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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Tesis Licenciatura en Trabajo Social
Seguridad y rehabilitación: dos lógicas en disputa. El caso de policías y operadores/as penitenciarios en
el contexto de mujeres privadas de libertad
María Florencia Machado De SantiTutor: Rafael Paternain
2016
1
Índice
Resumen…………………………………………………………………..Pág.2
1. Introducción……………………………………………………….…...…Pág.3
Presentación General de la Investigación
2. Marco contextual……………………………...………………..………..Pág. 6
2.1. Hacia la humanización del sistema carcelario......................................Pág. 6
2.2. Mujeres privadas de libertad en Uruguay:
Una población invisible.........................................................................Pág. 7
2.3. Aproximación a la Unidad Nº 5………………………………..……..Pág. 10
2.4. Burócratas de la línea de frente:
Policías y operadores/as civiles…………………………….………...Pág. 12
3. Objetivos y preguntas de la investigación.……………...….…………..Pág. 17
4. Consideraciones metodológicas…………..…………...…….…………..Pág. 18
5. Consideraciones teóricas……………………..………….……...……….Pág. 20
5.1. Del Estado social al Estado penal………………….……...………….Pág. 20
5.2. El trabajo sobre los otros……………………………..………………Pág. 21
Resultados
6. Análisis………...………………………………………………....……….Pág. 24
6.1. El concepto de rehabilitación puesto a prueba…...…………………..Pág. 24
6.2. Pensando los perfiles y tipos de funcionarios/as………...….………..Pág. 26
6.3. Marchas y contramarchas en la reforma…...........................................Pág. 38
7. Consideraciones finales……………..……………………………...……Pág. 47
Referencias Bibliográficas……………………………………………….Pág.52
Anexos……………………………………………………………………..Pág.56
Anexo I. Pautas de entrevistas y reflexiones sobre su implementación
Anexo II. Documentos institucionales
Anexo III. Operadores/as civiles
Anexo IV. Policías
2
Resumen
En el contexto de reforma del sistema penitenciario, este trabajo no propone
realizar un análisis exhaustivo sobre el tema, sino que pretende abrir interrogantes, efectuar
una breve aproximación a la realidad cotidiana de las cárceles de nuestro país. Para ello se
indaga acerca de la dinámica laboral de las y los policías y de la nueva figura que introdujo
la reforma: las y los operadores penitenciarios, en el marco de mujeres privadas de libertad.
Se optó por la Unidad Nº 5, ya que es la cárcel que nuclea al mayor número de mujeres. El
período de estudio está comprendido entre el año 2014 y el año 2015.
El documento está estructurado en dos grandes partes, en la primera se desarrolla
una contextualización del tema (particularidades de las cárceles para mujeres privadas de
libertad en nuestro país, y acerca del rol esperado para las y los operadores y policías).
Luego, se expone el tema de investigación, el objetivo general y los específicos y las
preguntas orientadoras. Se optó por un diseño de investigación cualitativo, utilizando la
entrevista semiestructurada como técnica, ya que permite una cierta flexibilidad y
adaptación. Este apartado finaliza con las consideraciones teóricas, basadas en los aportes
de Wacquant y Dubet. En la segunda parte, se presentan los resultados y el análisis
obtenido, retomando los conceptos desarrollados anteriormente. El análisis se centra en
tres ejes temáticos, por un lado el concepto de rehabilitación, en segundo lugar, se
reflexiona acerca del rol de policías y operadores penitenciarios, y finalmente se exponen
las marchas y contramarchas que se están generando en la reforma penitenciaria.
El documento concluye con las consideraciones finales y las posibles continuidades
acerca del tema.
Palabras claves: Operadores/as penitenciarios, Policías, Reforma penitenciaria, Mujeres
privadas de libertad.
3
1. Introducción
Este trabajo surge de una investigación realizada durante el proceso de práctica pre-
profesional de la carrera de Trabajo Social. Enmarcada en el Proyecto Integral “Sujetos
Colectivos y Organización Popular” dentro del eje Territorio. E incluida dentro del Espacio
de Formación Integral (EFI), de la Universidad de la República. En el proyecto
denominado “Formación y participación en clave territorial en el Oeste de Montevideo”,
participaron estudiantes y docentes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF); del
Programa de Psicología Social Comunitaria del Instituto de Psicología Social de la
Facultad de Psicología; y de Trabajo Social, desarrollándose en el barrio Colón Norte1.
Surge así la inquietud de investigar acerca del Instituto Nacional de Rehabilitación
(INRF) - Unidad Nº 5, que se encuentra en esa zona. Mediante el contacto con vecinos que
viven cerca de la misma, con maestras de la Escuela Nº 289 (ubicada frente a la Unidad Nº
5) y con profesionales que trabajaban dentro del centro, se pudo apreciar una cierta
disconformidad con la institución debido a los ruidos y los días de visitas. Manifestaban
que el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) que se ubicaba allí anteriormente, a
diferencia del actual instituto, tenía una cierta vinculación con el barrio. Asimismo, las
experiencias e inquietudes expresadas por parte de técnicos que trabajaron en ambos
centros, fue otro estímulo para investigar sobre esta temática.
La primera investigación estuvo centrada en indagar cómo las y los funcionarios
penitenciarios del CNR y de la Unidad Nº 5 percibían al encierro, qué fin le adjudicaban.
Así como también, la apreciación que ellos tenían sobre las personas privadas de libertad y
si ello incidía o no en las actividades que realizaban en cada institución. De esta
investigación se desprendió la necesidad de estudiar el trabajo de policías y operadores
penitenciarios2 actualmente en la Unidad Nº 5, dando origen así a este documento.
Es relevante estudiar esta temática ya que permite reflexionar sobre la misma,
realizar ciertos cuestionamientos hacia nuestro sistema carcelario. ¿Están las cárceles de
nuestro país adaptadas para un nuevo sistema de cárceles? ¿Es posible pensar en un nuevo
sistema de cárceles? ¿Cómo debería ser? ¿Qué limitaciones existen para ello? ¿Es la
policía una limitante? ¿Es el personal civil una fortaleza?
1 El nombre “Colón Norte” fue colocado por los docentes del EFI como forma de delimitar la zona de
intervención. 2 Es un nuevo tipo de funcionario/a creado con el fin de sustituir a la policía dentro de las instituciones
penitenciarias. (Vigna, A.; 2016)
4
La reforma del sistema penitenciario3, propone como figura clave al operador civil.
Resulta pertinente indagar acerca de la forma en que tanto, policías como operadores,
conciben y efectúan la normativa institucional y el modo de relacionarse con las mujeres
privadas de libertad, debido a que son los principales encargados de poner en práctica la
reforma. Asimismo, cabe destacar que actualmente no existe una evaluación y un
seguimiento de la implementación de la misma.
La coyuntura actual hace que sea una temática de gran interés por diversos motivos.
En primer lugar, por el aumento que ha tenido la población carcelaria de nuestro país en las
últimas décadas.4 Por otra parte, si bien la población carcelaria femenina es notoriamente
inferior a la masculina, en términos proporcionales la población femenina ha aumentado
más que la masculina.5 Por lo cual resulta pertinente estudiar las especificidades de las
mujeres dentro de un mundo que ha sido estudiado mayoritariamente por y para hombres.
En tercer lugar, en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación la
inseguridad ha cobrado un papel creciente.6 Se criminaliza a las personas privadas de
libertad y se cuestiona la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar. Por último,
cabe destacar la declaración de estado de emergencia humanitaria7 de las cárceles de
nuestro país. En el transcurso del presente año se han registrado treinta y cinco
fallecimientos dentro de las instituciones penitenciarias, esto refleja la crisis humanitaria
existente en dichas instituciones.8
Para el Trabajo Social es una temática de gran interés, ya que es un espacio de
intervención, de trabajo con los otros, en un contexto específico. Dicho profesional podría
abocarse a la articulación, a la gestión de recursos, contribuir al nexo entre las personas
privadas de libertad y la comunidad (familia, sus pares, instituciones, redes locales y
barriales), durante todo el proceso de egreso a través de un abordaje integral y desde un
posicionamiento ético-político. Problematizar continuamente sobre la fuerza que tiene la
3 Comienza en el año 2010 con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
4 En 1998 el número de personas encarceladas era de 3.254, aumentando en 2010 a 8.492. Datos
obtenidos del Análisis de datos del I Censo Nacional de Reclusos, desde una perspectiva de Género y
Derechos Humanos (2012).
5 En 1998 había 22 hombres privados de libertad por cada mujer, pasando a ser en 2010, 11 hombres
por cada mujer recluida. Datos obtenidos del Análisis de datos del I Censo Nacional de Reclusos, desde
una perspectiva de Género y Derechos Humanos (2012). 6 En octubre de 2014, en nuestro país, se realizó un Plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16
años, sin conseguirse la cantidad de votos necesarios. 7 Dicha declaración fue realizada por Tabaré Vázquez en el año 2005, en el acto de asunción de la
Presidencia de la República. 8 Declaraciones realizadas por Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario. Información disponible en:
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Investigan-todas-las-muertes-registradas-dentro-de-carceles-
323276
5
institución, para evitar ser coaptados y buscar las grietas de la misma para el desarrollo de
su profesión. Contribuir a la reducción de los procesos de exclusión y de estigmatización
que generan dichas instituciones, habilitando otro tipo de espacios, en donde se puedan
desplegar las potencialidades de los sujetos y sean espacios respetuosos de los derechos
humanos. Asimismo, las y los trabajadores sociales dentro de las instituciones
penitenciarias podrían ejercer el rol de contralor y crítico de las Políticas Públicas.
Esta investigación no pretende realizar un trabajo exhaustivo sobre la temática, sino
que por el contrario procura plasmar una breve aproximación a la realidad cotidiana de las
cárceles de nuestro país, problematizar acerca del rol de policías y operadores civiles y su
relacionamiento con las mujeres privadas de libertad.
En la primera parte del documento se realiza una contextualización del tema, en
donde se exponen las particularidades de las cárceles para mujeres privadas de libertad en
nuestro país, ejemplificando con la Unidad Nº 5. Asimismo se plantea el rol esperado para
operadores y policías. Luego se profundiza en el diseño de investigación, se plantea el
tema, los objetivos centrales y las preguntas que orientan la misma. Finalmente, se
exponen las consideraciones metodológicas y teóricas.
En la segunda parte se retoman los planteos anteriormente desarrollados y se los
articula con los resultados obtenidos en la investigación. El análisis se enfoca en tres ejes
temáticos, por un lado el concepto de rehabilitación, en segundo lugar, se reflexiona acerca
del rol de policías y operadores, y finalmente se exponen las marchas y contramarchas que
se están generando en la reforma penitenciaria. Para concluir con el documento se
presentan unas consideraciones finales con posibles líneas de investigación.
6
Presentación General de la Investigación
2. Marco Contextual
2.1. Hacia la humanización del sistema carcelario
En el acto de asunción de la Presidencia de la República, el 1º de marzo de 2005,
Tabaré Vázquez, señaló el estado de “emergencia humanitaria” de los establecimientos
carcelarios de Uruguay. Es así que se planificaron una serie de medidas, como por ejemplo
la Ley 17.897 de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, del 14 de
setiembre de 2005. (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012) Asimismo, en el comienzo del
gobierno de José Mujica, se celebró un acuerdo político referido a seguridad. Se creó “La
Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública” integrada por el Frente Amplio, el Partido
Nacional, el Partido Colorado, y el Partido Independiente.9 Esta pretendía abordar la
seguridad pública como una política de Estado, realizando reformas estructurales.
“[…] En síntesis, debemos enfrentar los problemas de inseguridad con una
concepción integral, con una eficaz política en prevención, represión y sanción,
y seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar factores determinantes
de la marginalidad y la delincuencia.” (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012:18)
A su vez, cabe destacar la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR),
encargado de gestionar la privación de libertad en todo el territorio nacional con un
enfoque integral (Ley 18.719 de diciembre de 2010). En dicho documento se destacaba la
necesidad de mejorar el vínculo entre la población privada de libertad y el personal
penitenciario, así como la profesionalización de estos últimos. En definitiva, durante el
período 2010-2014, el gobierno se propuso mejorar las condiciones materiales de vida de
las personas privadas de libertad. Para ello buscó combatir el hacinamiento y aumentar la
cantidad y calidad de funcionarios penitenciarios.
Por otra parte, el pasaje de las cárceles de la órbita del Ministerio de Educación y
Cultura al Ministerio del Interior se realizó durante la última dictadura. Esto condiciona la
cultura institucional existente en dichas instituciones. En las últimas décadas de
democracia, no se ha realizado una reforma esencial en el sistema penal uruguayo, por lo
cual aún no ha abandonado su carácter excesivamente punitivo e inquisitivo. Si se pretende
romper con el paradigma tradicional, e instaurar una nueva institucionalidad, se vuelve
9 En este momento se encuentra suspendida.
7
indispensable el traspaso a la órbita civil, así como también la reestructuración de
funcionarios penitenciarios, con una real formación; en donde las y los operadores sean
profesionales. De esta forma, se busca evitar las contramarchas en el camino a la anhelada
reforma. Se plantea así un desafío a la hora de priorizar el respeto de los derechos humanos
esenciales. Asimismo, no existe un plan nacional estratégico al respecto ni un debate
nacional de la seguridad ciudadana y de la política criminal.10 Por lo cual, se vuelve
pertinente pensar el sistema de forma integral, diseñar instituciones eficientes, modernizar
la legislación y capacitar a las y los operadores penitenciarios. (Juanche, A. & Palummo,
J.; 2012) Se han realizado parches, a través de leyes y decretos, no un cambio en la
estructura del sistema penitenciario.
Dicha cultura institucional no favorece al cambio, en ciertas ocasiones prima la
represión y criminalización de ciertos sectores de la población, es un modelo centrado en
la seguridad, en la disciplina y el castigo. De esta forma:
“[…] las salidas se angostan, el problema se mantiene en el tiempo y se
multiplican riesgos de perder en la exclusión total, a generaciones completas. A
su vez, la discusión sobre los enfoques comunitarios, las penas alternativas que
reemplazan el cautiverio, los incentivos a estudiar y a utilizar el ocio de forma
productiva son aportes en el sentido de reconstruir la red social de contención y
solidaridad que es menester para la defensa y el ejercicio de los derechos
humanos básicos.” (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012:66)
Si bien, hay que destacar que la inversión en cárceles en los últimos años no tiene
precedentes, se está muy lejos de que sean un espacio digno y socialmente inclusivo.
(Garcé, A.; 2011) Para ello sería necesario deconstruir la cultura institucional autoritaria
existente.
2.2. Mujeres privadas de libertad en Uruguay: Una población invisible
Haciendo referencia a los aportes de Vigna (2012), se puede abordar la relación
entre delito y género desde dos ángulos. El primero, según la forma de trabajar el tema
desde la criminología, ya que esta no ha tenido en cuenta a la población femenina a la hora
de realizar teorías. El segundo, hace referencia a las características del involucramiento
delictivo, según el sexo.
10 Del 31 de agosto al 2 de setiembre de 2016, se realizó en nuestro país un Debate Nacional de Seguridad y
Convivencia. Organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), el PIT-CNT
y los colectivos Proderechos, Ovejas Negras y Catalejo, además de la Casa de Cultura Mrdejai Anilevich. -
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/39337
8
En cuanto al primero, cabe destacar que en el campo de estudio de la criminología
se ha excluido del análisis a la mujer. Desde una perspectiva feminista, esto podría
explicarse por la posición de subordinación que ocupan las mujeres en las sociedades
patriarcales. De esta forma, se reclaman “teorías específicas de género”, ya que las tasas de
delitos, la frecuencia, el contexto y el tipo de hechos suelen diferir según el sexo. (Vigna,
A.; 2008)
La criminología, al inicio, se instauró como una disciplina hecha por investigadores
y población de estudio de sexo masculino. El lugar de la mujer fue marginal y
estereotipado, se consideraba que la mujer delincuente no había podido adaptarse a los
estándares de su sexo. En este sentido, a diferencia del caso de los hombres, las
explicaciones de la delincuencia femenina no se debían a factores socio-estructurales, sino
más bien a características psicológicas y/o biológicas. Tanto en nuestro país, como en el
resto de los países de América Latina, el análisis del fenómeno delictivo no posee una
perspectiva de género, sino que se encuentra dominado por los hombres. (Vigna, A.; 2008)
A partir de 1970, por intermedio de investigadoras mujeres, el tema “género y
delito” comienza a adquirir relevancia, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. A
fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, se lleva a cabo una evaluación de
los aportes de los trabajos feministas, con respecto a la temática. Se pueden identificar tres
movimientos: en el primero, la criminología mainstream, pretende incorporar a sus teorías
el tema del género. En el segundo, el feminismo, busca abordar dicho tema con una
perspectiva más amplia que las teorías tradicionales. Por último, aparecen ciertas corrientes
del feminismo radicales, que se oponen a las dos tendencias anteriores. Cabe destacar que
tanto los análisis realizados por la corriente mainstream, como la feminista, suponen un
determinado estereotipo de género. La primera, posiciona a la mujer delincuente como
“masculinizada”, una mujer que rompe los roles asignados socialmente, tales como el de
ser esposa y madre. La segunda, concibe a la mujer como una víctima de la estructura
desigual con respecto al género, donde la mujer solo puede reaccionar contra la violencia y
opresión. La criminalidad femenina trasciende el ámbito doméstico, forma parte de un
fenómeno más amplio; dentro de su posición de subordinación en el mundo delictivo,
poseen ciertos márgenes de acción, ciertos niveles de agencia. (Vigna, A.; 2008)
Con respecto al segundo, la autora realiza un análisis de los datos estadísticos entre
el período 1985-2008. En donde constata que en las últimas dos décadas, se ha generado
un aumento sostenido en las tasas de procesamiento. En este sentido, resalta que en
9
términos absolutos, el aumento de los procesamientos femeninos ha sido mayor que el
masculino. (Vigna, A.; 2012) Para comprender este fenómeno se vuelve pertinente tomar
en consideración al perfil sociodemográfico general, ya que la pobreza impacta de forma
diferencial según el sexo y la edad. Es así que las mujeres jóvenes son quienes están más
representadas en los niveles de pobreza y presentan una tasa de desempleo superior que la
masculina. (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012)
“Una aproximación al perfil sociodemográfico de las mujeres privadas de
libertad permite comprender que, más allá de los distintos arreglos familiares,
en ella suele estar la responsabilidad social y económica de la familia en su
conjunto. La realidad es que hay un sector de mujeres uruguayas que, en
contextos de seria fragilidad socio-económica, se ven en la necesidad de
procurarse medios de sobrevivencia para ella y para su familia; ‘trabajos’ que
implican infracciones a la ley, o –no en pocos casos- autoinculpaciones por
hechos delictivos cometidos por sus parejas, para salvarle y por temor a perder a
su familia. En el ejercicio de este rol de ‘sostén’, el encarcelamiento de las
mujeres suele estar acompañado por el encierro de sus hijos/as menores.”
(Juanche, A. & Palummo, J.; 2012:13)
Sin embargo, cabe destacar que la población de procesados está sobre-representada
por los hombres jóvenes.
Asimismo, las trayectorias delictivas y las formas del delito difieren según se trate
de hombres o de mujeres. En el caso de las trayectorias, las mujeres presentan una
distribución más uniforme de la actividad delictiva a lo largo del tiempo, es decir que no
está centrada en las edades jóvenes como el caso de los hombres. Haciendo referencia a las
formas de delito, estas poseen un mayor involucramiento en los delitos relacionados a la
venta y al tráfico de estupefacientes, mientras que los hombres están más vinculados con
los delitos contra la propiedad. (Vigna, A.; 2012)
Por otra parte,
“La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, advierte sobre la vulnerabilidad a la que están
expuestas las mujeres privadas de libertad e invita a definir los deberes del
Estado al respecto.” (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012:12)
A la hora de crear políticas, planes y legislación deberían considerarse las
especificidades y necesidades de esta población. En algunas oportunidades, las mujeres son
privadas de libertad en establecimientos que han sido fundados para los hombres. Como ya
10
se dijo anteriormente, la ley penal vigente en nuestro país no tiene en consideración las
diferencias de género. No solo se invisibiliza a la “persona-mujer”, sino que además genera
discriminación.
