos de Paz
ción de la grave problemática que entraña la
violencia física contra la mujer en Colombia,
la cual además de circunscribirse a la lesión
física, sexual o psicológica, entre otras, en
algunos casos llega a la aniquilación”.
Esto exige que los políticos promuevan
campañas para que haya cero tolerancia fren-
te a las violencias contra las mujeres y que se
comprometan a cumplir con el artículo 9 de
la Ley 1257 de 2008: “Los planes de desarro-
llo municipal y departamental incluirán un
capítulo de prevención y atención para las
mujeres víctimas de la
violencia”.
“La democracia en
la casa y en la plaza.
La formación ciuda-
dana, los principios de
igualdad de derechos y
libertad y la paridad en la dignidad humana
empiezan en casa. Se aprende con el ejemplo.
Por eso es un imperativo darle un lugar prio-
ritario a esa violencia cotidiana, invisible, que
tantas heridas está dejando en niños, niñas,
jóvenes, mujeres y hombres”, señala Wills.
Otro tema que no puede faltar es la
equidad en el acceso a la educación. Y lo que
le ocurrió a una mujer de un municipio del
Ariari explica el por qué. “Quería tomar un
curso de mecánica pero no le dieron el cupo
con la excusa de que ese era un labor para
hombres. Pero no se tuvo en cuenta que
para ella ese curso era una necesidad porque
tiene una moto que es la base de su susten-
to. En territorios donde hay tantas viudas
por el conflicto armado ¿quién arregla el
lavamanos, quién construye la vivienda,
quien hace las reparaciones del hogar? Hay
problemas para acceder a la educación. Ni
siquiera hay horarios de clases teniendo en
cuenta las necesidades y obligaciones de las
mujeres”, señala Nancy, de la Red
Muchas mujeres también tienen problema
cuando se acercan a las oficinas públicas
para reclamar el derecho a la tierra, arreba-
tada de manera violenta o por mecanismos
fraudulentos. Les piden que el esposo haga
directamente la reclamación y, cuando ellas
informan que el conflicto se llevó a sus mari-
dos, empiezan entonces los inconvenientes
para mostrar la titularidad de los bienes.
Esto exige que haya un compromiso de
candidatos, candidatas y partidos para que
se trabaje de manera articulada con el Go-
bierno nacional, con el fin de que en entes
como el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural se logre la titulación de tierras para las
mujeres.
Se requiere, además, que “en el ámbito
rural haya programas de crédito y asesoría
técnica a los proyectos de las mujeres y que
en el nivel urbano se impulsen proyectos de
capacitación, crédito y comercialización de
sus productos. No se trata solo de dar cré-
ditos blandos sino asegurar todo el proceso
económico de estas empresas: desde la pro-
ducción hasta la distribución”, afirma Wills.
Por último, es un imperativo que, como
dice Onu Mujer, en las próximas elecciones
haya un pacto por los derechos a la parti-
cipación, la prevención, la promoción y la
protección de las mujeres. Esas son las cuatro
‘p’ de las que habla la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas,
aprobada y adop-
tada por el Estado
colombiano, y que en
el ámbito local los as-
pirantes y los partidos
pueden empezar a implementar.
Todos estos esfuerzos pueden ser una es-
trategia que se convierta en un instrumento
de corto, mediano y largo plazo para la in-
terlocución entre las mujeres y los gobiernos
sobre el compromiso de formular, validar
y adoptar una política pública de equidad
para las mujeres con énfasis en la construc-
ción de paz. Esto permitirá garantizar un
proceso participativo que recoja sus mira-
das, problemáticas y propuestas y oriente
las acciones y la destinación de recursos de
los gobiernos para la equidad, el empodera-
miento y el mejoramiento de la calidad de
sus vidas.
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“Los principios de igualdad de derechos y libertad y la paridad en la dignidad humana empiezan en casa. La democracia en la casa y en la plaza”.
