revista volumen x

REVISTA DE LA

ACADEMIA

PUERTORRIQUEÑA

DE JURISPRUDENCIA

Y LEGISLACIÓN

SAN JUAN, 2010

VOLUMEN X

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN Correspondiente de la

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Fundada el 9 de diciembre de 1985

Académicos de número

2010

Lcdo. Antonio García Padilla, Presidente

Hon. Juan R. Torruella, Vicepresidente

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Dr. Carmelo Delgado Cintrón

Dr. Demetrio Fernández Quiñones

Lcdo. Ernesto L. Chiesa Aponte

Lcdo. José J. Álvarez González

Hon. Liana Fiol Matta

Lcdo. Carlos E. Ramos González

Dr. José Trías Monge, Presidente (†)

Lcdo. Lino J. Saldaña (†)

Lcdo. Marcos A. Ramírez Irizarry (†)

Lcdo. Eugenio S. Belaval (†)

Lcdo. Wallace González Oliver (†)

Académicos Honorarios

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“La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente

de la Real Academia de Jurisprudencia de España, tiene como fines promover la

investigación y la práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares, así como

contribuir a las reformas y progreso de la legislación puertorriqueña”. Artículo 1,

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Revista

de la

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y

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se publica periódicamente. Es el órgano oficial científico de la Academia. Toda

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REVISTA

de la

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

─────────────────────────────────────────────────

VOL. X 2010 ─────────────────────────────────────────────────

ÍNDICE

DISCURSOS DE RECEPCIÓN Página

La inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la

búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el

derecho constitucional puertorriqueño.

Carlos E. Ramos González ...................................................................... 1

Contestación al discurso del profesor Carlos E. Ramos González.

José Julián Álvarez González ................................................................ 31

ARTÍCULOS

Deja Vu: A Federal Judge Revisits the War on Drugs

or life in a balloon. Juan R. Torruella .................................................................................... 47

Dictamen de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y

Legislación en torno al P. del S. 1634

Ana Cristina Gómez Pérez ................................................................... 101

1

LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA: LO

INDIGNO DE LA BÚSQUEDA DE EXPECTATIVAS

RAZONABLES DE INTIMIDAD EN EL DERECHO

CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑO*

Lcdo. Carlos E. Ramos González**

Me propongo reflexionar sobre la inviolabilidad de la dignidad

humana. Una vez establecido el alcance y significación de este

derecho, discutiré su vinculación con el derecho de intimidad que

también reconoce la Constitución de Puerto Rico. Así lo haré a

través de un análisis crítico de algunas cuestiones metodológicas

que se desprenden de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto

Rico relacionado con ambos derechos.

"La dignidad del ser humano es inviolable". Así comienza la

Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.1 Su origen

ha sido expresado de forma reiterada por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico: la influencia que tuvo en la elaboración de este

documento la Declaración Universal de Derechos Humanos y la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

ambas de 1948. Estas declaraciones a su vez, son esencialmente

consecuencia de los estragos que dejó en la conciencia de la

*Discurso pronunciado en el Teatro de la Facultad de Derecho de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico en el acto de la incorporación

como Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de

Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, el 28 de octubre de 2010.

** Catedrático y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico. Agradezco la colaboración en la

investigación y edición de la estudiante Alexandra Rivera Ríos de la

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Cualquier error u omisión es solo del autor. 1 CONST. P.R. art. II, § 1.

2 Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación

humanidad la Segunda Guerra Mundial en general y el

"Holocausto", en particular.2

La etimología de la palabra "dignidad" sin embargo, nos obliga a

recurrir a tiempos más antiguos para comprender su alcance y sig-

nificado aun en nuestros tiempos. Su origen está asociado al latín

"dignitas" que algunos entienden vinculado al término "mérito in-

trínseco".3 Para otros, "dignitas", en su verdadero origen etimoló-

gico, estaba asociada a cierto "status" social de la persona e incluso

de ciertas cosas e instituciones.4 Solo los nobles estaban "dignifica-

dos" o tenían un valor intrínseco; también ciertas instituciones o

cosas tenían su "dignitas". En cierto sentido, el status de "dignitas"

conllevaba un reconocimiento al "honor" de esas personas e insti-

tuciones. De hecho, al día de hoy perdura una noción de la digni-

dad atada a cosas e instituciones como lo son, por ejemplo, "la

dignidad del tribunal" o "la dignidad de la profesión legal".

Ahora bien, ¿cómo explicar el desarrollo de un concepto cuyo

origen puede interpretarse que descansa en un reconocimiento de

la "dignitas" de unos pocos a un entendido contemporáneo de la

"dignidad humana" mucho más amplio? No nos hemos de detener

en este largo camino. Sí deseo resaltar que si bien en su origen la

"dignitas" contenía unos elementos fundamentados en la desigual-

dad y el privilegio, el status de "dignitas" también imponía a los

2 Véase, e. g., López Vives v. Policía de P.R. 118 DPR 219, 226-227

(1987). También, Carlos Gorrín Peralta, La Declaración Universal de

Derechos Humanos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de

Puerto Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R.1 (2010) y Esther Vicente

Rivera, Una mirada a la interpretación de los derechos económicos,

sociales y culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto

Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 17 (2010). 3 Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality

Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, United States

and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 Rev. Jur. U.P.R. 343, 344, n.3

(1998). 4 Christopher McCrudden, Human Rights and Judicial Interpretation of

Human Rights, 19 EJIL 655, 665-663 (2008).

Carlos E. Ramos González 3

"dignos" unas obligaciones hacia uno mismo y obligaciones hacia

los otros.5

La noción contemporánea de la dignidad humana también reco-

noce el valor personal, el mérito, la virtud y la estima de aquella

"dignitas" original pero acentúa el carácter dual de las obligaciones

que impone. Más importante aún: esta dignidad es ahora

inalienable en todos los seres humanos y existe en idéntica magni-

tud en cada uno de ellos. Es el imperativo fundamental contra la

discriminación.

Este entendimiento moderno ha de culminar con la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 (en

adelante, Declaración Americana) y seis meses después, en la

Declaración de los Derechos del Hombre (en adelante, Declaración

Universal). Debemos recordar, sin embargo, que desde mucho

antes, en tiempos del Renacimiento, con el auge del racionalismo,

Pico della Mirandola resaltaba la dignidad humana en su conocida

"Oración acerca de la dignidad del Hombre". Aunque con un

acercamiento y propósito religioso cristiano, della Mirandola no

cesaba de reconocer, en el uso de la razón, la grandeza que

implicaba la igualdad esencial de todos los seres humanos. Fue

este el preámbulo para la noción contemporánea de la dignidad

humana que recoge la máxima o imperativo kantiano que ordena y

cito: "obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona

como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al

mismo tiempo y nunca solamente como un medio"6

De esta manera, como imperativo, la dignidad humana no es un

mero valor intercambiable.7 Su existencia no depende de nada ni

nadie: por ello es incluso irrenunciable. Ésta pertenece al género

humano: a su "status" o condición humana. Una pérdida de la 5 Stéphanie Hennette-Vauchez, A Human Dignitas? The Contemporary

Principle of Human Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal

Concept, EUI Working Paper LAW, No. 2008/18, 1, 4-6, en

http://www.eui.eu/ (accedido 15 de agosto de 2010). 6 Immanuel Kant, FUNDAMENTOS DE LA METAFÍSICA DE LAS

COSTUMBRES, 67 (trad. Manuel García Morente ,1973). 7 Maxine D. Goodman, Human Dignity in Supreme Court Constitutional

Jurisprudence, 89 Neb. L. Rev. 740, 749 (2005).


dignidad humana de una persona es una pérdida para toda la

especie humana. En consecuencia, la dignidad humana pertenece a

una misma especie donde cada uno de nosotros la sostiene sin que

pueda entregarse, renunciarse o negociarse sin afectar a los demás.

Las declaraciones de derechos humanos de 1948 reflejan un en-

tendido de la "dignidad humana" en función del respeto a la "auto-

nomía personal", al derecho a la "autodeterminación personal":

cada ser humano, por su valía, debe ser tratado como un fin en sí

mismo. Pero estas declaraciones también trascienden esta "indivi-

dualidad", es decir, le dan un significado más abarcador. El

Preámbulo de la Declaración Americana establece que si bien to-

dos los hombres nacen libres e iguales en dignidad, éstos "deben

conducirse fraternalmente los unos con los otros". Más adelante

indica que "[si] los derechos exaltan la libertad individual, los de-

beres expresan la dignidad de esa libertad". El Artículo 1 de la De-

claración Universal establece que "[t]odos los seres humanos na-

cen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos

con los otros"

La exigencia de comportarse o conducirse "fraternalmente" tam-

bién puede entenderse como una exigencia de solidaridad con los

otros. Así pues la "libertad" tiene una concepción dual: igual li-

bertad para todos e igualdad para ejercer la libertad todo ello en-

marcado en el reconocimiento de la dignidad humana.8 Por eso

resulta natural que estas declaraciones animan el llamado "estado

social y democrático de derecho" el cual reconoce los límites del

Estado al ordenar que se respeten los derechos y libertades indivi-

duales pero a su vez impone a éste la obligación de crear las condi-

ciones para que las personas tengan las mismas oportunidades de

ejercer su libertad. A las personas, a su vez, les impone un deber de

solidaridad y respeto hacia los demás. En cuanto al Estado, esta

concepción cobra concreción no solo en el reconocimiento de los

derechos individuales sino también en reconocer los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales incluyendo las obligaciones que

ellos conllevan.

8 Gregorio Peces- Barba, ÉTICA, PODER Y DERECHO, 74 (1995).


Una última reflexión teórica sobre la "dignidad humana": ¿qué

rol desempeña la cultura en su reconocimiento y entendimiento?

¿Es la inviolabilidad del ser humano un principio inalienable pero

que en última instancia depende de la cultura de cada pueblo o

grupo humano? Si así fuera, interpretar el significado la dignidad

humana se convierte en un reto extraordinario para el jurista. Des-

pués de todo, ¿no ha sido una concepción relativa de la dignidad

humana la que ha nutrido los autoritarismos, fundamentalismos y

las más variadas formas de despotismo que ha experimentado la

humanidad?

Frente a estas dudas, ¿podemos reflexionar sobre una dignidad

humana puertorriqueña, o sería un contrasentido que niega la esen-

cia misma de la universalidad del principio reconocido y declarado

en 1948? Es obvio que es mucho más fácil continuar la reflexión

axiológica de la dignidad humana que exponer su utilidad "instru-

mental".9 Este proceso, sin embargo, nos permite identificar los

elementos para la elaborar una teoría de adjudicación a ser em-

pleada en controversias donde esté involucrada la dignidad hu-

mana, invocada como un derecho independiente o como un princi-

pio o "complemento" que debe acompañar la valoración de todos

los derechos fundamentales.

Volvamos a la inclusión de la inviolabilidad de la dignidad hu-

mana en la Constitución de Puerto Rico. Recordemos que está

contenida en una Carta de Derechos, en una enumeración que an-

tecede los artículos correspondientes a la estructura del gobierno.10

Esta Carta de Derechos no aparece como enmienda a la Constitu-

ción. De sus propios términos se enuncia como un derecho, es de-

cir, no se articula como un valor o principio. Está expresada en

términos absolutos. No admite excepciones. No es posible que se

tolere una violación temporal de la misma. No admite valores su-

periores. No solo está dirigida al Estado únicamente como límite al

ejercicio de sus poderes; está dirigida también a la sociedad: nadie

puede violar la dignidad humana.

9 Stéphanie Hennette-Vauchez, supra nota 5 a la pág. 11.

10 CONST. P.R. art. II, §1.


Su diferencia textual con la Constitución de Estados Unidos es

diáfana: no existe en dicho texto constitucional referencia a la dig-

nidad humana. Más allá del texto, una verdad histórica me parece

evidente: la Carta de Derechos ("Bill of Rights") de 1791 de la

Constitución de los Estados Unidos refleja el pensamiento liberal e

individualista que solo buscaba limitar los poderes del Estado o

gobierno frente al individuo. El propósito principal de la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico es diferente; su norte

es vindicar la dignidad humana, y como parte de este objetivo, per-

sigue limitar los poderes del gobierno, e imponerle obligaciones a

ese Estado. Aún más: les impone límites y obligaciones a personas

naturales y jurídicas no gubernamentales. Estas diferencias no

pueden ser inconsecuentes.

Ya he expresado que la conceptualización y elaboración de esta

Carta de Derechos estuvo inspirada en las declaraciones universa-

les de 1948. Hay que reconocer también que la Convención Cons-

tituyente estuvo influenciada por las leyes orgánicas federales pre-

vias, las constituciones de varios estados de los Estados Unidos y

por supuesto, por la Constitución de los Estados Unidos.11 Es

igualmente cierto que en la Convención Constituyente de 1951-52

estaban reflejados una variedad de intereses políticos, económicos

y sociales. De igual forma, a mi juicio, es irrefutable que el

resultado final no reflejó la voluntad original y por ende soberana

del pueblo de Puerto Rico ya que estaba sujeta a los límites e im-

posiciones de una voluntad política superior. Aun así, de la Carta

de Derechos finalmente aprobada, -con toda la amalgama de con-

tradicciones que lo anterior supone- en su centralidad sobre la dig-

nidad humana y las consecuencias antes discutidas, aflora una vo-

cación de crear un estado social y democrático.12 Es decir, el reco-

nocimiento de la "dignidad humana" como "inviolable", como pre-

cepto que nos sirve de escudo protector frente al gobierno y frente 11

García v. Aljoma, 162 DPR 572, 581-582 (2004). 12

Carlos E. Ramos González, La libertad de expresión en el Derecho

Constitucional Comparado, 44 REV., JURÍDICA U. INTER. P.R. 431

(2010). Véase también, Ricardo Alegría Pons, La sección 20 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: germen de un

Estado Democrático de Derecho, 63 REV. COL. ABOG. PR 156 (2002).


a los demás componentes de nuestra sociedad, la obligación que

impone al gobierno de actuar positivamente para su pleno recono-

cimiento y la obligación que nos impone a todos y todas de actuar

solidariamente con los demás, todo ello apunta hacia esta vocación

inconclusa. Lo he de repetir: el norte principal de nuestra Carta de

Derechos, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, es

la inviolabilidad de la dignidad humana entendida con todos sus

componentes de igualdad, libertad y solidaridad. Esta realidad no

está sujeta a rectificación histórica o jurídica alguna salvo el día

que de forma soberana podamos convocar la voluntad original de

nuestro Pueblo para redactar otra constitución y decidamos elimi-

nar este principio, eliminación que yo espero que nunca ocurra.

Calificar la dignidad humana como una "inviolable" y como el

principio rector que inicia el articulado de nuestra Carta de

Derechos no tiene paralelo en las declaraciones de 1948 y mucho

menos en las constituciones de los estados ni la de los Estados

Unidos. Solo tiene paralelo con la Constitución alemana aprobada

en 1949 la cual de forma idéntica a la nuestra establece en su

artículo I que la "dignidad del Hombre es inviolable" la cual debe

ser "respetada y protegida" como "deber" del estado.13

Resalto también que por lo menos en dos ocasiones hay una

mención genérica de la constitución alemana en la Convención

Constituyente: una por el delegado Miguel Ángel García Méndez

para reconocer su existencia en el voto explicativo aprobando la

13

Una alusión a esta disposición alemana aparece en Arroyo v. Rattan

Specialties, 117 DPR 35, n. 15 (1986); véase también a Luis Aníbal

Avilés Pagán, supra nota 3. En los trabajos preparatorios de la Escuela

de Administración Pública de la UPR hay una recomendación expresa de

utilizar este lenguaje sin que haya mención de que el mismo proceda de

esta constitución alemana. Escuela de Administración Pública, LA

NUEVA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO, 218 (1954). Sin

embargo, lo cierto es que en otras instancias estos trabajos preparatorios

aluden expresamente a disposiciones fundamentales de esta constitución.

Véase, por ejemplo, págs. 330, 337-338 (partidos políticos), 298

(sufragio universal).


totalidad de la propuesta constitucional14. En otra ocasión el dele-

gado Eugenio Fernández Méndez hace referencia genérica a esta

constitución al defender su propuesta fallida de crear un derecho

constitucional a la réplica en los periódicos para aquellos que fue-

ran "injuriados".15 Es tarea por realizar entre los documentos lega-

dos por Don Jaime Benítez, Presidente de la Comisión sobre la

Carta de Derechos de la Convención Constituyente, la existencia

de alguna información ulterior sobre este tema.

La anterior reflexión, sin embargo, no contesta porqué tuvo eco

en el conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la in-

violabilidad de la dignidad humana. Me refiero a la resonancia que

tuvo incluso en el llamado sector "estadoísta" de la constituyente,

que prefería analizar las propuestas constitucionales bajo el crisol

político de si éstas nos acercaban o nos alejaban de los preceptos y

valores de la nación norteamericana. Aun esos delegados aceptaron

los derechos fundamentales de la Carta de Derechos con la voca-

ción de estado social y democrático antes discutido. Cualquier

metodología que intente instrumentar la inviolabilidad de la digni-

dad humana como un derecho independiente o, como comple-

mento de cualquier otro derecho, tiene que reconocer esta realidad.

Retomemos la pregunta antes lanzada: ¿por qué tuvo eco en el

conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la inviola-

bilidad de la dignidad humana? El Derecho resulta insuficiente

para encontrar una respuesta cabal. Inevitablemente los juristas,

incluyendo los jueces y juezas, estamos obligados a recurrir a otras

experiencias humanas y a otras ciencias del saber. Me refiero, por

ejemplo, a la antropología cultural y a la sociología. Así pues, es-

tudios realizados en Puerto Rico en la década de los 60 y 70 por el

antropólogo Antonio Lauria nos permiten concluir que hay un sen-

tir particular de la "dignidad puertorriqueña" en la forma como los

puertorriqueños aludimos o hacemos referencia a la "dignidad", al

14

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,

2487 (1951-1952). 15

1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,

123-124 (1951-1952).


"honor", al "respeto", y al "relajo".16 De esta manera, escuchamos

con frecuencia la frase “no te están cogiendo en serio", "me lo

pueden quitar todo menos mi dignidad", "pobre pero decente", "se-

rio y cumplidor", "todo lo consiento menos una falta de respeto",

entre otras.

Estas frases, sin desmerecer en lo absoluto que las mismas, par-

ticularmente en la relación de pareja, malentendidas y aplicadas,

reflejan el elemento "machista" de nuestro entorno, apuntan hacia

una realidad antropológica puertorriqueña. Lauria concluye que el

"respeto" va dirigido a un aspecto moral de la actividad humana

puertorriqueña: a ninguna persona se le considera miembro de

nuestra comunidad si no se comporta frente a sí mismo y a los de-

más "con respeto". Este sentir trasciende la estratificación social

así como las diferencias políticas o religiosas. Por ello, cuando

usamos estas expresiones idiomáticas, Lauria nos dice que "todos

los puertorriqueños [y puertorriqueñas]…expresan su valía cere-

monial y moral como personas sociales. Aunque, muchas veces

hay órdenes que chocan, el conflicto se resuelve por todos los par-

ticipantes en los mismos términos, es decir, usando el idioma o

terminología del "respeto". Pueden sintonizarse usando una red

común. Los diversos segmentos de la sociedad pueden converger

unos con otros, con independencia de las diferencias cognoscitivas

o emocionales que su segmento social pueda tener".17 El "respeto"

hacia uno mismo y los demás, cito a Lauria, "pone de manifiesto

una sociedad que es culturalmente homogénea".18 A mi juicio, esta

homogeneidad constituye un elemento fundamental que nos per-

mite entender por qué tuvo eco en los constituyentes la incorpora-

ción de la disposición sobre la "dignidad humana" que contiene

nuestra Carta de Derechos. Sin duda, todos entendían y apoyaban

lo que la dignidad humana implicaba en cuanto al respeto hacia sí

mismo y hacia los demás.

Nótese que al proponer esta explicación he recurrido a las Cien-

cias Sociales. En materia de derechos constitucionales fundamen- 16

Antonio Lauria, Jr., "Respeto", "Relajo" and Interpersonal Relations in

Puerto Rico, 37 ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 53 (1964). 17

Id. en la pág. 64 (Traducción nuestra). 18

Id, en la pág. 65.


tales, particularmente los que aludo en este discurso, es útil recor-

dar que el Derecho no puede concebirse como una ciencia autó-

noma separada de otras áreas del saber. Como han señalado otros,

esta concepción resulta muy conveniente para que los abogados

perpetúen el monopolio del poder a través de cierto monopolio del

saber.19 Ahora bien, al recurrir, en este caso por ejemplo, a la

antropología cultural, no promuevo un "antiformalismo" que de-

grada la necesidad de elaborar teorías necesarias en un País como

el nuestro tan carente, muchas veces, de los elementos mínimos del

buen "pensar".20 Aunque resulta necesario alertar en contra del

"empirismo" tradicional de ciertos enfoques de las ciencias socia-

les, en el ejercicio de los poderes públicos en Puerto Rico abunda

la carencia de un "empirismo" mínimo. Muchas veces, el poco que

existe en los poderes políticos, por ejemplo, en el acopio de esta-

dísticas macroeconómicas esenciales, prefieren exterminar al men-

sajero que las produce en vez aceptar la realidad e importancia del

mensaje que trae.

Regresemos formalmente a nuestro tema ¿Cómo se ha enfren-

tado el Tribunal Supremo de Puerto Rico a los reclamos vinculados

a la dignidad humana que reconoce nuestra Carta de Derechos?

¿Cuán fiel ha sido si tomamos en cuenta el trasfondo sobre el cual

hemos reflexionado? Lo cierto es que la dignidad humana no ha

sido dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Su-

premo de Puerto Rico. Los trabajos hechos por el profesor Hiram

Meléndez Juarbe analizando el uso de la dignidad humana como

un derecho que puede invocarse de forma independiente sin duda

constituyen los más importantes y lúcidos publicados hasta el mo-

mento por lo cual los refiero a ellos.21

19

Véanse los trabajos citados en David A. Hollander, Interdisciplinary

Legal- Scholarship: What Can We Learn from Princeton's Long

Standing Tradition? 99 LAW LIBR, J. 771, 774 (2007). 20

Sobre el buen pensar, véase, Francisco José Ramos, editor, HACER:

PENSAR, (1994). 21

Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman's

Plight: Decisions, 9 Geo. J. Gender & L.1 (2008) y, del mismo autor, La

Constitución en ceros y unos: un acercamiento digital al derecho a la

intimidad y la seguridad pública, 77 REV. JUR. U.P.R. 45 (2008).


Para el Tribunal Supremo de Puerto Rico la inviolabilidad de la

dignidad humana es un principio o valor consustancial con otros

derechos fundamentales, como lo es el derecho de intimidad con-

tenido en la sección 8, Artículo II de la Constitución. La protec-

ción a la intimidad también se ha reconocido que existe a través de

la sección 10 de misma Carta, la cual prohíbe los registros y alla-

namientos irrazonables así como las interceptaciones telefónicas.

Como he anticipado, examinaré algunas cuestiones metodológi-

cas utilizadas en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico

relacionadas con el derecho de intimidad reconocido en la sección

8 de la Carta de Derechos. Mi interés es analizar cómo éstas nos

acercan o nos desvían de las antes discutidas consideraciones esen-

ciales sobre la dignidad humana. Reitero que mi foco estará en

analizar la metodología que en ocasiones se utiliza para resolver,

repito, el derecho de intimidad que recoge la Sección 8 y su inter-

relación con la Sección 1. No pretendo concentrarme en las pro-

tecciones a la intimidad que se derivan de las cláusulas relativas a

los registros y allanamientos que reconoce la Sección 10 aunque

inevitablemente comentaré sobre cuestiones metodológicas que de

esta última se derivan.

El derecho de intimidad puede manifestarse en múltiples escena-

rios. Puede estar presente en el ámbito de ciertas decisiones perso-

nales, como son las relacionadas a nuestro cuerpo o nuestra fami-

lia, o estar presente en la necesidad de mantener confidencial in-

formación personal que hemos depositado en terceros o que man-

tenemos en nuestro poder o sobre nuestra persona.22 Este derecho

está más vigente que nunca antes en el mundo laboral, así como

incluso en espacios abiertos y públicos, como puede ser en mi de-

seo de permanecer sentado sin que ninguna persona invada mi

espacio con su mirada cercana. Es decir, el derecho de intimidad 22

Véanse la esquematización que se hace en José Julián Álvarez

González, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y

RELACIONES CONSTITUCIONALES CON ESTADOS UNIDOS,

694-808, (2009); Javier Boix Reig & Ángeles Jareño Leal, LA

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INTIMIDAD, (2010); Lucrecio

Rebollo Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA

INTIMIDAD, (2000).


forma parte de la autonomía de nuestro ser. Por tal razón es consi-

derado como un derecho consustancial con la dignidad humana. Al

decir del Tribunal Constitucional de España, se trata de "un valor

espiritual moral inherente a la persona que se manifiesta singular-

mente en la autodeterminación consciente y responsable de la vida

propia y que lleva consigo la pretensión al respeto a los demás".23

Al analizar decisiones del Tribunal Supremo en materia de dere-

cho constitucional es de umbral hacer alusión a la llamada "factura

más ancha" de nuestra Carta de Derechos y al rol de Puerto Rico

en el federalismo norteamericano. Recordemos que tanto la Cons-

titución de Puerto Rico como la de los estados de la Unión, aunque

por una fundamentación del poder muy distintas entre sí en el or-

den democrático-constitucional, pueden ampliar la esfera de pro-

tección que ofrece la Carta de Derechos de la Constitución de los

Estados Unidos.

La "factura más ancha" se vislumbra a través de los derechos

autóctonos, aquellos que no tienen contraparte en la Constitución

federal o, allí donde sí exista esta contraparte, a través de inter-

pretaciones que amplían el grado de protección que sobre ésta haya

ofrecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este asunto

ha sido objeto de debate y exposición en esta Academia, en la lite-

ratura jurídica puertorriqueña y fuera del País así como en el Tri-

bunal Supremo de Puerto Rico.24 Es evidente, por lo expuesto al

inicio de mi alocución, que respaldo la tesis que sugiere que donde

se presente un problema de "factura más ancha" el Tribunal Su-

premo debe hacer una "interpretación independiente" del derecho

constitucional en controversia. Con ello quiero decir que la inter-

pretación de los derechos de nuestra Constitución no debe estar

atada ab initio al derecho constitucional dispuesto en la Constitu-

ción federal o las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados

Unidos, sea éste uno que tiene contraparte federal y, por razones

que deberían ser obvias, si se tratara de un derecho "autóctono". 23

Lucrecio Rebollo Delgado, Ibíd. pág. 72. 24

Ernesto L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura

más ancha; y Lino J. Saldaña, Contestación al discurso del Lcdo.

Ernesto L. Chiesa Aponte, ambos en V REV. ACAD. P.R. JUR. Y LEG. 61-

154 (1998).


