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TABLA DE CONTENIDO
Pág. INTRODUCCIÓN 11 1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 13 2. CONTEXTUALIZACIÓN 23 3. JUSTIFICACIÓN 41 4. OBJETIVOS GENERALES 45 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 45 6. ALGUNAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA 46 6.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA 46 6.2 PERSPECTIVA ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL 50 6.2.1 Subordinación de lo Público 50 6.2.2 Deslegitimación del Estado 50 6.2.3 Pérdida de Convivencia Ciudadana 51 6.2.4 Conflicto Armado, Ilegalidad y Narcotráfico 51 6.3 PERSPECTIVA PARAMILITAR 61 7. A CERCA DE LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN 65
7.1 ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002 66
7.1.1 Ministerio del Interior 66
7.1.1.1 Misión 66
7.1.1.2 Objetivo General 67 7.1.1.3 Objetivos Específicos 67 7.1.1.4 Funciones de la Dirección General para la Reinserción 68
7.1.1.5 Grupo Objetivo 69 7.1.1.6 Prioridades 70 7.1.1.7 Programas 70 7.1.1.8 Estrategias 71 7.1.1.9 Delegaciones 72 7.1.2 ORGANIZACIONES GUERRILLERAS 73 7.1.2.1 Reinserción Económica 74 7.1.2.2 Reinserción Social 75 7.1.2.3 Aspectos Jurídicos 76 7.1.2.4 Reinserción Política 77
7.1.3 PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS 81
7.1.3.1 Caracterización de la Población Desmovilizada 84
7.1.3.2 Factores que llevan a los Subversivos a Desmovilizarse 87
7.1.3.3 Ejecución Presupuestal de los Programas para la DGR 1990-1999 88
7.1.3.4 Balance General de los Proyectos Productivos 91
7.2 ADMINISTRACIÓN ALVARO URIBE VÉLEZ 2002-2006 104 7.2.1 Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos Alzados en Armas 104
7.2.2 Programa Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia 105 7.2.2.1 Misión 105 7.2.2.2 Visión 106 7.2.2.3 Objetivos 106 7.2.2.4 Temas Especiales 107 7.2.2.4.1 Documentos 107 7.2.2.4.2 Salud 107 7.2.2.4.3 Protección y Seguridad 107 7.2.2.4.4 Beneficios por Colaboración 108 7.2.2.4.5 Beneficios por Entrega de Armas 108 7.2.2.4.6 Beneficios Jurídicos 109 7.2.2.4.7 Beneficios Socioeconómicos 109 7.2.2.4.8 Beneficio Educativo 109 7.2.2.4.9 Beneficio Económico 109 7.2.2.4.10 Seguros 110 7.2.2.4.11 Servicios Especiales 110 7.2.2.4.12 Empleo 110 7.2.2.4.13 Delegaciones 110 7.2.3 ORGANIZACIONES PARAMILITARES 111
7.2.3.1 Principales Antecedentes 111
7.2.3.2 Antecedentes y Objetivo del Decreto 128 de 2003 114
7.2.3.3 Desarrollo del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las
Personas Alzadas en Armas 116
7.2.3.3.1 Primera Etapa 116
7.2.3.3.2 Segunda Etapa 116
7.2.3.3.2.1 Atención Humanitaria 117
7.2.3.3.2.2 Salud 117
7.2.3.3.2.3 Educación Formal y no Formal 117
7.2.3.3.2.4 Seguridad 117
7.2.3.3.2.5 Jurídica 117
7.2.3.3.2.6 Atención Psicosocia l 118
7.2.3.3.2.7 Sistema de Información 118
7.2.3.3.2.8 Descentralización 118
8. ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL INSTITUCIONAL QUE BRINDA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO 124 9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE 135
9.1 PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1998 – 2002 138
9.1.1 Principios 138
9.1.2 Características del Plan 139 9.1.3 Estrategias Comunes 140
9.1.3.1 Cambiaremos la Visión Actual de la Discapacidad por la Cultura de la
Igualdad 140
9.1.3.2 Igualdad de Oportunidades y Recursos 141
9.1.3.3 Afectamos pero También Somos Afectados por Todo el Conjunto
Social 141
9.1.3.4 Los Gobernadores y Alcaldes Liderarán el Plan en sus Territorios 141
9.1.3.5 Las Entidades Territoriales y las Corporaciones Públicas y Privadas
son Co responsables 142
9.1.3.6 Las Redes Territoriales de Apoyo Serán Consolidadas 142
9.1.3.7 Eficacia y Eficiencia en la Utilización de Todos los Recursos 142
9.1.3.8 La Responsabilidad es de Todos los Actores de la Sociedad 143
9.1.3.9 La Red Territorial 143
9.1.4 Propósito 143 9.1.5 Objetivo General 143 9.1.6 Objetivos Específicos De Las Áreas De Acción 144
9.1.6.1 Prevención 144
9.1.6.2 Educación 145
9.1.6.3 Integración Laboral y Social 147
9.1.6.4 Accesibilidad, Espacio Físico, Comunicaciones y Transporte 148
9.1.7 Líneas Estratégicas 148
9.1.7.1 La Descentralización Será la Columna Vertebral del Plan 148
9.2 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2003 – 2006 154
9.2.1 Marco Conceptual 155
9.2.2 Principios Orientadores 161
9.2.2.1 Igualdad 162
9.2.2.2 Solidaridad y Corresponsabilidad 162
9.2.2.3 Descentralización y Participación Social 162
9.2.2.4 Equidad 163
9.2.3 Organización Institucional 163
9.2.4 Información 165
9.2.5 Programas y Líneas de Acción 166
9.2.5.1 Prevención y Reducción del Riesgo 167
9.2.5.2 Mitigación 168
9.2.5.3 Superación 169
10. ENFOQUE METODOLÓGICO 176 11. PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVECIÓN DESDE LA GERENCIA SOCIAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN UN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO INTERNO 178 11.1 INTERVENCIÓN EN LA RED PRIMARIA 180 11.1.1 Escenario Individual y Familiar 180 11.1.2 Escenario Grupal 181 11.2 INTERVENCIÓN EN LA RED SECUNDARIA 181 11.3 INTERVENCIÓN EN LA RED INSTITUCIONAL 182 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: UNA MIRADA DESDE LA GERENCIA SOCIAL 185 12.1 Discapacidad por el Conflicto Armado Interno 185
12.2 Conflicto Armado Interno en Colombia 188
12.3 Proceso de Reinserción 189
12.4 Red Social Institucional 191
12.5 Proyección Metodológica de la Gerencia Social 193
12.6 Políticas Públicas de Atención en Salud 198
ANEXOS 205 BIBLIOGRAFÍA 243
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA
LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD
ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO
URIBE
LINETH SOCHA HERNÁNDEZ
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FACULTAD DE POSGRADOS
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL Bogotá, D.C
2.006
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA
LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD
ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO
URIBE
LINETH SOCHA HERNÁNDEZ
ENSAYO TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO
DE ESPECIALISTA EN GERENCIA SOCIAL
TUTOR MAURICIO HERNÁNDEZ
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FACULTAD DE POSGRADOS
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL Bogotá, D.C
2.006
LISTA DE ANEXOS
Pág. Anexo
1. Manual para el proceso de dejación voluntaria e individual de armas. Requisitos para acceder a los beneficios de la ley 418 de 1997. Procedimientos para acceder al programa de dejación de armas.
205
Anexo 2.
Procedimiento de desmovilización y reincorporación a la vida civil de miembros de organizaciones armadas al margen de la ley.
210
Anexo 3.
Plataforma estratégica de los temas especiales del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia .
211
Anexo 4.
Duración total de las etapas del proceso de reinserción. 217
Anexo 5.
Etapas del proceso de reinserción. 218
Anexo 6.
Pasos para la resolución de la situación jurídica de un desmovilizado voluntario.
219
Anexo 7.
Discapacidad de guerra y naturaleza de la lesión en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y agente de la lesión en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y parte del cuerpo afectada en exguerrilleros y exmilitares.
220
Anexo 8.
Discapacidad de guerra, depresión, ansiedad y alcoholismo en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y estrés postraumático en exguerrilleros y exmilitares. Síntomas del estrés postraumático en exguerrilleros y exmilitares.
223
Anexo 9.
Consecuencias laborales de la discapacidad de guerra en exguerrilleros y exmilitares. Tipo de rehabilitación recibida por los exguerrilleros y exmilitares.
237
Anexo 10.
Guía de Entrevista. 241
Anexo 11.
Esquema Integral de intervención. 242
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11
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN
COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN
EN SALUD PARA LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD
ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE
“La historia nos ha enseñado que basta uno
para fomentar la crisis, pero conservar la paz
requiere el esfuerzo de todos.”
Willy Brandt
INTRODUCCIÓN
Es pertinente tener en cuenta que este trabajo es la continuación o la segunda
parte de una investigación que realicé en el año 2002 denominada “Expresiones
del Conflicto Armado Interno en las Familias de los Excombatientes: El caso de los
Reinsertados y Militares en Retiro con Discapacidad Causada por el Conflicto
Armado Interno”, en la cual la investigación se centró en el núcleo familiar de 2
exguerrilleros amnistiados y de 2 militares en retiro que prestaron el Servicio
Militar como Soldados Voluntarios.
Esta investigación fue abordada desde el Enfoque Sistémico que permitió realizar
la identificación y caracterización de las expresiones del Conflicto Armado interno
en sus familias; a través del estudio de caso.
Por esta razón, esta segunda parte tiene significativos avances los cuales en esta
ocasión serán retroalimentados y ampliados a partir de la perspectiva de las
Políticas Públicas y la Gerencia Social, que abre la posibilidad de integrar y
articular de forma coherente y pertinente una temática que socialmente toma
relevancia en el contexto actual del país.
12
A partir de esta perspectiva que brinda la Gerencia Social desde el ámbito de la
Políticas Públicas, el presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis del
contexto del Conflicto Armado Interno en Colombia y su relación con las Políticas
Públicas de Atención en Salud para la Población Reinsertada con Discapacidad,
durante la administración Andrés pastrana y Álvaro Uribe.
Un desarrollo comparativo de la Políticas Públicas de Atención para los
Reinsertados con Discapacidad causada por el Conflicto Armado interno, en el
escenario político, social y económico de estas administraciones, las cuales sin
lugar a dudas, presentan marcadas e importantes diferencias en el marco de
Políticas Públicas para la Paz.
Así mismo, en este contexto realizar un análisis crítico y propositivo de la Red
Social Institucional que ha venido prestando atención a esta población, como
expresión de dichas Políticas Públicas en el sector salud principalmente.
Finalmente, desde el compromiso social y político que debe representar para la
Gerencia Social en el campo de la Administración Pública y de las Políticas para el
sector social, en particular para los Reinsertados (Guerrilleros y Paramilitares),
proponer sugerencias para estas políticas y presentar una propuesta metodológica
de intervención integral para esta población desde la Gerencia Social con un
Enfoque Sistémico y de Redes Sociales en el marco de una atención en salud
mental en un escenario de Conflicto Armado interno .
13
1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
La actual situación de Conflicto Armado Interno o Conflicto Armado sin carácter
internacional por la que atraviesa Colombia de acuerdo con el artículo 3° común
de los Convenios de Ginebra de 1949, puede ser identificada y caracterizada
como una situación problema en el marco de coyunturalidad social, política y
económica; ya que claramente se definen los actores, escenarios, factores
intervinientes, las causas, expresiones o manifestaciones en niveles e
intensidades diversas, los contextos macro y micro que inciden determinando la
temática en mención.
En el planteamiento de este tema es importante destacar que la situación y el
contexto de Conflicto Armado interno o Conflicto Armado sin carácter
internacional; al que se ha hecho mención hasta el momento encuentra su
expresión en tres tipos de Conflicto Armado Interno que son el de carácter
estructural, coyuntural y residual o sucia1; los cuales cada uno posee los
componentes de una situación problema y que debido a la complejidad del Estado
y la sociedad colombiana éstos desdibujan sus fronteras o límites conjugándose y
entremezclándose entre sí.
La primera encuentra su expresión en el desempleo, la pobreza, la deslegitimación
del Estado, la ilegalidad y el narcotráfico. La coyuntural en el desplazamiento
forzoso interno, el secuestro, la desaparición forzada, las masacres colectivas y
selectivas, el conflicto armado interno colombiano, el fortalecimiento o
modernización del crimen organizado y el incremento de la delincuencia común.
1 Esta conclusión se plantea a partir de los desarrollos y avances de la primera investigación y los cuales veremos más adelante y que en este trabajo se ratifican y se complementan bajo la óptica de la actual Política de Seguridad Democrática. Estos avances conceptuales y de reflexión han sido construcciones permanentes no sólo motivadas por un interés académico sino por un interés altamente personal y humano en mi formación como profesional y como ciudadana colombiana.
14
Por último, la residual manifestada en la paulatina y agudizada descomposición
social a través de la prostitución, la drogadicción, los menores infractores, el
habitante de la calle, las enfermedades de transmisión sexual (ETS), el SIDA,
entre otras.
En el Conflicto Armado Interno estructural y coyuntural, claramente se identifican
tres tipos de actores. Los actores pasivos que pueden ser por omisión o
receptores, los actores invisibilizados que son los estratégicos ubicados en puntos
neurálgicos de la lógica del Conflicto Armado interno y, los “olvidados o
abandonados” por el Estado y la insensibilidad social a causa de las condiciones
estructurales al interior de Colombia y por último, los actores activos que hacen
parte de las acciones y estrategias directas del Conflicto Armado interno (actores
militares armados); al igual que aquellos sectores que desde el espacio de lo
político y lo social abogan por la salida política negociada del conflicto.
Básicamente los actores militares armados que actúan y participan en el Conflicto
Interno colombiano son: En el Derecho Internacional y en el Derecho Internacional
Humanitario es el Estado, que incluye a sus fuerzas armadas y policiales, el que
se considera como una de las partes en el conflicto armado, los Paramilitares y las
Organizaciones Guerrilleras
Difícilmente se aceptará en la doctrina jurídica que las fuerzas militares armadas,
por si solas, sean una de las partes en el conflicto armado, pues dejaría por fuera
a otras fuerzas estatales como las policiales y a los organismos de seguridad.
Sin lugar a dudas al interior de las Organizaciones Guerrilleras y Paramilitares se
construye y moviliza un modo o estilo particular de vida de sus dirigentes militares,
sus ideólogos políticos y sus combatientes de base; quienes como colectivo y
como individuos su paso y su experiencia en el Conflicto Armado interno los marca
de manera profunda.
15
Estas huellas son de carácter subjetivo y que sumadas a los diferentes factores
externos posicionan a estos sujetos individual y colectivamente ante el Estado y
ante la sociedad de manera particular; puesto que en el momento en que “deciden
retirarse” de sus organizaciones la mirada sobre ellos adquiere un matiz de
señalamiento, juzgamiento y persecución permanente, situación de la cual su
familia no escapa.2
Vale la pena tener en cuenta que el Derecho Penal vigente en la mayor parte de
los países sanciona o castiga la rebelión o insurrección o subversión como una
conducta contraria a los regímenes constitucionales democráticos y liberales. Por
lo tanto, no es sólo que la sociedad los excluya, también los persigue y castiga.
La atención prestada por parte del Estado y la sociedad colombiana frente a los
procesos de reinserción de ex militantes de los Grupos Guerrilleros; no ha
trascendido desde sus políticas aquella mirada en la cual lo más importante es el
"desarme o dejación de armas"; ya sea bajo la modalidad colectiva con la firma de
acuerdos de paz o la individual y voluntaria. Este es el caso de los acuerdos de
paz de la década de los noventa.
Para el caso actual de los Paramilitares que se encuentran en proceso de
negociación las políticas de reinserción en esencia no han cambiado como lo
analizaremos posteriormente. Se persiste en la idea militar de desarmar al
enemigo pero, ¿qué sucede con el futuro de estas personas y la de sus familias,
en una realidad que no les garantiza la sostenibilidad social y financiera de las
propuestas y proyectos acordados durante el proceso de negociación? y que
2 SOCHA H., Lineth. “Expresiones del Conflicto Armado Interno en las Familias de los Excombatientes: El caso de los Reinsertados y Militares en Retiro con Discapacidad Causada por el Conflicto Armado Interno”. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Trabajo Social. Departamento de Trabajo Social. Bogotá, D.C., 2002. Página 25.
16
además los castiga con sanciones penales: privación de la libertad, pago de
indemnizaciones a sus víctimas, etc.…?.
Es imperativa la necesidad de dar realmente solución a los problemas
estructurales del país; porque mientras no sea realidad una sociedad más justa y
equitativa en sus diversos beneficios, lo único que se le puede garantizar a la
población de reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado
interno, es pasar a hacer parte de esa gruesa capa de la sociedad altamente
vulnerable y que en este caso agudizaría su condición social y económica
específicamente.
Ni el Estado ni la sociedad en su conjunto se han detenido a pensar y a actuar de
forma más integral, articulada y proyectiva con respecto a dicho proceso; puesto
que en la búsqueda de reconstruir y porque no de deconstruir política, social,
económica y culturalmente a Colombia, el proyectar y planear la atención frente a
este grupo poblacional a largo plazo posibilitaría las condiciones para una paz
integral a partir de Políticas Públicas para esta población y otras de la sociedad
colombiana.
Cada uno de estos sujetos retornan a un medio aún más paradójico y conflictivo
en donde se conjugan toda una diversidad de problemáticas; que sumadas a las
secuelas o huellas psicológicas y físicas particularizan significativamente el
posicionamiento de estos sujetos en la sociedad y la mirada de ésta sobre ellos,
en un contexto fuertemente marcado por la búsqueda de la reconciliación y la paz.
Aún persisten las acciones encaminadas a lo jurídico y lo económico pero, ¿qué
sucede con la discapacidad física, psicológica y laboral causada por el Conflicto
Armado Interno de los desmovilizados en un marco integral de salud mental? De
17
poco y nada sirven los procesos de reinserción jurídicos, económicos, sociales y
políticos sino se tienen en cuenta el estado completo de salud de estos sujetos
para tener de nuevo una posibilidad de un proyecto de vida distinto a los
escenarios y oficios propios del Conflicto Armado Interno.
Según Alberto Cuellar, Director de la Corporación Guayacán de Desmovilizados
con Discapacidad, Minusvalía y Limitaciones Físicas – CORPOGUAYACÁN, 205
miembros de los grupos insurgentes que se reinsertaron a la vida civil, en el marco
de los acuerdos de paz de 1991, presentan discapacidad causada por acciones
bélicas.3
Llama la atención que pese al papel central que desempeña los miembros de las
Fuerzas Armadas como es el caso de los soldados en la confrontación directa de
orden militar, se menciona acerca de ellos en las fases preliminares de
reclutamiento y entrenamiento de las estrategias y técnicas del Conflicto Armado
Interno, también durante su actuación en el período de tiempo que perdure los
enfrentamientos armados, sin embargo, ¿qué sucede con ellos después?, ¿qué
pasa con su vida individual y familiar?, ¿qué posibilidades le brinda la Institución
Militar cuando por causa del Conflicto Armado Interno ha sufrido algún tipo de
discapacidad?, ¿cuáles son sus posibilidades reales de sostenimiento
económico?.
Para los exguerrilleros y exparamilitares con discapacidad psicológica, física y
laboral originada por su participación en el Conflicto Armado Interno colombiano;
las cuales cada una de ellas tienen diversidad de manifestaciones, no son
abordadas aún desde una política que contemple este tipo de discapacidad en su
3 BUITRAGO R., Oscar Ashley y JUTINICO V., Aldemar. Discapacidad Física, Psicológica y Laboral causada por el conflicto Armado. Estudio descriptivo. Bogotá, D.C., 2001. Página 15.
18
dimensión e impacto integral sobre el desenvolvimiento y movilidad social de esta
población.
En las actuales condiciones del país las Políticas Públicas de Atención para los
reincorporados de las Organizaciones Paramilitares, ¿qué características
tendrán?, ¿si podrán garantizar opciones de vida óptimas en medio de la crítica
situación por la que atraviesa el país, los sectores populares y la caída inminente
de la clase media colombiana?
El Ministerio de Defensa informó que entre 1992 y 1994, 98 miembros de
las Fuerzas Armadas murieron por causa de minas antipersonal (15% del
total de las muertes ocurrieron en combate) y 254 fueron heridos, en
ambos casos el 78% de las víctimas eran soldados.
Para Oscar Buitrago, Director de la Federación Colombiana de
Organizaciones y Personas que Trabajan con los Discapacitados
Víctimas del Conflicto Armado – CONFEPAZ, la discapacidad por el
Conflicto Armado interno no solamente es causada por minas
antipersonal, también es generada por explosivos, armas largas, armas
corto punzantes, sobre-esfuerzo físico y psicosis.
En el caso de los militares discapacitados, una vez terminada la
rehabilitación física, psicológica o profesional su grado de discapacidad
es calificado por una junta médica, si el grado de discapacidad alcanza el
75% la persona es pensionada por el Ministerio de Defensa, pero si no
supera el 25% la persona es indemnizada. En ambos casos los
discapacitados no tienen posibilidades viables de una integración
19
psicosocial y laboral efectiva, en particular para los soldados que
representan la mayoría de los discapacitados al interior del Ejército.
En cuanto a los exguerrilleros indultados, carecen de pensión y su
rehabilitación física no ha terminado, pues ésta depende de la renovación
anual del convenio entre el Programa para la Reinserción del Ministerio
del Interior y las entidades de salud que los atienden: Hospital San Juan
de Dios y Seguro Social, este convenio se terminó en 1999. La
integración psicosocial y laboral de estas personas muestra resultados
ínfimos por falta de recursos financieros y programas integrales que
tengan continuidad.4
El derecho a la salud de los reinsertados como lo expresa el anterior estudio
descriptivo es significativamente preocupante; pues el Hospital San Juan de Dios
ha sido cerrado debido a la grave crisis por la que está pasando este sector, el
Seguro Social con su progresivo proceso de privatización ha generado
traumatismos en la atención a sus usuarios. Todo este escenario en medio de los
innegables estragos y talanqueras de la Ley 100 de 1.993 sobre el Sistema
General de Seguridad Social.
Es evidente que para ninguno de estos dos grupos existe la relevancia requerida
por parte del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en su conjunto. El
Estado y sus instituciones o sistemas como el de salud que tiene la
responsabilidad de abordar la situación de discapacidad aún no la aborda desde el
contexto del Conflicto Armado interno que indudablemente por largo tiempo ha
definido la estructura y la dinámica del país; afectando de forma significativa su
salud mental no sólo a nivel individual sino comunitaria, familiar y social.
4 Ibid., página 15.
20
El fortalecimiento por una lectura integral del Conflicto Armado Interno en
Colombia hace un llamado a los estudios o aportes para que la aborden bajo esta
perspectiva, a abrir las miradas y a abarcar crítica y propositivamente a todos y a
cada uno de sus actores; puesto que la polarización, el juzgamiento, el
señalamiento, la calificación de víctimas y victimarios pone al Estado y a la
sociedad en su totalidad una venda que no le permite identificar, ver y actuar más
allá de la idea o percepción que circula peligrosamente por los medios masivos de
comunicación con claros intereses políticos y económicos, e incluso, de tipo
ideológico.
Por ello, es fundamental observar lo que se podría denominar las dos caras de la
moneda del Conflicto Armado Interno colombiano, porque aunque
permanentemente de una u otra forma tanto el Estado como la sociedad del país
le haga el quite a su responsabilidad frente a esta situación o lo que es peor aún,
asuma posiciones y tome decisiones que agudizan cada vez más los diferentes
escenarios macro y micro del Conflicto Armado Interno.
Como se ha mencionado insistentemente la salud mental en un contexto de
Conflicto Armado interno debe ser contemplada desde un enfoque integral de sus
componentes, factores y actores de nivel individual, grupal, familiar, comunitario y
social que vislumbre modalidades o propuestas de intervención profesional e
institucional con dicha característica. Esto se define desde el marco de las
Políticas Públicas.
En esta dirección apunta el trabajo, a continuar con estudios de esta clase y a
contribuir a la difusión pública de la problemática con propósitos de prevención y
sensibilización de la Red Social Institucional con el objeto de planear,
implementar, ejecutar y evaluar acciones prioritarias e integradas propias de la
formulación de una Política Pública en el marco del Conflicto Armado Interno en
Colombia, una Política de Salud, de Reinserción y por ende de otras de índole
21
social, con elementos determinantes como la discapacidad originada por el
Conflicto Armado Interno, situación que puede llegar a manifestarse en doble vía.
En el rompimiento y deterioro del tejido social o por el contrario, en el origen de
nuevas redes y el fortalecimiento de las ya existentes para el caso de los
reinsertados.
Una de las limitaciones de este trabajo se relaciona con las políticas del actual
gobierno que para el caso de los reincorporados de las Organizaciones
Paramilitares se encuentran en proceso de negociación y de construcción, razón
por la cual en este aspecto puntual queda la puerta abierta a continuar con la
discusión y con la construcción de nuevas y mejores alternativas.
Sin embargo, los elementos de análisis contextuales permiten realizar análisis
colaterales y con proyección de acuerdo con el avance de este proceso,
permitiendo así aportar hacia un futuro consideraciones a tener en cuenta en
dichas políticas.
Las preguntas de investigación que orientan y sustentan este trabajo son:
v ¿Cuáles son las principales características, diferencias e implicaciones
sociales, políticas y económicas de las Políticas Públicas para la población
reinsertada con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno
durante la administración de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe?
v ¿Cuál es el impacto de la Red Social Institucional que atiende a la
población e mención?
22
v ¿Cuáles deben ser las principales características metodológicas de la
propuesta de intervención desde la Gerencia Social para brindar atención a
esta población?
23
2. CONTEXTUALIZACIÓN
La situación actual de Conflicto Armado interno por la que atraviesa nuestro país
se ha caracterizado por su carácter continuo, escalonado, recrudecido y
degradado de sus estrategias y en consecuencia, en el permanente
involucramiento tanto involuntario como voluntario5 de los diferentes grupos o
sectores de la sociedad a su estructura y dinámica propia, que enmarcados en las
esferas de lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental
problematizan aún más las expresiones del Conflicto Armado Interno en una
sociedad como la colombiana.
Sin lugar a dudas hablar de Conflicto Armado Interno tiene significativas
implicaciones tanto académicas como profesionales; pero con gran relevancia en
el trato que le brinda el Estado y el Gobierno de turno a través de las diferentes
Políticas Públicas, e incluso, la evidente influencia que puede llegar a tener en la
actitud de la sociedad civil organizada y no organizada sobre esta situación de
interés general.
Una de estas implicaciones alude a la exigencia Estatal y Gubernamental a dar
respuesta de alguna manera a la diversidad de expresiones sociales, políticas y
económicas particularizadas que origina la situación de Conflicto Armado Interno
en el país y que es complejizada por el contexto de la Globalización.
Lo anterior significa que la denominación de Conflicto Armado Interno es una
expresión que califica la dimensión actual de violencia, de conflicto, de la situación
social, política y económica del país en la cual se identifican actores, escenarios y
5 Dentro del escenario del Conflicto Armado Interno en Colombia el involucramiento involuntario lo refiero a los diferentes grupos o sectores de la sociedad que no hacen parte directa en la confrontación armada como actores militares y, al involucramiento voluntario a quienes por diferentes razones o motivaciones se integran a las filas del Ejército Colombiano, Organizaciones Guerrilleras o Paramilitares que en la dinámica y en la estructura del Conflicto Armado Interno; se perfilan como actores militares armados.
24
expresiones de la misma. Ésta es fuertemente determinada por factores como por
la pobreza, el desempleo, la intervención extranjera y el tipo de explicaciones que
se desarrollen en torno al Conflicto Armado Interno, éstas pueden ser de carácter
social político, económico o religioso en algunos casos.
Es importante tener presente que el desarrollo y el análisis de esta temática se
realiza en el marco de dos acontecimientos relevantes: uno de carácter nacional y
otro de carácter internacional. El primero, la presencia de Álvaro Uribe Vélez como
presidente de Colombia con toda su política de Seguridad Democrática luego de la
administración de Andrés Pastrana calificada como débil y totalmente permisiva
frente a la Guerrilla y los Paramilitares en particular.
Esta notable y determinante condición del cambio de administración, es sin duda
alguna un factor crucial en el rumbo que adquiere el tratamiento o abordaje que
desde en nivel central del poder se le otorgue como es en este caso al Conflicto
Armado Interno y a cada una de sus dimensiones.
Dentro de las dimensiones del Conflicto Armado Interno encontramos las Políticas
Públicas que de alguna manera buscan brindar atención a los actores militares
armados como uno de los caminos hacia la búsqueda y la construcción de la paz.
Estas políticas evidentemente son distintas en su formulación y ejecución en los
gobiernos tanto de Pastrana como de Uribe; puesto que su visión y abordaje del
Conflicto Armado Interno en el país son claramente diferentes.
Por consiguiente, para el caso concreto de la población reinsertada (Ex
guerrilleros y Paramilitares) con discapacidad causada por el Conflicto Armado
25
Interno6, su situación social ha sido distinta en al marco de los gobiernos centrales
en mención.
El segundo acontecimiento es la ratificación en el poder de la política de Guerra
contra el Terrorismo del Gobierno Norteamericano; en cabeza de George Bush en
contra de los países que representan una amenaza para sus intereses.
Una relación directa con la política de Guerra de Estados Unidos, la constituye el
Plan Colombia y el Plan Patriota que brindan apoyo financiero para la compra de
armas y el fortalecimiento de la institución militar de nuestro país, como una de las
estrategias para incrementar y fortalecer las acciones del Conflicto Armado interno
con un marcado énfasis bélico.
Estos dos acontecimientos marcan pautas determinantes tanto para el de orden
global como para la colombiana, una de estas pautas se presenta desde el
lenguaje, es decir, la forma como se nombran y señalan a los actores y sus
acciones en este escenario, por ejemplo, se hace mención reiterada y enfática por
parte de los medios de comunicación y de los gobiernos del mundo, a terroristas y
actos de terrorismo que en ocasiones son sobredimensionados y satanizados de
tal manera; que todos los miembros de una cultura terminan siendo señalados y
perseguidos alrededor de todo el planeta.
Es preciso hasta cierto punto considerar que se hace alusión al término de
Conflicto Armado Interno en un momento de coyuntura nacional e internacional en
todos sus escenarios y expresiones posibles.
Una mirada retrospectiva de la historia socio-política del país desarrollada
ampliamente por diversidad de estudios7, refleja de manera abierta y con toda 6 Hago referencia a esta población con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno, en la medida en que su discapacidad ya sea física o psicológica, ha sido generada o ha sido resultado del enfrentamiento directo armado como actor militar en el escenario del Conflicto Armado Interno colombiano.
26
claridad la agudización y complejización del Conflicto Armado Interno en el país;
puesto que su estructura y su dinámica permea e involucra sin distinción alguna a
la población en general.
Dando paso así a que las condiciones para un Desarrollo Social y Humano
Integral en un contexto o situación de Conflicto Armado Interno; se vean afectadas
y fragmentadas hasta el punto en que el conjunto de la sociedad desde un
enfoque integral de la misma, no tenga garantizada las condiciones más “óptimas,
adecuadas y mínimas” para su desarrollo, desenvolvimiento y movilidad social en
la cual el bienestar físico, biológico, psicológico, emocional y social constituyen los
componentes centrales que lo articulan, lo estructuran y lo dinamizan en los
espacios micro y macro de la sociedad y el Estado colombiano.
Es precisamente en este punto donde la Gerencia Social desempeña una función
de responsabilidad política determinante para que su aporte sea efectivo en la
posibilidad de construir colectivamente un mejor futuro para la sociedad
colombiana.
Es en el escenario de la Políticas Públicas donde la Gerencia Social debe tener
participación activa, responsable, crítica y propositiva y para el caso especial de
los reinsertados con discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno, una
garantía de mejores condiciones de vida bajo la condición de una particular
discapacidad.
Es en la familia, en el individuo, en las comunidades, en la diversidad de grupos,
en las colectividades y por supuesto en lo social donde los efectos y las
expresiones del Conflicto Armado Interno adquieren matices de elevada
importancia que orientan y determinan las acciones o decisiones del Estado y de
7 Entre los cuales se podrían destacar Alejo Vargas Velásquez, Álvaro Tirado Mejía, Bertha Lucía Castaño, Jorge Luis Garay, Marco A. Romero, entre otros.
27
sus representantes frente a ésta. “[...] Lo social es una producción humana que se
modifica a través del tiempo. Es proceso y es producto, por lo tanto su naturaleza
es histórica, propia de una cultura y una sociedad.
Y es también la necesidad biológica de vivir en compañía, de estar con los otros.
[...]”8
Es en el espacio de lo social , de las relaciones entre las personas donde fluyen
variedad de significantes y significados en torno al Conflicto Armado Interno
colombiano; constituyendo así el escenario en el cual a través de las relaciones,
de las interacciones e intercambios de complejo orden (real – simbólico e
imaginario), la actitud de los colombianos problematiza con mayor fuerza la
situación de Conflicto Armado Interno o por el contrario, asume una posición y una
mirada distinta que abre la posibilidad de transformar y orientar otras vías de
“solución” diferentes a la identificación con la violencia, la aniquilación, la
destrucción o el desconocimiento absoluto de los otros.
Además, en el espacio de lo social se encuentra inserta la salud mental como una
de las expresiones del proyecto de desarrollo y como producto también de un
proceso histórico que para nuestro caso ésta se ha visto marcada, influida y
determinada por una serie de sucesos violentos aparentemente olvidados por la
sociedad pero que al realizar una observación un poco más exhaustiva identifico y
caracterizo que este olvido tiene tres expresiones.
Por una parte, alude a un olvido o a un borramiento intencional y estratégico de
ciertos grupos del Estado y de la sociedad, para quienes el Conflicto Armado
Interno constituye una actividad productiva y rentable a expensas de los costos y
expresiones sociales, económicas y políticas que representa. Por otra, la excusa o
8 KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo Social: Una Introducción desde el Construccionismo. Editorial Lumen Humanitas. Páginas 135 – 36.
28
el pretexto perfecto para recrudecer las acciones bélicas y militares sin restricción
y contemplación alguna.
