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SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS/UNIVERSIDAD DE EL
SALVADOR
PROYECTO: “PROMOCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE
CONSULTORÍAS GRATUITAS”
SEMINARIO-TALLER
“INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS
CONSULTORIOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS EN EL
SALVADOR”
San Salvador, 28 de Abril de 2011
INDICE
Contenido Pág.
I. GENERALIDADES……………………………………………………………………………………………….. 1
1. Antecedentes……………………………………………….…………………….……………………… 1
2. Objetivos……………………………………………………………………………….………………….. 1
3. Desarrollo del proyecto……………………………..……………………………..……………….. 2
4. Área de cobertura de realización del estudio…………..………………………............. 2
5. Metodología utilizada……………………………………………………..………………………….. 2
II. SEMINARIO TALLER…………………………………………………………………………………………... 3
1. Objetivos…………………………………………………………………………………………………….. 3
1.1 Objetivo general……………………………………………………………………............ 4
1.2 Objetivo especifico………………………………………………………………………….. 4
2. Desarrollo del seminario taller…………………………………………………………………… 4
2.1 Metodología………………………………………………………………………………….. 4
3. Conferencias iníciales………………………………………………………………………………… 5
3.1 Experiencia del consultorio jurídico en Uruguay………………………………… 5
3.2 El nuevo sistema procesal………………………………………………….…………… 8
4. Metodología del taller………………………………………………………………………………… 17
4.1 Formación de equipos……………………………………………………………………. 17
4.2 Temática a desarrollar……………………………………………………………………. 18
4.3 Evaluación de la organización, análisis FODA…………………………………… 18
4.4 Consideraciones previas…………………………………………………………………… 18
5. Propuestas para el análisis FODA………………………………………………………………… 19
5.1 Fortalezas………………………………………………………………………………………… 19
5.2 Oportunidades………………………………………………………………………………… 20
5.3 Debilidades……………………………………………………………………………………… 21
5.4 Amenazas………………………………………………………………………………………… 22
6. Técnicas del taller……………………………………………………………………………………… 23
7. Procedimiento………………………………………………………………………………………….. 24
8. Aportes de los asistentes…………………………………………………………………………… 25
8.1 Equipo nº 1……………………………………………………………………….……………. 25
8.2 Equipo nº 2………………………………………………………………………………………. 28
8.3 Equipo nº 3………………………………………………………………………………………. 28
8.4 Equipo nº 4………………………………………………………………………………………. 31
8.5 Equipo nº 5………………………………………………………………………………………. 32
8.6 Equipo nº 6………………………………………………………………………………………. 32
8.7 Equipo nº 7……………………………………………………………………………………… 34
9. Conferencia vespertina.................................................................................. 37
10. Directrices para los consultorios jurídicos universitarios Licenciado
Martín Rogel Zepeda……………………………………………………………………………….…
42
11. Conclusión final del taller…………………………………………………………………………… 48
III. ESTRATEGIAS APLICABLES A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS UNIVERSITARIOS 48
1. Organización y funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Universitarios… 48
1.1 Organización……………………………………………………………………………………. 49
1.2 Funcionamiento………………………………………………………………………………. 49
1.2.1 Selección del caso…………………………………………………………………. 49
2. Los servicios ofrecidos………………………………………………………………………………… 51
2.1 Asesorías………………………………………………………………………………………… 51
2.2 Acciones judiciales…………………………………………………………………………… 51
3. Métodos o formas utilizadas para el monitoreo de casos……………………………… 53
4. Estrategias a seguir a partir del FODA………………………………………………………… 53
IV. ESTADISTICAS DE CASOS LLEVADOS POR LOS CONSULTORIOS JURIDICOS UNIVERSITARIOS Y ESTIMADO DE CUANTO ECONOMICAMENTE REPRESENTA LA LABOR SOCIAL QUE LOS MISMOS REALIZAN……………………………………………….