“[…] las mujeres presas son víctimas de una triple discriminación: la que se
deriva de su propia condición de mujeres, la que les impone su situación de
prisioneras y la que es común a todos los grupos desposeídos. Así, el sistema
reproduce las condiciones de desigualdad que muestran su faceta más cruda
durante la ejecución de las penas impuestas.” (Martínez, S. & Rodríguez, M. N.;
2011:54-55)
Solo se visualizan las diferencias de género, cuando se hace referencia al rol
reproductor, a su rol como madres. En este sentido, cabe destacar que las y los
funcionarios penitenciarios no poseen una fuerte capacitación en materia de género.
(Martínez, S. & Rodríguez, M. N.; 2011) Esta es una de las cuestiones que se tomará en
cuenta a la hora de analizar la formación de policías y operadores penitenciarios.
2.3. Aproximación a la Unidad Nº 5
La Unidad Nº 5, se encuentra ubicada en Cno. Carlos A. López entre Av. E. Garzón
y Pororó (Ex Hospital Musto y Ex Centro Nacional de Rehabilitación) en el barrio Colón.
Entre el año 2010 y 2012, se cerró la cárcel “Cabildo” ubicada en el área
metropolitana, por lo cual las mujeres fueron trasladadas al Centro Nacional de
Rehabilitación (CNR) en el que aún se encontraban algunos hombres. Lo mismo sucedió
con el Pabellón Femenino de la cárcel de Canelones. A su vez, se creó la cárcel “El
Molino” destinada a las mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos e hijas.11
(Juanche, A. & Palummo, J.; 2012)
La Unidad Nº 5 nuclea la mayor cantidad de población femenina carcelaria del país,
procedente de los departamentos de Montevideo, San José y Canelones. Una particularidad
que presenta (con respecto a los establecimientos masculinos), es que coexisten los tres
niveles de seguridad que propone el sistema.12 Esto está asociado al concepto de
progresividad de la pena:
11 Está prevista la mudanza de “El Molino” para el establecimiento de la actual Unidad Nº 5. Se están
realizando las reformas pertinentes para ubicar dicha Institución en el piso inferior del establecimiento
(donde se encontraba el espacio educativo de la U Nº 5). Si bien compartirían el lugar físico, cada Unidad
funcionaría de forma independiente. 12 Información obtenida de la página oficial del INR.
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/instalaciones/uippl-de-maxima-y-media-seguridad/249
11
“[…] posibilita a la persona privada de libertad, acceder a oportunidades de
trabajo y educación desde el inicio de la pena a la vez que progresivamente, a
mejores condiciones y oportunidades dentro del sistema. Generalmente dichos
establecimientos contemplan las diversas etapas y prevén sectores cerrados,
semiabiertos y abiertos. Una vez cumplidas las etapas de mayor seguridad las
personas privadas de libertad permanecen en sus celdas solo a los efectos del
descanso.” (Juanche, A. & Palummo, J.; 2012:87-88)
Se pueden distinguir cinco niveles. En el primer nivel se encuentran las mujeres
privadas de libertad que poseen buena conducta, este es denominado de máxima confianza
o mínima seguridad (sectores abiertos). Allí las mujeres generalmente trabajan y/o
estudian, pueden tener celulares y cuentan con una mayor movilidad en el piso, muchas de
ellas cuentan con salidas transitorias. El segundo nivel también es considerado de mínima
seguridad, pero a diferencia del primero, las mujeres privadas de libertad que se encuentran
en este sector no pueden tener celulares y solo algunas de ellas tienen salidas transitorias.
Las y los operadores penitenciarios son quienes se encargan de estos dos niveles. El tercer
nivel es considerado de “seguridad intermedia” (sectores semiabiertos). Las mujeres que se
encuentran allí poseen mayores medidas de seguridad, no pueden tener celulares, ni salidas
transitorias. Principalmente el personal policial es el encargado de este sector y en algunos
casos las y los operadores civiles. El cuarto y quinto nivel, son considerados de “máxima
seguridad” (sectores cerrados). Las mujeres que se encuentran en el cuarto nivel es por su
propia seguridad, debido al delito que cometieron (infanticidio) o por ser familiares de
policías. Dichas mujeres no interactúan con el resto de los pisos, no tienen celulares ni
salidas transitorias, el nivel de movilidad es mínimo. Por su parte, en el quinto nivel se
encuentran las mujeres privadas de libertad que han sido sancionadas o que piden alojarse
allí por su seguridad. Dichas mujeres se encuentran veintitrés horas del día en su celda, les
corresponde únicamente una hora de patio; no tienen derecho a salidas transitorias, a tener
celulares, ni a trabajar. El personal policial es el encargado de estos dos últimos sectores.
Cabe destacar que en el momento en el que se realizó la investigación, el sector maternal
(madres embarazadas y/o con hijos/as) se encontraba en el segundo nivel. Una vez que se
efectúe la mudanza de “El Molino” dicha disposición en el establecimiento puede cambiar,
ya que se pretende que las madres con hijos estén en planta baja.
12
Cuando ingresa una mujer privada de libertad, permanece aislada en un celda que
los funcionarios llaman “deposito13”. Allí es evaluada por el personal médico, trabajadoras
sociales y psicólogas, para determinar cuál es el nivel que le corresponde. En el caso de
que sea primaria14, generalmente es trasladada al sector de primarias ubicado en el primer
piso; si no es primaria, generalmente es ubicada en el tercer piso. En los casos de las
mujeres que han reincidido, cuando ingresan a la cárcel se las evalúa y si mantenía un buen
relacionamiento con sus compañeras, regresa al piso en el cual se encontraba antes del
egreso.15
2.4. Burócratas de la línea de frente: policías y operadores/as civiles
Resulta pertinente destacar el trabajo elaborado por Vigna (2016), denominado
“Burocracia tras las rejas: la aplicación de la norma en el sistema penitenciario.” Este
pretende, en primer lugar, reflexionar acerca del concepto de burocracia, aplicándolo a las
peculiaridades del sistema carcelario. En segundo lugar, analizar los aportes surgidos
mediante la discusión con operadores penitenciarios que trabajan en cárceles de nuestro
país. Y por último, problematizar sobre los dilemas éticos que surgen en la investigación.
El artículo analiza cuestiones que se propone problematizar en esta investigación,
como por ejemplo el rol de las y los policías y operadores civiles. La autora, toma el
concepto de Lipsky de “street-level bureaucrats”, que significa “burócratas de la línea de
frente o de nivel de calle.” (Vigna, A.; 2016:8) Estos serían la cara visible del Estado, son
las y los funcionarios que se encargan de ejecutar las políticas públicas cotidianamente. Si
bien se caracterizan por no tener la información y el tiempo para tomar decisiones
razonadas, deben responder en el momento ante situaciones imprecisas. Dicho concepto, se
puede asociar con las y los policías y operadores penitenciarios. A su vez serían
“burocracias públicas”, debido a que los clientes llegan de forma “involuntaria”; lo que
puede generar prácticas injustas o ineficientes, en donde se forman culturas organizaciones
opuestas a los intereses de los “beneficiarios” o “clientes”. (Vigna, A.; 2016) Cuestión que
se ve reflejada en el caso de las instituciones penitenciarias.
Para poder llevar a cabo la reforma penitenciaria, es necesario modificar las
actitudes de las y los funcionarios penitenciarios, ya que la forma en la que estos tratan a
13 Lugar físico donde la mujer privada de libertad permanece aislada durante una cierta cantidad de días,
hasta que las y los funcionarios realicen la evaluación del sector al cual le corresponde ir. 14 Primaria significa que no presenta antecedentes, ni relacionamiento con personas privadas de libertad, ni
con otros establecimientos penitenciarios. (Dato obtenido de las entrevistas) 15 Datos obtenidos de las entrevistas realizadas.
13
las personas privadas de libertad es esencial para el respeto de los derechos humanos. Es
por este motivo que surge la inquietud de esta investigación, ya que las y los policías y
operadores civiles son los encargados de llevar la reforma penitenciaria adelante. Poder
generar un cambio en estos es clave en ese sentido. Resulta pertinente que ingresen
profesionales con carácter civil, con una lógica distinta a la cultura institucional existente;
un profesional que esté capacitado y comprometido con su función. Este es uno de los
aspectos que se analiza en esta investigación. A partir de allí se plantean una serie de
interrogantes con respecto a las y los operadores y policías: ¿Cuánto se espera de los
operadores penitenciarios? ¿Cuánto son capaces de hacer realmente? ¿La policía es una
limitante para el desarrollo de las funciones de los operadores civiles? ¿Se puede esperar
que los operadores sean los encargados del cambio del sistema penitenciario? ¿Están
capacitados para ello? ¿Qué diferencia existe con los policías? ¿Cómo es el
relacionamiento entre ambos funcionarios? ¿Pueden coexistir dentro de la institución
penitenciaria? ¿Cómo visualizan ambos funcionarios a las mujeres privadas de libertad?
¿Desde qué lugar se posicionan a la hora de trabajar con ellas? Algunas de estas preguntas
son las que se intentan responder.
Para una mejor comprensión del tema, a continuación se realiza una breve
descripción sobre las y los policías y operadores penitenciarios.
-Policías:
En este punto, tomando los aportes de Paternain (2013), podemos destacar la
cultura institucional que caracteriza a la policía de nuestro país, desde hace casi medio
siglo. El modelo de gestión se caracteriza por la fragmentación funcional; la concentración
decisional; escasos o nulos niveles de coordinación; estratificación de grados; una carrera
basada en valores castrenses; procesos de comunicación competitiva, jerarquizada y
vertical; con estereotipos de género y el predominio de una impronta institucional
conservadora que dificulta el relacionamiento con la ciudadanía. Asimismo, no existen
mecanismos de rendición de cuentas a esta última, ni controles internos eficientes, lo cual
contribuye a las diferentes formas de abuso policial y al derecho policial “subterráneo”.
(Paternain, R.; 2013) Dicha cultura institucional, explica por qué ante las pretensiones de
generar una transformación estructural, existen grandes resistencias. Por este motivo, el
cambio debe apuntar a la cotidianeidad de las funciones policiales, a las mentalidades y a
las prácticas.
14
En palabras del autor:
“[…] la política se enfrenta a un reto mayor: dejar atrás el paradigma de la
‘actuación policial’ y transitar hacia un enfoque de ‘prácticas del gobierno de la
seguridad’. Para eso hay que revertir los procesos de colonización simbólica que
pautan ciertas formas de ver el mundo.” (Paternain, R.; 2013:75)
Paternain, manifiesta que en las sociedades modernas, la policía cumple
principalmente tres funciones: en primer lugar, controlar el delito mediante la prevención;
en segundo, la investigación del delito complejo; y en tercer lugar, acciones vinculadas a la
idea del “mantenimiento del orden público”. De esta forma, la policía se transforma en una
poderosa “red de control social”, con capacidad de establecer criterios autodefinidos,
independientemente de los dirigentes políticos. (Paternain, R.; 2013)
Por último, cabe destacar que en los últimos años, la gestión policial ha
experimentado ciertos cambios. Se ha pretendido una unión entre el pensamiento punitivo
y un enfoque más comunitario, así como también que la policía adopte una mirada hacia el
futuro, asumiendo los riesgos provenientes de los problemas sociales. Surge el concepto de
“Policía inteligente”, la cual se basa en las tecnologías para elaborar “mapas del delito”, en
donde se responsabiliza a un determinado grupo de la población (reincidentes), se crean
lugares y personas “de riesgo”. Actualmente, tanto los medios de comunicación, como la
policía y los discursos políticos, son una pieza fundamental en el desarrollo de la
hegemonía conservadora, de las marcas del estigma, exclusión y desigualdad. (Paternain,
R.; 2013)
-Operadores/as penitenciarios:
El INR se propone como uno de sus objetivos estratégicos, el:
“Fortalecimiento del perfil funcional del Escalafón S.: La implementación del
Escalafón Penitenciario S que comenzó durante el año 2011 implica un proceso
paulatino de incorporación de funcionarios de grado civil a la gestión cotidiana
de las UIPPL, a los efectos de llevar adelante todas las tareas de trato directo
con las PPL en el régimen penitenciario.
Al tratarse de un nuevo escalafón que se integra al trabajo dentro de la Unidades
con una concepción y abordaje novedoso en el marco del proceso de reforma las
acciones de fortalecimiento de la función aparecen como un aspecto clave para
el INR” (Ministerio del Interior; 2014:26)
15
Vigna (2016) relaciona a estos funcionarios con el concepto elaborado por Lipsky
de “burócratas de nivel de calle”. En ciertas ocasiones dichos burócratas ejercen un poder
discrecional, lo cual puede dar lugar a la discriminación, a un exceso del uso de la fuerza,
de tortura, de autoritarismo o de violación de los derechos humanos de la población
carcelaria. De esta forma, la aplicación de la normativa no es definitiva, no es
unidireccional (de arriba hacia abajo), sino que se encuentra en continua discusión, es
relacional. Esto permite que las y los funcionarios adecuen el derecho mediante
determinadas reglas prácticas. (Vigna, A.; 2016)
Sin embargo, las y los operadores penitenciarios no pueden recurrir continuamente
al uso legítimo de la coerción, ya que como retoma Vigna (2016) Sykes plantea que
existen tres “defectos del poder total”, el primero hace referencia a que la población
carcelaria no posee el “deber moral” de obedecer, el poder de los operadores no se basa en
la autoridad. El segundo, supone que no es posible utilizar la fuerza para lograr el
desarrollo de una rutina y obediencia. El último, manifiesta que el sistema de castigos y
recompensas que utilizan las y los operadores no es eficaz, ya que no generan una gran
diferencia con el resto de la población carcelaria que no obtienen recompensas ni castigos.
(Sykes apud: Vigna, A.; 2016)
Si bien en términos ideales, para las autoridades las cárceles son lugares centrados
en la resocialización, en la rehabilitación; en la práctica, el quehacer de las y los
funcionarios penitenciarios se remite a mantener el orden. Se puede interrogar la formación
de dichos funcionarios para trabajar cotidianamente dentro de las instituciones
penitenciarias. No existe un reglamento o guía que establezca cómo deben actuar. Esto
aumenta el poder de discrecionalidad de las y los operadores civiles y dificulta la
evaluación de su desempeño. Asimismo, su rol posee un “dilema permanente”, ya que
deben encontrar un cierto equilibrio entre el cuidado y apoyo a las personas privadas de
libertad; y el mantenimiento de la disciplina, el control y la autoridad dentro de la
institución. (Vigna, A.; 2016) Esto da lugar a que el poder sea ejercido de forma más sutil,
“Este ‘soft-power’ es un componente central del ‘neopaternalismo’ que
caracteriza al nuevo modelo penitenciario, y precede al poder ejercido a través
de la coerción y de las órdenes directas.” (Vigna, A.; 2016:10)
En su trabajo, Vigna presenta algunas de las cualidades requeridas para el trabajo
en instituciones penitenciarias basadas en el relato de las y los operadores. Estos señalan la
importancia de la capacidad de observación y desarrollo de los sentidos, como forma de
16
prevenir situaciones riesgosas. Asimismo, destacan como fundamentales la capacidad de
escucha, el discernimiento, el razonamiento, el sentido común y la subutilización selectiva
del poder. Estas habilidades ponen de manifiesto la tensión cotidiana entre el cuidado y la
seguridad. Por último, sitúan la paciencia y la tolerancia, como otras características
necesarias, debido a la heterogeneidad de situaciones y complejidades que deben enfrentar.
Por otra parte, la autora hace referencia a la adecuación entre la formación y las
habilidades necesarias para su rol. Las y los funcionarios entrevistados manifestaron que el
verdadero aprendizaje se logra mediante la práctica, a través del ensayo y error, más que
con la formación teórica. Esto produce una contradicción inherente al sistema carcelario,
ya que la institución necesita de los “burócratas de nivel de calle” (funcionarios/as
penitenciarios) para la ejecución de las políticas, pero, al mismo tiempo, la institución
pierde el control sobre la actuación de dichos burócratas. Contribuyendo así a que se
mantenga el poder discrecional de las y los funcionarios penitenciarios. (Vigna, A.; 2016)
Quien se encarga de gestionar y administrar el sistema penitenciario en nuestro país
es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). De esta forma, ¿Qué se entiende por
rehabilitación? ¿Qué supone? ¿A qué apunta? ¿Qué visión hay detrás de dicho concepto?
¿Cómo debe ser implementada? ¿Cómo se puede medir?
En el trabajo de Vigna, las y los operadores se cuestionaron sobre el concepto de
rehabilitación, sostenían que la mayoría de las personas privadas de libertad no habían sido
habilitadas por la sociedad, por lo cual la cárcel no debería rehabilitar. En cuanto a la
forma de medir la rehabilitación, no hubo consenso de cómo podía realizarse. Existe por
tanto, una heterogeneidad de objetivos y de cómo estos deberían medirse, lo cual lleva a
que las y los funcionarios opten por tener una visión minimalista, centrada en el presente,
privilegiando los pequeños logros del día a día, sin una visión a largo plazo. Las personas
entrevistadas manifestaron que un buen día dentro de la institución penitenciaria es
equivalente a un día tranquilo. Esto pone de manifiesto que el objetivo práctico y cotidiano
de la tarea de las y los funcionarios es la “producción del orden”. (Vigna, A.; 2016)
17
3. Objetivos y preguntas de la investigación
El tema de esta investigación es la dinámica laboral de policías y operadores/as
civiles, en el contexto de la reforma penitenciaria.
De esta forma, el objetivo general es describir y comparar las prácticas y
concepciones de policías y operadores/as en el marco de la reforma penitenciaria, desde la
perspectiva de sus dinámicas en el contexto de mujeres privadas de libertad.
Se desprenden así los siguientes objetivos específicos:
- Problematizar acerca del rol de policías y operadores/as penitenciarios actualmente, en la
Unidad Nº 5.
- Indagar sobre la relación existente entre policías y operadores/as civiles.
- Comparar la relación de las y los operadores penitenciarios y policías, con las mujeres
privadas de libertad de la Unidad Nº 5.
- Reflexionar acerca de las implicancias de la reforma penitenciaria.
Surgen así las siguientes interrogantes:
- ¿Cuál es el papel asignado por la institución para estos dos tipos de funcionarios/as?
- ¿Qué rol tienen actualmente operadores/as penitenciarios y policías en la Unidad Nº 5?
- ¿Están capacitados? ¿De qué forma? ¿Tienen poder de decisión y/o libertad de acción?
- ¿Qué diferencia existe entre el rol del personal civil y del policial, actualmente en la
Unidad Nº 5? ¿Se observan diferencias entre sus discursos? ¿Realizan acciones diferentes?
¿Cómo incide la institución en cada uno?
- ¿Existen inconvenientes en la realización de las actividades de ambos? De ser así, ¿Con qué
dificultades se encuentran? ¿Interfieren entre sí?
- ¿Cómo es el relacionamiento de policías y operadores/as penitenciarios con las mujeres
privadas de libertad?
- ¿Y entre las y los funcionarios? ¿Cómo se conciben entre sí?
18
4. Consideraciones metodológicas
Para la realización de este proyecto de investigación, se utilizó un diseño
cualitativo. Debido a que permite una aproximación a la visión que tienen las y los
participantes del fenómeno a estudiar y cuál es el significado que le atribuyen. Como
plantean Batthyány, K & Cabrera, M (2011) en un diseño de este tipo, se pondera la visión
del investigado por sobre la del investigador. Asimismo, se propuso realizar un estudio de
tipo descriptivo, ya que se pretende “evaluar diversos aspectos, dimensiones o
componentes de los fenómenos a investigar” (Batthyány, K. & Cabrera, M.; 2011:33).
Alonso (2003) plantea que un diseño de investigación cualitativa, supone abordar el
mundo de la vida cotidiana de los sujetos implicados en la misma, aproximarse al conjunto
de motivos y de significados que estructuran el mundo de la vida articulando lo micro y lo
macro.
“La tarea de la investigación social cualitativa es interpretar las estructuras del
mundo de la intersubjetividad, o mundo social, que constituye la experiencia
cotidiana. Los sujetos sociales son quienes generan el mundo social a través del
significado que le dan a sus acciones, a los objetos que les rodean, a otros
individuos, etc.” (Alonso, L. E.; 2003:52)
La técnica elegida fue la entrevista, con el fin de analizar los discursos de las y los
funcionarios penitenciarios, indagar acerca de las actividades que realizan y cómo es su
relacionamiento entre sí y con las mujeres privadas de libertad. La entrevista permite
interactuar con el otro, y un mayor grado de confianza y apertura por parte del entrevistado
(comparado, por ejemplo, con los grupos de discusión). La forma de registro fue a través
de un grabador, con previo aviso y consentimiento de las y los entrevistados. Como una
cuestión ética se informo acerca de la confidencialidad y anonimato de la información
obtenida.