Aunque hay variadas teorías que pueden justificar esta metodo-

logía, basta para los propósitos de la ocasión mencionar una de

ellas. La interpretación independiente aumenta las posibilidades de

desarrollar un derecho constitucional puertorriqueño y, a su vez,

permite hacer una aportación fundamental al desarrollo del federa-

lismo norteamericano. Dicho de otro modo: lejos de ser contradic-

torio, esta interpretación independiente logra superar la aparente

antinomia. La interpretación independiente de los tribunales su-

premos estatales, particularmente cuando culmina en una mayor

protección a los derechos constitucionales, puede dar lugar al desa-

rrollo de doctrinas que eventualmente arrojen luz sobre la inter-

pretación que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

sobre los derechos constitucionales federales.25

Examinemos por fin, a la luz de las anteriores premisas, algunas

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde no se ha

protegido adecuadamente el derecho de intimidad en toda su

consubstancialidad con la dignidad humana.

Pensemos en la siguiente situación de hechos recogida en muy

apretada síntesis de una opinión del Tribunal Supremo. Una per-

sona reclama un derecho de intimidad sobre una videocinta, to-

mada por su pareja sin su consentimiento en el interior de su hogar,

la cual contenía imágenes suyas al desnudo. La grabación tenía el

propósito de ser utilizada eventualmente por su pareja para probar

una imputación de conducta adúltera.26 El video fue consignado en

la bóveda del tribunal por acuerdo transaccional suscritos por la

partes en un pleito independiente vinculada al presunto adulterio.

Posteriormente, la demandante solicita la devolución del video, a

25

Ese acercamiento fue propuesto en 1977 por el entonces Juez Asociado

William J. Brennan en su ya clásico artículo State Constitutions and the

Protections of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489 (1977). Sobre su

vigencia véanse, e.g.,Daniel Gordon, Brennan's State Constitutional Era

Twenty-Five Years later- The History, the Present, and the State

Constitutional Wall, 72 Temp. L. Rev. 1031 (2000); Hiram Meléndez

Juarbe, Privacy in Puerto Rico…, supra nota 21 a las págs. 70-74.

Consúltese también la opinión disidente del Juez Presidente Federico

Hernández Denton en Pueblo v. Medina, 2009 TSPR 138. 26

López Tristani v. Maldonado, 186 DPR 838 (2006).


pesar del acuerdo transaccional en el otro pleito, por entender que

su permanencia en una bóveda del tribunal, pensado en retrospec-

tiva, violaba su derecho de intimidad por la gran ansiedad e incer-

tidumbre que creaba este depósito.

Al resolver la controversia relativa a este reclamo, el Tribunal,

de forma precisa y adecuada, define este derecho de intimidad

como un componente de la personalidad lo cual impone a toda per-

sona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los

demás seres humanos. A su vez, el Tribunal discute que la "imagen

propia constituye un atributo fundamental con el cual se indivi-

dualiza socialmente a la persona, es decir es parte de la identidad

personal" y por tanto vinculado a la intimidad y honor de la per-

sona. Creo que estas afirmaciones reconocen la dimensión ade-

cuada y el valor que postula el derecho de intimidad y la inviolabi-

lidad de la dignidad humana. Ahora bien, al exponer la metodolo-

gía de adjudicación que ha de resolver la controversia el Tribunal

señala que como cuestión de umbral existe la necesidad de deter-

minar si la persona que reclama la violación a su intimidad tenía

derecho a abrigar una "expectativa razonable de intimidad" sobre

la videocinta. Sin mayor dificultad encuentra que esa expectativa

era a "todas luces razonable" pues se anteponía a cualquier interés

articulado por la parte que se oponía a la devolución del video. Sin

embargo, el Tribunal concluye con gran facilidad que esta "expec-

tativa" fue objeto de renuncia de manera patente, inequívoca y de

forma específica por virtud del acuerdo de transacción entre las

partes en el otro pleito. En dicho acuerdo la ahora reclamante había

accedido a depositar en bóveda el video en controversia.

Me parece que al conceptualizar la violación a la intimidad con

el prisma de las "expectativas" el Tribunal, de forma inevitable,

cambió el foco, otorgó demasiada importancia a la renuncia de la

"expectativa" y oscureció con ella la esencia de la alegación. Es

decir, la permanencia del video en bóveda tendría un impacto ex-

traordinario en el desarrollo de la personalidad y vida de la recla-

mante ante la incertidumbre que ello representaba. Esta ansiedad

no desaparecería aun cuando se ordenara que el video fuera des-

truido un año después de su depósito conforme a la reglamentación


vigente. El Tribunal falló en apreciar la "paz mental", "la injuria a

sus sentimientos" que implicaba este depósito inútil en bóveda.27

El Tribunal falló en analizar una violación a la intimidad a través

de una metodología cónsona con la inviolabilidad de la dignidad

humana. Permítanme explicar con mayor detenimiento esta dura

afirmación.

Obsérvese que para todos los efectos el Tribunal trata el derecho

a la intimidad como un bien cuasi-tangible que puede depositarse y

renunciarse a ella si se observan ciertos requisitos. Aún más: tén-

gase en consideración que fuera de los elementos técnicos consti-

tutivos del contrato de transacción, el opositor a la devolución solo

pudo articular como interés único castigar a la reclamante con la

incertidumbre de mantener indefinidamente depositada su viola-

ción a su intimidad en una bóveda del tribunal. Como veremos,

este enfoque puede ser ajeno a la dignidad humana en tanto

conlleva concebir la intimidad como si fuese una "cosa" o

"propiedad" fácilmente renunciable; una especie de "entitlement" o

derecho adquirido aislado de los sentimientos de la persona

humana lesionada. Pienso que en el fondo de la única concurrencia

y disidencia del caso, de la Jueza Fiol Matta, se encuentra, en

términos metodológicos, una preocupación con la valoración

impropia de la dignidad e intimidad de la reclamante ocasionada

por la ofuscada "búsqueda de expectativas".

Voy a exponerles también en apretada síntesis otra interesante

jurisprudencia de nuestro más Alto foro en torno a lo anterior. Se

trata del caso de Castro Cotto v. Tiendas Pitusa (2003).28La

controversia versaba sobre la práctica de algunas empresas de

27

La terminología que he empleado fue la que utilizaron Brandeis &

Warren en su clásico artículo The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193

(1890). Este conocido artículo realmente fundamenta el llamado "right of

privacy" en consideraciones sobre la dignidad humana. Esta

interpretación fue propuesta en 1964 por el profesor Edward J. Bloustein

en su artículo Privacy as Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean

Prosser, 39 N.Y.U. L. REV. 962. Sobre el tema, véase Larry O Nat Gantt,

II, An Affront to Human Dignity: Electronic Mail Monitoring in the

Private Sector Workplace, 8 HARD. J. L. & TECH. 345 (1995). 28

Castro Cotto v. Pitusa, 159 DPR 650 (2003).


exigir a través de un oficial de seguridad, el recibo de compra a la

salida de la tienda como medida de protección para evitar la

apropiación ilegal de mercancías. El reclamante alegaba que al ser

contra su voluntad la detención para mostrar el recibo, ello de por

sí afectaba su honra y reputación protegidas por la Sección 8 de la

Carta de Derechos a la cual he aludido repetidas veces. La

detención se había extendido entre 10 y 15 minutos tomando en

cuenta el tiempo que duró todo el incidente que culminó con la

intervención de un supervisor y el reclamante viéndose obligado a

mostrar el recibo de compra. La detención del reclamante nunca

dio lugar a invocar un posible registro irrazonable ya que la

demandada era un comercio privado. No fue posible recurrir a esta

garantía constitucional porque solo nos protege frente a

actuaciones del Estado. Destaco que la persona intervenida fue

muy precisa y articulada al alegar que el sistema establecía una

presunción de que el cliente no ha pagado su mercancía por lo cual

le imponía "la obligación de probar su honestidad enseñando el

recibo de compra al salir del negocio."29 Por tal intervención

indebida reclamaba el resarcimiento en daños por violación a su

derecho a la intimidad. De hecho, tanto el tribunal de primera

instancia como el Tribunal de Apelaciones le habían dado la razón.

El Tribunal Supremo enfoca la controversia sobre el derecho de

intimidad que cobija la Sección 8 del Artículo II de nuestra Carta

de Derechos, afirmando que "la cuestión central es si la persona

tiene derecho a abrigar, dentro de las circunstancias del caso

específico, la expectativa de que su intimidad se respete". El

Tribunal centra su análisis en el interés "genuino" de la demandada

de cotejar, en ánimo de proteger su interés comercial, solo el

recibo de compra sin indagar ni mirar los bienes comprados.

Añade que la hora y fecha del recibo era lo único que cotejaba el

oficial de seguridad asignado a este rol. Por tal razón, la

expectativa de intimidad reclamada no era "real" por ser la

intervención legítima y razonable. Debo decir que la opinión

señala que el reclamante padecía de presión arterial alta. Sin

embargo, concluye que la ausencia de prueba de que la

29

Id. en la pág. 658.


intervención causara alguna subida en la presión evidenciaba que

la expectativa de intimidad era "irreal". La decisión fue muy

dividida: 4-3. Los tres disidentes optaron por no fundamentar o

expresar las razones de su disenso, las cuales especulo estaría

fundamentado en consideraciones de esencial dignidad humana.

Una vez más me parecen evidentes las consecuencias negativas

sobre la intimidad y dignidad humana en la metodología empleada.

El Tribunal no pudo apreciar lo que evidentemente sí detectaron

los tribunales inferiores. Esos quince minutos de la detención no

elevaron la presión del intervenido más, sin embargo, causaron un

daño intangible peor: proclamaron al reclamante como si fuera una

persona deshonesta. El Tribunal no le dio peso adecuado a la falta

de respeto reclamada, a la limitación del movimiento en contra de

su voluntad. No se pudo apreciar la magnitud del daño porque el

análisis de la expectativa de intimidad fue arropado por el peso

otorgado a los intereses comerciales de la demandada. La falta de

respeto no podrá recuperarse por no poderse evidenciar su

"tangibilidad". La tienda demandada nunca tuvo que alegar ni

probar si existían otras alternativas menos lesivas a la intimidad

reclamada. El examen judicial utilizado no requería tanto.

Para entender su flaqueza, es necesario analizar con mayor dete-

nimiento el origen y desarrollo de este método que se afana en

"buscar expectativas de intimidad razonables" cuando lo alegado

es una violación a la dignidad humana y al derecho de intimidad

que protegen las secciones 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos.

La metodología que entroniza este enfoque pertenece y es origi-

nal del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La misma fue

elaborada en una opinión concurrente para interpretar la protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables que

establece la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados

Unidos.30 No hay duda de que las consideraciones en torno al dere-

cho de intimidad son centrales al resolver controversias relaciona-

das con esta cláusula. Esta centralidad es aun más importante al

resolver controversias sobre este mismo asunto bajo la Constitu-

30

Katz v. United States 389 U.S. 347, 361 (1967) (Harlan, op.

concurrente).


ción de Puerto Rico por la "factura más ancha" y por la diferencia

textual de la disposición constitucional que nos protege frente a

registros y allanamientos irrazonables.31 Ahora bien, la metodolo-

gía de adjudicación que se desarrolle bajo esta cláusula no es

central para interpretar o para desarrollar un método de adjudica-

ción bajo el derecho de intimidad de carácter independiente que

contiene la Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico.32

Fue en el año 1983, en el caso ELA v. P.R. Tel. Co, que se intro-

dujo este acercamiento de "búsqueda de expectativas razonables de

intimidad" en un pleito de naturaleza civil sobre una posible viola-

ción al derecho de intimidad.33 En este caso la demandada PRTC,

que para entonces pertenecía al Estado, invocó el derecho de inti-

midad de sus usuarios para no dar a conocer nombres y ciertos da-

tos personales de estos usuarios frente a los reclamos de la Oficina

de Asuntos Antimonopolios del Departamento de Justicia de

Puerto Rico. La PRTC estaba enfocada en un reclamo de protec-

ción de información personal y privada a través de la Sección 8 de

la Carta de Derechos. Sin embargo, el Tribunal finalmente adju-

dica y resuelve la controversia enfocado en el "registro administra-

tivo" sobre información personal en manos de otra dependencia del

gobierno que solicitaba el Departamento de Justicia. Así entendido,

recurre a la metodología diseñada para resolver los registros y

allanamientos irrazonables bajo el derecho penal, a tenor con lo

resuelto en 1979 en Pueblo v, Lebrón, y de esta manera aquilatar la

"expectativa razonable de intimidad" que se tenía sobre esta infor-

mación frente al interés que perseguía el Estado.34 Un año más

tarde, en ELA v. Coca Cola, (1984) el Tribunal resolvería que esta

31

Ernesto Chiesa Aponte, DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA

INVESTIGATIVA, págs.98-100 (2006). 32

De hecho, la opinión mayoritaria de Katz enfatiza que la Enmienda

Cuarta no crea un derecho general a la intimidad sino que solo puede

proteger determinadas formas de invasión a la intimidad. Katz v.U.S. 389

U.S. 350-351 (1967). Christopher Slogobin, PRIVACY AT RISK: THE

NEW GOVERNMNET SURVEILLANCE AND THE FOURTH

AMENDMENT (2007). 33

ELA v P.R. Tel. Co., 114 DPR 394 (1983). 34

Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324 (1979)


protección constitucional concebida para el campo penal, y algunas

de las doctrinas que de ella se derivan, también podrían ser invoca-

das frente a registros de carácter administrativo.35

¿Cuán útil o protectora de los derechos intimidad ha sido esta

metodología de búsqueda de intereses de intimidad cuando el

escudo protector que se invoca es la cláusula contra registros y

allanamientos irrazonables de la Sección 10 tanto en el ámbito

penal como en los registros o investigaciones administrativas?

Como he mencionado, no pretendo analizar estas cuestiones en

esta alocución.36

Mi interés es otro. He reseñado decisiones del Tribunal

Supremo que operan sobre contextos civiles donde no aplica ni

puede aplicar la disposición constitucional sobre registros y

allanamientos (por tratarse de demandados privados, por ejemplo).

Aun así, en diversas ocasiones el Tribunal hace uso de la

metodología en "búsqueda de intereses razonables de intimidad"

35

ELA v. Coca Cola, 115 DPR 117 (1984) 36

Sí conviene repetir que al menos desde el ya mencionado caso de

Pueblo v. Lebrón (1982), supra nota 34, el Tribunal afirmaba que aun al

interpretar esta cláusula había que reconocer los "valores centrales….de

la intimidad del ser humano y su dignidad innata". Pueblo v. Lebrón, a la

pág. 331. Véase la interrogante que sobre el asunto hace el profesor Raúl

Serrano Geyls en II DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS

UNIDOS Y PUERTO RICO, 1038 (1988). En ocasiones, el uso de esta

metodología ha favorecido reclamos de intimidad en situaciones donde

claramente estaba implicada la disposición constitucional sobre registros

y allanamientos irrazonables. Así sucede en casos de investigaciones

administrativas y registros donde el Estado solicita información personal

en manos de terceros que pueden estar en posesión de otras dependencias

del mismo Estado, o de personas o entidades particulares. A mi juicio,

este resultado se obtiene cuando el Tribunal se centra en el reclamo del

interés de intimidad, es decir se centra en los valores de la "dignidad

humana innata" y coloca en un segundo nivel los intereses de la parte

cuya acción interfiere con la intimidad. Véanse, e.g. Aponte v. Sánchez,

2008 TSPR 53, Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006), RDT

Const. Corp. V. Contralor, 141 DPR 424 (1996), H.M.C.A.(P.R.) Inc., v.

Contralor, 133 DPR 945 (1993) y Nieves v. AM Contractors, 166 DPR

399 (2005).


aun cuando se trata de reclamos de intimidad fundamentados en la

protección independiente que reconoce la Sección 8 de la Carta de

Derechos. En estas decisiones se sigue citando el caso de ELA v.

P.R. Tel. Co para resolver alegaciones sobre violación a un

derecho de intimidad que emana de la sección antes citada.

Es común que las decisiones inicien la discusión sobre el dere-

cho aplicable afirmando que la cuestión central y de umbral es si la

persona tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de las circuns-

tancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se

respete. Esto fue lo que precisamente sucedió en López v. Tristani,

cuyos hechos ya relaté y donde no aparece ni remotamente podía

aparecer alegación alguna que sugiera un reclamo bajo las protec-

ciones contra registros administrativos que también cobija la Sec-

ción 10. Dicha controversia era entre partes privadas.37 Eso fue lo

que también sucedió en Castro v. Pitusa cuyos hechos también

relaté. De hecho, esta metodología afloraba ya desde el 2002 en

una controversia relacionada con el uso de cámaras electrónicas en

el lugar del trabajo. Me refiero al caso de Vega v. Telefónica

(2002) en momento en que la parte demandada, la PRTC, ya había

sido privatizada.38 Al resolver en contra de los obreros que sentían

una violación a su intimidad en la vigilancia electrónica, el Tribu-

nal, seducido por la nueva tecnología emergente, rechaza la alega-

ción pero para todos los efectos "legisla" unos parámetros para

salvar la intimidad que nunca reconoció como violentada. Este

caso, de hecho, posiblemente es el único donde el Tribunal ha re-

conocido de forma explícita que la metodología empleada proviene

del campo penal vinculada a las protecciones contra registros y

allanamientos irrazonables. Añade, sin explicación o justificación

alguna, que "esto no obsta para la aplicación de este análisis cons-

titucional sobre el derecho a la intimidad en otros contextos".39

Repito una vez más: ni la Constitución de Puerto Rico ni la de

los Estados Unidos prohíben los registros y allanamientos en los

ámbitos penal y administrativo. Solo se prohíben si son irrazona-

37

También se aprecia en Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 659 (2003) 38

Vega v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 39

Id. a las págs. 602-603.


bles. Se trata de una metodología fundamentada en un trasfondo de

razonabilidad que goza de gran "flexibilidad" y cimentada en un

"balance de intereses" lo cual implica que se sopesan intereses

igualmente equilibrados.40 Según ha expuesto el propio Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, y según ha sido adoptado por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, este método, que repito pro-

viene del campo penal, tiene dos elementos: identificar la "expec-

tativa subjetiva" y de esta existir, analizar la posible "expectativa

objetiva". El primero obliga a examinar si la persona agraviada, en

su subjetividad y en las circunstancias en que se encuentra, puede

reclamar un derecho de intimidad. Si convence al Tribunal, ello no

es suficiente para que el derecho de intimidad opere como muro de

contención frente a los que pretenden invadirlo. Si establece la

violación a su intimidad, es determinante proceder, en segunda

instancia, a analizar si la sociedad está dispuesta a reconocer si

este reclamo de intimidad debe estar protegido. Obsérvese que aun

cuando el impacto sobre la intimidad de la persona reclamante

fuese considerable, aun así hay que recurrir a la búsqueda de una

expectativa de intimidad objetiva, es decir, a la que "otro", la so-

ciedad esté dispuesta a reconocer.

Esa aparente sensibilidad hacia el entendido de la sociedad está

pensada y condicionada por las estructuras del derecho penal

donde nace esta metodología. Es decir, cuando se acuñó se hizo

bajo el trasfondo de una consecuencia fatal para el Estado si la

expectativa de intimidad resulta "razonable": la evidencia obtenida

podría no ser admisible y por ende quedaba eliminada del proceso

penal. En tiempos de criminalidad rampante tenemos una idea de

las presiones que puedan sentir los jueces y juezas cuando intentan

tomar una decisión sobre la existencia o no de una "expectativa

objetiva". Peor aún: esta metodología creada por una decisión del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos no cesa de ser

fuertemente criticada por amplios sectores de la academia y de la

práctica penal en los Estados Unidos.41 40

Véase opinión concurrente de la Jueza Miriam Naviera en López Vives

v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 252 (1987). 41

Véanse, e.g., Orin S. Kerr, Four Models of Fourth Amendment

Protection, 60 Stan. L. Rev. 503 (2007), Marc Jonathan Blitz, Video


Es necesario acentuar el segundo elemento de la metodología: lo

que la sociedad esté dispuesta a reconocer como "expectativa de

intimidad", la llamada "expectativa objetiva". Como he mencio-

nado, este elemento ordena una segunda "búsqueda" de expectati-

vas con independencia del primero, es decir, sin que sea determi-

nante en esa etapa la valoración de la magnitud de la intervención

que tenga sobre la persona la actuación del Estado o de una per-

sona privada, es decir de quién sea el causante de la violación

imputada. Dicho de otro modo: el juez o la jueza aquilatará la per-

cepción que tiene la sociedad del derecho de intimidad reclamado

separado de los sentimientos del reclamante para después sopesar-

los, en igualdad de condiciones, con el mismo peso de la prueba en

una misma balanza equilibrada. Todavía más injusto: aun cuando

se haya violentado el derecho de intimidad, la búsqueda de la "ex-

pectativa objetiva" puede hacer desvanecer el peso de la violación

cuando llegue a la "balanza". Al menos en su aplicación bajo la

sección 10 sobre registros y allanamientos considérese la siguiente

afirmación hecha por nuestro más conocido y respetado estudioso

del tema: "[N]o basta con que la persona efectivamente tuviere una

expectativa de intimidad; se requiere además, y sobre todo, que tal

expectativa sea razonable, esto es, socialmente legítima".42

Véase el peligro y dificultad de aplicar este segundo elemento.

¿Cómo han de hacerlo los jueces y juezas? ¿Cuál percepción o

reconocimiento de la sociedad? ¿La del juez o jueza rodeado de

cámaras en su casa y acostumbrado a las cámaras de los bancos? Si

quien causa la presunta violación del derecho de intimidad es una

persona o entidad privada, ¿no se convierte la percepción o

reconocimiento de la sociedad en uno análogo a los objetivos e

Surveillance and the Constitution of Public Space: Fitting the Fourth

Amendment to a World That Tracks Image and Identity, 82 Tex. L. Rev.

1349 (2004), y William LaFave, I SEARCH AND SEIZURE: A

TREATISE ON THE FOURTH AMENDMENT, 2.1-2.2 (2004). La

inconformidad con Katz llega al grado que algunos afirman que le hace

daño a los intereses de intimidad que protege la Enmienda

Cuarta.Véase,e.g.,John Castiglione, Human Dignity and the Fourth

Amendment, 2008 Wis. L. Rev.655 (2008). 42

Ernesto Chiesa Aponte, supra nota 31 a la pág. 106.


intereses del causante del daño? ¿De qué depende en última

instancia la valoración del reclamo a la intimidad y dignidad? Si se

fijan depende de si otros, no presentes en el tribunal como

reclamantes, han aceptado como "normal" la intromisión a la

intimidad y por ende han cedido en su dignidad innata.43 Esta

metodología, al menos en el contexto de la sección 8 de nuestra

Constitución, no reconoce ni valora la diversidad de sentimientos.

Por el contrario, los normaliza. Así se aleja de la esencia de cada

persona humana; de su dignidad inviolable. Permite que otros

renuncien a la intimidad de su persona, es decir, facilita que el

individuo pierda poder sobre su propia personalidad.44 Olvida que

un daño a la intimidad, por minúsculo que sea, se convierte en un

daño irreparable. Nadie puede recuperar la dignidad ni la intimidad

perdida.

Una reclamación sobre violación al derecho de intimidad al

amparo de la Sección 8 de la Carta de Derechos debe ser analizada

mediante un examen judicial que trascienda la aplicación del

flexible "balance de intereses" que implica la metodología que

discuto. La única variante posiblemente sería cuando este derecho

se enfrenta a un reclamo judicial, por parte de un demandado no

gubernamental, de otro derecho constitucional de orden

fundamental como los son la libertad de palabra y la libertad de

culto.45 Aun en este contexto, el Tribunal está obligado a tener una

sensibilidad especial hacia el derecho de intimidad y la dignidad

humana.46 Solo ello es cónsono con la valorativa que postula que

43

Ese "otro" tampoco es necesariamente el resultado del uso de las

Ciencias Sociales aludidas al principio de este discurso. 44

Véanse, e.g., Eulalia Pascual Lagunas, CONFIGURACIÓN JURÍ-

DICA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA JURISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2009); Lucrecio Rebollo

Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD, 70-73

(2000). 45

Véanse, e.g., ELA v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975),

Colón v. Romero, 112 DPR 573 (1982), Bonilla v. PNP, 140 DPR 294

(1996) y Vigoreaux v. Quizno's, 2008 TSPR 38. 46

Examínese por ejemplo, el conflicto entre reclamos de intimidad y

dignidad humana en Asoc. Ctr.Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR


la dignidad del ser humano es inviolable. Cuando pensamos en la

dignidad humana como un derecho inviolable posiblemente

estamos frente al terreno más cercano posible de una auténtica

rareza: un derecho "absoluto". ¿Puede existir una actuación del

estado o de una persona contra otra persona que solo sea media

indigna o atente contra la dignidad humana solo parcialmente?

¿Puede alguien aceptar una intervención sobre su persona donde la

lesión a su dignidad sea mínima? Creo que no.

Por lo tanto, en la medida que el derecho de intimidad es com-

plementario o consustancial a la dignidad humana, en esa misma

extensión la metodología sobre "búsqueda de expectativas razona-

bles de intimidad" es insuficiente para valorar una violación al de-

recho de intimidad de la Sección 8 del Artículo II de la Carta de

Derechos. En la etapa de la evaluación inicial de lo alegado, la

metodología no puede aumentar el peso de la prueba del deman-

dante y disminuir la del demandado dado la dimensión que tiene el

derecho de intimidad sobre la dignidad humana. Si así se hace, se

corre el riesgo de entender el derecho de intimidad puertorriqueño

como uno que garantiza u honra meras expectativas cuando más

bien debe interpretarse que este derecho garantiza la intimidad y

obliga a promover su desarrollo. Es decir, la metodología de "ex-

pectativas razonables" evita que aflore la función dual de nuestra

Carta de Derechos y nuestra vocación inconclusa de estado social y

democrático: vindicar la dignidad humana y, como parte de este

norte, limitar los poderes del gobierno e imponerle obligaciones a

ese estado.