54
V. NORMATIVA QUE AUTORIZA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS……………………. 55
1. Constitución de la República……………………………………………………………………… 55
2. Ley Orgánica Judicial…………………………………………………………………………………… 67
3. Código Tributario………………………………………………………………………………………… 68
4. Ley del Registro y control especial de contribuyentes al fisco……………………… 69
5. Ley General de Educación…………………………………………………………………………… 69
6. Ley de Educación Superior…………………………………………………………………………… 70
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INFORME
SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS/UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
PROYECTO: “PROMOCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ASISTENCIA A GRUPOS
VULNERABLES A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS GRATUITAS”
I. GENERALIDADES
1. Antecedentes
La presente consultaría se enmarca en la Estrategia de Acceso a la Justicia del Departamento
de Programas Jurídicos Especiales que la Secretaría General de la OEA, que tiene por objeto
establecer actividades de cooperación entre la Organización de los Estados Americanos (OEA)
y los Estados miembros en materia de fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia
para los sectores más desfavorecidos del país, para su ejecución.
De acuerdo a ese objetivo se ejecuta el proyecto denominado Promoción de acceso a la
justicia y asistencia jurídica a grupos vulnerables a través de consultarías gratuitas,
desarrollado por la Oficina de Asistencia Jurídica a la Comunidad ( Socorro Jurídico) de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador
Sin perjuicio de otros proyectos en desarrollo, uno de los propósitos es identificar limitantes
y potencialidades de los Consultorios Jurídicos Universitarios, a fin de mejorar el acceso a la
justicia de grupos desfavorecidos por motivos de pobreza, discapacidad o marginación del
poder. Para ello, como primer paso resulta necesaria la elaboración del presente documento
que recolecta sistematizadamente las experiencias, prácticas, carencias y desafíos de los
consultorios legales universitarios de todo el país, para identificar los requerimientos para su
fortalecimiento y crecimiento, y de ese modo formular propuestas para mejorar su
desempeño.
2. Objetivos
En la presente consultoría se pretende realizar un instrumento en el cual se sistematice la
experiencia en el área de los consultorios jurídicos universitarios de El Salvador, en dicho
instrumento se destacará, los aspectos siguientes:
a) Las diversas formas de funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Universitarios.
b) Los servicios ofrecidos
2
c) Mejores prácticas en el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Universitarios
Salvadoreños.
d) La normativa de carácter administrativo, procesal y fiscal (entre otras) que faciliten,
autoricen y regulen a estos Consultorios;
e) Las experiencias, resultados obtenidos, carencias constatadas, aspectos destacables y
oportunidades de mejora;
f) Identificar la normativa de cualquier materia o naturaleza que considere que limite o
cree barreras de acceso a la justicia a grupos vulnerables.
g) Cuadro comparativo de las respuestas pronunciadas por los representantes de los
diferentes Consultorios Jurídicos.
h) Ponencias realizadas en el taller.
3. Desarrollo del proyecto.
Para la ejecución del presente documento se realizaron las siguientes actividades:
i. Descripción de la más relevante normativa nacional vigente en materia de
funcionamiento de consultorios jurídicos universitarios.
ii. Se convoco a representantes de las universidades del país, públicas y privadas
(docentes, especialistas, e incluso estudiantes), que laboren en consultorios jurídicos
gratuitos a un taller en el que se compartió experiencias desde un análisis FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
iii. Asimismo, se recabarán experiencias respecto a sistemas de monitoreo y seguimiento
estadístico de casos, así como mecanismos de control de gestión, y se procurará
encontrar un mecanismo efectivo a implementar en el caso de que no existan.
4. Área de cobertura de realización del estudio
La consultoría se ejecutará tomando en cuenta todas las universidades que sirven la carrera
de Ciencias Jurídicas y cuenten con consultorios jurídicos gratuitos o Centros de Práctica
Jurídica de sus estudiantes o graduados.
5. Metodología utilizada
La consultoría para el presente documento se realizó en cuatro etapas en las que se
distribuyeron las diversas fases o actividades. La primera fase consistió en la recopilación y
sistematización de información sobre la normativa legal y doctrinaria que incide en los
servicios que prestan las consultorías gratuitas de las universidades de El Salvador así como
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en el análisis de la más relevante normativa nacional vigente que regula las consultorías
jurídicas universitarias; en la segunda fase se realizaron las reuniones semanales necesarias
con la coordinación del proyecto para organizar, planear y desarrollar un taller con la
intervención de los representantes de los distintos consultorios jurídicos universitarios del
país.