Se optó por utilizar la entrevista semiestructurada, ya que permite una cierta
flexibilidad; se realizó una guía con un conjunto de preguntas, pero ni el orden ni la
redacción de las mismas fueron exactas. (Valles, M. S.; 2000)
El período de estudio se realizó en dos instancias, una primera llevada a cabo en el
año 2014 y una segunda en el año 2015.
El universo de estudio está formado por policías y operadores/as penitenciarios de
la zona metropolitana, concentrando la población de estudio en las y los operadores
19
penitenciarios y policías que trabajan en la Unidad Nº 5. Para poder realizar la
investigación resultó pertinente seleccionar una muestra, dentro de dicha población. El
criterio de selección de la misma fue aleatorio, atendiendo que la muestra fuera
diversificada, para ello se entrevistó a policías y operadoras de cada nivel (informantes
directos). Se realizaron nueve entrevistas a policías y seis entrevistas a operadoras
penitenciarias16 que trabajan actualmente en la Unidad Nº 5. A modo de ampliar la
información se efectuaron dos entrevistas a informantes calificados externos a la
institución (informantes claves), seis entrevistas a técnicas de la Unidad Nº 5 (docentes,
psicóloga y trabajadoras sociales) y una entrevista a una mujer privada de libertad
(informantes indirectos).17
Si bien en un principio se proponía realizar entrevistas a informantes calificados,
policías y operadoras penitenciarias, en el transcurso de la misma surgió la oportunidad de
entrevistar a otras técnicas, a las cuales se les consultó acerca del modo en el que
visualizaban el relacionamiento entre operadoras, policías y mujeres privadas de libertad.18
Este otro aporte fue significativo, ya que permitió comparar no solo cómo las operadoras
se veían a sí mismas y a la policía; y viceversa; sino también como otras funcionarias de la
institución visualizaban a las dos anteriores en relación con las internas. Asimismo, de
parte de una de las operadoras, con el aval de la Directora, se propuso realizar una
entrevista a una de las mujeres privadas de libertad. Lo cual también significó una
experiencia enriquecedora, ya que aporto su visión con respecto al relacionamiento con
ambas funcionarias. En este trabajo, el análisis está centrado en las informantes directas, se
realizaron entrevistas a informantes calificados como una forma de introducción a la
temática y a las informantes indirectas a modo de ampliar la información recabada de las
informantes directas y como forma de superar la subjetividad que estas pudieran tener.
Se dejaron de realizar entrevistas una vez alcanzado el punto máximo de saturación,
esto es, cuando la información comenzó a ser reiterativa y no aportaba nuevo conocimiento
para los objetivos de la investigación. (Aguilar, J. M.; 1999) Una vez finalizadas las
entrevistas, las mismas se desgrabaron y se codificaron y analizaron los datos según los
ejes temáticos que orientan este trabajo.
16 Cabe destacar que se utilizará el género femenino en la redacción teniendo en cuenta la primacía de las
entrevistadas mujeres por sobre los hombres. 17 Clasificación de entrevistados extraída de Aguilar, J. M.; (1999) 18 En el anexo se adjuntan las pautas de entrevistas.
20
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas, permiten reflexionar acerca de
los ejes temáticos que se proponen en este documento. (i) En primer lugar, teorizar en
torno al concepto de rehabilitación. (ii) Como segunda cuestión, se analiza la gestión de la
reforma penitenciaria a través de policías y operadoras civiles como funcionarias
encargadas de ponerla en marcha. (iii) Por último, resulta pertinente comprender lo que la
reforma penitenciaria propone, e indagar cómo esta se está desarrollando en la práctica. Lo
cual permite reconocer ciertas marchas y contramarchas en dicho proceso.
5. Consideraciones teóricas
5.1. Del Estado social al Estado penal
Loïc Wacquant en su texto “Las cárceles de la miseria” (2010), hace referencia al
pasaje del Estado social al Estado penal para denominar las transformaciones que implican
una reducción del papel social del Estado, y un aumento de su intervención penal; propias
de los Estados neoliberales. Se sustituye el Estado providencia “maternalista”, por el
Estado punitivo “paternalista”. (Wacquant, L.; 2010) De esta forma, el Estado no asume
un compromiso social con los barrios menos favorecidos, sino que más bien endurece su
intervención penal. “A la violencia de la exclusión económica, opondrá la violencia de la
exclusión carcelaria.” (Wacquant, L.; 2010:76)
El autor manifiesta un cambio en la centralidad de la política social, en donde
anteriormente tenía como objetivo reformar la sociedad, para posteriormente centrarse en
la supervisión de la vida de los sectores menos favorecidos. Esto se debe a primacía de las
explicaciones individuales frente a las explicaciones estructurales de la pobreza. De esta
forma, habría que cambiar el comportamiento de los pobres y no la sociedad, se
responsabiliza al individuo. (Wacquant, L.; 2010)
Como expresa Wacquant:
“Desregulación económica y sobrerregulación penal van a la par: la
desinversión social entraña y requiere la sobreinversión carcelaria, única
capaz de suprimir las dislocaciones ocasionadas por el desmantelamiento del
Estado providencia y la generalización de la inseguridad material que se deduce
inevitablemente de él en la parte baja de la estructura de clases.” (Wacquant, L.;
2010:146)
21
Esto explica el proceso que se generó en los grandes países de la Unión Europea y
de Estados Unidos en ese momento. No es casual que los países escandinavos, sean los que
menos encierran, ya que el reparto de los riesgos colectivos y las instituciones de
redistribución y reparto de los riesgos colectivos, están sólidamente arraigadas. (Wacquant,
L.; 2010)
Por su parte, Nicolás Trajtenberg (2012) pone en cuestionamiento los conceptos
anteriormente desarrollados por Wacquant. En primer lugar, manifiesta que si bien la
información recabada para su análisis se basa en Estados Unidos, ese tipo de explicaciones
estructuralistas, suelen ser consideradas como teorías generales de las tendencias punitivas
del mundo occidental. (Trajtenberg, N.; 2012) En este sentido, el autor destaca las diversas
respuestas por parte de las sociedades occidentales en cuanto a sus políticas criminales, los
cambios no han sido homogéneos en los diferentes países. En segundo lugar, plantea que la
explicación de Wacquant es tautológica debido a que sostiene al mismo tiempo que el
Estado neoliberal es la causa de la corriente punitiva, y que dentro de las lógicas
institucionales de la definición de neoliberalismo se encuentra un aparato penal intrusivo,
proactivo y expansivo. En tercer lugar, destaca que la propuesta de Wacquant no considera
las medidas no punitivas (como por ejemplo la rehabilitación, las medidas alternativas a la
prisión, entre otras); ya que estas no estarían incluidas en la categoría neoliberal, por no ser
punitivas. Por último, plantea que no es posible transferir las políticas de un país a otro, sin
tener en cuenta las particularidades y especificidades de los mismos, los actores y las
instituciones involucradas, los medios y las dimensiones. (Trajtenberg, N.; 2012)
De todas formas, cabe destacar la importancia de los aportes de Wacquant para este
trabajo. Teniendo en cuenta que no se buscan explicaciones universales, ya que se deben
considerar las particularidades de cada sociedad, la cultura, los agentes, las instituciones y
la estructura.
5.2 - El trabajo sobre los otros
En esta investigación se aborda el tema del trabajo sobre los otros en contexto de
encierro, más específicamente policías y operadoras civiles como profesionales del trabajo
sobre las mujeres privadas de libertad. Se analiza cómo se realiza, cómo se produce ese
trabajo "sobre los otros" y qué se espera de ellas.
Para definir dicho tipo de trabajo se toman en cuenta los aportes de Dubet (2006),
quien lo expresa como una actividad profesional, reglamentada, remunerada e inscrita en
22
convenciones y organizaciones. Su esencia es la relación cara a cara, pretende transformar
a los otros. Son formadas para actuar sobre los otros, sobre la socialización de los sujetos.
A su vez, implica un trabajo sobre sí misma.
“El trabajo sobre los demás se presenta como una actividad crítica y como una
actividad ética de definición continua de los otros y de uno mismo, sin dejar de
estar cada vez más apresada en la vida y las redes de organizaciones
complejas.” (Dubet: 2006:346)
En este sentido, se puede entender que tanto policías como operadoras civiles
realizan un trabajo sobre los otros, están para castigarlos, cuidarlos, educarlos, mantenerlos
ocupados, consolarlos.
Cabe cuestionarse ¿Por qué se pretende transformar a los otros? ¿Desde qué
posicionamiento se busca dicha transformación? ¿Qué se espera del otro? ¿Qué formación
reciben las profesionales para transformar a los otros? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cuándo se
puede decir que el sujeto está transformado y cuándo no?
Dubet aporta el concepto de “programa institucional” para hacer referencia a una
determinada forma de socialización. Dicho programa supone que el trabajo sobre los otros
es una vocación; una mediación entre valores individuales y universales; y que implica
moldear al sujeto al mismo tiempo que se pretende que sea libre y autónomo. En palabras
del autor:
“Puede definirse el programa institucional como el proceso social que
transforma valores y principios en acción y en subjetividad por el sesgo de un
trabajo profesional específico y organizado.” (Dubet: 2006:32)
Se produce una relación vertical –de arriba hacia abajo-; del “educador” al
“educando”. Busca controlar, restaurar al sujeto, moldearlo, disciplinarlo, modificarlo a sus
gustos, valores y creencias. En este sentido, el programa institucional interviene en la
construcción de los sujetos, en su socialización. Cuanto más socializado está el sujeto, más
se controla a sí mismo. Dubet expresa que dicho programa se encuentra entre la
normalización y la autonomía.
Por otra parte, plantea tres niveles de acción del programa institucional, tales como
el control social, el servicio y la relación. El primero hace referencia a la atribución de un
rol, se asigna una determinada identidad institucional y se pretende que el otro la asuma.
Se espera que la relación sea objetiva, atravesada por la disciplina. El servicio supone que
las trabajadoras, consideradas como expertas, desarrollen tareas técnicas. Por último, la
23
relación sería la dimensión más relevante del trabajo sobre los otros, pero también la
menos reconocida.
“La lógica de la relación considera al otro como una persona singular, como un
sujeto que debe diferenciarse paulatinamente del usuario y del objeto de sus
disciplinas de control social.” (Dubet; 2006:93)
Un aspecto a tener en cuenta es que la acción de socialización se enfoca en una
dimensión restringida de la persona, no abarca a la totalidad del sujeto, en todos sus roles,
en todas sus dimensiones. Por el contrario, la relación gira en torno a la delimitación del rol
de los otros que establece el programa institucional. De esta forma, las profesionales
encargadas de dicha socialización, pueden ejercer un control casi absoluto de la dimensión
que les compete.
Con los cambios sociales, culturales, históricos, económicos y demás, las
explicaciones universales, la idea de sociedad (como una máquina) comienza a perder
valor. El trabajo sobre los otros se modifica. Dubet explica este proceso como una
decadencia del programa institucional. Cambia la idea de integración por inserción,
regulación. Las explicaciones ya no son universales, sino focalizadas.
“El individuo se vuelve ‘incierto’, fragmentado, forzado a utilizar lógicas
opuestas; y el sujeto ya no está arraigado en una provisión homogénea de
valores e identidades, está diseminado y descentrado.” (Dubet; 2006:82)
Con el declive del programa institucional, la autoridad deja de considerarse sagrada
y natural, la disciplina comienza a ser mal vista. Asimismo, se produce un
desencantamiento del mundo, de sentido, se pierde motivación.
Esto genera una diversidad de escenarios que no serían favorables, por un lado, se
produce un anhelo a la vuelta de la autoridad, hacia las instituciones represivas y
tradicionales que pretendían sostener un cierto orden moral mediante la violencia
institucional. Por otra parte, regresa la idea del liberalismo, en donde el Estado debe
reducirse a mantener el orden, dejando libre acción al mercado. Por último, aparece el
derecho como mediación pacífica. Sin embargo, este se encuentra distribuido
desigualmente entre las personas.
Finalmente, cabe destacar que los conceptos anteriormente desarrollados se
consideran como tipos ideales, como categorías analíticas y no como una descripción de la
realidad.
24
Resultados
6. Análisis
A continuación se pretende articular lo desarrollado anteriormente con los datos
obtenidos durante la investigación. Reflexionar acerca de cómo se posicionan las
funcionarias penitenciarias en la cotidianeidad de la cárcel, cómo han sido formadas, cómo
conciben su función, y cómo finalmente la llevan a cabo.
6.1. El concepto de rehabilitación puesto a prueba
Un aspecto fundamental es que ninguna de las personas entrevistadas expresa
cuestionamientos ante el concepto de rehabilitación (solo una trabajadora social). Por el
contrario lo plantean como un ideal, como algo a alcanzar, que actualmente no se está
logrando "debidamente" en todas las mujeres privadas de libertad (solo en determinados
sectores y en determinadas personas).
“[…] Y acá se logra en algunos casos y en algunos sectores… no en todo el
establecimiento pero se logra rehabilitación. Hay sectores que… es eficaz el
trabajo se está haciendo con las internas… la intervención. Pero no en todo el
establecimiento y no en todos los establecimientos es eficaz.” Entrevistado/a 4
(operador/a).
En reiteradas oportunidades, las entrevistadas parten de la idea de normalización,
de adaptación, de generar hábitos, de lo que es entendido como normal, de explicaciones
individuales y no de responsabilidades sociales y colectivas. Sostienen una postura de
adhesión a la reforma, colocan a la rehabilitación como un objetivo a alcanzar, sin
cuestionar dicho concepto y las implicancias que supone.
Surge así una serie de interrogantes, ¿Alguna vez estuvo habilitada? ¿Qué
herramientas tenía antes de entrar a la cárcel? ¿Cómo ha tratado la sociedad a esa persona?
¿Qué otra salida y/u oportunidad tenía? ¿Qué significa rehabilitar? ¿Con qué criterio?
¿Quién lo determina? ¿Cómo se puede rehabilitar para vivir en sociedad estando separada
de la misma?
Cabe destacar que de las personas entrevistadas (policías, operadoras y técnicas),
solo una operadora, junto con las técnicas manifestaron que la delincuencia es un problema
de la sociedad en su conjunto y no únicamente de las mujeres privadas de libertad.
25
Rojido, Vigna y Trajtenberg (2010), definen la rehabilitación como una
intervención institucional que pretende incidir a nivel normativo, emocional y cognitivo en
los sujetos. La no reincidencia es el indicador que se utiliza generalmente para medir el
éxito de los programas. Sin embargo,
“[…] la rehabilitación involucra mucho más que eso: adherir a valores
convencionales, tener una inserción educativa y laboral, desarrollar habilidades
cognitivas, emocionales y sociales.” (Rojido, E. et al.; 2010:239)
En este sentido, la rehabilitación supone un juego de poder, en donde uno posee el
saber y el otro el no-saber, tiene un carácter moralizante, normalizador, de transmitir
valores. En contraposición, Rojido, et al. (2010) retoman el concepto de desistimiento que
plantea Farrall (2002), entendido como:
“[…] un proceso gradual en el que el individuo va acumulando períodos de
ausencia de delito o donde, pese a cometerlos, pueden observarse signos de
desaceleración y/o disminución de gravedad que marcan una creciente
consciencia de riesgos o deseo por abandonar el mundo del delito.” (Farrall
(2002) apud: Rojido, E. et al.; 2010:240)
Esto permite una explicación más real del contexto de los sujetos, ya que no todo
está vinculado o establecido únicamente por los procesos transitados dentro de las
instituciones carcelarias, tambien pueden influir ciertos puntos de inflexión en la vida de
los mismos. Algunos de estos podrían ser: un vínculo con el mundo del trabajo, tener hijos
y/o pareja, la participación en organizaciones sociales o la disminución del vínculo con
"pares problemáticos", entre otros. (Rojido, E. et al.; 2010). Por otra parte, puede deberse a
un carácter más subjetivo, en donde las y los desistidores abandonan la idea de desviados y
adquieren una nueva identidad pro-social, manteniendo una visión positiva sobre el futuro
y sobre sí mismos, sobre sus posibilidades y oportunidades en el mundo legal.
Cabe destacar la dificultad metodológica que presenta el concepto de desistimiento,
ya que se trata de un proceso (cometer delitos con menor frecuencia o con menor
gravedad), desde una perspectiva social, comunitaria.
En este sentido, una operadora manifiesta la importancia que tiene el vínculo con el
afuera, con el trabajo y la familia:
“[…] Y la desventaja es que… se desvinculan con la sociedad… y se pierden
todos los hábitos de la vida diaria… de la vida cotidiana. El tema del trabajo,
salir a trabajar… todo lo que tiene que ver con la familia también. El vínculo…
los hijos.” Entrevistado/a 4 (operador/a).
26
De esta forma, el aislamiento que genera la cárcel no habilita a que se desarrollen
procesos de desistimiento en las mujeres privadas de libertad, adquiriendo una mayor
relevancia los procesos transitados dentro de las instituciones penitenciarias.
Un aporte interesante es la noción de inserción comunitaria, la cual supone por un
lado un trabajo con el sujeto que volvería a la sociedad, y por el otro, un trabajo con la
sociedad que recibiría a ese sujeto. Esto implica una dificultad compleja, ya que por un
lado requiere abarcar ciertos bretes que presentan las políticas criminales, tales como la
efectividad de los programas de rehabilitación, las prácticas de liberación, las prisiones y
las sentencias. Y por el otro, determinados problemas sociales, estigma, educativos,
médicos, etc., que abarcan a una gran parte de la población. (Rojido, E. et al.; 2010)
“Desde este paradigma la categoría de desistimiento tiene mayor poderío
analítico en tanto permite la exploración de factores y mecanismos explicativos
de la ausencia de delitos fuera del contexto de tratamiento penitenciario. Y así
mismo, no está necesariamente asociado a un cambio normativo o valorativo
por partes de los agentes.” (Pucci, F.; Rojido, E.; Trajtenberg, N.; Vigna, A.;
2012:304)
Se pretende romper con esa idea de que cuanto más se castigue al sujeto, más se
rehabilita, del escarmiento como herramienta (postura mayoritaria dentro de las policías
entrevistadas). Abandonar asimismo las visiones terapéuticas de las personas privadas de
libertad. Surge así la necesidad de adoptar medidas de inserción comunitaria, medidas
alternativas al encierro, medidas intermedias; que requieren conexiones con la sociedad,
con la comunidad, con la familia, con las demás instituciones; establecer redes, reconocer
la autonomía y el respeto del sujeto, superando el estigma que genera el pasaje por la
cárcel. El concepto de desistimiento parte de esta visión comunitaria y del reconocimiento
del sujeto como ser autónomo, superando la noción de rehabilitación y reincidencia.
6.2. Pensando los perfiles y tipos de funcionarios/as
En este apartado se pretende dar respuesta a los primeros tres objetivos específicos.
Cabe destacar que si bien por parte de la reforma penitenciaria se proponen roles
diferenciados para las y los policías y operadores civiles (ver anexos), uno de los
resultados encontrados es que en los hechos, esa distinción no es tan significativa; existen
particularidades en los dos tipos de funcionarias que se apartan de esa diferenciación.
27
-Roles de policías y operadoras penitenciarias:
Con respecto al rol de las operadoras y policías, un gran número de las personas
entrevistadas coincide en que los roles de ambas son complementarios, ya que las primeras
estarían formadas para la rehabilitación y la policía para la seguridad.
“[…] se trabaja diferente… hay otra cabeza. … Sabemos para lo que estamos
nosotros (operadores) […] El policía quedó en la antigüedad, no evolucionó el
policía… quedó en aquello de que… el delincuente… y no tienen arreglo…
quedaron con esa cabeza. Entonces es difícil trabajar con ellos… pero algún
día… algún día seremos celestes todos si dios quiere (haciendo referencia al
color de los uniformes de los operadores).19” Entrevistado/a 4 (operador/a).
Cuando se les consultó si es posible pensar en una cárcel sin policías, la mayoría
manifestó que sí, pero a la interna del establecimiento; en revisoría, el perímetro y cuando
hay disturbios, debería estar la policía. Cabe destacar que en el perímetro actualmente se
encuentran militares.