Quede claro: no estoy postulando que el derecho de intimidad

sea absoluto. Solo reflexiono que en la medida que este es consus-

tancial con la dignidad humana, y posiblemente más consustancial

que con cualquier otro derecho fundamental, en esa misma medida

la metodología que se adopte no puede estar fundamentada en cri-

terios de razonabilidad en ninguna etapa del litigio en que se dilu-

cide su alegada transgresión.47

1 (1997). También véase como se aplicó la metodología en Nieves v AM

Contractors, 166 DPR 399 (2005). 47

Una sugerencia para conciliar lo que denomina como "ambivalencia

metodológica" en el desarrollo del derecho de intimidad en Puerto Rico


Para determinar si una actuación incide sobre el derecho de in-

timidad de modo que se convierta en una violación constitucio-

nalmente reconocible, sea ésta causada por el Estado o por un ente

privado, el análisis tiene que centrarse esencialmente en el impacto

que la violación tiene sobre la persona. Ello suele plantear un

asunto que necesariamente conlleve la presentación de prueba,

aunque es evidente que hay actuaciones que de por sí deben consi-

derarse como violaciones a la intimidad de la persona. Esto signi-

fica, a su vez, que difícilmente pueda archivarse por desestimación

una demanda fundamentada en la violación a la dignidad humana y

el derecho de intimidad. Me refiero a que como regla general difí-

cilmente proceda una moción de desestimación temprano en el

litigio. Este es un asunto donde, una vez más, los litigantes, los

jueces y las juezas pueden recurrir también a las aportaciones de la

Ciencias Sociales puertorriqueñas, particularmente la psicología, la

sociología, las ciencias políticas, la antropología cultural, el dere-

cho comparado y al derecho transnacional. La centralidad del aná-

lisis, sin embargo, estará siempre sobre el reclamante del derecho

quebrantado en el contexto de cada caso particular. Corresponderá

al demandado, sea éste el Estado o una entidad privada, levantar

como defensa afirmativa la inexistencia de la violación o, aceptar

que violenta la intimidad en la consecución de sus intereses de alta

jerarquía y alegar que utiliza el mecanismo menos invasivo a la

intimidad para lograr sus propósitos. En ambos casos tiene el peso

de la prueba. En ambos casos tendrá que escucharse al reclamante.

En síntesis: la metodología "en busca de expectativas razonables

de intimidad", utilizada aun en la etapa inicial de la evaluación de

la propone el profesor José Julián Álvarez González, en supra nota 22 a

la pág. 806. La salida ofrecida permite que la metodología que critico

pueda ser utilizada en la etapa inicial de la valoración de la intimidad que

se alega transgredida. Se sugiere que ello ayudaría a determinar si la

violación es significativa en cuyo caso, hecho este balance de intereses,

podría dar lugar a la activación del escrutinio estricto. Creo que esto

podría resolver la "ambivalencia" pero la solución propuesta permite que

en esa etapa inicial se "active" la consideración del criterio objetivo, es

decir, el "balance de intereses en igual equilibrio", aun cuando el

elemento subjetivo demostrare una "violación crasa" a la intimidad.


la magnitud de la violación alegada, constituye un balance

intereses que resulta ser desbalanceado a favor del demandado.

Para evaluar de forma inicial la alegada violación a la intimidad, si

ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un primer momento

en desequilibrio a favor del reclamante.

De paso, esta alegación de un demandado de que sus derechos

fundamentales también están en controversia, podrían ser

invocados por algún demandado privado solo en determinadas

circunstancias. Recordemos que los derechos civiles pertenecen a

la persona y no pueden ser reclamados por el Estado para

protegerse de los ciudadanos o de otras dependencias o criaturas

del mismo Estado. Si el causante de la violación es el Estado o

algunos de sus testaferros, la balanza debe estar desequilibrada a

favor del reclamante de la violación.

Creo que este acercamiento centrado en la intimidad como ele-

mento consustancial de la dignidad humana ha estado presente en

el desarrollo de la jurisprudencia más importante sobre el derecho

de intimidad puertorriqueño: Figueroa Ferrer v. ELA48 y Arroyo v.

Rattan Specialties.49 En ninguna de estas decisiones se aplica

expresamente la metodología de "expectativas". Al evaluar la ale-

gación inicial de la violación a la intimidad y dignidad humana, el

Tribunal usó una balanza que, al comenzar a sopesar los intereses,

no estaba ni podía estar en equilibrio. Por el contrario: los derechos

fundamentales invocados llegaban a la balanza con más peso que

los intereses de quien causaba la violación imputada.

En Rattan, por ejemplo, la valoración de los derechos constitu-

cionales fundamentales del obrero, a quien un patrono privado que-

ría someter a una prueba de polígrafo, es considerada de forma

independiente de la legitimidad del interés perseguido por el pa-

trono demandado o incluso de lo que la sociedad pueda pensar so-

bre esta nueva tecnología. Por el contrario, el Tribunal advierte del

peligro que conlleva el desarrollo de nueva tecnología por su po-

tencial impacto sobre la dignidad, integridad e intimidad de las

personas. En este caso en particular, se trataba del uso del polí-

48

Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978). 49

Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986).


grafo en el lugar de trabajo para detectar posibles irregularidades

cometidas por los empleados. Si se hubiese utilizado la metodolo-

gía de "expectativas razonables" posiblemente hubiese bastado que

el patrono publicara, con antelación suficiente, que se utilizaría el

polígrafo en el empleo o que incluso se advirtiera que como condi-

ción de empleo los empleados se tendrían que someter a estas

pruebas. Con ello el patrono hubiese derrotado la "expectativa

subjetiva" reclamada por los empleados, como sucedió con el con-

sumidor que voluntariamente entró a la Tienda Pitusa.

Lo anterior también implica que la metodología que se afana en

buscar expectativas explícitas va en contra de la "factura más

ancha" que se presupone tiene el derecho de intimidad

puertorriqueño. Si en efecto esta metodología protege menos el

derecho a la dignidad humana y el derecho de intimidad, si su apli-

cación fue un calco de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de

la Constitución Federal, hoy día muy criticada, entonces "la factura

más ancha" de este derecho queda una vez más en entredicho.

Como he mencionado, lo cierto es que una adjudicación

independiente de la dignidad e intimidad humana bajo el derecho

constitucional puertorriqueño, es decir bajo la Sección 1 y 8 de la

Carta de derechos, constituiría una importante contribución al

Derecho que trascendería nuestras fronteras nacionales. Aunque el

rol que ocupa Puerto Rico en ese federalismo es mucho más lógico

entenderlo, a mi juicio, bajo la óptica del colonialismo, hemos

hecho contribuciones al federalismo que se pasan por alto o que

desconocemos. Por ejemplo, precisamente la inviolabilidad de la

dignidad humana que contiene la Sección 1 de nuestra constitución

fue incorporada en la revisión de la Constitución del Estado de

Montana efectuada en 1971. Forma parte indubitada del historial

de esta acción que la Constitución de Puerto Rico inspiró a los

ciudadanos del estado de Montana a adoptar una disposición

idéntica a la nuestra. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo

de ese Estado y lo ha reconocido la academia jurídica

norteamericana. Incluso se ha señalado que al interpretar los

contornos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Montana

en torno a la dignidad humana es necesario recurrir a las decisiones


del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre este tema pues de

nuestro país procede la disposición incorporada.50

Aunque lo antes narrado se produjo en el contexto de un derecho

constitucional autóctono como lo es la dignidad humana, nada

impide que podamos inspirar al propio Tribunal Supremo de los

Estados Unidos a resolver controversias constitucionales sobre

derechos fundamentales o ayudar a otros Estados y países a

resolver controversias constitucionales que tengan afinidad con los

derechos autóctonos de nuestra Carta de Derechos. Permítanme

una breve digresión: es justo y apropiado reconocer obras jurídicas

de varios profesores de Derecho de nuestro País que tienen y han

tenido impacto sobre el desarrollo del derecho en países de

América Latina y España, particularmente en materia de derecho

procesal penal y derecho probatorio.

Debo concluir y sintetizar. Un reclamo de violación a su intimi-

dad, principalmente si se fundamenta en las Secciones 1 y 8 de

nuestra constitución, exige una metodología que se centra y con-

centra en la persona humana con su dignidad irrenunciable. Dado

que esta violación es atinente al desarrollo de nuestra personalidad,

de lo que nos es privado e íntimo, aquello relativo a nuestra liber-

tad; su vindicación no puede depender de débiles expectativas y

mucho menos si éstas son determinadas por otros. Después de

todo, el Diccionario de la Real Academia Española define "expec-

tativa" como " la esperanza de conseguir una cosa".51 La protec-

ción de un derecho consustancial con la dignidad humana no puede

depender de una "esperanza".

Cuando la nueva tecnología supere incluso el mundo "Orwe-

lliano" que creíamos lejano e imaginario, cuando nos acostumbre-

mos a su impacto en nuestras vidas, cuando la falta de intimidad

sea normal, solo nos quedará como resguardo la dignidad inaliena-

ble. Si no comenzamos a cultivar esta dignidad en todos los ámbi-

50

Vicki Jackson, Constitutional Dialogue and Human Dignity: States

and Transnational Constitutional Discourse, 65 Mont. L. Rev. 15, 22-27

(2004). 51

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 21ra. Ed.,

pág. 934 (1992).


tos no va aflorar como valor ni como derecho independiente que

pueda invocarse en los tribunales.

El derecho de intimidad y la dignidad humana solo deben estar

en función de nuestra condición como miembros de la especie

humana que es una sola. A ella pertenecemos y solo a ella nos

debemos. Lo demás sería indigno.

Gracias por su atención y paciencia.

31

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DEL PROFESOR

CARLOS E. RAMOS GONZÁLEZ*

José Julián Álvarez González**

Como es costumbre en estos actos, un miembro de esta

Academia pronuncia unas palabras en reacción al discurso del

nuevo académico. Es para mí un verdadero placer realizar esta

función, por cuanto el nuevo académico es una persona con quien

me unen lazos de amistad desde que nos conocimos como

estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto

Rico. Como igualmente es costumbre en estos actos, mi

intervención procurará ser breve. La noche corresponde al nuevo

académico.

En su magnífica ponencia,1 el profesor Ramos nos invita a que

reflexionemos sobre la cláusula que da comienzo a la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico, aquella que proclama

que “La dignidad del ser humano es inviolable”.2 Tras un análisis

de su origen, historia, significado y utilización (o falta de ella),

hace varios señalamientos metodológicos sobre cómo nuestros

tribunales han aplicado el derecho a la intimidad. Como bien

señala el nuevo académico, nuestro poder judicial ha derivado ese

* Sesión Solemne celebrada el 28 de octubre de 2010 en el Teatro de la

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. ** Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurispruden-

cia y Legislación. Catedrático, Escuela de Derecho de la Universidad de

Puerto Rico.

Agradezco los comentarios atinados de mi colega Hiram Meléndez

Juarbe y la labor de investigación y edición de Alba G. Reyes Santos,

estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de

Puerto Rico. Los errores, por supuesto, son míos. 1 Carlos E. Ramos González, La inviolabilidad de la dignidad humana:

lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el

derecho constitucional puertorriqueño. 2 CONST. P.R. art. II, ' 1.


derecho de la interrelación entre la cláusula que nos ocupa, aquella

que proclama que “Toda persona tiene derecho a protección de ley

contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida

privada o familiar”,3 y aquella otra que prohíbe los “registros,

incautaciones y allanamientos irrazonables”.4

La razón por la que el profesor Ramos prácticamente se ve

obligado a tornar su atención hacia el derecho a la intimidad en una

ponencia cuyo título principal alude a la inviolabilidad de la

dignidad humana es tristemente sencilla. Como él reconoce, el

valor de la dignidad humana en nuestra Constitución puede

desempeñar dos funciones: “como un derecho independiente o

como un principio o >complemento= que debe acompañar la

valoración de todos los derechos fundamentales”.5 No obstante,

como igualmente reconoce, nuestro poder judicial, salvo algunas

expresiones individuales de sus jueces, sólo ha utilizado este valor

constitucional en esta segunda función. En las certeras palabras del

profesor Ramos: “Lo cierto es que la dignidad humana no ha sido

dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico”.6 Como él también reconoce, esa culpa no se

limita a nuestros tribunales, sino que también abarca a la academia

y a la profesión, con contadas excepciones, como son los casos de

mis colegas Hiram Meléndez Juarbe7 y Luis Aníbal Avilés Pagán,

8

a quienes hoy se une el profesor Ramos. Quisiera dedicar mi

atención en esta ocasión a este aspecto y con ello reconocer mi

propia culpa y procurar comenzar a expiarla.

Pero antes, creo necesario resaltar un aspecto en el que puedo

tener alguna discrepancia o, cuando menos, diferencias de matices

con el profesor Ramos. En la segunda parte de su ponencia, el

3 Id. art. II, ' 8.

4 Id. art. II, ' 10.

5 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 5.

6 Id. en la pág. 10.

7 Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman=s

Plight: Decisions, 9 GEO. J. GENDER & L. 1 (2008). 8 Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality

Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, the United States

and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 REV. JUR. U.P.R. 343 (1998).

José Julián Álvarez González 33

nuevo académico critica que nuestro poder judicial haya

transportado al plano de lo civil, bajo el derecho a la intimidad, el

análisis de razonabilidad que en la esfera penal se aplica para

enjuiciar los registros y allanamientos. El profesor Ramos quiebra

una lanza contra la metodología usual que, como cuestión de

umbral, se enfrenta a planteamientos de intimidad en lo civil

preguntando si el reclamante tenía una expectativa razonable de

intimidad, tanto desde una perspectiva subjetiva como objetiva.

Según el nuevo académico, ante cualquier alegación de “violación

a la intimidad, si ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un

primer momento en desequilibrio a favor del reclamante”.9

Como el profesor Ramos reconoce y critica,10

he sostenido que

una alegación de intimidad requiere resolver, en primer lugar, si el

reclamo de infracción a la intimidad es significativo.11

Antes de esa

etapa, no creo apropiado colocar el peso de la prueba en el deman-

dado, llámesele “escrutinio estricto” o úsese cualquier otro tér-

mino. La mera invocación de cualquier derecho constitucional no

debe ser suficiente para alterar el peso de la prueba. Por “prefe-

rido” que nos guste decir que es el derecho a la intimidad, no

adoptamos esa actitud con otros derechos que también nos gusta

llamar “preferidos”, como son la libertad de expresión o la libertad

de culto. En cuanto a estos dos últimos derechos, sabemos que la

actitud judicial ante su invocación es examinar primero si real-

mente se trata de un problema de “expresión”12

o si quien invoca la 9 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 26.

10 Id. en la pág. 25 n. 47.

11 JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DERECHO CONSTITUCIONAL DE

PUERTO RICO Y RELACIONES CONSTITUCIONALES CON LOS ESTADOS

UNIDOS 806 (2009). En abono a la postura del profesor Ramos, también

he denotado preocupación frente al frecuente uso por parte del Tribunal

Supremo de Puerto Rico de lenguaje de intimidad en casos que tratan

sobre registros y allanamientos irrazonables, por cuanto Aexiste el

peligro de que el continuado tratamiento de esos problemas mediante el

derecho general de intimidad termine rebajando la cobertura de ese

derecho fuera del contexto penal@. Id. en la pág. 790. 12

Aunque muy abusada en situaciones en las que no debía invocarse, la

dicotomía “expresión” v.”conducta” tiene algunas aplicaciones muy

justificadas, cuando el impacto comunicativo de la “conducta” es cero o


libertad de culto lo hace por razón de una creencia religiosa bona

fide13

o lo hace en circunstancias en las que esa creencia religiosa

realmente está en juego.14

El profesor Ramos parece especialmente preocupado de que en

esa etapa de umbral se procure analizar si el reclamante de intimi-

dad satisface el llamado criterio objetivo, esto es, “si la sociedad

está dispuesta a reconocer si este reclamo de intimidad deber estar

protegido”.15

Nos pregunta cómo juezas y jueces han de aplicar ese

criterio sin irremediablemente utilizar sus preferencias persona-

les.16

Ese problema, sin embargo, no es privativo de este asunto,

sino que se extiende a todo el Derecho. La búsqueda, probable-

mente ilusoria, de la objetividad en el Derecho es empresa que nos

ha llevado a talar bosques.17

Sin embargo, diariamente participa-

mos en ella, como cuando invocamos la figura de la “persona pru-

dente y razonable”, que nuestro Tribunal Supremo certeramente

tildó de “mítica” hace cinco décadas,18

o la del “buen padre o ma-

dre de familia”. Perdóneseme la herejía, pero siempre he sospe-

chado que a los jueces y juezas les cuesta mucho, si es que alguna

vez lo han logrado, hallar diferencias significativas entre estas dos

figuras objetivas y su propia realidad.

se acerca a serlo. Véase, e .g., Pueblo v. Hernández Colón, 118 DPR 891

(1987) (consumir bebidas alcohólicas en una vía pública no es

“expresión”). 13

Véase, e. g., Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9 (el rechazo

a una transfusión de sangre bajo cualquier circunstancia es una doctrina

fundamental de las creencias religiosas de los Testigos de Jehová). 14

Véase, e.g., Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571

(2000) (disputa sobre la titularidad de un inmueble). 15

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 21. 16

Id. en la pág. 22. 17

Uno de los mejores argumentos que conozco By a fin de cuentas no

compartoB en favor de tal objetividad es Owen M. Fiss, Objectivy and

Interpretation, 34 STAN. L. REV. 738 (1982). El debate al respecto, como

sabemos, es feroz. Para mi humilde participación en ese debate, véase

José Julián Álvarez González, Another Look at the ADiscretionary

Constitution@, 71 REV. JUR. U.P.R. 1 (2002). 18

Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960).


Considero que la crítica más importante del profesor Ramos al

uso del criterio objetivo en esta primera etapa es que ese criterio

puede ir eliminando algunas expectativas de intimidad, según los

avances tecnológicos o sociales popularicen una práctica o una

idea.19

Frente a ese peligro, como argumentaré más adelante, la

cláusula de dignidad puede ser una barrera más poderosa.

Tal vez –reitero- tal vez, podría coincidir con el profesor Ramos

en que en esa primera etapa no deba usarse el criterio objetivo y

posponer su uso para una segunda etapa. Pero, prescindir asimismo

del criterio subjetivo en esa primera etapa, como él también parece

sugerir, no me parece justificado. No creo que la mera invocación

de algún derecho constitucional requiera o siquiera permita que el

peso de la prueba se traslade inmediatamente al adversario, que no

pueda ser objeto de una moción de desestimación y que, aparente-

mente, siempre requiera presentar prueba, como el profesor Ramos

sugiere.20

Paso a lo que anuncié que dedicaría atención principal: el hecho

de que la cláusula de dignidad permanezca como una especie de

dodo constitucional sin elucidación y aplicación serias por nuestros

tribunales. En la inmensa mayoría de los casos, nuestro Tribunal

Supremo cita esta cláusula pero inmediatamente abandona su

consideración y, dependiendo del asunto ante sí, recala en la 19

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 22. Por ejemplo, si la ciencia

desarrollare un útero mecánico que pueda acoger a un cigoto y llevarlo a

término, la explicación para el derecho a la intimidad de la mujer tendría

que evolucionar. La explicación no podría ser, como algunos han

sugerido, el control sobre el propio cuerpo. La explicación tendría que

ser que se trata del derecho a no reproducirse.

Para un breve tratamiento sobre los efectos de los desarrollos

tecnológicos sobre el derecho a la intimidad, véase ÁLVAREZ

GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 788-789. Una decisión del

Tribunal Supremo federal que se enfrenta a este tipo de problema es

Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). En ese caso el Tribunal

resolvió 5-4 que el uso de un equipo para detectar imágenes termales

desde fuera de una residencia constituyó un registro irrazonable,

especialmente por cuanto se trataba de un equipo cuyo uso no era

generalizado. 20

Ramos González, supra nota 1, en las págs. 25-26.


cláusula antidiscriminación o en el derecho a la intimidad.21

Sólo

algunas opiniones individuales muestran mayor interés en dar 21

Ejemplos de meras menciones de la cláusula de dignidad en opiniones

mayoritarias, sin mayor elucidación, son: S.L.G. Semidey Vázquez v.

ASIFAL, 2009 TSPR 184; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., Inc.,

2009 TSPR 55; Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007);

Nieves v. AM Contractors, 166 DPR 399 (2005); López v. E.L.A., 165

DPR 280 (2005); Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003); Valle v.

E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156

DPR 828 (2002); S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR

651, 662, 665 (2002); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364

(2001); Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117 (2001); In re

Robles Sanabria, 151 DPR 483 (2000); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318

(1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999); Pérez, Román v. Proc.

Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201 (1999); Soc. de Gananciales v. Royal

Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145

DPR 142 (1998); Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952

(1998); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998);

Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141 (1997); Sánchez v.

A.E.E., 142 DPR 880 (1997); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386

(1997); Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959 (1996); García v. Mun. de Arroyo,

140 D.P.R. 750 (1996); García Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 247

(1996); Fulana de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995); El Vocero

de P.R. v. Nogueras I, 138 DPR 103 (1995); Delgado Zayas v. Hosp. Int.

Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,

137 DPR 1 (1994); Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR

617 (1993); El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356 (1992); Noriega

v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR

864 (1991); Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117

(1990); Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990); García

Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193 (1988); P.I.P. v. C.E.E., 120

DPR 580 (1988); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986);

Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828 (1986); Clemente v. Depto. de la

Vivienda, 114 DPR 763 (1983); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328

(1983); Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982); In re Álvarez

Crespo, 110 DPR 624 (1981); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250

(1978); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 DPR 838 (1978); Ossorio Ruiz v.

Srio. de la Vivienda, 106 DPR 49 (1977); Pueblo v. Domínguez

Fraguada, 105 DPR 537 (1977); García Santiago v. Acosta, 104 DPR

321 (1975); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267


tratamiento independiente y más detenido a la cláusula de

dignidad.22

Respaldo la afirmación de mi colega Hiram Meléndez Juarbe23

de que este estado de cosas es insatisfactorio; que la cláusula de

dignidad debe recibir atención independiente y que puede ser la

base para resolver asuntos que se han considerado con mayor

detenimiento bajo el derecho a la intimidad, tales como uno que él

señala especialmente: los problemas jurídicos suscitados por el

cambio quirúrgico de sexo.24

Otro tanto puede decirse de la

negativa del Tribunal a interpretar que la Ley de Violencia

Doméstica25

sea aplicable a una relación de pareja entre personas

del mismo sexo.26

Añado un asunto posterior a la aparición del

artículo del profesor Meléndez: el tema del derecho a rehusar

(1975); López Rivera v. Matos, 101 DPR 740 (1973); Arcelay Rivera v.

Superintendente Policía, 95 DPR 211 (1967); Ocasio v. Díaz, 88 DPR

676 (1963); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961). 22

Ejemplos de éstas son: Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9

(Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); Aponte Hernández v. Sánchez

Ramos I, 2008 TSPR 53 (Rivera Pérez, op. concurrente); Umpierre

Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 212 n. 4 (2007)

(Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); id. en la pág. 234 (Fiol Matta,

op. disidente); Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 837

(2006) (Rodríguez Rodríguez, op. disidente); Delgado, ex parte, 165

DPR 170 (2005) (Fiol Matta, op. disidente); Serrano, Vélez v. E.L.A.,

154 DPR 418 (2001) (Fuster Berlingeri, op. disidente) (curiosamente, el

juez disidente no reiteró este planteamiento, según aplicado a los

confinados, en Rosario v. Toyota, 166 DPR 1 (2005)); Andino Torres, ex

parte, 151 DPR 794, 806-807 (2000) (Negrón García, op. concurrente);

Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999) (Hernández Denton, op.

concurrente y disidente); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35

(1986) (Hernández Denton, op. concurrente y disidente); Green Giant

Co. v. Tribunal Superior, 104 DPR 489 (1975) (Trías Monge, op.

disidente); Figueroa v. Díaz, 75 DPR 163 (1953) (Negrón Fernández, op.

particular). 23

Op. cit. supra, nota 7, en las págs. 69-70. 24

Andino Torres, ex parte, 151 DPR 794 (2000); Delgado, ex parte, 165

DPR 170 (2005). 25

Ley núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA ' 601 y ss. 26

Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194 (2003).


tratamiento médico, que el Tribunal atendió en Lozada Tirado v.

Tirado Flecha.27

En ese caso, aunque la opinión mayoritaria hizo

algunas referencias, más frecuentes que las habituales, a la cláusula

de dignidad, la decisión se basó principalmente en el derecho a la

intimidad y, ante sus hechos particulares, en la libertad de culto.

Estos casos, a mi juicio, demuestran las consecuencias negativas

de invocar o usar como vehículo el derecho a la intimidad en cir-

cunstancias en que resulta complicado y problemático enmarcar

esos asuntos bajo ese vehículo. Eso conlleva no sólo continuar

manteniendo a la cláusula de dignidad sin contenido propio, sino

también privar al derecho de intimidad de contornos manejables y

coherentes. El derecho a la intimidad puertorriqueño padece de un

serio problema de obesidad o inflación. El régimen terapéutico

recomendable muy bien puede ser considerar bajo la cláusula de

dignidad algunos de los problemas que se han analizado bajo ese

derecho. Esa prescripción podría extenderse a algunos de los otros

ejemplos que el profesor Ramos considera y critica en su ponencia:

el vídeo sexual en la bóveda del Tribunal28

y el requisito de mos-

trar el recibo de compras antes de abandonar un comercio.29

Los

resultados en ambos casos no necesariamente hubieran variado,

pero el razonamiento hubiera sido más comprensible y más cón-

sono con el respeto a la dignidad de los promoventes. En particu-

lar, en el segundo de ellos, la queja del consumidor demandante

era particularmente difícil de visualizar como un atentado contra su

intimidad. Por ello, precisamente, resultó relativamente sencillo

para el Tribunal rechazar ese reclamo. Tomado como un atentado

contra la dignidad, una especie de presunción de conducta ilegal y

moralmente censurable, el asunto se tornaba más complicado.

27

2010 TSPR 9. Carente de una cláusula de dignidad en la Constitución

federal, y renuente a invocar el derecho a la intimidad en los últimos

años, el Tribunal Supremo federal ha atendido asuntos similares bajo el

análisis menos acucioso que aplica al impacto sobre intereses de libertad

bajo la cláusula de debido proceso de ley de la Enmienda 14. Véanse

Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 US 261 (1990);

Washington v. Glucksberg, 521 US 702 (1997). 28

López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006). 29

Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003).


Existe considerable debate en la literatura jurídica sobre el signi-

ficado jurídico que puede darse al concepto de dignidad. Algún

autor ha sostenido que, por mucho que se aluda a la dignidad en

constituciones, tratados y otros documentos jurídicos, éste no es

sino un recipiente relativamente vacío para los más diversos temas,

que produce resultados divergentes en distintas culturas.30

Por su-

puesto, son muchas las posturas divergentes a ésa, que ilustran el

cada vez mayor interés en este concepto en la academia jurídica.31

Que el concepto de dignidad sea difícil de definir y de aplicar no

debe significar que rehusemos intentarlo y desterremos esta dispo-

sición constitucional al limbo al que Robert Bork hubiera enviado

a la Novena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.32

Tampoco olvidemos que algunos han hecho expresiones similares

sobre el concepto de igualdad, tildándolo de “idea vacía”.33

No por

30

Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of

Human Rights, 19 EUR. J. INT'L L. 655, 698 (2008). 31

Véanse, e.g., Jeremy Waldron, Dignity And Defamation: The Visibility

of Hate, 123 HARV. L. REV. 1596 (2010); Matthias Mahlmann, The Basic

Law At 60 - Human Dignity and The Culture of Republicanism, 11

GERMAN L.J. 9 (2010); Susanne Baer, Dignity, Liberty, Equality: A

Fundamental Rights Triangle of Constitutionalism, 59 U. TORONTO L.J.