Fortalecer las organizaciones y redes de mujeres es un primer paso hacia su inclusión y la garantía de sus derechos.
Hechos de Paz •
Hacia el desarrollo rural con el campesinado
perspectiva de género y c) si la agenda está
orientada hacia la inclusión política, eco-
nómica y social de los pobladores rurales,
con especial atención sobre las campesinas
y los campesinos. Una agenda de desarro-
llo rural incluyente y con perspectiva de
género debería fortalecer, en primer lugar,
las capacidades de la gente: crear o apoyar
escuelas de formación de líderes en las que
los contenidos programáticos y de forma-
ción tengan en cuenta las particularidades
y necesidades específicas de las mujeres
rurales; escuchar a las organizaciones de
base de campesinos y campesinas; y abrir
canales de participación en los procesos
de toma de decisiones.
Pero la ruta de la inclusión también
debe procurar soluciones para por lo
menos dos tipos de problemáticas nacio-
nales, pero cuyas manifestaciones directas
se expresan en el ámbito municipal: a) los
efectos de la violencia sobre los poblado-
res rurales y b) la ampliación de oportuni-
dades para alcanzar un proyecto de vida
en el campo. Con respecto a lo primero, la
coyuntura actual invita a que los futuros go-
bernantes expresen su apoyo decidido a los
esfuerzos de formalización de los derechos
de propiedad y su compromiso de liderar
las actividades de la institucionalidad pública
con presencia regional y local en torno a la res-
titución de tierras. Y sobre el segundo punto,
el compromiso debe ser de largo aliento y
enfocarse en tres líneas: solucionar proble-
mas de mercadeo de la producción (vías,
comunicaciones, sistemas de información,
articulación de cadenas con distribuidores
organizados en áreas urbanas); apoyar y
capacitar al campesinado en la formulación
de proyectos para acceder a recursos e im-
plementar programas para que la juventud
rural amplíe sus opciones para llevar un
proyecto de vida digno en el campo.
Cualquiera de estas propuestas debe ir
acompañada de desarrollos instituciona-
les. Para las gobernaciones, ello significa
fortalecer las secretarías de Agricultura para
centrar acciones con pequeños productores
y grupos sociales campesinos, lo cual debe-
ría hacerse en coordinación con el Ministe-
rio de Agricultura. Y, para las alcaldías, esta-
blecer instancias de atención y diálogo con
los sectores campesinos, fortaleciendo y
reestructurando, por ejemplo, los consejos
municipales de desarrollo rural, de forma
que logren una representación amplia que
les facilite tomar decisiones y lograr acuer-
dos con las autoridades locales.
El llamado final es a anticiparse a los he-
chos. Además de la coyuntura (la atención
a las víctimas, la restitución de tierras) y los
problemas de vieja data (las oportunidades
en el campo), los líderes políticos deben
considerar propuestas y mecanismos para
tramitar conflictos más recientes, por ejem-
plo por el uso del suelo o por la apropiación
de las riquezas del territorio. El futuro del
campo colombiano y del desarrollo huma-
no de sus pobladores depende del manejo
oportuno de los desafíos planteados por
actividades económicas como la minería o
los biocombustibles. El reto es enorme para
los nuevos gobernantes, pero como equipo
del Informe de Desarrollo Humano que pu-
blicará sus resultados en junio de este año,
creemos que el bienestar de los colombia-
nos y las colombianas bien vale la pena.
Por el Informe de Desarrollo Humano 2011 para Colombia, del PNUD
La primera invitación a los
líderes políticos regionales es a
caracterizar pobladores y terri-
torios. Pobladores, para saber
quiénes son, cómo viven, en
dónde se ubican, de dónde derivan su ingreso
y quiénes serán los destinatarios de la obra de
gobierno. Y territorios, para conocer las acti-
vidades económicas, sociales, comunitarias
y culturales que ocurren en el espacio que se
tiene la aspiración de gobernar.
En buena medida, gobernar es organizar.