Algunas entrevistadas del personal policial consideran que no sería viable;
sostienen que las operadoras no están capacitadas para trabajar con determinadas internas,
ya que estas dominarían la relación. Dentro de dicho grupo, algunas entrevistadas
plantearon que si las operadoras recibieran una capacitación para poder abordar el tema de
la seguridad (un “entrenamiento cívico-policial”), sería posible que trabajaran solas.
“[…] o sea… si los operadores hicieran la parte de seguridad, con instrucción
debida y eso, la policía netamente se abocaría a la parte en la que están los
militares ahora digamos… lo que sería el perímetro y capaz que en el ingreso
ahí en el portón. Ahora, si no debería haber en el perímetro, en la parte de
ingreso y a su vez una fuerza de choque digamos, para intervenir en los
momentos que se necesite, que haya violencia que habilite eso. […].”
Entrevistado/a 18 (policía).
La policía presenta una visión de la operadora como permisiva, que no puede
controlar a las internas y por eso necesita de ella. A su vez, plantean que tanto operadoras,
como psicólogas y trabajadoras sociales, creen las versiones de las mujeres privadas de
libertad y no la de la policía.
“No, porque los operadores trajeron una forma de trabajar que no la tiene la
policía. […] Yo que sé, a veces los operadores les permiten cosas a los reclusos,
que después cuando el recluso tiene que trabajar con la policía, la policía no se
19 Tanto las policías como las mujeres privadas de libertad, denominan informalmente a las operadoras
penitenciarias como “Pitufas”, debido al uniforme celeste.
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lo permite porque creemos que no es lo que corresponde, entonces siempre
chocas vos con el preso. Digo… porque el operador, permite muchas cosas
que… la policía no lo permite […] ya la presa ya le tomó el punto. No
pueden… no pueden con ellas” Entrevistado/a 20 (policía).
Esto pone de manifiesto que, a grandes rasgos, la policía parte de la desconfianza
en el otro, de la seguridad; y la operadora parte desde la confianza.
Se puede relacionar a policías y operadoras con los aportes realizados por Dubet
(2006). Estas funcionarias pueden ser concebidas a través del concepto de programa
institucional, ya que se encuentran entre la búsqueda de la autonomía y la normalización de
las mujeres privadas de libertad. Se identifican tres niveles de acción del programa
institucional, tales como la relación, el servicio y el control social. El primero; implica una
relación cara a cara, es la parte fundamental del trabajo sobre los otros; el segundo hace
referencia a las tareas técnicas que deben desarrollar los trabajadores (en este caso policías
y operadoras); y el tercero supone la asignación de determinados roles institucionales que
deben ser asumidos por los sujetos, lo cual implica una visión vertical de la relación con
las internas –relación objetiva-, debido a que pretenden moldearlas y controlarlas (más aún
en el caso de las policías).
-Actividades de ambas funcionarias:
En cuanto a las actividades, una de las diferencias principales que distinguen las
entrevistadas entre policías y operadoras, es que las primeras se encargan de la detención
de las mujeres privadas de libertad, son policías las veinticuatro horas. En general, la
policía no encuentra diferencias entre las tareas que realiza una y otra dentro de la cárcel,
plantean que ambas abren y cierran rejas, y se encargan del traslado interno. Por su parte,
las operadoras manifiestan que eso es lo único que tienen en común, ya que ellas realizan
otro tipo de actividades, como el acompañamiento en su cotidianidad, la escucha,
actividades laborales y educativas.
De las entrevistas se desprende que una de las características que más ha destacado
el rol de las operadoras penitenciarias dentro de la Unidad Nº 5, es la escucha. Este aspecto
se resalta por parte de todas las personas entrevistadas. Manifiestan que los niveles de
violencia han bajado al tener un actor que se encuentra cotidianamente con ellas, desde una
perspectiva diferente a la policía.
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“La única similitud que hay es que los dos abrimos una reja, después
diferencias, claro… son muy diferentes. Desde mi punto de vista… yo he estado
en piso, y me preocupo […] o mismo si vos me estás pidiendo que te lleve a
jurídica porque queres hablar con el juez, o con el abogado, por algún problema
personal tuyo. Y bueno, trato de buscar la manera de lograrlo, si no lo puedo
hacer le digo ‘bueno, mira yo traté de todas las maneras posibles y no se pudo’,
pero por lo menos te doy una respuesta. Como que somos muy diferentes, yo lo
veo como que el operador, como que es más humano, o que tendría que ser un
poco más humano. Y como que la policía no… como que el policía, mientras la
interna tenga su medicación, y esté tras las rejas, está mejor.” Entrevistado/a 10
(operador/a).
A su vez, un policía manifiesta que:
“[…] dentro de todo la relación (entre operador e interna) es mejor porque
supuestamente los escuchan más, están más para atenderlos a ellos. Porque en
realidad la policía no está formada para… no dice en ningún lado que la policía
rehabilita… y los operadores en teoría deberían […]” Entrevistado/a 18
(policía).
Esto puede relacionarse con lo que expone Vigna (2016) acerca de la capacidad de
escucha no solo como forma de motivación y de autoestima a las mujeres privadas de
libertad, sino también como un modo de mantener el orden y la seguridad. En la medida en
que se escucha la demanda, se evita otro tipo de reacciones más violentas, se contiene la
misma.
“Sin embargo, rápidamente esa capacidad de escucha es asociada al ámbito de
la seguridad, y, en particular, a la prevención de incidentes. Eso no implica que
no exista un interés genuino por la situación de los reclusos, pero la reacción de
los funcionarios va más allá de ello. Esta tensión entre la capacidad de empatía,
de establecer relaciones de confianza con la población reclusa y, al mismo
tiempo, estar vigilante y alerta para mantener siempre el control, […]” (Vigna,
A.; 2016:11)
-Capacitación de operadoras y policías:
Haciendo referencia a la capacitación, cabe cuestionarse esta diferenciación, ¿Qué
tipo de formación tienen? ¿Cómo ha sido? ¿Es suficiente? ¿Realmente tienen las
operadoras herramientas para rehabilitar?
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Las funcionarias que han trabajado en cárceles de hombres y en la Unidad N° 5,
destacan que existe una diferencia entre trabajar con hombres y mujeres. Manifiestan que
estas son más débiles, que son más demandantes, más problemáticas, menos disciplinadas,
menos organizadas que los hombres y visualizan que las y los hijos son un tema central en
el caso de las mujeres. Todas estas cuestiones hacen referencia a la diferencia de género
que la sociedad patriarcal establece, a los estereotipos que están formados y establecidos.
En donde la mujer es quien se encarga del cuidado y la crianza de los hijos, es el sexo
débil, sensible y dependiente del hombre. Una debilidad de la reforma es que las
funcionarias no han tenido una fuerte formación en género.
“Sí, sí, muy grande el cambio. […] Es lo peor que hay (risa), es complicado…
me gusta trabajar en la cárcel de hombres, mucho más disciplinados, más
organizado, más cumplidores, tenés menos problemas. Trabajar con mujeres ya
es… es horrible. […] entre ellas siempre tienen problemas, y si no siempre
están con problemas… tienen problemas familiares, son más problemáticas… el
tema de los hijos. Influyen montones de cosas […] hay algunas que tienen
problemas de verdad y otras que son terrajas perdidas, no hay con que
arreglarlas (risa).” Entrevistado/a 16 (policía).
Esto puede relacionarse con lo desarrollado anteriormente con respecto a la triple
discriminación que sufren las mujeres. Se las cuestiona por ser mujeres, por no haber
cumplido con sus roles asignados por la sociedad (cuidar a sus parejas y/o hijos/as); por
encontrarse privadas de liberta; y por formar parte de la población excluida y marginada.
Asimismo, las funcionarias penitenciarias parten de un cierto estereotipo de género, más
asociado a la corriente mainstream que explica Vigna (2008), en donde la mujer
delincuente es considerada como masculinizada y pasiva, no reconocen sus niveles de
agencia.
Algunas de las entrevistadas expresan no haber tenido preparación para desempeñar
el cargo que ocupan. En los casos en los que la ha habido, esta ha sido escasa, de corta
duración (desde un mes generalmente, a un año en ciertas ocasiones).
“[…] Agente de segunda (cargo que ocupa). [...]: ¿qué formación tuve? Un mes
de tanda… En la Escuela del COMCAR.” Entrevistado/a 20 (policía).
Asimismo, muchas plantean que han trabajado anteriormente en otras cárceles.
Cuando se les pregunta si tuvieron alguna formación específica para el cambio de una
cárcel a otra (de una de hombres a una de mujeres), todas concuerdan en que no. Por otra
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parte, ciertas entrevistadas manifiestan que están ocupando cargos que por su grado o por
su especialización no les corresponde.
“[…] Yo desde que ingresé… creo que tengo como 5 años trabajando en el área
jurídica ya, si bien o sea... mi grado no correspondería para el cargo, visto
que… el grado que tiene que ocupar el cargo este vendría a ser un Comisario,
pero acá no hay Comisario, entonces… se ha desvirtuado… para en todos lados,
no solo acá. […]” Entrevistado/a 18 (policía).
Uno de los aspectos a problematizar sobre la reforma, es la capacitación que
recibieron las operadoras al ingresar. Teniendo en cuenta que ingresaban a un mundo que
durante décadas estuvo dominado por la policía, no se las capacitó adecuadamente, y no
solo no tenían referentes de cómo debían realizar su trabajo, sino que además se
encontraron con resistencias por parte de la policía. Asimismo, no tenían una formación
sólida que las ayudara a enfrentar esa situación. En los primeros llamados de
operadores/as, el requisito básico era tener primaria completa. Cabe destacar que en estos
años se ha intentado mejorar este aspecto, por ejemplo el requisito mínimo ascendió a ciclo
básico completo20 y se está formando una Escuela para capacitar a las y los operadores
penitenciarios que van a ingresar.21
“[…] Nosotros particularmente que fuimos la primera camada, tuvimos la
formación te diría que media en el aire. En realidad esto… teníamos que entrar
o entrar. Se nos dio un poquito de psicología… un poquito de todo… de lo que
podía ser una cárcel y no… pero en realidad creo que están mejor preparados
los que entraron después. Porque había una Escuela específica, y había gente
que ya hacía dos años que estaba, no? Entonces pudieron tomar un formato y
tener una Escuela. Nosotros… la Escuela nuestra era una Barraca en Punta de
Rieles. Y bueno… salió ahí como se pudo.” Entrevistado/a 15 (operador/a).
Tanto por parte del personal policial como del civil, existe una sobrevaloración de
la práctica, es decir, de lo que se aprende en la cotidianeidad de la cárcel, en el ejercicio de
la práctica. Existe una idea de que se forman trabajando dentro de la cárcel,
menospreciando así la formación previa.
“A: ¿Ha tenido alguna formación para desempeñar dicho cargo? De ser así,
¿Cuál? B13: No… lo que se aprende día a día, después voy aprendiendo con los
compañeros que ya estaban trabajando en el área, me fui desenvolviendo así.”
Entrevistado/a 13 (operador/a).
20 Datos obtenidos de comparar llamados anteriores y actuales. Y de las propias entrevistas realizadas. 21 Información recabada de las entrevistas.
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Esto se asocia con uno de los resultados encontrados por Vigna (2016) retomando a
Gilbert (1997) y Taets-Silva (2012), con respecto a la jerarquización de la práctica sobre la
teoría,
“La idea de que para dominar el trabajo penitenciario es necesaria – más que la
formación teórica – la experiencia de trabajo dentro de la prisión, está
ampliamente difundida al interior del sistema. Así, los nuevos funcionarios son
socializados por sus colegas con más experiencia en los procesos, valores y
actitudes hegemónicas de funcionamiento de la “organización informal”, más
allá de que “legalmente” está estipulado por la “organización formal” […]”
(Gilbert, (1997); Taets-Silva, (2012) apud: Vigna, A.; 2016:11-12)
Lo cual profundiza aún más el poder discrecional de dichas funcionarias, ya que por
un lado, son necesarias para la ejecución de las políticas, y al mismo tiempo, no pueden ser
controladas porque ellas son las que poseen el saber práctico.
-Concepciones de ambas funcionarias con respecto al encierro y a las mujeres
privadas de libertad:
Con respecto a la visión que tienen las funcionarias entrevistados acerca del
encierro, se pueden encontrar diversas respuestas. Por un lado, están quienes conciben que
no es la mejor medida, y por el otro, quienes sostienen que para la mayoría de las
situaciones sí. Dentro del primer grupo, se pueden distinguir a su vez en dos. Quienes
argumentan que no sirve porque no es una medida adecuada para trabajar con el sujeto, y
quienes manifiestan que no porque en la cárcel están mejor que afuera, ya que el Estado les
“brinda todo”.
Sin embargo, no todas las personas entrevistadas visualizan medidas alternativas,
una pequeña parte de ellas, en su mayoría operadoras, coinciden en que sería posible
aplicar las penas sustitutivas para los delitos leves. De esta forma, un gran número de las
entrevistadas manifiestan estar de acuerdo con la forma de relacionamiento que tienen las
mujeres privadas de libertad con el exterior (a través de las visitas y las llamadas
telefónicas), ya que sostienen que lo único que tienen privado es deambular libremente.
Las operadoras civiles y policías entrevistadas no parten de una visión de inserción
comunitaria.
“[…] No, no me parece que tengan que estar encerradas. […] no tiene sentido…
porque no se logra nada solo por el encierro, no? Ahora si se hace otro trabajo a
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raíz del encierro, sí, obviamente que se puede lograr algo. Pero el encierro solo
no sirve para nada.” Entrevistado/a 4 (operador/a).
Mientras que una policía sostiene:
“(Silencio) Mira, si yo te digo mi punto de vista personal, a ciertas personas
habría que matarlas. Ya de una. […] una pena que estén encerrados acá, no.
Porque salen y vuelven a cometer la pena, para ta… date cuenta… tienen luz
gratis, agua gratis, comida gratis, por eso el alto índice de reincidencia. […] Yo
no le veo sentido a que estén encerradas. Sinceramente… porque están
cumpliendo una pena así… durmiendo, que el Estado le da todo… porque
siguen reincidiendo en lo mismo… y siguen viniendo para acá… estamos en la
misma. […] porque están mejor acá que afuera.” Entrevistado/a 5 (policía).
Con respecto a cómo consideran que debería ser la movilidad de las mujeres
privadas de libertad dentro del establecimiento, se encuentran diferencias en los discursos
de ambas funcionarias. La policía manifiesta su disconformidad, ya que consideran que es
excesiva. Mientras que las operadoras expresan que debería existir una movilidad mayor,
con más libertad dentro de la institución.
“[…] a mí me parece que es medio exagerado a veces… porque si bien no son
tantas reclusas, hay muchas que muchas veces están transitando ahí sin
custodia… como que ya es algo habitual en esta cárcel. […] Lo que conlleva a
que a veces te aparezca una interna acá cualquiera y te pide información de esto
y de lo otro… cuando vos no sabes donde debería estar… porque a lo que no
viene con un operador o con un policía […] yo no sé si en realidad si lo que ella
me está diciendo es así. Es como que no me gusta mucho, pero ta, funciona así.
[…].” Entrevistado/a 18 (policía).
En contraposición, una operadora expresa:
“[…] la seguridad… siempre prioriza… pero a mí me gustaría que pudieran
circular más libremente, por una cantidad de cosas […]” Entrevistado/a 15
(operador/a).
Tanto policías como operadoras parten de una visión individualizadora del sujeto,
de responsabilización individual. Algunas se colocan del lado de la “víctima”, de quien
recibió el delito, y sostienen que las internas deben pagar su deuda con la sociedad. Surge
así la idea de castigo, del sufrimiento y escarmiento como herramienta. En estos casos, el
trabajo es considerado como sinónimo de castigo, (visión mayoritaria dentro de la policía)
como forma de pagarle a la sociedad lo que esta invierte en ellos.
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“[…] el ocio es muy malo también, ¿no?. […] habría que obligarlos de alguna
manera… o sea, no trabajo forzado… pero sí hacerlos trabajar, o sea sacarlos…
no sé, no se me ocurre nada, pero tampoco quiero parecer un torturador… pero
no se… llevarlos a hacer rieles o alguna cosas de esas, viste? […] están ahí…
consumiendo recursos al Estado, porque si bien están recluidos acá, las cosas no
caen del cielo, salen de los impuestos de la gente, y no hay retribución […] para
evitar el ocio, obligarlos a hacer algo.” Entrevistado/a 18 (policía).
Por otra parte, se encuentran quienes perciben al trabajo como un beneficio al que
acceden aquellos que han logrado un determinado comportamiento (visión predominante
dentro de las operadoras).
“Entonces, la manera de que ellas dejen el ocio, los hábitos de no hacer nada, es
proponiéndoles tareas y que ellas la cumplan y con esa tarea bueno… el
beneficio… el premio sea tener algo.” Entrevistado/a 9 (operador/a).
Ninguna de las personas entrevistadas visualiza al trabajo y al estudio como un
derecho. Por parte de la institución tampoco se sostiene esa visión, ya que uno de los
castigos a las mujeres sancionadas es el cese de las actividades.22
Se puede identificar una clasificación de las mujeres privadas de libertad en dos
grandes grupos. Por un lado, estarían “las buenas”, “las tranquilas”, las que han ingresado
por un motivo “excepcional”. Y por el otro, “las malas”, “las tumberas”, y “las
delincuentes”. El primer grupo estaría formado por las mujeres privadas de libertad que
son consideradas por parte de policías y operadoras como más disciplinadas, respetuosas
con ambas funcionarias, y que mantienen un relacionamiento más cercano con las
operadoras penitenciarias. El segundo, estaría conformado por “las viejas presas23”,
quienes sostienen un relacionamiento más cercano con la policía.
“[…] Y según qué tipo de interna también, ¿no? Porque tenemos de todos los
perfiles acá. Acá hay de esa gente que ya está en ese ambiente, y gente que
nunca estuvo en un ambiente delictivo. Según, por eso, la persona. […] Y el que
está en ese ambiente, es una casa más para ellos. El que no bueno, se tiene que
acostumbrar a lo que es la cárcel. […].” Entrevistado/a 11 (operador/a).
22 Información obtenida de las entrevistas. 23 Término utilizado tanto por las funcionarias penitenciarias como las mujeres privadas de libertad para
referirse a las mujeres que hace varios años se encuentran privadas de libertad o que estuvieron varios años
cuando la cárcel estaba dominada únicamente por la policía y ahora regresaron. (Dato obtenido de las
entrevistas).
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En la entrevista realizada a la mujer privada de libertad, se reafirma esta distinción
entre “tranquilas” y “tumberas”. Se pone de manifiesto que por parte de las funcionarias el
trato, la visión y la forma de referirse a cada uno de estos dos grupos, es diferente.
“Obviamente yo vengo de otro origen, tengo otra formación y a mí no me
trataron como a una cualquiera más, no? […] Ellos si ven que vos sos tranquila,
que buscas lo mejor para el piso, para vos, para tus compañeras, ellos te van a
aguantar una cantidad de cosas, ahora obviamente si sos esas que vienen
tumberas, que vienen como locas, yo creo que es ahí donde ellos marcan la
diferencia. […]” Entrevistada 22 (mujer privada de libertad).
Goffman (1993) plantea que la sociedad funda las categorías de personas que
pueden ser consideradas como naturales y corrientes; y cuáles no. Surge de esta forma el
concepto de estigma.
“Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de
un atributo que lo vuelve diferente de los demás […] y lo convierte en alguien
menos apetecible – en casos extremos, en una persona casi enteramente
malvada, peligrosa o débil-. De este modo, dejamos de verlo como una persona
total y corriente para reducirlo a un ser infeccionado y menospreciado.”
(Goffman, E.; 1993:2)
Como propone Núñez (2007), se crean así ciertos “perfiles poblacionales”, se
etiqueta al otro, se lo concibe como un diferente sobre el cual hay que intervenir para
modificarlo, para normalizarlo. Es una postura determinista sobre el sujeto, se plantea un
futuro pre-fijado.
Un gran número de las personas entrevistadas coinciden en que las internas tienen
iniciativa, que plantean propuestas, y que tanto la institución como las funcionarias las
reciben de buena manera. Para poder efectivizarlas la seguridad se vuelve primordial.