En nuestro país se olvida por conveniencia pero no se perdona, se vive atado a
una cadena en la que permanentemente se pasa la cuenta de cobro y este
comportamiento se refleja en todos y en cada uno de los espacios de la
cotidianidad de los colombianos.
La última expresión de dicho olvido es la apatía, la invisibilidad e insensibilidad
social manifestada en el encapsulamiento propio o particular de cada quien en su
cotidianidad diaria, delegando su responsabilidad como ciudadano a los
representantes del Gobierno y a su mandatario central, quienes han demostrado
que sus acciones no han sido las más adecuadas para la sociedad del común y
sobre todo para las comunidades y los territorios focos de enfrentamientos
directos y armados del Conflicto Armado interno. En un Conflicto Armado Interno siempre hay varias partes, como mínimo dos. En
el Conflicto Armado Interno que hay en Colombia hay dos partes claramente
diferenciadas y enfrentadas: El Estado —opresor, terrorista, oligárquico, fascista y
dictatorial— por una parte, y el Movimiento Insurgente —narcoterrorista,
bandolerizado y desfazado— por la otra, y según las mutuas calificaciones que se
dan entre ambas partes.
En este orden de ideas es pertinente preguntarse por la responsabilidad
humanitaria del Movimiento Insurgente —en cuanto parte en el Conflicto Armado
Interno— en relación con los guerrilleros heridos, enfermos, mutilados, sicóticos
que se producen entre ellos; pues sin lugar a dudas la responsabilidad política y
humanitaria que implica hacer parte directa en los enfrentamientos armados, hace
un llamado público a la crítica política y humanitaria en relación con la población
discapacitada que produce los movimientos insurgentes al margen de la ley.
29
Es preciso que asuman su responsabilidad en el marco de una paz integral no
sólo para quienes han causado daño, sino para quienes también como
combatientes experimentan los rigores de su paso por el conflicto armado. La
responsabilidad no es exclusividad del Estado sino por el contrario es un asunto
que también les atañe y los implica directamente.
Por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Pastrana se dio la Zona de Despeje
como escenario físico, territorial y político para el proceso de negociación con la
Organización Guerrillera de las FARC, dando prioridad así en este escenario a
este actor armado bajo condiciones particulares de negociación, que difieren con
las del actual gobierno.
En esta administración se focalizó la atención en las FARC con evidentes
acciones permisivas como la suspensión de órdenes de captura, la libre
movilización no controlada de sus integrantes al interior del territorio despejado, la
débil acción estatal y militar; lo cual originó su fortalecimiento económico y militar
basado en las actividades relacionadas con el narcotráfico.
En cambio, en el actual gobierno el proceso se ha orientado a las Organizaciones
de las Autodefensas y Paramilitares con un espacio territorial despejado pero con
la aparente proclama de acción militar, judicial y penal en contra de los integrantes
de estas organizaciones, acompañado paradójicamente del recrudecimiento
desigual y diferenciado de las acciones militares tanto en contra de la Guerrilla
como de las Autodefensas y los Paramilitares, además, de las reformas
propuestas y otras ya puestas en marcha al Estado y a la administración de la
justicia (proyecto de Alternatividad Penal, Estatuto Anticorrupción, entre otros).
A ello se suma que desafortunadamente en la opinión pública del común de la
gente, la actual situación de Conflicto Armado interno se ha reducido a la aparente
sensación de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional, sin tener en
30
cuenta que una Política Nacional de Paz debe ser integral y conjugar un proyecto
de desarrollo más viable, productivo y competitivo en todos los niveles y que
expanda de forma más equitativa los beneficios de la Globalización.
La influencia de los medios de comunicación y la manipulación de los gremios
económicos han sido definitivas, le han vendido a la sociedad en general una
visión magnificada y falsa de la actual política de Defensa y Seguridad
Democrática que evidentemente no nos defiende a todos, por el contrario nos
ataca, la seguridad no es posible hacerla realidad con la democracia de por medio
y lo más preocupante es que esta política va en clara contravía con el Estado
Social de Derecho en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
Tan sólo estas primeras diferencias entre las Políticas relacionadas directamente
con el tratamiento dado a la situación de Conflicto Armado interno de los dos
gobiernos en mención, son la evidencia de la magnitud que representa para una
sociedad y un Estado el cambio de administración y en el caso especial de los
reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno en su
participación directa como actores armados, este hecho ha marcado
particularidades en su condición social, política y económica en el marco de
Políticas Públicas para la paz.
En el campo concreto de la Políticas Públicas encontramos el sector salud, el cual
juega un papel central para la atención de la población mencionada; ya que ésta
representa una red de apoyo permanente para quienes han visto de una u otra
forma afectada su salud física y psicológica.
Es por ello que se hace necesario conocer y evaluar la red social institucional que
desde el Estado y las diferentes organizaciones formales y no formales brindan
atención a esta población; puesto que ésta representa un escenario donde se
31
concretan las Políticas Públicas relacionadas no sólo con la salud sino con la
atención que presta o no el Estado a dicha población en el marco de la situación
de Conflicto Armado interno.
Al respecto, la Gerencia Social debe asumir el papel de diseñar un modelo de
atención con un enfoque de Salud Integral para esta población, que trascienda la
rehabilitación física e individual a la rehabilitación conjunta con la familia en
primera instancia como la red de apoyo más importante y además, la
reconstrucción y el fortalecimiento constante de redes de apoyo comunitarias e
institucionales que logren garantizar un mejor nivel y una mejor calidad de vida
para la población en mención y sus familias.
Este proceso se hace posible a través del análisis crítico, reflexivo y sobre todo de
carácter propositivo que desde la Gerencia Social se logra realizar en torno a la
realidad colombiana y a las Políticas Públicas de los gobiernos de turno,
abriéndose la ruta a nuevas y/o mejores alternativas.
En un contexto de Conflicto Armado interno como el nuestro de una u otra forma
todos somos productores y receptores recíprocos de las particulares y diversas
expresiones de ésta desde una perspectiva integral de la misma.
El asumir una actitud de víctimas y victimarios polariza y obstaculiza la posibilidad
de comenzar de una vez por todas la formación de sujetos, personas, ciudadanos,
comunidades, grupos, individuos, colectivos y sociedades capaces de reconocer,
aceptar y comprender las consecuencias tanto de sus acciones como de sus
omisiones para así crear y fortalecer la capacidad creativa y propositiva de todos
los que nos encontramos inmersos en este contexto, es decir, la diversidad de
representantes y actores del Estado, el Gobierno, las instituciones y la sociedad
en su totalidad.
32
Es imperativo reconocernos y actuar como promotores y defensores de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero ello mediado
por el cumplimiento eficaz y responsable de nuestros deberes como ciudadanos y
actores sociales y políticos.
Dentro de las perspectivas que abordan descriptiva y analíticamente el Conflicto
Armado Interno en Colombia se identifican y caracterizan los siguientes actores de
carácter militar: El Ejército Colombiano (conformado por sus grupos y organismos
de Seguridad del Estado), Las Organizaciones Guerrilleras y los Grupos
Paramilitares principalmente. El ejército es apenas una parte de la fuerza pública
del Estado. No actúa por sí sólo, ni lo hace de manera autónoma. Es apenas un
órgano del régimen político y actúa con dependencia de las clases dominantes en
los aspectos económico y político. Claro está que las demás Fuerzas de
Seguridad del Estado, también se encuentran involucradas y ejercen acciones
militares de acuerdo a sus rangos de competencia.
Las acciones bélicas entre estos actores en las áreas rurales han venido
originando el constante desplazamiento forzoso no sólo interno puesto que ya se
han presentado algunos casos hacia fronteras con países limítrofes. Estas
comunidades y sus familias se constituyen en receptoras directas de dichos
enfrentamientos militares que sumado a las difíciles condiciones de nivel y calidad
de vida, estas poblaciones afrontan una cruda y preocupante situación.
Ante esta situación Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), Instituciones
Estatales y otros grupos con sus respectivos planes, programas, proyectos y
acciones puntuales (acciones terapéuticas individuales – grupales, familiares,
entre otras) han logrado de alguna manera atender y dar respuesta al
desplazamiento y a otras problemáticas que de éste se derivan. Sin embargo, aún
bajo las condiciones actuales del país no es posible trabajar en el espacio de la
prevención.
33
Hoy por hoy, se puede identificar a la población civil como un actor en doble vía,
es decir, como receptor directo e indirecto de las expresiones del Conflicto Armado
Interno pero también como reproductor de las estrategias de Conflicto Armado
interno que se implementan a través de la política de Defensa y Seguridad
Democrática del actual gobierno; en donde se involucran a los campesinos de
diferentes regiones del país como soldados regulares e informantes;
contradiciendo por completo algunos de los principios del Estado Social de
Derecho y la garantía de dar cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario y
a los Derechos Humanos como función social inherente al Estado.
El contexto de Conflicto Armado Interno determinado por las esferas mencionadas
anteriormente, complejizan y agudizan con mayor fuerza la actual situación
nacional, local, regional e internacional; puesto que sin duda alguna estos cuatro
ámbitos son estructuradores y dinamizadores de las diferentes relaciones que se
establecen al interior de una sociedad a nivel social, político y económico
principalmente.
La sociedad y el Estado como un sistema interconectado e interdependiente, hace
que las decisiones que se tomen en alguno de sus subsistemas o esferas afecten
directa y determinantemente a las otras. Una decisión política redunda en lo social
y en lo económico inevitablemente, más aún, cuando se trata de Políticas
Públicas.
La crisis social se agudiza, las posibilidades de empleo en las regiones rurales se
ven casi borradas, el desplazamiento a las ciudades aumenta los cordones de
miseria, el acceso a los diferentes servicios sociales se ve notoriamente
restringido y en otros casos se presta con evidentes fallas de calidad y cobertura,
la inversión extranjera es esquiva ante la falta de garantías de seguridad, la
inversión social en salud y en educación pasa a ocupar un segundo plano, las
34
garantías para el ejercicio de las libertades democráticas en algunas partes del
territorio nacional no es posible ejercerlas y en otros lugares se encuentran
supeditadas y en manos de los grupos insurgentes, la violación a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario es de carácter sistemático.
Son en estos niveles en los cuales la multiplicidad de causas, factores, actores,
escenarios, tiempos, expresiones y efectos logran dar cuenta de cómo el contexto
de Conflicto Armado interno puede a través de dos vías introducir significativas
transformaciones o cambios o de lo contrario, obstaculizar y detener procesos al
interior de la sociedad.
Estas posibles modificaciones y estancamientos adquieren particularidades
dependiendo del proceso histórico y cultural del un Estado y una sociedad
determinada, incluso, de la etapa histórica actual por la que esté atravesando.
Este último elemento de análisis es fundamental tenerlo presente en este tipo de
abordajes y temáticas; ya que constituye desde una perspectiva histórica uno de
sus pilares centrales permitiendo comprender la dinámica de dichos cambios y
estancamientos.
Para el caso de Colombia identifico y caracterizo a grosso modo estas dos vías:
La primera, la sociedad y el Estado se organizan en torno a la situación de
Conflicto Armado interno para apoyarla o hacer parte de ella directa o
indirectamente o, para rechazarla o repudiarla por medio de organizaciones
sociales de base, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), actividades de
protesta, creación y fortalecimiento de nuevas organizaciones, propuestas de
proyectos de ley unas de orden punitivo y paliativo y, otras de reparación o
restauración social y moral.
35
Por ejemplo, cuando la sociedad se estructura bajo las condiciones y parámetros
propios del contexto de Conflicto Armado interno las decisiones y acciones
Estatales adquieren una serie de particularidades que se evidencian en el
acontecer diario del país . Entre las cuales se destacan las siguientes:
v La intervención social del Estado se dirige enfáticamente a la post-atención
de las consecuencias del Conflicto Armado Interno porque la crisis de
legitimidad que caracteriza a nuestro Estado colombiano, no garantiza las
posibilidades y condiciones para trabajar en el área de la prevención.
v La intervención social del Estado se ve reducida significativamente; puesto
que ésta se encuentra supeditada y condicionada a la dinámica del
Conflicto Armado Interno .
v Además de verse afectada la economía perjudicando las principales
actividades económicas consideradas como motoras de ésta, se ve
obligada y sujeta a responder a las exigencias o demandas de inversión y
de gasto que el Conflicto Armado Interno requiere para sostenerse sin
importar cual sea su causa y el costo social que ello representa.
En los anteriores aspectos se resalta las decisiones del Estado en un escenario de
Conflicto Armado, sin embargo, es preciso aclarar que la misma situación o
condición aplica para los demás actores, sin perder de vista que éste “es un
enfrentamiento continuo y sostenido entre dos o más partes que recurren a la
fuerza para dirimir la controversia suscitada por la oposición entre sus voluntades,
intereses o puntos de vista”.9
9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Lo que Usted debe saber sobre el Derecho Internacional Humanitario. Página 4.
36
Tanto las actividades económicas macro como las micro paulatinamente se han
venido envolviendo en la lógica del Conflicto Armado Interno haciendo de éstas los
engranajes que dan movimiento a una economía de Conflicto Armado interno.
A ello se suma que el Estado prioriza la inversión y el presupuesto a sus
Instituciones Militares y Fuerzas Armadas, generando así una situación paradójica
en la cual el Estado es partícipe y responsable directo en la agudización del
Conflicto Armado ; ya que en su afán de contrarrestarlo y exterminarlo se sumerge
como Estado y arrastra a la sociedad en general a esta situación y condición; no
sólo como enfrentamiento, confrontación o lucha armada sino también generando
otros escenarios de Conflicto Armado interno tan complejos como la urbanización
del mismo.
Entre éstos tenemos el urbano donde el Conflicto Armado Interno de pandillas
cobra gran fuerza y relevancia, los actores de la lucha armada se trasladan
estratégicamente a los centros urbanos ubicándose en diferentes sectores de la
sociedad permeando la cotidianidad de barrios completos, involucrando y
afectando la vida comunitaria, grupal, colectiva, social, individual y familiar de sus
habitantes.
En este escenario, los niños y los jóvenes constituyen el grupo poblacional más
“llamativo y propicio” para ser de algún modo parte del Conflicto Armado Interno
que se podría denominar urbano.
Otro escenario lo constituye el Sistema Penitenciario y Carcelario que en su in-
terior vive las más paupérrimas condiciones de vida y la permanente violación a
los Derechos Humanos. Es central resaltar que allí se encuentran y congregan en
37
un modo o estilo particular de vida diversidad de actores directos e indirectos10 de
los diferentes espacios y expresiones del Conflicto Armado Interno en Colombia.
A partir de lo anteriormente planteado, se logra destacar que en un proceso de
retroalimentación estos escenarios son en gran parte la manifestación del contexto
general de Conflicto Armado interno y viceversa; porque el sistema estatal y social
en su conjunto es cambiante, dinámico y determinante entre sí.
La segunda vía de expresión del Conflicto Armado Interno alude a una
desestructuración hasta el punto de plantearse y aceptar la necesidad de re-valuar
cada una de las prácticas sociales, políticas, económicas, estatales,
gubernamentales, institucionales y cotidianas; teniéndose así que enfrentar a
profundas paradojas o contradicciones propias e inherentes al proceso de
formación histórica de un Estado y una sociedad.
El Conflicto Armado interno en nuestro país constituye y representa tanto un
producto como un productor de un proceso histórico que por más de cinco
décadas ha marcado y determinado las representaciones sociales11 existentes en
torno a la sociedad colombiana.
Sin embargo, es pertinente recordar que una de las principales características de
un Estado y de su sociedad es que éstas son mutables y en esta misma medida
10 Los actores directos son aquellos que con sus acciones otorgan forma, contenido y movilidad al Conflicto Armado Interno, por ejemplo, el narcotráfico como fuente central de financiación. Los actores indirectos son aquellos que se pueden considerar como expresiones de esa gran maquinaria que caracteriza al Conflicto Armado Interno en Colombia y que finalmente terminan siendo colaboradores o partículas integrantes de dicha máquina, por ejemplo, los grupos de delincuencia común, las pandillas y los pequeños traficantes de droga y armas. 11 “[...] fenómeno social a partir del cual se construyen las representaciones individuales. Al trascender a los individuos particulares, forman parte de la cultura de una sociedad. [...]”. DURKHEIM, Emilio. Representaciones Individuales y Representaciones Colectivas, en Revista de metafísica y de moral, No. 4, páginas 273 – 302. París, 1898. “[...] son pensamientos constituidos y pensamientos constituyentes porque no sólo reflejan la realidad, sino que informan sobre los rasgos de la sociedad en la que se han formado [...]”. IBAÑEZ, Tomás. Representaciones Sociales. Teoría y Método, incluido en Psicología Social Construccionista. Universidad de Guadalajara, México, 1994. Página 216.
38
(aunque paulatina y lentamente); dichas representaciones sociales han venido
experimentando variaciones de re-construcción y de-construcción de las mismas;
exigiendo así a los diferentes paradigmas y enfoques teórico-conceptuales,
metodológicos y axiológicos articular e integrar la variedad de perspectivas de
abordaje a cerca del Conflicto Armado Interno; para lograr una mirada más integral
de ésta y desarrollar estrategias de intervención que den respuestas y alternativas
viables de transformación en las cuales cada uno de los sujetos individual y
colectivamente sean miembros activos.
Las representaciones sociales según los desarrollos y aportes de Durkheim e
Ibáñez; leídos bajo óptica del Conflicto Armado Interno en Colombia cumplen
funciones claves entre las cuales se destacan:
v El conocimiento socialmente construido y compartido frente al contexto de
Conflicto Armado interno .
v La mirada particular de comprender, interpretar, actuar y posicionarnos ante
el Conflicto Armado Interno y sus actores.
v Contribuyen a configurar la realidad, a producir efectos y procesos sociales
v Legitiman el orden social establecido
v Conforman las identidades personales y sociales
v Configuran y expresan las características de los grupos.
Estas funciones innegablemente dan forma y movimiento al Conflicto Armado
Interno en el país ubicando a sus participantes, discursos y acciones de modo
particular, entonces, hay variedad de representaciones sociales al interior del país
39
pero también existen desde “afuera – el exterior” a cerca de la situación de
Colombia y paradójicamente multiplicidad de representaciones sociales tantas
como actores, causas, consecuencias, expresiones, escenarios, temporalidades,
contextos, entre otros, hay alrededor del Conflicto Armado Interno colombiano.
Sobre la mirada del exterior y más exactamente de los actores internacionales,
dichas representaciones toman fuerza en la medida que legitiman la intervención
extranjera en los asuntos de carácter nacional; los cuales finalmente se
convierten de interés internacional ya que los diversos conflictos por los que
atraviesan países como el nuestro y otros del Medio Oriente, representan un punto
de atención prioritaria para países como Estados Unidos.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el más claro reflejo de la
política de Guerra declarada de los Estados Unidos en Colombia y con mayor
fuerza después de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de
2002, éstas símbolo del poderío económico y financiero de esta potencia. Por
supuesto que este acontecimiento va unido a una serie de sucesos alrededor del
mundo.
Esta multiplicidad de representaciones sociales en el marco de la pluralidad
origina que contradictoria y problemáticamente coexistan bajo la modalidad de
conflicto, violencia y Conflicto Armado interno, prolongada variedad de modos o
estilos de vida; unos de acuerdo a los parámetros y ordenes sociales pre –
establecidos, otros emergentes y controversiales que ponen entre dicho los
modelos tradicionales o conservadores aún reproducidos por el Estado y la
sociedad a través de las relaciones propias que la constituyen.
A ello se suma que “posiblemente” en un futuro halla un “acuerdo” sobre el
Conflicto Armado Interno en Colombia y que junto con sus diferentes modalidades
de ejercicio y expresión deben cesar o acabar definitivamente, pero así como
40
existe diversidad de representaciones sociales sobre el Conflicto Armado Interno
en sí; también las hay a cerca de las vías o caminos de solución.
Dicha diversidad de propuestas difieren la una de la otra, de un actor a otro y ello
se encuentra determinado por la relevancia de su posición en el Conflicto Armado
Interno y por la experiencia individual y grupal. Basta con revisar y analizar los
discursos de la sociedad civil12, el Ejército, la Guerrilla, los Paramilitares, los
partidos políticos, los reinsertados, los militares en retiro, grupos universitarios o
académicos, sindicatos, ONG´s, intelectuales, escritores, periodistas, entre otros;
cada quien habla y propone una salida al Conflicto Armado Interno según su visión
y experiencia directa e indirecta como individuo, grupo o sociedad.
Las consideraciones generales abordadas anteriormente, presentaron de manera
global las categorías de análisis que orientan este trabajo y que buscan dar
cumplimiento a los objetivos planteados.
12 Considero a la sociedad civil como aquella que no constituye ni representa un actor militar armado dentro del escenario del Conflicto Interno. La sociedad civil se ve involucrada por los actores militares armados.
41
3. JUSTIFICACIÓN
Son cinco las razones centrales que sustentan la realización de este trabajo en el
escenario de la Gerencia Social y las Políticas Públicas.
La primera, es la emergente situación actual y coyuntural por la que atraviesa el
país y la cual hace un llamado imperativo a la construcción conjunta e integral de
alternativas de estudio e intervención en torno al Conflicto Armado Interno y a sus
actores militares armados, como ciudadanos colombianos y lo que esto debe
representar para un Estado Social de Derecho.
Constituye un compromiso y una responsabilidad social, política, profesional, ética
y moral de todos aquellos a los que nos preocupa y compete como ciudadanos y
como profesionales la formulación y ejecución de Políticas Públicas de un país en
situación de Conflicto Armado interno.
La segunda, es la importancia de trabajar no sólo con las víctimas directas del
Conflicto Armado Interno sino también planear, ejecutar y evaluar desde las
Políticas Públicas un trabajo conjunto con otros grupos poblacionales o actores
que de una u otra manera estructuran y dinamizan el Conflicto Armado Interno
colombiano.
Entre ellos están los actores o sujetos desvinculados y los militares en retiro, dos
grupos que adquieren características y dimensiones de movilidad social muy
particulares en nuestro contexto de Conflicto Armado Interno. Para el caso
específico de los militares en retiro se requiere un estudio o una investigación
particularizada.
Mi interés académico, investigativo y profesional por este grupo se origina y
fortalece porque considero que una situación y un contexto de Conflicto Armado
42
Interno exige ser dimensionado y comprendido en sus dos caras o rostros, o de lo
contrario, se realizaría una lectura polarizada y extremista de víctimas y victimarios
sin atender a la complejidad de esta situación socialmente problemática y de un
alto grado de prioridad de atención.
Estos sujetos en un primer momento se configuraban como “victimarios y
productores de actos de Conflicto Armado interno y barbarie”, en el caso de los
reinsertados en nombre de una causa y una lucha justa. Los miembros de las filas
del Ejército en nombre del Estado y la seguridad nacional. En segunda instancia,
está el paso de la vía armada a la vida civil de los reinsertados con toda su
diversidad de implicaciones subjetivas, familiares, comunitarias, colectivas,
sociales, políticas, económicas y jurídicas. Además, su responsabilidad
humanitaria como generador de población discapacitada.
Sobre los militares en retiro poco y nada se menciona de su verdadero papel en
este Conflicto Armado interno, por ejemplo se escucha hablar de ellos en tiempo
de elecciones y de reinados de belleza a través de la televisión como “pantallazo y
propaganda” visitándolos en los hospitales, clínicas o centros de rehabilitación. En
otros casos los que ocuparon altos cargos en la institución militar se lanzan a la
política para ahora “jugarle y apostarle” al Conflicto Armado Interno desde este
escenario.
La tercera razón refiere a la coherencia en mi proceso de formación académica y
profesional como Trabajadora Social y en la actualidad como especialista en
Gerencia Social, especialización que me ha brindado herramientas metodológicas
y de análisis del contexto nacional e internacional con el fortalecimiento de una
mirada integral de mi entorno.
43
Con una actitud y disposición abierta, crítica, reflexiva y propositiva permanente a
cambios teórico – conceptuales y metodológicos que enriquezcan y fortalezcan mi
proceso integral de formación profesional y humana.
La cuarta, es el aporte a las instituciones que a nivel Distrital atienden y trabajan
con estos sujetos de forma individual e igualmente con sus familias. Este aporte
constituye sugerencias, recomendaciones y propuestas de carácter evaluativo,
crítico y propositivo con el objetivo de originar y afianzar las redes de apoyo.
La quinta razón porque representa un medio y un espacio para continuar sacando
a la luz pública que el Conflicto Armado Interno colombiano es mucho más que el
conflicto armado, que todos como sociedad sin importar nuestra condición o
posición social por elección voluntaria, involuntaria, directa e indirecta nos
encontramos inmersos en él, que nuestras acciones y omisiones innegablemente
tienen sus consecuencias.
Como ciudadanos de deberes y derechos hacemos parte de un colectivo, de un
grupo, de una familia y de una comunidad en donde los hilos menos esperados de
las redes sociales, comunitarias, familiares e institucionales se pueden romper o
sufrir cambios definitivos y determinantes para todos nosotros y ante ello no
podemos dar la espalda.
La reiterada mención de una Política Pública con un Enfoque Integral de Salud
Mental en un contexto de Conflicto Armado Interno como el colombiano, responde
ante todo a un interés académico y profesional particular, de retomar con toda la
pertinencia social, metodológica y disciplinar que implica para la Gerencia Social
su relación con el área de la salud mental.
El contemplar desde un enfoque integral la salud mental que transcienda de lo
individual, clínico y médico a lo familiar, comunitario y al espacio de las relaciones
44
humanas, el Gerente Social tiene un enriquecedor espacio de intervención ya que
su perfil en el trabajo individual, familiar, comunitario y laboral le posibilita
integrarse y dinamizar procesos en el área de salud mental pues ésta se
encuentra en todos y cada uno de dichos espacios.
La pertinencia social de este tipo de abordaje se encuentra referida a la exigencia
de atender al llamado a la crítica situación social por la cual atraviesa la gran
mayoría de la población colombiana, originada y expresada por el Conflicto
Armado Interno al interior del país y la cual afecta notoriamente la salud mental y
el desenvolvimiento social de los colombianos, entre ellos se encuentran los
reinsertados y los exmilitares como una población con un alto grado de
vulnerabilidad.
Ello requiere que metodológica y disciplinarmente la Gerencia Social, además de
fortalecer sus propios escenarios de intervención, de nuevo incluya en su
formación académica las categorías y elementos de análisis inherentes al proceso
de la salud mental que pueden llegar a ser abordados; pues esto le permite con
mayor criterio y firmeza el trabajo interdisciplinario con profesionales como
médicos, enfermeras, psiquíatras, entre otros del área de la salud.
Del proceso de formación académica, profesional y de nuestra actitud o
posicionamiento depende que nuestro aporte e intervención en la salud mental
desde las Políticas Públicas sea reconocido, valorado y cualificado por los
profesionales en mención y por la población en general. En este caso el trabajo
específico con los reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado
Interno.
45
4. OBJETIVOS GENERALES
v Realizar un análisis del contexto del Conflicto Armado Interno en Colombia
y su relación con las Políticas Públicas de Atención en Salud para la
población Reinsertada con Discapacidad, durante las administraciones de
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
v Realizar un análisis crítico y propositivo de la Red Social Institucional que
brinda apoyo a la población en mención.
v Realizar una propuesta metodológica de intervención integral para esta
población desde la Gerencia Social con un Enfoque Sistémico de Salud
Mental en un Contexto de Conflicto Armado interno.
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
v Identificar y caracterizar las principales diferencias e implicaciones
sociales, políticas y económicas de las Políticas Públicas de Atención en
Salud para la población reinsertada con discapacidad causada por el
Conflicto Armado Interno, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y
Álvaro Uribe.
v Identificar y describir los programas de atención y estrategias de
intervención de la Red Social Institucional que brinda atención a la
población en mención.
v Realizar el análisis y evaluación previa de los aportes elaborados durante
el desarrollo de la temática para elaborar la propuesta metodológica de
intervención desde la Gerencia Social con un Enfoque Integral de Salud
Mental en un Contexto de Conflicto Armado interno.
46
6. ALGUNAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN
COLOMBIA
Alrededor de la situación de Conflicto Armado interno y del país se han realizado
estudios o investigaciones que desde diversidad de perspectivas logran dar cuenta
de la complejidad social, económica, política e histórica que ha venido
estructurando y dinamizando de modo particular al Estado y a la sociedad
colombiana en su conjunto.
Algunas de estas perspectivas son las de carácter histórico, estructural y
coyuntural que aborda la situación de Conflicto Armado interno a partir de
elementos y análisis propios de cada una. Sin embargo, dada la complejidad de
escenarios, actores y expresiones del Conflicto Armado Interno en Colombia estos
elementos o componentes analíticos se conjugan y entrecruzan entre sí; revelando
su interconexión e influencia recíproca en los espacios macro y micro de la
sociedad y del Estado.
A continuación se presentan los aportes o desarrollos más relevantes de la
perspectiva histórica, de la coyuntural y la estructural de algunos autores
consultados acerca del Conflicto Armado Interno en Colombia.
6.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA
Esta perspectiva se caracteriza principalmente por retomar los acontecimientos
sobre el Conflicto Armado Interno que durante la historia del país han delineado
gran parte de su vida social y política; que enriquecida con un abordaje
retrospectivo y prospectivo sobre el devenir histórico de Colombia; permite
evidenciar las continuidades y discontinuidades del Conflicto Armado Interno que
por un lado la han agudizado y por otro, han obstaculizado los intentos de una
proceso de negociación política.
47
Hay diferentes e importantes autores que elaboran y desarrollan su lectura del
Conflicto Armado Interno a partir de dichas características, uno de estos
reconocidos autores es Alejo Vargas Velásquez quien también con elementos de
tipo histórico construye su mirada en torno a esta temática; conjugando los
contextos nacionales, regionales, locales internacionales con su ya conocidos
aportes a la relación entre política-poder-violencia y guerrillas.
El gran aporte de este autor es que además de presentar hechos históricos
relevantes desde una óptica crítica, analítica y reflexiva, reinterpreta y
redimensiona con sentido no sólo la dimensión histórica sino también la coyuntural
y la estructural con una proyección propositiva a una salida de la situación de
Conflicto Armado interno .
En palabras de Alejo Vargas:
[...] lo que podríamos denominar esas raíces históricas que nos explican
no sólo el conflicto armado, sino la multiplicidad de violencias que
atraviesa nuestra sociedad, y también para reivindicar la tesis de la
naturaleza política de la violencia asociada al conflicto armado entre
guerrilla y Estado, que es la única razón ética y política que explica por
qué esta violencia es posible resolverla de manera negociada. [...]13.
Las organizaciones guerrillas armadas a lo largo de la historia han jugado
un papel fundamental en la estructura y la dinámica del Conflicto Armado
Interno en el país; materializando la relación mencionada anteriormente
entre política y violencia: “[...] en el caso colombiano podríamos señalar
que la relación entre política y violencia ha sido bastante persistente en el
13 Publicado en Democracia, Proceso de Paz en Colombia: un debate desde la Academia Editor Roberto González. Ediciones Uninorte. Barranquilla, Colombia, 2000. p. 3
48
largo plazo. Por eso de alguna manera podríamos afirmar que las
guerrillas que surgen en los años sesenta, y que son la matriz actual del
conflicto armado, son si se quiere, herederas de una larga tradición en la
relación entre política y violencia en Colombia [...]”14.
Dentro de una lectura integral y articulada del Conflicto Armado Interno en el país
este autor hace mención a elementos de orden externo e interno que se pueden
considerar como intervinientes y desencadenantes del surgimiento de las
guerrillas comienzos de los años sesenta.
Los externos como la Guerra Fría, la Revolución Cubana y Ruptura Chino
soviética y los internos como los remanentes de las guerrillas liberales,
surgimiento de una nueva izquierda marxista distintas al Partido Comunista
tradicional, el Frente Nacional, la radicalización política de sectores juveniles
especialmente universitarios, el renacer del problema agrario y la radicalización
de sectores sindicales, el sindicalismo petrolero.
A veces se olvida que las luchas campesinas por la tierra en los años 20, 30 y 40
del siglo pasado son el antecedente directo del surgimiento del movimiento obrero
y campesino que es la base de la guerrilla. La violencia política de los años 50 fue
también contra los comunistas, socialistas, sindicalistas y el pueblo liberal, más
que contra los oligarcas liberales a quienes Laureano Gómez y los conservadores
consideraron siempre iguales o “peores” que los mismos comunistas.
En estos escenarios de lo externo y lo interno son dos los grandes procesos que
dan origen a los grupos guerrilleros en Colombia:
[...] Un proceso primariamente político que se entrecruza a posteriori o
simultáneamente, con dinámicas sociales y regionales que le aportan el 14 Ibid., p. 5.
49
tejido social en el cual se implantan y desarrollan. Es lo que podríamos
denominar la violencia política que busca transformarse en revolucionaria,
y es un proceso en el cual prima la decisión política de iniciar una larga
marcha hacia la construcción de un acto militar alternativo al Estado, que
lo confronte y le dispute su influencia política y, eventualmente, lo
sustituya. En esta primera categoría ubicaríamos claramente los casos
del ELN, el EPL y posteriormente del M-19.
El segundo, en el cual sería ubicable el caso de las FARC, hace
referencia a aquellos procesos primariamente ligados a dinámicas
sociales y regionales que se han desarrollado, básicamente, por la
defensa de formas de organización social y del territorio y que, en forma
paulatina, se transforman y entrecruzan con dinámicas cuyos referentes
son políticos nacionales. Son, por así decirlo, modalidades iniciales de
autodefensa que, progresivamente, se convierten en proyectos políticos
de carácter nacional; allí podríamos decir que es a partir de formas de
violencia más de carácter comunitario que se transforman en
modalidades de acción revolucionaria [...]15.
Como se mencionó con anterioridad dada la complejidad y características del
Conflicto Armado Interno en país, la perspectiva histórica se ve significativamente
enriquecida por la perspectiva estructural y coyuntural, la cual denota la
agudización de la situación de Conflicto Armado interno , la aparición de actores y
escenarios que movilizan y problematizan con mayor fuerza las condiciones
políticas, sociales y económicas en Colombia.
15 Ibid., p. 13.
50
6.2 PERSPECTIVA ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL
Luis Jorge Garay en su libro Construcción de una Nueva Sociedad16 identifica
cuatro frentes de la crisis; en donde las diferentes problemáticas sociales,
económicas y políticas principalmente encuentran vías de expresión. Estos frentes
son:
6.2.1 Subordinación de lo Público
Entendida como la subordinación de lo público a favor de intereses privados
privilegiados y excluyentes que han adquirido poder político, económico, cultural y
social; por medios tanto legítimos como ilegítimos.