Por ello se aspira a que el ejercicio anterior
ponga en evidencia la enorme importancia
que para los municipios tienen los poblado-
res y territorios rurales o, en pocas palabras,
la importancia de gobernar también, sobre
todo para las sociedades rurales. Porque en
cada municipio colombiano hay un grupo
de personas, a veces más o menos numero-
so, que vive en el campo y del campo y, en-
tonces, el desarrollo rural no se concibe sin
partir del reconocimiento de los derechos de
campesinas y campesinos y de su condición
de sujetos sociales y políticos.
Tal reconocimiento adquiere sentido si:
a) los líderes políticos proponen una agenda
de desarrollo rural; b) si esa agenda tiene
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El futuro del campo y del campesinado también depende del manejo de desafíos como los megaproyectos.
• Hechos de Paz
Objetivos del Milenio: una apuesta contra la pobreza
mejorar las condiciones de vida de quienes
habitan en los asentamientos humanos críti-
cos, que en Colombia afectan a 1,37 millones
de familias, según cifras oficiales, y que el Go-
bierno nacional ha dicho que enfrentará con
la construcción de un millón de viviendas en
el presente cuatrienio.
De otro lado, Colombia busca lograr co-
berturas universales en educación preescolar
y básica e incrementar la matrícula en media
hasta el 93% antes de 2015. Esto será posible
si las entidades territoriales amplían la oferta
escolar y redoblan esfuerzos para evitar la
deserción.
Uno de los desafíos de los Odm es llegar a
la equidad y autonomía de las mujeres. Para
avanzar en esa dirección, quienes ostenten
las candidaturas podrían hacer explícito su
interés para promover que ellas tengan ac-
ceso a oportunidades de desarrollo humano
a través de programas de empleo e ingresos,
participación política, prevención de vio-
lencias basadas en género y salud sexual y
reproductiva.
Tres de los Odm le apuestan a mejorar las
condiciones de salud de la población: redu-
cir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir el Vih-Sida, la malaria y
otras enfermedades. Y en esto las próximas
autoridades locales también tienen un rol
que cumplir. En mortalidad infantil Colombia
se ha propuesto como meta reducirla a 16,68
por cada mil nacidos vivos (Mnv) en menores
de un año y a 18,98 por cada Mnv en menores
de 5 años, además de alcanzar coberturas en
vacunación del 95%. En salud materna, el ob-
jetivo es reducir la tasa de mortalidad a 45 por
cada 100.000 nacidas vivas. Para ello es nece-
saria la atención oportuna a las gestantes en
las zonas rurales dispersas en los municipios
y departamentos, la adopción de programas
para la prevención de embarazos en niñas
y adolescentes y la ejecución de tareas para
prevenir el cáncer de cuello uterino.
El cumplimiento de las metas Odm no solo
plantea retos en términos de las brechas
existentes entre regiones sino también entre
poblaciones. En este sentido, es importante
mirar dichos objetivos a partir de las par-
ticularidades regionales y de poblaciones
específicas que, por diversas razones, se
encuentran más rezagadas que otras en
cuanto a oportunidades y avance hacia la
satisfacción de sus derechos.
Por lo menos uno de cada tres
votantes que se acerquen a las
urnas lo hará con la esperan-
za de que los candidatos a las
alcaldías y las gobernaciones le
ayuden a superar su condición de pobreza y,
seguramente, estará atento a escuchar y votar
por las propuestas de lucha contra la pobreza
que más lo convenzan.
Este será, sin duda, uno de los temas que
no puede faltar en las agendas de las próxi-
mas elecciones, mucho más teniendo en
cuenta que disminuir la pobreza es la esencia
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Odm), surgidos de la Declaración del Mile-
nio en el 2000 durante la Asamblea General
de Naciones Unidas, busca disminuir a la
mitad la pobreza en el mundo antes de 2015;
superar la desnutrición y la mortalidad de
niños; evitar la mortalidad materna; asegurar
una atención médica institucional y presta-
da por personal especializado; alcanzar una
educación universal; luchar contra las enfer-
medades contagiosas; proveer saneamiento
básico y agua a la mayor parte de la pobla-
ción; proteger el medio ambiente; ofrecerle
vivienda digna a familias y alcanzar equidad
de género.