La tercera fase consistió en el desarrollo del taller denominado “Intercambio de experiencias
de Consultorios jurídicos universitarios” el cual se realizó en un día en jornada completa de
discusión de temas relevantes que repercuten en las actividades de las consultorías jurídicas
universitarias, específicamente a través del desarrollo de un análisis FODA, con la
intervención de equipos multidisciplinarios de las consultorías jurídicas de las distintas
universidades de todo el país. En la cuarta fase se hizo el análisis de los resultados obtenidos
en el taller sistematizando en el presente documento los resultados y conclusiones de la
jornada, incorporando el resumen de las aportaciones de los asistentes.
Con la información obtenida se elabora el presente documento, el cual se socializará en
jornadas de capacitación, sensibilización y promoción del consultorio a profesionales y
estudiantes vinculados con los Consultorios Jurídicos Universitarios y se incorporaran los
insumos que se obtengan.
II. SEMINARIO-TALLER
El seminario-taller “Intercambio de experiencias de los Consultorios Jurídicos Universitarios
en El Salvador”, se realizó el día treinta de noviembre del año dos mil diez, en las
instalaciones del Hotel Terraza salón Maya. Fueron invitadas veinticinco universidades y se
conto con la participación de quince universidades representativas y los miembros del
Centro de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
1. Objetivos
Para facilitar la aportación de ideas y sus análisis, manteniendo una visión compartida de las
experiencias, problemática, situaciones de los consultorios jurídicos Universitarios como
instituciones de extensión universitaria que limitan las barreras de acceso a la justicia a
determinados sectores de la población especialmente a los sectores más vulnerables se
formulan los siguientes objetivos:
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1.1 Objetivo General:
Recopilar información sobre las experiencias de los Consultorios Jurídicos de las distintas
universidades a nivel nacional, con relación al servicio jurídico prestado a la población por
medio de los sistemas de Práctica Jurídica o por medio de sus unidades de extensión de
oficinas de asistencia legal.
1.2 Objetivos Específicos:
i) Conocer el funcionamiento, desarrollo y aplicación de herramientas de los
consultorios jurídicos salvadoreños.
ii) Realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los
consultorios jurídicos universitarios que permita el planteamiento de propuestas
para la mejora de los servicios.
iii) Analizar los sistemas de control de calidad, uso de programas tecnológicos,
monitoreo y evaluación de los servicios prestados por los consultorios jurídicos en
ciertas universidades.
iv) Identificar los marcos institucionales y jurídicos que limiten el acceso a la justicia
pronta y efectiva a los grupos vulnerables de la sociedad salvadoreña.
v) Exponer las principales barreras de acceso a la justicia que enfrentan los grupos
vulnerables.
vi) Perspectivas en relación a los nuevos sistemas procesales.
2. Desarrollo del seminario-taller
El taller se inició con la intervención del señor Msc. Oscar Mauricio Duarte Vicedecano de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de El Salvador,
continuando con intervención del señor Msc. Raúl Antonio Chatara en su calidad de
coordinador del proyecto.
2.1 Metodología
Se realizó el seminario-taller con la participación activa de Coordinadores de los Consultorios
Jurídicos universitarios y de estudiantes en prácticas jurídicas o en su servicio social en donde
expondrán en comisiones de trabajo las principales experiencias de los consultorios,
identificando las fortalezas, debilidades, pero también las oportunidades y amenazas
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mediante la realización de la matriz FODA, siguiendo una guía de trabajo con aplicación a las
Herramientas del Metaplan; al mismo tiempo se realizará una consolidación, análisis y
exposición de los resultados.