417 (2009); Carol Sanger, Decisional Dignity: Teenage Abortion, Bypass

Hearings, and the Misuse of Law, 18 COLUM. J. GENDER & L. 409

(2009); Paolo G. Carozza, Human Dignity and Judicial Interpretation of

Human Rights: A Reply, 19 EUR. J. INT'L L. 931 (2008); Reva B. Siegel,

Dignity and the Politics of Protection: Abortion Restrictions under

Casey/Carhart, 117 YALE L.J. 1694 (2008); Mariann Arany Tóth, The

Right to Dignity at Work: Reflections on Article 26 of the Revised

European Social Charter, 29 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 275 (2008); John

D. Castiglione, Human Dignity under the Fourth Amendment, 2008 WIS.

L. REV. 655. 32

ROBERT H. BORK, THE TEMPTING OF AMERICA: THE POLITICAL

SEDUCTION OF THE LAW 166 (1990) (comparó esa enmienda con una

indescifrable mancha de tinta o “ink blot”). 33

Peter Westen, The Empty Idea of Equality, 95 HARV. L. REV. 537

(1982). Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Véanse, e.g.,

Steven J. Burton, Comment on “Empty Ideas”: Logical Positivist

Analyses of Equality and Rules, 91 YALE L.J. 1136 (1982); Erwin


ello nuestros tribunales han abandonado la tarea de dar contenido

concreto a ese concepto. Y no hablemos de otros dos conceptos

jurídicos a los que los tribunales han dado contenidos, a pesar de la

parquedad del texto constitucional o, peor aún, en aparente contra-

vención a ese texto. Me refiero al literalmente redundante concepto

del debido proceso procesal y a su primo hermano (algunos dirían,

bastardo), el literalmente contradictorio concepto del debido pro-

ceso sustantivo.

Como bien señala el profesor Ramos, el texto exacto de nuestra

cláusula de dignidad y su lugar preferente dentro de la Carta de

Derechos proviene de la Constitución alemana de 1949.34

Conven-

dría, por tanto, dar un vistazo a la jurisprudencia alemana que la

interpreta, para poner en perspectiva los argumentos de quienes

critican esta cláusula.35

El principio rector que la jurisprudencia

alemana ha derivado de su cláusula de dignidad es que el ser hu-

mano es un fin en sí mismo y nunca puede convertirse en un objeto

del poder del Estado.36

Partiendo de ese concepto central la juris-

prudencia alemana ha derivado consecuencias concretas, tanto

sustantivas como procesales.37

Chemerinsky, In Defense of Equality: A Reply to Professor Westen, 81

MICH. L. REV. 575 (1983); Kent Greenawalt, How Empty Is the Idea of

Equality? 83 COLUM. L. REV. 1167 (1983); Kenneth L. Karst, Why

Equality Matters, 17 GA. L. REV. 245 (1983). 34

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 7. 35

Para lo que sigue, consúltese a Mahlmann, supra nota 31, en las págs.

26 y ss. 36

Id. en la pág. 26, citando el concepto de “Objektformel”, en el que

descansa mucha jurisprudencia constitucional alemana. 37

Id. en las págs. 26-29. Claro está, como implícitamente reconoce el

profesor Ramos, supra nota 1, en las págs. 6, 12-13, el desarrollo de la

cláusula de dignidad puertorriqueña tiene límites exógenos, que no

afectan a Alemania o a otros países soberanos. La jurisprudencia

alemana denota una tendencia a preferir los derechos a la dignidad y a la

personalidad por sobre el derecho a expresión, cuando éstos entran en

conflicto. Véase NORMAN DORSEN, MICHEL ROSENFELD, ANDRÁS SAJÓ

Y SUSANNE BAER, COMPARATIVE CONSTITUTIONALISM 909-912 (20 ed.

2010) (p. 910: AAccording to the prevailing tenet in Germany, the

founders of the Basic Law deliberately gave preference to dignity and


Quisiera sugerir una aplicación muy concreta de la cláusula de

dignidad a una situación en la que la invocación de otras disposi-

ciones constitucionales puertorriqueñas aún no ha tenido éxito y

para la que el derecho a la intimidad, con toda su glotonería, no

podría invocarse seriamente. Para introducir el ejemplo, sugiero

que una de las manifestaciones más concretas en que una persona

infringe la dignidad de otra es el acoso. No me refiero específica-

mente al acoso sexual, situación a la que algunos de nuestros

jueces expresamente han encontrado aplicable la cláusula de digni-

personality rights, to the detriment of free speech”). Ejemplos de

acciones por difamación en las que los tribunales alemanes, incluyendo a

su Corte Constitucional, han invocado expresamente la cláusula de

dignidad y han preferido su protección por encima de los intereses de

expresión que estaban en juego al otro lado del litigio, son El caso

Mefisto, 30 BverfGE 173 (Corte Constitucional, 1971), y El caso de la

princesa Soraya, 34 BverfGE 34, 269 (Corte Constitucional, 1973). En

ambos casos la jurisprudencia norteamericana sobre libertad de expresión

probablemente hubiera impedido resultados similares. Aunque el

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Colón v. Romero Barceló, 112 DPR

573 (1982), pareció ignorar esa jurisprudencia y prefirió el derecho

puertorriqueño a la intimidad por sobre el derecho federal a libre

expresión, ese cálculo fue final porque no fue apelado, no

necesariamente porque hubiera sido el balance al que hubiera llegado el

árbitro final del asunto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 1042-1043.

Curiosamente, Colón es otro caso en el que el concepto de dignidad era

más apropiado que el de intimidad.

Para la reacción inicial de dos jueces de nuestro Tribunal Supremo,

quienes consideraron inaplicable a nuestro medio la jurisprudencia

constitucional federal sobre difamación, por estimarla contraria Aa

nuestra cultura y . . . a preceptos terminantes de nuestra Constitución y

leyes@, entre los cuales destacaron en primer lugar la cláusula de

dignidad, véase Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 428

(1977) (Díaz Cruz, J., con Irizarry Yunqué, J., op. concurrente). Ante la

división de votos en ese caso, no hubo mayoría absoluta para declarar

inconstitucional cierto aspecto de la ley local de difamación, 32 LPRA '' 3141-3149, por contravenir esa jurisprudencia federal. La resignación

jurídica pronto hizo su aparición. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108

DPR 174 (1978).


dad.38

Me refiero al acoso más general de una persona más fuerte o

más violenta hacia otra, aquello que en inglés se llama “bullying” y

que tan seriamente aflige a nuestra sociedad y a tantas otras. Tan

difundido es ese problema, que en España se alude expresamente

al “bully”, a veces sin siquiera procurar una traducción al caste-

llano.39

38

Que el hostigamiento sexual “[e]s una práctica ilegal e indeseable que

atenta contra la dignidad del ser humano” lo afirma la Juez Rodríguez

Rodríguez en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205,

212 n. 4 (2007). Algo similar sostiene en ese mismo caso la opinión

disidente de la Jueza Fiol Matta. Id. en la pág. 234. Otro tanto sostiene la

opinión disidente de la Juez Rodríguez Rodríguez en Hernández Vélez v.

Televicentro, 168 DPR 803, 837 (2006). Así lo había dicho, sin mayor

precisión, la opinión mayoritaria en S.L.G. Afanador v. Roger Electric

Co., Inc., 156 DPR 651, 662, 665 (2002). 39

En España, véanse: Acoso escolar o Bullying - El acoso escolar

amenaza a casi un 2% de los niños españoles, en

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm

(visitado el 17 de octubre de 2010); Identificado el perfil de las víctimas

de 'bullying' en Europa,

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/09/psiquiatriainfantil/123

4204721.html (visitado en la misma fecha). Una búsqueda en Westlaw el

17 de octubre de 2010 produjo 42 documentos que satisfacen la siguiente

solicitud: “bullying bully /s dignity dignitas dignidad”. A continuación

algunos títulos representativos: GARY NAMIE & RUTH NAMIE, THE

BULLY AT WORK: WHAT YOU CAN DO TO STOP THE HURT AND

RECLAIM YOUR DIGNITY ON THE JOB 3 (2003); Jordan F. Kaplan, Help

Is on the Way: A Recent Case Sheds Light on Workplace Bullying, 47

HOUS. L. REV. 141 (2010); Briana L. Seagriff, Keep Your Lunch Money:

Alleviating Workplace Bullying with Mediation, 25 OHIO ST. J. ON DISP.

RESOL. 575 (2010); Kerri Lynn Stone, From Queen Bees and Wannabes

to Worker Bees: Why Gender Considerations Should Inform the

Emerging Law of Workplace Bullying, 65 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 35

(2009); Brady Coleman, Shame, Rage and Freedom of Speech: Should

the United States Adopt European “Mobbing” Laws? 35 GA. J. INT'L &

COMP. L. 53 (2006); Sharon E. Rush, Lessons from and for “Disabled”

Students, 8 J. GENDER RACE & JUST. 75 (2004) (“Homophobic bullies

who bash gays violate the basic value of respecting the inherent dignity

of others”.


En el contexto escolar o juvenil, uno de los bullies más cono-

cidos es quien le arrebata la merienda o algún objeto de valor a

algún compañero y se niega a restituirlo o a pagar su justo valor.

Pues bien, uno de los bullies más temibles en Puerto Rico queda

ilustrado por el siguiente ejemplo, que se compone de dos escena-

rios:

Primera Escena: Un ómnibus escolar público, conducido por

un empleado público ebrio, arrolla en un cruce de peatones a un

peatón, una estudiante de 16 años. Le causa una fractura de su

pierna izquierda, además de que destruye un teléfono celular que

ella portaba, mas no estaba usando. Tras un juicio, un juez puerto-

rriqueño concede a la peatón un total de $50,000 por todas sus cau-

sas de acción, así como $10,000 a cada uno de sus padres, por los

daños morales de éstos. El Estado paga la sentencia completa.

Segunda Escena: Minutos después del incidente antes narrado,

el autobús se despeña por un barranco y cae al mar. Treinta niños

perecen; veinte sufren lesiones serias. Tras un juicio, una juez

puertorriqueña determina que los daños reales de cada uno de los

veinte niños sobrevivientes ascienden a $500,000, que los daños

morales de cada padre de cada uno de los niños sobrevivientes

ascienden a $100,000 y que los daños morales de cada padre de

cada uno de los niños que pereció ascienden a $200,000. La suma

total de estas partidas de daños reales asciende a $26 millones. La

sentencia, en estricto acatamiento de la ley, ordena al Estado pagar

a cada uno de los niños sobrevivientes $2,884.60; $576.91 a cada

padre de cada niño sobreviviente y $1,153.85 a cada padre de cada

niño fenecido, para un gran total de $150,000.00.40

El Estado satis-

face la sentencia, con un gran sentido de alivio.

¿A qué se debe ese obvio fracaso de la justicia? En su infinita

sabiduría, la Asamblea Legislativa del país ha dispuesto que, para

ahorrar, el Estado sólo pagará por completo por las consecuencias

económicas y morales de las pequeñas tragedias que cause, mas no

40

La ecuación es: [(500,000 /26, 000,000) x 150,000] +

[(100,000/26000,000) x 150,000] + [(200,000 /26000,000) x 150,000].


así por las tragedias de mayor monta que igualmente ocasione. Los

límites, como sabemos, son de $75,000 por causa de acción por

Aincidente@, hasta un total de $150,000 por todas las causas de

acción surgidas del mismo incidente. El accidente con la menor

viandante, en el mejor de los casos, es un incidente separado del

segundo y mucho más trágico accidente.41

Como he escrito en otro lugar,42

esta situación clama por una

consideración judicial más seria, particularmente bajo la cláusula

de justa compensación.43

No repetiré aquí lo allí consignado.44

41

Véase 32 LPRA ' 3077. Digo Aen el mejor de los casos@ porque no

dudo que el Estado intentará plantear, confío que sin éxito, que se trata

de un solo incidente.

Este estatuto se basó en la Federal Tort Claims Act, 28 USC ' 2674. Esa

ley federal, sin embargo, no establece límites monetarios a las

indemnizaciones. Los límites puertorriqueños eran aun menores antes de

1981 ($15,000 por causa de acción; $30,000 por todas las causas de

acción surgidas del mismo incidente), pero el Tribunal Supremo de

Puerto Rico invalidó esos límites en Torres v. Castillo Alicea, 111 DPR

792 (1981), bajo un análisis de debido proceso sustantivo e igual

protección de las leyes. Cuando el legislador aumentó los límites a los

niveles actuales, el Tribunal, con el disenso vehemente y muy digno del

Juez Alonso, no encontró violación constitucional alguna, aunque no se

enfrentó al problema bajo la cláusula de justa compensación ni bajo la de

dignidad. Defendini Collazo v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28 (1993).

Hay otros esquemas similares bajo el derecho puertorriqueño. Por

ejemplo, un médico que trabaje para el Estado es absolutamente inmune

frente a pleitos de impericia surgidos de su labor para el Estado. El

Estado es la única parte apropiada, pero sujeto a los límites en cuestión.

Véase 26 LPRA ' 4105. Otros esquemas protegen a los médicos del

sector privado. Id. '' 4101-4111. 42

Véase http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/

AlvarezGonzalezJose(Puerto Rico).pdf: José Julián Álvarez González,

The Oldest Property: Why Statutory Caps on Damages for the Benefit of

Government or of Third Parties Deserve Rigorous Analysis under the

ATakings@ Clause (2009). 43

CONST. P.R. art. II, 9; CONST. E.U. enmienda V. 44

Para una síntesis de ese argumento véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra

nota 11, en las págs. 670-671.


Lo que aquí me interesa recalcar es que el examen de la validez

de los límites de la ley en cuestión también requiere un análisis

serio bajo la cláusula de dignidad, a la cual, tampoco olvidemos,

sigue una cláusula que declara que “Todos los [seres humanos] son

iguales ante la Ley”.45

Lo que la cláusula de dignidad proclama,

por ende, es que cada ser humano tiene igual dignidad que su pró-

jimo. Por ello, debemos contestarle a esa persona a quien el bully

le arrebata su emparedado y sólo le devuelve una hoja de lechuga,

con qué autoridad lo hace. Debemos explicarle de forma persua-

siva por qué su reclamo de reparación completa es menos digno de

protección que la de quien sufrió mucho menos. Debemos expli-

carle qué justifica que le inmolemos, supuestamente en pro del

bien común, y así lo convirtamos en un objeto del poder del Es-

tado, en los términos que utiliza la jurisprudencia alemana. Si,

como con precisión apunta el profesor Ramos, el concepto de dig-

nidad entronca con el de solidaridad,46

cabe preguntar cómo el Es-

tado, es decir, todos nosotros, podemos desentendernos de la tra-

gedia de nuestro prójimo cuando esa tragedia, que nosotros mis-

mos hemos causado, alcanza cierto nivel superior. )Con qué auto-

ridad le exigimos a ese prójimo que sufra sin chistar, con el propó-

sito de que nosotros suframos lo menos posible? Parafraseando la

última oración de la ponencia del profesor Ramos, “eso es in-

digno”.

45

CONST. P.R. art. II, ' 1. Producto de su época, la cláusula en cuestión

utiliza la palabra Ahombres@ en el lugar en el que coloqué corchetes. 46

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 4. En este aspecto, tiene

absoluta razón el profesor Ramos cuando señala, id., que existe una

fuerte relación entre la cláusula de dignidad y aquellas cláusulas de

nuestra Constitución que reconocen derechos económicos y sociales.

Esas disposiciones, que hubieran incluido a la malograda sección 20 de

la Carta de Derechos, significan que el Estado tiene la obligación de

procurar que los componentes de la sociedad vivan una vida digna. Sobre

el particular, véase Esther Vicente Rivera, Una mirada a la

interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales en las

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 REV. JUR. U. INTER.

P.R. 17 (2010).

47

DEJA VU: A FEDERAL JUDGE REVISITS

THE “WAR ON DRUGS”,

or life in a balloon.1

Juan R. Torruella2

The so-called “War on Drugs” is a perfect example to which one

can apply the semi-humorous play on words, “we have met the

enemy and it is us.”3 Not much more is humorous about this war.

Fourteen years ago, I first made public my private views

regarding this subject. While presenting a paper at Colby College

in Maine, it was already clear to me that we as a society were our

own worst enemy in dealing with this overpowering social prob-

lem. I also suspected, although not to the extent that I perceive to-

day, that nothing I was doing in support of this war, which was

mostly enforcing our laws and putting people behind bars, would

likely change the situation in any measurable degree. My

presentation later developed into a law review article published by

several academic journals.4 After a detailed analysis of the statis-

tics related to the consumption in the United States of both legal

and illegal drugs, I proposed that an “objective multi-disciplinary

study” be carried out by a bipartisan commission appointed by the

Executive Branch and Congress, to “independently assess the facts

and recommend courses of conduct” to confront the issues raised

1 See closing remarks in Juan R. Torruella, One Judge‟s Attempt at a

Rational Discussion of the So-Called “War on Drugs”, 6 B. U. PUB. INT.

L. J. 1(1996); 14 YALE J. ON REG. 235 (1997); 66 REV. JUR. U. P. R. 1

(1996). 2Judge, U. S. Court of Appeals for the First Circuit. The author wishes to

acknowledge the support and encouragment of the Academia

Puertorriquena de Jurisprudencia y Legislacion in this undertaking, as

well as the help of Margarita Mercado, Dr. Ana Cristina Gomez and

Guillermo Rebollo Gil in updating and editing this article. 3 The original quote, “[w]e have met the enemy and they are ours,” is a

message attributed to Commodore Perry after the Battle of Lake Erie

during the War of 1812. 4 See supra note 1.


by the illegal drug problem 5 . I further suggested that in the

meantime pilot programs decriminalizing some drugs, such as

marihuana, should be considered. 6 Of course, not much has

happened as far as the suggested commission or study are

concerned, but some progress has been made in some states as far

as decriminalizing marihuana possession for personal or medical

reasons.

The Colby lecture and my article received a modicum of noto-

riety, not so much because of their content, which was hardly radi-

cal in its ultimate moderate proposals and which were certainly not

new, but because I was then the chief judge of the U. S. Court of

Appeals for the First Circuit. Undoubtedly, certain segments of the

public were taken aback, perhaps disapproving that someone in my

position was speaking out on what was obviously a controversial

subject, and further, in which I criticized, however mildly, a

government policy and course of action, which at first glance was

enshrined in virtuosity. This reaction was not unexpected on my

5 Torruella, 66 REV. JUR. U. P. R. AT 38-39.

6 To my knowledge the closest undertaking in this regard, has been the

“National Criminal Justice Commission Act of 2010”, proposed by

Senator Jim Webb on March 26, 2009. S. 714 111th Cong (as reported to

the Senate, May 6th, 2010). The bill would:

“[C]reate a blue-ribbon commission charged with undertaking

an 18-month, top-to bottom review of the entire criminal

justice system. Its task [would] be to propose concrete, wide

ranging reforms designed to responsibly reduce the overall

incarceration rate; improve federal and local responses to

international and domestic gang violence; restructure our

approach to drug policy; improve the treatment of mental

illness; improve prison administration; and establish a system

for reintegrating ex-offenders.”

Summary, Press Release, March 2009, (emphasis in the original). A

companion bill was passed by the House of Representatives on July 27,

2010. Press Release, Jim Webb, U.S. Senator for Virginia, “Webb‟s

National Criminal Justice Commission Act Wins Approval in House of

Representatives” (July 28, 2010). Senator Webb's cogent remarks upon

the introduction of this bill in the Senate can be found at

http://webb.senate.gov/issuesandlegislation/Senator-Webbs-floor-speech-

introducing-the-criminal-justice-legislation.cfm.

http://webb.senate.gov/issuesandlegislation/Senator-Webbs-floor-speech-introducing-the-criminal-justice-legislation.cfm

http://webb.senate.gov/issuesandlegislation/Senator-Webbs-floor-speech-introducing-the-criminal-justice-legislation.cfm

Juan R. Torruella 49

part, for I must confess, that when I chose to speak out on this mat-

ter I was hoping to jump-start much needed public discussion, even

at the risk of some disapproval for my views. I believed then, and

still do, that the citizenry can benefit from receiving the perspec-

tive of one whose duty it is to enforce the laws that provide the

framework for this war.

Sufficient time has passed since my last incursion into this

subject to allow me to take stock of where we stand today on this

“War on Drugs”, update my viewpoint as to its success or failure,

and express a more definite and less timid course of action than the

one I adopted in my previous article on this question. Although I

will be principally discussing the subject as it affects the United

States, it is obvious that in this shrinking planet such a myopic

view of a problem of international dimensions can hardly be

geographically contained in such a manner.7

The world of illegal drugs

I initiate the discussion by referencing two United Nations

statistics: (1) it is estimated that 3.5 to 5.7% of the World‟s adult

population uses illegal drugs,8 and (2) that this illegal industry

generates $320 billion in annual revenues.9 To put these figures in

context, this means that approximately 250 million persons10

use

illicit drugs worldwide, and that the annual revenue generated by

7See generally, EUROPEAN COMMISSION, A REPORT ON GLOBAL ILLICIT

DRUG MARKETS 1998-2007 24 (Peter Reuter and Franz Trautman eds.)

(See Table 2, United Nations and United States estimates of cocaine and

opium production 1998-2007) [hereinafter EUROPEAN COMMISSION,

REPORT 1998-2007]. See also, “Failed States and Failed Policies: How

to Stop the Drug Wars,” THE ECONOMIST, March 5, 2009,

http://www.economist.com/node/13237193. 8

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG

REPORT 12; 123 (2010). 9

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG

REPORT 170 (2007) [hereinafter 2007 WORLD DRUG REPORT]. 10

The world population is estimated at 6.86 billion persons. International

Program Center, U. S. Census Bureau, at

http://www.census.gov/main/www/popclock.html.

http://www.census.gov/main/www/popclock.html


the sale of this illegal contraband is higher than the annual public

budgets of Colombia, the Dominican Republic, India, Switzerland,

or Venezuela to mention just a few examples.11

Perhaps it is worth

remembering that even a small part of the economic power gener-

ated by these unlawful enterprises allowed the Escobar drug cartel

in Colombia in 1986 to offer to pay that country‟s $10 billion

national debt in exchange for being given a free hand to engage in

its nefarious,12

but extremely profitable activities.13

It is estimated

that the Mexican and Colombian drug cartels alone generate

between $18 and $39 billion from the wholesale distribution of

illicit drugs.14

11CENTRAL INTELLIGENCY AGENCY WORLD FACTBOOK Country Pro-

files: Budget (2010), http://cia.gov/library/publications/the-

worldfactbook/fields/w256.html?countryName-world-fact

book/fields/2056.html?countryName. [Hereinafter WORLD FACTBOOK]. 12

See Adam Dunn, Reporter pursues Escobar story in „Killing Pablo‟,

CNN, May 31, 2001, http://articles.cnn.com/201-05-

31/entertainment/killing.pablo_1_killing-pablo-colombian-government-

pablo-escobar?s=PM:SHOWBIZ. 13

The profit margin in the markup of the raw materials from production

to retail sale ($650/kilogram for cocaine leaf in Colombia to $120,000

for 100 mg. for pure retail cocaine powder in Chicago; and $500/

kilogram for opium in Afghanistan to $135,000 for 100 mg., of pure

retail heroin powder in London [circa 2000]) is probably only surpassed

by items such as gold, uranium and diamonds. See EUROPEAN

COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, 23 Table 1 (Prices of

cocaine and heroine through the distribution system ca. 2000 (per pure

kilogram equivalent). However, it is worth noting that most of the

domestic distribution revenues go to the lowest levels of the system to

compensate for the higher risks of penal sanctions and violence from

competing organizations, although those at the higher echelons make the

great individual fortunes generated by the illegal drug trade. Id. 14

NATIONAL DRUG INTELLIGENCE CENTER, NATIONAL DRUG THREAT

ASSESSMENT 49 (2009).

http://cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/w256.html?countryName-world-fact%20book/fields/2056.html?countryName



http://articles.cnn.com/201-05-31/entertainment/killing.pablo_1_killing-pablo-colombian-government-pablo-escobar?s=PM:SHOWBIZ




What is the goal that we hope to achieve by pursuing the “War

on Drugs”?

Analysis of the dual factors brought to light by the cited U. N.

statistics, namely, (1) the huge number of persons using illegal

drugs (which in turn creates the market forces that generate the

large-scale unlawful commerce), and (2) the tremendous profits

rewarding the risk takers/entetrepreneurs15

that engage in this

illegal trafficking,16

holds the key to understanding and dealing

with (notice I do not use the word “resolving”) the issue before us.

This analysis must commence by inquiring as to the goal or goals

pursued by those who promote the present strategy.

In 1998, in what I believe was an overly optimistic and unrealis-

tic goal, the UN declared that its stated purpose in promoting and

backing the “War on Drugs” at an international level, was the

achievement of “a world free of drugs.” The UN pledged to “elimi-

nate or significantly reduce the manufacture, marketing and

trafficking of psychotropic substances.” by the year 2008.17

As we

now know, and surely suspected at the time if one was at all

knowledgeable in this field, this was a euphoric vision that was

quickly tempered by the realities of the international illegal drug

trade. Although in 1998 when the UN made its aspirational

announcement, the total world production of opium was approxi-

mately 430 metric tons, and that of cocaine approximately 825

metric tons,18

by 2008 this production had increased to 880 metric

tons for opium, and 994 metric tons for cocaine.19

Even though

marihuana is produced in 170 countries, the fact that it is grown in

small plots and in hydroponic operations, made it difficult to

15See Feds net more than $3.5 million in cash smuggling operation,

PUERTO RICO DAILY SUN, Nov. 7, 2009, at 6. 16

See supra note 8. 17

UNITED NATIONS NON-GOVERNMENTAL LIASON SERVICE, NGLS

Roundup, Countering the World Drug Problem Together, July 1998, at

http://www.un-ngls.org/orf/documents/text/roundup/27drugs.tx. 18

EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 26, (See

Table 2). 19

Id. The C. I. A. World FactBook estimated 865 metric tons for cocaine

and 1,000 metric tons for heroin in 2007. See note 12.

http://www.un-ngls.org/orf/documents/text/roundup/27drugs.tx


quantify with any degree of certainty whether production increased

or decreased during the 1998-2007 period.20

A brief survey of the drug scenario in several leading countries,

whereas hardly comprehensive, is worthwhile to give some idea of

the global nature and scope of this intractable problem: 21

Afghanistan. It is the world‟s largest producer of opium, even

after a 22% decrease in the acreage of poppies under cultivation in

2008, which reduction was mainly caused by reason of the “other

War”. In 2007, Afghanistan produced 648 metric tons of heroin.

The Taliban, notwithstanding its allegedly Islamic fundamentalist

composition, as well as other antigovernment groups, participates

in and profits from the opiate trade, which is a key source of

funding for the Taliban, at least inside Afghanistan. Widespread

corruption and political instability impede counter-drug efforts.