Colombia definió sus metas a 2015 para los
Odm al aprobar el Conpes 91 de 2005 y desde
2006 creó el programa Red Juntos, que es el
instrumento operativo que coordina la acción
del Estado para la superación de la pobreza
extrema y que el actual Gobierno ha señalado
que fortalecerá y potencializará bajo el nom-
bre de Red Unidos. El objetivo del Gobierno
nacional es sacar de la pobreza a 2,8 millones
de personas antes de 2014 y reducir la pobre-
za extrema por debajo del 10%.
El logro de este objetivo incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prospe-
ridad para todos”, que está en estudio en el
Congreso, requiere del compromiso decidido
tanto del Gobierno nacional como de los
gobiernos departamentales y locales. Por
eso, debería ser también un compromiso de
los y las aspirantes, con una estrategia que
incluya acciones específicas para combatir la
pobreza.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
también le apuntan con especial interés a
El desarrollo de la población que vive de trabajos informales deberá ser una prioridad de las próximas autoridades.
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Hechos de Paz •
Gobernar también es anticiparse
riesgo porque, de otra forma, esa recupera-
ción o reconstrucción no será efectiva.
Esa estrategia que debería construir todo
futuro gobernante implica tener en cuenta
mínimo cuatro aspectos, como lo advierte
el profesor Cardona. El primero, conocer
el riesgo, lo que quiere decir identificarlo,
calcular y evaluar las amenazas y las vul-
nerabilidades y hacer los mapas de riesgo.
Pero, además, significa darlo a conocer a la
comunidad.
El segundo, reducir el riesgo. Y para ello
los futuros alcaldes y gobernadores pueden
proponer medidas estructurales, como la
construcción de obras de ingeniería y la
protección frente a deslizamientos e inun-
daciones, y medidas no estructurales, como
la gestión ambiental y el ordenamiento
territorial.
El tercero, prepararse para la respuesta a
la emergencia. En vez de improvisar ante un
desastre, las autoridades pueden tener siste-
mas de alerta y planes de emergencia que les
permitirán lograr una acción eficiente.
Y, por último, otro elemento de la
estrategia tiene que ver con la protección
financiera. “Por ejemplo, tener asegura-
da la infraestructura del municipio y los
inmuebles públicos y contar con un fondo
de reservas. Hay que tener créditos con-
tingentes para recuperar la infraestructura
dañada y cuidar a los más pobres porque
ellos son responsabilidad fiscal del Estado”,
dice Cardona.
En esta labor, como lo advierte Cárdenas,
si bien es indispensable “la recuperación y
el desarrollo con un concepto de ordena-
miento del uso del territorio y con sentido
ambiental”, también lo es la participación
ciudadana. Es necesario que las soluciones
sean concertadas y dialogadas entre los
gobiernos centrales y locales y la ciudadanía
y que ella pueda definir sus prioridades y
necesidades.
Un buen gobernante es el
que planifica, el que hace
ordenamiento territorial
e incorpora en su plani-
ficación del desarrollo
variables fundamentales como la reducción
de riesgo. Un buen gobernante es aquel
que hace prevención y mitigación de los
riesgos, no solo enfrentando los fenómenos
naturales con obras de infraestructura, sino
reduciendo las condiciones de vulnerabili-
dad y de fragilidad de los ciudadanos.
“Esto esta ligado al desarrollo sostenible,
es decir, a una buena gestión ambiental, a
una buena planificación y a la reducción de
la pobreza. Hacer planificación del desa-
rrollo y de un desarrollo sostenible implica
identificar y reducir la vulnerabilidad para
así reducir el riesgo y, en consecuencia,
reducir los futuros desastres. Gobernar es
anticiparse”, señala Omar Darío Cardona
Arboleda, profesor del Instituto de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional,
sede Manizales.