La marcada ausencia del sentido de lo público ha ido permeando la forma de
proceder, en comportamiento y la conducta de los ciudadanos, privilegiando
intereses individuales sobre el llamado “Bien Común”.
6.2.2 Deslegitimación del Estado
Hace referencia al resquebrajamiento de funciones y responsabilidades básicas e
inalienables de un Estado Democrático, algunas de ellas son:
• Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos
• Propender por la preservación del orden instituido en el ordenamiento
político y social.
• Velar por la integridad territorial
16 Publicado por Tercer Mundo Ed itores. Bogotá, D.C., 1999.
51
• Asegurar la prevalecía de la ley en derecho y el monopolio en la aplicación
de la justicia.
6.2.3 Pérdida de convivencia ciudadana
Se caracteriza básicamente por:
• Ruptura de las reglas básicas de convivencia
• Creciente uso de la fuerza, la coacción y el poder de unos grupos
poderosos sobre otros grupos de la población.
• Deterioro de comportamientos y conductas en los diferentes niveles de
relación e intercambio social (ciudadano-ciudadano, ciudadano, Estado,
ciudadano-sociedad).
• Violación a normas, procedimientos y disposiciones jurídicas y políticas
establecidas.
6.2.4 Conflicto armado, ilegalidad y narcotráfico
Constituyen una triada indisoluble en directa relación con las actividades de los
grupos armados al margen de la ley como la guerrilla y los paramilitares; que a
través del narcotráfico financian el aparato del Conflicto Armado Interno y permean
la conducción de las acciones políticas, económicas y culturales de la sociedad
colombiana.
Revisemos otros aportes teóricos y conceptuales en torno al concepto de Conflicto
Armado interno elaborados por autores como Karl Van Clausewitz, Sigmund
52
Freud, Edgar Barrero Cuellar y Jairo H. Gómez E.17, quienes plantean
características generales de una Conflicto Armado interno como en el caso de los
dos primeros autores y, los dos últimos a partir del ámbito internacional llegan al
contexto colombiano.
“[...]el Conflicto Armado Interno es, en consecuencia, un acto de fuerza para
imponer nuestra voluntad al adversario [...]”18. De esta definición se pueden
resaltar los siguientes elementos:
• La fuerza (física) como medio un golpe con duración
• la imposición de la voluntad al otro como el objetivo
• La configuración de un adversario o enemigo el Conflicto Armado Interno
nunca es un acto aislado.
• No existe límite para la aplicación de dicha fuerza
• El propósito de la acción militar es desarmar al enemigo acción militar de
carácter continuo.
En este mismo orden de ideas Clausewitz identifica lo que él denomina acciones
recíprocas en el contexto de Conflicto Armado interno, a saber:
ACCIÓN PRECÍPROCA DEFINICIÓN
Primera
Cada adversario fuerza la mano del otro y esto
redunda en acciones recíprocas teóricamente
ilimitadas. Esta es la primera acción recíproca
que se presenta y el primer extremo.
17 Clausewitz fue un General Prusiano (1780-1831) que desde su formación y experiencia militar teorizó sobre las situaciones de guerra de su época. Freud con sus aportes y desarrollos psicoanalíticos aborda esta temática. Barrero Cuellar es Psicólogo social y profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Jairo Gómez es profesor de la Universidad Distrital del Seminario de Didáctica de Ciencias Sociales. 18 CLAUSEWITZ, Karl V. Del. Editorial Labor. Barcelona, 1992. P. 12.
53
Segunda
Mientras no haya derrotado a mi adversario debo
temer que él pueda derrotarme. Ya no soy, pues,
dueño de mi mismo, sino que él fuerza mi mano
como fuerzo la suya. Esta es la segunda acción
recíproca que conduce a un segundo extremo.
Tercera
Nuestro adversario procede del mismo modo y
surge así entre nosotros una nueva puja que
desde el punto de vista de la teoría pura lleva
una vez más a un punto extremo. Esta es la
tercera acción recíproca que se encuentra y el
tercer extremo19.
En el espacio de lo político este autor afirma que: “[...]el Conflicto Armado Interno
no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una
continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios
[...]”20. Esta afirmación nos remite a:
• El objetivo político aparece en un primer plano
• El objetivo político como una causa del Conflicto Armado Interno
• El objetivo político se alcanza a través de la acción militar
• El propósito político es el objetivo y el Conflicto Armado Interno el medio.
Para Freud a quien se le puede considerar un visionario alrededor de diferentes
temas entre éstos el del Conflicto Armado Interno; nos dice en el marco de la
Primera Conflicto Armado interno Mundial que ésta es: más sangrienta ,
devastadora, cruel, encarnizada, inmisericorde, trasgresora de todas las
restricciones del Derecho Internacional, perfeccionada, poderosa y arrasadora.
19 Ibid, p. 15-17. 20 Ibid., p. 37.
54
Lo interesante de estas características es que son expresadas21 por Freud más o
menos entre marzo y abril de 1915, unos seis meses después del estallido de la
Primera Conflicto Armado interno Mundial, características que en la actualidad
estructuran y dinamizan el Conflicto Armado Interno en Colombia y por supuesto
en el resto del mundo.
Bajo la perspectiva Psicosocial se identifican tres características psicosociales del
Conflicto Armado Interno; retomadas por Jairo Gómez a partir de los trabajos de
Martín Baró.
Estas tres características propuestas por Martín Baró se presentan y
representan socialmente de diferente manera en los países que se
encuentran en Conflicto Armado interno. Por ejemplo, si bien es sabido
y comprobado que la utilización de la violencia no es atribuible ni a
pulsiones destructivas, personalidades psicópatas o a una maldad
demoníaca sino simplemente a su valor instrumental en una
determinada situación para la consecución de lo que se pretende, los
actos violentos pueden ser utilizados por los imagólogos para identificar
la razón, el diálogo o el consenso y promover representaciones sociales
que incorporan a su núcleo figurativo cualesquiera de esas tres causas o
las tres.
Para el caso de la polarización, entendida como “el desquiciamiento de
los grupos hacia extremos opuestos”, la representación social alcanza
unos niveles de ontologización y naturalización de ese objeto llamado
Conflicto Armado interno que desvirtúan completamente su verdadera
naturaleza al punto que las personas, los hechos y las cosas ya no 21 Estos planteamientos de Freud se encuentran en sus dos ensayos “La desilusión provocada por el Conflicto Armado Interno y Nuestra actitud hacia la muerte”, publicados en De Conflicto Armado interno y Muerte Temas de Actualidad (1915). Obras Completas Tomo XIV. Buenos Aires. Amorrortu, 1976. P. 275 – 303.
55
miden por lo que son en sí, sino por si son nuestras o de ellos y por lo
que representan a favor o en contra para la confrontación,
desvaneciéndose de esta forma la base de la interacción cotidiana; los
valores dejan de tener vigencia colectiva, e incluso se pierde la
posibilidad de apelar a un “sentido común” ya que son los mismos
presupuestos de la convivencia los que se encuentran sometidos a
juicio.
Finalmente, la mentira como característica del Conflicto Armado Interno
constituye uno de los dispositivos sociales que más desestructura el
campo de representación. En efecto, esa mentira que va desde la
corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional del discurso
público, pasando por la mentira recelosa y paranoide con la que la
mayoría de las personas tiende a encubrir sus opiniones y opciones,
impide que los contenidos de las representaciones sociales se
consoliden y organicen en núcleos figurativos estructurados. “La mentira
ha llegado a impregnar de tal manera nuestra existencia, que
terminamos por forjarnos un mundo imaginario, cuya única verdad es
precisamente que se trata de un mundo falso” en palabras de Martín
Baró. De esta forma, la mentira genera una representación falseada de
la representación social circulante, la información es asimilada de
manera sesgada, recortada, las actitudes se fracturan, se escinden; el
pensamiento se colapsa y llega a pensarse de manera tanto lógica que
la violencia es la única solución al problema de la misma violencia, lo
cual, como diría Fouché, eso, más que un crimen, es una estupidez22.
22 GÓMEZ, Jairo. Las Representaciones Sociales del Conflicto Armado Interno. Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD en el marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción, abril 13 a junio 30 de 2.002. Bogotá, D.C., p. 3.
56
Una propuesta desde la Psicología Social refiere algunas características del
Conflicto Armado Interno globalizada convertida en imaginario y representación
social:
• Es el primer Conflicto Armado interno Mundial única en la historia de
la humanidad: gracias al desarrollo científico y tecnológico puesto al
desarrollo de la carrera armamentista.
• Tiene un carácter imperialista en la medida que busca el control físico
y psicológico de la totalidad humana.
• Es un Conflicto Armado interno contra enemigos invisibles: ilusiones
ópticas, imaginarios y representaciones, Ej. Terrorismo.
• Es un Conflicto Armado interno eminentemente psicológico que actúa
con mecanismos como la esquizofrenia, el miedo y la paranoia.
• Es el Conflicto Armado Interno de las víctimas civiles: en la Primera
Conflicto Armado interno tan sólo el 20% de las víctimas fueron
civiles, hoy las cifras alcanzan el 80%.
• Es el Conflicto Armado Interno de las representaciones sociales:
Ø Naturalización de la violencia: se instala en nuestro cuerpo
Ø Enraizamiento social: penetra todos los espacios cotidianos: los
hechos, los discursos y los deseos.
57
Ø La justificación moral: es buena o mala dependiendo de donde se
ubique el sujeto en el plano de las relaciones de poder: “los rivales
se contemplan en un espejo ético, que invierte las mismas
características y las mismas valoraciones, hasta el punto de que
lo se les reprocha a ellos como defecto se alaba en nosotros
como virtud.
Ø La estructuración cognoscitiva: determina las formas de pensar,
actuar e interrelacionarse a través de múltiples lenguajes. Este
proceso tiene un doble carácter: a) manifiesto: por medio de la
normatividad jurídica, y b) latente: interdicciones simbólicas que
transmiten herencias culturales de forma no consciente.
Ø Lo simbólico ideologizado: red de significaciones e imaginarios
sociales designados y valorados por relaciones de poder
• Es un Conflicto Armado Interno por el control psicológico total:
persuasión, sugestión y coerción.
• Es una Conflicto Armado interno de la deshumanización total:
máquinas deseantes
• Es una Conflicto Armado interno contra la memoria: encubrir con
nuevas imágenes las atrocidades del pasado.
Estas son apenas algunas de las características del Conflicto Armado Interno
psicológica a la que por años nos han venido acostumbrando. Veamos ahora los
efectos psicosociales que ella genera en el contexto colombiano. Para ello se
58
tiene en cuenta la teoría de las representaciones sociales, en tanto mecanismo de
estructuración psicológica.
Ø La exacerbación del prejuicio como mecanismo de valoración: en
el proceso de la vida cotidiana el sujeto incorpora unos esquemas de
significación que regulan sus formas de pensar respecto a los otros.
El problema radica en que dichos esquemas están designados y pre
codificados por relaciones de poder. Quien tiene el poder impone su
forma de pensar. De esta forma, “los prejuicios son representaciones
distorsionadas de la realidad que se constituyen con anterioridad a la
experiencia”, imposibilitando al sujeto la construcción de esquemas de
pensamiento mucho más complejos. Primer síndrome: es más fácil
operar con prejuicios que tener que pensar.
Ø Esquematización y polarización ideológica: incapacidad de
aceptación de opiniones contrarias a la suya. Pobreza intelectual y
dificultad para la construcción de tejido social en medio de la
diversidad y la complejidad. Se prefiere la desaparición del otro antes
que confrontarlo con la razón y el argumento. Segundo síndrome:
incapacidad comunicativa y asunción de la fuerza para resolver los
conflictos.
Ø Anomia naturalizada y justificada: las personas deciden aislarse
voluntariamente de todo lo que sucede a su alrededor. Sólo frente a
hechos que involucren sus intereses individuales asumen posiciones
transitorias pero pusilánimes. Léase por ejemplo el caso de la
llamada sociedad civil colombiana frente al fenómeno del secuestro.
Tercer síndrome: indiferencia evasiva y cómplice que perpetúa las
relaciones del poder.
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Ø La memoria: con la institucionalización de la mentira u ocultamiento
sistemático de la realidad se va tejiendo también un manto de olvido
en nuestro aparato cognoscitivo. Cuarto síndrome: vivimos de
mentiras y olvido.
Ø La deshumanización y degradación de la condición humana: los
rituales del Conflicto Armado interno que se practican sobre el cuerpo
y la mente del sujeto instalan una nueva concepción de la condición
humana, donde los referentes de significación que nos dejó la
modernidad, se transforman en nuevos valores para la
postmodernidad.
Ø Sentimiento de angustia y pesimismo permanente: lo que hace
unos años era una reflexión filosófica sobre la existencia humana, hoy
es praxis cotidiana. Hay un nuevo existencialismo: la lucha física y
psicológica por la existencia. Quinto síndrome: el hombre de barro:
frágil por fuera y vacío por dentro.
Ø Destrucción de la subjetividad: el Conflicto Armado Interno
psicológico está dejando la subjetividad totalmente fragmentada a
partir de la instalación de un sentimiento permanente de soledad e
instantaneidad en las relaciones sociales.
Ø Impotencia dedestructurante: “tengo un silencio de manos
apretadas en el alma. Tengo un dolor de impotencias que me
aplasta” Impaglione. Se han creado unos referentes de significación
que estructuran pequeñas parcelas cognoscitivas.
Ø Aislamiento extremo de lo social comunitario: el sentimiento de
miedo y desconfianza permanente hacen que el sujeto se refugie en
60
espacios cada vez más reducidos y restringidos. Esto opera para lo
psicológico y lo social23.
En esta revisión grosso modo a cerca de las principales concepciones y
características del Conflicto Armado Interno; proporciona elementos que permiten
ser tenidos en cuenta para abordar la crítica situación del país como un Conflicto
Armado interno que no sólo reúne sino que entrecruza y conecta componentes
sociales, políticos y económicos con componentes de tipo militar. Por ejemplo:
Sin desconocer que en la mayoría de las Conflicto Armado internos se
mueven fundamentalmente intereses y órdenes de tipo político, social y
cultural, cabe resaltar el papel que juega en el Conflicto Armado Interno
actual en Colombia el orden económico. En efecto, desde las batallas
independentistas, los sangrientos Conflictos Armados Internos Civiles
decimonónicos, el Conflicto Armado Interno de los Mil Días con la que
iniciamos el siglo veinte, hasta la llamada época de la violencia, las
órdenes directrices del Conflicto Armado Interno fueron político-
partidistas, cultural-religiosos y social-institucionales. No obstante, es en
el Conflicto Armado Interno actual que se libra donde los intereses se
muestran casi con un objetivo único: el poder económico, el cual, a
diferencia de las otras Conflicto Armado internos, garantiza el ejercicio
del poder total.
El orden económico en el Conflicto Armado Interno se expresa de múltiples
maneras: en el narcotráfico que es su mayor combustible y quien obtiene mayores
réditos de su inversión, en el Ejército que obtiene la mayor tajada del presupuesto
nacional, en la Guerrilla y en los Paramilitares quienes a través del secuestro, el
23 BARRERO, Edgar. Apuntes para una Conferencia sobre Psicología social del Conflicto Armado Interno: Escenarios, Conflicto Armado internos e Ideologías. Intervención realizada en el marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, abril 12 a junio 30 de 2.000. Bogotá, D.C., p. 10 – 13.
61
boleteo, en la extorsión y el tráfico de armas incrementan sus arcas y su pie de
fuerza a ritmos inconcebibles en otros renglones de la economía nacional, en los
medios de comunicación que mantienen sus altos “rating” de sangre con costosas
inversiones de la empresa privada24.
Dentro de las categorías teóricas y conceptuales de análisis que permiten
comprender en su dimensión holística las implicaciones de un contexto de
Conflicto Armado Interno, está representada por las diferentes perspectivas
alrededor de ésta. Dichas concepciones sin duda alguna inciden en las decisiones
que se tomen en torno a las Políticas Públicas Sociales de Atención para la
población militar armada implicada.
Hasta este punto se ha caracterizado las perspectivas del Conflicto Armado
Interno desde el punto de vista del Estado y las Organizaciones Guerrilleras
principalmente. Por ello, es pertinente además tener en cuenta el punto de vista de
las estructuras Paramilitares que hoy por hoy, son los actores principales de
discusión y de atención del actual gobierno bajo la criticada pero a la vez apoyada
Política de Seguridad democrática.
6.3 PERSPECTIVA PARAMILITAR
Sobre el fenómeno Paramilitar en el país existen estudios que abordan a partir de
diversos enfoques el surgimiento y el desarrollo militar, político y económico de
este actor, el cual ha significado para la historia colombiana un papel decisivo en
la configuración de los escenarios políticos y sociales centralmente.
En términos generales el Paramilitarismo “se define como una actividad de género
subversivo, que nació para lucha en contra de la guerrilla, bajo parámetros de 24 GÓMEZ, Jairo. Las Representaciones Sociales del Conflicto Armado Interno. Intervención realizada en la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, abril 13 a junio 30 de 2.002. Bogotá, D.C., p. 7
62
ideología propia. Se basa en lucha armada, criterio de inconformidad por el
cambio y toma de poder en algunas regiones del país con proyectos de progreso
social. La primera condición para el surgimiento del Paramilitarismo es la debilidad
estructural del Estado Colombiano para imponer a las élites regionales un marco
de conductas democráticas para la resolución del conflicto social.”25
El surgimiento y el escalonado fortalecimiento de las Organizaciones Paramilitares
en zonas de conflicto cruzado con la Guerrilla y las Fuerzas Armadas, han
otorgado una compleja estructura y dinámica del Conflicto Armado Interno,
originando así una creciente crisis al interior de la sociedad colombiana.
De las acciones Paramilitares se logra identificar una serie de consecuencias,
entre las cuales se destacan las siguientes:
• La acción de grupos paramilitares, en regiones donde actúa la guerrilla ha
cambiado el escenario y la dinámica de confrontación armada del país.
• Creación de grupos insurgentes con autonomía con respecto del Estado
• Origen de territorios armados donde el Estado no puede actuar sino como
cómplice de sistemas de justicia privada.
• La justicia aplicada no individualiza responsabilidades, sino que se aplica a
sustitutos de los culpables, para crear terror en la población.
25 CEPEDA C., Iván. Pacto de Lealtades e Impunidad. En: Actualidad Colombiana, Página 7.
63
• Desestabilización de la propiedad agraria, que obliga a los campesinos
abandonar sus tierras y a emigrar a la ciudad, creando una mayor
desintegración social en las grandes urbes.
• Las tierras abandonadas pasan a ser posesionadas por la guerrilla y
paramilitares, apoyados por los grandes terratenientes.
• Creación de bandolerismo como forma de violencia que primó el deseo de
venganza y la redistribución económica que dejaban las incursiones de la
guerrilla, era producto de la acumulación de tensiones sociales y el
acostumbramiento de una vida violenta bajo el bandolerismo. Se
degeneraron los ideales políticos.
• El ejército y la policía se encuentran involucrados en la práctica de
atropellos a los derechos humanos de la población a muchos de sus
integrantes, hasta llegar a la cúpula que traza las estrategias.
• Las guerrillas han perdido sus bases de apoyo entre las poblaciones
sometidas a la agresión paramilitar y han sido obligadas a convertirse casi
exclusivamente en aparatos militares, que luchan para sobrevivir, como
milicias armadas y pierden contacto con el sentido político de la lucha
popular.
• Las características económicas favorables en el país se consolidaron
monopolios, gran oferta de mano de obra por el desplazamiento de
campesinos a la ciudad, la inversión y concesión a países extranjeros;
situación que repudiaban los movimientos sociales.
64
Es evidente e imperante la necesidad que el Estado y la sociedad colombiana
definan y proyecten Políticas Públicas de Paz de carácter integral, que incluyan
políticas sociales de atención en las distintas áreas de servicios e instancias
institucionales y, por supuesto de reinserción de los actores militares armados en
cada una de sus expresiones y espacios sociales, políticos y económicos.
Estas políticas deben ir articuladas e integradas a las condiciones locales,
regionales y nacionales donde las expresiones del Conflicto Armado Interno son
vividas día a día por los colombianos.
En el marco de los procesos de paz concretados hasta el momento por medio de
la firma de acuerdos; se ha dado paso al proceso de reinserción de quienes en
particular han conformado las filas de agrupaciones guerrilleras armadas. En el
siguiente capítulo se profundiza en este tipo de proceso y los diferentes espacios
que lo constituyen para tal fin.
65
7. A CERCA DE LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN
Colombia ha presentado a lo largo de su historia una serie de procesos de
reinserción de miembros que hicieron parte de Organizaciones Armadas al
Margen de la Ley. Estos mismos procesos han sido el reflejo de las condiciones
políticas, sociales y económicas por las que ha atravesado el país y que día a día
lo ubican en una situación altamente agudizada y paradójica.
Para continuar con el desarrollo del tema sobre las Políticas Públicas de Atención
en Salud para la población Reinsertada con Discapacidad Originada por el
Conflicto Armado Interno, es pertinente revisar las principales características y
componentes que han estructurado y dinamizado dichos procesos.
Cada uno de los procesos de reinserción ha tenido particularidades de acuerdo al
gobierno que los ha liderado, este es el caso de los que se llevaron en alguna
medida en la administración de Andrés Pastrana con las Organizaciones
Guerrilleras en particular con las FARC y, los que actualmente se están dando con
las Organizaciones Paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por esta razón, se debe hacer claridad que los procesos de reinserción, el marco
jurídico e institucional presenta algunas diferencias entre los gobiernos de
Pastrana y Uribe.
Durante la presidencia de Pastrana fue notable la orientación por asumir desde los
diálogos de paz la búsqueda de la reinserción de la Guerrilla en particular, bajo los
lineamientos jurídicos e institucionales diseñados e implementados en su período,
sus principales características y componentes fueron:
66
7.1 ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002
7.1.1 Ministerio del Interior
La institución del Estado más representativa y que tenía bajo su responsabilidad
en este gobierno los procesos de reinserción, fue el Ministerio del Interior el cual
mediante el Decreto 2546 del 23 de diciembre de 1999 (vigente hasta la fecha) es
reestructurado y, en su artículo 28 hace mención a la Dirección General para la
Reinserción (DGR), que contará con autonomía financiera y en tal virtud, la
ordenación del gasto de su presupuesto de inversión corresponderá al Director
General para la Reinserción.
7.1.1.1 Misión
Ser la organización modelo, para la desmovilización, la reinserción, la convivencia,
por su experiencia y conocimientos, alternativa óptima de cultura de paz, de
reconciliación y generación de un nuevo país, fundamentado en los principios del
desarrollo humano y social sostenible.
Cumplir con la vinculación plena del desmovilizado a la civilidad, con respeto y
dignidad, mediante la generación de desarrollo, bienestar y calidad de vida para él,
su familia, la población entorno y la comunidad.
Asegurar, con eficacia operativa, el crecimiento y posicionamiento de la entidad,
gestión de los recursos, desarrollo integral y equitativo de los colaboradores,
servicio a la comunidad.
Cumplir las directrices gubernamentales, los compromisos con el Estado, con la
sociedad y con la preservación y cuidado del medio ambiente.
67
7.1.1.2 Objetivo General En su carácter de identidad gubernamental, dar cumplimiento a las directrices y
políticas de la Presidencia y del Ministerio del Interior, en relación a la reinserción,
desmovilización, dejación de armas, ejecución de proyectos y programas para
empleo, ingreso, bienestar social, educación, salud, para los actores de la paz,
para las comunidades y demás grupos objetivos.
Formular, diseñar, promover, implementar y ejecutar políticas, programas y
proyectos de reconciliación, generación de Cultura de Paz, convivencia,
cumplimiento de potenciación de los acuerdos de paz actuales y futuros.
Para el logro de este objetivo, la DGR cuenta con un equipo interdisciplinario
comprometido en el fortalecimiento de los procesos de participación, gestión,
concertación, desarrollo, coordinación institucional de valores y referentes de
Cultura de Paz, propiciadores de mecanismos y escenarios pedagógicos para la
tramitación pacífica de los conflictos.
7.1.1.3 Objetivos Específicos v Orientar cultura de paz, convivencia, reconciliación y civilidad estables
v Contribuir al desarrollo integral con equidad, justicia social y proyección
v Promover políticas y acciones de convivencia, reinserción, reconciliación, a
través de la participación, la concertación, los valores y referentes de la
cultura de paz.
v Propiciar y canalizar modelos, tecnologías y escenarios pedagógicos y de
desarrollo alternativo, en la tramitación no violenta de los conflictos.
68
v Actuar en los procesos democráticos a través del ejercicio político de la
educación participativa y en escuelas para la democracia.
v Promover e impulsar políticas públicas y programas para el cumplimiento
de los acuerdos de paz y la atención a los desmovilizados, a través de
mecanismos éticos y legales.
v Liderar en municipios y regiones las políticas de paz, la acción
administrativa y la gestión social.
v Acompañar y dinamizar el contenido de los acuerdos y de los proyectos de
cambio institucional en la región.
v Generar proyectos económicos sólidos, como aplicación de las políticas de
empleo del gobierno.
v Atender a las víctimas de la confrontación, a las comunidades, a los grupos
más vulnerables, entre los que se encuentran discapacitados, huérfanos,
viudas, niños del Conflicto Armado Interno y los nuevos actores
incorporados de la civilidad.
7.1.1.4 Funciones de la Dirección General para la Reinserción
ü Coordinar y dirigir toda la acción del Estado conducente a desarrollar el
programa de reinserción creado por el Gobierno para los miembros de
grupos guerrilleros que se desmovilicen y hagan dejación de las armas.
ü Asesorar al Ministerio del Interior en el análisis de las distintas situaciones
que se relacionen con la Reinserción.
69
ü Coordinar bajo las instrucciones e indicaciones que le imparta el Ministro
del Interior las actividades de las distintas entidades vinculadas al proceso
de reinserción.
ü Orientar los estudios y las asesorías que se requieran para el desarrollo del
proceso de reinserción.
ü Supervisar y presentar informes permanentes al Ministro sobre la marcha
de las acciones que se adelanten en desarrollo del plan de reinserción.
ü Coordinar todas las actuaciones locales y nacionales que realicen los entes
encargados de ejecutar los planes y programas de reinserción.
ü Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
7.1.1.5 Grupo Objetivo
• Los desmovilizados
• Sus núcleos familiares
• Sus organizaciones sociales y políticas
• Las comunidades sociales y políticas
• Las comunidades de su entorno
• Los niños del Conflicto Armado Interno
• Las mujeres cabeza de familia
• Los desplazados y los segregados
• La población altamente vulnerable
• Las comunidades en general.
70
7.1.1.6 Prioridades
• Construcción de cultura de paz y de reconciliación
• Desescalamiento de la confrontación armada
• Transformación de la mentalidad excluyente del país
• Impulso a educación, como un proceso democrático
• Construcción de opciones diferentes a l Conflicto Armado Interno
• Desarrollo de caminos para no regresar a las armas
• Sensibilizar al país de los logros de la reinserción
• Visualizar futuros y escenarios promisorios.
7.1.1.7 Programas Ø Atención al desmovilizado
ü Seguridad social: salud y pensiones
ü Grupos especiales: discapacitados, viudas y huérfanos, desplazados
amenazados.
ü ONG´s desmovilizados: construcción de redes, institucionalidad
ü Seguridad para la paz: política de seguridad, logística y mantenimiento
ü Proyectos productivos: urbanos-agrarios, vivienda-modelo.
Ø Reconciliación
ü Derecho-deber de la paz: participación activa y ciudadana, política-no
retorno a las armas.
ü Educación: ciudadana, niños desmovilizados, básica, media y superior
ü Territorial: fondos de paz y reinserción
71
ü Comunicaciones: volumen, documentación
ü Internacional: divulgación, proyectos y planes.
Ø Soluciones en el Desarrollo ü Reconstrucción de las comunidades afectadas
ü Programas de salud, educación, bienestar
ü Generación de empleo y de ingresos
ü Programas de desarrollo económico sostenible.
Ø En lo Humano
ü Reconstrucción de lo valores individuales
ü Garantía de la seguridad personal
ü Devolver la confianza, la integridad, el respeto
ü Dar sentido de pertenencia, de reconocimiento, de valor.
Ø En lo Social
ü Reconstrucción del tejido social
ü Construir y fortalecer la acción grupal
ü Generar las condiciones propicias para el retorno
ü Estructurar programas contributivos al desarrollo sostenible.
7.1.1.8 Estrategias v Contribución en la construcción de un nuevo País
v Máxima divulgación de la Dirección General para la Reinserción
v Ejercicios políticos locales, regionales y nacionales
v Democracia desmovilizada y participante
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v Normatividad institucional
v Fortalecimiento del talento y los recursos internos
v Competitividad para el desarrollo social y para la economía de mercado
v Generación de iniciativas nacionales, locales y regionales, a favor de la paz,
de la reconciliación y de la necesidad de un desarrollo integral.
v Crecimiento educativo y formación de ciudadanos para la paz
v Transferencias educativas, culturales, tecnológicas
v Negociación, como cultura de paz, convivencia y reconciliación
v Trabajo interinstitucional, gubernamental, social, empresarial
v Alianzas estratégicas, nacionales e internacionales
v Fortalecimiento ONG´s, de los desmovilizados y trabajadores por la paz.
7.1.1.9 Delegaciones
ZONAS ANTIOQUIA ZONAS URABÁ – CÓRDOBA - SUCRE
ZONAS BOLÍVAR–ATLÁNTICO–MAGDALENA– GUAJIRA
ZONAS CÉSAR-NORTE DE SANTANDER-SANTANDER
ZONAS CUNDINAMARCA-BOGOTÁ-TOLIMA-META-BOYACÁ
ZONAS QUINDÍO-RISARALDA-VALLE ZONAS CAUCA-NARIÑO-PUTUMAYO ZONAS HUILA-CAQUETÁ
Como se ha hecho mención, es claro que en el escenario de los pasados intentos
de diálogos de paz de Pastrana con las Organizaciones Guerrilleras en la tan
criticada Zona de Distensión, los procesos de reinserción tuvieron una marcada
orientación hacia estas organizaciones.
73
Por ello, sin la intención de desconocer que por lo general los lineamientos de los
procesos de reinserción se conciben para que las diferentes Organizaciones
Armadas al Margen de la Ley se acojan a ellos, la influencia del entorno social,
político y económico define diferencias entre éstos.
Con el objeto de continuar con el desarrollo de este trabajo bajo la óptica de los
Gobiernos de Pastrana y Uribe, es relevante realizar un planteamiento
comparativo de los procesos de reinserción que se llevaron a cabo en cada uno de
sus gobiernos; pues ello brinda herramientas de comprensión de las Políticas
Públicas de cada uno de estos presidentes frente a la paz y a la atención en salud
de los actores militares que han hecho parte en la confrontación armada.
Por las razones expuestas anteriormente, se hace hincapié a los procesos de
reinserción de la Guerrilla durante la permanencia de Pastrana en el poder y, de
los procesos de reinserción con los Paramilitares y las Autodefensas que se están
llevando a cabo con el actual gobernante del país, aclarando una vez más, que sin
la pretensión de desconocer o excluir que bajo estas dos administraciones los
procesos de reinserción han contemplado a las diversas organizaciones armadas
al margen de la ley.
7.1.2 ORGANIZACIONES GUERRILLERAS26
Los procesos de reinserción en el contexto de Conflicto Armado interno en el país
se remontan a los acuerdos o firmas de paz de años anteriores entre el Gobierno y
agrupaciones armadas. Entre éstas tenemos a: El Movimiento 19 de Abril (M-19),
Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame en la década de los noventa.
26 Ver Anexo1. La Ley 418 de 1.997 fue una de las más representativas durante el gobierno de Andrés Pastrana y en el desarrollo de este trabajo constituye el referente más inmediato sobre el que se basa los principales componentes de la reinserción de la guerrilla durante su período presidencial.
74
En el primer semestre de 1994 el 9 de abril, en Flor del Monte, Municipio
de Ovejas, Departamento de Sucre, se suscribió con la corriente de
Renovación Socialista (CRS), el Acuerdo Político final; el 26 de mayo, en
Medellín se suscribió con las Milicias Populares del Pueblo y para el
Pueblo, las Milicias del Valle de Aburra y las Milicias Metropolitanas, el
Acuerdo para la convivencia Ciudadana, y el 30 de junio, en Cañaveral ,
municipio de Turbaco, Bolívar se suscribió con el Frente Francisco
Garnica, de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar el Acuerdo
Político final, de dejación de armas y reincorporación a la vida civil27.
Estos procesos de reinserción son unos de los más significativos y que
sin duda alguna han incidido o determinado transformaciones y
estancamientos en el orden político, social, económico y jurídico a nivel
nacional. Dichos órdenes en gran medida han ido configurando desde el
gobierno lo que actualmente se conoce como el Programa de
Reinserción de la Consejería Presidencial para la Política Social. Es en
este marco en el que se define en primera instancia la reinserción
económica, social, política y jurídica. Veamos en que consiste cada una
de ellas y sus principales características.
7.1.2.1 Reinserción Económica
Hace referencia a la “destinación de recursos para el funcionamiento, puesta en
marcha y desarrollo de proyectos productivos que garantizarán a los
desmovilizados condiciones decorosas de supervivencia en su tránsito a la vida
civil”28.
27 Presidencia de la República. Plan Nacional de Rehabilitación Programa de Reinserción. Informe de Gestión 1990 – 1994. Santafé de Bogotá, D.C., agosto de 1994. Página 91. 28 Ibid., página 19.
75
Esta reinserción económica además de constituirse por proyectos productivos
también se caracteriza por Asignación de Créditos, Esquemas de Asistencia
Técnica, Convenios Ínter administrativos Departamentales, Programas de
Refinanciación, Reestructuración del Crédito como forma de Refinanciación,
Acceso al Servicio Público29, programa de dotación de tierras, Adjudicación de
Predios a Desmovilizados y el Subprograma de Capacitación y Desarrollo Social
Campesino.