Burma (Myanar). Next to Afghanistan, Burma is the world‟s

second largest producer of illicit opium. In 2008, it produced 340

metric tons, an increase of 26% over the prior year. The illicit drug

trade is a major source of funding in the area controlled by the

United Wa State Army, located in the northeaster semi-

independent part of the country bordering on the P. R. China.

Burma is a major source of heroin for S. E. Asia and Europe.

Colombia. It is the world‟s leading coca leaf producer with

167,000 hectares under cultivation in 2007, a 6% increase over

2006 notwithstanding an aggressive aerial eradication program

funded by the United States, which, in 2005 alone targeted close to

130,000 hectares. Colombian sources produce 535 metric tons of

cocaine and supply nearly all of the U. S. market as well as much

of the European consumption. Colombia has also become an

important producer of opium with most of the heroin extracted

going to the United States.

20 EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 13.

21The following information was obtained from the CIA World

Factbook. See, WORLD FACTBOOK, supra note 12. The CIA's listing is

hardly comprehensive. A brief perusal of the Factbook reveals that

practically all countries are somehow involved in some facet of the

illegal drug trade, be it producing, acting as a transit point, or money

laundering the illicit gains, or any combination of these activities.


Dominican Republic. It is an important transshipment point for

drugs from South American destined for the U. S. and European

markets. It has replaced Puerto Rico as a transshipment point be-

cause of aggressive law enforcement efforts there.22

The Domini-

can Republic is also used for the transfer of ecstasy shipments

from Belgium and the Netherlands headed for the U. S. and Cana-

dian markets. The country is also a major money-laundering situs

for Colombian drug cartels.

India. It is the world‟s largest producer of licit opium, a

reminiscence of the 19th

Century Opium Wars. An undetermined

quantity of legally produced opium is believed to be diverted to

illicit international markets. India is also a major illicit producer of

methaqualone.

Iran. Despite vigorous enforcement and interdiction on the

Afghan border, is an important transshipment point for heroin to

South East Asia. Iran also suffers one of the highest opiate

addiction rates in the world.

Mexico. It is a major drug-producing nation and transshipment

point into the United States as 90% of the cocaine imported into

this country comes from South American sources. In 2007, Mexico

produced 19 metric tons of heroin for importation mostly into the

western U. S. and about 15,800 metric tons of marihuana, also for

U. S. consumption. Mexican drug cartels are reportedly operating

widely throughout the United States with varied intensity. They are

the largest suppliers of cocaine, marihuana and methamphetamine

to the U. S. market. Mexico is also an important money laundering,

situs for the illicit drug industry.

Netherlands. It is a major source of U. S. bound ecstasy and a

significant money-laundering center.

Panama. It is a major cocaine transshipment point and a preemi-

nent money-laundering center for narcotics revenue, particularly

22See Lorraine Blasor, Drug Czar Chief: Cocaine transit via P.R. down,

threat reduced, THE SAN JUAN STAR, May 27, 1998 (Drug Czar Bary

McCaffey, said “the $92 million the federal government has pumped into

Puerto Rico to fight drug smuggling, plus an additional $8 million for the

Drug Trafficking High Intensity Zone office here, is 'beginning to pay

off'.”).


within the Colón Free Zone with its concentration of international

banks.

Peru. Until 1996 was the world‟s largest producer of coca leaf, it

is now second behind Colombia, with about 210 metric tons of

cocaine produced in 2007. Although some of the cocaine ends up

in the U. S. markets, increasingly it is being shipped to Brazil,

Chile, Argentina, and Bolivia or transshipped to Europe and

Africa.

South Africa. Is the world‟s largest market for illicit methacho-

line (a pharmaceutical depressant, referred to as “madrax” in South

East Asia and Africa), which is imported from India through

various East-African countries.

Spain. Despite vigorous law enforcement efforts, it is a major

transshipment point for cocaine and hashish (the resinous exudates

of the cannabis or hemp plant) destined for the European market. It

is also a leading money-laundering site for Colombian drug cartels

and organized crime.

Switzerland. Despite U. S. pressure, because of its banking laws,

Switzerland remains an important repository of illegal drug

proceeds and the situs of layered money-laundering schemes.

United States. It is the world‟s largest consumer of cocaine

(shipped from Colombia through Mexico and the Caribbean). It is

also a major consumer of Colombian and Mexican heroin,

marihuana, ecstasy, and methamphetamine. It is an illicit producer

of marihuana, depressants, stimulants, hallucinogens, and

methamphetamine, mostly for local consumption. Despite strict

banking controls, there is a tremendous amount of money-launder-

ing activity taking place by the various illicit drug organizations

and organized crime.

The European Commission noted this general increase in

production of illicit drugs in 2008 in its Report on Global Illicit

Drug Markets. Covering the period from 1998-2007, the European

Commission categorically stated that its study “found no evidence

that the global drug problem was reduced”.23

This conclusion was

not of uniform applicability throughout the world or throughout

this period, as in fact the drug problem generally improved in the

23EUROPEAN COMMISSION REPORT, supra note 8, at 57.


rich countries while worsening in a few large, developing or transi-

tional countries.24

Perhaps because the U. N. realized that its stated

goal of a “drug free world” was unattainable, in 2009 it did an

about face, and embraced drug decriminalization as an alternative

to the penal model previously supported.25

In this report, the

United Nations lavished praise on Portugal‟s innovative drug strat-

egy, which since 2001 had removed criminal sanctions for personal

drug possession, emphasizing treatment over incarceration.26

The agenda of the United States, the originator of the “War on

Drugs” and the prime exponent of this strategy since then, has re-

mained substantially unaltered since its commencement in the

early 1970‟s. In 1988, Congress stated, “that legalization of illegal

drugs on the Federal or State level, is an unconscionable surrender

in a war in which, for the future of our country there can be no

substitute for total victory.”27

This rhetoric was followed by a

proclamation stating that, “[i]t is the declared policy of the United

States to create a Drug-Free America by 1998.”28

In support of its

prohibitionist model, the United States became a party to several

treaties29

and multi-national covenants,30

and enacted numerous

24 Id.

25UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG

REPORT 164 (2009). 26

Id. at 168; See also, UN BACKS DECRIMINALIZATION IN WORLD DRUG

REPORT, http://www.huffingtonpost.com/2009/06/24/un-backs-drug-dccr

http:///www.huffingtonpost.com/209/06/24/un-backs-drug

decriminali_n_220013.html. 27

Anti-Drug Abuse Act of 1988, 21 U. S. C. §1501 (1994). 28

Id. §1502 note. 29

See e. g.,Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by

the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs,

March 25, 1972, March 30, 1961, 18 U.S.T. 1407, 520 U.N.T.S. 204;

Convention on Psychotropic Substances, 1971, Feb. 21, 1971, 32 U.S.T.

543, 1019 U.N.T.S. 175; United Nations Convention Against Illicit

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, December 20,

1988, 1582 U.N.T.S. 165. 30

By 1998, the United States was a party to 19 maritime drug interdiction

agreements. The White House, International Crime Control Strategy

(1988), http://www.fas.org/irp/offdocs/iccsv.html. See also George K.

Walker, Self-defense, The Law of Armed Conflict and Port Security, 5

http://www.huffingtonpost.com/2009/06/24/un-backs-drug-dccr

http://www.huffingtonpost.com/209/06/24/un-backs-drug%20decriminali_n_220013.html

http://www.huffingtonpost.com/209/06/24/un-backs-drug%20decriminali_n_220013.html

http://www.fas.org/irp/offdocs/iccsv.html


domestic statutes,31

clearly aimed at promoting a drug-free society,

intolerant to certain selectively designated drugs32

that were ear-

marked as subject to criminal proscription. Although this is the

policy promoted and followed by the Federal Government33

and

most of the States, as will be presently discussed, fifteen US

jurisdictions have experimented with various schemes aimed at the

decriminalization/medicalization of marihuana.34

The legitimacy of

S.C. J. INT'L L. & BUS. 347, (2009 (“The United States has negotiated

over 20 bilateral treaties dealing with drug traffic interdiction. These

variously allow boarding, pursuit, entry to investigate, overflight and

orders to land aircraft, seaward of the territorial sea of a state party, with

western hemisphere countries and States with Western Hemisphere

dependencies.) 31

See e. g., Comprehensive Drug Abuse and Control Act, Public Law

No. 91-513 84 Stat. 1236 (1970) (codified in 21 U. S. C.§§801-971). 32

Alcohol and tobacco were, of course, controlled but not proscribed

except for minors. 33

As a point of historical fact, under the Marijuana Tax Act of 1937, Pub

.L. No. 238, 50 Stat.551, ch.553, transfers of marijuana by physicians

and dentists to their patients were legal if the doctor or dentist had paid a

tax on the marijuana of $1 a year. Id. §2(a). Transfers by a marijuana

dealer directly to a patient were also legal if done pursuant to a prescrip-

tion by a doctor or dentist who was registered under the Act. Id. §6(b).

For a cogent history of drug legislation in the United States, seeMargarita

Mercado Echegaray, Drug Prohibition in America: Federal Drug Policy

and Its Consequences, 75 REV. JUR. U.P.R. 1216 (2006). 34

Alaska (Medical Uses of Marijuana for Persons Suffering from

Debilitating Medical Conditions Act, A.S. §§17.37.010-17.37.080

(2005)), Arizona (Drug Medicalization, Prevention and Control Act,

A.R.S.§§13-3412(A)(8)-13-3412.01 (2005)), California ( Compassionate

Use Act, Cal. Health & Safety Code §11362.5 (2005)), Colorado (Const.

Col. art. XVIII, §14; CSRA §18-18-406.3 (2006)), Hawaii ( Medical

Use of Marijuana Act, HRS §329-121-329-128 (2005)),Maine (Maine

Medical Marijuana Act, 22MRSA §2383-B(5)(2005)), Massachusetts,

Massachusetts Medical Marijuana Act; Michigan, Michigan Medical

Marijuana Act, Mich. Comp. Laws §§33.26421-333.26430 (2008);

Montana (Montana Medical Marihuana Act, MCA §§50-46-101-50-46-

210(2005)), Nevada (Medical Use of Marijuana Act, NRS §§453A.010-

453A.810(2005); New Jersey, New Jersey Compassionate Use Medical

Marijuana Act, N.J. Stat. Ann. §24:61-1-Pub. L. (2010);New Mexico,


these state laws in light of the federal government‟s constitutional

supremacy in this field seems to place these experiments in legal

doubt, albeit the present Administration‟s announcement in

October 2009 that federal prosecutors would no longer prosecute

medical users in those states.35

Nevertheless, these programs bear

close scrutiny in light of the other issues (other than the legality of

these programs) that they raise, and perhaps, solve.36

Have we accomplished our goal?

In my view, the one proposition that seems to be beyond ken is

that if the “War on Drugs” purported to eradicate or to

substantially reduce illegal drug production and consumption, this

war has utterly failed to accomplish or to even come close to

achieving this goal. I do not see how we can avoid the conclusion

that the “War on Drugs” has not only long been lost, but that our

defeat for some time has been at high human37

and material costs.

Lynn and Erin Compassionate Use Act, N.M. Stat. Ann. §§26-2B-1-26-

2B-7; Oregonain ( Oregon Medical Marijuana Act, O.R.S. §§ 475.300-

475.346 (2005)), Rhode Island, The Edward O. Hawkins and Thomas C.

Slater Medical Marijuana Act, 2005 R.I. Pub. Laws Ch. 05-442,

Vermont, Marijuana Use by Persons with Severe Illness Act, 18 VSA §§

4472-4474d(2005)), and Washington (Washington Medical Use of

Marijuana Act, RCWA§§69.51A.005-69.51A.092(2005), as well as the

District of Columbia (Legalization of Marijuana for Medical Treatment

Initiative Amendment Act of 2010, D.C. Bill 18-622. 35

United States Department of Justice, Memorandum for Selected United

State Attorneys on Investigations and Prosecutions in States Authorizing

the Medical Use of Marijuana, October 19, 2009,

http://blogs.usdoj.gov/blog/archives/192. 36

See Zachary Malinowoski, Growing pains: R.I. marijuana growers,

patients double in a year, THE PROVIDENCE JOURNAL, Sept. 17, 2010 at

http://www.projo.com/news/content/RI_MARIJUANA_09-17-

10_IHJNRAM_V53.2536cc.; Christopher J. Girard, Thousands attend

marijuana rally, BOSTON SUNDAY GLOBE, Sept.19, 2010,

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/09/19/th

ousands_attend_marijuana_rally/. 37

The Associated Press, “Mexico: 28,000 killed in drug violence since

2008,” Puerto Rico Daily Sun, Aug. 4, 2010, at 7; E. Eduardo Castillo,

http://blogs.usdoj.gov/blog/archives/192

http://www.projo.com/news/content/RI_MARIJUANA_09-17-10_IHJNRAM_V53.2536cc

http://www.projo.com/news/content/RI_MARIJUANA_09-17-10_IHJNRAM_V53.2536cc


This conclusion neither a new nor a starting proposition, nor is it

defeatist as claimed by some. It is rather, standing up and facing

the unforgiving facts.38

In this respect, it is essential to be mindful that the basic underly-

ing law that permeates and dictates the entire illegal drug conun-

drum is the economic law of supply and demand, not the laws that

I help to enforce. To this end, it is the huge American consumer

pool,39

most of whose members are never held accountable for

creating the demand for the product, “the fuel that feeds” the

motor” generating this entire dilemma. As has been aptly stated,

“[t] he United States remains the source of the appetite that sets the

industry in motion.”40

Family of hero of drug war in Mexico slain, THE BOSTON GLOBE, Dec.

23, 2009, at A3 (“Cartel's message is loud and clear to troops

involved.”). In large part, this blood bath in Mexico has been the result of

the success of the Drug Enforcement Administration's successes in

squeezing off the Caribbean drug conduit into the United States, and by

default, rerouting it from South America into the United States through

Mexico. See Keving Hartnett, From Small Corners to Big Carterls, the

Drug War‟s Unintended Consequences, THE PENNSYLVANIA GAZEITTE,

Nov/Dec 2009, at 9. 38

See Robert W. Sweet, The “War on Drugs” is Lost, NAT'L REV., Feb.

12, 1996. The author, a distinguish U.S. District judge in the Southern

District of New York, was one of the pioneer voices in denouncing the

floundering of our drug policies. See also Kurt Schmoke, The “War on

Drugs” Is Lost, NAT'L REV. Feb. 12, 1996; Nichols D. Kristop, Drugs

Won the War, NEW YORK TIMES, June 13, 2009. See also, STEVEN B.

DUKE & ALBERT G. GROSS, AMERICA'S LONGEST WAR: RETHINKING

OUR TRAGIC CRUSADE AGAINST DRUGS (1993). 39

Although my present observation is directed at the U.S. scenario alone,

this is obviously a tunnel vision of the problem, for we also have a very

substantial European market, as well as elsewhere throughout the World.

See generally EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note

8, at 11-12. 40

Hartnett, supra note 37. In 2008, 16% of Americans had used cocaine,

a rate four times higher than any country in the world. Id. Furthermore,

apart from New Zealand, whose inhabitant‟s match Americans puff for

puff of marijuana at a 42% rate, no other country comes close to us in

marihuana usage, not even the liberal Dutch at 20%, or the Italians,

where fewer than one in ten has ever used it. Id. See also SAMHSA


One, perhaps not entirely satisfactory way of measuring the

success or failure of the conduct of this war in the intervening

years since I last expressed myself on this issue, is to look at the

available comparative statistics between the two time periods,

bearing in mind, the fact that in the shadowy world of illegal drugs

and their use, statistics are particularly suspect.41

There are,

however, certain hard facts which cannot be easily disputed. We

start with an accounting of the material costs of the war.

What have been the costs to the American taxpayer of the

“War on Drugs”?

In 1973, when the war commenced, the total federal expendi-

tures on enforcement of the illegal drug laws of the United States

were less than $100 million.42

By 1994, this figure had risen to

$12.184 billion annually, more than 121 times the 1973 number.43

This amount increased to $14 billion only two years later in 1996

News Release, National Survey reveals increase in substance use from

2008-2009, Sept. 16 2010, at

http://www.samhsa.gov/newsroom/advisaries/1009152021.aspx.

I am again reminded of the riposté of the lawyer in El Salvador,

which I refer to in my earlier article on this subject, when he said to me

on occasion of my lecturing in his country during the mid-1980's, and in

answer to my statement that the United States was providing his country

with all kinds of material help in fighting the “War on Drugs”:

Excuse me your Honor that is not the help that we are in need

of. What we need is for your country to stop consuming these

drugs. If your people were not buying drugs, we would not be

growing and selling them. We would rather sell you coffee, or

oranges, or bananas, if you would only stop buying and

consuming drugs.

Torruella, supra note 1, at 5. 41

EUROPEAN COMMISION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 13-14. 42

Bureau of Census, U.S. Dept of Commerce, Statistical Abstract of the

United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter Statistical Abstract];

Steven B. Duke, Drug Prohibition: An Unnatural Disaster, 27 CONN. L.

REV. 571, 574 (1995). 43

DRUGS & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET:

DRUG DATA SUMMARY 5 (June 1995).

http://www.samhsa.gov/newsroom/advisaries/1009152021.aspx


when I wrote my original article on this subject.44

I will not detail

the step by dreary step upward of this sum since 1996 to the

present. Suffice it to say that the law enforcement expenditures of

the United States had risen to $44.1 billion yearly by 2009, with a

total of approximately $1 trillion having been spent since the com-

mencement of the War in 1973 to the present.45

Furthermore, State

expenditures related to illegal drug enforcement were estimated in

a 1987 study at $5 billion annually, a figure that most certainly has

increased considerably since then to the present.46

In the meantime,

the US Coast Guard estimates that it is able to seize "at best 8 to

10% of drugs smuggled by sea."47

The obvious question to be posed is, what results and benefits

have we as a society received from this huge investment of public

funds?

44 Id. See also Schmoke, supra note 39 at 40- 41.

45See Andre Gaud, War on Drug Rages On, NEWS-PRESS NOW.COM,

http://www.newspressnow.com/news/2010/aug/08/war-drugs/. A recent

study released by the National Center on Addiction and Substance Abuse

at Columbia University found that federal, state and local governments

spent $467 billion in 2005 on substance abuse and addiction. THE

NATIONAL CENTER ON ADDICTION AND SUBSTANCE ABUSE AT

COLUMBIA UNIVERSITY, SHOVELING UP II: THE IMPACT OF SUBSTANCE

ABUSE ON FEDERAL, STATE AND LOCAL BUDGETS 1 (2005) [hereinafter,

SHOVELING UP II]. 46

Ethean A. Nadelman, Drug Prohibition in the United States: Costs

Consequences, and Alternatives, 245 Sci. 939, 940 (1989). Recent

estimates show that federal, state and local governments spend $44.1

billion annually enforcing drug prohibitions. Nicholas D. Kristof, Drugs

won the War, THE NEW YORK TIMES, June 13, 2009. A recent study by

the Cato Institute places this figure at $25.7 billion. See JEFFREY A.

MIRON AND KATHERINE WALDOCK, THE BUDGETARY IMPACT OF

ENDING DRUG PROHIBBITION, Cato Institute, Wash.,D.C. (2010), at 5

(hereinafter "The Budgetary Impact"). In 2005, state governments spent

$135.8 billion on substance abuse and addiction. Shoveling Up II, supra

note 42 at 2. It is worth mentioning that between 1981 and 1986 state

and local drug arrests grew by 59%, see Bureau of Justice Statistics,

U.S. Dept. of Justice, Drug and Crime Facts, 8 (1991) (hereinafter

“Facts”), and thereafter increased an additional 23% from 1986 to 1991. 47

H.R. Rep. No. 96-323 at 4 (1974).

http://www.newspressnow.com/news/2010/aug/08/war-drugs/


The human costs of the “War on Drugs”

The most critical ramifications and consequences of the “War on

Drugs”, are the human costs of this course of action. After almost

forty years of doggedly presenting the same order of battle and

strategy to the enemy, in which we have made tremendous invest-

ments in both public rhetoric and treasure, to say nothing of out-

and-out law enforcement emphasis at all levels, I believe that the

public has a right to expect and demand that some mayor progress

be shown in solving, or at least ameliorating, what is probably the

single-most recurring internal social problem in the United States,

with the possible exception of our economy, a not totally unrelated

problem if we consider the useless drain that the “War on Drugs”

has been on our national treasure.

We commence our scrutiny by stating the undeniable fact that

the United States has the highest prison population in the world,

with approximately 2.3 million inmates incarcerated in federal and

state institutions.48

This represents more persons in prison than

even the People's Republic of China, whose population is six and a

half times that of the United States.49

Furthermore, and of rele-

vance in evaluating the efficacy of the present policies regarding

illegal drugs, it is worth taking note of the fact that the prison

population in the United States rose from a total of about 200,000

state and federal prisoners in 1970, to 1,540,805 in 2008, to which

must be added the 785,556 inmates confined in local detention

centers for a total of over 2.3 million persons under confinement.50

48 THE SENTENCING PROJECT: RESEARCH AND ADVOCACY FOR REFORM,

Facts About Prisons and Prisoners, at

http://www.sentencingproyect.org/doc/publications/publications-

inc_factsAboutPrisons_Jul2010.pdf [hereinafter Facts About Prisons

and Prisoners]. 49

THE NEW YORK, PUBLIC LIBRARY DESK REFERENCE BOOK 887; 900

(4th ed. 2002). China's population is 1,261 billion); United States'

population, 275.5 million. 50

Facts About Prisons and Prisoners, supra note 48. In 1980, only 7% of

those admitted to state prisons were convicted of drug-related offenses,

while by 1990 this figure had increased to 32%. Bureau of Statistics,

Prisoners in 1992 (1993) at 10.

http://www.sentencingproyect.org/doc/publications/publications-inc_factsAboutPrisons_Jul2010.pdf

http://www.sentencingproyect.org/doc/publications/publications-inc_factsAboutPrisons_Jul2010.pdf


This was at a cost of $20-30,000 per year per inmate for keeping

prisoners in federal prisons in 1994, and with $50,000 to $100,000

per prisoner for building new facilities, depending on the level of

security and climate.51

The Federal Bureau of Prisons estimated in

1994 that it cost $58.50 per day, or $21, 352 each year, to keep a

federal inmate in prison.52

State and local costs for incarceration

are difficult to establish with certitude.

If we count the number of persons under the various probation or

supervised release programs, the total number of persons under

penal supervision in the United States exceeds 7 million persons.53

In fact, in 2008, more than one in every 100 Americans resided in

a prison or jail.54

Moreover, the number of drug related crimes in

the United States which resulted in imprisonment rose from 41,000

in 1980, to over 500,000 in 2008,55

an exponential increase which

although attributable in part to more vigorous and effective law

enforcement efforts, also speaks legions of the failure to achieve

the war's goal of eliminating or substantially reducing illegal drug

activities in this country. In 2006, 53% of all federal prisoners

were incarcerated for drug-related violations.56

In fact, by 2007 the

number of arrests for crimes related to illegal drugs exceeded

51Michael Torney, Race and the “War on Drugs”, 1994 U.CHI. LEGAL F.