Y anticiparse es la prioridad, como lo han
demostrado con responsabilidad muchas
autoridades locales y encargados de entes
territoriales en la emergencia que vive el
país, la cual ha tenido un especial impacto
en las regiones: entre el 6 de abril de 2010 y
el 16 de febrero de 2011, 2’419.934 personas
han resultado afectadas, es decir, 503.321
familias; 364.815 viviendas averiadas y un
millón de hectáreas perjudicadas, según
información de Colombia Humanitaria.
Para Cardona y otros expertos, este es
el principal mensaje que deben tener en
cuenta quienes aspiran a ser las futuras
autoridades locales del país. Que “cuando
se habla de riesgos y desastres no hay que
hablar solo de la naturaleza sino también de
las amenazas y las vulnerabilidades”, dice
Camilo Cárdenas, el primer director que
tuvo Colombia del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres. Que la
clave es comprender que los desastres son
ante todo un problema de desarrollo y que
mientras se repara y se reconstruye también
hay que transformar. Que para no recons-
truir la vulnerabilidad existente hay que
tener una estrategia de gestión integral de
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Los desastres y sus efectos en la población han evidenciado los desafíos de las autoridades en la gestión de riesgos.
¡A fortalecer la gobernabilidad democrática!
La garantía de elecciones transparentes, una mayor re-
presentación de la mujer, el fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales, gestiones eficientes, la inclusión
de sectores históricamente excluidos y la participación
calificada de la ciudadanía en la construcción de lo
público y en mecanismos de control social son algunos de los desafíos
que deberán ser asumidos por los partidos y sus candidatos a alcal-
días y gobernaciones en las próximas elecciones regionales.
Esto permitirá consolidar la democracia local que, aunque ha
mostrado avances importantes, en los últimos años también ha sido
motivo de gran preocupación, entre otras razones por la infiltración
en partidos e instituciones de grupos armados ilegales, los casos de
corrupción en las administraciones locales y los bajos niveles de desa-
rrollo humano de muchos de los ciudadanos.
La transparenciaEs un pilar fundamental para la democracia y, por ende, para las
elecciones. En un país marcado por los escándalos derivados de
las relaciones entre lo ilícito y la política y de la poca rectitud en las
contrataciones públicas, la transparencia es un tema relevante para
los candidatos. Campañas limpias, hechas de frente a los ciudadanos,
son una primera prueba del compromiso de los futuros gobernantes,
quienes podrían tomar la iniciativa de informar públicamente cuáles
son sus fuentes de financiación y facilitarle a la opinión pública el
acceso a esa información.
Los candidatos y las candidatas también podrían comprometer-
se con el voto programático, de tal forma que la ciudadanía pueda
hacer un seguimiento a los programas de gobierno que inscriban
ante las autoridades electorales.
Aunque el estatuto anticorrupción aún no ha sido aprobado en el
Congreso, allí hay un capítulo específico que podría desde ya poner-
se en marcha y contribuiría a la transparencia. Es el que señala que
los contratistas del Estado solo pueden participar en un porcentaje
limitado en la financiación de campañas.
Asimismo, desde sus campañas los candidatos podrían presentar
mecanismos para blindar sus futuras administraciones contra los
llamados “carteles de la contratación”. En ese sentido, sería aconse-
jable que impulsaran y dieran a conocer los controles institucionales
del nivel local, sus posiciones frente a la elección de contralores y
personeros municipales e, incluso, que suscribieran acuerdos por la
probidad.
Pero la mejor manera de impulsar una gestión transparente es
hacerla de la mano de la ciudadanía.