7.1.2.2 Reinserción Social
La reinserción social de los desmovilizados se ha entendido, desde el proceso
mismo de las negociaciones y desde la redacción de los Acuerdos, como el
conjunto de estrategias y programas dirigidos a atender y resolver los aspectos
relacionados con el crecimiento personal del desmovilizado, incluyendo los
esfuerzos para restablecer y mantener su salud física y mental, las acciones de
capacitación y de desarrollo intelectual, la recreación, los programas de
capacitación ciudadana y de promoción y educación en derechos humanos30.
Este tipo de reinserción está conformada por: Programas de Educación, Programa
Educativo para la Paz y la Reconciliación Nacional, Programa Etno-Educativo para
la Reinserción en el Departamento del Cauca, Programa Educativo para los
desmovilizados del eje Cafetero, Programa pedagógico Universidad Tecnológica
de Pereira, promoción del Ingreso de los Desmovilizados a la Educación Superior,
Programas de Educación No formal, Plan Educativo en Derechos Humanos,
Programa de Formación Ciudadana, Programa de Educación para la Mujer
Desmovilizada, Programas de Atención en Salud, Programa de Atención a
Discapacitados Físicos, Programa de Atención Psicosocial, Plan Nacional de
29 Es la posibilidad de ingresar laboralmente a entidades del sector público a través del decreto 1933 del 27 de noviembre de 1993. 30 Ibid., p. 38
76
Asistencia Técnica a Programas de Vivienda de Interés Social ejecutados por
Desmovilizados.
7.1.2.3 Aspectos Jurídicos
La amnistía y el indulto son considerados componentes del proceso de paz y
reinserción, mecanismos utilizados por los Estados de Derecho, para dar solución
a los problemas generados por la acción de grupos armados de oposición, que
deterioran la base de la convivencia en la sociedad.
Se define la amnistía como la institución procesal-penal originada en la
constitución y la ley, cuyo otorgamiento es privativo de la rama legislativa
del poder público, por medio de la cual, y en presencia de graves
motivos de conveniencia pública y social, se hace desaparecer el
carácter ilícito de ciertos hechos políticos, con lo cual la acción penal, la
posible condena y las consecuencias que se derivan de ellos, dejan de
tener vigencia punitiva.
El indulto, como la amnistía, es una institución procesal penal que no
proviene de la rama jurisdiccional del poder público, sino del poder
político –Congreso o Estado- y opera sobre la remisión de la pena que
se ha impuesto por medio de sentencia condenatoria que tenga la
categoría de “cosa juzgada”. No es general sino individual y cobija
solamente delitos políticos, con la advertencia que deja vigente para los
agraciados, la satisfacción de los daños y perjuicios causados con la
infracción. Tanto el indulto como la amnistía, concedida o aplicada por
el Presidente de la República, requieren leyes que los regulen y precisen
en desarrollo de la facultad otorgada por la Constitución nacional31.
31 Ibid., p.78.
77
7.1.2.4 Reinserción Política
Se encuentra directamente relacionada con el ejercicio del poder y la política por
un medio “distinto” a las armas, con la participación en los múltiples niveles del
Estado y el gobierno colombiano.
Con el concurso de representantes de las organizaciones
desmovilizadas, el país se hizo a una nueva Constitución, surgida del
consenso, de la participación múltiple de diversos sectores de la
sociedad colombiana, que en ejercicio pluralista, sin precedentes en la
historia política colombiana, conciliaron posiciones y entregaron los
principios definitivos para la convivencia pacífica y el desarrollo
democrático.
Los grupos desmovilizados han contado con una representación
significativa en el Congreso de la República, en las Asambleas
Departamentales y en los Consejos Municipales, han tenido participación
en la Rama Ejecutiva.
Por la vía de la participación de los desmovilizados en los Consejos
Municipales de Rehabilitación se pudo orientar la inversión de recursos
en el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los acueductos, las
vías de acceso a los municipios beneficiarios de los recursos del fondo
de Paz, la educación básica, los programas de salud y recreación; se
fortalecieron los procesos de participación comunitaria, el desarrollo
microempresarial y cooperativo.
La participación de los desmovilizados en los Consejos Regionales y
Municipales de Rehabilitación, les ha permitido reconocer el potencial
78
que dichos consejos tienen para el ejercicio político, pero, al mismo
tiempo, para la práctica de los principios democráticos que ellos mismos
ayudaron a plasmar en la Constitución de 1991. Los Consejos
Municipales de Rehabilitación han formado de los desmovilizados,
verdaderos líderes locales, con gran capacidad de influencia sobre el
desarrollo de los municipios en los que antes hacían presencia por la vía
armada32.
Durante el proceso de reinserción de los exguerrilleros surgieron algunas
organizaciones o iniciativas que en cierta medida los representa o agrupa y
constituye en primera instancia un puente de comunicación entre ellos, el
Estado y otras instituciones que trabajen o apoyen a la población
reinsertada.
A nivel Distrital se destacan las siguientes organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s):
ü CORPOGUAYACÁN – Corporación Guayacán de Desmovilizados y
Limitaciones Físicas.
ü PROGRESAR – Conformada por reinsertados del EPL
ü COMPAZ – Compañía para la Paz, constituida por reinsertados del M-19
ü SOL Y TIERRA – Fundada por reinsertados indígenas del Movimiento
Quintín Lame
ü CORPADEZ – Corporación para la Paz, constituida por reinsertados del
PRT 32 Ibid., p.9.
79
ü Corporación Sor Teresa de Calcuta – brinda asesoría jurídica y orientación
psicológica. Apoya económicamente para alimentación, alojamiento y
transporte
ü NUEVO ARCO IRIS
ü UNAVIDA – Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda para la Paz
ü OPV – Organizaciones Populares de Vivienda.
Conociendo a groso modo algunos de los planes, programas, proyectos o
actividades planeadas y ejecutadas hasta el momento por estas organizaciones33
se puede resaltar que éstas cumplen dos grandes e importantes funciones:
• Constituyen una vía de interlocución entre la población de reinsertados y el
Estado principalmente ya que como es de conocimiento el Estado no puede
otorgar dineros públicos a un particular, en consecuencia las
organizaciones promueven y facilitan hasta cierto punto dicha tramitología.
• Debido a su razón de ser y a la naturaleza de su fundación estas
organizaciones buscan promover y fortalecer procesos de organización
social y política dentro del escenario de la legalidad y legitimidad
propugnada por el o rden preestablecido culturalmente.
Por ejemplo NUEVO ARCO IRIS fundada en marzo de 1976 trabaja en dos áreas:
una en Derechos Humanos – Paz y Convivencia y otra en Desarrollo Económico.
La primera orientada a una política que promueva fuerzas de resistencia pacífica y
33 Esta información fue obtenida a través de un recorrido institucional realizado para tal fin con entrevistas a algunas de las personas que hacen parte de las organizaciones en mención.
80
la segunda con propuestas de proyectos productivos para los reinsertados y sus
familias (asistencia técnica, recursos económicos y acompañamiento).
ARCO IRIS tiene sedes en quince ciudades del país y se define como orientador,
ejecutor del proceso de reinserción y promotor de formas de organización popular.
Una particularidad de esta organización es que trabaja conjuntamente con el
Partido del Socialismo Democrático el cual tiene a su cargo proyectos de vivienda
caracterizadas por considerasen procesos de organización social y comunitaria de
autogestión que buscan identificar la problemática de la falta de vivienda en las
regiones de los desmovilizados a través de la gestión – dirección y ejecución de
dichos proyectos bajo la responsabilidad de la OPV y UNAVIDA.
Frente a estas organizaciones es pertinente tener presente las siguientes
consideraciones:
Ø En la actual situación del país estas organizaciones corren el riesgo de
desaparecer debido a su dependencia económica para financiar los
proyectos productivos y para poder brindar el apoyo que los reinsertados y
sus familias requieren.
Ø Bajo el manto de la administración Álvaro Uribe y sus políticas contra
insurgentes, agudiza el señalamiento y persecución hacia esta población
obstaculizando el trabajo realizado hasta la actualidad y el proyectado al
futuro; puesto que no existen las garantías necesarias.
Ø La discapacidad por el Conflicto Armado Interno, la atención individual, la
participación de la familia y la comunidad alrededor de esta problemática no
es abordada integral y articuladamente por estas instituciones, ya que es
evidente el énfasis realizado en la reinserción socio-económica de esta
población. Se han presentado significativos avances frente a la
81
discapacidad por Conflicto Armado interno representado por CONFEPAZ y
CORPOGUAYACÁN.
7.1.3 PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS
Durante los últimos cinco años se ha observado un aumento significativo en el
número de desmovilizados individuales, provenientes no sólo de las
Organizaciones Guerrilleras vigentes, como las FARC-EP y el ELN, sino también
de las Grupos de Autodefensa ilegales, como lo señala el siguiente gráfico.
Número de Desmovilizados Voluntarios Reportados por la Dirección General
de Reinserción - DGR
1998-2001
Desde 1999 se han contabilizado cerca de 909 entregas a la Fuerza Pública, 753
de ellas al Ejército Nacional (cabe anotar que los desmovilizados se pueden
presentar ante cualquier autoridad civil, militar o eclesiástica).
82
Desmovilizados Recibidos por la Fuerza Pública
1999-2002
Un aspecto preocupante es la importante participación de menores de edad en la
población desmovilizada individual, lo cual sugiere que los grupos armados
ilegales han venido incrementando el reclutamiento de niños y niñas para sus filas.
Es relevante tener presente que la problemática puntual del proceso de
desmovilización y de reinserción de los menores de edad, en cada uno de los
gobiernos en mención, sigue teniendo connotaciones particulares ya que para esta
población el abordaje asume otras dimensiones y rumbos.
En este trabajo se abordó con mayor énfasis la población adulta en términos
generales, sin embargo, no hay que desconocer que las Políticas Públicas
representan el marco general de las acciones y decisiones del Estado frente a una
situación social determinada y que éstas al mismo tiempo, deben ser de carácter
83
flexible con la finalidad de particularizarlas de acuerdo al grupo poblacional a
desmovilizarse y reinsertarse.
Ha sido en los dos gobiernos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el ente
institucional que ha venido asumiendo el reto y la responsabilidad de atender a la
población menor de edad en este tipo de procesos.
Población Atendida por el ICBF
1997-2001
La DGR atendió directamente a los miembros de nueve Movimientos Guerrilleros
que firmaron acuerdos de paz con el gobierno nacional:
84
Adicionalmente, durante los últimos cuatro años, la DGR ha atendió 2.505
desmovilizados voluntarios individuales. El conjunto de estos procesos durante la
última década ha permitido la dejación de armas de aproximadamente 7.300
personas, quienes conjuntamente con sus familiares, alcanzando una población
atendida de 25.000 personas.34
7.1.3.1 Caracterización de la Población Desmovilizada
Para este estudio sólo fue posible obtener información de los desmovilizados
atendidos por el programa del Ministerio de Defensa para el año 2000, datos
reseñados en el informe “Programa para la Dejación Voluntaria e Individual de
Armas”. La Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior que
tiene a su cargo la atención de la mayoría de los desmovilizados, no dispone a la
fecha de un estudio que identifique los perfiles socioeconómicos de la población
que ha recibido en el programa.
34 Cada vez es mayor el número de menores de edad que se desvinculan de los grupos armados en conflicto, a tal punto que en 1998 el 6% de quienes se desmovilizaban eran menores y para 2001 esta proporción alcanza el 25%.
85
Sin embargo, se puede suponer que el número de desmovilizados incluidos en el
estudio del Ministerio de Defensa (316), es representativo del total de población
desmovilizada reportada para el año 2000 por la DGR (795), exactamente un
39,7%. Los resultados de este diagnóstico se resumen así:
a. Edad del desmovilizado: El 44% de los desmovilizados tienen edades entre
los 13 y los 17 años, mientras que los mayores de 17 son el 56%. Es decir que
casi la mitad de la población que se desmovilizó en el 2000 era menor de edad.
b. Edad de ingreso a la guerrilla: EL 82% del total de los desmovilizados de
2000 entraron a la guerrilla entre los 10 y 17 años; es decir, que el reclutamiento
de menores de edad para las filas de la subversión es una práctica común en los
últimos años.
c. Sexo: Se puede apreciar que la mayoría de los desmovilizados son hombres
(92%).
d. Nivel de escolaridad: La mayoría de los desmovilizados (84%) ni siquiera ha
completado la primaria; un 8% no presenta ningún nivel de escolaridad. El 8%
restante ha alcanzado el séptimo grado de educación media.
e. Estado civil: El 88% de los desmovilizados son solteros, mientras que el resto
se encuentran en unión libre.
f. Razón del ingreso a la guerrilla: Entre las causas más frecuentes se
encuentran el reclutamiento forzoso con un 20%; el gusto por las armas y el
uniforme representa el 20%, promesas (remuneración económica y buen trato)
(16%), elección como forma de vida (12%) y miedo o retaliación a hechos
cometidos por autodefensas o Fuerzas Militares (10%).
86
g. Causa de la desmovilización: Las principales causas expresadas por los
desmovilizados son el maltrato (37%), la falta de remuneración económica (19%),
privación de la libertad (17%) y la falsas promesas (16%).
h. Departamento donde se da la entrega: Los departamentos en los cuales se
han realizado un mayor número de entregas son Santander (28%), Norte de
Santander (12%), Antioquia (10%) y Putumayo (7%).
i. Conocimiento del programa de reinserción: En el 86% de los casos el
desmovilizado afirmó no conocer el programa de reinserción.
j. Desmovilizados por grupo insurgente: La mayoría los desmovilizados (83%)
provienen de las FARC-EP.
k. Existencia o no de hijos: El 92% de los desmovilizados no tienen hijos.35
Perfil del Desmovilizado Promedio
35 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Diagnóstico del Programa de Reinserción en Colombia: Mecanismos para Incentivar la Desmovilización Voluntaria Individual. Página 6 y 7.
87
7.1.3.2 Factores que llevan a los Subversivos a Desmovilizarse
En la actual coyuntura del conflicto existen muchos aspectos que generan
incentivos en los miembros de grupos armados ilegales para dejar las armas, sin
embargo, dos de ellos se consideran fundamentales: los riesgos contra la
integridad personal y la falta de remuneración económica.
Un miembro de un grupo subversivo está expuesto a riesgos tales como ser dado
de baja por la Fuerza Pública o ser capturado en operaciones militares. El temor a
dichas situaciones es una de las causas que llevan a los guerrilleros a abandonar
las filas de la subversión. Sin embargo, tal decisión conlleva otra serie de riesgos
adicionales tales como caer en poder de uno de los grupos a los que se enfrenta
(diferente al Estado) o ser asesinado por el grupo al que pertenece.
El riesgo de muerte al que se expone una persona depende, entre otros factores,
de la actividad laboral que realiza. En el caso de los integrantes de los grupos
subversivos este riesgo se debe, principalmente, a los combates que sostienen
contra la Fuerza Pública y otro grupo enemigo (en el caso de la Guerrilla, las
Autodefensas36 y viceversa).
El análisis del perfil poblacional y demográfico de quienes se integran a los
procesos de reinserción, es una herramienta de trabajo y de planeación
fundamental a la hora de definir el presupuesto para la puesta en marcha de las
Políticas Públicas en sus diversos niveles de ejecución.
36 Los riesgos de muerte relacionados con enfermedades u otras causas distintas a la participación en combates no se tienen en cuenta. Además sólo se consideran los riesgos de combate contra la Fuerza Pública, porque no se dispone de cifras sobre dados de baja en confrontaciones con grupos de autodefensas.
88
7.1.3.3 Ejecución Presupuestal de los Programas para la DGR 1990-1999
89
Durante el gobierno de Pastrana (1998-2002) la DGR ejecutó $113.256 millones
(pesos de 2002). En estos recursos el programa de Desarrollo Empresarial tuvo la
mayor participación, con un 27%, representado en una inversión cercana a los
$30.043 millones. Le siguió en su orden el programa de Educación, con un 10%,
Seguridad Social y Grupos especiales con una participación de 8%. Por otra parte,
los gastos de funcionamiento de la Dirección ascendieron al 13% del total del
presupuesto ejecutado por la entidad en el periodo.37
Ejecución Presupuestal de la Dirección General de Reinserción
1998-2002
(Millones de pesos de 2001)
Observando este gráfico se identifica claramente que los primeros tres años la
ejecución presupuestal tuvo un aumento, ello pudo haberse encontrado
relacionado con las expectativas que generó el proceso de paz al comienzo del
gobierno de Pastrana y las expectativas sociales y políticas que éste generó en el
37 Ibid,. P. 16.
90
país, sin embargo, también se dio paso a la desilusión y a la incredulidad como
respuesta a las condiciones que se fueron tejiendo en torno a este proceso.
En consecuencia, los recursos económicos directamente se vieron afectados.
Gastos por Entidades Programa de Reinserción
1998-2002
Recursos Destinados por el ICBF
Para la Atención de Menores Desvinculados del Conflicto
(Millones de pesos de 2001)
En noviembre de 1999 se dio inicio a una experiencia piloto en atención
especializada para esta población. En el año 2000 se estructura el programa con
91
capacidad para 40 cupos en los Centros de Atención Especializada, con una
inversión de $262.4 millones. El ICBF cuenta con 6 de estos centros en diferentes
regiones del país, 3 de ellos financiados por Cooperación Internacional donde se
han ido atendiendo a 792 jóvenes.
En el caso del Ministerio de Defensa recibió recursos del Fondo de Seguridad y
Convivencia (FONSECON) por un valor de $2.800 millones distribuidos entre los
años 2000 y 2001.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante 1998 y 2001 a
través de este programa protegió a 81 personas con 170 escoltas y 13 detectives,
para ello se ejecutaron $11.823 millones.
En resumen, los gastos del gobierno nacional para atender la problemática de los
reinsertados durante el período 1990 –2002 fue de $217.188 millones, durante el
último cuatrienio se han invertido $131.736 millones.38
7.1.3.4 Balance General de los Proyectos Productivos
Vale la pena anotar que las características y condiciones de la población
desmovilizada colectiva de los acuerdos de paz, son distintas a las de los
desmovilizados individuales que se han acogido al decreto 1385 de 1994. En este
punto es prudente aclarar que los proyectos de los desmovilizados de dichos
acuerdos, y los que se acogieron al decreto 1385 de 1994 se han desarrollado en
escenarios muy diferentes, básicamente por dos razones:
• El perfil de los desmovilizados: los integrantes de grupos como el M-19 y el
EPL contaban con algún tipo de formación académica, en muchos casos
38 Ibid,. P 17-19.
92
universitaria, mientras que los desmovilizados individuales que han
abandonado los grupos armados, provenientes en su mayoría de las FARC,
son de origen campesino con muy bajo nivel de escolaridad.
• Las condiciones económicas del país: La economía colombiana ha
experimentado una recesión en el último cuatrenio, caracterizada por altos
niveles de desempleo, restricción del crédito y baja demanda agregada, lo
cual ha generado condiciones poco propicias para la formación y
supervivencia de microempresas.39
Sin embargo, el programa de proyectos productivos que en su momento se ofreció
a los desmovilizados de los acuerdos de paz como alternativa para su reinserción
socioeconómica, es en esencia el mismo que se brinda hoy a los desmovilizados
individuales, pero con algunas modificaciones.
Para ello, es necesario analizar los proyectos productivos que llevan más tiempo
funcionando, es decir, los proyectos de los desmovilizados de los acuerdos de paz
firmados en la década de los noventa.
Dos estudios han analizado la situación actual de los proyectos económicos de los
desmovilizados. El primero, es un estudio de diagnóstico realizado para el caso de
los proyectos de desmovilizados de los acuerdos de paz de los noventa en
noviembre de 200040; el segundo, es un informe de gestión preparado por una
consultoría contratada por la DGR, para los proyectos desarrollados en el periodo 39 “De las Armas a la Democracia”, Evaluación de los Programas de Reinserción de los Grupos Insurgentes Desmovilizados desde la Administración Betancur hasta el Presente. Perspectivas ante el actual Proceso de Paz.; Ministerio del Interior, Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de La Democracia; Bogotá, diciembre de 2000. Director del Proyecto, Carlos Eduardo Jaramillo. Tomo II, Capítulo Sexto, “El Proyecto Educativo en el Programa de Reinserción”, Fernando Hernández Valencia, páginas 173 a 207. 40 “Diagnóstico Integral de los Proyectos Productivos Urbanos y Predios, y Proyectos Productivos Agropecuarios de la Población Desmovilizada”, Resumen Ejecutivo presentado por el consultor Richard Borman Ballesteros Puentes a la DGR en noviembre de 2000.
93
abril 2001 – febrero de 2002 sobre los proyectos de los desmovilizados del decreto
1385.41
El Informe de diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR para proyectos
desarrollados por desmovilizados de acuerdos de paz: proyectos colectivos
urbanos y agropecuarios, evaluó una muestra de 277 proyectos. En la siguiente
gráfica se muestra la distribución de estos proyectos entre urbanos y
agropecuarios:
Clasificación de los Proyectos Productivos en Urbanos y Agropecuarios
Fuente DGR
41 “Informe complementario de actividades”, presentado por el consultor Richard Borman Ballesteros Puentes a la DGR en febrero de 2002.
94
Clasificación de los Proyectos Productivos Urbanos
Fuente DGR
Clasificación de los Proyectos Productivos Urbanos
Fuente DGR
95
De los 277 productivos diagnosticados, 125 (45,1%) se clasificaron como no
exitosos, es decir, que no funcionaron o se cerraron o se liquidaron.
En ese estudio se señalan algunas de las dificultades que han experimentado los
proyectos productivos de los desmovilizados de los acuerdos de paz. Las
siguientes son algunas de ellas:
• Cambio de modelo económico: a la inexperiencia de los desmovilizados en
el desarrollo de proyectos productivos se agregó el efecto de la apertura
económica sobre la pequeña y mediana empresa en el país, la cual no
estaba preparada para entrar a competir en un mercado globalizado. Esto
llevó a la desaparición de muchas empresas, dentro de las cuales se
incluyeron las de los desmovilizados.
• Recesión a partir de la segunda mitad de la década de los noventa: la
contracción de la demanda afectó la estabilidad del sector real, lo que
ocasionó la quiebra de numerosas empresas pequeñas y medianas.
• Baja capacidad financiera: el monto de los créditos otorgados a los
desmovilizados para poner en marcha los proyectos no era suficiente para
el establecimiento de empresas sólidas y sostenibles.
• Apoyo insuficiente: no existió una instancia que se encargara de ofrecer
capacitación, asesoría y acompañamiento a los desmovilizados, de manera
continua y sistemática, para contrarrestar la inexperiencia empresarial y la
falta de formación teórica y técnica de esa población.
• Dificultades de interacción con el entorno: el hecho de ser excombatientes
dificultó la aceptación por parte de la sociedad civil, que los miraba con
desconfianza.
96
• Inseguridad personal y familiar: hechos de violencia como asesinato,
desaparición y desplazamiento, han afectado a los desmovilizados y sus
familias, y por tanto, el buen funcionamiento de los proyectos.
• Ausencia de estudios de factibilidad: la mayoría de los proyectos no
contaron con estudios de factibilidad concretos en cuanto a
comercialización, distribución y operación empresarial.
• Inexistencia de planes indicativos: no existieron mecanismos que
permitieran que los proyectos productivos aprovecharan las redes y
cadenas productivas ya existentes en los mercados locales y regionales, lo
que implicó la ausencia de economías de escala.
• Ineficacia de los intermediarios ONG´s: en la percepción de los
desmovilizados, el manejo que se dio a los recursos a través de ONG´s no
resultó eficiente.
• Altos gastos de funcionamiento: Se considera alto el gasto de
funcionamiento del Programa y su estructura operativa, comparativamente
con lo invertido en financiación de proyectos.
Por otra parte, dentro los proyectos “exitosos”, los que tienen una mayor
participación son: los predios agropecuarios con un 41,2%, los proyectos
dedicados a prestación de servicios con un 23,5%, los de comercio con un 16,6%
y los de industria con un 14,1%.42
42 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, op., cit., p. 35-36.
97
Clasificación de los Proyectos Productivos Exitosos
Fuente DGR
Otra de las características que se analizaron en los proyectos productivos es su
tamaño, clasificándolos en empresas familiares (sólo familiares laborando),
microempresas (hasta 5 trabajadores), pequeñas empresas (de 6 a 10
trabajadores), medianas empresas (de 11 a 50) y grandes (más de 51). Los
resultados muestran que la mayoría de los proyectos productivos son empresas
familiares (45,3%), microempresas (24,6%) y pequeñas empresas (14,6%). Las
empresas de más de 10 de trabajadores sólo participan con un 14%.
En el conjunto de proyectos y predios productivos se encuentra un total de 1.649
socios o asociados, propietarios o copropietarios, de los cuales el 65,7% (1.083)
son desmovilizados. Los demás socios (541) son personas naturales o jurídicas.43
43 Ibid,. P. 37.
98
El Informe de diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR: desmovilizados
individuales (decreto 1385), la DGR contrató una consultoría externa con el
propósito de prestar asesoría a los desmovilizados del decreto 1385 en la
elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos productivos. Según los
resultados del informe diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR, en el
periodo comprendido entre abril de 2001 y febrero de 2002, se presentaron un
total de 36544 proyectos, a los cuales se les ofreció asesoría en 8 fases, como se
muestra en el siguiente cuadro:
Proyectos atendidos para el periodo 2001-200245
De los 171 proyectos que se encontraban en la etapa de seguimiento, 68 fueron
cerrados, es decir el 18,6% del total de los proyectos. De los 365 proyectos que
iniciaron la etapa de sensibilización, sólo 267 llegaron a la etapa de
implementación, es decir el 73%. El restante 27% ha experimentado dificultades
en la formulación y aprobación. Así mismo sólo se le hace seguimiento al 46% del 44 Este número corresponde al total de proyectos productivos presentados por los desmovilizados en el periodo abril 2001 – febrero 2002. 45 Vale la pena aclarar que la aprobación final de los proyectos es responsabilidad de la DGR, razón por la cual no se incluyen proyectos aprobados dentro del cuadro No 1 que muestra las actividades desarrolladas por la consultoría; sin embargo, el número de proyectos implementados que aparece en el cuadro, es una buena aproximación del número de proyectos aprobados.
99
total de los proyectos, que equivale al 64% los proyectos que se han
implementado. Luego un 36% de los proyectos que se implementaron no han
tenido un adecuado seguimiento.46
Recursos Invertidos en Proyectos Productivos 2000-2002
Dado que los proyectos de los desmovilizados del Decreto 1385 llevan poco
tiempo de funcionamiento no es posible determinar cuántos de ellos resultan
exitosos o cuántos de ellos cierran y por tanto no se podría determinar la cantidad
de recursos que se pierden en proyectos con alta probabilidad de desaparecer.
Sin embargo, para tener una idea de dicha cifra, se puede asumir el supuesto que
la tasa de cierre (45,1%) encontrada por el informe diagnóstico mencionado en la
fuente No.1, así como las condiciones que ocasionaron dicha tasa permanecen
constantes para los proyectos de los desmovilizados del decreto 1385, entonces
se esperaría que 164 proyectos de los 365 iniciados entre 2001 y 2002, dejen de
funcionar, lo que implicaría una pérdida aproximada de $3.825 millones47. Sin
46 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, op., cit., p. 38. 47 Este escenario se puede considerar como “optimista”, si se tienen en cuenta factores como que muchos de los proyectos de los desmovilizados de acuerdos de paz eran asociativos, lo que representaba un mayor capital inicial para el negocio y la distribución del riesgo entre varios socios; además, dicha población contaba con un mejor nivel académico que los desmovilizados del decreto 1385, lo que sugeriría que tenían mejores perspectivas de éxito que estos últimos.
100
duda esta situación sugiere que el programa de proyectos productivos posee
debilidades que deben ser corregidas para evitar pérdidas de recursos como la
descrita.
Para identificar las debilidades del programa se utilizó: el estudio realizado por
Carlos Franco (1999) “Apuntes a la reinserción económica; diez años de
sobrevivencia a la crisis de la economía y de la paz”, publicado en el libro “De las
armas a la democracia”. En este artículo, Franco realiza una descripción y un
diagnóstico del proceso de reinserción socioeconómica de los desmovilizados de
acuerdos de paz e incluye los resultados de una encuesta aplicada a una muestra
de 548 desmovilizados, en la cual indaga sobre los problemas y deficiencias del
programa y sobre las causas del fracaso de los proyectos que emprendieron48.
Los resultados de la encuesta aplicada por Franco indican que las principales
causas para el fracaso de un proyecto productivo son:
Causas del Fracaso de los Proyectos Productivos
48 Desafortunadamente no se ha realizado un ejercicio similar con los desmovilizados del decreto 1385, por lo reciente de esos proyectos, sin embargo, las experiencias y opiniones de los desmovilizados de acuerdos de paz respecto al programa se pueden considerar como válidas, al momento de hacer un análisis crítico del programa de proyectos productivos.
101
Según lo anterior, el 47,8% de los fracasos tienen un origen común: la inadecuada
formación teórica y técnica de los desmovilizados en administración empresarial y
las deficiencias en la asesoría que se les debía brindar en la formulación e
implementación del proyecto.
Sin embargo, existen otros factores que no fueron referenciados en la anterior
encuesta, pero que también inciden en el éxito de los proyectos productivos:
1. No existen plazos límites en el proceso de formulación y aprobación de
proyecto. Por su parte la DGR tampoco dispuso de un tiempo límite para la
aprobación del proyecto y la gestión del desembolso de los recursos. Estas
deficiencias tuvieron dos consecuencias:
ü Demora en la puesta en marcha de los proyectos y, por tanto, la
generación de recursos propios por parte de los desmovilizados para su
sostenimiento, lo que se traduce en mayores gastos del programa de
reinserción para atender esta población.
ü Le restó posibilidades al desmovilizado para formalizar su proyecto
traduciéndose en la pérdida de oportunidades de negocio para el
desmovilizado.
2. Los desmovilizados utilizaron una parte del dinero que se les entregó para
financiar el proyecto en gastos personales y de sostenimiento. Esto implica la
reducción del capital inicial del proyecto.
3. Se tiende a suponer que todos los desmovilizados están en capacidad y tienen
la disposición de poner en marcha una empresa y conducirla de manera que
crezca y se consolide. No cabe duda de que algunos de ellos cumplen con dichos
requisitos, prueba de ello es el porcentaje de proyectos productivos que aún
102
funcionan (la consultoría contratada por DGR afirma que el porcentaje de éxito de
los proyectos productivos de desmovilizados de acuerdos de paz es del 54,9%).
Además, dado que un porcentaje importante de dichos proyectos son asociativos
o colectivos, su éxito también podría atribuirse al grado de cohesión y lazos de
amistad que se tenían desde el grupo subversivo, así como las ayudas
económicas representadas en inyecciones de capital (repotenciación de los
proyectos). Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de las desmovilizaciones
se dan individualmente, y las circunstancias propias de cada desmovilizado
pueden ser muy distintas a las de los demás.
4. El programa de proyectos productivos no ha utilizado alternativas de impulso a
la productividad que fortalezcan este tipo de proyectos, como por ejemplo los
instrumentos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
que el Gobierno ha creado y que ofrece a través del respectivo Ministerio y las
entidades adscritas.
El componente de proyectos productivos hace parte de las políticas y de los
diferentes lineamientos que se determinan para los procesos de reinserción, como
una de las alternativas centrales para dar paso a la integración a la sociedad como
ciudadanos (as) con movilidad social y económica principalmente.
Sin embargo, es uno de los aspectos que presenta mayor dificultad y tropiezos a
la hora de brindar las garantías y las condiciones necesarias a la población
reinsertada; ya que las características propias de esta población y la situación del
país durante los dos gobiernos no son las más alentadoras y propicias para
asegurar el éxito de este tipo de reinserción.
103
Sin lugar a dudas, los procesos de reinserción deben ir acompañados de una
transformación social, política y económica en la cual tanto el Estado como la
sociedad en sus diversas expresiones son los protagonistas principales.
No basta con estructurar procesos institucionales para la formulación y ejecución
de proyectos productivos presentados por la población en procesos de reinserción,
puesto que las posibilidades reales de éxito y de sostenibilidad entran en choque o
en contravía con las con la compleja estructura y dinámica del Estado Colombiano
y de su sociedad.
La disponibilidad y ejecución presupuestal destinada a este tipo de procesos se
encuentra sujeta a los intereses y a la voluntad política de turno, para nadie es un
secreto que esta situación es la muestra más diciente de la desestructuración y el
quiebre permanente del Estado Colombiano, condición que agudiza la posibilidad
de encontrar un derrotero político acorde a los contextos reales del país.
Por otra parte, no existen trabajos rigurosos de seguimiento y comparativos de las
cifras en cuanto a la población objetivo a reinsertarse y la realmente reinsertada, e
igualmente, sobre un análisis de las condiciones actuales de vida laboral,
económica y social, tan sólo se encuentran estadísticas de carácter general.
El estudio y el seguimiento riguroso de casos sobre este tipo de procesos no se
llevan a cabo con la pertinencia que lo requiere; ya que en el caso de los procesos
de reinserción de la década de los noventa, el balance general se realiza de
manera grupal, los casos individuales se relegan a un segundo plano y cada
proceso de desmovilización y de reinserción asume características y rumbos
distintos. Todo ello, dependiendo del tipo de organización, de las condiciones de
negociación, las características poblacionales y demográficas de la población
objetivo, entre otras.
104
7.2 ADMINISTRACIÓN ALVARO URIBE VÉLEZ 2002 - 2006
En la actual administración al igual que en la de Pastrana, continúa siendo el
Ministerio del Interior y de Justicia (éste último fusionado y adjunto), el que se
encuentra liderando los actuales procesos de reinserción que como se ha hecho
mención, es evidente que éstos son con un claro énfasis hacia las Organizaciones
Paramilitares y de Autodefensas dadas las características y condiciones que ha
pautado este gobierno.
7.2.1 Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las
Personas y Grupos Alzados en Armas
Por medio del Decreto 1262 del 26 de abril de 2004, se crea una Comisión
Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos
Alzados en Armas.
En su artículo 2º, la Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil
de las Personas y Grupos Alzados en Armas se integrará de la siguiente manera:
• El Ministro del Interior y de Justicia, quien la presidirá
• El Ministro de Defensa Nacional
• El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
• La Secretaría Técnica de la comisión será ejercida por el Secretario
General del Ministerio del Interior y de Justicia.