En el seminario-taller contó con tres ponencias por especialistas orientadas a proporcionar
elementos a la concurrencia para concientizar a los representantes de los distintos
consultorios jurídicos de las innovaciones jurídicas y doctrinarias acerca de las funciones que
realizan los consultorios jurídicos universitarios, distribuyéndose dos conferencias al inicio a
cargo de el Dr. Gonzalo Uriarte Audi, en representación del Consultorio Jurídico de la Universidad
de la República del Uruguay y Msc. José Antonio Martínez, de nacionalidad salvadoreña,
catedrático Universitario, capacitador en el nuevo sistema procesal en El Salvador y una
conferencia al final impartida por el Señor Juez Licenciado Martín Rogel Zepeda, Presidente
del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
3. Conferencias iniciales
La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Uriarte Audi, quien expuso acerca de
la “La experiencia del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la República de
Uruguay” y la segunda se encomendó al Msc. José Antonio Martínez quien disertó sobre “El
nuevo sistema procesal, especial referencia a los consultorios jurídicos universitarios en el
acceso a la justicia para grupos vulnerables”.
3.1 “Experiencias del consultorio jurídico en Uruguay” Dr. Gonzalo Uriarte Audi
El Dr. Gonzalo Uriarte Audi baso su ponencia en relación a la experiencia del consultorio
jurídico de la facultad de derecho de la Universidad de la República de Uruguay, y en
resumen expresó lo siguiente:
Quiero resaltar alguna peculiaridades que tiene mi país desde el punto de vista de la
enseñanza del derecho tenemos dos particularidades fundamentales, por un lado que hasta
1974 hubo una única universidad en todo el país universidad de la república oficial y gratuita,
recién en el año de 1974 se abrió una segunda universidad y actualmente hay 6 universidades
privadas que cuentan con consultorios gratuitos hubo un instituto privado que fue clausurado
por las autoridades por no alcanzar el nivel mínimo exigido, estas 4 universidades privadas
tiene todas sus consultorios jurídicos y trabajan de forma similar la segunda particularidad es
que el título académico que por sí solo es habilitante para el ejercicio profesional no hay
examen o pasantía o tramite alguno porque el titulo lo otorga cualquiera de las universidades
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además esto se complementa con la asistencia letrada tanto en materia civil como en penal
desde el año 1961 solo una vez obtenido el título académico de abogado se debe prestar
juramento ante la Suprema Corte de Justicia de que se va a respetar la constitución y las leyes
y eso solo habilita para el ejercicio profesional y es con la asistencia letrada obligatoria no es
posible comparecer ante la justicia sin un letrado que lo patrocine estas dos particularidades
llevo la inexistencia de cualquier tipo de examen o pasantía o examen profesional mas el
requisito de cumplir la asistencia jurídico obligatoria que llevo a la necesidad de que la
enseñanzas de los aspectos prácticos de la profesión no solo los aspectos teóricos de las
materias sustanciales y adjetivas sino también lo que es el ejerció efectivo de la profesión
fuera asumido por la universidad como una materia mas con el mismo nivel y rango y
restantes materia jurídicas que se enseñan es así que nosotros desde el plan de estudios de
1958 tenemos una materia que se llama técnica forense antes se llamaba practica forense en
la cual se cursa en tres módulos: técnica forense I, II, III que dura un semestre cada una y la
ultima que es consultorio jurídico que dura un año curricular la cual está ubicada al final de la
carrera y es imprescindible cursada con la asistencia controlada y una aprobación de mínimo
o bueno cuando en el resto de las materia la nota de aprobación es regular y sin cursar o
aprobar técnica forense III o sin haber cursado el consultorio jurídico nadie puede recibirse de
abogado esto hace que exista en la universidad de la república 14 grupos de técnica forense
cada uno con aproximadamente treinta alumnos y cada grupo cuenta con el profesor titular
un par de ayudantes y algunos aspirantes, la calidad de docente de técnica forense es similar
de la misma jerarquía de cualquier docente de asignaturas jurídicas que conducen, de la
misma manera que señalaba el Lic. Chatara el consultor cumple con una doble función, por
un lado la formación del estudiante parecería imprescindible que quien va a ejercer la
profesión tenga un mínimo de ejercicio profesional antes de obtener el título como forma de
experiencia imprescindible para el ejercicio profesional sería imposible pensar que alguien
podría ejercer de medico sin haber estudiado antes en un hospital y empezar a ejercer bajo la
dirección de su imagen lo que luego será su profesión, ah esto puramente docente
pedagógico se suma el segundo aspecto que es la asistencia jurídica como devolución a la