Dentro de las policías entrevistadas, principalmente quienes trabajan en el quinto nivel,
plantean que la mayoría de las mujeres privadas de libertad no tienen iniciativa.
“(…) No, la mayoría no quiere nada. Son muy pocas […]” Entrevistado/a 19
(policía).
Ante la misma pregunta, las operadoras pueden describir más fácilmente qué
actividades tienen las mujeres privadas de libertad, mientras que las policías no. Estas
últimas expresan que no tienen, o que tienen muy poco, sin poner ejemplos; mientras que
las primeras explican detalladamente las tareas que realizan. Cabe destacar que se les
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dificulta hacer referencia a las actividades que se realizan en toda la cárcel, describen las
actividades del piso en el cual trabajan. No poseen un conocimiento global de las mismas.
Si bien actualmente las mujeres privadas de libertad pueden realizar talleres,
estudio, trabajo y recreación; muchas de las actividades identificadas por las entrevistadas
suelen ser concretas, no son proyectos, son tareas ínfimas para el proceso de reforma. Esta
descripción está basada en un estereotipo de las mujeres, se las infantiliza, expresan que se
entretienen así. No proponen actividades que desarrollen las potencialidades de los sujetos.
“[…] Sí, tienen taller de costura, de peluquería, talleres educativos, pila de cosas
tienen para hacer. […] Yo estoy en la parte laboral, acá se hacen cuadrillas, se
sale a limpiar lo que es predio, se limpia lo que es la parte interna, pintura si se
puede, todo lo que sea ese tipo de mantenimientos de la cárcel es lo que se
hace.” Entrevistado/a 13 (operador/a).
Asimismo, una policía sostiene:
“[…] Dentro de lo que es… mientras que estén tranquilas no hay problema
ninguno. Porque se les da acá… pintura, también cal, creo que hace un mes
atrás a otra interna que ahora ya se fue. Pintó toda la celda, se mantuvo
entretenida todo el santo día… no grito… nada. Mientras que están tranquilas…
o se les da una hoja para escribir, lapiceras y eso… no tienen inconveniente.
Hay ratos que ellas están escribiendo o están leyendo, o duermen siesta.
Entonces ellas se entretienen así.” Entrevistado/a 6 (policía).
En la mayoría de los casos, al ser consultadas acerca del uso del uniforme, esta no
es una categoría relevante. Quienes manifiestan una postura a favor del mismo para las
funcionarias, lo hacen como forma de marcar diferencia, de saber quién es quién, como
una manera de manejar el poder dentro de la cárcel, así como también de mantener la
seguridad. Distinguir entre policía, operadora e interna. Como forma de distinción con el
otro, pero a su vez de igualación con su par. Asimismo, ciertas operadoras entrevistadas
manifiestan que para su trabajo, es necesario poder diferenciarse de la policía, para que las
mujeres privadas de libertad confíen en ellas. Sin embargo, en los niveles de máxima
seguridad, sucede lo contrario.
“[…] por ahora el tema del uniforme… está bien que sea así. Mismo por ellas
mismas, no? Porque ellas dicen que de repente te tienen más confianza a vos, te
respetan más a vos que sos operador que al policía. O pasa al revés también, a
veces saben que como nosotros… en los peores pisos te pasa eso, como saben
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que vos no podes hacer nada, vos haces un informe, lo elevas y te vas […]”
Entrevistado/a 10 (operador/a).
Actualmente las mujeres privadas de libertad no tienen uniforme, cuando están
trabajando en predio utilizan un chaleco flúor, como forma de identificación. Por otra
parte, una de las respuestas de una policía pone de manifiesto cómo aún persiste la
institucionalidad antigua, ese anhelo de que vuelva a ser como antes, cuando se utilizaba
un mameluco con el número de identificación del pabellón en el cual se encontraba.
“[…] Los funcionarios sí… como ves estamos de azul los policías y celeste los
operadores. Las internas no, andan de ropa particular, no tienen un uniforme.
Que estaría bueno que tuvieran un uniforme para identificar, no? Así como en el
Penal, que hubo en un tiempo, un mameluco. Ahí sí estaría bueno. Pero no, acá
andan todos […] Los que andaban afuera, tenían su numeración del pabellón en
el que estaban. Y los que estaban en los módulos sí, tenían mameluco para
identificar los que estaban adentro y los que trabajaban, que no eran muchos
pero que tenían su identificación.” Entrevistado/a 5 (policía).
En cuanto a la posibilidad de plantear su opinión y/o visión, en un principio, la
mayoría de las funcionarias coinciden en que pueden hacerlo. Sin embargo, cuando se
consulta más detalladamente, manifiestan que esta no siempre se toma en cuenta, ya que
depende de quien lo plantea y a quién, principalmente dentro de la policía. En algunos de
sus superiores aún persisten cuestiones del viejo sistema y ante una propuesta prima la
seguridad. Retomando a Paternain (2013), esto se debe al modelo de gestión que
caracteriza a la policía. En donde los que toman las decisiones son los superiores y los
subalternos las cumplen. Por su parte, las operadoras, plantean la importancia de poder
participar en las instancias de evaluación de las mujeres privadas de libertad. Debido a que
actualmente las realizan las psicólogas y trabajadoras sociales con la interna aislada, en un
contexto ficticio, y son las operadoras quienes comparten la cotidianidad con las mismas y
quienes conocen cómo se relacionan, se sienten y actúan.
“[…] No! Acá no toman en cuenta nada! […] La palabra de nosotras no vale…
es así. Las decisiones vienen de arriba y nosotros somos los que ponemos la
cara. Arriba… están sentados allá arriba, bajan órdenes, y nosotros somos los
que tenemos que… hablar con el recluso, y bueno… comernos todo lo que
venga atrás. Todo nosotros, porque ellos… es así.” Entrevistado/a 20 (policía).
En suma, en cuanto al relacionamiento entre las operadoras y policías, todas las
personas entrevistadas coinciden en que ha ido mejorando.
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“[…] En los primeros comienzos fue… fue todo nuevo ¿no? La policía estaba
rehacía a compartir esa función o esa tarea con operadores, ya sea por un tema
de celo funcional o por no darse la oportunidad de conocer primero. Pero yo
creo que hoy en día el relacionamiento ha cambiado, se ha demostrado que
todos estamos trabajando para lo mismo, estamos todos en pos de sacar el
trabajo.” Entrevistado/a 21 (policía).
Si bien se pudo apreciar en las entrevistas que, en ciertos casos, el relacionamiento
de ambas funcionarias con las mujeres privadas de libertad depende más de la personalidad
de cada una, que del rol que ocupan; a grandes rasgos, las operadoras tienen un vínculo
más cercano con las internas que la policía.
“[…] Vuelvo a lo mismo, es un uniforme, hay buenos tratos entre operadores y
operadores, y malos tratos entre los operadores, y lo mismo la policía. Somos
todas personas. Vuelvo a lo mismo, para mí el uniforme no me hace la
diferencia. Somos todos personas y tenemos buen trato o no.” Entrevistado/a 13
(operador/a).
Mientras que una policía resalta:
“[…] Y son… son dos tipos… hoy en día son dos tipos de funcionarios, está el
operador penitenciario y está el policía. La relación con el operador
penitenciario es diferente a la de nosotros, porque… ellos están para evacuar
todo lo que es solicitudes de las internas… el tema de rehabilitación, todo. El
trabajo del policía, hoy en día, acá en la cárcel, es tema de seguridad.
Entonces,… en un 90%, el relacionamiento con la policía no es bueno. Es
regular, porque estamos para la seguridad. No todos, pero… el 90% es regular,
por el tema de que estamos por la seguridad.” Entrevistado/a 1 (policía).
Esta distinción podría estar condicionada por la función que la institucionalidad
propone para cada una.
6.3. Marchas y contramarchas en la reforma
En esta parte se intenta responder el último objetivo específico.
A lo largo de la investigación se pueden visualizar determinadas acciones y
discursos que dan cuenta de ciertas marchas y contramarchas de la reforma penitenciaria.
Una de las contramarchas encontradas, es la distancia existente entre la
normatividad y la realidad, la institucionalidad existente. Si bien las normas
internacionales y la reforma penitenciaria apuntan a una humanización del sistema
carcelario y a la rehabilitación de las personas, como fue planteado anteriormente; en la
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práctica esto se ve dificultado por el régimen antiguo, por la institucionalidad de la policía.
En reiteradas ocasiones prima la seguridad sobre la rehabilitación. Es así que existe poca
receptividad ante el cambio. La mayoría de las entrevistadas coinciden en que la seguridad
no está a la orden del tratamiento, sino que es al revés, las actividades y proyectos que se
quieran realizar, antes deben estar aprobados desde el punto de vista de la seguridad.24 Esto
es una traba para la rehabilitación y genera un desgaste tanto en las operadoras como en las
mujeres privadas de libertad, perjudicando la realización de proyectos.
“[…] Sí, hay algunas que proponen actividades, el tema es que como te digo…
yo entiendo que el INR se va a basar en lo que puede ser la rehabilitación de la
persona, pero todavía en la cárcel primero está la seguridad, entonces eso es lo
que tranca. En vez de estar la seguridad a la orden del tratamiento, es al revés.
Entonces vos todas las iniciativas que tengas, que pueden ser buenísimas,
primero viene la seguridad, entonces te tranca. Te cansas de remar, remar y
remar.” Entrevistado/a 15(operador/a)
Sin embargo, si estos se realizan sin una presentación formal, se pueden llevar a
cabo ya que las autoridades de la institución no están al tanto de lo que sucede
cotidianamente.
“[…] A veces uno el tema de la seguridad no lo entiende, vos trabajas todo el
día con ellos y decís… yo saco a diez del quinto nivel y nunca pasa nada… y te
dicen ‘ah no, pero yo no estaba enterada de que vos la sacabas sola’, y salen
todos los días… ¿con quién salen? (risa). Pero, el tema es que cuando ya haces
un proyecto te piden muchos requisitos y a veces te tranca un poco. De repente
si vos lo haces, y no presentas ningún proyecto, pero lo estás haciendo, como
que no se ve, como que queda más tapado. Pero sí… el tema de los proyectos,
lo que a veces tranca es el tema de la seguridad […]” Entrevistado/a 10
(operador/a).
Esto se puede relacionar con el concepto de “burócratas de nivel de calle” que
explica Vigna (2016). Debido a que las funcionarias penitenciarias poseen un cierto poder
informal, son las encargadas de gestionar los recursos y la información cotidianamente. De
esta forma, los altos cargos no logran sostener un control adecuado de las mismas.
“Así, cuando se trata de los burócratas de la línea de frente, el nivel de
discrecionalidad en el modo en que ellos acaban, en última instancia, ejecutando
las políticas públicas, es todavía mayor que el de otros tipos de funcionarios. En
24 Cabe destacar que el concepto de seguridad que plantean las entrevistadas está centrado en la represión, a
lo punitivo, delictivo y policial.
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este sentido, los miembros de la línea de frente de las organizaciones
burocráticas tienen un gran poder informal, ya que controlan información y
recursos claves para el funcionamiento cotidiano de las instituciones, y que sus
superiores no consiguen controlar directamente.” (Vigna, A.; 2016:8)
Si se analiza el momento en el que las operadoras ingresaron a las instituciones
penitenciarias, la mayoría de las entrevistadas relatan que al principio hubo grandes
dificultades, porque la policía era reacia al ingreso de ellas, sentían que les iban a quitar su
lugar, y que venían a quebrar su sistema, a romper con lo que durante años era de
determinada manera. Una de las policías entrevistadas expresa que antes de que las
operadoras ingresaran, la policía manifestaba que no querían trabajar más en cárceles,
estaban cansadas de trabajar allí. Pero cuando ingresa el personal civil, la policía no quería
abandonar su trabajo, perder su lugar. Por lo cual, las primeras operadoras que ingresaron
(en el año 2011), no recibieron apoyo por parte de la policía, sino que por el contrario
encontraron una gran resistencia.
“[…] Entonces cuando vinieron los operadores como que quebraron ese
sistema… y la policía se sintió… porque yo me acuerdo que tenías policías que
odiaban la cárcel, que querían irse a Seccional, […] y cuando vinieron los
operadores, que supuestamente son el alivio y el relevo digamos… se ponen
celosos.” Entrevistado/a 18 (policía).
Asimismo, las mujeres privadas de libertad no conocían a las operadoras
penitenciarias, no sabían cuál iba a ser su rol, el por qué y el para qué de su ingreso.
Muchas de ellas se resistían a la figura de la operadora, y preferían seguir manteniendo el
contacto con la policía. Para las nuevas generaciones de operadoras ese choque no es tan
significativo, en primer término porque hay otras que están trabajando allí, y en segundo
lugar, porque tanto la policía como las internas se han ido adaptando a esa nueva figura.
“[…] Si, fue todo aparte de con ellas (mujeres privadas de libertad), como un
choque, porque ellas no sabían a qué veníamos nosotros, también con la policía,
¿no?. Que ellos decían que nosotros veníamos a sacarles el trabajo a ellos. […]”
Entrevistado/a 11 (operador/a)
Un gran número de las personas entrevistadas destaca como un punto de inflexión
el ingreso de las operadoras penitenciarias a la cárcel. Sostienen que las condiciones de las
mujeres privadas de libertad han cambiado, tienen más oportunidades de realizar
actividades y con las operadoras, se sienten más escuchadas, más contenidas; las muertes y
los índices de violencia han bajado.
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“[…] Y hoy en día, como te dije hace un rato, ya todo cambió, hoy ellas tienen
más movilidad. Date cuenta que tienen acceso a estudio, a áreas de trabajo, a
talleres de yoga, de música, cantidad de cosas que en la antigüedad…
pongámosle 15 años atrás… no podían acceder. O sea, caían recluidas acá, se le
asignaba un sector y el único movimiento que tenían era cuando iba a patio o
dentro del sector… más nada. Pero ahora todo cambió.” Entrevistado/a 21
(policía)
Una frase que pone de manifiesto cómo ha ido cambiando la cárcel, es la expresada
por una operadora: “(…) hubo un tiempo que… cuando la cárcel era cárcel, cárcel (…)”
Entrevistado/a 10 (operador/a). Esa concepción de “cuando la cárcel era cárcel”, refleja el
carácter cerrado de la misma, de aislación, control, disciplinamiento, de institución total
que prima en la institucionalidad policial. Haciendo referencia a Goffman (2001) una
institución total supone:
“[…] un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en
igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo,
comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente.”
(Goffman, E.; 2001:13)
Dicho autor realiza una clasificación de las instituciones totales, en donde destaca
que la particularidad de la cárcel es que se organiza no para perseguir el bienestar
inmediato de las personas privadas de libertad, sino para proteger de estos a la sociedad.
(Goffman, E.; 2001).
Son instituciones en las cuales todos los aspectos de la vida se desarrollan en un
mismo lugar, bajo la misma autoridad única, con la compañía de un gran número de otros,
las actividades están estrictamente programadas y están orientadas al logro de los objetivos
propios de la institución. El foco no está puesto en los sujetos que se encuentran privados
de libertad, sino en proteger a la sociedad de estos. (Goffman, E.; 2001)
Otro de los planteos que realizan, tanto policías como operadoras, es la falta de
personal para poder desarrollar sus tareas. Esto genera que muchas veces sean ellas las que
decidan no realizar determinadas actividades para las mujeres privadas de libertad, por
falta de personal. Algunas de las policías entrevistadas coincidían en que preferían que las
mismas pasen todo el día en sus celdas, ya que si hay mucha circulación no pueden
tenerlas controladas. Esto es una contramarcha dentro de la reforma, es decir, la falta de
recursos humanos imposibilita el cumplimiento de los objetivos que se proponen, tales
como la recreación, la educación y el trabajo.
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“[…] No, el tema es que acá lo que se necesitaría más es personal, de los dos
lados, tanto operadores como policías. Así los policías salgamos de lo que es la
interna, se necesitaría, porque cuando hay custodia, internaciones… muchas
veces tenés internaciones de 4 reclusas y son 2 policías para cada reclusa,
imagínate. Y nosotros cubriendo piso y a la vez tener que ir a cubrir una
custodia. Se nos hace difícil. Muchas veces queda una sola policía, en un lugar
donde hay 40, 50 personas. Y no es que no quieras trabajar, no los podes
atender. Porque están enfermas 2 o 3, ¿y cómo haces vos sola para abrir la reja y
atender y que entra la comida y sale la comida y que la leche… llevarla a
jurídica o a reclusión, y ese tipo de cosas? Imposible. […]” Entrevistado/a 17
(policía).
Cabe destacar que en algunos sectores de la cárcel aún siguen existiendo ciertas
resistencias por parte de la policía, principalmente en el tercer, cuarto y quinto nivel, ya
que estos están bajo el dominio del personal policial. En su gran mayoría, estas
funcionarias, pueden ser consideradas como una dificultad para el cambio, ya que en
ciertas ocasiones las operadoras se acoplan más a su pensamiento, actúan como pretende la
policía, para evitar conflictos, para evitar el choque. Lo cual no favorece al proyecto de
reforma penitenciaria. Los aspectos normativos no pueden llevarse a cabo efectivamente
debido a la institucionalidad tradicional existente, a la vieja institución carcelaria, basada
en el policiamiento. En el quinto nivel habían colocado a una operadora para que trabajara
junto con las mujeres privadas de libertad. Esta comienza a visualizar maltrato por parte de
la policía y denuncia la situación. Ante esto, la solución tomada fue trasladar a la
operadora de ese sector, para otro. Quedando nuevamente el quinto nivel en manos de la
policía. La presión que esta ejerce, es un claro ejemplo de las contramarchas que se están
generando en el proceso de reforma, en donde la institucionalidad arcaica de la policía
predomina sobre la actual, limitando en ocasiones el accionar del personal civil. Estas
situaciones generan que las operadoras cuiden su lugar, que no se arriesguen, y que se
adapten a ese sistema, en vez de buscar continuamente su transformación.
Un gran número de las operadoras entrevistadas manifiestan que es una dificultad
para ellas cuando tienen que acceder a esos niveles, más aún en el cuarto y en el quinto.
Las policías que están allí no solo no colaboran en el proceso de reforma, sino que además
se resisten, se oponen a que determinadas internas salgan de sus celdas. Este discurso se
corresponde con lo observado al momento de realizar entrevistas en el quinto nivel, el
personal policial que estaba allí no abrió las rejas, imposibilitando la realización de esas
43
entrevistas. En otra oportunidad, se concurrió con una operadora que tiene mejor
relacionamiento con la policía, y fue posible realizar las mismas. De esta forma, se pudo
constatar una clara diferenciación entre las policías que se encuentran en el quinto nivel y
en el resto del establecimiento. Ante las mismas preguntas, respondían con una visión más
antigua, basada en la seguridad, en la represión, en el castigo. Como se mencionaba
anteriormente haciendo referencia a Wacquant (2010), parten de una explicación
individual del delito, responsabilizando al sujeto y no a la sociedad. Es por este motivo que
pretenden modificar, moldear, normalizar a la mujer privada de libertad, y no transformar
las bases del problema, no proponen atacar a las causas de la misma, las desigualdades
estructurales.
Eso puede ser identificado como una contramarcha, ya que las mujeres que se
encuentran encerradas gran parte del día y en contacto principalmente con la policía, son
justamente quienes están en una etapa menos avanzada en el proceso de progresividad.
Muchas de las policías entrevistadas en ese piso, expresaron un cierto anhelo por la vuelta
del anterior funcionamiento de las cárceles, ya que la circulación era inexistente o menor, y
por lo tanto podían tener un mayor control sobre las internas. Otras, sostenían que iban a
cumplir sus doce horas, manifestado su descontento con trabajar allí y su no
involucramiento con el proyecto.
“[…] Quisiera volver a Cabildo, porque era más chico, y tenías más control de
las presas. Acá no tenés control ninguno, porque andan para aquí y para allá y
tenés que andar para aquí y para allá. En Cabildo era más chico y tenías más
controladas a las presas, acá no. […] Pero en sí, era más chico, porque era un
edificio chico y las tenías más vigiladas. Y había muchísimo menos internas.
[…]” Entrevistado/a 5 (policía).