La construcción participativaLa participación ciudadana en la construcción de políticas públicas
es otro de los temas cruciales para las próximas elecciones. Esta invita-
ción debe plantearse desde el momento de la campaña con propuestas
claras que, más allá de lo retórico, ayuden a crear (o a fortalecer los
existentes) mecanismos y espacios de encuentro entre gobernantes
y gobernados. Planes de desarrollo y presupuestos participativos son
solo dos espacios en los que las administraciones pueden invitar a la
ciudadanía a participar de la construcción conjunta de políticas públi-
cas; en las metodologías para facilitar y cualificar el acceso a estos espa-
cios, estaría parte de la clave de las propuestas
de campaña para las próximas elecciones.
El fortalecimiento institucionalLa transparencia va de la mano del fortale-
cimiento institucional, una de las falencias en
muchas de las regiones del país. Los expertos
insisten en que instituciones sólidas garanti-
zan un ejercicio sólido de la democracia; por
lo tanto, orientar las acciones de los candida-
tos y futuros gobernantes hacia dicho for-
talecimiento en los diversos territorios para
lograr un desarrollo sostenible y participativo
es también uno de los retos para las próximas
elecciones locales.
La inclusiónUna democracia fuerte implica la inclu-
sión de todos los sectores de una sociedad,
mucho más aquellos que históricamente
se han visto excluidos y subrepresentados,
como las minorías étnicas, las mujeres, los
grupos Lgbt y los jóvenes. Por consiguiente,
la política como parte del ejercicio demo-© C
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Las familias colombianas esperan participar de manera activa en la construcción de políticas públicas.
Hechos de Paz •
crático exige promover esa inclusión y, por lo mismo, que la voz de
todos, por diferente que sea, tenga cabida en esa democracia de
ciudadanía.
Las propuestas de gobierno de los candidatos y las candidatas
son una prueba para saber hasta qué punto se incluyen políticas
que representan e incluyen al otro y responden a las preocupaciones
ciudadanas y no a los intereses de sectores específicos. Una campaña
incluyente y con propuestas incluyentes, sin duda, es un paso impor-
tante hacia gobiernos que garanticen representatividad.
La participación ciudadanaUn eje transversal a todo lo anterior es la participación ciudadana
(Ver Un comopromiso explícito con la participación ciudadana). El
político francés Pierre Mendès France afirmaba que “todo individuo
contiene un ciudadano”. Así, les corresponde a las sociedades sacar
a la luz al ciudadano contenido en todo individuo, dándole voz y
participación. Por eso, la próxima campaña política debe entender al
ciudadano no solo como un ciudadano político capaz de depositar
un voto a conciencia, sino también como un ciudadano civil dotado
de derechos, deberes y libertad individual. Un ciudadano agente del
cambio y capaz de participar en la construcción política del país, lo
que implica la apertura de espacios donde ciudadano y candidato se
encuentren y dialoguen y, posteriormente, exista esa misma interre-
lación entre gobernantes y gobernados.
Un compromiso explícito por la participación ciudadana
La participación ciudadana es
un ingrediente sine qua non de
las decisiones públicas. Es el eje
central de toda gestión públi-
ca, que en los últimos años se
comprende como una gestion abierta a la
participación de la ciudadanía. Primero,
porque cualifica la democracia. Y segundo,
porque mejora la eficacia y la eficiencia.
Por eso, en las agendas de partidos y
candidatos debería haber un compromiso
explícito con la participación ciudadana,
más aun si se parte de la base de que la
Constitución de 1991 define la participación
como un principio esencial del Estado y
como un derecho ciudadano.
Aunque se han dado importantes avan-
ces, también hay aspectos por mejorar,
sobre los cuales las próximas autoridades
tienen mucho que aportar, señala el experto
Fabio E. Velásquez, integrante de Foro Na-
cional por Colombia, una organización cuya
tarea central es reflexionar y suscitar debates
sobre el estado de la democracia en Colom-
bia y en América Latina.