comunidad de lo que la comunidad aporta a la universidad del país, la nuestra es gratuita por
lo tanto es una forma de devolución de la sociedad para darles el trato de sus recursos para
darlo a la universidad de la república esto además no solo es una actividad que se haga por
mera solidaridad sino también está expuesta por las leyes orgánicas la ley orgánica del 58
que establece como unas de las misiones imprescindibles de la universidad la exención
universitaria parte la exención universitaria es devolución a través de consultorios jurídicos a
la sociedad de aquellos que han recibido los estímulos, el consultorio jurídico funciona por los
cursos de clase desde marzo a noviembre de cada año y entre desde mediados de noviembre
y mediados de marzo que se renuevan las clases el consultorio con todo sus funcionarios con
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las mayoría de asistentes que son abogados siguen los asuntos en trámite y concurren con las
audiencias y realizan todos los escritos de los asuntos que ya están en trámite no se admiten
nuevos asuntos los nuevos se empiezan a recibir a partir del primero de marzo y se establece
una nueva agenda en la cual a cada grupo de técnica forense funciona durante seis horas
semanales de las cuales 4 horas se dedican a la atención de los consultantes y las 2 restantes
a temas a resolver problemas de los asuntos que tenemos en trámites que no han podido ser
resueltos en la 4 horas en las que se atiende a la población, la inspección para ser atendido se
realiza en las oficinas del consultorio se identifican 4 lugares por cada día de atención de
grupo para 14 grupos de técnica forense nos da 82 consultorios semanales esa es la
diferencia en el momento en que se anota esa persona o el momento en que efectivamente es
atendido oscila entre tres semanas y un mes según las veces en periodos que no hayan
exámenes, pero es entre 20 o 30 días es el momento en el cual es recibido en el consultorio en
el tema de admisiones de los ingresos de las personas no rebasen determinado limite
aproximadamente $450 según su situación familiar que puede marcarse con cierta
flexibilidad según el interés docente que tenga relación, el día que es recibido el consultante
pasa directamente a la clase y delante de la clase es entrevistado por el estudiante al que se
le asigno ese caso luego que el estudiante agota la entrevista o lo que considera es parte de
la entrevista permitimos que el resto de la clase haga sus preguntas finalizada esa etapa el
docente si cree que hay algún elemento practico permitido al interrogatorio lo hace el único
de lo cual se le pide al consultante que se retire a la sala de los asistentes durante esa
entrevista ni los estudiantes ni los docentes damos respuesta u opiniones sobre el camino a
seguir simplemente es una entrevista en la cual se recaba toda la información necesaria
luego el consultante vuelve a la sala de espera y el grupo delibera sobre el paso a seguir sobre
los elementos de prueba que vamos a necesitar que cosas nos debe aportar el consultante y
luego de decidido en el colectivo por la dirección por el titular del grupo lo que vamos a hacer
es que el estudiante que tiene asignado el caso vuelve al consultorio habla directamente con
su consultante y a partir de ahí pasa a ser su cliente cada consultante tiene una tarjeta donde
figura su número de asunto, el grupo al cual fue asignado, en lo sucesivo cuando tiene que
hablar con el estudiante se presenta al consultorio ahí lo adaptamos y dejamos al estudiante
para que lo atienda, ya no hay mas contacto directo del docente con el consultante eso queda
todo a cargo del estudiante por supuesto los docentes encargados de corregir los escritos
firmados es necesario una firma letrada y por supuesto acompañar al consultante y al
estudiante a las audiencias que correspondan ante estos, de los 82 consultantes que
agendamos para atender hay una deserción de aproximadamente 10% debido a diversas
circunstancias entre otros consultorios tienen un horario extensivo de atención en el publico
de 8 a 12 y de 17:30 a 22:00 a veces los estudiantes faltan por su edad, por su situación pero
no es más la deserción de la agenda y los atendidos, de esos consultantes efectivamente
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atendidos en algunos casos que en algunos casos que la consulta es mínima queda agotado
la atención, porque necesitaban nada mas algún consejo jurídico o una idea o que paso seguir
y nada más, aproximadamente un 40% de consultas se transforma en un servicio indicio con
trámite administrativo que tenemos que seguir y patrocinar en estos años pasados tenemos
un porcentaje de algo más de 2000 consultantes y algo así como 800 o 900 carpetas …..al
comienzo del año cada estudiante recibe las carpetas y a lo largo del año va recibiendo sus
carpetas nuevas de forma tal que cada estudiante recibe como mínimo 10 carpetas de
asuntos entrantes de años anteriores y va a atender aproximadamente unas diez personas de
las cuales va a seguir asuntos.