En su artículo 3º establece los siguientes objetivos para esta comisión:
105
1. Servir de espacio de coordinación y orientación superior, de políticas,
planes, programas y propuestas que contribuyan al desarrollo de los
programas y actividades de reincorporación.
2. Promover respecto de las competencias de cada una de las entidades
participantes, la adopción de estrategias y medidas estructurales que de
manera articulada, apoyen los objetivos de los programas y actividades
de reincorporación.
3. Establecer de manera articulada, planes, estrategias, políticas y
programas que potencien el ejercicio de la participación ciudadana en
actividades de apoyo a las medidas que se adopten en el marco de los
programas y actividades de reincorporación.
4. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades y
sectores participantes en las actividades de los programas y actividades
de reincorporación.
7.2.2 Programa Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos
Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia 49
7.2.2.1 Misión
Facilitar la reincorporación a la sociedad de los ciudadanos que abandonan las
armas, a través del diseño e implementación de programas, planes y proyectos
que contemplen la formación integral y dinámica de la persona y de la sociedad a
la cual se va a reincorporar haciendo gran énfasis en el acompañamiento
psicoafectivo y la sostenibilidad de sus proyectos de vida.
49 Este programa ha determinado un procedimiento o esquema general para el proceso de reinserción. Ver Anexo 2.
106
7.2.2.2 Visión
Ser líderes en la generación e implementación de estrategias encaminadas a la
construcción de procesos de reincorporación a la sociedad, de personas que
voluntariamente abandonen las armas, para que logren ser ciudadanos libres,
autónomos y capaces de asumir de manera responsable su vida personal y social;
contribuyendo así a la solución política de la amenaza terrorista.
7.2.2.3 Objetivos
• Garantizar la protección inmediata en seguridad social al desmovilizado y
su núcleo familiar.
• Ofrecer atención humanitaria dirigida a los grupos poblacionales
relacionados de manera directa con el proceso de reinserción.
• Facilitar el desarrollo de una actividad económica que garantice al
desmovilizado su sustento.
• Coordinar la ejecución e implementación de esquemas de seguridad para
los desmovilizados.
• Consolidar las organizaciones productivas desarrolladas por los
desmovilizados en su proceso de reinserción, a través de un proyecto
productivo.
• Diseñar e implementar programas de capacitación tendientes a generar
procesos productivos y sociales que garanticen la incorporación de los
desmovilizados a la sociedad.
• Promover la vinculación de la comunidad internacional en el desarrollo del
programa.
• Debilitar a los Grupos Armados del conflicto interno consolidando una
estrategia de contrainsurgencia enmarcada en DDHH y el DIH.
• Adelantar estudios con la población desmovilizada que permitan
caracterizar diferentes variables involucradas en el conflicto. (Factores de
107
ingreso, Causas de desmovilización, Perfiles de los desmovilizados,
caracterizaciones por regiones geográficas y grupos armados).
• Coordinar con las diferentes autoridades e instituciones las acciones
tendientes a facilitar el buen desarrollo de los programas y procesos
encaminados a garantizar de manera segura y digna la reincorporación de
los desmovilizados a la vida civil sin debilitar su tejido social.
• Diseñar, implementar y evaluar los programas que consoliden los proyectos
de vida de las personas reincorporadas.
7.2.2.4 Temas Especiales50
Para abordar cada uno de los temas especiales se encuentran establecidos una
serie de servicios. El principal servicio del Programa para la Reincorporación a la
Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas es ejecutar la Política de
reincorporación a la vida civil. La cual consiste en:
7.2.2.4.1 Documentos
El Ministerio del Interior y de Justicia realiza los trámites para entregar al
desmovilizado la libreta militar, la cédula de ciudadanía y el certificado de
antecedentes judiciales.
7.2.2.4.2 Salud
El desmovilizado y su grupo familiar reciben servicios de salud a través de la red
hospitalaria, para lo cual basta con la certificación expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional. Una vez certificado por el Comité Operativo para la Dejación de
las Armas, CODA, puede acceder a los beneficios contemplados en el Régimen
Subsidiado de Seguridad Social en Salud, con el siguiente grupo familiar: el (la)
50 Para algunos de estos temas especiales el Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia, ha definido una plataforma estratégica que apoya la gestión de cada uno de estos componentes del programa. Ver Anexo 3.
108
cónyuge o el compañero (a) permanente, los padres, los hijos y los hermanos
menores y/o mayores discapacitados.
El Ministerio del Interior y de Justicia tramita ante el Ministerio de Seguridad Social
la consecución de los cupos necesarios para brindar acceso a este beneficio.
7.2.2.4.3 Protección y Seguridad
El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior y de Justicia, según
corresponda, coordinan con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y
la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al
desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto
último fuese necesario.
7.2.2.4.4 Beneficios por Colaboración
El desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia
entregando información conducente a evitar atentados terroristas, secuestros o
que suministre información que permita liberar secuestrados, encontrar caletas de
armamento, equipos de comunicación, dinero producto del narcotráfico o de
cualquier otra actividad ilícita realizada por organizaciones armadas al margen de
la ley, de conformidad con las disposiciones legales vigentes o la captura de
cabecillas, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica
acorde al resultado, conforme al reglamento que expida este Ministerio.
7.2.2.4.5 Beneficios por Entrega de Armas
El desmovilizado que haga entrega de armamento, munición, explosivos y armas
de destrucción masiva recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación
económica, conforme al reglamento que expida este Ministerio.
109
7.2.2.4.6 Beneficios Jurídicos
De conformidad con la ley, tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de
la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la
instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los
desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen
de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, CODA, expida la certificación de que trata el numeral 4 del artículo 12 del
Decreto 128 de 2003.
7.2.2.4.7 Beneficios Socioeconómicos
Una vez expedida la certificación del Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, CODA, el Ministerio del Interior y de justicia, realiza una valoración
integral del reincorporado con el fin de determinar su programa de beneficios
socioeconómicos.
7.2.2.4.8 Beneficio Educativo
El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación en educación básica,
media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados para dar empleabilidad
en las instituciones educativas que para tal fin establezca el Ministerio del Interior
y de Justicia. Igualmente, este programa comprende la educación del
desmovilizado en un esquema de valores humanos y sociales, compatibles con los
deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra Constitución Política.
7.2.2.4.9 Beneficio Económico
El Ministerio del Interior y de Justicia, previa evaluación de factibilidad, autoriza
que el programa aporte recursos para el desarrollo de proyectos de inserción
económica para los reincorporados. Para tal efecto, esta entidad reglamenta y fija
110
las características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este
proyecto no podrá ser refinanciado en ningún caso.
7.2.2.4.10 Seguros
El Ministerio del Interior y de Justicia adquiere un seguro de vida para el
reincorporado, con vigencia de un (1) año y una cobertura de quince (15) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
7.2.2.4.11 Servicios Especiales
A los discapacitados reincorporados se les suministra soportes mecánicos y
tratamientos de rehabilitación cuando no sean prestados por el Régimen
Subsidiado.
7.2.2.4.12 Empleo
El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en coordinación con el Ministerio del
Interior y de Justicia, crea una bolsa de empleo y contratación que vincula al
mercado laboral a los reincorporados que se acojan al presente decreto. Para este
efecto, entra en relación con los gremios económicos y las distintas empresas del
sector productivo o de servicios de la economía.
7.2.2.4.13 Delegaciones
Se encuentran delegaciones en las siguientes ciudades:
Pasto (Nariño), Cali (Valle), Neiva (Huila), Montería (Córdoba) y Medellín
(Antioquia).
111
7.2.3 ORGANIZACIONES PARAMILITARES
7.2.3.1 Principales Antecedentes
El Gobierno Nacional, a través del decreto 128 de 2002, estableció apoyo en
materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al igual que protección y
solución jurídica a través del Ministerio del Interior. Este decreto también
contempla apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad
de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció, a través del decreto 2767 de
2004, que quienes se acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria,
con la justicia o la Fuerza Pública, entregando información que permita evitar o
esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación económica, acorde con el
resultado de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de Conflicto Armado interno,
intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos y
maquinaria para la producción de drogas ilícitas, o cualquier otro elemento que
facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades
ilícitas, también recibirán una bonificación económica.
Se entregará igualmente una bonificación económica a quienes, de manera
voluntaria, deseen desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública.
El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir todos aquellos nacionales
que individualmente y por decisión voluntaria51, abandonen los grupos armados al
51La desmovilización individual del Programa para la reincorporación tuvo como antecedentes la desmovilización de insurgentes producto de los acuerdos de paz celebrados durante del década del 90. Las leyes 35 de 1984, 77 de 1989 y 104 de 1993, con las cuales se establecieron los beneficios jurídicos y socioeconómicos cubrían a aquellas personas desmovilizadas en grupo, quienes lo hacían individual y voluntariamente tenían derecho solamente a la reducción de la pena si colaboraban con la justicia.
112
margen de la ley. Estos deberán demostrar además a criterio del Gobierno
Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad
quedan excluidos de cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública.
Sólo con la expedición del Decreto 1385 de 1994 se comenzó a abrir espacio para
los insurgentes que decidieran deponer las armas en forma individual y voluntaria,
creando un comité (CODA) para verificar la pertenencia a las organizaciones
armadas. Además especificaba que podían recibir beneficios socioeconómicos en
la medida que lo permitiera su situación jurídica.
En el año de 1997 la Ley 418 recoge el contenido de la Ley 104/93 y parte del
Decreto 1385/94, normas que aún hoy, con las modificaciones implementadas por
la ley 782 de 2002 y la entrada en vigencia del Decreto 128 de 2003 rigen en esta
materia.
En 1999 fue creado el Programa de Desmovilización con el propósito de permitir a
los miembros de las organizaciones armadas ilegales desmovilizarse de manera
individual sin esperar a que se inicie un proceso de paz formal. Desde la posesión,
se Uribe se ha tomado la decisión de renovar y fortalecer este Programa,
haciéndolo pieza clave de la Política de Seguridad Democrática.
Este propósito se tradujo en la expedición del Decreto 128 del 22 de enero de
2003 que permite que los miembros de las organizaciones armadas al margen de
la Ley se acojan al Programa. Con el Decreto 128 de 2003, reglamentario de la
Ley 418 de 1997 y 782 de 2002, se establecieron claramente dos etapas dentro
del programa para la reincorporación a la vida civil: La de desmovilización a cargo
del Ministerio de Defensa Nacional y la de Reincorporación propiamente dicho a
cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.
113
El Gobierno actual ha propuesto ofrecer las condiciones y garantías básicas para
que los actores armados al margen de la ley se reincorporen de manera individual
y colectiva a la vida civil, al tiempo que se fomente el pluralismo y la participación
ciudadana, como elementos determinantes para facilitar la recuperación de la
gobernabilidad y la legitimidad y así lograr la consolidación del Estado
Comunitario, como el principal derrotero de la actual administración del Estado
colombiano.
En esa perspectiva, se han propuesto las líneas de acción planteadas por la
Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y
Grupos Alzados en Armas, que recogen las características propias de esta
población y faciliten de manera integral su inserción a la vida social y productiva
del país como la propuesta que lidera la actual administración52, con la finalidad de
facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un
proyecto de vida de manera segura y digna.
Desde los inicios de su administración, el actual gobierno ha hecho pública su
intención de dejar abiertas las puertas a una negociación con aquellos que se
decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un
completo y estricto cese de hostilidades que disminuya la violencia y asegure el
respeto a los derechos humanos.
Por ello, la consigna de este Gobierno es: Urgencia para el cese de hostilidades,
paciencia para la desmovilización y el desarme. Quienes se reintegren a la
sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política
que merece el disidente dentro de la democracia.
52 La ejecución de este Programa se justifica en el diagnóstico y en las soluciones propuestas en el Objetivo de Seguridad Democrática de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 Hacia un Estado Comunitario.
114
En cuanto a los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto, el Programa del
actual Gobierno tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción de una ruta de
vida por fuera del Conflicto Armado Interno , en el marco de la garantía de los
derechos del niño, la construcción de ciudadanía, democracia, perspectiva de
género, con un enfoque de inserción social y corresponsabilidad, para lo cual
cuenta con ayuda internacional y nacional dándosele prioridad a este aspecto.
7.2.3.2 Antecedentes y Objetivo del Decreto 128 de 2003
La Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782
de 2003, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del Estado Social
y Democrático de Derecho, y garantizar la plenitud de los derechos y libertades
fundamentales reconocidas en la Constitución Política y en los Tratados
Internacionales aprobados por Colombia.
La anterior disposición establece que las personas desmovilizadas bajo el marco
de acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en forma
individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica,
de los programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto
establezca el Gobierno Nacional.
Dispone la misma ley, que en el ejercicio de las mismas facultades no podrá
menoscabarse el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la
distribución de competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su
aplicación se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia
pacífica.
El Decreto 128 de 2003 reglamenta y desarrolla tales instrumentos legales,
precisando los procedimientos y los organismos que deben llevarlos a cabo para
hacer posible y realizable la desmovilización y la reincorporación a la sociedad civil
115
de las personas que abandonen individualmente los grupos armados alzados en
armas.
En este decreto, se definen los instrumentos para asegurar la vigencia del Estado
Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y
libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política y en los Tratados
Internacionales aprobados por Colombia.
El Gobierno Nacional deja establecido el propósito del decreto y allí se consigna
que se hace preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan
establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para
acceder a los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de
reincorporación a la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria.
El Decreto 128 de 2003, también establece otra serie de beneficios preliminares y
establece la competencia que de acuerdo a la ley y a la constitución tienen las
entidades a cargo de las cuales se encuentra la función de otorgarlos, de esta
manera, por ejemplo, en materia de beneficios de protección y seguridad, el
Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior, según corresponda,
coordinarán con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía
Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o
reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese
necesario.
De conformidad con el Artículo 21 del Decreto 128 de 2003, por medio del cual se
reglamenta la Ley 418 de 1997, los beneficios socioeconómicos de que trata este
Decreto sólo podrán concederse por una sola vez a cada persona y están
condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este Decreto y
los Ministerios del Interior y Defensa Nacional determinen y se perderán cuando
culmine el proceso de reincorporación a la vida civil, cuando lo abandone el
116
reincorporado o en los demás casos que señale el reglamento que para el efecto
deberá expedir cada Ministerio.
7.2.3.3 Desarrollo del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las
Personas Alzadas en Armas53
En términos generales el programa se desarrolla en dos etapas54:
7.2.3.3.1 Primera Etapa
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, el cual comienza con la presentación de la
persona ante la autoridad más cercana y termina cuando el Comité Operativo para
la Dejación de Armas (CODA) luego de realizar un proceso de verificación, decide
si la persona puede o no acceder a los beneficios del Programa.
Esta etapa implica la atención humanitaria del desmovilizado e incluye alojamiento
y alimentación, transporte, vestuario, atención en salud física, psicológica y
seguridad.
7.2.3.3.2 Segunda Etapa
Denominada “Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las Personas
Alzadas en Armas” a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. El Programa
tiene una duración aproximada de dos años, con los siguientes componentes:
7.2.3.3.2.1 Atención Humanitaria
53 Ver Anexo 4. 54 Ver Anexo 5.
117
La cual contempla la atención de las necesidades básicas de los desmovilizados y
sus familias, lo cual incluye la ubicación en albergues, vestido, alimentación y
transporte.
7.2.3.3.2.2 Salud
El plan de reincorporación incluye la vinculación a la Red Pública Hospitalaria
cuando ingresan al Programa del Ministerio de Defensa, y al Régimen Subsidiado
en Salud una vez se asignan los cupos por parte del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
7.2.3.3.2.3 Educación formal y no formal
Se prestan servicios en distintas áreas: Elaboración de proyecto de vida,
educación básica, capacitación en oficios semicalificados, formación productiva y
apoyo a proyectos productivos.
7.2.3.3.2.4 Seguridad
Se les cobija bajo esquemas de seguridad de acuerdo al nivel de riesgo del
ciudadano.
7.2.3.3.2.5 Jurídica
Se les apoya y asesora en los aspectos legales, a fin de que puedan
reincorporarse a la vida civil y ejercer todos sus derechos55.
55 Al respecto, se han determinado una serie de etapas por las cuales el reincorporado debe pasar para dar solución a su situación jurídica de acuerdo a la normatividad legal vigente y que regula este componente. Ver Anexo 6.
118
7.2.3.3.2.6 Atención psicosocial
Apoyo psicológico a las personas que por motivo de sus experiencias en el
Conflicto Armado Interno y cambios en su situación de vida, requieren de este
apoyo emocional.
7.2.3.3.2.7 Sistema de Información
Con los componentes de seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa en su
conjunto y los proyectos derivados, a fin de contar con información de calidad para
la efectiva toma de decisiones y el seguimiento requerido.
7.2.3.3.2.8 Descentralización
Hace referencia a la descentralización del Programa y de las responsabilidades, a
través de alianzas entre el gobierno central, regional y la sociedad civil.
Durante las administraciones de Pastrana y de Uribe, además de encontrar la
marcada diferencia en la orientación de los procesos de reinserción de los grupos
armados al margen de la ley, situación en la que con claridad se refleja el manejo
político dado por cada uno de ellos dentro de sus respectivos Planes de Gobierno
y las políticas diseñadas para tal efecto, se logra identificar diferencias de forma y
de fondo en las diversas Políticas Públicas de Atención para la reinserción o
reincorporación, e igualmente, para la tan anhelada consecución de la paz en el
país.
Desde el inicio del gobierno de Pastrana las expectativas de los colombianos
giraron en torno a la fallida visión social con la que este gobernante abordó la
búsqueda de la paz, los procesos de reinserción y en general la administración del
119
país, lo cual terminó en la agudización del contexto de Conflicto Armado interno y
en el fortalecimiento militar y financiero de las Organizaciones Guerrilleras. En
consecuencia, a su vez el escalonamiento de la estructura Paramilitar y de las
Autodefensas.
En los dos gobiernos el Ministerio del Interior y actualmente fusionado con el de
Justicia, ha sido la instancia que se ha determinado como el eje diseñador de la
Política Pública para el desarrollo y ejecución de los planes, programas y
proyectos de reinserción.
Es de resaltar que con el actual presidente se integra de forma más directa al
Ministerio de Defensa en estos procesos, lo cual considero que es de vital
importancia compartir y asumir responsabilidades desde los diferentes frentes del
Estado, más aún cuando desde este Ministerio también se materializa la Política
de Seguridad Democrática.
Ya sea desde la Dirección General para la Reinserción o desde la Comisión
Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos
Alzados en Armas, como las dependencias encargadas de llevar a cabo la
ejecución de estas políticas, en ambos casos en esencia se conservan los cuatro
(4) componentes centrales que estructuran y ponen en marcha los procesos de
reinserción, a saber son:
• La Reinserción Social
• La Reinserción Política
• La Reinserción Económica
• Los Aspectos Jurídicos
En este último aspecto, la Ley 211 del 21 de junio de 2005, pauta profundas
diferencias entre la anterior administración y la actual, ya que el componente de
120
reparación a las víctimas por parte de quienes regresan a la vida civil después de
haber cometido diversos delitos políticos y de lesa humanidad en algunos casos,
tiene en vilo a toda la sociedad colombiana. Es una discusión que se desarrolla
entre la sanción moral, la aplicación formal de la justicia, el perdón y la impunidad.
Reiterando una vez más la idea relacionada con el manejo que cada uno de los
gobiernos en mención ha dado a este tipo de procesos y todo lo que ello implica
para el país y sus habitantes, la Política Social para la Paz de Pastrana y la
Política de Seguridad Democrática de Uribe es otro ejemplo más de continuar
consolidando gobiernos transitorios y no de construir verdaderamente un Estado
colombiano de todos, por todos y para todos.
Teniendo en cuenta otro aspecto, considero muy valioso y pertinente el hecho de
diferenciar entre desmovilizado y reinsertado, ya que es claro que la dejación y
entrega voluntaria de las armas, representa tan sólo el primer escalón de una
larga escalera que hay que recorrer y que del éxito o fracaso de esta trayectoria
depende en gran parte el futuro de todos los colombianos después del Conflicto
Armado Interno.
El Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos
Alzados en Armas que se está ejecutando bajo el gobierno de Álvaro Uribe,
considero que se encuentra concebido de forma un poco más integral y aterrizada;
puesto que es evidente que presenta avances muy significativos pero a la vez
altamente discutidos por diferentes sectores de la sociedad nacional e
internacional.
Estos avances, son en alguna medida respuesta a las falencias y equivocaciones
de procesos anteriores. Sin embargo, aún persisten y se agudizan las críticas
condiciones sociales y económicas que originan una vez más serios y profundos
tropiezos para quienes desean retornar a la vida civil.
121
El reto de la sociedad y del Estado colombiano en su conjunto, es lograr garantizar
las mejores y más óptimas condiciones de calidad de vida y de nivel de vida para
todos sus ciudadanos, incluyendo por supuesto a la población reinsertada porque
mientras esta condición no sea una realidad concreta y permanente, todo y cada
uno de los intentos e iniciativas al respecto se vendrán una vez más al suelo, e
igualmente, la credibilidad, legitimidad y el apoyo nacional e internacional.
En este orden de ideas y en aras de continuar con el desarrollo de este trabajo,
considero que es preciso realizar una mención especial relacionada con los
Militares en Retiro y que sufren algún tipo de discapacidad, puesto que el caso
específico de este grupo no se habla de un proceso de reinserción con las
connotaciones que le son propias a las Organizaciones Guerrilleras y
Paramilitares.
La valoración y las representaciones sociales que legitiman las acciones de los
Miembros de las Fuerzas Militares Armadas Colombianas, se encuentran
enmarcadas en la legitimidad y respaldadas por la ley.
Sin embargo, no hay que peder de vista que los militares retirados también en
alguna medida al dejar de prestar sus servicios a la institución militar, a causa de
algún tipo y grado de discapacidad, se ven avocados a enfrentar una nueva
situación de recuperación y sostenimiento económico de sus familias. Esta
situación es un poco más crítica para quienes no ocuparon altos rangos militares y
peor aún si de acuerdo a la decisión de la Junta Médica su discapacidad no
amerita la pensión sino una indemnización.
En el marco de Políticas Públicas de Atención en Salud, las Fuerzas Militares
Armadas Colombianas tienen un Régimen Especial para sus miembros y en el
caso de los discapacitados, define una serie de acciones y programas que son
122
liderados y desarrollados principalmente por sus distintas instancias y
dependencias.
Lo concerniente en estos casos, es lograr identificar si dichas acciones son de
carácter integral y conducentes al desenvolvimiento social de quienes por
diferentes motivaciones y circunstancias hicieron parte de algunas de las fuerzas
armadas del Estado y en la actualidad, sufren discapacidad por su participación
directa en las acciones de Conflicto Armado interno en el país.
Considero que bajo la perspectiva integral de la paz, la institución militar debe
asumir esta responsabilidad que en alguna medida puede considerarse como una
reparación y resarcimiento moral con quienes expusieron su vida en nombre y
representación de su país y cuya actuación, ha representado huellas en su cuerpo
y en su mente.
En definitiva, también es necesario Políticas Públicas de Atención para los
Militares Discapacitados, pues finalmente, ellos son parte del capital humano que
ha tenido que asumir el alto costo social del Conflicto Armado Interno en nuestro
país.
A 16.579 asciende el número de desmovilizados de los grupos armados ilegales
en los tres años de Gobierno del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez,
informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con el Programa de Atención Humanitario al Desmovilizado,
individualmente han hecho dejación voluntaria de sus armas 7.781 integrantes de
estas organizaciones, mientras que de manera colectiva se han desmovilizado
8.798 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
123
La entidad precisó que entre los desmovilizados individualmente se encuentran
3.894 miembros de las FARC, 2.592 de los Grupos Paramilitares, 1.075 del ELN y
220 de grupos disidentes.
Así mismo, en este grupo de personas aparecen 1.425 menores de edad y 1.076
mujeres.
A propósito del tema, el director del Programa de Reinserción del Ministerio del
Interior y de Justicia, Juan David Ángel, reveló que para el presente año el
Gobierno nacional tiene un presupuesto para desmovilización y reincorporación a
la vida civil de cerca 200 mil millones de pesos.56
Con toda seguridad pese a las dificultades que hace aproximadamente un mes se
presentaron en el proceso de desmovilización y reinserción con los frentes de las
Organizaciones Paramilitares, estas estadísticas tienden a aumentar; puesto que
para antes de finalizar este año, en el mes de diciembre ya se tiene programada la
entrega de armas de 2.000 hombres más de estas organizaciones, cumpliéndose
de esta manera la meta puesta por la actual administración y su equipo asesor.
56 RADIO CALI 95.5 FM 08/09/2005.
124
8. ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL INSTITUCIONAL QUE BRINDA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO
De acuerdo al Directorio Nacional de Instituciones57 que brindan atención a
personas con discapacidad por Conflicto Armado interno en la capital, existen
treinta y cuatro (34) instituciones entre públicas y privadas que atienden esta
población.
La información registrada sobre las instituciones en dicho directorio son nombre,
servicios que presta en el área de rehabilitación física, psicosocial, laboral,
recreación, deportes, otros servicios, publicaciones, dirección teléfono, fax y
correo electrónico.
Es de vital importancia aclarar que en el trabajo de campo ejecutado para la
investigación no fue posible acceder a los programas , planes y proyectos como tal
de cada institución; incluso como fue expresado por el Capitán (r) Oscar Buitrago
Presidente de CONFEPAZ en el foro sobre discapacidad por Conflicto Armado
interno en Antioquia realizado en Medellín el 5 de julio, en el directorio nacional
publicado por ellos fa ltaron instituciones por registrar porque algunas de ellas no
permitieron o no accedieron a compartir y difundir la información a través de este
directorio, aludiendo diversos motivos.
Para continuar con el abordaje crítico y propositivo reiterado una vez más y desde
la Gerencia Social, a continuación el análisis de la red social institucional consiste
en revisar más detenidamente los servicios generales ofrecidos por las 57 Esta publicación fue realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Ejecutada por CONFEPAZ a cargo de su Directora de Comunicaciones Patricia Marín Pinilla.
125
instituciones para la discapacidad por Conflicto Armado interno de acuerdo al
directorio nacional58. Y, de esta manera identificar sus debilidades y fortalezas
sobre la atención específica a la población son discapacidad originada porel
Conflicto Armado Interno .
Como se mencionó en la ciudad de Bogotá funcionan treinta y cuatro (34)
instituciones unas públicas y otras privadas. Éstas son:
ü Asociación Colombiana para el Desarrollo de Personas con Discapacidad
“ASCOPAR”
ü Beneficencia de Cundinamarca
ü Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos “CIPS”
ü Comité Paralímpico Colombiano “C.P.C.”
ü Corporación Colombiana de Trabajo Voluntario
ü Corporación General Gustavo Matamoros D´Acosta
ü Corporación Guayacán de Desmovilizados con Discapacidad, Minusvalía y
Limitaciones Físicas “CORPOGUAYACÁN”
ü Corporación para el Desarrollo Social de Colombia “CODESCOL”
ü Disnet Agencia de Prensa
ü Estructurar Limitada
ü Fondo Nacional de Ahorro
ü Fundación Granahorrar
ü Fundación Norte – Sur
ü Fundación Proyecto Tecno
ü Fundación Prorehabilitación “TELETON”
ü Fundación Saldarriaga Concha
58 La información específica de cada institución se encuentra en el directorio nacional, resultado del trabajo exclusivo de CONFEPAZ. Por ello si se desea tener mayor conocimiento al respecto consultar dicho directorio.
126
ü Gobernación de Cundinamarca Secretaría de Cundinamarca “S.S.C.”
ü Hospital El Tunal E.P.S.
ü Instituto de Adaptación Física y Educativa “IDAFE”
ü Instituto de Adaptación Laboral “IDEAL”
ü Instituto Distrital de Recreación y Deporte “I.D.R.D.”
ü Secretaría Distrital de Salud Bogotá
ü Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación “SOMER”
ü Trabajadores Limitados Físicos de Colombia “TRAFICOL”
ü Hospital Simón Bolívar III Nivel Empresa Social del Estado
ü Hospital Militar Central
ü Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”
ü Ministerio de Comunicaciones
ü Ministerio de Educación
ü Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ü Red de Solidaridad social
ü Fondo de Solidaridad y Garantía Administrado por el Fisalud Consorcio
Fiduciario “FOSYGA”.
Para este trabajo, La Federación Colombiana de Organizaciones y Personas que
Trabajan con Discapacitados Víctimas del Conflicto Armado para la Prevención, la
Rehabilitación, la Reconciliación y la Paz “CONFEPAZ”, representó el recurso
institucional central que apoyó y facilitó su realización, por ello se hace una
mención especial a su trabajo.
¿Qué es CONFEPAZ?
CONFEPAZ es una organización privada sin ánimo de lucro fundada el 18 de julio
de 1999 por el Capitán (r) Oscar Buitrago rueda, a quien una mina antipersonal le
127
amputó una pierna y Alberto Cuellar Ibáñez, ex guerrillero amnistiado, quien sufrió
heridas en su rostro por arma de fuego.
A partir de este hecho real de Reconciliación y Paz de sus fundadores,
CONFEPAZ se ha transformado en una organización que agrupa a ex militares y
exguerrilleros amnistiados con discapacidad por causa del conflicto armado que
vive Colombia.
OBJETIVOS DE CONFEPAZ
v Desarrollar acciones y políticas dirigidas a la reconciliación y la paz entre
actores en conflicto.
v Brindar asesoría para la rehabilitación física, psicosocial y laboral de
excombatientes y pobladores civiles con discapacidad causada por el
Conflicto Armado Interno .
v Sensibilizar a la sociedad Colombiana sobre la incidencia de la
discapacidad por Conflicto Armado interno y sus consecuencias.
v Investigar y difundir la información necesaria para la formulación de
programas y políticas de atención a personas con discapacidad por
Conflicto Armado interno .
128
LOGROS
v CONFEPAZ es miembro del Comité Consultivo Nacional de las Personas
con Discapacidad, creado a través de la Ley 361 de 1997.
v Con asistencia financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
CONFEPAZ realizó entre enero y junio de 2001, un estudio descriptivo
sobre discapacidad física, psicológica y laboral causada por el conflicto
armado, del cual se publicaron 2000 ejemplares.
v CONFEPAZ ha difundido su experiencia de reconciliación y paz a través de
entrevistas y reportajes realizados por medios de comunicación nacional e
internacional como Caracol TV, audiovisuales, RCN Radio, El Tiempo, El
Espectador, CNN en Español, New York Times, Washington Post, Miami
Herald.
v Entre noviembre de 200 y junio de 2002 y con el apoyo de la Agencia
americana para el Desarrollo Internacional - USAID - de los Estados Unidos
y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM -, CONFEPAZ
realizará un estudio sobre discapacidad por Conflicto Armado interno en
Antioquia y una campaña de difusión que hará visible la iniciativa que
representa la reconciliación entre los excombatientes de dos lados del
conflicto.
La lectura analítica de los servicios proporcionados por las instituciones a nivel
Distrital que de acuerdo a su perfil y naturaleza abordan la discapacidad causada
129
por el Conflicto Armado Interno , connotan las siguientes características
identificadas principalmente en seis áreas de servicios, a saber:
1. Rehabilitación física conformado por:
Ø Remisión a otras instituciones
Ø Consulta médica externa
Ø Medicina general y especializada
Ø Rehabilitación cardiaca, prepotésica, protésica y en actividades la vida
cotidiana
Ø Diagnóstico
Ø Hospitalización
Ø Urgencias
Ø Terapia ocupacional, física y de lenguaje
Ø Tratamientos y fisioterapias de baja, medio y alta complejidad
Ø Tratamientos y procedimientos quirúrgicos (amputación)
Ø Cirugía plástica, general y vascular
Ø Neurología
Ø Urología
Ø Ortopedia
Ø Fisiatría
Ø Fonoaudiología
Ø Odontología
Ø Reumatología
Ø Gastroenterología
Ø Entrega de ayudas técnicas (prótesis)
Ø Nutrición.
130
Esta área de servicio como su nombre lo indica, está claramente orientada a la
recuperación de la dimensión física – del sistema anatómico y biológico de
quienes en acciones bélicas han sufrido algún tipo de daño en su cuerpo, como
es el caso de exguerrilleros y ex militares59.
La naturaleza de la lesión y la parte del cuerpo afectado es muy diversificada,
razón por la cual se hace necesaria la intervención de las diferentes ramas de la
medicina en la rehabilitación física.
El daño ocasionado por los agentes de la lesión en los dos grupos tiene relación
directa con el daño físico, pues las armas y diversidad de artefactos y objetos
empleados en las estrategias y técnicas militares son propias de la dinámica y
estructura del Conflicto Armado Inte rno en Colombia.
2. Rehabilitación Psicosocial:
Ø Manejo de duelo
Ø Trabajo Social
Ø Visitas domiciliarias
Ø Psiquiatría
Ø Psicología
Ø Grupos de autogestión
Ø Actividades de manejo del tiempo libre
Ø Asesorías de formación integral.
59 Para mayor información ver Anexo 7. Las tablas o cuadros estadísticos presentados a partir de este punto hacer parte exclusiva de los resultados por CONFEPAZ en el Estudio Descriptivo sobre Discapacidad Física, Psicológica y Laboral Causada por el Conflicto Armado.
131
Los anteriores campos de intervención son tan sólo algunos de los que
constituyen la perspectiva psicosocial, sin embargo, es prioritario hacer mayor
énfasis en la terapia individual, familiar y grupal ya que éstas según la información
consignada en el directorio nacional sólo son brindadas por el Comité
Internacional para el Desarrollo de los Pueblos “CIPS”.
También se presenta esta situación para el espacio comunitario, puesto que éste
no es contemplado por la gran mayoría de las instituciones a excepción por la
gobernación de Cundinamarca Secretaría de Salud de Cundinamarca que “[...] por
medio de una estrategia pedagógica se intenta integrar a la comunidad para lograr
que cada ciudadano colabore en el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad [...]”60. Por consiguiente, no se concibe la proyección
sostenible en la reconstrucción y en el fortalecimiento de redes familiares y
comunitarias.