Actualmente, hay muchos funcionarios
públicos y autoridades locales que acep-
tan la participación como algo propio y no
como un ‘bicho’ extraño o una amenaza a
su poder. También hay numerosos colom-
bianos que han incorporado el lenguaje de
la participación en su acción cotidiana y
pública. Y, además, hay destacadas expe-
riencias exitosas sobre el tema, como los
presupuestos participativos, la formula-
ción participativa de políticas públicas, las
veedurías ciudadanas y de control social de
la gestión pública y otras, como las constitu-
yentes municipales y departamentales o las
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Fortalecer la democracia implica escuchar e incluir a poblaciones que han sido históricamente olvidadas.
• Hechos de Paz
iniciativas para discutir políticas, proponer
e, incluso, expresar su desacuerdo por una
decisión o acción pública.
Sin embargo, entre los problemas están
identificados seis, según Velásquez. Uno, hay
desconocimiento de la gente sobre el poten-
cial de la participación para incidir en deci-
siones públicas por la falta de información,
de conocimiento y, también, por la ausencia
de conciencia cívica. Dos, fueron creados
numerosos espacios institucionales de parti-
cipación, pero por su dispersión la gente no
ha logrado entenderlos ni asimilarlos. Tres,
los estudios que ha hecho Foro han mostrado
que hay cerca de 45 leyes de participación y,
aunque está la ley estatutaria de participa-
ción –Ley 134–, solo se refiere a mecanismos
de participación directa: referendo, consulta
popular, plebiscito, revocatoria de mandato
o cabildos abiertos. “Es una ley muy limitada
en su alcance que, en vez de estimular la par-
ticipación, la desestimula por la cantidad de
requisitos y exigencias que establece”, señala.
Cuatro, muchos de estos espacios de
participación se han malinterpretado, se han
burocratizado o han sido copados y apropia-
dos por liderazgos que, en vez de lo público,
tienen intereses económicos, simbólicos o
políticos. “Otros problemas son la falta de in-
formación oportuna, amigable y accesible al
público y la falta de garantías para participar.
Y un inconveniente más es la desarticulación
o divorcio entre la representación política y la
participación ciudadana o entre democracia
representativa y la democracia participativa”,
señala Velásquez.
¿Qué hacer? En las agendas de los par-
tidos políticos y de sus candidatos este
compromiso podría expresarse de diferentes
maneras, entre ellas:
1. Promover condiciones favorables para
la participación, es decir, que exista un
clima de libertades y respeto por los dere-
chos humanos para que la ciudadanía
pueda expresarse.
2. Proponer políticas explícitas sobre cómo
se va a estimular y fortalecer la partici-
pación ciudadana en su territorio. Por
ejemplo, los aspirantes podrían compro-
meterse a hacer una rendición de cuen-
tas interactiva, en la que haya diálogo
con la comunidad y no solo lectura de
resultados.
3. Promover veedurías ciudadanas a polí-
ticas, proyectos y planes, lo que debería
estar en cabeza no solo del alcalde, sino
también del personero o del contralor,
para promover el ejercicio ciudadano en
torno a lo público.
4. Destinar recursos para el cumplimiento
de ese compromiso con la participación
para que la acción gubernamental se
traduzca en hechos concretos: recursos
para la formación ciudadana, el fortaleci-
miento de instancias de participación, la
realización de campañas masivas peda-
gógicas y la investigación sobre el tema.
“Y lo más importante es que se necesitan
sujetos actores de la participación, sujetos
que conviertan las herramientas de partici-
pación en instrumentos de generación de
solidaridades, de movilización social y de
interlocución con las autoridades públicas”,
añade Velásquez.
Una información oportuna, veraz, amiga-
ble y accesible a la gente; campañas infor-
mativas y educativas sobre el potencial de
los espacios participativos; el intercambio de
experiencias participativas para que la gente
vea y experimente; la promoción de inves-
tigaciones y conocimiento sobre la partici-
pación y la voluntad política real permitirán
que la participación sea, verdaderamente,
un instrumento para el fortalecimiento de la
democracia.
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Las autoridades tienen el reto de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y de asegurarles un clima de libertades para ejercicio de esos derechos.