3.2 “El nuevo sistema procesal” Msc. José Antonio Martínez
El Msc. José Antonio Martínez se refirió al nuevo sistema procesal, con especial referencia a
los consultorios jurídicos universitarios en el acceso a la justicia para grupos vulnerables.
Entre los temas destacados están las garantías constitucionales, las garantías procesales, la
capacidad en el proceso, la actividad procesal y una breve referencia al tema de la prueba en
el proceso civil y mercantil y en resumen expresó lo siguiente:
El derecho procesal civil constituye la base del derecho procesal en general, en virtud de que
es el proceso común a partir del cual derivan las demás ramas del derecho procesal, en
consecuencia el Código Procesal Civil y Mercantil cuya vigencia inicio el pasado uno de julio
tiene incidencias directas en todas las instituciones relacionadas con el quehacer jurídico por
tanto el nuevo código incide sustancialmente en los consultorios jurídicos universitarios ya
que está íntimamente ligado con las funciones propias de estos consultorios.
La incidencia deriva directamente por las instituciones jurídicas procesales reguladas en el
Código Procesal Civil y Mercantil, que se desprenden en todo caso de la regulación
constitucional, así podemos referirnos a instituciones de rango constitucional vinculadas con
los servicios que prestan los consultorios jurídicos universitarios a personas consideradas
miembros de grupos vulnerables para facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva.
Garantías constitucionales
Las garantías constitucionales constituyen los mecanismos que protegen y garantizan el
cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Dentro del catálogo de
garantías constitucionales, en esta ocasión hacemos énfasis en la garantía constitucional del
debido proceso legal, también llamado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia proceso constitucionalmente configurado y los procesalistas modernos le
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denominan “proceso justo” que es aquel proceso jurisdiccional que en su desarrollo se
observa el cumplimiento de todas las garantías constitucionales y procesales así como el
respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del justiciable.
La garantía constitucional en comento está desarrollada en distintas disposiciones del Código
Procesal Civil y Mercantil como garantías procesales reguladas en los principios rectores del
Código Procesal Civil y Mercantil, por tanto es necesario diferenciar las dos concepciones que
se tiene acerca del proceso en general a partir de dos corrientes principales:
a) Corriente Liberal
El proceso se desarrolla según la necesidad, esto implica que el juez responde a las demandas
de las partes, éstos deciden la velocidad del proceso, el proceso está construido para las
partes y no para la administración del juez, es decir, que las partes piden, el juez resuelve, el
proceso está basado en la escrituralidad y la separación juez-partes, ya que el juez no conoce
el drama del conflicto para preservar su imparcialidad frente al caso cuya característica
esencial consiste en que el proceso es lento y burocrático.
b) Corriente Autoritaria
Desde el inicio las partes tienen que mostrar todas las herramientas procesales con que
cuentan para el debate, además se sustenta en la prueba habida y descubierta. El juez está
dotado de poderes oficiosos para dirigir la vida del proceso desde el principio hasta el final,
además no requiere impulso de parte, la celeridad depende del juez, el juez es el delegado del
Estado, no de los particulares, para resolver el conflicto, acá el juez asume una intervención
activa y útil; hay una concepción publicista del proceso, es decir, que se basa en el sistema de
audiencias, bajo los principios de inmediación, concentración, eventualidad, publicidad y
celeridad, en esta corriente la característica esencial es que se simplifica y acelera el proceso.