25, 26, 27. 52

FEDERAL BUREAU OF PRISONS, U.S. DEPT. OF JUSTICE, A JUDICIAL

GUIDE TO THE FEDERAL BUREAU OF PRISONS 5 (1995) [hereinafter

“Judicial Guide”]. 53

Id. 54

THE PEW CENTER ON THE STATES, ONE IN 100: BEHIND BARS IN

AMERICA 2008 3 (2008). 55

MARC MAUER & RYAN S. KING, THE SENTENCING PROJECT, A 25-

YEAR QUAGMIRE: THE “WAR ON DRUGS” AND ITS IMPACT ON

AMERICAN SOCIETY 2 (2007), available at

http://www.sentencingproject.org/doc

/publications/dp_25yearquagmire.pdf. 56

U.S.DEPARTMENT OF JUSTICE, BUREAU OF JUSTICE STATISTICS

BULLETIN, PRISONERS IN 2006 (2007).

http://www.sentencingproject.org/doc%20/publications/dp_25yearquagmire.pdf

http://www.sentencingproject.org/doc%20/publications/dp_25yearquagmire.pdf


arrests for all other crimes, with arrests for illegal drugs topping

12.5% of the arrests for all crimes.57

The statistics for drug use, although at times encouraging, have

on the whole and in the long run, been discouraging and certainly

confirm the conclusion that our present prohibitionist model has

been a failure and has not achieved any substantial progress in

achieving its stated goal. This is particularly apparent when we

compare the overall results in the illegal drug arena with that of

alcohol and tobacco. In 1996, when I first spoke out on this

subject, there were approximately 40.3 million tobacco users,58

103 million alcohol users,59

and almost 12.2 million illicit drug

users in the United States.60

The present61

estimates for these items

are 69.7 million for tobacco users,62

130.6 million for alcohol,63

and approximately 21.8 million persons use illicit drugs.64

57FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS, CRIME IN THE UNITED STATES

2004, UNIFORM CRIME REPORTS, PERSONS ARRESTED,

http://www.fbi.gov/ucr/cius_04/persons_arrested/index.html. 58

Joan Beck, Smokers, Chill out, Think of Your Poor Hearts, NEWS

TRIB., April 18, 1994, at A-6. 59

U. S. Drug Abuse Level Unchanged, Report Says, 109 Pub. Health

Rep. 839 (1994), available at LEXIS, New Library, ASAPII File. 60

DRUG & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET:

DRUG USE TRENDS 1 (1996). 61

The best available data is the 2009 National Survey on Drug Use and

Health. See , U. S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,

SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION,

OFFICE OF APPLIED STUDIES, RESULTS FROM THE 2009 NATIONAL

SURVEY ON DRUGE USE AND HEALTH: VOLUME 1, SUMMARY OF

NATIONAL FINDINGS (2009) [hereinafter 2009 NATIONAL SURVEY ON

DRUG USE AND HEALTH]. 62

Id. at 4. This figure is for Americans 12 years or older, which is 27.7%

of the population. Id. Cigarette smoking among young adults 18 to 25

decreased significantly between 2002 to 2009, but was still the highest of

all age groups. Id. There was also a moderate decline in cigarette

smoking during that period among youths aged 12 to 17. Id. 63

Id. at 3. This figure is for persons over the age of 12, and is the

equivalent of over half of the U. S. population over 12 years old. 64

Id. at 1. This figure is for persons over the age of 12. Approximately

22.2 million Americans over the age of 12 reported having had a

http://www.fbi.gov/ucr/cius_04/persons_arrested/index.html


Translating this information to practical terms:

(1) Tobacco has approximately 69.7 million users in the United

States65

and causes more fatalities in the United States than those

caused by alcohol, HIV, automobile accidents, illicit drugs,

homicides and suicides.66

The annual death toll of tobacco-related

deaths rose from 188,000 in 1965 to 434,000 in the late 1980's,67

to

about 435,000 at present68

This notwithstanding that the average

cost of a pack of cigarettes is $5.51, of which state taxes average

$1.45 per pack plus the federal cigarette tax of $1.01 per pack, all

of which is paid by the consumer.69 Of course, the costs to society

are not limited to just the outright deaths, with the obvious

emotional and sentimental costs to family and friends, but also

involves the intangible loss to the community of a person's multi-

faceted contributions to society. A more accountable cost is the

fact that in the United States close to 8.6 million persons suffer

from tobacco-related illnesses, 70

with an annual direct cost to the

dependency on drugs or abuse in their use, which represents about 8.9%

of the U. S. population, which is almost twice the reported figure of 5%

for the world as a whole. Id. at 2. 65

Id. at 4. 66

Ali H. Mokdad, et al. Actual Causes of Death in the United States,

2000, J. AM. MED. ASS‟N NO. 1238-45 (2004). 67

Smoking-Attributable Mortality and Years of Potential Life

Lost_United States. 1999, 40 MORTALITY WKLY. REP. 62 (1991),

available at LEXIS, News Library, ASAPII, File. To these should be

added about 40,000 nonsmokers who died of inhalation from passive

smoke. Death Toll from Smoking Worsening, N.Y. TIMES, Feb.1, 1991,

at A14. 68

Mokdad, supra note 66. To this must be added an estimated 50,000

nonsmoking adults who died from second hand smoke. American Lung

Association, Health effects, http://www.lungusa.org/stop-smoking/about-

smoking/health-effects/. 69

State Cigarette Excise Tax Rates & Rankings,

http://www.tobaccofreekinds.org/research/factsheets/pdf/0097.pdf 70

American Cancer Society, Study: 8.6 Million Americans Sick with

Tobacco-related Illnesses: few Quitters Get the Help Needed to Succeed,

http://www5.cancer.org/docroot/NWS/content/NWS_2_1x_Study_86_M

illion_Ameri-

http://www.lungusa.org/stop-smoking/about-smoking/health-effects/

http://www.lungusa.org/stop-smoking/about-smoking/health-effects/

http://www.tobaccofreekinds.org/research/factsheets/pdf/0097.pdf

http://www5.cancer.org/docroot/NWS/content/NWS_2_1x_Study_86_Million_Ameri%1fcans_Sick_With_Tobaccorelated_Illnesses.asppNWS_21X_sTUDY_86_Million_Americans_Sick_With_Tobaccore%1flated_Illness.asp



federal and state governments of $96 billion,71

including $30.9

billion in healthcare and disability benefits paid for the treatment

of diseases and illnesses associated with this drug.72

(2) Alcohol is the most commonly used drug in the United

States, with almost twice the number of users as those using

tobacco in its various modalities, and six times more than the case

of illegal drugs. In 1991, it was estimated that there were 10

million alcoholics in the United States, with about 73 million

adults suffering from this condition.73

That year there were an

estimated 45,000 alcohol-related traffic fatalities74

in the United

States,75

a figure that is only part of the total number of alcohol-

linked deaths, which reached over 100,000 that year.76

cans_Sick_With_Tobaccorelated_Illnesses.asppNWS_21X_sTUDY_86_

Million_Americans_Sick_With_Tobaccorelated_Illness.asp 71

Eric Lindblom, Campaign for Tobacco-Free Kids, Toll of Tobacco in

the United States of America,

http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0072.pdf. 72

Id. 73

James A. Inciardi, Against Legalization of Drugs, in Arnold S. Trebach

& James A., LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY, 139,

160 (1994). 74

In a 2008 study, the National Highway Traffic Safety Administration

(NHSTA) estimates that 8% of all drivers in the United States, or 17

million people, have driven at least once over the course of a year, even

though they though they were drunk. See Associated Press, U.S.

estimates millions drive drunk, THE BOSTON GLOBE, Aug. 26, 2010, at

A1. 75

Inciardi, supra note at 160. Puerto Rico is among the ten highest U.S.

jurisdictions in traffic fatalities due to the consumption of alcohol.

Justice: Youth alcohol consumption costs P.R. hundreds of millions a

year, PUERTO RICO DAILY SUN, October 28, 2009, at 6 (youth alcohol

consumption is costing the local economy between $250million and $1

billion a year). Of the 430 people who died in traffic accidents in P.R. in

2007, 40% of those killed were 29 years old or younger. Id. 76

SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES

ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN

SERVICES, NATIONAL EXPENDITURES FOR MENTAL HEALTH SERVICES

AND SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 1991-2001, Ch. 5 (2001),

http://www.samhsa.gov/spendingestimates/chapter5.aspx [hereinafter

SAMSHA, National Expenditures].



http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0072.pdf

http://www.samhsa.gov/spendingestimates/chapter5.aspx


The total annual cost of alcohol abuse in the United States for

1998 alone, including direct governmental spending and private

spending, as well as lost productivity, was estimated at over $184.6

billion.77

In 1998, public and private entities spent $9.8 billion on

health care and disability costs related to alcohol abuse.78

An

additional monetary and human cost to American society related to

alcohol abuse is the fact that two fifths of all crimes leading to

state prison sentences are committed under the influence of alcohol

(and, of course, in many cases also combined with the use of

illegal drugs).

In 2008, slightly more than half of Americans aged 12 or older

reported using alcohol, which is 130.6 million persons, or 51.9% of

our population.79

Today, the alcohol-related deaths are calculated

at about 75,000,80

with the life expectancy of alcohol abusers being

reduced by an average of 30 years.81

In fact, alcoholism is the third

77Inciardi, supra note, at 160.

78SAMSHA, National Expenditures, supra note 77. In 1994 the federal

government alone spent $12 billion on health care and disability related

to alcohol abuse. Bureau of Census, U.S. Dep't of Commerce, Statistical

Abstract of the United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter

Statistical Abstract]. Of a total of $66 billion spent annually by the

federal government on health care and disability costs associated with

alcohol, tobacco, and illegal drug use, 18% ($11.8 billion) were destined

for the alcohol programs. 16% ($10.56 billion) for drug abuse agendas

and 66% ($ 43.56 billion) for tobacco related care and disability

programs. Id. A study by the National Center on Addiction and

Substance Abuse at Columbia University found that in 2005 government

spending related to smoking, alcohol abuse and illegal drugs reached

$468 billion, accounting for one-tenth of combined federal, state and

local expenditures for all purposes, of which expenditures only 2% went

to prevention, treatment and addiction. Eril Eckholm, Governments'

Drug-Abuse Costs hit $468 Billion, Study Says, NEW YORK TIMES, May

28, 2009, at 1 http://www.nytimes.com/2009/05/ 79

See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH, supra note,

62 at 3. 80

Centers for Disease Control and Prevention, Alcohol-Attributable

Deaths and Years of Potential Life Lost, United States, 2001 (2004),

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5337a2.htm. 81

Id.

http://www.nytimes.com/2009/05/

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5337a2.htm


major cause of death in the United States, after tobacco-related

causes and illnesses related to bad eating habits.82

Traffic accident

fatalities in which alcohol plays a factor reaches approximately 38,

000 annually.83

The federal government alone spends $45.5 billion

on health care and disability costs associated with alcohol abuse.84

(3) Illegal drugs85

were used by 11.7 million Americans 1996, a

decrease from 24.8 million in 1979.86

In 1996, there were

approximately 5,000 deaths directly attributed to the use of illegal

drugs by reason of overdoses. A significant decline in illicit drug

use was noted throughout the 1980's, with illegal drug use for all

persons over 12 going down from 13.7% in that age group, to 5.6%

by 1993.87

In fact, there was a general decrease in the use of all

illegal drugs of about 59.1% during that period88

.

82 Id. See also, Mokdad, supra note 67.

83Alcohol Alert, 2008 Drunk Driving Statistics,

http://www.alcoholalert.com/drunk-driving-statistics.html. 84

The George Washington University Medical Center, The Alcohol Cost

Calculator, Treatment of Alcohol Medical Consequences/related

Insurance Administration Costs, December 2007,

http://www.alcoholcostcalculator.org/business/about/?page=note. 85

This term includes marihuana, cocaine, heroin, amphetamine,

hallucinogens, inhalants and nonmedical use of sedatives, tranquilizers,

stimulants or analgesics. 86

OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY, EXECUTIVE OFFICE

OF THE PRESIDENT, THE NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY: 1996, at

77, (Figure. 5-1). 87

Drug & Crime Data Center & Clearinghouse, supra note 61, at 1

(Table 11) (past thirty days use); Id. at 2 (Figure 2), 5 (Figure 1). 88

Id. 1 (Table 11) (past thirty-day use). Marihuana use went from 18.5%

in 1974 for those in ages 12-17, to 10.1% by 1993, after a peak of 20 %

during the 1977-82 period. Id. at 2 (Figure 2), 2 (Figure 5). For ages 18-

25, this figure decreased from 34.2% in 1974 to 22.9 % in 1993, with

peak years of 40% in the 1979-82 period. Id. In the over 26 age group

there was an increase from 3.8% in 1974 to 6.3% in 1993, with increases

in 1982 and 1985 up to 10%. Id. Cocaine usage declined from 2.7% for

the 12-17 age groups in 1974 to 0/8% in 1993, after a peak in the 1979-

82 period of over 4%. Id. at 2 (Figure 1), 5 (Figure 1). For ages 18-25

there was an overall decline of from 8.1% in 1974 to 5.0% in 1993 to a

peak of close to 20% in the 1979-82 period. Id. The over 26-age group

generally increased from 0.6% in 1974 to 1.9 % in 1993. Reaching a

http://www.alcoholalert.com/drunk-driving-statistics.html

http://www.alcoholcostcalculator.org/business/about/?page=note


This situation has turned upwards since the 1990's. It was

reported in 2009 that 21.8 million Americans over 12 years of age

were using illegal drugs, which represents 8.7% of the U.S.

population in that age group.89

This is almost twice the percentage

of illegal drug usage rate that is estimated by the UN surveys as the

world's population of illegal drug users.90

The 2008 ADAM II

Report (Arrestee Drug Abuse Monitoring Program of the Office of

National Drug Control Policy), indicated that as many as 87% of

all arrestees for all crimes, tested positive for illegal drug use.91

In

the year 2000, approximately 17,000 Americans died of drug-

induced causes, over 90% of which were from overdoses, a figure

that rose to 39,000 by 2006.92

peak of around 4% in the 1982-85 period. Id. Heroin usage generally

declined in its usage by all age groups in the period from 1974 to 1993,

with the 12 to 17 year group going from 1.0% in 1974 to only .2% in

1993, Id., at 142 (Table 2), those in the 18-25 years bracket going from

4.5% to 0.7% in the same period, and those 26 years and older going

from 0.5% to a base too small to be statistically significant. Id. 89

See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note,

62 at 13. By comparison, Puerto Rico has approximately 60,000 persons

who are addicted to illegal drugs, which is approximately 2.34% of its

population. ASSMCA: "Trastornos de Sustancias y Uso de Servicios:

Encuesta de Hogares, 2008. It is estimated that they consume approxi-

mately $3 million worth of illegal drugs each day, Id. Puerto Rico has the

fourth highest rate in both drug arrests and incarceration in the world.

See World Bank, 2000. 90

Id. at 73. 91

Press Release, Office of National Drug Control Policy, New Study

Reveals Scope of Drug and Crime Connection: As Many as 87% of Peo-

ple Arrested for Any Crime Test Positive for Drug Use,

http://www.ondcp.gov/news/press09/052809.html; Marijuana was the

most commonly detected drug, with cocaine second and heroin a distant

third. Id. 92

Mokdad, supra note 67. That year there were 435,000 deaths due to

tobacco, 400,000 deaths attributable to poor diet and inactivity, and

85,000 fatalities due to alcohol. According to investigators for the Center

for Prevention and Control of Disease, in 2006 the deaths attributed to

the consumption of drugs reached 39,000 persons in the United States.

Phillip Smith, Overdose and Other Drug-related Deaths Now Closing In

on Car Wrecks as Leading Accidental Killer in US, StoptheDrugWar.org,


Marihuana is the illegal drug of preference, with approximately

16.7 million Americans users at present.93

The potency of

marihuana has increased in recent years, with marihuana grown

and imported from Canada reportedly being the most potent in the

underground market.94

Marihuana is also claimed to be the biggest

cash crop in the United States, being grown in every state and

territory of the nation.95

The consumption of cocaine by

Americans remained stable between 1997 and 2006 at about 2.4

million persons, or 1% of the population over 12, and then

decreased in 2008-2009 to 1.6 million or 0.7% of that age group.96

The same flat user curve was reported for this period and age

group, at 0.1% of the population, in the case of heroin.97

In 2008,

September 30, 2009,

http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2009/sep/30/overdose_and_other_dr

ugrelated_d. They also claim that the mortality rate for analgesic

opiates, such as methadon, sedatives, and medicines taken to ease pain,

such as Vicodin, caused seven times more fatalities in 2006 than in 1999.

Margaret Warner, Li Hui Chen, M.S., Ph.D. & Diane M. Makic, Dr.

P.H., Increase in fatal Poisonings Involving Opioid Analgesics in the

United States, 1999-2006 (2009),

http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db22.pdf. 93

2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 62

at 16. A recent phenomena was revealed by a government survey which

shows an increase in the marihuana users in the age group 50-59 of from

5.1% in 2002 to almost 10% in 2007. Steve Hendrix, Baby Boomers find

growing acceptance of marijuana use, BOSTON SUNDAY GLOBE,

November 22, 2009, at A9. See also, Jennifer Mann, Baby boomers

going to pot, PATRIOT LEDGER, August 23, 2010, at 1. 94

According to Mahmoud El Sohly of the University of Mississippi's

Potency Project, the average THC content of marihuana samples has

gone from an average of 4% in 1983, to 4.8% in 2003, to 7.3% in 2007,

to 10.1% in 2007. See, CNNhealth.com, at

http://www.cnn.com/2009/HEALTGH/05/14/marijuana.potency/index.ht

ml (last visited 5/14/2009). 95

See Katherine Bishop, New Front in Marijuana War: Business

Records, THE NEW YORK TIMES, May 24, 1991, at 44. 96

2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note 62. 97

Id.

http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2009/sep/30/overdose_and_other_drugrelated_d

http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2009/sep/30/overdose_and_other_drugrelated_d

http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db22.pdf

http://www.cnn.com/2009/HEALTGH/05/14/marijuana.potency/index.html

http://www.cnn.com/2009/HEALTGH/05/14/marijuana.potency/index.html


1.9 million persons aged 12 and older were current users of heroin,

comprising 0.7 % of the population.98

One major change in the illegal drug scenario since I last wrote

on the subject has been the appearance of the so-called "designer

drugs" such as methamphetamine (met).99

They are referred to as

"designer drugs"100

because they can be produced through a series

of fairly simple chemical procedures in home labs or in more

sophisticated mass production clandestine facilities.101

Even

though met has been around for many years, and its popularity has

waxed and waned over this period, it seems to be on the rise

among several population subgroups.102

The current increase (since

the early 1990's) of met use began in the western United States.

However, by the mid-2000's, its use had become of nationwide

concern, with clandestine lab seizures increasing in almost all

states during the 2000-2005 period.103

SAMHSA estimated that

from 1993 through 2003, the rate of admissions for treatment of

98 Id.

99 This is a central nervous system stimulant, categorized by the U.S.

Food and Drug Administration as a Schedule II amphetamine, which

means is has a high potential for abuse and for psychological or physical

dependence. Methamphetamine Use and Risk for HIV/Aids. Center for

Disease Control and Prevention, January 2007, at

http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/meth.htm. Met, as it is

popularly known, is smoked, injected, snorted, swallowed, or injected

into the anus. Id. 100

Also included are LSD, and Ecstacy(MDMA). A pound of

methamphetamine worth $20-30,000 can easily be produced with $500

worth of chemicals, laboratory glassware and minimal knowledge of

chemistry. HOWARD ABADINSKY, DRUGS: AN INTRODUCTION 127

(2004). See also, Smoke shop rebufs police request to pull hallucino-

genic incense, PATRIOT LEDGER, Sept. 11-12, 2010, at 1. 101

Id. Although most of the met consumed in the U.S. is manufactured

outside the United States, roughly one third of U.S. consumption is from

domestic sources. See INTERAGEB\NCY WORKING GROUP ON SYNTHETIC

DRUGS, "INTERIM REPORT 2 (2005), available at

http://www.nejr.gov/ondcppubs/public-ations/pdf/intrim-rpt.pdf. 102

See Office of National Drug Control Policy, Fact Sheet, 2008 ADAM

II Report, WhiteHouseDrugPolicy. gov, at 4 103

See supra note, 83, at 2.

http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/meth.htm

http://www.nejr.gov/ondcppubs/public-ations/pdf/intrim-rpt.pdf


methamphetamine or amphetamine abuse increased from 13 to 56

admissions per 100,000 for people aged 12 or older, which is a

rough indicator of the general increase of drug use in the

population at large.104

In 2004, SAMHSA further estimated that

600,000 persons (or 0.2% of the US population) had used met in

the prior month.105

Also in that year, an estimated 12 million

persons aged 12 and older (4.9% of this age group) had used met at

least once in their lifetime, and 1.4 million 12 and older (0.6% of

the age group) had used this illegal drug during the year previous

to the study.106

The 2009 NSDUH reported an increase to 731,000,

or 0.3% of the US population.107

Although there is no typical met

user, the trend is that many are young (the average age at first use

was 18.9 in 2002, 20.4 in 2003 and 22.1 in 2004), because it is

cheaper and longer lasting than cocaine, with the highest rate of

use during 2006 being among young adults aged 18 to 25, followed

by youth aged 12 to 17, with the lowest use for those over 26.

104 Id.

105 Id.

106 Id.

107 Id.


FIG. 1 THE ILLEGAL DRUG LANDSCAPE IN THE U.S.

SAMHSA's latest National Survey on Drug Use and Health for

2009, released on September 16, 2010, indicating that illicit drug

use in the United States increased from 8% of the population over

age 12 in 2008, to 8.7% in 2009, a change driven in large part by

increases in marijuana use.108

There is particular relevance to the

finding that 21.2% of young adults (those 18-25), experimented

with illegal drugs in 2009, an increase from 19.6% in 2008.109

What have been the institutional costs of the “War on Drugs”?

As it happens with all wars, the first casualties of this war have

been objectivity, truth, and ultimately, the law itself. As stated long

ago by Cicero, Inter arma enim silent leges ("In time of war the

108 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 62

at 1. 109

Id. at 2.


laws are silent."). Such has been the case with this conflict. The

rule of law, as relates to our civil and constitutional rights,110

has

been mangled at the hands of an Executive branch that has pushed

enforcement to the limits on what amounts to a theory that the ends

justify the means, a Congress that has stretched the borders of its

legislative powers under Article I of the Constitution111

in an

attempt to do what it believes is politically expedient, and a

judiciary which has generally been compliant and has stretched

even those limits to the breaking point, failing to contain the other

branches within the fence that is established by the Constitution.

As sardonically stated by Justice Stevens in a case involving

warrantless searches, "no impartial observer could criticize [the]

Court for hindering the “War on Drugs”,112

rather, the Court had

become a"loyal foot soldier in the Executive's fight against

crime."113

110See generally, Paul Finkelman, The Second Casualty of War: Civil

Liberties and the “War on Drugs”, 66 S. CAL L. REV. 1389 (May,

1993); Randy E. Barnett, Bas Trip: Drug Prohibition and The

Weaknesses of Public Policy,"103 YALE L .J 2593 (June, 1994)(Book

review of "America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade

Against Drugs" by Steven B. Duke & Albert Gross); Randy E. Barnett,

The Harmful Side Effects of Drug Prohibition", 2009 UTAH L.REV. 11

(2009); Robert W. Sweet, Will Money Talk: The Case For

Comprehensive Cost-Benefit Analysis of the “War on Drugs”, 20 STAN.

L. & POL'Y REV. 229 (2009); Jaime Fellner, Race Drugs, and Law

Enforcement In The United States, 20 STAN. L. & POL'Y REV. 257

(2009); Gabriel J. Chin, Race, The “War on Drugs”, and The Collateral

Consequences Of Criminal Conviction," 6 J. GENDER RACE & JUST. 253

(Fall 2004). 111

See Eugene Kontorovich, Beyond the Article I Horizon: Congress's

Enumerated Powers and Universal Jurisdiction Over Drug Crimes, 93

MINN. L. REV. 1191 (2009). 112

California v. Acevedo, 111 S.Ct. 1982, 2002 (1991) (Stevens,

dissenting) 113

Id. In Gonzalez v. Raich, 545 U.S. 1 (2005), the provisions of the

Controlled Substances Act criminalizing the intrastate growing,

possession, and use of marijuana for medical purposes was upheld

against a challenge under the Interstate Commerce clause.


Although there is no legal basis for carving out a "drug

exception"114

to the application of the Constitution, and its

existence has been rejected at the highest levels115

, de facto and

sub silencio it is honored by the actions of all three branches of

government.116

Law enforcement activities, government policies,

drug-related legislation and court decisions have all subtly, and

sometimes not so subtly, coalesced to diminish and undermine the

philosophy and text of the Bill of Rights.

The embattled Fourth Amendment117

is probably the leading

example of a “War on Drugs” casualty.118

As has been erstwhile

noted in an apropos reference to George Orwell's, 1984, a date that

114 A term first used by Judge James Lawrence King in United States v.

Miranda, 442 F.Supp.786, 795 (S.D. Fla. 1977). 115

"The impairment of individual liberties cannot be the means of

making a point, that symbolism, even symbolism for so worthy a cause

as abolition of unlawful drugs, cannot validate an otherwise unreasonable

search." National Treasury Employees Union v. Von Raah, 489 U.S. 687

(1989) (Scalia, J., dissenting); "[T] here is no drug exception to the

Constitution, any more than there is a communism exception or an

exception for other real or imagined sources of domestic unrest." Skinner

v. Ry. Labor Execs. Ass'n, 489 U.S. 602, 641 (1989) (Marshall, J.,

dissenting). 116

See Steven Wisotsky, Crackdown: The Emerging "Drug Exception" to

the Bill of Rights, 38 HASTINGS L. J. 889, (1987). 117

"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers,

and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be

violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported

by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be

searched, and the persons or things to be seized." U.S. CONST. amend

IV. 118

Silas J. Wasserstrom, The Incredibly Shrinking Fourth Amendment,

21 AM.CRIM. L. REV. 257 (1984); see also, Stephen Saltzburg, Another

Victim of Illegal Narcotics: The Fourth Amendment, 48 U. PITT. L. REV.

1 (1986). See United States v. Pineda-Moreno, 2010 WL 3169573 (C.A.

9-2010- Ore.)(Kazenski, C.J. dissenting from denial of en banc)

(unwarranted entry into curtilage to attach GPS device to car); see also,

Dugold McConnell, Court agents secretly put GPS tracker on cars, CNN

Justice, Aug. 27, 2010

http://www.com/2010/CRIME/08/23oregon.gps.surveillance/iden.ntml?h

pt=71

http://www.com/2010/CRIME/08/23oregon.gps.surveillance/iden.ntml?hpt=71

http://www.com/2010/CRIME/08/23oregon.gps.surveillance/iden.ntml?hpt=71


we have passed in more than one sense, the “War on Drugs” has

led to "[a] gradual but perceptive rise in Big Brotherism against the

public at large in the form of eavesdropping, surveillance, monitor-

ing, informing, and other intrusive enforcement methods.”119

Among the inroads that have been sanctioned are those that have

permitted intrusions into our homes by the use of aerial surveil-

lance,120

a practice that has led to the practical abandonment in

other drug-related contexts of the privacy test announced in Katz v.

United States.121

These relaxations of the restrictions of the Fourth

Amendment have allowed the expansion of police authority to

carry out warrantless searches for drugs on individuals and

automobiles under circumstances beyond the original intention of

Terry‟s rationale,122

which was based on police officer safety, not

as a subterfuge, for a search for criminal evidence without meeting

the requirements of the Fourth Amendment. The creation of the so-

called "good faith" exception to the Fourth Amendment require-

ment of probable cause established in United States v. León,123

119Steve Wisotsky, BREAKING THE IMPASSE IN THE “WAR ON DRUGS”,

118 (1986). See also Justice Brennan's dissent in Riley, 488 U.S. at 466

(Brennan, J. dissenting). 120

California v. Ciraolo, 474 U.S. 207 (1986) (the information used as

basis for search warrant received through overflight not a search despite

the fact that the marihuana observed was growing inside the curtilage,

which was surrounded by six foot and a ten foot high fences which

blocked the view from the street); Florida v. Riley, 488 U.S. 445 (1989) (

same, in helicopter overflight with use of telephoto lense in camera to

photograph through open skylight in greenhouse). 121

Katz v. United States, 389 U.S.347 (1947). See Harmelin v.

Michigan, 111 S. Ct. 2680 (1991) (search expanded beyond weapons to

drugs, for which defendant, a first time offender, was sentenced to life in

prison). 122

Terry v. Ohio, 393 U.S. 1 (1968) (a brief stop for questioning and a

pat-down for weapons on a public street, based on a reasonable fear of

imminent violence, is permitted without a warrant). Cf. United States v,

Fornia-Castillo, 408 F. 3d 52, 64 (1st Cir. 2005.) (interrogation of

defendant by police with drawn weapons and while Defendant was

handcuffed does not convert Terry stop into a de facto arrest and is not

coercive). 123

United States v. León, 468 U.S. 897 (1984).


which in practice we see stretched beyond "good faith," is another

example of the courts' permissive attitude towards the government

in drug cases. Equally troubling is the upholding of the validity of

a warrant issued on the basis of a partially uncorroborated anony-

mous tip,124

leading to cases in which it was allowed to corroborate

the anonymous tip by the post facto discovery of illegal evi-

dence.125

The U.S, Court of Appeals for the Sixth Circuit stated it well in a

drug-related case involving the Fourth Amendment:

Presently, our nation is plagued with the destructive

effects of the illegal importation and distribution of drugs.

At this critical time, our Constitution remains a lodestar

for the protections that shall endure the most pernicious

affronts to our society. The warrant requirements of the

fourth amendment govern zealous law enforcement. The

drug crisis does not licence the aggrandizement of

governmental power in lieu of civil liberties. Despite the

devastation wrought by drug trafficking in communities

nationwide, we cannot suspend the precious rights

guaranteed by the Constitution in an effort to fight the

“War on Drugs”.126

The use of "drug-courier" profiling, a technique tacitly sanc-

tioned by the Supreme Court in United States v. Sokolow,127

and

which is often based on racial characteristics, is a common police

practice that has further led to the impingement of citizen rights

under the Constitution.128

In Soklow the Supreme Court majority

decision, which effectively white washed the dubious actions of

the police, led Justice Marshall to state in his dissent that the Court

124 See Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 230 (1983).

125 United States v. Johnson, 64 F. 3d 1120, 1125 (8

th Cir. 1995).