Este anhelo por el pasado puede relacionarse con lo que expone Dubet (2006)
acerca del declive del programa institucional. En donde se pierde la concepción de la
sociedad integrada, de las explicaciones universales. Un gran número de las policías
entrevistadas manifiestan ese anhelo por la autoridad sagrada, incuestionable. Con los
cambios suscitados en estos últimos tiempos, esa idea de autoridad se deslegitima, y
cuestiones que antes eran aceptables dejan de serlo, como el castigo, la represión y el
disciplinamiento. De esta forma, la policía pierde el poder absoluto que poseía frente a las
mujeres privadas de libertad, se debilita el uso de la violencia institucional.
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Ante las mismas preguntas, las policías respondían de forma más acotada, sin
desarrollar las explicaciones. Mientras que un gran número de las operadoras, lograban un
mayor desarrollo. A modo de ejemplo, el tiempo que duraron las entrevistas en uno y otro
caso fue sustancialmente diferente (teniendo en cuenta que se realizaban las mismas
preguntas tanto para policías como para operadoras).
Otro aspecto a considerar, es cómo se dirigen hacia las mujeres privadas de
libertad, cómo las nombran. La mayoría de las operadoras hacen referencia a ellas como
“internas”, en cambio algunas policías utilizaban términos como “presas” y/o “reclusas”, y
adjetivos como “pichis” y/o “terrajas”. Asimismo, cuando se les pregunta cuál es la tarea
que realizan en la Unidad N° 5, algunas policías responden “llave”, haciendo referencia al
abrir y cerrar rejas. Esto se refleja también en cómo es el trato con las mujeres, ciertas
policías manifiestan que se dirigen hacia ellas de “usted”, para marcar distancia, expresan
que no pueden tener contacto con ellas. En términos de Dubet (2006), se pretende una
relación vertical, objetiva:
“En mi caso,… usted. Alguna que pueda ser presa vieja que nos tratemos de tú
o vos. Pero sino de usted. Usted para acá, usted para allá. Y te mantenés firme,
porque donde te tuerzas ya te agarraron. … Siempre firme, al menos en mi caso.
Los demás casos no sé.” Entrevistado/a 5 (policía)
En cuanto a las tareas que desempeña, expresa:
“[…] Llave. Porque de Psicóloga no, porque no… te dejan muy mal la cabeza
[…]” Entrevistado/a 5 (policía).
Al analizar la visión que tienen las entrevistadas sobre las mujeres privadas de
libertad y sobre el encierro, se puede identificar que algunas de estas no visualiza una
posibilidad al cambio, plantean que la mayoría reincide, no cambia; expresan que la
rehabilitación no es posible. Si bien la explicación que dan para ello, varía; dentro de la
policía predomina la visión de que en la cárcel están mejor que afuera, y es por ese motivo
que regresan. Esto es una resistencia en la reforma, ya que si se parte de que el otro no
cambia, no se da lugar a la posibilidad, a otra realidad.
“[…] Hay gente que de repente se equivoca y puede tener una oportunidad, pero
la mayoría no. Hay presas que van y vienen, salen dos meses están, y vuelven
devuelta. Es esa la vida […]” Entrevistado/a 19 (policía).
Un gran número de las policías entrevistadas (principalmente del cuarto y quinto
nivel) manifiestan su disconformidad con la rehabilitación, ya que para ellas esta
predomina frente a la seguridad. Visualizan al sistema como flexible, permisivo, que
45
habilita una cierta circulación por la institución. Asimismo, expresan su disconformidad
con el no cumplimiento de las normas, o con el cambio de las mismas.
“[…] Y a veces más que nada la parte de seguridad […] y algunas cosas que son
muy particulares que pasan a veces que […] por ejemplo, si un jerarca, o el que
sea, un director, o alguien acá da una orden, no puede ser que… eso lo vi
solamente acá, ¿no?... no puede ser que si la interna se corta o algo, o empieza a
generar disturbios, al final termine el jerarca revocando la orden… lo veo mal
[…]” Entrevistado/a 18 (policía).
Un aspecto que no se puede perder de vista es el de las sancionadas. El hecho de
que exista un sector de castigo, va en contra de la reforma. Se observa una contradicción
entre la voluntad del respeto a los derechos humanos y el cese de las actividades educativas
y/o recreativas. Se encuentran encerradas veintitrés horas del día, salen únicamente al
patio.25
“[…] Es un lugar de castigo (el quinto nivel), que están encerradas, 23 horas de
24 horas, se les da agua caliente, no sé si dos veces al día, es un tema de
encierro que bueno ta, no va con el tratamiento. No encaja, no encaja porque
vos tenés a una persona encerrada… es como decirte vas en penitencia y te
pones ahí en el rincón. Yo al menos… no creo que logre algo, no creo que logre
algo. […]” Entrevistado/a 15 (operador/a).
En la Unidad Nº 5 se encuentran todos los niveles de progresividad en el mismo
edificio. Algunas de las personas entrevistadas sostienen que el establecimiento no es el
adecuado para que la reforma sea efectiva, debido a que es un edificio grande, que fue
pensado para ser un hospital, y por lo tanto no permite ser una Unidad de Internación.26
Algunas manifiestan que deberían ser espacios más chicos, con un menor número de
mujeres privadas de libertad, en donde la clasificación de las mismas sea posible, para
realizar un trabajo individualizado con ellas, adaptado a sus particularidades.
Por último, no se debe perder de vista que durante décadas la cárcel estuvo en
manos de la policía, por lo que persisten luchas de poder por quién domina en dichas
instituciones. La directora actual de la Unidad N° 5 es civil, por ende desde la policía han
habido resistencias, han intentado demostrar que la cárcel sin ellas no sería posible, que no
puede solo estar en manos de personas civiles. Algunas funcionarias expresaron que el
motín que se produjo en noviembre de 2015, fue generado por la policía, para dar cuenta
25 Por las limitaciones de este trabajo, no se profundiza sobre esta cuestión, pero sería pertinente retomarla. 26 Actualmente se propone el concepto de Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad.
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del poder que tienen y de lo necesarias que son. Cabe destacar que en dicho motín
ingresaron las fuerzas de choque. Este es un aspecto clave a tener en cuenta en el proceso
de reforma.
“[…] Hay cosas todavía… todavía hay cosas. Es un tema de poder, ¿no? Es un
tema de poder. Viste que ahora la Directora es civil… viste que eso trae… cola
y va a traer cola obviamente. Hasta que, obviamente paso a paso se va ganando.
Tiene para rato, yo creo que tiene para rato. […]” Entrevistado/a 15
(operador/a).
Las marchas y contramarchas son un rasgo característico del sistema penitenciario.
En donde los procesos de trabajo se interrumpen (se traslada funcionarias para otros
establecimientos y se desarman grupos de trabajo). Por la duración de la investigación,
estos procesos se pudieron visualizar, ya que algunas de las técnicas que habían sido
entrevistadas en el 2014, en el 2015 no se encontraban trabajando en la Unidad Nº 5, o
habían sido trasladadas a otro espacio de trabajo dentro de la institución.
Los procesos de cambio dependen en gran medida de la persona que los lleva a
cabo, y no solo de lo que está establecido formalmente. Existen dos lógicas que están en
disputa, en contradicción: la seguridad y la rehabilitación.
“[…] Pero es eso, lo que pasa que estamos a años luz de que sea un centro de
rehabilitación real, está como muy difícil, muy difícil. Y no sólo… mismo por
las internas, sino también te lo digo por nosotros… el tema de los funcionarios,
que a veces al trabajar tanto con la policía y esas cosas… como que te cuesta,
digamos… a veces por no ir al choque con tus compañeros, … porque quieras o
no la policía es un compañero de trabajo, … entonces, por no ir al choque… no
voy a preocuparme tanto, o no voy a hacer tanto, porque a los funcionarios que
están ahora les molesta, o porque […] Entonces, ahí empieza la rivalidad y a
veces uno deja de hacer lo que tiene que hacer, por no ir al choque con sus
compañeros. Y eso pasa todo el tiempo.” Entrevistado/a 10 (operador/a).
Se destaca así la idea de “mantenimiento del orden” que propone Vigna (2016),
retomando a Monjardet (1996).
“Sin embargo, el ‘mantenimiento del orden’ constituye un mandato
caracterizado por su vaguedad, fluidez e imprevisibilidad, y, por tanto, resulta
imposible disponer de una guía o reglamento que establezca con precisión y de
modo anticipado, cómo ejecutar el oficio (Monjardet, 1996), aumentando
todavía más el poder discrecional del funcionariado. Así, esa falta de objetivos
claros y la consiguiente inexistencia de un manual comprehensivo, se
47
constituyen como obstáculos evidentes para la evaluación del desempeño de los
funcionarios.” (Monjardet, (1996) apud: Vigna, A.; 2016:9)
Tanto policías, como operadoras y las mujeres privadas de libertad, en la
cotidianidad del establecimiento mantienen un cierto estado de tranquilidad. Las
funcionarias priorizan el hecho de tener “un día tranquilo” antes que el cumplimiento de
objetivos a largo plazo.
7. Consideraciones finales
A modo de concluir este documento, no se aspira a algo cerrado, sino a una
aproximación que pretende reflexionar sobre la temática, generar preguntas y
cuestionamientos, abrir el debate para continuar problematizando y profundizando en el
tema.
Se puede apreciar que si bien la cárcel ha ido mejorando con respecto a cuando la
misma era dominada únicamente por la policía, persisten ciertas resistencias y
contramarchas que van en contra de la reforma penitenciaria. En este sentido, actualmente
existen dos lógicas que están en disputa, en contradicción: la seguridad y la rehabilitación.
La policía mantiene cierto poder, predomina la institucionalidad tradicional; lo cual
dificulta que los aspectos normativos de la reforma puedan efectuarse. El objetivo
cotidiano y práctico de la tarea de las funcionarias actualmente es la “producción del
orden”, el predominio de la seguridad. De cierta forma las operadoras penitenciarias se han
ido adaptando a esa lógica, a ese funcionamiento de la policía. A veces para evitar
enfrentamientos, y otras veces por adhesión.
La formación que ambas funcionarias recibieron para trabajar en contexto de
encierro es escasa, sobrevaloran la práctica sobre la capacitación. Lo cual denota que tanto
las operadoras civiles como la policía, no están preparados para abordar las problemáticas
de las mujeres privadas de libertad de manera integral, predominando así la producción del
orden.
Las operadoras comparten la idea de rehabilitación que propone la reforma. Esto
refleja la concepción que tienen sobre el otro; parten desde la responsabilización
individual, de la culpabilización. En este sentido, sostienen que es necesario modificar al
sujeto y no a la sociedad.
48
Con respecto al género, las funcionarias no han recibido una fuerte capacitación en
ese sentido. Es necesario problematizar acerca del rol asignado socialmente a la mujer,
sobre lo que se espera de ella. La situación en torno a las mujeres que han cometido delitos
vinculados a niñas y niños (infanticidas) refleja dicha concepción, ya que tanto
funcionarias como el resto de las mujeres privadas de libertad, juzgan este tipo de delitos y
aíslan a dichas mujeres.27
Cabe destacar que se establece un espacio para que las mujeres puedan tener a
hijos e hijas dentro de la cárcel; no siendo así en el caso de los hombres. Esto sigue
reproduciendo las desigualdades de género, las diferencias de roles, ya que se
responsabiliza únicamente a la mujer como la encargada de la crianza de estos/as. Dentro
del sistema penitenciario la mujer es invisibilizada, solo se hace referencia a ella cuando se
habla del rol reproductivo, concepción de mujer-madre.
El traslado de “El Molino” al establecimiento de la Unidad Nº 5 es un aspecto
fundamental a tener en cuenta. Esto implica una contramarcha en el proceso de reforma, ya
que es un edificio grande que no fue creado para ser una cárcel, posee todos los niveles de
seguridad y abarca a la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad; lo cual hace que no
sea un espacio adecuado para que crezcan niñas y niños.
Se puede apreciar una cierta paradoja por parte de la institución, ya que la policía,
por un lado, es la encargada de arrestar a las personas y luego, dentro de las instituciones
penitenciarias se espera que comparta la cotidianidad con las personas privadas de libertad.
Esto de cierta forma puede incidir en el relacionamiento entre estas últimas y la policía.
La reforma ha significado un gran avance en el respeto de los derechos humanos, la
introducción de las operadoras civiles en las instituciones penitenciarias ha contribuido a
minimizar el poder absoluto que tenía la policía dentro de dichas instituciones, a reducir
los índices de violencia, los abusos, el tráfico y a tener un relacionamiento con las mujeres
privadas de libertad desde otro posicionamiento, en donde la escucha adquiere una gran
relevancia. En este sentido, las personas entrevistadas concuerdan en que el ingreso de las
operadoras ha sido un punto de inflexión en la Unidad Nº 5. Pese a ello, queda mucho por
realizar para que la misma sea un espacio donde las mujeres privadas de libertad puedan
estar dignamente, con todos sus derechos humanos respetados, y donde puedan
desarrollarse plenamente como sujetos activos, ser agentes de su propia vida. La existencia
27 Se encuentran en el sector denominado como “Bagayo”, tanto por funcionarias como por las mujeres
privadas de libertad; ubicado en el cuarto nivel.
49
del sector de castigo representa una vulneración a los derechos humanos, ya que en el
quinto nivel, están veintitrés horas del día encerradas en las celdas, saliendo únicamente a
la hora de patio.
Surge así una serie de interrogantes, ¿Se puede partir desde otra concepción del
sujeto? ¿Es posible visualizar a la cárcel como una posible oportunidad para generar algo
distinto junto con el otro? ¿Cuál es la función que se espera que cumpla la cárcel? ¿Y sus
funcionarias?
Se debería apuntar a habilitar al sujeto, más que rehabilitar. Contribuir al desarrollo
de oportunidades reales, en donde los sujetos puedan desplegar sus potencialidades. Para
ello sería pertinente desarrollar políticas de Estado, trabajando interinstitucionalmente e
interdisciplinariamente; donde las personas privadas de libertad tengan una participación
real y se haga partícipe a la sociedad en su conjunto y esta asuma su responsabilidad en la
temática. Abandonar esa concepción del otro como culpable, pasible de castigo y
estigmatización.
Sostener las bases necesarias para que las personas no visualicen al delito como la
única opción posible. A la hora del egreso de la cárcel, surge la necesidad del acceso a un
trabajo, una vivienda, salud, educación, recreación, capital social y cultural; de forma
digna. En definitiva, que las políticas penitenciarias, las funcionarias y la comunidad,
comiencen a concebir a las personas como sujetos de derechos, y no como personas que
deben cumplir una pena para pagar una deuda con la sociedad. Partir desde una perspectiva
en donde la transformación es posible, y no desde la negación; abrir una ventana al
cambio. Romper con los destinos pre-fijados, con el carácter determinista de los discursos.
En este sentido, es fundamental generar una buena política de comunicación con la
población y un debate discursivo que involucre a toda la sociedad, para que dichas
políticas puedan sostenerse, incluyendo la perspectiva de género. Superar el concepto de
seguridad reducido a la preocupación por la delincuencia. Partir desde una concepción más
amplia de seguridad, articulando los procesos de desregulación económica, la sustitución
de lazos sociales por la autonomía individual y las representaciones de vulnerabilidad
social. (Paternain, R.; 2012)
Un aspecto que resulta medular es cuestionar dichas concepciones y propuestas. Al
plantear la necesidad de superar las desigualdades sociales, de la importancia de las
políticas públicas, de cierta forma se puede estar criminalizando a la pobreza. En este
sentido, es elemental tener en cuenta que las personas que se encuentran privadas de
50
libertad son aquellas que han sido arrestadas y posteriormente encarceladas, lo cual no
implica que sean las únicas personas que cometen delitos. Existen delitos de “cuello
blanco”, que no se solucionarían con ese tipo de políticas. Tener en claro esto es sustancial
para no caer en estigmatizaciones y prejuicios. Por las propias condiciones de la
distribución desigual del poder, actualmente las cárceles de nuestro país se encuentran
superpobladas por personas pobres.
Asimismo, podría ser interesante que tanto la reforma como las funcionarias
reconocieran el concepto de desistimiento, debido a que permite la inclusión de la
comunidad, partir desde un posicionamiento activo del sujeto, no centrado en la visión
terapéutica y de normalización (como lo hace la rehabilitación). Actualmente, la primacía
de la institucionalidad tradicional dentro de las instituciones penitenciarias dificulta la
promoción de procesos de desistimiento.
Por último, se abre una serie de preguntas: ¿Ambas funcionarias, son necesarias?
¿Sería pertinente pensar en una cárcel sin policías? ¿Se puede superar la disputa existente
entre la seguridad y la rehabilitación? Dicha disputa, ¿es un rasgo característico de las
instituciones penitenciarias? Dentro del contexto de encierro, ¿se puede promover un
concepto alternativo al de seguridad reducido a lo punitivo? ¿Es posible pensar en un
Uruguay sin cárceles?
Posibles continuidades
Debido a la amplitud del tema y a la cantidad de información obtenida durante la
investigación surgen posibles continuidades del trabajo, que serían pertinentes retomarlas.
-Uno de los aspectos que plantean las entrevistadas es que existen situaciones de personas
que no deberían estar en una institución penitenciaria, sino en algún lugar especializado a
su problemática, como por ejemplo un hospital psiquiátrico o algún centro especializado en
consumo problemático de sustancias. Esta situación debería ser abordada de forma
integral.
-Asimismo, surge la inquietud de profundizar sobre la cantidad de mujeres privadas de
libertad que se encuentran medicalizadas, o que consumen pastillas por su propia cuenta,
sin un aval médico.
-Una vez que se concrete el traslado de “El Molino” al establecimiento de la Unidad Nº 5,
sería necesario estudiar este proceso.
51
-Se pudo apreciar que la religión adquiere un rol central en la cotidianidad de las mujeres
privadas de libertad. Sería oportuno problematizar acerca de esta temática, su función
normalizadora, de disciplinamiento y apaciguamiento de las mujeres.
-Por otra parte abordar el tema de los medios de comunicación resulta pertinente, ya que
estos son uno de los actores que reproducen las etiquetas, el miedo, el sentimiento de
inseguridad. No se pretende minimizar el problema del delito, sino que se busca generar
otro debate, otro tipo de explicaciones, superar las explicaciones policiales, individualistas,
de criminalización de determinados sujetos.
-Estudiar cómo se concibe al egreso de las personas privadas de libertad, cómo se
planifica, cómo se instrumenta y cómo se evalúa es primordial en el contexto de la
reforma, ya que apunta a una conexión con la comunidad.
-Abordar las teorías abolicionistas, que cuestionan la existencia de las instituciones
penitenciarias podría ser una línea interesante de investigación.
52
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55
Fuentes documentales
Ministerio del Interior (2014). “Los Caminos de la Libertad”. Montevideo,
Uruguay.
Ministerio del Interior (2013) “Buenas Prácticas en el Sistema Penitenciario:
Avances en la Protección de los Derechos Humanos 2012-2013”. Montevideo,
Uruguay.
Sitios Web
http://trabajorrhhuruguay.blogspot.com.uy/2011/09/llamado-ministerio-del-
interior-104.html
Llamado a operadores/as penitenciarios, año 2011. (Última consulta realizada:
25/10/2016)
https://www.uruguayconcursa.gub.uy/Portal/servlet/com.si.recsel.verllamado?6864
Llamado a operadores/as penitenciarios, año 2015. (Última consulta realizada:
25/10/2016)
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Investigan-todas-las-muertes-
registradas-dentro-de-carceles-323276 (Última consulta realizada: 25/10/2016)
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/39337
(Última consulta realizada: 25/10/2016)
Página oficial del Ministerio del Interior:
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/instalaciones/uippl-de-maxima-y-media-
seguridad/249 (Última consulta realizada: 25/10/2016)
56
Anexos
Anexo I. Pautas de entrevistas y reflexiones sobre su implementación
o Pauta de entrevista para funcionarios penitenciarios (policías y operadores
penitenciarios) de la Unidad Nº 5
Aspectos que se quieren visualizar:
- Formación de los funcionarios penitenciarios (policías y operadores penitenciarios)
- Visión de los funcionarios penitenciarios acerca de las internas
- Relacionamiento de los funcionarios con las internas
- Aspectos del funcionamiento del I.N.R.F. - Unidad Nº 5
Formación de los funcionarios:
- ¿Qué tarea desempeña actualmente en el I.N.R.F. – Unidad Nº 5?
- ¿Ha tenido alguna formación para desempeñar dicho cargo? De ser así, ¿Cuál?