Dentro de la rehabilitación psicosocial se encuentra las consecuencias
psicológicas de la discapacidad, al respecto las estadísticas61, de alguna forma
logran dimensionar, sacar a la luz pública y reconocer las implicaciones en el
proyecto de vida de exguerrilleros y militares en retiro.
La depresión, la ansiedad, el alcoholismo y el estrés postraumático son las
consecuencias más frecuentes que en el orden psicológico presentan los dos
grupos, con la preocupación de que éstas adquieren múltiples expresiones que
alteran y afectan su vida individual y familiar. En consecuencia, su
desenvolvimiento social se ve notoriamente estancado.
60 MARÍN PINILLA, Patricia. Directorio Nacional de Instituciones que brindan atención a Personas con discapacidad por Conflicto Armado interno. Ejecutado por CONFEPAZ. Primera Edición, Bogotá, D.C., junio de 2.002. p. 34. 61 Ver Anexo 8.
132
3. Rehabilitación Laboral y Capacitación62
Ø Talleres, capacitaciones y cursos en diferentes áreas – artes y oficios
Ø Proyectos asociativos, productivos y terapéuticos
Ø Remisión de hojas de vida y ubicación laboral
Ø Análisis del perfil laboral
Ø Talleres en el campo agrícola, industria, servicios, comercio
Ø Asesoría – orientación jurídica y en actividades deportivas
Ø Educación primaria, secundaria, profesional, técnica y tecnológica
Ø Educación formal y especial
Ø Sensibilización y prevención (Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario)
Ø Cursos de sistemas (básico e intermedio) y de telemercadeo
Ø Formulación de Proyectos
Ø Gerencia Social
Ø Fortalecimiento institucional
Ø Finanzas
Ø Mercadeo social
Ø Negociación y fuentes de cooperación internacional para proyectos sociales
Ø Asistencia técnica en ejecución de proyectos
Ø Desarrollo empresarial.
Es innegable el abanico de posibilidades existentes para los procesos de
capacitación, pero éstos evidentemente van en contravía de las oportunidades
reales y productivas de empleo para esta población. La situación generalizada de
desempleo se complica con mayor fuerza para los exguerrilleros y paramilitares
reinsertados, pues la estigmatización o señalamiento social cierra cualquier
oportunidad para ellos; viéndose obligados a depender en gran parte de los
frágiles proyectos económicos por parte del Estado y sus instituciones respectivas. 62 Los talleres y capacitaciones se brindan de acuerdo al perfil de cada institución.
133
En el caso de los exmilitares se ejecutan actividades de capacitación y talleres en
el Batallón de Sanidad del Ejército del Distrito, pero no existe por parte del Ejército
programas de acceso laboral. La discapacidad de este grupo es valorada por una
junta médica, si alcanza el 75% otorga pensión y sino supera el 25% hay
indemnización, esto significa que pese a estas dos “soluciones”, la capacidad
productiva se ve seriamente trastocada y estancada.
Las tablas estadísticas63 expresan la relación inherente entre el tipo de
discapacidad física y laboral, puesto que de acuerdo a la primera discapacidad, la
posibilidad de ejercer otra vez una actividad de trabajo es definida.
Para finalizar, los cuadros estadísticos64 acerca del tipo de rehabilitación recibida
tanto por exguerrilleros como militares retirados, muestran una marcada tendencia
a prevalecer la rehabilitación física.
Es una prioridad inmediata un enfoque integral de salud mental en un escenario
de Conflicto Armado interno, que conjugue y articule la rehabilitación en el marco
de lo físico, lo psicológico y lo ocupacional en el cual la familia y la comunidad
constituyan redes de apoyo eficientes y eficaces para la problemática de la
discapacidad por Conflicto Armado interno y su incidencia en estos escenarios.
Por supuesto la demanda social de los directamente afectados al Estado, a todos
y a cada uno de quienes de algún modo con sus acciones y actitudes
problematizan aún más la situación de Conflicto Armado interno del país y que se
encuentran relacionados con esa problemática. Aquí se incluye a las instituciones
del Estado que frente a la agudización y entrecruzamiento de las problemáticas de
63 Ver Anexo 9. 64 Ibid., p. 37 y 47.
134
la sociedad Colombia se han visto de principio a fin evocadas a atenderlos desde
una serie de políticas públicas desarticuladas y frágiles de diversos sectores, es
decir, obstaculizando alternativas de transformación y solución, las cuales hacen
un llamado a la responsabilidad social compartida.
Se hace imperante la necesidad de contextualizar y articular las acciones
institucionales de atención de la red social, a un marco de Políticas Públicas
claras, definidas e integrales en salud, como un aporte real a la paz del país en el
cual la discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno en sus actores
militares armados, sea la materialización de una Política de Estado, resultado del
reconocimiento e integración del compromiso, la voluntad social y política de los
colombianos
Ya es hora de asumir que en Colombia existe un particular tipo de discapacidad,
expresión y producto de una serie de enfrentamientos armados que cada vez se
incrementan más y que en la actualidad son auspiciados por el Plan Colombia y el
Plan Patriota, además, de la marcada incidencia de la Política de Seguridad
Democrática del Presidente Álvaro Uribe que dentro de otras cosas ha hecho
agudizar las acciones bélicas y por ende, aumentar el número de muertos y
heridos de cada actor militar implicado.
135
9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN
REINSERTADA CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO
ARMADO INTERNO
ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE
Realizada la mirada crítica y propositiva frente a la red social institucional que
presta apoyo a las personas con discapacidad, es pertinente una revisión a grosso
modo del marco constitucional y legal que respalda las acciones emprendidas por
las instituciones mencionadas en el capítulo anterior.
Esta revisión permite tener en cuenta factores que pueden o no promover un
mayor impacto social por parte de la red institucional sobre la problemática de la
discapacidad en Colombia particularmente, determinando y evaluando si es
contemplada más específicamente con todas sus implicaciones sociales la
discapacidad por Conflicto Armado interno.
En los artículos 13, 47, 54 y 6865 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
se “[...] reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas
con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales
para su completa realización personal y su total integración social y a las personas
con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. [...]”66.
Con la expedición de la Ley 361 de 1997 sobre discapacidad se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones.
65 Estos mismos artículos inspiran los principios de la Ley No. 361 del 7 de febrero de 1997. 66 Congreso de la República. Ley No. 361 febrero 7 de 1997. Presidencia de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 1999. P. 2.
136
También se compromete a garantizar y velar porque en su ordenamiento jurídico
no se discrimine a las personas por circunstancias económicas, físicas, psíquicas,
sensoriales y sociales.
Orienta que las ramas del poder público pongan a disposición los recursos
necesarios para garantizar los derechos que asisten a las personas con
discapacidad, siendo su obligación desarrollar acciones preventivas y brindar
cuidados médicos y psicológicos, habilitación y rehabilitaciones adecuadas,
educación apropiada, orientación e integración laboral. Para estos efectos están
obligados a participar la administración central, el sector descentralizado, las
administraciones departamentales, distritales y municipales, y todas las
corporaciones públicas y privadas del país.
Las personas con limitación deben aparecer calificadas como tales en el carné de
afiliado al sistema de Seguridad en Salud, ya sea al régimen contributivo o
subsidiado. Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el
grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona y servirá para
identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley. Sin
embargo, esta parte de la ley no se cumple cabalmente, a lo sumo las personas
con discapacidad se afilian a una entidad de salud, pero difícilmente el grado de
discapacidad ha sido determinado o tenido en cuenta.
A través de esta Ley se constituyó el Comité Consultivo Nacional de las Personas
con discapacidad, como asesor institucional para el seguimiento y verificación de
la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la
integración social del limitado. Dicho comité tiene carácter permanente y está
coordinado por una Consejería Presidencial designada para tal efecto.
137
Así mismo el comité, tiene como función velar por el debido cumplimiento de las
disposiciones y principios establecidos en esta Ley y debe promover las labores
de coordinación interinstitucional conformando grupos de enlace sectorial, demás
entidades y organismos que se estime conveniente vincular67.
Con el objeto de llevar a cabo una lectura crítica y comparativa de los Planes
Nacionales de Atención a las Personas con Discapacidad en los gobiernos de
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, se hace mención a los principales capítulos
contenidos en dichos planes. 68.
Ello permite tener elementos y criterios de análisis que posteriormente serán
tenidos en cuenta; puesto que del diseño e implementación de los planes en
mención, se define el impacto social sobre la población discapacitada por las
acciones armadas en el escenario de las Políticas Públicas de Atención en Salud,
con una mirada integral que hace parte de las Políticas Públicas para la Paz,
políticas que ninguno de los gobiernos ha logrado consolidar.
Es pertinente realizar una lectura crítica de los lineamientos y acciones de
atención en salud para la población discapacitada que se estipulan en los Planes
Nacionales de Atención, para así poder identificar y determinar si se aborda la
particularidad de la discapacidad por Conflicto Armado interno, más aún teniendo
en cuenta que los enfrentamientos armados son más hostiles y contundentes y, a
la vez, en el actual gobierno las cifras estadísticas de reincorporados van cada vez
en mayor aumento y con la presencia de algún tipo de discapacidad.
67 BUITRAGO y JUTINICO, op., cit., p. 19 – 20. 68 Para mayor información se recomienda consultar estos planes y, adicionalmente: Acuerdo No. 72 de agosto de 1997, Acuerdo No. 74, Acuerdo No. 23, resolución 03997 octubre de 1996, Resolución No. 03165 septiembre de 1996, Ley 60 de 1993: Artículos 2, 3, 4 y 21 (Numerales 2 y 7), Ley 10 de 1990 Artículo 4, Ley 10 de 1993 en su totalidad pero en particular los Artículos 13, 47, 49, 54, 152, 153, 157, 257 y la cartilla dirigida especialmente a la población con discapacidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
138
9.1 Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1998 – 2002
El Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1998 - 200269 el
definía la discapacidad como:
“[...] toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad
de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera
normal para un ser humano en su contexto social. Refleja las
consecuencias de las deficiencias en el rendimiento funcional de la
actividad cotidiana de la persona: en la ejecución de las tareas, aptitudes y
conductas. Puede ser transitoria o definitiva, reversible, progresiva o
regresiva. Segundo, la deficiencia como toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, mental, fisiológica o anatómica;
tercero, la minusvalía como situación desventajosa para una persona
determinada, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad para
el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de edad,
sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Es por tanto, la pérdida
o limitación de las oportunidades para participar de la vida en comunidad
[...]”70.
9.1.1 Principios
v El Plan se funda en los principios de tolerancia, igualdad y respeto a la
diferencia.
69 Ministerio de Salud, Educación, Cultura y Otros. Plan Nacional de Atención a las personas con Discapacidad. Bogotá, D.C., 1999. 70 Ibid., p. 19.
139
v De manera general el Plan se guía por el respeto de los derechos
fundamentales del individuo y el reconocimiento a los derechos sociales,
económicos, culturales y del ambiente establecidos por la Carta
Constitucional.
v En particular el Plan se propone destacar a la tolerancia, la igualdad y el
respeto a la diferencia, como principios esenciales de la convivencia
ciudadana e instrumentos fundamentales para construir el destino colectivo
de nuestra Nación.
9.1.2 Características del Plan
v Transectorialidad en la política pública de la discapacidad
v El Plan se apoya en el compromiso político establecido en la Ley 361/97,
que ordena la intervención activa de todos los niveles competentes de la
administración y en la participación co-responsable de las ONG´s
involucradas en el tema de Discapacidad.
v La atención a la discapacidad debe estar incluida en el plan de desarrollo
de cada gobierno territorial.
v La característica esencial de su concepción es la transversalidad de la
política pública, de tal manera que todos los sectores involucrados deben
responder por la atención de las personas con discapacidad, incorporando
para ello los recursos necesarios del gasto público en las áreas de su
competencia.
v El sentido transversal del Plan frente a las personas con limitaciones,
determina la definición de líneas de acción y estrategias de intervenciones
140
generales y comunes, como criterios para orientar la inversión en los planes
de desarrollo sectorial y regional, de acuerdo a las responsabilidades que
tienen las entidades territoriales.
v El plan es de carácter intersectorial, interinstitucional y descentralizado, lo
cual facilita la articulación de acciones comunes.
v El desarrollo del plan tendrá la participación de los diferentes sectores,
instituciones y niveles administrativos, en concordancia con sus
competencias y la participación del sector privado, con un compromiso
descentralizador, dentro del marco de una política pública que sensibilice a
la sociedad con relación a la necesidad del reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
9.1.3 Estrategias Comunes
9.1.3.1 Cambiaremos la Visión Actual de la Discapacidad por la Cultura de la
Igualdad
Ellas corresponden a propuestas de gestión referidas a la manera como se
organizan o administran en forma equitativa, los recursos nacionales y territoriales
disponibles.
Existe un gran número de instituciones, organizaciones, fundaciones y personas
que no renuncian a invertir en el optimismo y en la esperanza, con la certeza de
que los colombianos somos más futuro que presente.
141
9.1.3.2 Igualdad de Oportunidades y Recursos
En la medida en que todos los ciudadanos enfrentemos con decisión y en forma
preactiva la solución de los problemas que aquejan a los más vulnerables,
contribuiremos a que nuestra sociedad ofrezca las oportunidades en igualdad de
condiciones.
La responsabilidad social surge de la conciencia creciente de que todas nuestras
decisiones tienen un efecto que va más allá de nuestras propias organizaciones.
Somos hilos de esa telaraña social, pero también somos tejedores de la misma.
9.1.3.3 Afectamos pero También Somos Afectados por Todo el Conjunto
Social
Por eso debemos eliminar las prácticas discriminatorias, así como los obstáculos
sociales y ambientales que existe, para que a las personas en condiciones de
debilidad manifiesta se les brinde la comprensión, el afecto y los demás apoyos
complementarios que requieren para hacer real y efectiva la equidad, de manera
que puedan acceder a los servicios y a la vida social, económica y cultural.
9.1.3.4 Los Gobernadores y Alcaldes Liderarán el Plan en sus Territorios
Esa equidad se materializa en la distribución territorial de las oportunidades y los
recursos, y está orientada a la satisfacción de las necesidades especiales, en
función de indicadores de ubicación geográfica, prevalencia, severidad,
pronóstico, y pertenencia a grupos de alto riesgo, así como a la oferta y calidad de
los servicios, pertenencia y racionalidad de la inversión.
142
9.1.3.5 Las Entidades Territoriales y las Corporaciones Públicas y
Privadas son Co responsables
La ley 361/97 establece que las distintas administraciones, tanto del orden
nacional como territorial, incluirán en sus planes de desarrollo económico y social,
programas y proyectos que permitan la financiación y el desarrollo adecuado de
las distintas disposiciones contenidas en la Ley y con la participación de las
corporaciones públicas y privadas del país.
9.1.3.6 Las Redes Territoriales de Apoyo Serán Consolidadas
Este Plan es el instrumento mediante el cual se concreta el conjunto de acciones,
estrategias, espacios, recursos y tiempos que se emplearán para desarrollar la
Red de Apoyo Territorial, a través del cual se brinde la atención con calidad a la
población en riesgo y a aquella con discapacidad y minusvalía. En este orden de
ideas, es responsabilidad de todos los sectores y actores involucrados, fortalecer
la gestión social de las organizaciones que agrupan a las personas con
discapacidad y a las de padres de familia.
9.1.3.7 Eficacia y Eficiencia en la Utilización de Todos los Recursos
Una vez aprobado el Plan, éste debe concretarse en programas de acción
territorial a través de las Redes, de tal manera que se cuantifiquen los objetivos a
lograr, se especifiquen las actividades que desarrollen los objetivos, el
presupuesto estimado para llevarlos a cabo, al igual que los responsables de la
financiación, la coordinación, la ejecución de las mismas, y los indicadores de
gestión que permitan su seguimiento.
143
9.1.3.8 La Responsabilidad es de Todos los Actores de la Sociedad
La Administración Nacional: Desarrollará aquellas medidas que son de su
competencia. Cofinanciará proyectos que considere básicos hasta alcanzar unos
mínimos que garanticen la equidad territorial. También financiera y/o desarrollará
estudios e investigaciones, estadísticas e indicadores, así como la formación de
profesionales que desde distintas áreas, promuevan la integración social de las
personas con discapacidad. Las normas y los lineamientos, al igual que la edición
y difusión de material documental, son responsabilidades suyas. Por último,
realizará el seguimiento y control en coordinación con las Redes Territoriales.
9.1.3.9 La Red Territorial
El Plan de Acción propuesto por cada Red asegurará la coordinación transversal
que garantice la coherencia y la continuidad de las intervenciones. De igual
manera atenderá la coordinación vertical entre los distintos niveles administrativos
que tienen competencias compartidas en la atención a la discapacidad.
9.1.4 Propósito
Garantizar la dirección y el control de las medidas eficaces para el seguimiento
permanente de la ejecución de acciones, que permitan desarrollar una política
pública en co-responsabilidad del Estado y la Sociedad Civil.
9.1.5 Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, por medio de la
prevención, así como atendiendo el fortalecimiento y la ampliación de los servicios
existentes, facilitando su acceso, calidad y cobertura. De igual manera, se busca
estimular intersectorial, interinstitucional mente, la extensión y consolidación de las
144
redes territoriales y sociales de apoyo para la atención a la discapacidad, que
permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto a los derechos
fundamentales.
9.1.6 Objetivos Específicos de las Áreas de Acción
9.1.6.1 Prevención
• Reducir la frecuencia de discapacidad para moverse, comunicarse,
ocuparse y relacionarse social y productivamente en todos los grupos de
edad.
• Descender el número de recién nacidos prematuros o con malformaciones
congénitas.
• Disminuir la aparición de trastornos del desarrollo o de discapacidades en
niños, niñas y adolescentes.
• Reducir el número de personas con discapacidad por causas prevenibles
de la violencia.
• Evitar las discapacidades por causa de los accidentes de tránsito, de
trabajo y ocupacionales.
• Establecer programas para reducir la incidencia de enfermedades crónicas
• Reducir las causas de discapacidad mediante el diseño, manufactura y
elaboración de elementos ortésicos y de línea blanda.
• Habilitación y Rehabilitación
145
• Detectar, evaluar, atender y brindar el apoyo tecnológico rápida y
oportunamente y mantener el máximo de autonomía personal en todos los
grupos de edad.
• Detectar y atender precozmente a los niños y niñas con trastornos del
desarrollo o malformaciones congénitas.
• Ofrecer a los adolescentes los apoyos que precisen para el desarrollo de
sus capacidades.
• Ofrecer oportunidades ocupacionales y laborales a la población
económicamente activa con discapacidad.
• Sostener el máximo de autonomía personal y apoyar al grupo familiar y
social de las personas con discapacidad severa.
• Ofrecer oportunidad de independencia y autonomía mediante el diseño,
manufactura y elaboración de elementos ortésicos y de línea blanda.
9.1.6.2 Educación
• Garantizar en forma gradual que todas las personas con limitaciones
accedan, permanezcan y se promocionen en condiciones de igualdad, en el
servicio público educativo.
• Asegurar a todos los colombianos con necesidades educativas especiales
una educación de calidad con condiciones de igualdad.
146
• Superar toda forma de discriminación y corregir factores de inequidad que
afectan el sistema educativo en la atención de la población con
discapacidad.
• Garantizar a las personas con necesidades educativas especiales la
igualdad de oportunidades en materia de educación ofreciendo los recursos
personales, materiales y tecnológicos requeridos.
• Facilitar las ayudas técnicas que cubran las necesidades educativas y
laborales.
• Integración Familiar y Social
• Generar procesos participativos y comunitarios para potencializar redes de
apoyo familiar e institucional.
• Ofrecer servicios comunitarios de ayuda domiciliaria de complementación y
apoyo temporal del cuidado familiar.
• Garantizar las ayudas técnicas necesarias para facilitar la atención por
parte de la familia y en comunidad.
• Fortalecer los servicios de información, orientación y formación de las
familias de las personas con discapacidad y minusvalía.
• Facilitar el acceso, diseño y manufactura de los avances tecnológicos para
la integración social y familiar de las personas con discapacidad.
147
• Fortalecer las organizaciones comunitarias que permitan la identificación de
líderes y la capacitación de personas e instituciones que se conviertan en
forjadores de la gestión social en su territorio.
9.1.6.3 Integración Laboral y Social
• Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación profesional y fomentar la
reubicación laboral de las personas rehabilitadas profesionalmente en las
empresas afiliadas al S.G.R.P.
• Asegurar una recuperación profesional de calidad, que responda a las
capacidades de las personas, al mercado laboral territorial y a las
exigencias cambiantes de las ocupaciones.
• Estimular la recuperación e integración laboral ante las prestaciones
económicas.
• Crear los estímulos necesarios para facilitar que las empresas vinculen a la
población con discapacidad.
• Incluir ayuda técnicas y tecnología de punta
• Accesibilidad al deporte, recreación, cultura y turismo
• Impulsar el acceso de las personas a programas deportivos, recreativos y
culturales.
• Hacer accesibles los programas a las personas con discapacidad severa
definitiva institucionalizadas o en el domicilio.
148
• Promover el turismo social
• Facilitar el diseño de ayudas técnicas que permitan la competitividad
deportiva y la recreación en igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad.
9.1.6.4 Accesibilidad, Espacio Físico, Comunicaciones y Transporte
• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de la vivienda
• Facilitar una amplia gama de alojamientos alternativos
• Facilitar la utilización normalizada del tránsito y el transporte públicos
• Eliminar progresivamente las barreras de acceso a las comunicaciones, al
espacio urbano y público.
9.1.7 Líneas Estratégicas
9.1.7.1 La Descentralización será la columna vertebral del Plan
• En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización es
la columna vertebral del Plan de Atención a la Población con Discapacidad.
De esta manera todas las líneas estratégicas que lo componen estarán
orientadas a consolidar esa organización administrativa de origen
constitucional.
• La Red de Solidaridad Social coordinará en el nivel territorial, el
cumplimiento de este esfuerzo descentralizador, para lograr en la instancia
149
departamental y municipal, la integración alcanzada a nivel nacional por los
diferentes sectores involucrados en el diseño de este Plan.
Como complemento a lo anterior, las áreas de acción sectorial se dirigen en igual
sentido, buscando consolidar la descentralización en el país.
Las siguientes líneas, incluidas en la síntesis del Plan en el cuadro que se
presenta a continuación, constituyen el marco de referencia que permite a los
responsables sectoriales y territoriales ajustar los recursos y las decisiones de la
comunidad a las soluciones de la problemática local:
El Plan comprende ocho líneas estratégicas que atraviesan transversalmente los
sectores comprometidos. Éstas son:
ü Sistema de Información
ü Planeación, Oferta De Servicios Y Desarrollo Tecnológico
ü Asistencia Técnica
ü Comunicación y Cultura
ü Cooperación Técnica
ü Investigación
ü Reglamentación y Protección Jurídica
ü Evaluación y Seguimiento.
El estudio descriptivo realizado por CONFEPAZ sobre Discapacidad Física,
psicológica y laboral por el Conflicto armado frente a los lineamientos
constitucionales y legales reseñados anteriormente afirma que 71:
71 BUITRAGO Y JUTINICO, Op., cit., p. 20 – 22.
150
Para el antiguo Ministerio de Salud 72, los estudios epidemiológicos
realizados en nuestro país para analizar la morbilidad de la población, no
consideran las consecuencias de las enfermedades en términos de
deficientes y discapacidades. Los registros y la información estadística
acumulada sobre mortalidad y morbilidad, generalmente no determinan la
prevalecía de las discapacidades, lo cual impide que sobre esa base se
definan acciones de promoción y prevención, la satisfacción de la
demanda de los servicios de rehabilitación o la situación de las personas
con discapacidad en su contexto social.
De otra parte, el Ministerio de Salud también señala la inexistencia de un
contexto teórico a partir del cual se pueda valorar el impacto de las
contingencias y los factores de riesgo que se presentan en la vida
cotidiana de las personas en cada asentamiento humano y que afecta
drásticamente el desempeño cotidiano y por ende la productividad
individual, familiar y social territorial.
Así mismo sostiene que es necesario definir los aspectos que afectan la calidad de
vida de los discapacitados, sobre los cuales es urgente desarrollar actividades
preventivas que tengan en cuenta las bases culturales que permiten, propician y
mantienen los comportamientos discriminatorios hacia estas personas,
obstaculizando el desarrollo de su dignidad.
Se requiere, entonces, introducir cambios culturales hacia la construcción de unas
relaciones más democráticas que faciliten a las personas con discapacidad
72 Ministerio de Salud. Lineamientos para la promoción, protección de la salud y prevención en el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Material en computador distribuido en el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Discapacidad. Santa Fe de Bogotá, D.C., 2000.
151
desarrollar sus potencialidades y así desempeñar un papel social acorde con sus
condiciones.
En el documento Colombia y las minas antipersonal73 el establecer la cantidad de
víctimas mutiladas o muertas por causa de minas antipersonal en Colombia es
una tarea de enormes dimensiones, en un país donde alrededor de cien mil
artefactos de este tipo están sembradas y donde los municipios afectados se
suman más de un centenar, aproximadamente el 15% del territorio nacional.
También se dice que para el análisis se debe considerar que se cuenta con una
precaria red de información y los datos que arroja no son útiles para calcular el
número de personas que resultan con algún tipo de discapacidad por causa del
conflicto armado.
El documento muestra que el sistema de información basado en la Organización
Mundial de la Salud – OMS, no contempla la amputación de miembros por heridas
con armas de fuego o artefactos explosivos.
Más adelante señala que ningún centro de salud, hospital o clínica de Colombia
cuenta con medios para obtener información sistematizada sobre la discapacidad
de Conflicto Armado interno. De manera que mucha información valiosa se pierde
y las víctimas desaparecen, dificultando su rehabilitación física y emocional, su
reintegración social y laboral y la indemnización para quienes pagan el precio de
una Conflicto Armado interno que no les pertenece.
73 Ministerio de Comunicaciones, Embajada de Canadá y UNICEF Colombia. Colombia y las minas antipersonal – sembrando minas cosechando muerte. UNICEF. Bogotá, D.C., 2000.
152
Así mismo, en el documento se afirma que el número de víctimas de minas
antipersonal en Colombia es aproximadamente de 732, entre las que se cuentan
58 niños, pero no especifica el período de tiempo durante el cual ocurrieron los
sucesos.
A continuación, dicen que las minas no reconocen la diferencia entre un civil y un
combatiente, un niño o un adulto, un hombre o una mujer y que los dolores físicos
que acompañan a las víctimas de las minas antipersonal son tan intenso y
profundos como las heridas psicológicas que los acompañarán por siempre. Las
secuelas son tan intensas que la mayoría de ellos piensan en el suicidio como la
única opción para aliviar los dolores físicos y psicológicos.
Según Francisco Ortega74 representante de la Organización de Revolucionarios
Discapacitados – ORD y la Asociación de Discapacitado de la Resistencia
Nicaragüense – ADRN, el Conflicto Armado Interno de los ochenta en Nicaragua,
llamada así porque duró los diez años de esa década, dejó un estado de
destrucción casi apocalíptica: la economía retrocedió 30 años, el 40% de la
población sufrió desplazamiento, ocurrieron 60.000 muertes y entre 20.000 y
40.000 personas quedaron discapacitadas.
En esta costosa lección se aprendió que el Conflicto Armado Interno es un largo,
difícil e inútil camino que niega el presente, empeña el futuro y sobretodo sacrifica
vidas humanas.
74 ORTEGA, Francisco. En dis / abilitá e Cooperazione. Atti del Covegno, roma 8 – 9giugno 199. Zowart, Roma, 2000.
153
Los discapacitados por acusa directa del Conflicto Armado Interno se agrupan en
dos grandes entidades: la ORD cuyos miembros pertenecieron a las fuerzas
revolucionarias sandinistas y la ADRN la cual está conformada por personas que
fueron adversas a la revolución.
Ambos organismo aglutinan a 18.000 personas. Existen varios miles más
organizadas en otras asociaciones y muchas otras no están organizadas. Aún no
se conoce con exactitud el número de personas con discapacidad por causa del
Conflicto Armado Interno .
Estas personas cuando se vincularon o los vincularon, tanto a las fuerzas
regulares como irregulares, tenían entre 14 y 18 años, niños y jóvenes
campesinos, estudiantes, hijos de obreros y trabajadores adolescentes que
estaban formándose para la vida tanto física como psicológicamente.
Abruptamente este proceso se interrumpió siendo sustituido por un proceso
deformante como es el Conflicto Armado Interno .
Las secuelas del Conflicto Armado Interno en los individuos y las sociedades son
aplicables a la experiencia nicaragüense: el estrés del Conflicto Armado Interno, el
estrés post-traumático, los deficientes o nulos procesos de rehabilitación, una
sociedad no preparada para recibir a los discapacitados, sin preparación o
capacitación laboral para reintegrarse a la vida civil, sin educación formal o
informal más que la militar, sin facilidades de acceso a medios auxiliares (sillas de
ruedas, prótesis, bastones), fueron comunes denominadores en los miembros de
estas organizaciones.
Por la magnitud del problema no hubo un verdadero proceso de rehabilitación.
Los discapacitados como pudieron, principalmente en el seno de la familia, fueron
154
realizando una especie de rehabilitación basada en la comunidad, aunque más
que un proceso de rehabilitación ha sido un verdadero proceso de adaptación y
sobrevivencia. En estas condiciones, muchos de ellos optaron por la resignación,
por el alcohol, por las drogas, algunos por la mendicidad; otros han sido llevados a
la demencia o la delincuencia.
Ante esta terrible situación dichas organizaciones retoman, como guía, el
Programa de Acción Mundial para personas con discapacidad, reafirmado por la
Asamblea General de la ONU, el cual plantea igualdad de oportunidades,
participación plena en las actividades económicas y sociales, al igual acceso a la
salud, educación y servicios de rehabilitación.
9.2 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2003 – 200675
Uno de los puntos de partida que diferencia claramente la Política Pública
Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad de los gobiernos de
Pastrana y Uribe, es el enfoque desde el cual se concibe y se aborda la
problemática de la discapacidad; puesto que es evidente que en la actual política
se propone de manera más clara un componente social de carácter integral el cual
se fundamenta en acciones familiares, grupales y comunitarias con
responsabilidad permanente de la red social conformada por todas y cada una de
las instancias del Estado y la sociedad.
75 De acuerdo a la Dirección General de Promoción Social Grupo Apoyo Familiar Especial del Ministerio de la Protección Social, las normas más relevantes y vigentes en el actual gobierno relacionadas con la población desmovilizada y su acceso a los servicios de salud son: Los Acuerdos 138/03, 244/03, 253/03, 262/04, 270/04, 275/04. Resolución 01451/04, 004151/04, 004367/04 y el Decreto 1283/96.
155
9.2.1 Marco Conceptual
Los componentes de prevención, mitigación y superación son los ejes que
articulan y dinamizan la actual política.
El concepto de discapacidad ha evolucionado desde una perspectiva
biomédica76hacia una visión más amplia y de carácter social (integración social)
que involucra el entorno, la sociedad y la cultura77. El problema de discapacidad
no es una enfermedad o atributo de la persona, esta condición incluye elementos
que se relacionan con la presencia de prácticas, factores sociales y culturales
negativos que limitan la integración social de las personas, que afectan el
reconocimiento, el desarrollo de las capacidades y funcionalidades como
individuos pertenecientes a la sociedad.
Esta situación menoscaba la capacidad económica de la familia (aumentando la
vulnerabilidad de la misma) al tener ésta que disponer de mayores recursos en la
manutención y cuidados de una persona potencialmente productiva, que no lo es
debido a factores sociales y culturales.
Lo anterior amplía el espectro de la solución de la problemática; por tanto, se
requiere un enfoque que permita integrar el ambiente social, cultural y familiar a la
reducción y superación de la problemática, exigiendo con ello acciones colectivas
y cambios sociales.
76 Este modelo biomédico considera la discapacidad como un problema del individuo afectado causado principalmente por un problema de salud o enfermedad, el cual es superado por medio de la atención y el apoyo de los avances tecnológicos. 77 Ésta se enfoca en los problemas de integración social de las personas con discapacidad. Así la discapacidad no es sólo un problema del individuo o de la familia, sino que esta definida por un sinnúmero de condiciones ambientales, económicas y culturales.
156
Esta política plantea los enfoques del Manejo Social del Riesgo78(MSR) y del
Sistema de Protección Social (SPS) que permiten replantear las áreas
tradicionales sobre las cuales se ha venido desarrollando el tema de la
discapacidad. El enfoque del MSR79se basa en la idea que todas las personas,
hogares y comunidades son vulnerables a diferentes riesgos, centra sus
herramientas más allá de los instrumentos que permiten manejar adecuadamente
el riesgo, promoviendo la disposición a asumirlos y proporcionar apoyo a quienes
son más pobres.
Se soporta en tres niveles de manejo del riesgo (informal, mercado y público); tres
estrategias para abordar el riesgo: reducción del riesgo (prevenir, promover),
mitigación del riesgo (asegurar contra la contingencia), y superación (atender,
equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar); y la organización y coordinación
de la acción conjunta y articulada de diferentes actores (personas, hogares,
comunidades, ONG`s, niveles de gobierno y organizaciones internacionales).
En consecuencia, para los fines de la presente política, se considera a la condición
de discapacidad y al riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones
ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden
afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún
momento del ciclo vital.
Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de
salud individual, y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su
integración social. La discapacidad no necesariamente es una desventaja; es la
78 Holzmann y Jorgensen. “Manejo Social del Riesgo: Un nuevo Marco Conceptual para la Protección Social y más Allá”. Documento de trabajo No. 0006. Banco Mundial, febrero de 2000. 79 El MSR se enfoca en el hogar y las familias, se fundamenta en la participación de la sociedad civil, el sector privado y el Estado.
157
situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que
genera tal condición80.
La reducción de la condición de discapacidad y del riesgo de padecerla, superan
la acción sectorial y territorial, lo que señala la importancia de generar estrategias
transversales y coordinadas que involucren a los diferentes ámbitos y sectores en
su prevención, mitigación y superación.
En cuanto a la prevención, se busca impulsar procesos individuales y colectivos
con el fin de evitar la aparición de la condición de discapacidad (reducir la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a tal condición). La
construcción de entornos protectores exige la transformación de los hábitos,
actitudes y comportamientos, personales y colectivos.