126 United States v. Radka, 904 F. 2d 357, 361 (6

th Cir. 1990). (emphasis

supplied). 127

United States v. Sokolow, 490 U.S. 1 (1989). 128

See Sheryl McCarthy, Off Target Targets of Drug War, N.Y.

NEWSDAY, Oct. 22, 1990, at 6.


had shown its "willingness, when drug crimes or anti-drug policies

are at issue, to give short shrift to constitutional rights."129

Credible complaints have been filed in New York and New

Jersey regarding the police targeting of African-American and

Hispanics with the use of stop and frisk tactics that are not justified

except by the use of preconceived drug-courier profiles. Some of

these traits include being of color, driving a fancy car, or being in a

particular neighborhood, characteristics which could very well fit a

large percentage of the population in minority neighborhoods. This

police technique has led to considerable harassment and to civil

rights violations of minorities. Statistical evidence suggests, for

example, that in the New Jersey Turnpike, African-Americans are

stopped by the state police at a rate that is considerably higher than

it is for Caucasians.130

This police bias is widespread, with similar

claims being made throughout the country in such geographically

disperse locations as Washington,131

Los Angeles132

and Boston,133

to say nothing of the jurisdictions bordering Mexico. Of course, the

use and abuse of the drug-courier profiles affects not only citizens

of color, but the citizenship in general.134

129 Sokolow, 490 U.S. at 17 (Marshall, J., dissenting).

130Joseph F. Sullivan, New Jersey Police Are Accused of Minority Arrests

Campaign, N.Y. TIMES, Feb. 19, 1990, at B3.; Frances Ann Burns,

Officials Drop Off Panel on Alleged Harassment of Black Drivers,

UNITED PRESS INT'L., Jan16, 1990, available at Lexis, Nexis Library,

UPI File. 131

Susan Beck, et. al. The Cocaine War in America's Fruitbowl, AM.

LAW., Mar. 1990, at 82,83.(Hispanics in Spokane targeted); 132

Victor Merina, Joe Morgan's Suit Protests Drug Profile, L.A. TIMES,

Aug. 7, 1990, at B1. 133

See McCarthy, supra note 129. 134

See Florida v. Johnson, 561 So. 2d 1139 (Fla. 1990); United States v.

Miller, 821 F.2d 546, 550 (11th Cir. 1987) ("common sense suggests" that

innocent travelers will be harassed by profiles); United States v. Smith,

799 F. 2d 704 (11th Cir. 1986); United States v. Montilla, 733 F.Supp.

579, 581, 583 (W. D. N.Y. 1990) (decision to stop the two defendants

"was based upon" their "nervous reactions, the use of the express bus

from New York City [to Buffalo], and their pace through the terminal",

and the fact that the two defendants, a man and a woman, were carrying


As we continue down the Bill of Rights, we come upon

legislation and court decisions that directly impact the Fifth135

and

Sixth Amendments' due process and right to counsel provisions.136

The cases show a definite trend in the lowering of the bar in

allowing the government to establish guilt by proof beyond a

reasonable doubt in drug-related cases with unusual laxity, in many

cases by the piling of inference upon inference. Cf. United States v.

Azubike, 564 F.3d 59 (Azubike II)(1st Cir. 2009) and United States

v. Mangual-Corchado, 139 F.3d 34 (1st Cir. 1998), as well as in

overlooking what would otherwise be considered outrageous

government conduct in the prosecution of drug-related charges.

See, United States v. Alvarez Machin, 504 US 653 (1992) (the

abduction of a Mexican citizen in Mexico by D.E.A. agents for the

purposes of bringing him to US territory for prosecution for the

murder of a D.E.A. agent in Mexico, does not violate the

Constitution or laws of the United States). In Calero-Toledo v.

Pearson Yachts, 416 US 663 (1974), no lesser defender of civil

rights than Justice Brennan allowed the confiscation of Pearson

Yacht's chartered vessel pursuant to Puerto Rico's controlled

substance statute, notwithstanding that Pearson was not only

innocent of any wrong doing, but had in fact included a clause in

the charter agreement prohibiting the presence of drugs aboard the

boat. The Fifth Amendment's guarantee against deprivation of

property without due process was held to be no bar to confiscating

the innocent property owner‟s vessel.

When we come to the Sixth Amendment, the enactment of the

Comprehensive Forfeiture Act of 1984,137 and the rulings of the

dufflebags, talking to each other in a "confidential tone" and they "turned

abruptly away" from one of the arresting agents.). 135

The Fifth Amendment provides, in relevant part, that no person shall

be "be deprived of life, liberty, or property, without due process of law;

nor shall private property be taken for public use, without just

compensation." U.S. CONST. amend V. 136

The Sixth Amendment provides, in relevant part: "In all criminal

prosecutions, the accused shall enjoy the right…to have the Assistance of

Counsel for his defence." U.S. CONST. amend VI. 137

See 18 U.S.C. §1963(c) (1982); 21 U.S.C. §853 (c) (Supp.IV 1985),

and 21 U.S.C. §853 (Supp.V 1988), which are all part of the


Supreme Court in the cases of Caplin & Drysdale v. United

States,138

and United States v. Monsanto,139

sustaining the validity

of this statute as applied to attorneys' fees of defendants charged in

drug cases, represent a truly alarming degradation of the right to

counsel of one accused of a crime.140

This statute and these two

cases combine to tip the scales of justice against criminal defend-

ants in drug cases clearly in favor of the government, and seri-

ously, affect the fair play that we take for granted exists in Ameri-

can courts both against the accused and those that would represent

them in those courts. Thus, the government is allowed to engage in

the pre-trial freezing of assets of drug defendants as well as in the

post-trial seizure of defendant‟s property, thereby preventing the

acussed of posting bail and using personal assets to provide an ade-

quate defense.

It is hard to argue against the contention that the forfeiture stat-

ute undermines the presumption of innocence and the Sixth

Amendment right to counsel, for this statute allows the sequestra-

tion of private property solely on the basis of suspicion (even if

called "probable cause") or the issuance of an indictment. Before

trial, a defendant is deprived of access to the funds and property

necessary for bail, living expenses, and of course, the seizure of

assets severely impinges his/her ability to defend him/herself from

the merits of the accusations against him/her. The accused can

literally be ejected from his/her home with nothing more than the

Comprehensive Crime Control Act of 1984, Pub. L. 98 473, 98 Stat.

1837, 2170. 138

Caplin & Drysdale v. United States, 491 U.S. 637 (1989). 139

United States v. Monsanto, 491 U.S. 600 (1989). 140

See Kevin B. Zeese, Supreme Court Upholds Forfeiture of Legal Fees,

2 DRUG L. REP 109 (1989); Melinda Hardy, Sixth Amendment-

Applicability of Right to Counsel of Choice to Forfeiture of Attorney

Fees, 80 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 1154 (1990); Roderick D. Vereen,

Attorneys's Rights to Fees Under the Comprehensive Forfeiture Act of

1984: The 'Bona Fide Purchaser, 16 S.U.L.REV. 407 (1989); John

Dombrink et. al, Fighting For Fees-Drug Trafficking and the Forfeiture

of Attorney's Fees, 18 J. Drug Issues 421 (1988); Danton Asher Berube,

Drug Proceeds Forfeiture and the Right to Counsel of Choice, 43 VAND.

L. REV. 1377 (1990); Joe Margulies, Resource Deprivation and the Right

to Counsel, 80 J.CIM. L. & CRIMINOLOGY 673 (1989).


clothes on their back, not even a toothbrush! This type of draco-

nian legislation seems excessive in a democratic country, even if

marginally declared to be constitutional.

Along these grounds, some of the most egregious actions of the

government are exemplified by its actions against defense lawyers,

in which the government has received the support of the courts.

The government has thus sought attorney's fees information from a

lawyer regarding representation of a client in drug cases, with the

court rejecting an argument that this information was privileged

and violated the client's right to counsel.141

The courts have also

allowed the deposition of counsel by the government requiring the

production of documents in his/her possession for the purpose of

determining the amount, form, and source of payments made to

counsel in connection that lawyer's legal representation of a client

in a drug case.142

The inherent conflict of interests created by this oppresive stat-

ute, and by the courts' support of the government's actions, pro-

motes even further abuse. Justice Blackmun cogently stated this in

his dissent in Caplin & Drysdale:

Perhaps [the] most troubling [aspect of the case] is the

fact that forfeiture statutes place the Government in the

position to exercise an intolerable degree of power over

any private attorney who takes on the task of representing

a defendant in a forfeiture case. The decision whether to

seek a restraining order [on the property of defendant]

rests with the prosecution, as does the decision whether to

waive forfeiture upon a plea of guilty or a conviction at

trial. The Government will be ever tempted to use the

forfeiture weapon against a defense attorney who is

particularly talented or aggressive on the client's behalf-

the attorney who is better than what, in the Government's

view, the defendant deserves. The specter of the

Government's selectively excluding only the most talented

defense counsel is a very serious threat to the equality of

141 In re Grand Jury Subpoena, 906 F.2d 1485, 1498 (10

th Cir. 1990).

142 United States v. Saccoccia, 898 F.Supp 53, 63 (R.I. 1995).


forces necessary for the adversarial system to perform at

its best. An attorney, whose fees are potentially subject to

forfeiture, will be forced to operate in an environment in

which the Government is not only the defendant's

adversary but also his own.143

Refuting the government's contention that this law was not enacted

to raise revenue for the government, Justice Blackmun further

pointed to the additional potential for abuse by the prosecution:

The mentality of police officials and district attorneys

suggests otherwise. Many such officers, particularly at the

local level, are funding an increasing amount of their

operations from the proceeds of drug seizures and

constantly bragging to the public that various programs

are not funded from tax dollars. Such programs of course

create an enormous incentive for police and prosecutors to

seek forfeitures in questionable circumstances or even to

manufacture crimes that will lead to the forfeiture of

valuable property.144

Race and the “War on Drugs”

One of the most problematic, even if, probably unintended,

consequences of the “War on Drugs”, has been its disparate impact

on minorities in this country.145

A statistic that speaks legions in

143 Caplin & Drysdale, 491 U.S. at 650-51 (Blackmun, J., dissenting).

144 Id. at 640 n.6 (1989) (Blackmun, J., dissenting).

145 These are problems that raise equal protection issues under both the

Fifth (federal government) and Fourteenth (state action) Amendments.

David Sklansky, Cocaine, Race, and Equal Protection, 47 STAN. L. REV

1283 (1995). However, the courts have not been receptive to equal

protection challenges because the typical drug-related statute is race

neutral on its face, and disparate impact, challenges based on

discriminatory intent are difficult to prove in this area. See e.g. United

States v. Watts, 553 F.3d 603 (8th Cir. 2009); United States v. Ayala, 290

Fed. App. 366, 367-89 (1st Cir. 2008); cf., McCleskey v. Kemp, 481 U.S.

279, 298 (1987) ("A facially neutral statute receives heightened scrutiny


support of this point is the fact that in 2008, although African-

Americans and Hispanics constituted only 12.7% and 11.1%,

respectively, of the general population in the United States, they

made up 48.2% and 18.6 %, of those imprisoned in this country.146

These results are undoubtedly intertwined with drug-related law

enforcement, which in turn is greatly influenced by public

perceptions and response to the drug problem.147

Although, as previously intimated,148

this is in part due to biased

law enforcement, the skewed outcome is not totally attributable to

out and out prejudice. In fact, supporters of the “War on Drugs”

argue that, if anything, drug law enforcement protects minority

communities from addiction, harassment, and violence by the

predatory tactics of drug lords and their gangs, an allegation that

only if it was enacted or maintained...because of an anticipated racially

discriminatory effect."). In 2006, 48.2 % of the prison populations were

blacks, versus 12.7 % of blacks in the general population. 146

U. S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, tbl. 6

(2008). 147

See generally, Jaime Fellner, Race, Drugs, and Law Enforcement in

the United States, 20 STAN.L. & POL'Y REV. 247 (2009); see also,

Katherine Beckett, Kris Nyrop, & Lori Pfingst, Race, Drugs, and

Policing : Understanding Disparities in Drug Delivery Arrests, 44

CRIMINOLOGY1, 105 (2006); Katherine Beckett, Race and Drug Law

Enforcement in Seattle, Defender Ass'n's Racial Disparity Project,

(2004)," available at

http://www.defender.org/files/Race%20and%20Drug%20Law%20Enfor

cement%20in%Seattle%20%282004%29.pdf. For example the later

study, conducted in Seattle, revealed that although 70 % of its population

is white, 64.8% of those arrested for drug-related crimes were black, a

result that is driven by the fact that the police's emphasis is on crack

cocaine enforcement, which predominates in the black community. Id. at

110. It was estimated that only one third of the city's drug transactions

involved crack cocaine, as compared to powder cocaine, estimated at

22%. However, transactions involving powder cocaine accounted for

only 3.83% arrests, methamphetamine with 10.7% of the transactions

and only 1.1% arrests, and heroin at 33% of the illegal drug sales but

16.4 % arrests record, most of these involving white offenders, while 79

% of those arrested for crack cocaine were black. Id. at 118. 148

Id. at 20-21.

http://www.defender.org/files/Race%20and%20Drug%20Law%20Enforcement%20in%25Seattle%20%282004%29.pdf

http://www.defender.org/files/Race%20and%20Drug%20Law%20Enforcement%20in%25Seattle%20%282004%29.pdf


has some validity. Be that as it may, however, good intentions are

irrelevant because the irrefutable facts establish the overwhelming

negative impact of the “War on Drugs” on minorities. The adage,

"the road to hell is paved with good intentions" is clearly

applicable to this situation.

Moreover, such an outcome, irrespective of the lack of

discriminatory intent, is a violation of our international commit-

ments under the International Convention on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination (ICERD), which the United States

ratified in 1994149

and is therefore the Law of Our Land.150

Under

ICERD, prohibited discrimination occurs where there is an

unjustifiable disparate impact on a racial or ethnic group, regard-

less of whether there is any intent to discriminate against that

group. Furthermore, where official policies or practices are racially

discriminatory, the State party to ICERD must act affirmatively to

prevent or end the situation. There is little evidence that the United

States has acted to meet these obligations.

In the public's mind, race shapes the public perception of the

drug problem, ergo, its response to the drug problem, and in turn,

the actions of the law enforcement community and the courts to

meet the public's concerns, irrespective of their factual basis.151

149 International Convention on Elimination of All Forms of Racial

Discrimination (ICERD), G.A. Res.20/21o6 Annex, U.N. GAOR Supp.

No. at 47, U.N. Doc. A/6014 (Dec. 21, 1965), 660 U.N.T.S. 195, ratified

by the United States November 20, 1994 150

U.S. CONST. art. VI, cl. 2 ("This Constitution, and the Laws of the

United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties

made, or which shall be made, under the Authority of the United States,

shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall

be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to

the Contrary notwithstanding.") 151

Kenneth B. Nunn, Crime and the Pool of Surplus Criminality, Or Why

the 'War on Drugs‟ Was a „War on Blacks,' 6 J. GENDER, RACE &

JUSTICE 381,390 (2002) ("In the minds of the criminal justice system's

managers, planners, and workers, drugs are frequently associated with

African-American citizens and their communities. The criminal justice

system shapes its policies and practices according to this perception.")


The clearest example of this chain of thought and reaction is the

situation with cocaine and crack cocaine.152

The federal drug war initiatives significantly increasing the

penalties for drug offenses153

(resulting in the huge incarceration

increase in America, previously alluded too), reflected the popular

perception that "getting tough" on crime with harsh punishments

was the way to "win" the “War on Drugs”. The use of cocaine in

America, primarily in its powder form, had substantially increased

in the United States in the 1970's and early 1980's, particularly

among white middle-class Americans. However, smokable crack

cocaine appeared in the mid-1980's, which the public, ergo, law

enforcement entities, associated with black Americans.154

These

biases were grounded on two major erroneous underpinnings.

152All forms of cocaine (e.g., powder, freebase, crack) are powerful

stimulants. Powder cocaine is the most commonly used form, and is

usually snorted, injected, or ingested. Crack cocaine, is made by

dissolving powder cocaine in a solution of sodium bicarbonate and

water, is smoked. Crack cocaine is potentially more addictive to the

typical user, and produces quicker onset of , shorter-lasting, more intense

effects than snorting powder cocaine, making it more likely that the user

will administer the drug more frequently and develop an addiction. U.S.

SENT'G COMM'N. REPORT TO THE CONGRESS: COCAINE AND FEDERAL

SENTENCING POLICY 19 (2002) [hereinafter Sent. Comm.Rep. (2002)],

available at http://www.ussc.gov/r_congress/02crack/2002crackrpt.pdf

http://www.ussc.gov/r_congress/02crockrpt.pdf.. Crack can be sold in

single dose "rocks", which makes it more accessible to lower income

people, while powder cocaine is sold in larger, more expensive quantities

and is thus more commonly used among middle classes and

professionals. In 2006, 44.4% of all federal cases involved cocaine

(crack and powder). 153

And establishing the sentencing straight jacket known as the

"Sentencing Guidelines” pursuant to the Sentencing Reform Act of 1984,

Pub.L. No. 98-473, tit. II, ch. II, 98 Stat.1987 (effective Nov. 1, 1987).

See José Cabranes, To Fear Judging No More: Recommendations for the

Federal Sentencing Commission, 11 FED. SENT. R. 187 (1999); and Fear

of Judging: Sentencing Guidelines in the Federal Courts (1998). 154

MARC MAUER, THE SENTENCING PROJECT: RACE TO

INCARCERATE (1995).

http://www.ussc.gov/r_congress/02crack/2002crackrpt.pdf

http://www.ussc.gov/r_congress/02crockrpt.pdf.


First of all, despite the fact that crack cocaine became the prime

target of law enforcement efforts155

this was a misdirection of

priorities, for powder cocaine has always been a far more prevalent

illicit drug among American drug users. For example, the 1993

federal National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA)

found that although 11.3% of the US population had used cocaine

in their lifetime, only 1.8% had used crack cocaine.156

The 2008

national survey observed that while an estimated 8,554,000

persons, 12 years and older, had used crack cocaine at least once in

their lifetime, as many as 35,298,000 in this category had used

powder cocaine.157

Second, and more on point with the issue of

racial bias, is the fact that the number of whites that use “crack” far

exceeds those of color, with it being reported that 62% of users are

white, 26% black, and 9% Hispanics.158

In fact, in the year 2006,

5,553,000 whites reported using crack in their lifetime, compared

to 1,537, 000 blacks.159

Another related misconception deals with the racial composition

of the drug user population. The statistics clearly show a higher

rate of illegal drug use by white youths than of black youths. The

proportion of white youths who reported using powder cocaine the

year prior to the survey (5.4) was five times higher than that of

blacks (1.0); and for crack cocaine, the white proportion (2.2) was

nearly double that of blacks (1.2). For marihuana (37.9 for

whites), it was also significantly higher than for blacks (26.3).160

155 In 2006, 44.4% of all federal drug cases involved cocaine. 2006

Sourcebook, at Fig. K 156

NAT'L INST. ON DRUG ABUSE AMONG RACIAL/ETHNIC MINORITIES

13-14 (1995), available at:

http://archives.durgabuse.gov/pdf/minorities03.pdf. 157

SAMHSA, 2006 National Drug Survey on Use and Abuse on Drug

and Health: National Findings, Table G.1 (2007) [hereinafter 2006

National Survey] available at

http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k6NSDUH/AppG.htm. 158

Sent. Comm. Rep. (2002) at 35. 159

2006 National Survey, at Tables. 1.34 A & B. 160

HOWARD N. SNYDER & MELISSA SICKMUND, JUVENILE OFFENDERS

AND VICTIMS: 2006 NATIONAL REPORT (2006). (U.S. Dept. of Justice,

Office of Juvenile Justice & Delinquency Prevention).

http://archives.durgabuse.gov/pdf/minorities03.pdf

http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k6NSDUH/AppG.htm


Notwithstanding these hard facts, politicians and the sensational-

ist media focused on the effects of crack in the inner-city

communities, particularly public housing projects in which there

are traditionally large proportions of African-American residents. 161

These areas became the principal focus of law enforcement

efforts, thus resulting in a large proportion of blacks being the tar-

get of arrests, convictions, and imprisonment for drug offenses as

compared to the total population of crack cocaine users.162

The Congressional response to these misconceptions was to

provide additional ammunition for sending more people to jail, and

for longer periods. The Controlled Substances Import and Export

Act Penalties Enhancement Act of 1986163

and the Anti-Drug

Abuse Act of 1988,164

imposed even higher penalties for

possession and sale of “crack” cocaine than existed up to then.

“Crack” became the only drug in which a five-year mandatory

sentence was imposed for simple possession. Possession of only 5

grams of “crack” garnered a sentence equivalent to that which the

accused had possession of 500 grams of powder cocaine.165

On a

similar note, it took 5,000 grams (5 kilos) of powder cocaine to

equal the sentence imposed for only 50 grams of crack, a 10-year

161 51.5 % of blacks in the United States live in metropolitan areas, as

compared to 21.1 % for whites. U.S. Census, The Black Population in

the United States: March 2002, 2 Figure 2 (2003), available at

http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-541.pdf. Cites, of course,

have more law enforcement resources per capita, and higher arrests rates,

which increases the likelihood of arrests for drug offending behavior. In

2007, 77% of drug arrests occurred in cities. See FBI, Crime in the

United States 2007, Arrest by Race, Tables 43 and 47 (2008), available

at http://www.fbi.gov/ucr/cius2007/data/table_43.htmland _47.html.

This emphasis on urban drug enforcement is reflected in the fact that

although urban blacks represent only 6% of the national population, they

constituted 29.8% of all those arrested for drugs in the United States in

2007. 162

See Beckett, Drug Enforcement in Seattle, supra note 148. 163

Pub. L. No. 99-570, 21 U.S.C. § 960 (1996). 164

Pub. L. No. 100-690, §§ 1002-9310, 102 Stat. 4312 (1988). 165

U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics,

(2006 Sourcebook) Figure J (2006), available at

http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf.

http://www.fbi.gov/ucr/cius2007/data/table_43.htmland%20_47.html

http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf


mandatory sentence.166

Because, as previously outlined, blacks are

arrested in disproportionate numbers to whites, and convicted on

“crack” charges as compared to white drug users, and “crack”

cocaine sentences are on average 43.5% longer than those imposed

for equivalent amounts of powder cocaine,167

the population of

incarcerated African-Americans outdistances that of whites by

48.2% (blacks) to 33.2% (white). This is so notwithstanding the

fact that they are a fairly small minority in the general population

as compared to whites, with only 12.9% (blacks)168

of the popula-

tion as compared to 77.1% (white).169

Moreover, the rate at which

blacks were incarcerated by the states in 2007 was ten times

greater (256.3 per 100,000 black adults versus 25.3 per white

adult), than for whites.170

That year, African-Americans constituted

33.2 % of those entering federal prisons for drug offenses.171

A sequel to the previous dismal statistics is the fact that after

much harm was caused, by the present drug scheme, mostly to

minority drug users, the Sentencing Commission in 2007 elimi-

nated the 100:1 ratio in powder to crack cocaine, except in the

mandatory minimum cases, and recommended reform in this area

to Congress. It took three years for Congress to act on this

recommendation. It finally enacted the Fair Sentencing Act of

2010,172

signed into law by President Obama on August 3, 2010.

Pursuant to this statute, the 5-year mandatory minimum sentence

for simple possession is eliminated and the amounts that trigger the

five and ten year minimums for crack and cocaine are increased to

28 grams of crack and 280 grams of crack and cocaine,

166 21 U.S.C. § 841(b)(1)(A).

167 U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics,

(2006 Sourcebook) Figure J (2006), available at

http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf. 168

U.S.Census Bureau, The Black Population: 2000 (August 2001),

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-5.pdf. 169

U.S.Census Bureau, The White Population: 2000, (August 2001),

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf. 170

See Human Rights Watch, Targeting Blacks,"at 16 171

See Bureau of Justice Statistics, Federal Statistics Program, at

http://fjrc.urban.org. 172

Pub.L. No. 111-220, 124 Stat. 2372 (2010).

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-5.pdf

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf

http://fjrc.urban.org/


respectively. In the meantime, the Supreme Court's Booker173

and

Kimbrough174

decisions signaled an official softening of the stance

on sentencing, rendering the once-mandatory Sentencing Commis-

sion's Guidelines merely advisory, and allowing federal trial judges

to exercise the discretion contemplated by the Constitution to

impose sentences for crack and cocaine below the range

recommended by the Guidelines.

To be or not to be

We can continue to cite expert opinions, statistics and cases ad

infinitum, but sooner or later we have to take a stand on what we,

as a nation, will do about this intractable muti-faceted social,

penal, medical and cultural problem. One thing I do know is that I

have spent the last thirty-six years of my life incarcerating people

for violating the illicit drug laws of the United States, yet I see

nothing that would lead me to remotely conclude that anything that

I, or for that matter, the entire “War on Drugs” machinery of the

United States, has done in this interim, has had any perceptible

import in curbing Americans' insatiable appetite for drugs, 175

illegal or otherwise.

Putting people in jail is not a pleasant endeavor, as it is not

meant to be even when dealing with people that are "not nice." But

I have done it without hesitation, at first, because it was my duty as

a federal judge to enforce our laws, and further, because I thought I

was contributing to making our nation a better place. Since those

halcyon days, however, although I have continued to do my duty,

and have continued to incarcerate people in considerable numbers

for violation of our drug laws, I do so because I have taken an oath

to enforce the laws in question irrespective of my personal views

about them, not because I believe that what I am doing is making

our country one iota a better place. In fact, I am now certain that is

173 United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2000).

174 United States v. Kimborough, 128 S.Ct. 558 (2007).

175Matthew Lee, Acepta el vicio "insaciable' de E.E.U.U, El Nuevo Día,

March 26, 2009, at 48 (Secretary of State Hillary Clinton, states in

Mexico,"Our [e.g.U.S.'s] insatiable demand for illegal drugs feeds drug

trafficking...Clearly, what we have been doing does not work...").


not the case, but rather that it is creating a considerable amount of

private and public havoc to our society.

First of all, the massive incarceration of our population for drug

law violations has not stemmed the tide of drug use in this country.

Just to remind you, in 1991-1993, approximately 13.9 million

Americans (5.8% of our population over 12 years of age) , were

using illicit drugs, a figure that increased to 20.1 million (8.3%) by

2006. This increase took place in the face of an expenditure of

almost one trillion dollars as part of our government's goal of

having a "drug-free America" by 2008, and after the incarceration

of more than 500,000 men and women for drug-related offenses

during the 2006 period alone.

Our present approach, "The „War on Drugs‟,” makes no sense.