- ¿Ha trabajado anteriormente en otra/as Cárcel/es?
- De ser así, ¿en cuáles? ¿hubo algún cambio para usted?
- ¿Tuvo algún proceso de preparación para el cambio de una Cárcel a otra?
- Para quienes trabajaron anteriormente en cárceles de hombres: ¿Qué diferencias
señalarías en el pasaje de trabajar con internos a trabajar con internas?
Visión acerca de las mujeres privadas de libertad:
- ¿Le parece importante y/o necesario que las personas sean encerradas?
- ¿Qué ventajas le ve al encierro? Y ¿Qué desventajas le ve?
- En su opinión, ¿Existe alguna alternativa al encierro que pueda ser eficaz?
- ¿Cómo es el proceso de adaptación cuando ingresa una mujer privada de libertad?
¿Cómo considera usted que debería ser?
- ¿Las internas tienen alguna comunicación con el “exterior”? ¿De qué tipo y en qué
casos? ¿Cómo considera usted que debería ser el relacionamiento con el “exterior”?
- ¿Los funcionarios y/o mujeres privadas de libertad utilizan uniforme? En caso de
que no, ¿qué ventajas y/o desventajas le ve?
Relacionamiento con las internas:
- ¿Cómo es el relacionamiento de los funcionarios penitenciarios (policías y
operadores) con las mujeres privadas de libertad?
57
Funcionamiento de la cárcel:
- ¿Qué ventajas y/o desventajas le ve al modelo del I.N.R.F.?
- ¿Las internas realizan algún tipo de actividad y/o taller?
- ¿Existe iniciativa por parte de ellas? En caso de que sí, ¿De qué tipo? ¿Cómo han
sido tomadas por parte de los funcionarios? ¿Y de la Institución?
- ¿Cómo es la circulación de las mujeres privadas de libertad dentro del I.N.R.F. –
Unidad Nº 5?
- ¿Qué ventajas y/o desventajas le ve a este tipo de circulación?
- ¿Cómo se siente usted trabajando aquí?
- ¿Considera que tiene la posibilidad de tomar decisiones y/o de plantear su
opinión/visión?
- si es policía: ¿Cómo visualiza el rol del policía dentro del I.N.R.F. – Unidad Nº 5?
¿Y el del operador penitenciario?
- si es operador penitenciario: ¿Cómo visualiza el rol del operador penitenciario
dentro del I.N.R.F. – Unidad Nº 5? ¿Y el del policía?
- ¿Qué diferencias y similitudes percibe en las tareas que cada uno desarrolla? ¿Y en
cómo estas son llevadas a cabo?
- ¿Cómo es el relacionamiento entre ambos funcionarios?
- ¿Consideras que los roles de ambos son complementarios?
- Algún comentario que quiera realizar…
o Pauta de entrevista para trabajador/a social que trabaja en cárceles
- ¿Qué tarea desempeña actualmente en esta Institución?
- ¿Ha tenido alguna formación específica para desempeñar dicho cargo (además de la
carrera de grado)? De ser así, ¿Cuál?
- ¿Ha trabajado anteriormente en otra/as Cárcel/es?
- De ser así, ¿en cuál? ¿hubo algún cambio para usted? ¿Tuvo algún proceso de
preparación para el cambio de una Cárcel a otra?
- Para quienes trabajaron anteriormente en cárceles de hombres y de mujeres: ¿Qué
diferencias señalarías en el pasaje de trabajar con internos a trabajar con internas?
- ¿Le parece importante y/o necesario que las personas sean encerradas?
- ¿Qué ventajas le ve al encierro? Y ¿Qué desventajas le ve?
58
- En su opinión, ¿Existe alguna alternativa al encierro que pueda ser eficaz?
- ¿Qué ventajas y/o desventajas le ve al modelo del I.N.R.?
- ¿Cómo se siente usted trabajando aquí?
- ¿Cuál es su rol como Trabajador/a Social dentro de dicha Institución?
- ¿Cómo visualiza a dicha profesión con respecto a esta temática?
- En su opinión, ¿la formación de la carrera de grado de Trabajo Social, es suficiente
a la hora de desempeñarse como Trabajador/a Social dentro de las Instituciones
Penitenciarias?
- ¿Qué dilemas se le plantean en su ejercicio profesional dentro de la Institución? ¿Y
en el relacionamiento con los/as internos/as?
- ¿Considera que tiene la posibilidad de tomar decisiones y/o de plantear su
opinión/visión?
- En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la inserción de los trabajadores sociales
en dichas Instituciones? ¿Qué aspectos deben fomentarse?
- ¿Cómo visualiza el rol del policía y del operador penitenciario dentro de las
instituciones penitenciarias?
- ¿Qué diferencias y similitudes percibe en las tareas que cada uno desarrolla? ¿Y en
cómo estas son llevadas a cabo?
- ¿Cómo es el relacionamiento entre ambos funcionarios? ¿Y de estos con las
mujeres privadas de libertad?
- ¿Considera que los roles de ambos son complementarios?
- Algún comentario que quiera realizar…
o Pauta de entrevista para informantes calificados
Aspectos más teóricos:
- ¿Cómo visualiza actualmente a Uruguay, en materia de criminalidad e inseguridad?
- ¿Cómo analiza las acciones que los gobiernos del Frente Amplio han llevado a
cabo con respecto a la temática?
- Según las investigaciones que ha realizado acerca del Centro Nacional de
Rehabilitación (C.N.R.), ¿cómo analiza el programa de rehabilitación que proponía
el C.N.R.?
59
¿Encuentra alguna semejanza con lo que propone el Instituto Nacional de
Rehabilitación (I.N.R.) actualmente?
¿Qué fortalezas y debilidades identifica en cada uno de los proyectos – CNR e
INR-?
Cambiando de tema:
- ¿Cómo explicaría el concepto de desistimiento? ¿Por qué no hablar de
rehabilitación?
Cuestiones más vinculadas al funcionamiento de la Cárcel:
- ¿Le parece importante y/o necesario que las personas sean encerradas?
- ¿Qué ventajas le ve al encierro? Y ¿Qué desventajas le ve?
- En su opinión, ¿Existe alguna alternativa al encierro que pueda ser eficaz? ¿Cuál?
¿Cómo sería?
- ¿Cómo considera que debería ser el proceso de adaptación cuando ingresa una
mujer privada de libertad?
- ¿Cómo considera que debería ser el relacionamiento de las internas con el
“exterior”?
- ¿Cómo visualiza el rol del policía y del operador penitenciario dentro de las
instituciones penitenciarias actualmente en Uruguay?
- ¿Qué diferencias y similitudes percibe en las tareas que cada uno de los
funcionarios desarrolla? ¿Y en cómo estas son llevadas a cabo?
- ¿Cómo visualiza el relacionamiento entre ambos funcionarios? ¿Y de estos con las
mujeres privadas de libertad?
- ¿Considera que los roles de ambos funcionarios son complementarios?
- En su opinión, actualmente en Uruguay, ¿Es posible pensar en una cárcel sin
policías? (por ejemplo, al estilo que proponía el CNR –policías solo en el
perímetro- adentro solo civiles).
- Algún comentario que quiera realizar…
60
Tabla de las personas entrevistadas:
ROL/PROFESIÓN FECHA REALIZADA
LA ENTREVISTA
Entrevistado/a 1 POLICÍA 2014
Entrevistado/a 2 TÉCNICO/A 2014
Entrevistado/a 3 TÉCNICO/A 2014
Entrevistado/a 4 OPERADOR/A 2014
Entrevistado/a 5 POLICÍA 2014
Entrevistado/a 6 POLICÍA 2014
Entrevistado/a 7 INFORMANTE
CALIFICADO
2015
Entrevistado/a 8 TRABAJADOR/A SOCIAL 2015
Entrevistado/a 9 OPERADOR/A 2015
Entrevistado/a 10 OPERADOR/A 2015
Entrevistado/a 11 OPERADOR/A 2015
Entrevistado/a 12 TRABAJADOR/A SOCIAL 2015
Entrevistado/a 13 OPERADOR/A 2015
Entrevistado/a 14 TÉCNICO/A 2015
Entrevistado/a 15 OPERADOR/A 2015
Entrevistado/a 16 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 17 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 18 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 19 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 20 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 21 POLICÍA 2015
Entrevistado/a 22 MUJER PRIVADA DE
LIBERTAD
2015
Entrevistado/a 23 PSICÓLOGO/A 2015
Entrevistado/a 24 INFORMANTE
CALIFICADO
2016
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Reflexiones sobre la implementación
En primer lugar quisiera destacar la apertura que tuvo la institución para permitir la
realización de la investigación. La misma fue presentada previamente en la Junta de
Tratamiento. Asimismo, se brindó un espacio adecuado para la realización de las
entrevistas. Las mismas se desarrollaron en los escritorios de algunos de las y los
entrevistados o en salones que se encontraban vacíos. Por lo cual se pudo realizar de
manera individual.
Por otra parte cabe destacar que las y los funcionarios no se encontraban muy afín a
ser entrevistados. Más aún en el caso de las y los operadores.
A su vez, la mayoría de las personas entrevistadas no presentaron resistencias para
ser grabados, solo dos profesionales manifestaron que no querían. Por lo cual esas dos
entrevistas fueron escritas a mano una vez finalizadas las mismas. En el caso de las
entrevistas grabadas, en algunos momentos, las y los entrevistados antes de realizar
algunos comentarios consultaban nuevamente con que fines iba a ser utilizado el mismo.
Finalmente, cabe destacar que una de las personas entrevistadas al finalizar la entrevista,
cuando se apagó el grabador, expresó “bueno ahora te voy a decir toda la verdad”,
manteniendo una conversación extendida con esa persona. Al igual que en caso anterior,
las anotaciones fueron realizadas una vez finalizada la conversación.
Estos aspectos pueden ser analizados, ya que de cierta forma permite visualizar
ciertos rasgos característicos de las instituciones penitenciarias. Se muestra miedo a la
represión, al castigo, a la autoridad. Una forma de cuidar su posición, el cargo.
62
Anexo II. Documentos institucionales
o Instituto Nacional de Rehabilitación
El INR surge por la Ley de Presupuesto Nacional Nº 18.719, el 27 de diciembre de
2010. Este pretende ser un Sistema Penitenciario Nacional, sustituyendo así a la Dirección
Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación (DNCPyCR).
El INR tiene como ejes:
“La construcción de un Sistema Nacional Penitenciario (SNP) a través de la unificación en
el INR de todas las Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad (UIPPL)
del país.
La integración de personal civil especializado, formado y capacitado para la gestión de las
UIPPL.
La mejora y dignificación de las condiciones de habitabilidad y el aumento de plazas de
alojamiento de las PPL.
El fortalecimiento de los programas de tratamiento para la población privada de libertad,
en especial aquellos dirigidos hacía la nivelación educativa y la mejora del perfil de
empleabilidad, la inclusión sociolaboral, las actividades deportivas, culturales y
recreativas.
El desarrollo de instrumentos de clasificación y diagnóstico de la población, y la
generación de propuestas de intervención individuales ajustadas a cada PPL.
El desarrollo de una propuesta de formación integral acorde que permita el tránsito de un
sistema de aseguramiento y custodia de la población a un modelo de justicia restaurativa.”
El sistema penitenciario tiene como cometido gestionar, planificar, evaluar y
controlar el funcionamiento de las Unidades de Seguimiento de Medidas y Penas no
privativas de la libertad, y de las Unidades de Internación para Personas Privadas de
Libertad, encauzado por la inclusión social y la rehabilitación en un contexto del respeto de
los derechos humanos. Se propone así abandonar el modelo meramente custodial y de
aseguramiento que primaba con la DNCPyCR. Lo que requiere la articulación de las
políticas de tratamiento penitenciario con las políticas de seguridad. Para ello se definió el
ingreso de personal civil administrativo, técnico, operadores penitenciarios y profesionales;
así como también “la conformación de equipos de dirección de cada UIPPL compuestos
por tres subdirecciones, las que poseen una línea operativa a nivel de cada Unidad y una
línea transversal y de orientación con las Subdirecciones Nacionales.”
63
Según la mencionada Ley Nº 18.719, al INR le compete:
“La organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias establecidas o a
establecerse en el país, que se encuentren bajo su jurisdicción.
La asistencia de los procesados y la rehabilitación de los penados.
La administración de las medidas sustitutivas y alternativas a la privación de libertad.”
“En cuanto a su organigrama, podemos decir que el Instituto Nacional de
Rehabilitación desde su creación asume la administración de la ex DNCPyCR, con toda su
estructura de funcionamiento y competencias específicas (Unidad Ejecutora 026 del
Ministerio del Interior). El Director Nacional del INR es un cargo de confianza designado
por el Poder Ejecutivo y depende directamente del Ministro del Interior. Del Director
Nacional del INR dependen tres Subdirecciones ocupadas también mediante cargos de
confianza, Subdirecciones Nacionales Administrativa, de Seguridad y Técnica, y 2
Coordinaciones de áreas territoriales, Zona Metropolitana y Zona Interior. Asimismo, tiene
dependencia directa de la Dirección del INR la Escuela de Formación Penitenciaria.
Por otra parte los órganos colegiados que funcionan en la órbita de la Dirección del
INR son:
Gabinete de Dirección, integrado por: Director, Subdirectores, Coordinadores de Áreas
Territoriales, PNEL, Escuela de Formación Penitenciaria, Asesoría del Sr. Ministro y
Representante de la Dirección General del Ministerio.
Junta Nacional de Traslados (Integrada por: Director, Subdirecciones de Seguridad y
Técnica y ambas Coordinaciones).
Comisión de Género integrada por titular y suplente representante del Gabinete, excepto
Asesoría de Ministro y Dirección General y un representante de la División Políticas de
Genero del MI.
Comisión Interdisciplinaria de salidas especiales (art. 120 Ley 19.149 Decreto 434/013),
integrada por Director del INR, Directora del PNEL y el Sub Director Nacional Técnico
con sus respectivos suplentes, quienes serán designados por los mismos.”
Por último, la misión del INR es “Contribuir al desarrollo de una sociedad más
segura garantizando el cumplimiento eficaz de las medidas privativas de libertad y sus
alternativas dispuestas por el Poder Judicial, proporcionando a las personas sujetas a estas
medidas un trato digno, desarrollando programas socio laborales e intervenciones técnicas
que contribuyan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual”.
64
Mientras que la visión es construir: “Una Institución reconocida en nuestro país por
contribuir al fortalecimiento, desarrollo y garantías de la seguridad a la sociedad, a través
de la implementación de programas específicos de intervención (en áreas de trabajo,
educación, salud, cultura física) para las personas privadas de libertad, en un marco de
absoluto respeto a su dignidad y a las políticas del Estado en la materia.”
Fuente: Página oficial del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Disponible en:
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/institucional/mision
(Última consulta: 25/10/2016)
o Centro de Formación Penitenciario
Reseña Histórica: “Su creación data del 24 de Marzo de 1934, como Escuela de
Funcionarios Penales. En el año 1986, por Decreto 119/986, pasa a llamarse Escuela de
Capacitación Penitenciaria. En el año 1997, se ubica en el predio del “Complejo Carcelario
Santiago Vázquez”, teniendo como cometido la realización de los Cursos de Formación
Profesional, del personal policial que cumple funciones penitenciarias. En Junio del año
2011, de acuerdo con la Ley 18719 de fecha 27 de Diciembre de 2010, en la que se crea el
Instituto Nacional de Rehabilitación, así como también cargos en el Escalafón “S”,
personal penitenciario, ante lo que se comienza a diagramar su capacitación. Actualmente
la Dirección se encuentra ubicada en el Edificio del INR en calle Cerrito Nro. 419, esquina
Zabala.”
“Enmarcado en la propuesta penitenciaria que está siendo implementada por el
Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, adquiere
fundamental importancia la intervención de este centro de estudios, en lo que refiere a la
capacitación inicial, formación en servicio, y perfeccionamiento, del personal penitenciario
del Escalafón “S”, así como también en la del personal policial que actualmente cumple
tareas penitenciarias, del Escalafón “C” Administrativo, y del perteneciente de acuerdo a
los próximos ingresos previstos en los Escalafones para técnicos y profesionales “A y B”.”
Fuente: Página oficial del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Disponible en:
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/cefopen (Última consulta: 25/10/2016)
65
Anexo III. Operadores/as civiles
Como forma de profundizar en el rol esperado por parte de la institución para el/la
operador/a penitenciario/a se puede tomar en cuenta el texto “El rol del Operador
Penitenciario en las Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad: un
profesional para el cambio.” De Karina Guayta & Luis Mautone (2014).
Definen al/la operador/a civil como: “(…) trabajador/a en el hacer cotidiano de una
Unidad Penitenciaria es aquel que crea escenarios para la intervención, quizá podría
decirse que no los vivencia como propios sino que su actividad ronda en la organización
para que ocurran cosas, para provocar, intervenir en los contextos.” (Guayta, K. &
Mautone, L.; 2014:1) La dimensión humana es imprescindible si se aspira a una buena
gestión penitenciaria, donde las relaciones entre las personas privadas de libertad y los/as
funcionarios/as penitenciarios/as se desarrolle de forma digna y justa. (Guayta, K. &
Mautone, L.; 2014)
“La ‘Escuela de Funcionarios Penales’ se fundó el 24 de marzo de 1934 y fue la
primera Escuela de capacitación del personal penitenciario. En el año 1986, por Decreto
119/986, pasa a llamarse ‘Escuela de Capacitación Penitenciaria’. Posteriormente, en el
año 1997, este Centro se ubica en el predio del ‘Complejo Carcelario Santiago Vázquez’,
teniendo como cometido la realización de los Cursos de Formación Profesional, del
personal policial que cumple funciones penitenciarias. En junio del año 2011, de acuerdo
con la Ley 18719 de fecha 27 de Diciembre de 2010, en la que se crea el Instituto Nacional
de Rehabilitación, así como también cargos en el Escalafón ‘S’, personal penitenciario
civil, se comienza a diagramar su capacitación por parte de este Centro.” (Guayta, K. &
Mautone, L.; 2014:5) Dicho Centro cambiará su nombre a “Centro de Formación
Penitenciaria”, pasando a integrar la Dirección del INR; pretendiendo capacitar y formar al
personal penitenciario desde un enfoque de derechos humanos. (Guayta, K. & Mautone,
L.; 2014) “Tiene a su cargo la capacitación inicial, formación en servicio, y
perfeccionamiento, del personal penitenciario del Escalafón ‘S’ (Operadores
Penitenciarios), la del personal policial (Escalafón ‘L’) que cumple tareas penitenciarias,
del Escalafón ‘C’ Administrativo, y del perteneciente de acuerdo a los próximos ingresos
previstos a los Escalafones para técnicos y profesionales ‘A y B’.” (Guayta, K. & Mautone,
L.; 2014:5-6)
66
El desafío del rol de los/as operadores/as penitenciarios/as es hacer coincidir el
papel educativo con el de custodia, por lo cual es una tarea compleja, amplia y ardua.
“La función del Operador Penitenciario, va mucho más allá que privar a las
personas de su libertad ambulatoria, deben generar y permitir que las Personas Privadas de
Libertad (PPL), tengan la oportunidad de aprovechar el tiempo en prisión ampliando sus
fortalezas y posibilidades para la reinserción cuando obtengan su libertad. Se debe
considerar la individualidad para que el acompañamiento de los procesos educativos
resalte, por sobre todas las cosas la construcción de posibles nuevos caminos a transitar,
realizando intervenciones con mayor precisión, generando propuestas coherentes a las
necesidades, activando redes sociales y dando garantías para su retorno a la sociedad.”