Por tanto, las políticas, estrategias e intervenciones, de corte transversal, deben
apuntar a la reducción de los factores de riesgo, no sólo asociados al estado de
salud individual, sino frente a riesgos relacionados con la situación nutricional; el
aprendizaje, el desarrollo de capacidades y habilidades laborales; los riesgos
ocupacionales; eventos y situaciones sociales, como el embarazo de
adolescentes81; la violencia82; el conflicto armado83; la accidentalidad84 y las
barreras para la integración social y productiva en el entorno social y cultural.
80 RÄDDA BARNEN, Save the Children Swedish. Los derechos de los/as Niños/as con Discapacidades, ¿Cómo se monitorea el progreso?, Art. No. 96-1046, Estocolmo, Diciembre de 1996. 81 La fecundidad en adolescentes se ha incrementado al pasar de tasas de 80 por mil mujeres (10-14 años antes de la encuesta ENDS-2000) a 85 por mil mujeres (0-4 años antes de la encuesta ENDS-2000). Cabe señalar que al comparar el periodo 5-9 años antes de la ENDS de 2000 (97 por mil mujeres), la tasa disminuyó. PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá D.C., 2000. 82 El 47% de los dictámenes por lesiones personales son por violencia común y el 30% por violencia intrafamiliar. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diciembre de 2002. 83 La mayoría de personas con discapacidad derivada del conflicto armado son de escasos recursos económicos. El conflicto causa discapacidad física, psicológica y laboral, que afecta a los excombatientes y a
158
Desde esta perspectiva, la discapacidad se constituye en un riesgo social.
De otra parte, la mitigación hace referencia a las estrategias utilizadas para reducir
el impacto o repercusión del evento, en el individuo y la familia, en caso de que el
riesgo se materialice entre aquellos individuos y grupos sociales especialmente
vulnerables. Los sistemas de pensiones, de riesgos profesionales, y de salud a
través del aseguramiento son las principales estrategias y acciones en este
sentido. Las estrategias y acciones de mitigación se establecen antes de que el
evento ocurra.
Las estrategias de superación son las dirigidas a disminuir o superar el impacto
generado por la materialización del riesgo sobre la persona, la familia o la
comunidad. Ante los eventos negativos, éstos y el Estado actúan de diferente
forma con el fin de otorgar instrumentos que les permitan recuperar su condición
inicial o aliviarla ante los hechos irreparables.
Esto incluye, entre otros, mecanismos que procuran la igualdad de condiciones en
términos de lograr la mayor autonomía posible en las actividades que conforman
el quehacer cotidiano de las personas, integración social; lo cual tendrá a su vez
un efecto positivo y protector en las familias con personas con discapacidad. Estas
estrategias funcionan una vez se produce el evento.
Con relación a la integración social y exclusión, las personas con discapacidad y
sus familias tienen el derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas sus familias. Estas personas y familias son segregadas y excluidas. Discapacidad por Conflicto Armado interno en Antioquia, Estudio descriptivo. OIM-CONFEPAZ y USAID. Agosto 2002. 84 En Colombia hay un muerto cada 83 minutos, un herido cada 11 minutos. Las muertes disminuyeron el 3.1% y los heridos en un 8.1% en 2001. El índice de accidentalidad para 2001 fue del 5.57 por mil habitantes y el de mortalidad fue de 14.7 por 100 mil habitantes. Fondo de Prevención Vial: www.fonprevial.org.co.PDF/Est2001Resu/AccCol2001Res.pdf
159
que les impiden integrarse cabalmente a la sociedad, pero también tienen el deber
de participar, de no autoexcluirse, de considerar que son parte activa de la
sociedad y de superar el imaginario de que la discapacidad es un fuero con el que
sólo se exigen beneficios y asistencia del Estado, haciendo prevalecer supuestos
"derechos adquiridos" sin ejercer deberes.
En este orden de ideas, la estigmatización negativa, la imputación de inferioridad,
el imaginario de la sociedad y de la persona con discapacidad, deben ser
superadas por la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.
En conclusión, el enfoque sobre discapacidad ha evolucionando hacia la
integración social de quienes la padecen, en el marco de una protección social
que garantice a toda la población (no sólo a grupos poblacionales específicos) la
igualdad de oportunidades, las herramientas para el manejo del riesgo y las
intervenciones para superar situaciones de crisis.
Es evidente que las estrategias expuestas no son excluyentes entre si. Es decir,
existen superposiciones y fronteras entre ellas, por lo cual habrá acciones que a la
vez previenen y mitigan, mitigan y superan, o reducen y superan.
Según la Ley 361 de 1997, el órgano responsable de la coordinación
interinstitucional es el Comité Consultivo Nacional85(la Secretaría Técnica estaba
en cabeza del Ministerio de Salud), que a su vez está coordinado por una
Consejería Presidencial. En el período 2000-2003, por Decreto Presidencial 206
de 2000, la coordinación del Comité Consultivo Nacional fue asignada a la
Consejería Presidencial de Política Social, hoy Consejería de Programas
Especiales (CPE).
85 De acuerdo con la Ley 361 de 1997, el Comité tiene el carácter de cuerpo asesor institucional para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas.
160
Si bien la coordinación técnica interinstitucional para la formulación de política se
realizó, ésta se ejecutó bajo un esquema institucional diferente. Dadas las
debilidades institucionales, la responsabilidad fue asumida por la CPE que
finalmente coordinó, dinamizó y potenció la formulación de la política pública a
través de la conformación de comités técnicos y grupos de enlace sectoriales86.
Igualmente, la Red de Solidaridad Social en alianza estratégica con la CPE como
instancias de la Presidencia de la República, por corresponsabilidad planteada en
el Plan de Atención en Discapacidad 1999–2002 y el Documento CONPES 3144
de 2001, coordinó y brindó acompañamiento técnico e impulsó la creación y
fortalecimiento de instancias territoriales para la Discapacidad (Redes de Apoyo
Territorial para la Discapacidad y Comités Técnicas Departamentales) en 25
departamentos.
La presente política se enmarca en el contexto de la protección y el manejo social
del riesgo. Por tanto, contempla estrategias para que las personas, las familias, las
organizaciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones,
puedan prevenir el riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, como
también reducir la vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el bienestar de la
población y su capital humano. Para ello, bajo un marco de corresponsabilidad, es
necesario identificar los riesgos, diseñar e implementar intervenciones para evitar
la discriminación y exclusión social.
86 La construcción de los lineamientos de política se concertó con cerca de 2000 personas, los ministerios sectoriales y organizaciones no gubernamentales y representantes de las diferentes asociaciones y federaciones de personas con situación de discapacidad. Se elaboró el manual operativo y la metodología para la fo rmación de política pública en discapacidad.
161
Para ello se hacen necesarias estrategias que:
Ø Promuevan comportamientos favorables en la sociedad que generen
actitudes positivas respecto a la discapacidad y la igualdad de
oportunidades, la inclusión e integración social (acceso a bienes y servicios,
al mercado laboral, seguridad social, protejan los derechos humanos, entre
otros).
Ø Fomenten la participación de la comunidad en la prevención, mitigación y
superación (habilitación y rehabilitación integral) de la situación de
discapacidad.
Con la presente política, además de fortalecer las estrategias de superación que
caracterizan los principales avances alcanzados, se enfatiza la necesidad de
diseñar y desarrollar otras para prevenir, reducir y mitigar los riesgos durante el
ciclo vital. De esta manera será posible disminuir la vulnerabilidad de los
individuos y las familias y la probabilidad de que el riesgo se materialice.
9.2.2 Principios Orientadores
Los principios que orientan la política frente a la situación de discapacidad se
enmarcan en los derechos fundamentales, económicos, culturales, colectivos y del
ambiente, que consagra la Constitución Política de 1991 y son consecuentes con
los principios del Sistema de Protección Social, los cuales se constituyen en los
instrumentos con que el Estado procura garantizarlos87.
El propósito es crear condiciones que permitan a las personas, familias y
comunidad en riesgo y en condición de discapacidad, un mejor goce o ejercicio de
87 CONPES 3144 de 2001.
162
los derechos, deberes y libertades que les asisten. Específicamente, la política se
regirá por los siguientes principios:
9.2.2.1 Igualdad
La igualdad abarca la equiparación de oportunidades para quienes se encuentran
en condición de discapacidad, buscando eliminar la discriminación y promover la
integración y el acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, la formación
ocupacional, la educación, el sistema de seguridad social integral, la vivienda, el
transporte, las comunicaciones, la información y la justicia, entre otros.
9.2.2.2 Solidaridad y Corresponsabilidad
La política requiere de la participación del Estado, los actores sociales y
económicos, la comunidad, la familia y las personas. Se hace necesaria la acción
conjunta para la construcción de una cultura basada en el reconocimiento
recíproco que contribuya a la prevención de las formas de discapacidad
prevenibles, así como a su detección temprana, intervención, mitigación y
superación.
9.2.2.3 Descentralización y Participación Social
Es necesario el fortalecimiento de la autonomía local, de acuerdo con las
competencias, responsabilidades y recursos disponibles, en el marco de la Ley.
En el mismo sentido, es necesario mantener y fortalecer la intervención por parte
de la sociedad civil en la organización y gestión, así como en la fiscalización y
control social de las ejecutorias públicas y privadas, sobre el riesgo y situación de
discapacidad.
163
9.2.2.4 Equidad
Para las personas en condiciones de pobreza, bajo nivel de escolaridad, sin
cobertura en el Sistema Integral de Seguridad Social, los habitantes de las zonas
rurales, los trabajadores informales, la población adulta mayor y menores de 1
año, y aquella expuesta a situación de violencia y conflicto armado, todos los
riesgos asociados con la discapacidad son mucho mayores, así como su
vulnerabilidad, respecto al resto de la población.
Por lo tanto, mejorar la información sobre su situación y las condiciones de acceso
y la calidad de los diferentes servicios sociales contribuirá a superar la inequidad
existente y la consecución de un mayor impacto de la política.
Las siguientes estrategias desarrollan y aplican los principios de política
señalados. Las estrategias y acciones están orientadas a crear el diseño
institucional adecuado, a objetivar, prevenir, reducir, mitigar y superar la situación
de discapacidad en el país, mediante una acción concertada entre la sociedad
civil, el sector privado y el Estado.
Para el desarrollo de la política se requiere de una organización institucional y de
la obtención de información adecuada para la toma de decisiones en los diferentes
niveles de gobierno, como elementos claves de soporte a la acción directa para
transformar la situación de discapacidad. La implementación de las políticas y
estrategias, se debe realizar en concordancia con las competencias y
responsabilidades establecidas en la ley para los diferentes actores.
9.2.3 Organización Institucional
El marco institucional permite, entre otros aspectos, establecer los mecanismos de
articulación y coordinación para la formulación, implementación, seguimiento y
164
evaluación de la política. Cobra mayor importancia ante la heterogeneidad, la
descentralización, la diferenciación ins titucional y la participación ciudadana.
Con el propósito de adecuar los actuales mecanismos de formulación e
implementación de la política pública de discapacidad se hace necesaria una
modificación a la Ley 361 de 1997. En este orden de ideas, la organización
institucional se debe fundamentar en los siguientes aspectos:
ü El Ministerio de la Protección Social, debe constituirse en el ente que lidere
el diseño e implementación de la política y sirva de articulador de los
diferentes sectores e instituciones comprometidos con ésta.
ü El Consejo Nacional de Discapacidad operar como instancia política de
representación de los actores del orden Nacional y local, públicos y
privados, teniendo como propósito establecer recomendaciones para la
formulación y adecuada implementación de la política.
ü Formalizar una instancia técnica interinstitucional para la formulación y
gestión coordinada de la política y del plan de acción, conformada por los
Ministerios de la Protección Social y sus entidades vinculadas y adscritas,
Educación y sus entidades vinculadas y adscritas, Comunicaciones,
Transporte, Cultura, Desarrollo, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, los coordinadores de los Grupos de Enlace Sectorial, el
Departamento Nacional de Planeación y el DANE.
ü Desarrollar espacios y mecanismos de articulación y coordinación,
nacionales y locales, acordes con las competencias y responsabilidades
territoriales, necesarios para facilitar la ejecución, seguimiento y evaluación
de la política.
165
La Consejería Presidencial de Programas Especiales mediante un proceso de
empalme concertado con el Ministerio de Protección Social durante el año 2003,
trasladó su competencia de coordinación del Comité Consultivo Nacional al
Ministerio de la Protección Social. Así, pasará a constituirse en una instancia de
apoyo en la articulación y coordinación interinstitucional hasta que se produzca la
reforma de la Ley 361 de 1997.
9.2.4 Información
Si bien las recomendaciones de Naciones Unidas orientan sobre la medición de la
discapacidad, la gran mayoría de los países de América han empleado el enfoque
de la deficiencia, posiblemente porque la respuesta es más directa por parte del
informante. No obstante, esta tendencia evoluciona hacia un enfoque ecológico,
donde la identificación de las restricciones en la participación toma importancia,
involucrando diferentes dimensiones: corporal, personal, familiar y social88.
El cambio de enfoque responde a la evolución del concepto de discapacidad
incorporado en la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), a la importancia de hacer objetivos los
riesgos asociados a discapacidad y en consecuencia, a la corresponsabilidad
social que deben asumir los agentes públicos y privados en su prevención y
control.
Así que no basta obtener datos sobre personas con deficiencias, sino que es
necesario complementarlos con información contextual, incluyendo la familia y el
ambiente social e institucional en el cual se desenvuelve la persona y la familia
afectada, para comprender la situación de discapacidad y diseñar estrategias que
88 ONU. Compendio de Datos sobre los Impedidos. Serie Y No. 4, New York, 1990 y Manual de Elaboración de Información Estadística para Políticas y Programas Relativos a Personas con Discapacidad, New York, 1997.
166
permitan construir una política pública más eficaz frente al riesgo y la condición de
discapacidad.
Por lo tanto, la organización institucional antes mencionada propenderá por el
avance en la obtención de información adecuada y comparable, de tal forma que
se transformen sus bases y sistemas de información con unidad de criterio.
Corresponde al DANE, en coordinación con el Ministerio de la Protección Social,
prestar la asistencia técnica necesaria para adelantar dicho proceso y constituirse
en el generador y proveedor principal de información sobre discapacidad,
acogiendo los parámetros internacionales sugeridos, buscando una unificación del
lenguaje y de los sistemas de información tanto internos como interinstitucionales.
9.2.5 Programas y Líneas de Acción
Los programas que se enmarcan en la superación de la situación de discapacidad,
apuntan a reducir la potencial repercusión en caso de materializarse el riesgo, y
procuran contrarrestar la exclusión social y favorecer la integración del individuo y
la familia.
Se debe tener en cuenta que las estrategias en forma general se articulan y
superponen, y que pueden a su vez vislumbrarse de la siguiente forma:
Ø Reducción (Prevención)
Ø Reducción-Mitigación (Promoción y Prevención, por ejemplo vinculada a
Empresas Promotoras de Salud, Administradoras Régimen Subsidiado y
Administradoras Riesgos Profesionales).
Ø Reducción- Superación (Equiparación de Oportunidades)
167
Ø Mitigación (Aseguramiento de la población ante riesgos)
Ø Mitigación-Superación (Rehabilitación de Base Comunitaria y Preparación
de cuidadores).
Ø Superación (Recuperación ante el impacto).
9.2.5.1 Prevención y Reducción del Riesgo
Para este componente las acciones se dirigen a la detección e identificación
oportuna de los factores de riesgo personal y social relacionados con
discapacidad. Las intervenciones deben contribuir a la objetivación del riesgo por
parte de las personas, familias y comunidad y a la modificación de prácticas
culturales y hábitos de vida no favorables.
El énfasis en este tipo de intervenciones permitirá un mejor manejo social del
riesgo mediante el desarrollo de instrumentos informales, de mercado y desde el
Estado, para reducir la vulnerabilidad y el efecto potencial de los eventos críticos
sobre las personas y las familias.
Las principales fuentes de riesgo para discapacidad se concentran en el individuo
y la familia (idiosincráticos), su impacto se ve afectado por la correlación de
riesgos en los propios individuos (covarianza) o con otros riesgos (acumulados), lo
cual señala la importancia de que las estrategias para su manejo, no deban
restringirse a un solo tipo de riesgo o contexto.
168
Las líneas de acción para la reducción de riesgos incluyen:
Ø Promoción y fomento de condiciones de vida para que las personas,
familias y comunidades asuman estilos de vida saludables y se identifiquen
y modifiquen los factores y comportamientos que generen riesgos, a través
de estrategias de información, educación y comunicación.
Ø Diseño, aplicación y difusión de instrumentos para el registro y vigilancia de
factores de riesgo y protectores y de la condición de discapacidad.
Ø Promoción del acceso oportuno a los servicios de protección social y
educación, para la detección y atención temprana de la condición de
discapacidad; así como divulgación entre los diferentes actores
institucionales y comunitarios de las pautas pertinentes para la detección
temprana, con énfasis en la población infantil.
9.2.5.2 Mitigación
Se refiere a las estrategias utilizadas para reducir el impacto o repercusión del
evento en caso de que se materialice el riesgo. El fortalecimiento del Sistema de
Seguridad Social Integral (aseguramiento en salud, pensiones y riesgos
profesionales), así como la incorporación de instrumentos que protejan frente
situaciones coyunturales (protección del ingreso y del capital humano acumulado,
mecanismos sociales de protección y ayuda mutua, subsidios temporales
focalizados), como parte del Sistema de Protección Social, a la luz del manejo
social del riesgo, se constituyen en elementos fundamentales que contribuyen a
reducir o eliminar el impacto de la morbilidad, la mortalidad y la situación de
discapacidad.
169
Las líneas de acción para la mitigación de riesgos incluyen:
Ø Continuar la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social en
Pensiones y en Salud (a través de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado) para la población general.
Ø Incentivar la incorporación de la población trabajadora informal e
independiente al Sistema de Riesgos Profesionales.
Ø Desarrollar instrumentos de control de la evasión de aportes y de la
afiliación a la seguridad social, que involucren la objetivación del riesgo por
la sociedad y las ventajas de los mecanismos y alternativas de
aseguramiento.
Ø Diseñar, desarrollar y promover instrumentos informales deseables, de
mercado y desde el Estado, cuando sea necesario, que ofrezcan protección
a las familias frente a riesgos asociados a discapacidad como consecuencia
de situaciones de crisis.
9.2.5.3 Superación
Estas estrategias son dirigidas a superar los efectos generados por la
materialización del riesgo sobre la persona, la familia o la comunidad, para
recuperar en mayor o menor medida su condición inicial.
Adicionalmente, procuran la equiparación de oportunidades y la modificación del
imaginario social e individual sobre la discapacidad, que posibiliten la adecuada
integración social y económica de los afectados. En tal sentido, la rehabilitación
basada en la comunidad constituye una alternativa importante para lograr este
propósito.
170
Las líneas de acción para la superación de riesgos incluyen:
Ø Fomentar los procesos de participación y organización comunitaria para la
transformación del imaginario social cultural en torno a la discapacidad.
Para el efecto, es necesario promover y potenciar el papel de las
organizaciones que trabajan en la prevención de riesgos y en la atención y
equiparación de oportunidades para las personas en situación de
discapacidad.
Ø Identificar las barreras de acceso y las prácticas institucionales de
discriminación con el fin de establecer mecanismos que propicien su
eliminación. En el mismo sentido, se divulgarán las recomendaciones de la
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad. Los planes y
programas institucionales de las entidades públicas de todos los niveles
territoriales tendrán en cuenta los preceptos contenidos en esta Convención
(Ley 762 de 2002)89.
Ø Promover y dar reconocimiento público a las organizaciones sociales y
entidades que adopten e implementen prácticas institucionales que
contribuyan a eliminar la discriminación y promuevan el acceso de las
personas con discapacidad a los bienes y servicios que ofrecen.
Ø Establecer condiciones para que las personas con condición de
discapacidad tengan acceso, permanencia y promoción en el servicio
educativo.
89 OEA. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Junio 7 de 1999, Ciudad de Guatemala, Guatemala .
171
Ø Fomentar la participación productiva mediante el establecimiento y
aplicación de mecanismos e instrumentos que incentiven la actualización y
capacitación de la fuerza laboral de las personas con discapacidad y otros
miembros de su hogar, trascendiendo al ámbito profesional.
Ø Promover la aplicación de la normatividad existente para la eliminación de
barreras de acceso físico y funcional a espacios públicos, sitios turísticos,
con particular énfasis en los terminales y transporte público,
establecimientos educativos y de salud, entidades públicas prestadoras de
servicios, escenarios deportivos, parques y zonas recreativas y culturales y
proyectos y programas de vivienda de interés social.
Ø Promover el desarrollo, adaptación e implementación de tecnologías y
medios que posibiliten a las personas con discapacidad el acceso a la
información y la comunicación.
Ø Diseñar e implementar estrategias de intervención que permitan monitorear
la habilitación, acreditación y gestión de los prestadores de servicios de
rehabilitación, en el marco de los nuevos estándares de calidad definidos
por el Ministerio de la Protección Social.
Ø Mejorar la oportunidad en el acceso y la calidad en los servicios de
habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad y sus
familias, soportados en enfoques de base comunitaria.
Las acciones se dirigen a fortalecer la capacidad de los servicios y de las
comunidades y articularlos para intervenir efectiva y oportunamente en la situación
de discapacidad. Para tal fin, se promoverá la organización y fortalecimiento de
redes de servicios integrales, incorporando normas técnicas para la atención,
172
estrategias y metodologías de participación comunitaria, y el desarrollo de
instrumentos que posibiliten el acceso a ayudas técnicas que contribuyan a
mejorar la capacidad de desempeño autónomo de las personas con discapacidad
y su productividad.
Al revisar cada una de las Políticas Nacionales de Atención para la Población con
Discapacidad del país, propuestas durante la administración de Andrés Pastrana y
la actual con la Presidencia de Álvaro Uribe, se logra encontrar puntos importantes
de convergencia y divergencia que han definido en este aspecto características
del acontecer de la vida política y social colombiana; puesto que la atención en
sus diversos niveles de esta población representa un componente esencial en la
proyección de alternativas que sean significativas como respuesta social.
Es innegable la determinante influencia que permanentemente tiene el contexto
social, político y económico por el cual se encuentre atravesando en un momento
determinado el país, que en este caso en particular ha marcado para esta política
profundas transformaciones como expresión de las cambiantes condiciones del
sistema societal y estatal.
Considero que en términos generales las dos políticas están bien planteadas, e
incluso, se complementan entre sí en aspectos como los relacionados con la
promoción, divulgación y respeto a los Derechos Humanos de la población
discapacitada, con un especial énfasis en el derecho a la igualdad.
Otro aspecto en el que convergen estas dos políticas se encuentra relacionado
con el escenario de la Descentralización como elemento potenciador de
oportunidades que logre articular las redes sociales de atención para la población
discapacitada. Sin embargo, los rezagos paternalistas que aún hacen presencia
en los entes territoriales han generado estragos en las potencialidades de dicho
mecanismo.
173
En la política de Pastrana se aborda y se contempla la discapacidad desde una
perspectiva más que todo médica y no se aborda la especificidad de ésta asociada
al contexto de conflicto y enfrentamientos armados, menos aún articulada a los
actores armados con discapacidad y en proceso de reinserción a la vida civil, lo
cual representa que en este gobierno no se contempló las implicaciones y
expresiones sociales que de tiempo atrás se han venido agudizando para esta
población.
Es de resaltar que en la actual política de Uribe se ha dado un paso gigantesco en
reconocer desde ésta a la discapacidad como un problema de relevancia social y
a su vez, priorizar el acceso y la atención en salud para la población reinsertada,
sin perder de vista las dificultades que ello les ha representado.
En este orden de ideas, la intencionalidad de la política en este aspecto abre la
posibilidad de crear y fortalecer espacios y mecanismos contundentes para la
construcción y la consolidación en el marco de Políticas Públicas Integrales para la
Paz.
Esta política reconoce y ubica el Conflicto Armado Interno en el ámbito de lo
macro como un espacio social de alta probabilidad y generador de discapacidad,
lo cual exige de manera inmediata acciones concretas y la intervención del Estado
como actor directo de generador de violencia.
En las dos políticas no de logra aún vislumbrar con mayor claridad las
posibilidades de participación real y efectiva de la sociedad, que trascienda de la
intervención en las mesas de trabajo a un aporte comunitario en red que prepare y
forme a ciudadanos y ciudadanas con la capacidad de asumir con propiedad el
liderazgo de este tipo de procesos en conjunto, con el Estado y sus instancias
gubernamentales.
174
El componente sobre el Manejo Social del Riesgo contenido en la política de la
administración actual, es un elemento nuevo en la medida que desde su
concepción busca interrelacionar la prevención, la mitigación y la superación de la
discapacidad desde lo macro y lo micro de sus orígenes y consecuencias.
Además, representa una respuesta ante la situación social mundial que requiere
tener en cuenta con mayor prioridad los riegos del hoy para contrarrestar con
mayor efectividad y eficiencia los del mañana.
Sin duda alguna, uno de los mayores retos para una sociedad en la que
culturalmente su idiosincrasia se ha caracterizado por su desinterés por la
prevención y la elección por la post atención de las víctimas, es precisamente
aunar esfuerzos en torno a este componente.
La prevención de la discapacidad causada por las acciones armadas y su
diversidad de estrategias militares paso por la prevención del Conflicto Armado
Interno y la consecución de la paz.
Es pertinente tener la mirada sobre la correspondencia o no que se presente entre
las políticas y sus respectivos Planes Operativos; ya que se hace necesario
evaluar cada uno de los componentes que ponen en marcha su ejecución, con la
finalidad de garantizar la coherencia y la pertinencia entre sí. Para realizar los
ajustes necesarios oportunamente y evitar en alguna medida las contradicciones
propias entre lo planteado y lo ejecutado, situación que refleja la pugna entre la
Racionalidad Política y la Racionalidad Técnica, propuesta y desarrollada por Alejo
Vargas.
Otro de los mayores desafíos del Estado y la sociedad colombiana en aras de la
tan anhelada paz que por varias décadas se ha escabullido y en otros casos de ha
disfrazado de fallidos intentos de diálogo, es lograr diseñar y fortalecer una Política
175
de Paz que integre desde lo social, lo político y lo económico una Política de
Reinserción y de Salud, en la cual la discapacidad originada porel Conflicto
Armado Interno en los excombatientes de grupos al margen de la ley, el derecho a
un nivel y a una calidad de vida óptimas y favorables para su desenvolvimiento
social sean los hilos conductores de estas políticas.
Ante el recrudecimiento y el escalonamiento del Conflicto Armado Interno en
nuestro país y en el resto mundo, la humanidad entera está avocada a un cambio
de actitud profundo, a reconocer crítica y propositivamente a las víctimas del
Conflicto Armado Interno discapacitadas; como una población altamente
vulnerable que necesita una respuesta social y estatal conjunta con un alto grado
de compromiso y voluntad política de todos los gobiernos.
El abordaje crítico y reflexivo que se ha propuesto a cerca de las Políticas de
Reinserción y de Salud para la Población con Discapacidad bajo la óptica del
escenario de confrontación armada durante las administraciones de Pastrana y
Uribe, constituye tan sólo uno de los acercamientos propuestos alrededor de estos
temas y de este tipo de discapacidad, que sin lugar a dudas se ha ido
configurando como una problemática de alta relevancia social y en una prioridad
en la agenda del Estado colombiano.
Continúa la puerta abierta para enriquecer y retroalimentar este y otros trabajos
que desde la academia y el ejercicio profesional, buscan hacer un aporte ante la
evidente crisis nacional y mundial que cada vez cobra más víctimas y fortalece los
escenarios de Conflicto Armado interno .
176
10. ENFOQUE METODOLÓGICO
Este trabajo ha sido abordado desde el Enfoque Sistémico de la sociedad, que
permite realizar el análisis de las Políticas Públicas de Atención a la población
reinsertada con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno en nuestro
país, bajo los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
A partir de los aportes teórico-conceptuales y metodológicos de la Gerencia Social
y del Trabajo en Red, se ha realizado el análisis crítico y propositivo a la Red
Social Institucional que brinda atención a esta población, identificada y descrita
ésta para dicho objetivo. Además, elaborar la propuesta metodológica de
intervención integral desde la Gerencia Social a partir del trabajo en la red
primaria, secundaria e institucional frente a la salud mental como un aporte a las
Políticas Públicas.
Las fuentes primarias han sido: las entrevistas y la observación; las fuentes
secundarias los textos, documentos e informes institucionales y consultas por
Internet.
El proceso metodológico a seguir para el desarrollo de este trabajo ha sido el
siguiente:
Elaboración de los Componentes Teórico-Conceptuales: conformado por la
revisión, consulta, selección, lectura y sistematización del apoyo bibliográfico
que sustenta y orienta este trabajo.
177
Trabajo de Campo: contactos institucionales con CONFEPAZ principalmente,
para la realización de algunas entrevistas y si es posible con otras
organizaciones.
Realización de las Entrevistas: realización de dos (2) entrevistas
semiestructuradas90 en CONFEPAZ, una al Presidente de esta organización
que es militar en retiro y al Director Ejecutivo que es Exguerrillero amnistiado,
discapacitados por su actuación en el enfrentamiento directo armado, con el
objetivo de conocer su visión a cerca del tema a tratar en este trabajo y articular
sus aportes al desarrollo del mismo.
Evaluación de la Red Social Institucional: se ha realizado con base en la
lectura crítica y descriptiva de las instituciones que se encuentran registradas
en el directorio nacional de instituciones que buscan brindar apoyo a esta
población.
Análisis Comparativo de las Políticas Públicas: es el capítulo central del
trabajo; ya que representa uno de los objetivos generales. Se realiza con base a
la lectura previa de los documentos necesarios para ello.
Propuesta Metodológica de Intervención Integral: este último componente
del trabajo, se hizo a partir de la lectura y el análisis de los diferentes aportes y
desarrollos metodológicos de la Gerencia Social y del Trabajo en Red.
90 Para realizar estas entrevistas se elaboraría una guía previa con las respectivas preguntas. Ver Anexo 10.
178
11. PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN DESDE LA
GERENCIA SOCIAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN
UN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO INTERNO91
La problemática de la discapacidad por el Conflicto Armado Interno ha sido
abordada y analizada desde un Enfoque Sistémico de la sociedad, que proyecta
claramente una intervención dirigida en su estructura y dinámica hacia esta misma
dimensión. Por ello, se propone una Gerencia Social en Red que se fundamenta
en el marco teórico – epistemológico de la Teoría General de los Sistemas.
Se plantea una propuesta metodológica de intervención desde la Gerencia Social
con un Enfoque Integral de Salud Mental en un Contexto de Conflicto Armado
interno, con la finalidad de reconocer y abordar la discapacidad por Conflicto
Armado interno, como una categoría central en este trabajo que incluye sin
discriminación ni distinción alguna a que bando armado se ha pertenecido.
La siguiente propuesta de intervención se basa principalmente en algunos de los
trabajos e investigaciones más importantes a cerca del trabajo en redes sociales92.
Para dar inicio a un trabajo en red es relevante realizar un diagnóstico social de
ésta, el cual a parte de identificar los diferentes recursos con los que cuenta cada
red consiste en potencializarlos, fortalecerlos y movilizarlos permanentemente en
un trabajo paralelo con la evaluación de los recursos y la intervención directa.
Esta evaluación permite determinar cuales recursos son útiles y de esta manera
dar paso a la articulación y fortalecimiento de las redes de apoyo primaria,
secundaria e institucional. Estos recursos son de carácter económico o financiero,
material o logístico y humano, éste último, hace referencia a los grupos que 91 Ver Anexo 11. 92 Redes Sociales en el Trabajo Social de Mónica Chadi, Redes Sociales Naturales: Un Modelo de Trabajo para el Servicio Social de Beatriz Castellanos, Comunicación y Redes Sociales de Diego Henao y otros.
179
conforman y dinamizan el tejido social y, al resultado de las interacciones e
intercambios entre cada uno de éstos.
Sin lugar a discusión, todos y cada uno de los recursos conjugados entre sí
representa un mayor impacto social sobre la atención de una problemática
determinada, sin embargo, esta propuesta de intervención hace énfasis en las
relaciones que juegan un papel central en los procesos de expansión y
funcionalidad de las redes; ya que en el espacio de las relaciones humanas nacen
las redes de apoyo y posicionan a los individuos, familias, grupos, comunidades y
colectividades como actores que entretejen o rompen las redes de apoyo
(dependiendo de la situación) que existente a su alrededor.
Es relevante tener presente que el proceso de intervención directo en cada red
abre y consolida la posibilidad constante de trabajar en todas y cada una de las
áreas del quehacer profesional de la Gerencia Social, proyectando un trabajo en
red lo cual significa articular e integrar las funciones entre sí de la red social
primaria, secundaria e institucional con actuaciones de tipo extensivo.
Lo anterior exige el reconocimiento crítico y propositivo de los espacios y
funciones comunes o compartidas que hay entre las redes, y que de forma
extensiva (más no saturada) deben ir ordenando la red progresivamente a una
auto-organización expresada en la co-participación y co-responsabilidad de los
actores de las redes consideradas como apoyo.
La intervención propiamente dicha en cada red propone básicamente las acciones
que caracterizan la intervención de la Gerencia Social, bajo la lupa de la
problemática de la discapacidad por Conflicto Armado interno de los reinsertados.
180
11.1 INTERVENCIÓN EN LA RED PRIMARIA93
La intervención en la red primaria se compone de tres niveles de intervención:
11.1.1 Escenario Individual y Familiar
En el escenario familiar es necesario planear, ejecutar, evaluar y hacer
seguimiento de caso en atención individual dirigida centralmente a los reinsertados
y ex militares con discapacidad por Conflicto Armado interno, con el componente
nuclear de representar en esta atención espacios terapéuticos de escucha de re-
significación de la experiencia vivida durante el Conflicto Armado Interno, del
afrontamiento de la discapacidad y del replanteamiento de su proyecto de vida
individual en el escenario de la cotidianidad y donde la familia constituye el soporte
afectivo más representativo.
En la atención familiar se plantea trabajar en forma conjunta en la actitud o
posición de los miembros de la familia frente a la situación de quien sufre la
discapacidad y de las herramientas con las que ésta dispone para hacer frente a
dicha situación.