Undoubtedly, the facts demonstrate that it is a bankrupt way of

dealing with the drug problem. As stated by David Dimston,

"[t]hat the “War on Drugs” has been a complete failure is not even

a question anymore."176

What we have managed to do with this

“War on Drugs” is exactly what we did with Prohibition in the

1920's: we have created a powerful criminal sub-culture with

economic power of incredible proportions, allowing it to subvert

our economic, social and political systems; while failing to control,

much less "prohibit," the use and abuse of the proscribed drug(s).

The Mafia then, and the drug cartels and the Mafia now, have been

allowed to infiltrate our entire social structure, even unto our

smallest towns,177

engaging in their extremely profitable nefarious

business, without any effective governmental control, and tax-free

to boot. As far back as 1989, the Office of National Drug Control

Strategy Policy stated:

176 Gary Fields, Whitehouse Czar Calls for End to "“War on Drugs””,

August 24, 2009,

http://online.wsj.com/article/58124225891527617397.html. David

Dimston is a well-known Texas marketing executive 177

Constance Linder, Abington arrest nets $1m in marijuana, BOSTON

GLOBE, Aug. 18 2010, at B5. The population of Abington, Massachusetts

is approximately16, 582 (2002).

http://online.wsj.com/article/58124225891527617397.html


[H]ere in the United States, in every state, in our cities,

in our suburbs, in our rural communities ...drugs are

available to almost everyone who wants them.178

Yet we continue to blindly throw our tax dollars down this black

hole called the “War on Drugs”.

Legalization,179 "the least bad solution"

Like most complex social issues, there is no absolute or perfect

answer or solution to the problem. The course of conduct to be

followed depends on an objective balancing of many competing

interests and factors, with the answer being the least harmful of the

several alternatives that may be available. Such is the case with the

drug conundrum.

The only realistic alternative to the present policy is to experi-

ment with the legalization of at least some of these substances,

marijuana to begin with. Whatever the moral arguments against

legalization, arguments that have recognizable merit, they are in

my opinion, overcome by the social and economic costs that the

irrefutable facts have demonstrated the present policy has imposed

upon our nation.

The most important component of the moral argument against

legalization of drugs seems to me to be the potential harm that a

drug may cause the public. In 2007, a report was issued in Great

Britain entitled, "Development of a rational scale to assess the

178 Office of the National Drug Control Strategy Policy, Nat‟l. Drug

Control Strategy (1989) at 2. 179

It is important to understand the differences between the terms

"legalization", medicalization" and decriminalization". By "legalization"

is meant removing all criminal sanctions from the production, sale,

distribution or possesion of a drug. By "medicalization" is meant the

authorized production, sale and use by individuals upon prescription by

medical practitioners, Under a "decriminalization" regime possession of

a drug for personal use is allowed, either formally by law or informally

in that possession for personal use is not prosecuted by the authorities.


harm of drugs of potential misuse."180

This study was prepared by

the government's Advisory Council on the Misuse of Drugs at the

request of the House of Commons‟ Select Committee on Science

and Technology. It was conducted by a committee chaired by Dr.

David Nutt, a professor of psychopharmacology at London's Impe-

rial College, together with Dr. Leslie. A. King, of the Forensic Sci-

ence Service, William Salisbury, MA, of the Police Foundation,

and Prof. Colin Blakemore FRS, of the Medical Research Council

and the Department of Physiology, Anatomy and Genetics at

Oxford University.

Drugs were ranked by two separate groups of experts in order of

potential harm by reason of misuse, and evaluated against a nine-

category matrix of harm caused, within the general parameters of

physical harm, dependence, and social harm.181

Twenty drugs

including the five legal ones (alcohol, tobacco, khat, solvents,

andalkyl nitrates), were included in the study,182

as well as the

usual illegal ones.

The results of the study are not startling but confirm the general

knowledge and experience of anyone with some degree of

objective expertise in this field.183

Ranked first and second in

180 See 369 THE LANCET 1047 (2007). I would not be so pretentious as to

think that my suggestions from 1996 somehow crossed the Gulf Stream,

but I am happy to See that more knowledgeable persons reached a

similar approach as I did, even if 3,000 miles distant. I cannot say my

views have experienced equivalent success in this country. 181

Id. at 1051. 182

Id. 183

In fact, the conclusions regarding marijuana by this 2007 study are not

greatly different from the seven-volume (3,281 page) report of Indian

Hemp Commission of 1894, also commissioned the British Parliament,

in which the physical, mental and moral effects of marijuana were

inventoried with the conclusions being that: (1) moderate use of cannabis

drugs had no appreciable effects on the body, (2) moderate use of

cannabis had no adverse effects on the brain, and (3) moderate use of

cannabis had no adverse effects on morality. See Report of the Indian

Hemp Drugs Commission, 1893-1894), 7 vols. Government Central

Printing Office, Simla, India (1894). A summary of this report by Dr. H.

Mikuriya, can be found in an article entitled, Physical, Mental, and


terms of harmfulness, were heroin and cocaine with alcohol fifth

and tobacco ninth, both of which were ranked as substantially

more damaging than marijuana, which was ranked eleventh on the

list.184

To anyone at all familiar with this subject, and as

substantiated by the statistics and data in the present article which

we need not reproduce, there is nothing new about these

conclusions except that they come from knowledgeable experts in

their fields of expertise: (1) we know that both heroin and cocaine

can be highly addictive, (2) although the annual deaths attributed

to heroin and cocaine, caused principally by overdoes are 39,000,

as compared to 400,000 deaths caused by tobacco and 75,000 by

alcohol, (3) there are no known reported deaths attributed to

marijuana overdose. There are, of course, several other reports and

studies that confirm the conclusions of the British Advisory

report.185

At best, it seems anomalous that legalizing the use of marijuana

is so persistently rejected, considering that the controlled use of

alcohol and tobacco is already an accepted practice in the United

States, notwithstanding their highly deleterious health and social

costs. If we accept a harm minimization approach, which I believe

is the sensible way to proceed, in which we take into account the

dangers of each drug, both legal and illegal, in order to determine

the correct drug policy for America to follow, it makes little sense

to prohibit the use of marijuana when its prejudicial effects on our

Moral Effects of Marijuana: The Indian Hemp Drugs Commission

Report, http://www.druglibrary.org/schaffer/library/effects.htm. 184

Id. See also, Mark Pothier, You Can't Handle The Truth, BOSTON

SUNDAY GLOBE, Dec. 13. 2009, at K1-2. 185

See Phillip J. Hilts, Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose

Criteria You Use, THE N.Y. TIMES, Aug. 2, 1994, aat C3, available at

http://querywww.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9FOOE6DA1531F

931A355BCOA962858260&sq=1994/08/02/science/is+nicoyine+-

nicotine-addictive. (-it-depends-on-whose-criteria-you-

use.html.(comparing the addictive qualities of nicotine, heroin, cocaine,

alcohol, caffeine, and marijuana, in terms of dependence, withdrawal,

tolerance, reinforcement, dependence and intoxication, while alcohol,

nicotine, heroin are at a higher end than marijuana).

http://www.druglibrary.org/schaffer/library/effects.htm

http://querywww.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9FOOE6DA1531F931A355BCOA962858260&sq=1994/08/02/science/is+nicoyine+-nicotine-addictive




health are minimal when compared to those unquestionably caused

by alcohol and tobacco.

There are various additional factors that support the legalization

of marijuana use at present. Marijuana is already semi-legal in 15

US jurisdictions under the label of medicalization, 186

that as previ-

ously stated, the Federal government is allowing.187

There is thus

some experience within the United States with decriminalizing

marijuana possession, without any substantiated social drawbacks

or increases in its use, although this is not a totally reliable

observation considering that general use of marijuana is still ille-

gal. It is also likely that if there is full legalization of marijuana

usage, there will be an increase in its general usage, as happened

with alcohol consumption after Prohibition was repealed.188

This

will happen partly due to the fact that people who have not used

marijuana because of its illegality will not be so inhibited, and thus

there will be a tendency for more people to use it. Furthermore,

because once marijuana can be freely cultivated, particularly in the

United States, production costs will decrease and supply will in-

crease, and thus, there will be a reduction of the retail cost of the

product, with a consequential increase in its accessibility to the

public, particularly the younger groups.189

This is an obvious

186 See Id. at N.30.

187Cf., Jesse McKineley, Push to Legalize Marijuana Gains Ground in

California, THE NEW YORK TIMES, October 28, 2009,

http://www.nytimes.com/2009/10/28/us/28pot.html?ref=global-

home&pagewanted=print (in 1996 California was the first state to

legalize marijuana for medical purposes); José Varela, Medicalización,

la alternativa, EL NUEVO DÍA, October 21, 2010, at 67. See also supra

note 177. 188

Alcohol consumption during Prohibition was .9 gals. per capita as

compared to 2.58 gals. by 1986. See ARNOLD TREBACH & JAMES A.

INCIARDI, LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY 109-10

(1993). 189

See Associated Press, Study shows cannabis popular with teens,

BOSTON GLOBE, (Dec.15, 2009)

(http://www.boston.com/news/nation/articles/2009/12/15/study_shows_c

annabis popular_with_teens/ (A study by the University of Michigan's

National Institute for Drug Abuse of 47,097 12th grade students showed

http://www.nytimes.com/2009/10/28/us/28pot.html?ref=global-home&pagewanted=print

http://www.nytimes.com/2009/10/28/us/28pot.html?ref=global-home&pagewanted=print

http://www.boston.com/news/nation/articles/2009/12/15/study_shows_cannabis%20popular_with_teens/

http://www.boston.com/news/nation/articles/2009/12/15/study_shows_cannabis%20popular_with_teens/


downside to legalization, which will have to be addressed in a

similar fashion as has been done with alcohol and tobacco.

As is well known, the legalization or discriminalization of drugs,

generally, for personal consumption is already an irreversible trend

worldwide.190

that 20.6% said they used marijuana in the past month, as compared to

19.4% in 2008 in 2008 and 18.3% in 2007.). 190

See Susana Ferreira, Europe Eyes Portugal's Decade of Legalization,

WALL STREET JOURNAL, July 20, 2010, at A13 ("In July 2000, Portugal

moved beyond previous liberalization regimes in places like the

Netherlands by passing a law that transformed drug possession from a

matter for the courts to one of public and community health. Trafficking

remained a criminal offense, but the government did away with arrests,

courts and jail time for people carrying a personal supply of anything

from marihuana to cocaine to heroin." See also, Brian Vestag, 5 Years

After: Portugal's Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results,

SCIENTIFIC AMERICAN, April 7, 2009,

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-

decriminalization (overdose deaths dropped from 400 annually in 2000

to 290 in 2006, and HIV incidence dropped from 1400 to 400 annually

during that same period), at annually during that same period); Mala

Szalavitz, Drugs in Portugal: Did Decriminalization Work?, TIME, April

26, 2009, at 2,

http://www.time.com/time/printout/0,8816,1893946,00.html. (Portugal

has the lowest rate of lifetime marijuana use in the European Union in

people over 15 years of age, at 10%, as compared to U.S. at 39.8% for

those over 12). See also, GLENN GREENWALD, DRUG

DECRIMINALIZATION IN PORTUGAL 1, (2009) (Cato Institute), Wasn., D.

C. (1009) at 1 (“The date show that, judged by virtually every metric,

the Portuguese decriminalization framework has been a resounding

success.); The Associated Press, "Mexico Legalizes Drug Possession,

THE NEW YORK TIMES, Aug. 21, 2009 (Mexico

decriminalizespossession of small amounts of marijuana, cocaine,

heroin, LSD, and methamphetamine),

http://www.nytimes.com/2009/08/21/world/americasd/21/mexico. See

also, Stephen Kinzer, German Court Allows Possession of Small

Amounts of Marijuana, THE NEW YORK TIMES, May 3, 1994, at A12

(The German courts have held unconstitutional on equal protection and

privacy grounds, for the government to allow the use of some intoxicants

such as alcohol, while criminalizing others, such as marijuana and ha-

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization

http://www.time.com/time/printout/0,8816,1893946,00.html

http://www.nytimes.com/2009/08/21/world/americasd/21/mexico


A comparison of the statistics for marijuana use between the

United States, where the prohibitionist model is still generally the

law, and the Netherlands, where the decriminalization of personal

marijuana use has been in effect since its Opium Act of 1976, is

instructive and self–explanatory.191

Consumption Year US Netherlands

Marijana used during lifetime

(12 yrs. or older)

2001

36.9%

17.0%

Marijuana used during

past month

(12 yrs. or older)

2001

5.4%

3.0%

Rate of incarceration per

100,000 inhabitants

2002

701

100

Rate of homicide per

100,000 inhabitants

Average for

1992-2001

5.56

1.51

Apart from the obvious health benefits to its population resulting

from its enlightened drug policies, the Dutch approach is more

cost-effective and places its resources where they do the most

good: education, prevention and rehabilitation.192

The Netherlands

shish.); Christian Moraff, Latin American Legalization Push,THE

AMERICAN PROSPECT, (July 6, 2009),

http://www.prospect.org/cs/articles?article=latina_legalization_push. The

multidisciplinary Latin American Commission on Drugs and Democracy

(co-chaired by former Presidents Fernando Enrique Cordero of Brazil,

Cesar Gaviria of Colombia and Ernesto Zedillo of Mexico), called the

drug war a "failure" and issued a groundbreaking report urging other

governments in the region_ including the United States_ to rethink

prohibition policy.") But see Pedro Mendoza Latin Leaders question

move to legalize marijuana, PUERTO RICO DAILY SUN, October 27,

2010, at p-7, available at Latin America, [email protected] . 191

See Drug Facts, The Netherlands and the United States: A

Comparison, available at, http://www.drugwarfacts.org/thenethe.htm. 192

See Henk Rigter, What drug policies cost. Drug policy spending in the

Netherlands in 2003. 101-3 ADDICTION, at 323-329 (2006).

http://www.prospect.org/cs/articles?article=latina_legalization_push


http://www.drugwarfacts.org/thenethe.htm


invests relatively more money on these public health items than the

United States, which has twelve times more population and spends

a relatively higher part of its drug-related budget on drug-

enforcement. The above-chart spells out the results of these

divergent strategies.

The three most important benefits to society of a progressive

change in our drug strategy, apart from allowing for a scientific,

gradual approach to the possibility of general legalization of drug

usage in the United States, would be the fact that legalization

would permit the government to engage in quality control for the

consumer and would allow the government to fund most, if not all,

of the drug-related expenses by taxation of producers and

consumers, as in the case of the alcohol and tobacco industries.193

Assuming that drugs would be taxed at a similar rate as alchoholic

beverages and tobacco products, it is estimated that tax revenues

on the legal production and sale of drugs would annually generate

$30.36 billion, were all drugs legalized, and $5.67 if only

marijuana was legalized. In addition to this, the public treasuries

would receive further amounts from the payment of income taxes

generated, which amounts I am presently unable to accurately

calculate.

Perhaps the most important benefit, in terms of the mayhem that

our present strategy is causing, is that legalization will eliminate

the criminal element from the production and distribution of

marijuana and its attendant underground acquisition of wealth with

its accompanying violence. As far back as 1991, Nobel Laureate

193 In 1994, $144.4 billion were collected in alcohol taxes and

approximately $8.4 billion for tobacco taxes. Testimony of John W.

Magaw, Director of the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms,

before the U.S. Senate Subcommittee on Treasury, Postal Service and

General Government Appropriations, (March,23, 1995). The Alcohol

and Tobacco Tax and Trade Bureau collected nearly $15 billion in tax

revenue from alcohol, tobacco and ammunition sales. In 2007, alcohol

and tobacco tax revenues accounted for 98% of taxes collected. See

http://www.ustreas.gov/offices/management/budget/budgetinbrief/fy200

9/ttb.pdf at 41-42. See MIRON & WALDOCK, supra note 47, at 8 (see

Table 8). The Cato Institute estimates this figure at $17.1 billion for

2010. See MIRON & WALDOCK supra, note 47, at 7.

http://www.ustreas.gov/offices/management/budget/budgetinbrief/fy2009/ttb.pdf

http://www.ustreas.gov/offices/management/budget/budgetinbrief/fy2009/ttb.pdf


Milton Friedman, an advocate of drug legalization, estimated that

in the United States alone, as many as 10,000 homicides a year,

unrelated to overdosing issues, were plausibly attributed to the

drug market wars between the cartels.194

This, of course, does not

even begin to account for the blood baths in Colombia and Mexico

for which, at a minimum, we are morally responsible in causing

with our massive consumption of illegal drugs.

A fourth point, although difficult to establish with exactitude, are

the savings that would result in public funds by legalizing

marijuana consumption. This is a valid consideration when

submitting this issue to an appropriate balancing test, particularly

at a crucial time in our history when our national deficit is sky

rocketing beyond control. A recent study by the Cato Institute

documents an annual reduction in government spending of about

$41.3 billion fom the legalization of all presently illegal drugs, and

of approximately $8.7 billion if only marijuana is legalized. Not

only will the direct costs of law enforcement and incarcerations be

substantially reduced,195

but also those resources can be shifted to

where they are needed, not only in focusing on the drug problem as

the public health issue that it is, but also in freeing our law

enforcement community to engage in the prevention and

apprehension of "normal" criminal activities. Additionally, our

over-loaded court systems would be relieved of their enormous

drug-related caseloads and allowed to go back to handling a more

socially productive caseload of criminal and civil cases. The total

annual budgetary impact on federal, state and local government

194See Milton Friedman, The War We Are Losing in SEARCHING FOR

ALTERNATIVES: DRUG CONTROL POLICY IN THE UNITED STATES 67

(Melvin B.Krause & Edward P.Lazears eds., 1991). 195

Arrests for simple possession of marijuana, is the fourth largest

grounds for arrest in the United States. See Lester Grinspoon & James B.

Bakalar, The “War on Drugs”_: A Peace Proposal, 330 NEW ENG. J.

MED. 357, 357 n. 2 (1994). See MIRON & WALDOCK, supra note 47 at

1. State and local police spend approximately $2.15 billion annually on

arrests for simple possession of marijuana, and statejudiciaries about

$1.66 billion annually in the prosecution of these charges. See MIRON &

WALDOCK, supra note 47 at 1.


from the legalization of drugs would be approximately $88 billion

and $17.4 billion if only marijuana is legalized.196

The Government's response to the undeniable failure of the “War

on Drugs” has been stonewalling197

and more slogans, and of

course, the spending of more taxpayer's money on a mainly useless

196 See MIRON & WALDOCK, supra, note 47 at 12.

197 As masterfully argued by Professor David M. Helfeld in his article

Narcotics, Puerto Rico, Public Policy: In Search of Truth and Wisdom,

75 REV.JUR.U.P.R. 1029 (2006), there has been a misuse of Federal

power the debate over the legalization of drugs, particularly regarding

marijuana and its use for medical purposes. Id. at 1059-1067. The Drug

Enforcement Administration (DEA) thus issued a report in 2006 entitled

Exposing the Myth of Smoked Medical Marijuana"

(http://www.usdoj.gov/dea/ongoing/marijuana.html), lambasting the idea

that marijuana could be used for medicinal purposes. The DEA report

was followed a few weeks later by one issued by the National Institute

for Drug Abuse, (NIDA), which is part of the Department of Health and

Human Services, providing more detailed data and supporting sources on

the harms caused by smoking marijuana. See “NIDA, InfoFacts: Mariju-

ana, http://www.drugabuse.gov/InfpFacts/marijuana.html. On the same

day that the NIDA report was issued, the director of the Office National

Drug Control Policy (ONDCP) issued a release entitled New Study:

Bladder Cancer Tied to Marijuana Use. See http://www. Pushing

back.com/archives/032406. This conclusion was based on an extrapola-

tion of the fact that cigarette smoking is a major risk factor for bladder

cancer.) As if this sequence of articles were not enough, the Food and

Drug Administration (FDA) followed three weeks laterwith a statement

entitled, InterAgency Advisory Regarding Claims That Smoked Mariju-

ana is a Medicine, see

http://www.fda.gov/bbs/topics/News2006/NEW01362.html. These re-

ports and asseverations border on scientific obscurantism, by totally

ignoring, if not outright suppressing, the abundant credible scientific

evidence worldwide, which is contrary to these reports and statements.

For criticisms of the FDA's statement, See The Politics of Pot, Edito-

rial, THE N.Y. TIMES, April 22, 2006. For a list of contrary scientific

reports and opinions, see Helfeld, supra note 198 at 1064 n.'s 68-70,

1065. This governmental propaganda is, to say the least ironic, consider-

ing that under the Marijuana Tax Act of 1937. See supra note 34, doctors

and dentists were allowed to prescribe marijuana for medicinal purposes

provided they paid a $1 annual tax.

http://www.drugabuse.gov/InfpFacts/marijuana.html.On

http://www/

http://www.fda.gov/bbs/topics/News2006/NEW01362.html


endeavor. Although there seemed to be ground for optimism for a

fresh approach being adopted when the new White House Drug

Czar, Gil Karlikwske, signaled his "openness to rethinking the

government's approach to fighting drug use,"198

there are signs that

this may not be a path supported at the highest levels of the

Administration.

This is yet another wasted opportunity for there are signs that a

change in our present policy is wanted by the public;199

National

support for the legalization of marijuana use has jumped to the

highest level in 40 years, with a Gallup poll reporting an increase

of from 31% in 2000 to 44% in 2009.200

In its November, 2010

issue, National Geographic magazine cites a Pew Research Center

survey to the effect that three out of four Americans favor

legalizing medical marijuana, and confirms the findings of Gallup

surveys to the effect that 44% of Americans favor legalization of

marijuana. In a recent reversal the American Medical Association

has called for review of marijuana as a Schedule I hard drug

alongside LSD and PCP.

As stated in The Economist, "[b]y any sensible measure, this

100-year struggle [since the International Opium Commission was

established in 1909] has been illiberal, murderous and

198See Gary Fields, White House Czar Calls for End to '“War on Drugs”,

http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html. 199

See Eric Etheridge, The War on the “War on Drugs”,THE NEW

YORK TIMES, April 2, 2009,

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/04/02/the-war-on-the-war-on-

drugs/?pagemode= (summarizing the change in public and official views

on legalization and commenting on support for Senator Webb's proposed

bill); Keila Lopez Alicea, Iglesia Metodista defiende la medicalizacion,

EL NUEVO DÍA, Dic. 29, 2009,

http://www.elnuevodia.com/iglesiametodistadefiendolamedicalizacion_6

5366.html: Alba Y. Muñoz Gracia, Busca Medicar Drogas en la Isla, EL

NUEVO DÍA, Oct. 21, 2009, at 58. 200

Steven Hendrix, Baby boomers find growing acceptance of marijuana

use, BOSTON SUNDAY GLOBE, at A9, available at

http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/1122/baby

_boomers_find_growing_acceptance_of_marijuana_use. See Alex

Dominguez, Reefer Referral, NATIONAL GEOGRAPHIC, November 2010.

http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/04/02/the-war-on-the-war-on-drugs/?pagemode

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/04/02/the-war-on-the-war-on-drugs/?pagemode

http://www.elnuevodia.com/iglesiametodistadefiendolamedicalizacion_65366.html

http://www.elnuevodia.com/iglesiametodistadefiendolamedicalizacion_65366.html

http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/1122/baby_boomers_find_growing_acceptance_of_marijuana_use

http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/1122/baby_boomers_find_growing_acceptance_of_marijuana_use


pointless...Legalization is the least bad policy."201

"Least bad" does

not, of course, mean good.202

It means that among the various

alternatives available, it will cause the least harm to the greatest

number of the people, which is after all, how democracy is

supposed to work.

Legalizing marijuana, as a first step, will not solve the drug

abuse problems, but "after a century of manifest failures [with the

prohibitive model] argues for trying it."203

201THE ECONOMIST, How to stop the drug wars, March 9

th 2009,

http://www.economist.com/printedition.PrinterFriendlt.efm?story_id=13

237193. See Nicholas D. Kristof, End the War on Pot, THE NEW YORK

TIMES, October 27, 2010, available at

http://www.nytimes.com/2010/10/28/opinion/28kristof.html?ref=global8

pagewanted=print (“Our nearly century-long experiment in booring

marijuana has failed abysmally, as prohibition did…) See also, George

Soro: Why I support legal marijuana, THE WALL STREET JOURNAL,

October 26, 2010,

http://online,wsj.com/article/SB100014240527023003034670045755744

50703567656.html?. 202

Id. 203

Id.



http://www.nytimes.com/2010/10/28/opinion/28kristof.html?ref=global8pagewanted=print

http://www.nytimes.com/2010/10/28/opinion/28kristof.html?ref=global8pagewanted=print

http://online,wsj.com/article/SB10001424052702300303467004575574450703567656.html

http://online,wsj.com/article/SB10001424052702300303467004575574450703567656.html

101

DICTAMEN

DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE


EN TORNO AL P. DEL S. 1634.

Ante la consideración de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

está el P. del S. 1634. Con el ánimo de corregir el serio atraso en el

trámite de los documentos presentados en el Registro de la

Propiedad de Puerto Rico, el P. del S. 1634 propone que, con tres

excepciones, “todos los documentos presentados al Registro de la

Propiedad al 30 de abril de 2010, queden inscritos”, sin

calificación previa.

El equipo de asesores del Presidente del Senado de Puerto Rico,

en reunión con miembros del equipo directivo de la Academia,

solicito el parecer de la Academia sobre la medida legislativa.

El pleno de numerarios tuvo ante su consideración el asunto en

su sesión de 22 de junio de 2010 y considerando que:

Primero, un registro de propiedad inmueble que sea confia-

ble es esencial para el bienestar económico y para la genera-

ción, protección, y transferencia de riqueza en cualquier so-

ciedad como la nuestra. Cf. Hernando de Soto et al., Realizing

Property Rights (2006);

Segundo, la rigurosa calificación de los documentos pre-

sentados para inscripción es la base de la confiabilidad y valor

socioeconómico de los registros. La importancia de la función

calificadora del Registrador está en consonancia con la im-

portancia de los efectos mismos que la inscripción en el Re-

gistro implica. Roca Sastre. Derecho registral inmobiliario,

tomo I, p. 266 (1979).

Tercero, la saludable preocupación por la puesta al día de

los registros no debe canalizarse a costa de la esencial función


social el sistema registral, permitiéndose que títulos defectuo-

sos entren al registro;

Cuarto, La estabilidad jurídica del sistema propietario peli-

gra al permitir que con la inscripción automática entren al Re-

gistro títulos defectuosos.

Quinto, el eventual saneamiento de los registros una vez

contaminados por títulos defectuosos, requerirá un esfuerzo

mucho mayor que el ordenado manejo de los títulos pendien-

tes de inscripción;

La Academia propone:

Primero, que no se apruebe el P. del S. 1634;

Segundo, que, en su lugar, la Asamblea Legislativa disponga

para la adopción de un plan afectivo dirigido a la puesta al día de

los registros en el tiempo más breve que sea prudente requerir.

En San Juan de Puerto Rico, a 22 de junio de 2010.

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE


Dra. Ana Cristina Gómez Pérez

Directora Ejecutiva

revista volumen x

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