(Guayta, K. & Mautone, L.; 2014:7) “(…) el Operador es agente de cambio, desde su
intencionalidad educativa, pudiendo aprender sobre el hacer, reflexionando y evaluando
constantemente para volver a la intervención con nuevos aprendizajes y co-creando junto
con los actores de la intervención, otros horizontes posibles.” (Guayta, K. & Mautone, L.;
2014:8)
A la hora de pensar en la conformación de los recursos humanos, tanto la selección
como la capacitación, son fundamentales para fomentar el sentimiento de pertenencia de
los/as operadores/as con la institución; para de esta forma cumplir con el mandato
concedido. (Guayta, K. & Mautone, L.; 2014)
“En el marco de la reforma penitenciaria del sistema nacional uruguayo pensado en
la atención integral a los Privados de Libertad, es que se proyecta la creación de un rol
ajustado en lo posible al modelo requerido desde el Instituto Nacional de Rehabilitación y
en consonancia con su ley de creación No. 18719 del 27 de diciembre del 2010. Dentro de
los cometidos y ligado al trabajo de ‘custodiar a los adultos privados/as de libertad en una
Unidad Penitenciaria’, promulgado en la Ley 15851 (del 24/12/86) que en su art. 49 crea el
escalafón Penitenciario ‘S’, de naturaleza civil, y recientemente a través de la Ley 18719
(Ley de Presupuesto) en los art. 221, 222, 226 y 227 (del 27/12/10) donde se crea al
Instituto Nacional de Rehabilitación, lo cual genera la responsabilidad nuevamente de que
los civiles se hagan cargo de las Unidades Penitenciarias, después de 39 años.” (Guayta, K.
& Mautone, L.; 2014:8-9)
“Lo que se espera- Perfil general del Operador/a para el trabajo penitenciario -
Conocer y aplicar los documentos internacionales y nacionales que fundamentan el respeto
por los derechos humanos a las personas privadas de libertad, que determinará la seguridad
67
y tranquilidad social mediante el cumplimiento de la sanción impuesta por la justicia.
Dejando en claro el cometido constitucional y el Encargo Social de la institución. Construir
actitudes ético-profesionales con el fin de contribuir al cambio del Sistema Penitenciario
Nacional. Custodiar y velar por el respeto de la dignidad humana de los PPL, funcionarios
y toda persona que concurra a la Unidad Penitenciaria. Es una idea consolidada de que la
Institución que se dedica a las personas privadas de libertad no puede limitarse solo a
“guardar” estáticamente a las personas de las que debe hacerse cargo. La experiencia
acumulada indica la necesidad de un profesional calificado para esta peculiaridad en la
situación. Por otro lado, el encargo social que se recibe no puede sustentarse
exclusivamente en los saberes intuitivos, aprendidos en otros ámbitos educativos, sino que
deben complementarse con una conceptualización, análisis y reflexión, que vinculen teoría
y práctica, relacionada al trato de personas adultas privadas de libertad. Es desde una
práctica reflexiva, argumentada, contrastada con otros saberes que se puede reconstruir una
concepción de privación de libertad acorde con las características de un nuevo modelo de
atención, respetuoso de los derechos humanos. De acuerdo con el Perfil Institucional
propuesto por el Ministerio del Interior, para un cargo de Operador/a Penitenciario, que se
relaciona y opera con personas privadas, integrado a la vida cotidiana y en el marco de un
proyecto educativo-social, que involucra el contexto institucional, familiar, laboral y
social, cumpliendo la función específica de acompañamiento y control, colaboración y
organización, sin perder la función educativa-social, que el trabajo con adultos debe
sustentar, máxime tratándose de situación de privación de libertad, en la que las personas
pierden autonomía personal e independencia para conseguir los satisfactores a sus
necesidades, se propone un profesional penitenciario para el encargo social e institucional
estipulado garante de los derechos humanos, cumpliendo estrictamente con los
requerimientos internacionales. Integra un equipo y construye en función de las
características (necesidades y potencialidades) de los sujetos con quienes trabaja y del
proyecto institucional, promoviendo diferentes estrategias de abordaje que lleva adelante
mediante una práctica educativa, orientada a fortalecer la individuación de cada persona,
facilitando el desarrollo de identidades, en la proyección de alcanzar personalidades
autónomas, así como una integración crítica y responsable de las personas privadas de
libertad, en conocimiento y uso de su ciudadanía lo más ajustada posible.” (Guayta, K. &
Mautone, L.; 2014:14-15)
68
“El Perfil según el cargo del Operador Penitenciario:
Perfil del cargo: Operador Penitenciario Grado V, Supervisor: Ejercerá tareas de
gestión penitenciaria, supervisando las tareas del personal a su cargo como la
administración de los recursos materiales que le sean conferidos. Planificará y organizará
actividades dentro del establecimiento, turno o sector, evaluando el desarrollo de las
mismas. Velará por el cumplimiento de las normas en vigencia por parte de sus
subordinados y responderá a las directivas de sus superiores. Coadyuvará al
mantenimiento del orden dentro del establecimiento, turno o sector conferido, preservando
la seguridad e integridad física de todos los actores. Informará y orientará a la persona
privada de libertad, así como también captará y proporcionará a sus superiores información
asociada a la seguridad del establecimiento y de los aspectos vinculados a su
rehabilitación. Apoyará y coordinará con el responsable del área de tratamiento de las
personas privadas de libertad, facilitando las condiciones terapéuticas y educativas en tanto
no alteren el orden y la seguridad. Asegurará el cumplimiento de los DDHH según las
normas nacionales y convenciones internacionales ratificadas por el País.” (Guayta, K. &
Mautone, L.; 2014:15)
“Operador Penitenciario Grado III: Es responsable del normal desarrollo del
régimen de convivencia, velando por el cumplimiento de los protocolos y actividades
planificadas. Dará directivas al personal subordinado coordinando las actividades con las
distintas áreas de trabajo (tratamiento, salud, trabajo, educación). Evaluará e informará
sobre el desarrollo del Régimen Cotidiano al Supervisor. Garantiza el orden dentro de todo
el espacio asignado en el marco de las normas establecidas. Promueve y controla un
relacionamiento respetuoso entre todos los actores. Informa y orienta a la persona privada
de libertad, captando y relevando información asociada a la seguridad de las mismas, del
establecimiento y de los aspectos vinculados a su rehabilitación. Preserva la seguridad e
integridad física y mental de todos/as, garantizando el cumplimiento permanente de los
protocolos estandarizados. Coordina con otras áreas de intervención y tratamiento.
Supervisará las tareas del personal a su cargo, informando a los Supervisores
Penitenciarios las novedades del servicio. Resuelve aquellas situaciones que por su
complejidad no requieran intervención superior. Da apoyo al personal técnico en el
proceso socioeducativo de las personas privadas de libertad. Asegura el cumplimiento de
los derechos humanos según las convenciones internacionales. Apoyará y organizará la
69
administración del personal que se encuentre subordinado, llevando un control a través de
escalafones de servicio, licencias, etc. Participa y aporta ideas en los Proyectos, Órdenes de
Servicio, Protocolos, como así también en todas las actividades que se realizan en el
Interior de la Unidad Penitenciaria.” (Guayta, K. & Mautone, L.; 2014:16)
“Operador Penitenciario Grado I: Es responsable del normal desarrollo del
régimen de convivencia, cumpliendo con los protocolos y directivas de sus superiores.
Tendrá un trato directo con las Personas Privadas de Libertad e intervendrá en situaciones
individuales y/o colectivas que comprometan la seguridad o integridad física de las
mismas. Informa a sus superiores sobre el desarrollo de las actividades. Administra según
los protocolos y las directivas el uso de los espacios. Garantiza el orden dentro de todo el
espacio asignado en el marco de las normas establecidas. Anticipa y disuade conductas
agresivas y/o que alteren el normal funcionamiento del Centro. Promueve un
relacionamiento respetuoso entre las personas privadas de libertad, así como con el
personal, la visita y el personal entre sí. Administra la apertura y cierre de exclusas internas
generales, habitaciones y celdas de acuerdo a las directivas del superior. Informa y orienta
a las personas privadas de libertad, captando y relevando la información asociada a la
seguridad de las mismas, y del establecimiento, como también de los aspectos vinculados a
su rehabilitación. Preserva la seguridad e integridad física de todos/as, dando cumplimiento
en forma permanente a los protocolos estandarizados. Da apoyo al personal técnico en el
proceso socioeducativo de las personas privadas de libertad. Vela por la conservación e
integridad física y mental de las Personas Privadas de Libertad, asegurando el
cumplimiento de los Derechos Humanos según las normas nacionales y las convenciones
internacionales ratificadas por el país. Confecciona informes de conducta de las PPL, lo
que puede derivar en una sanción o en una nota positiva. Realiza controles a la población
reclusa. Realiza inspecciones en celdas y en pertenencias de las PPL. Realiza
comunicaciones radiales y telefónicas.” (Guayta, K. & Mautone, L.; 2014:16-17)
Fuente: Guayta, Karina & Mautone, Luis (2014). “El rol del Operador Penitenciario en las
Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad: un profesional para el
cambio”. Trabajo presentado en las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, 15-17 de setiembre de 2014.
70
Anexo IV. Policías
Ley 18.315. Procedimiento Policial. Marco normativo.
A continuación se destacan ciertos artículos fundamentales que hacen al ejercicio
de la policía dentro de las instituciones penitenciarias.
“TÍTULO I. PARTE GENERAL. CÁPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES.
ARTÍCULO 2º. (Atribuciones).- El servicio policial ejercerá, en forma permanente
e indivisible, las actividades de observación, información, prevención, disuasión y
represión.
El objetivo de las actividades referidas es impedir y, en su caso, reprimir, la
comisión de delitos, faltas o infracciones, procediendo a la detención de los autores de las
mismas para someterlos a la Justicia competente en los plazos y condiciones legalmente
establecidos, acompañando las pruebas correspondientes.
El servicio policial también cumplirá las órdenes de libertad emitidas por la Justicia
competente, y remitirá a los establecimientos de detención a las personas que ésta
disponga, con las condiciones de seguridad que, previo estudio técnico, determine la
autoridad penitenciaria.
ARTÍCULO 3º. (Fases de la actuación policial).- Las fases del accionar de la
policía son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión
cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la
República consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigente.
A los efectos de esta ley:
A) Observación es la acción policial de vigilancia pasiva que tiene por finalidad
detectar, analizar, procesar y utilizar información sobre situaciones que,
eventualmente, puedan constituir actividades presuntamente ilícitas, incidir en la
iniciación del proceso delictivo o alterar la seguridad ciudadana.
B) Prevención policial es el conjunto de medidas técnico operativas para incidir en
forma temprana sobre los factores que favorecen la violencia interpersonal y social
y constituyen delitos, infracciones o faltas, disminuyendo los riesgos y
posibilidades de ocurrencia de los mismos.
C) Disuasión es la acción policial de vigilancia activa que ejerce la policía cuando ya
se ha instalado una situación que afecta la seguridad ciudadana que puede derivar
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en acciones ilícitas que generen daños mayores. Previo al uso de la fuerza legítima,
la policía deberá agotar los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance,
como el diálogo y la negociación con las personas involucradas.
D) Represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas de
fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y
proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta
ilícita que lo ha alterado.
E) Consumada la fase represiva, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato, una vez
que el orden haya sido restablecido y los presuntos infractores del derecho
protegido dejen de ofrecer resistencia. A partir de ese momento, se aplicarán las
medidas de seguridad necesarias, sin perjuicio de brindar atención médica o de otro
tipo, a quien la necesite.
ARTÍCULO 4º. (Principios de actuación policial).-
1) En el cumplimiento de su deber, y como encargados de hacer cumplir la ley, el personal
policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas.
2) El personal policial tratará a todas las personas que requieran sus servicios de manera
diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discriminación por razones de edad,
género, etnia, religión, posición económica o social, o de cualquier otra índole.
3) En todo momento, el personal policial debe cumplir las obligaciones que le impone el
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de diciembre de
1979).”
“CÁPITULO II. EL MANDO POLICIAL
ARTÍCULO 7º. (Concepto de disciplina).- La disciplina es la relación jurídica que
vincula el derecho de mandar y el deber de obedecer. Es la base imprescindible para el
cumplimiento orgánico profesional de las atribuciones de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 8º. (Manifestación de la disciplina y límites a la obediencia debida).-
La disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto y
la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior.
El personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático
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de gobierno. En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será considerada
como eximente o atenuante de responsabilidad.”
“TÍTULO II. PARTE ESPECIAL. CAPÍTULO I. DEL USO DE LA FUERZA
FÍSICA, LAS ARMAS U OTROS MEDIOS DE COACCIÓN.
ARTÍCULO 15. (Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes).- El personal
policial tiene especialmente prohibido inflingir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En el marco del artículo 8º de la
presente ley, en ningún caso podrá invocar la orden de un superior o circunstancias
especiales, como amenazas a la seguridad interna o inestabilidad política o social para
justificar tales conductas, propias o de terceros.
ARTÍCULO 18. (Principios que rigen el uso de la fuerza).- El uso de la fuerza,
incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y
proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga.
ARTÍCULO 19. (Uso de medios no violentos).- La policía en el desempeño de sus
funciones utilizará medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física,
medios de coacción o armas de fuego, los que se utilizarán solamente cuando los primeros
resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto mediante la acción
policial.”
“CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS CON PERSONAS DETENIDAS O
CONDUCIDAS EN DEPENDENCIA POLICIAL. Sección I. Registro de personas
detenidas y conducidas.
ARTÍCULO 55. (Limitaciones al registro de personas detenidas o conducidas).- El
registro personal deberá practicarse con el mayor cuidado y respeto hacia la dignidad de la
persona y realizarse exclusivamente por personal policial del mismo sexo de la persona.
La policía no puede desnudar a una persona detenida o conducida ni revisar sus
partes íntimas, salvo cuando se trate de una situación excepcional en que esté en riesgo la
vida o la integridad física de la misma, enterando de inmediato al Juez competente, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 6º de la presente ley.
Fuera de dichas hipótesis, el procedimiento deberá realizarse exclusivamente por
personal médico previa orden judicial y siempre que resulte estrictamente necesario y no
exista medida alternativa alguna.
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ARTÍCULO 59. (Limitaciones en el manejo de personas detenidas o conducidas).-
El superior a cargo del servicio no permitirá el contacto de ningún tipo con personas
detenidas o conducidas por parte de personal policial que no esté debidamente autorizado o
supervisado.
ARTÍCULO 60. (Trato con la persona detenida o conducida).- Está prohibido al
personal policial utilizar palabras agraviantes, humillantes o que provoquen la reacción de
la persona detenida o conducida.
ARTÍCULO 61. (Actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas).- Está
prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato
psicológico con las personas detenidas o conducidas.
ARTÍCULO 62. (Orden de libertad).- Ninguna persona detenida por orden del Juez
competente o con conocimiento de él, podrá ser puesta en libertad sin mediar orden
judicial, la que deberá constar en la libreta de entrada, en la que figurará la fecha, hora de
salida y el magistrado de turno que la ordena.”
“Sección IV. Detenidos en centros asistenciales.
ARTÍCULO 80. (Medidas de seguridad policiales).- Las medidas de seguridad
respecto a una persona detenida en centro asistencial deberán disponerse por el superior a
cargo del operativo de conformidad con la autoridad del centro asistencial, sin perjuicio de
lo establecido por el artículo 84 de la presente ley.
El personal policial está obligado a brindar a la persona detenida un trato adecuado y
respetuoso de su dignidad.
En ningún caso se mantendrán esposadas a mujeres detenidas en el trabajo de parto
ni en el momento del mismo.”
“Sección V. Traslado de personas detenidas.
ARTÍCULO 87. (Medidas de seguridad).- Toda persona detenida deberá ser
trasladada con las medidas de seguridad ordenadas por el superior a cargo del servicio.
ARTÍCULO 88. (Incomunicación).- Cuando se trate del traslado de dos o más
personas detenidas, las mismas serán mantenidas en régimen de incomunicación. A estos
efectos se requerirá previa orden judicial, excepto en la hipótesis definida en el artículo 75
de la presente ley.
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ARTÍCULO 89. (Otras medidas de seguridad).- Cuando el traslado se realice en
cualquier tipo de vehículo, deberá previamente procederse al exhaustivo registro del
mismo para verificar que no se encuentren objetos que puedan facilitar la fuga de la
persona detenida.
ARTÍCULO 90. (Limitaciones a las medidas de seguridad).- En los traslados en
vehículos las personas detenidas nunca serán esposadas a partes fijas de los mismos, a los
efectos de preservar su integridad física en caso de que se produzca un accidente de
tránsito.
ARTÍCULO 91. (Traslado específico).- El vehículo para el traslado debe estar
debidamente identificado como móvil policial, con excepción del utilizado para el traslado
de personas detenidas que, por orden superior, requieran medidas excepcionales de
seguridad. En todo caso, se deberá coordinar con la Justicia el procedimiento
correspondiente.”
“CAPÍTULO VII. ARMAMENTO REGLAMENTARIO, EQUIPOS U OTROS
MEDIOS.
ARTÍCULO 158. (Concepto de equipo reglamentario).- Por equipo reglamentario,
a los efectos de esta ley, se entiende todo aquel que está expresamente establecido y
ordenado en un reglamento orgánico.
ARTÍCULO 159. (Armas de fuego de uso reglamentario en la policía).- Las armas
de fuego de uso reglamentario son exclusivamente aquellas que las autoridades
competentes del Estado proveen al personal policial según su jerarquía y especialidad
operativa. Pueden distinguirse en armas cortas o largas, automáticas o no.
ARTÍCULO 160. (Armas de fuego prohibidas).- Está expresamente prohibido el
uso de armas de fuego que no sean las que proveen las autoridades competentes del Estado,
ni aquellas cuyo calibre y munición no esté debidamente reglamentado para el servicio,
salvo expresa y fundada autorización por escrito del comando policial respectivo.
ARTÍCULO 161. (Otras armas de uso reglamentario).- Está autorizado el uso del
bastón policial o "tonfa", conforme a los reglamentos e instructivos que rigen su forma y
uso.
ARTÍCULO 162. (Otras armas prohibidas).- Queda prohibido terminantemente el
uso de cualquier otro tipo de arma contundente, como ser:
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cachiporras de metal (de las llamadas extensibles), con bola de metal en su extremo, y
otras. Tampoco se permite el uso de cualquier otra arma que no esté reglamentada o
autorizada por el comando policial respectivo, aun en los casos que su venta sea libre al
público.
Queda prohibido asimismo el uso de cualquier otro tipo de arma para el servicio,
como cuchillos, hachas o similares, salvo en aquellas unidades policiales especiales
(bomberos, grupos tácticos) que, debido a su operativa, puedan ser autorizados a ello por el
comando policial respectivo.
ARTÍCULO 163. (Uso de gas químico u orgánico).- Se autoriza el uso de gas
químico u orgánico en la medida que sea provisto al personal por las autoridades
competentes del Estado y esté autorizado su uso por el comando policial respectivo.
ARTÍCULO 164. (Uso racional y responsable).- Del uso racional, necesario y
proporcional del gas químico u orgánico será responsable el personal policial actuante, el
que deberá recibir instrucción previa al respecto.
ARTÍCULO 165. (Uso de equipamiento neutralizante no letal).- El personal
policial está autorizado para la utilización del equipamiento neutralizante no letal
denominado "stun guns" y "stun baton", con función de disuasión, defensa y protección.
Dichos dispositivos podrán ser utilizados por el personal policial, previa
capacitación, y en aquellos casos o situaciones en los que se requiera proceder a neutralizar
a un individuo, ya sea por su peligrosidad o resistencia, a fin de evitar un daño propio o
ajeno.
Los distintos servicios, en particular los establecimientos carcelarios y centros de
reclusión del país y las correspondientes unidades ejecutoras, instruirán al personal sobre la
forma y condiciones de la utilización de los mismos, así como también dispondrán quiénes
están autorizados a emplearlos.
ARTÍCULO 166. (Uso de esposas como medio de contención y defensa).- Está
autorizado el uso de esposas. Las mismas no se consideran un arma sino un medio de
contención.
En caso de ser necesario para evitar daños al personal policial o terceros, podrán
utilizarse esposas en adolescentes detenidos por su participación en hechos tipificados
como infracciones a la ley penal.
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ARTÍCULO 167. (Otros medios de protección).- Está autorizado el uso de cascos,
escudos, chalecos y todo otro tipo de protección no agresiva para la seguridad de los
policías actuantes.
ARTÍCULO 168. (Uniformes, insignias, distintivos jerárquicos y otros).- Su uso se
regirá por el reglamento de uniformes, de acuerdo a las jerarquías y especialidades
policiales.
ARTÍCULO 169. (Uso de otros uniformes).- Se autoriza el uso de uniformes
"orgánicos", "de tareas" o "internos" para unidades especiales o centros docentes
policiales.”
Fuente: Ley Nº 18.315. “Procedimiento Policial. Marco Normativo.” Disponible en:
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp96358.htm “Publicada D.O. 22
jul/008 - Nº 27530”. (Última consulta realizada: 25/10/2016)