Así como se replantea el proyecto individual en la misma medida sucede con el
familiar por ello, el Gerente Social debe asumir un papel orientador que promueva
dentro del ritmo propio de cotidianidad, condiciones de calidad y nivel de vida de
cada familia, la identificación por parte de ésta de la búsqueda y puesta en marcha
de los posibles caminos de afrontamiento y, posteriormente de re-acomodamiento
individual y familiar. Al igual que la atención individual, la familia conforma un
espacio terapéutico de suma importancia.
93 Las redes primarias componen la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa anónima.
181
11.1.2 Escenario Grupal
A nivel grupal la formación de grupos de apoyo, dirigidos y orientados por un
equipo de trabajo interdisciplinario, fortalece el componente de escucha
terapéutico e igualmente, permite el reconocimiento mutuo de pares frente a una
comunidad diversa ante la cual como sujetos de derechos pueden demandar
respeto y solidaridad proactiva compartida.
Estos grupos de apoyo serán más significativos si están constituidos por
reinsertados y ex militares porque dentro del proceso de recuperación integral está
el perdón y la reconciliación, con aquellos que en el contexto del Conflicto Armado
Interno se configuraban como el enemigo y quienes en la actualidad tienen y
comparten varias cosas en común, una de ellas su situación de discapacidad.
11.2 INTERVENCIÓN EN LA RED SECUNDARIA94
Es la extensión del trabajo en la red primaria en el espacio de la comunidad y de lo
grupal, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de esta población con
acciones participativas en torno a la problemática en mención. A ello se suma la
promoción de intercambios directos e indirectos entre la red secundaria de
servicios, beneficios, propuestas, entre otras.
La realización de diferentes actividades lúdico – culturales y recreativas no sólo
entre los integrantes del grupo, sino constantemente con proyección hacia lo
familiar y lo comunitario con contenidos de integración y reflexión, da paso a la
intervención comunitaria.
94 Las redes sociales secundarias hacen referencia a las relaciones entabladas en el macro sistema.
182
La red secundaria como sistema intermedio e interlocutor del conjunto de las
relaciones sociales, hace un llamado y una demanda social por parte de esta
población, de sus familias y de quienes nos encontramos desde lo profesional, lo
ético y moral interesados en este tipo de situación socialmente problemática, a
hacer parte de la solución y no de la agudización de la situación de los
discapacitados por Conflicto Armado interno y de sus familias, ellas como el
referente y soporte más cercano e inmediato.
Es prioritario que cada localidad identifique y contemple dentro de sus propuestas
a esta población creando, facilitando, activando y ordenando canales de
comunicación con las diferentes instancias del Estado.
La comunidad debe sensibilizar y sensibilizarse frente a la discapacidad porque su
rechazo agudiza la situación social y económica de los reinsertados en particular,
su apoyo y su reconocimiento promueven o facilita escenarios de apoyo familiar y
por supuesto de carácter comunitario.
11.3 INTERVENCIÓN EN LA RED INSTITUCIONAL95
Se esboza a manera de sugerencias críticas y propositivas a cerca de la
intervención que lleva a cabo la red social institucional que brinda atención a los
discapacitados por el Conflicto Armado Interno, analizada con anterioridad en uno
de los capítulos del trabajo destacando los siguientes componentes y acciones
centrales:
95 Las redes institucionales se definen como organizaciones gestadas y constituidas para cumplir con objetivos específicos, que satisfagan necesidades particulares del sistema usuario; necesidades que son puntuales y deben ser canalizadas dentro de organismos creados para tales fines.
183
Involucrar directamente a la población discapacitada por el Conflicto
Armado Interno en la presentación de propuestas con respecto a esta
problemática.
La problemática debe ser abordada o atendida por un equipo de trabajo
interdisciplinario caracterizado por la especialización (delimitación, respeto
y reconocimiento por las competencias profesionales e institucionales) pero,
mucha atención, en un marco de acciones comunes en pro del
cumplimiento de las metas compartidas, complementarias y en la
ampliación de recursos.
Los canales de comunicación entre la red institucional deben crear y facilitar
procesos de retroalimentación de los trabajos y acciones institucionales que
eviten la saturación innecesaria de los servicios de apoyo de las instituciones y
generen fragmentaciones el interior de la red.
Toda intervención y quehacer profesional exige un papel y un referente ético
que en el caso del Gerente Social alude a:
Un cambio de actitud dentro y entre el ámbito de la red institucional que
trascienda la relación de usuario o cliente y profesional.
El Gerente Social debe ser operativo, hábil, innovador, abierto al
cambio, con una observación de la problemática que le brinde la posibilidad
de una intervención amplia e integradora de lo macro y lo micro.
Un perfil y una actitud multifacética que en un proceso recíproco de
enseñanza y aprendizaje le permita Inter, multi y transdiciplinariamente
accionar, aprovechar y optimizar los recursos de cada una las redes.
184
El auto-reconocimiento de ser actor y hacer parte constitucional del
entramado del tejido y de las redes sociales.
Para concluir, la conquista incansable de intervenciones en la formulación,
planeación, ejecución, implementación, evaluación y seguimiento de Políticas
Públicas y Sociales que para esta problemática son en el sector salud.
La esfera de la salud desde un enfoque integral de la misma y la dimensión
esencial del trabajo como desarrollo y desenvolvimiento productivo del hombre,
son indudablemente los espacios que demandan desde lo individual, lo familiar y
comunitario un trabajo intenso en red.
185
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: UNA MIRADA DESDE LA
GERENCIA SOCIAL
Las siguientes conclusiones y recomendaciones hacen parte del recorrido teórico-
conceptual y metodológico realizado para este trabajo. Se presentan agrupadas
por unidades temáticas las cuales fueron los hilos conductores del ensayo.
12.1 Discapacidad Originada por el Conflicto Armado Interno
La discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno constituye tan sólo
una de las múltiples consecuencias del Conflicto Armado Interno al interior de
la sociedad colombiana.
Este tipo de discapacidad no tiene distingo alguno de edad, sexo o religión y en
las acciones bélicas y militares no se contempla si se es guerrillero, militar,
paramilitar, civil o policía.
La discapacidad por Conflicto Armado interno representa una situación
socialmente problemática; puesto que ésta cuando no es atendida eficaz y
eficientemente por la red social institucional, los discapacitados como los
reinsertados y ex militares se ven ante el llamado repentino de asumir, re-
construir y fortalecer otro tipo de redes sociales de apoyo.
La discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno no sólo afecta la
dimensión física sino también la psicológica y el desempeño laboral de quien la
padece y, en el marco de la actual situación del país sus críticas expresiones
no dan espera.
186
Los discapacitados por Conflicto Armado interno conforman un grupo
poblacional que hasta ahora está empezando a ser reconocido por las
instituciones que de alguna manera ha venido atendiendo en general la
problemática de la discapacidad, pero aún no se delinean con claridad
acciones puntuales de atención que se estructuren desde el marco de Políticas
Públicas de Atención y para la Paz.
Organizaciones como CONFEPAZ, ha demostrado que la discapacidad por
Conflicto Armado interno ha sido el motor de nuevos e importantes procesos
organizativos en la conformación de redes de apoyo, ello significa que esta
población hace parte central de la solución. Lo más significativo y que llama la
atención es el ejemplo de paz / reconciliación que CONFEPAZ le está
demostrando al país, cuando un Exguerrillero amnistiado y un Capitán Retirado
del Ejército, decidieron unirse para trabajar por una causa común: los
discapacitados por Conflicto Armado interno, creando y fortaleciendo día a día
espacios terapéuticos en donde la mirada y el reconocimiento mutuo como
personas y como ciudadanos con los cuales se comparten aspectos en común,
es el punto de partida para hacer parte de un proceso integral de paz en
Colombia.
La expresión discapacidad por Conflicto Armado interno, etimológicamente
nace en el marco de la búsqueda del reconocimiento de un tipo de
discapacidad muy particular, consecuencia palpable del Conflicto Armado
Interno en el país, registrada en el cuerpo y en la mente de los actores militares
armados.
Ante el actual gobierno son numerosas las inquietudes y expectativas que
rodean el planteamiento y el desarrollo de las políticas y acciones de la
administración nacional en representación de Álvaro Uribe Vélez frente al
Conflicto Armado Interno, pero más exactamente, en relación directa con los
187
actuales discapacitados por Conflicto Armado interno, sus familias y los actores
militares armados, en lo particular considero un panorama de incertidumbre y
duda.
La discapacidad por Conflicto Armado interno debe ser sin duda alguna tema
central de debate de actuales y futuros procesos de paz.
Aún las estadísticas que se manejan en el país sobre discapacidad son de
carácter muy general, no se identifica ni se categoriza la discapacidad
ocasionada por los enfrentamientos militares armados entre sus actores. Por
esta razón, el estudio descriptivo realizado por CONFEPAZ es un trabajo
significativo en la medida que logra mostrar las particularidades de este tipo de
discapacidad, la cual es adquirida bajo circunstancias de evidente presión y
hostilidad tanto física como psicológica.
Sin duda alguna, el aumento y el fortalecimiento del pie de fuerza han
aumentado las acciones y enfrentamientos armados entre las Fuerzas Militares
del Estado y las Organizaciones al Margen de la Ley, en consecuencia el
número de muertos y de heridos de parte y parte, también se ha incrementado.
La forma como el Estado en representación de sus Fuerzas Militares Armadas
difunde la información sobre sus “triunfos”, presentando número de heridos en
combate y de dados de baja, considero que ello resta e incluso, borra la
importancia de los efectos sociales que dichas acciones han tenido a lo largo
de la historia colombiana sobre quienes en carne propia han vivido las
atrocidades de estos combates, independientemente del bando al que
pertenezcan.
En total acuerdo con el pensamiento de CONFEPAZ “el Conflicto Armado
interno tiene graves consecuencias sobre los combatientes, sus familias y la
188
sociedad, y cualquier estrategia para evitar que la discapacidad causada por
acciones bélicas se transforme en un problema generalizado pasa por un
enfoque de prevención del Conflicto Armado Interno y por la solución política
negociada del conflicto interno que vive Colombia: La principal acción
preventiva de la discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno es el
logro de la paz”.
12.2 Conflicto Armado Interno en Colombia
Una lectura crítica de la situación de Conflicto Armado interno en el país
requiere una mirada integradora de la responsabilidad (por acción o por
omisión) del Estado, los actores armados y la sociedad en general, expresión
de la historia y la cultura colombiana, además, por supuesto, de las
problemáticas coyunturales emergentes producto de los procesos históricos
nacionales, locales regionales y globales.
Sin la intención de desconocer la importancia de los diferentes estudios sobre
el Conflicto Armado Interno en Colombia, mientras que no se cambie con la
actitud de indiferencia e insensibilidad social que caracteriza a la gran mayoría
de los colombianos, la utilidad de estos estudios se verá perdida.
Mientras que la voluntad política del Estado y de cada uno de sus
representantes no vuelque sus intenciones a favor del bien e interés general, la
real posibilidad de la paz en el país, se verá obstaculizada por la permanente
presencia de la bipolaridad.
12.3 Proceso de Reinserción
189
El proceso de reinserción debe ser también de carácter integral, es decir, que
aborde lo individual, lo familiar, lo político, lo jurídico, lo social, lo económico y
lo comunitario. La desmovilización que se considera como la acción voluntaria
de dejación a desarme de armas es tan sólo un primer paso, ésta debe ser
superada y pasar a un proceso real de reinserción en las diferentes instancias
de la sociedad y en las garantías del ejercicio y el cumplimiento tanto de
deberes como de derechos de quienes hacen parte de este proceso.
Aunque los ex militares con discapacidad por Conflicto Armado interno vivieron
esta experiencia, para ellos no se plantea un proceso de reinserción; puesto
que en el país este proceso está concebido para quienes actúan en la
clandestinidad, Sin embargo, se hace necesario para los militares en retiro
discapacitados que desde la institución militar, se les consolide y garantice
proyectos y alternativas de sostenibilidad económica más sólidas y duraderas
con mayor énfasis para quienes no logran la pensión. Finalmente, como
responsabilidad y respuesta social de la institución militar, es su deber resarcir
y recompensar a sus miembros.
Otro tema central en futuros procesos de paz que debe ser abordado en todas
sus dimensiones, es el replanteamiento de los proyectos que estructuran la
reinserción de quienes hicieron parte de las filas de organizaciones armadas al
margen de la ley.
Es de vital importancia tener en cuenta que con toda seguridad
estadísticamente pueden llegar a ser muy alto el número de miembros
desmovilizados (dejación voluntaria de armas) de grupos armados al margen
de la ley pero en realidad, ¿cuántas de estas personas llegan a reinsertarse en
todo sentido de nuevo a nuestra sociedad?
190
Para nadie es desconocido que los procesos de reinserción requieren de un
alto grado de inversión social, razón por la cual estas políticas deben ir
acompañadas por una gestión de financiación presupuestal de carácter
internacional.
Es necesario fortalecer los procesos de descentralización de los programas de
reinserción, con el fin de ser más eficientes y eficaces en la implementación de
los programas a nivel nacional y regional.
Abordar la temática y las dificultades que son propias de los procesos de
reinserción de grupos al margen de la ley en un país como Colombia, el cual
históricamente se ha caracterizado por la fuerte influencia y determinación de
los intereses políticos y económicos, hace que dichos procesos sean cada vez
más complejos. Por ejemplo, es claro que durante la administración de Andrés
Pastrana el proceso de reinserción en el marco de los fallidos diálogos de paz,
se enfocaron a las Organizaciones Guerrilleras de las FARC y el ELN con
reconocimiento político en aquel período y, en el caso del actual presidente, es
evidente la orientación hacia las Organizaciones Paramilitares y de las
Autodefensas.
De la exitosa reinserción de quienes abandonaron las filas guerrilleras y
paramilitares depende en buena medida que se logre la paz.
La diferencia entre hacer bien esta reincorporación y hacerla mal es crucial
para definir cómo será el país después del Conflicto Armado Interno. . Lo que
el gobierno tiene realmente que demostrarle a la insurgencia y a la sociedad es
que la vida civil tiene oportunidades, no para ser un pobre más entre los
pobres. El reto de la reinserción es demostrar que se saca gente del Conflicto
Armado Interno para convertirlos en ciudadanos de primera.
191
Colombia tiene una experiencia de más de 15 años en reinserción, pero el
proceso con los paramilitares es tan peculiar que todo parece estarse haciendo
de nuevo con el método de ensayo-error y tratando de hacer camino al andar.
Pero, de todas las desmovilizaciones hechas hasta ahora esta es la que
representa mayor riesgo y suscita mayor escepticismo.
Es vital establecer desde un comienzo el límite de tiempo relacionado con la
duración del proceso de reinserción; puesto que éste no debe por ningún
motivo convertirse en asistencialismo permanente. Ello se logra con Políticas
Públicas claras y realizables que garanticen el desenvolvimiento social de los
colombianos en general y un aporte efectivo al desarrollo integral del país.
12.4 Red Social Institucional
Pese al funcionamiento de instituciones que brindan servicios de atención a
discapacitados, la especificidad de la discapacidad por Conflicto Armado
interno aún no es abordada con los componentes metodológicos que apunten
directamente a esta experiencia.
El lento o paulatino reconocimiento por parte del Estado y de sus instituciones,
origina que éstas pese a los esfuerzos realizados frente a esta problemática no
logren los resultados y el impacto social esperado. No cuentan con el respaldo
y el aval de políticas públicas que posibiliten programas integrales de
rehabilitación, a ello se suma, la dificultad de canalizar recursos económicos,
materiales y humanos, deber y responsabilidad del Estado como actor y
promotor directo del Conflicto Armado Interno en Colombia.
Las acciones de atención en salud para los reinsertados con discapacidad
originada por su actuación directa en los enfrentamientos armados en el país,
192
deben estar respaldadas, contempladas y articuladas en un marco de Políticas
Públicas de Atención en Salud y a su vez en un marco de Políticas Públicas de
Paz integrales, en las cuales el derecho al trabajo, a la recreación, al deporte, a
la vivienda, a la educación, a la alimentación, al vestido, a la libre expresión,
entre otros derechos, sean parte constitutiva de estas políticas.
El trabajo coordinado y articulado de la red social institucional es una exigencia
ineludible que representa un recurso potencial a la hora de emprender
acciones con verdadero impacto social, pues por ejemplo en el caso de los
reinsertados se encuentran niños(as), jóvenes, mujeres y hombres de
diferentes rangos de edades. Por ello, las acciones institucionales deben
considerar factores como este y otros de gran relevancia.
La actualización permanente de la base de datos en el caso de la población
reinsertada y sus familias, debe representar una herramienta potencializadora
de decisiones acertadas que le permitan al Régimen Subsidiado poner en
marcha de manera oportuna el proceso de aseguramiento en salud.
Unos canales adecuados de comunicación entre la red social institucional que
atiende las diferentes expresiones de los procesos de reinserción en lo local,
regional y nacional, permite que tanto a nivel institucional como la población
objeto de las acciones de atención, tengan conocimiento en doble vía sobre los
programas y beneficios y, a su vez puedan acceder a ellos.
Para poder garantizar y llevar a cabo un trabajo en red, es indispensable
conocer todos y cada uno de los programas y proyectos que implementa cada
una de las instituciones y organizaciones del Estado y privadas, pues este
previo conocimiento, permite por un lado sensibilizar y socializar a todos los
actores involucrados en este proceso para que así ellos puedan orientar más
clara y oportunamente a la población y, por otro lado, continuar en la búsqueda
193
incansable de lograr un trabajo coordinado y articulado que potencialice las
fortalezas y oportunidades de la red social en su conjunto y que no se continúe
presentando la ya acostumbrada rivalidad institucional caracterizada por la
consecución de un contrato o convenio interadministrativo.
En la estructura y en la dinámica institucional, es pertinente organizar
dependencias o áreas específicas de atención para la población objetivo y sus
problemáticas, con la finalidad de garantizar calidad y oportunidad en los
servicios establecidos y evitar la duplicidad de los mismos al interior de las
instituciones y a su vez entre la red social.
12.5 Proyección Metodológica de la Gerencia Social
Es necesario realizar estudios a nivel nacional acerca de la discapacidad por
Conflicto Armado interno en otras regiones y departamentos del país, ya que la
preocupante e imparable exposición o generalización deel Conflicto Armado
Interno está afectando considerablemente a los actores militares armados y a
la población en general.
Es prioritario enfoques de intervención que rompan con los esquemas que
conciben la discapacidad como inutilidad absoluta y desarrollar unos que
permitan (re) potencializar la productividad individual, familiar, grupal y
comunitaria bajo la promoción, protección de los derechos sociales, políticos y
económicos de quienes son ciudadanos con deberes y derechos.
El trabajo multidisciplinario es base fundamental para la construcción de
enfoques diferentes a los asistencialistas que, además de potencializar las
capacidades de esta población los haga partícipes – constructores y ponentes
de sus propias propuestas, pues nadie más que ellos mismos tienen
194
conocimiento de sus demandas y necesidades. Este trabajo de base requiere
del apoyo estatal, social e institucional como parte de su rehabilitación integral.
La búsqueda de diferentes medios de publicación o divulgación que develen la
problemática de la discapacidad por Conflicto Armado interno, permiten que la
sociedad en general se acerque a ella y la sensibilización haga parte del
proceso de responsabilidad social compartida.
A parte de apoyar y promover estudios como el realizado por CONFEPAZ, es
urgente la iniciación de una sistematización de la diversidad de información y
datos recopilados por algunas instituciones como el Batallón de Sanidad del
Ejército y las Fuerzas Armadas (Ejército – Armada – Fuerza Aérea y Policía)
con el objetivo de conformar un conjunto de información integrada y
actualizada.
Dentro del proceso de reinserción y rehabilitación integral, se encuentra la
vinculación y ubicación laboral de la población discapacitada, para hacer
realidad este obje tivo la participación del sector público y privado es esencial.
Consolidar una reflexión crítica y propositiva de un enfoque integral de salud
mental en situación de Conflicto Armado interno, apoya y fortalece todos y
cada uno de los esfuerzos realizados por diversidad de organizaciones
gubernamentales y privadas; puesto que hasta el momento se ha comenzado a
dimensionar a cabalidad las implicaciones emocionales, culturales, sociales y
económicas del Conflicto Armado Interno sobre la salud mental de una
sociedad.
El fortalecimiento (más no saturación) de las redes sociales de apoyo
progresivamente forma ciudadanos y comunidades más organizadas, que les
permite con mayor criterio y responsabilidad enfrentar sus problemáticas y a la
195
vez administrar y gestionar proyectos y demandas a nivel nacional, regional,
local e internacional.
Un enfoque sistémico de la sociedad abre un abanico de posibilidades frente a
la lectura y abordaje desde lo académico y lo profesional, porque éste
proporcionan elementos que articula e interconecta la diversidad de
escenarios, factores intervinientes, actores y problemática que la define e
igualmente, la conformación en complejas relaciones de red.
Es necesario realizar investigaciones de este tipo con perspectivas de género,
ya que de acuerdo con el Estudio Descriptivo sobre Discapacidad Física,
Psicológica y Laboral causada por el Conflicto Armado realizado por
CONFEPAZ, en el caso de exguerrilleros hay un 19% de mujeres y en ex
militares un 2%. Ello da cuenta de la participación o actuación de la mujer en
el Conflicto Armado Interno y que sin lugar a dudas bajo el lente de la
problemática de la discapacidad, adquiere matices y características
particulares para su vida individual y familiar.
La búsqueda de financiamiento y de recursos económicos de carácter
internacional, hace parte de las estrategias de fortalecimiento de la red social
institucional pública y privada que presta servicios a la población en mención.
El trabajo en red trae consigo un gran reto que es lograr encontrar el verdadero
sentido de este tipo de intervención social, es decir, primero encontrar la
esencia – el motor – el hilo conductor que paute y enlace la interconexión en
forma y dinámica de cada una de las redes y, segundo, articularlas e
integrarlas sin perder de vista las debilidades (disfuncionalidades) propias de
cada red; ello se va superando paulatinamente en un proceso de actuaciones
extensivas de la organización de la red (cambio 1) a una evolución hacia una
más funcional (cambio 2).
196
El perfil académico y profesional del Gerente Social para una intervención en
red hace un llamado al dinamismo, a la innovación, al cambio y al carácter
multifacético.
Bajo la misma mirada que se desarrolló cada uno de los componentes
centrales del ensayo, se plantea la propuesta de intervención desde la
Gerencia Social en Red que es abordada desde el marco teórico-
epistemológico de la Teoría General de los Sistemas, proyectada de forma
articulada e integrada en donde las redes se estructuran y se dinamizan en
espacios o áreas de trabajo en las cuales la Gerencia Social por su naturaleza
y perfil, históricamente ha logrado importantísimos aportes.
El recorrido conceptual, analítico y comparativo realizado por los conceptos de
Conflicto Armado interno , reinserción y planes de atención en salud para la
población discapacitada desde la mirada integral que brinda la Gerencia Social,
permite tener con claridad el primer lugar un panorama general, las fortalezas y
debilidades de la problemática en mención y, en segundo lugar la comprensión
histórica y holística de la situación del país.
Se debe sensibilizar a servidores públicos, entes territoriales, sector privado
(gremios y empresa privada), sociedad civil y comunidad internacional, con el
objeto de integrar nuevos actores a los procesos de reinserción, partiendo de
las necesidades actuales de los programas.
Con la finalidad de garantizar la transparencia y el conocimiento público de la
temática en mención, difundir de forma amplia, clara y oportuna tanto las
decisiones que se proyectan tomar como de los documentos resultados de los
distintos debates.
197
Con la finalidad de garantizar que el impacto de las decisiones y lineamientos
que se definen desde el gobierno nacional, se implementen en lo local y lo
regional, se debe revisar y evaluar las competencias que lo entes territoriales
tienen frente a la prestación de los servicios de salud y otras responsabilidades
que les atañe con relación a los procesos de reinserción; ya que el impacto de
una Política Pública debe reflejarse a lo largo y ancho del territorio nacional.
Un diagnóstico actualizado de la situación real y de las diversas características
de los procesos de reinserción y de su población objetivo, constituye una
herramienta de intervención central a la hora de tomar decisiones y diseñar
Políticas Públicas acordes y acertadas.
La intervención de la Gerencia Social debe garantizar la promoción, el
fortalecimiento y la puesta en marcha de mecanismos de control en sus
diferentes niveles, para que el espacio de atención a esta población no se
convierta una vez más en la oportunidad para la corrupción en sus ya
conocidas modalidades.
Se plantea una propuesta metodológica de intervención desde la Gerencia
Social con un Enfoque Integral de Salud Mental en un Contexto de Conflicto
Armado interno, con la finalidad de reconocer y abordar la discapacidad por
Conflicto Armado interno, como una categoría central en este trabajo que
incluye sin discriminación ni distinción alguna a que bando armado se ha
pertenecido; pues en la construcción de la paz todos somos co responsables y
partícipes de este hecho.
12.6 Políticas Públicas de Atención en Salud
198
Este trabajo no pretende en ningún momento plantear generalizaciones o
inferencias absolutas acerca de la problemática de la discapacidad por
Conflicto Armado interno y sus expresiones en la sociedad colombiana. Se
busca un acercamiento o aproximación que logre sacar a la luz pública esta
problemática y quitarle el velo que hasta ahora la ocultaba a los ojos del
Estado y la sociedad.
En términos generales, los planes nacionales de atención a la población
discapacitada de las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, se
encuentran bien concebidos, claro está, de acuerdo a las diferentes políticas
de sus respectivos gobiernos. Sin embargo, es evidente que cada uno es el
resultado de una Política de Gobierno y no de una Política de Estado, es en
este aspecto donde precisamente radica las principales falencias y quiebres de
los fallidos intentos de construir y consolidar políticas públicas de carácter
social en el país.
Es preciso diseñar políticas públicas y acciones de diferente nivel antes y no
después de la reinserción, pues con el objeto de lograr desde un inicio el éxito
de este tipo de procesos, se hace necesario garantizar con anterioridad
condiciones sociales, políticas y económicas sólidas, de lo contrario, esta
población llegaría a sumarse a la gruesa capa de colombianos con difíciles
condiciones de vida por la caótica situación por la que hace ya un largo tiempo
viene atravesando el país.
Es evidente las notorias diferencias entre las Políticas Públicas en Salud para
la Atención de la Población Discapacitada del país en los gobiernos de
Pastrana y Uribe, pues ellas son la expresión de las diferentes condiciones
internas y externas que las rodeaban. Las más relevantes son:
199
MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Los riesgos y eventos negativos se atienden individualmente.
La atención de riesgos y eventos negativos se enfoca al hogar o grupo familiar.
Privilegia el sistema público en el manejo del riesgo.
Se fundamenta en la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Integra las medidas informales y de mercado.
Fragmentada como componentes y se concibe a partir de programas y no de riesgos.
Busca articular la Protección Social en un sistema y se concibe a partir de fuentes de riesgos y estrategias.
En países pobres la reducción de riesgos es un gasto superfluo; sólo cuando se concretan en eventos negativos se invierte algo para superarlos.
La visión integral del individuo y de los riesgos permite diseñar proyectos integrales de prevención, mitigación y superación.
La mitigación de riesgos sólo es accesible para individuos que tienen capacidad de ahorro o empleo formal.
La eficacia de la mitigación depende de:
• La integración de ésta con las estrategias de reducción y superación.
• El manejo bajo una óptica social del riesgo, donde sean responsables las instituciones sociales y las del Estado.
La asistencia social entiende la solidaridad como caridad.
La red articulada de Protección Social actúa por solidaridad, entendida como responsabilidad del otro.
Las redes de Protección Social sólo deben impulsarse en caso de crisis profunda.
La red de Protección Social y el Sistema de Protección Social, funciona en todos los tiempos, con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables crónicos o pobres, vulnerables transitorios y en circunstancias especiales.
Se debe crear un mecanismo que logre garantizar el paso del reinsertado del
Régimen Subsidiado como población especial que recibe servicios de salud a
la atención como ciudadano, ello como parte del proceso integral de
reinserción a la vida civil.
Las acciones de atención en salud en algunos casos debe ser extendida y/o
trasladada a los albergues donde transitoriamente vive la población
reinsertada, pues es necesario potencializar y aprovechar este espacio en
beneficio del proceso de reinserción como un escenario de acciones de
200
prevención, formación y reconciliación individual, grupal y comunitaria. En otros
casos, será necesario para quienes son discapacitados de Conflicto Armado
interno ser atendidos allí o remitidos a los centros de atención o rehabilitación
pertinentes e incluso, al retornar a sus lugares de origen garantizar que tanto el
reinsertado como su familia puedan acceder a los servicios de salud y de esta
manera completar su proceso de recuperación integral en salud.
Se hace necesario ampliar el tiempo de cobertura de la carta de atención en
salud para la población en proceso de reinserción, puesto que se ha visto que
los 3 meses no son suficientes para dar cumplimiento satisfactorio a este
proceso.
Las Políticas Públicas de Atención en Salud y en general las diferentes
políticas por sectores que requiere la atención integral de la población
reinsertada del país, deben ser apoyadas por mecanismos y organizaciones de
Cooperación Internacional, que promuevan acciones en diversos órdenes y
logren en alguna medida garantizar la sostenibilidad de estos procesos,
además, que represente una vía que muestre a la comunidad internacional la
situación real del país en todas y cada una de sus dimensiones.
Es prioritario que el Régimen Subsidiado en Salud continúe asumiendo el reto
y la responsabilidad que implica la atención a la población reinsertada y a sus
familias, representando este un aporte social a la paz del país. El asumir este
proceso le exige que como es de conocimiento público al Régimen Subsidiado,
realizar ajustes en su estructura y dinámica organizacional en beneficio al
derecho a la salud de todos los colombianos que a través de este régimen
acceden a los servicios médicos y hospitalarios.
Es pertinente identificar y particularizar en el marco de las Políticas Públicas en
Salud las acciones, programas y proyectos de acuerdo al grupo poblacional a
201
atender, lo cual requiere un esquema de abordaje que responda a las
características, demandas y necesidades de cada uno de los grupos
poblacionales.
Las Políticas Públicas Sociales para los diferentes sectores y problemáticas
reconocidas como socialmente relevantes, son sin duda alguna el reflejo del
enfoque y de los intereses de la administración de turno. De esta condición no
se exceptúan los lineamientos diseñados para los procesos de reinserción y es
allí donde se expresa la idea equivocada y persistente de continuar
administrando el país con Políticas de Gobierno y no con Políticas de Estado,
originando permanentemente rupturas con un alto costo social para los
colombianos.
Debido a la complejidad que a lo largo de la historia ha caracterizado el
acontecer político, social y económico del país, en el cual el rol de la mujer ha
trascendido de lo privado a lo público, surge la necesidad que el caso de las
Políticas Públicas de Atención en Reinserción y Políticas Sociales, éstas
posean una clara Perspectiva de Género, pues es evidente la participación de
la mujer en el Conflicto Armado Interno.
Las Políticas Públicas para la atención de la población y de la temática en
mención, debe contemplar un componente de comunicación y de información
claro, veraz y oportuno que en el caso particular de los excombatientes,
conozcan no sólo los posibles beneficios sino también los riesgos y dificultades
que su decisión puede representar para su vida individual y familiar.
En algunos casos cada una de las Políticas de Atención además de ser
integrales, deben ser extensivas a las familias sobre todo en los casos
especiales de protección, seguridad e incapacidad permanente.
202
Se realiza un recorrido general por las Políticas Públicas de Atención que se
determinan desde los procesos de reinserción a la población excombatiente de
los grupos al margen de la ley, e igualmente, se hace un énfasis especial en
las Políticas Públicas en Salud tanto para la población reinsertada
discapacitada, por la categoría de abordar desde la Gerencia Social y la
Administración Pública, una particular discapacidad como la que es causada
por la actuación directa en lo enfrentamientos militares en un escenario de
confrontación armada.
Uno de los avances más significativos que se plantean en la actual Política
Pública Nacional de Discapacidad, se encuentra relacionado con el
reconocimiento desde la misma de la discapacidad como problema social y en
el cual el enfoque dirigido al Manejo Social del Riesgo, posiciona el Conflicto
Armado Interno en el escenario de lo macro y con un alto grado de
vulnerabilidad de quienes por diferentes circunstancias se encuentran allí. Por
consiguiente, exige que las acciones de atención en salud se encuentren
enfocadas hacia esta misma dirección.
Es importante estar alerta y llevar a cabo un seguimiento sobre esta política,
pues es necesario que ésta trascienda de la atención netamente médica y de
la afiliación el Régimen Subsidiado, a una política integral de rehabilitación e
integración a la sociedad con la participación conjunta del Estado y la sociedad
del país a través del trabajo en redes sociales, tanto para la población en
general con discapacidad y en particular para la población reinsertada que
lleva registrada en su cuerpo y en su mente las secuelas y su paso por el
Conflicto Armado Interno .
Las ONGs, las Entidades Gubernamentales y las Cooperaciones
Internacionales, deben intervenir en la atención a la población con
discapacidad en el contexto del Conflicto Armado Interno del país, porque no
203
es tan sólo los actores militares armados los afectados en su salud por las
confrontaciones y enfrentamientos bélicos, sino también la población en
general lo cual se traduce en la configuración de una problemática de alta
relevancia social y política que implica la decisión y la actuación del Estado y
de la Sociedad desde sus diferentes frentes y dimensiones.
La discapacidad debe tener no sólo la definición de la política, sino también las
condiciones de la decisión de actuar con armas en forma ilegal, porque el
definir que todo lo que sucede como producto, efecto o impacto del Conflicto
Interno es responsabilidad del Estado o de la Sociedad, entonces, ¿en dónde
queda la responsabilidad individual?.
Es claro que este trabajo representa una invitación abierta a continuar
realizando este tipo de abordajes y aportes desde la Gerencia Social con sus
diversos e importantes frentes de trabajo; ya que la construcción del
conocimiento sobre la sociedad, el Estado y sus problemáticas sociales es de
carácter permanente y dinámico.
Es pertinente y fundamental resaltar que el tipo de temas y problemáticas
abordadas en el desarrollo de este trabajo, el Derecho Internacional
Humanitario y los Convenios o Tratados Internacionales, son sin lugar a dudas,
escenarios y actores que juegan un papel determinante a la hora de poner en
marcha esta clase de Políticas Públicas en nuestro país.