En todo caso, las partes tienen el poder para disponer de la relación material en litigio, pero
este poder no es extensivo al proceso. Las partes no pueden atiborrar los despachos judiciales
de expedientes, por un tiempo más largo, que aquél que el juez considere suficiente para
hacer justicia. Las partes fijan el inicio y la meta de su viaje, pero la navegación hacia la meta
buscada le corresponde al juez, el juez espectador debe superarse por el juez dinámico y
protagonista de su tiempo. El traslado del proceso escrito al proceso por audiencia requiere:
Del juez inerte al juez dinámico.
Del juez espectador al juez de las audiencias.
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De la admisión de la demanda, al juez de la calificación previa.
Del impulso de parte al impulso de oficio.
De la sorpresa al orden en la prueba.
Sus estilos y criterios atrapados en el tiempo y en la forma, impiden mirar más allá de la
literalidad de la norma, lo que implica ceguera intelectual que siempre encuentra justificación
para proteger la razón de ser del derecho “la justicia”. Necesitamos jueces con alma, que
sepan llevar con humano y diligente empeño la enorme responsabilidad de hacer justicia.
Principios del Código Procesal Civil y Mercantil
1. Derecho de Acceso a la Justicia.
Este principio abarca dos clases de temas:
a) Los concernientes a la organización judicial.
b) Los derivados de la legislación operativa.
Pretende conciliar el divorcio entre la realidad que viven los justiciables y las normas
procesales.
El acceso a la justicia implica que el individuo pueda requerir la realización del derecho
material y solución de conflictos mediante la administración de justicia, es decir, que los
ciudadanos pueden ejercer sus derechos y/o solucionar sus conflictos por medio del Estado,
art. 1 CPCM.
Obstáculos:
a) Desigualdad natural, ventaja para uno y desventaja para otro.
b) Prolongada duración en el tiempo de los juicios.
c) Alto costo de los procedimientos.
d) Ausencia de una infraestructura adecuada para el funcionamiento de la administración de
justicia.
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2. Igualdad de las Partes Litigantes.
Es el carácter dual del proceso, por eso también se llama principio de bilateralidad de la
relación jurídica.
Dos posiciones antagónicas respecto de una misma cuestión.
Pretende que el debate se efectúe en pie de perfecta igualdad o paridad de
oportunidades y de audiencia, se enuncia como el trato igual a sujetos iguales y
desigual respecto de sujetos desiguales, arts. 3 Cn. y 5 CPCM.
3. Principio Dispositivo, art. 6 CPCM.
El sistema dispositivo, por su parte, implica que el actor es el que inicia el proceso y lo impulsa
cumpliendo actividad procesal al efecto. Además tiene el poder de renunciar a ciertos actos
del proceso. Resulta claro entonces que el poder de las partes se manifiesta como regla
general en la facultad de disposición de la relación jurídico procesal, en esta idea decimos que
lo dispositivo se manifiesta en tres aspectos fundamentalmente:
a) en las facultades de las partes referidas al impulso inicial y posterior,
b) a la disponibilidad del objeto litigioso y
c) a la aportación de las pruebas.
El impulso procesal inicial es una facultad de las partes quienes son soberanas en decidir su
conveniencia y oportunidad. Además ellas tienen la disponibilidad de la suerte del proceso y
de algunos de los actos que lo integran.
4. Principio de Aportación de Parte, art. 7 CPCM
Sólo las partes pueden proponer hechos para su juzgamiento, los hechos no aportados por las
partes, no pueden, ni deben ser tomados en cuenta al pronunciar el fallo, la proposición y
práctica de los medios de prueba es exclusiva de las partes, la prueba para mejor proveer se
sustenta en la función jurisdiccional-intereses privados, existe el interés prioritario de la
obtención de la verdad.
5. Gratuidad de la justicia
Al referirnos a este principio debemos entender la gratuidad, en el sentido de que los
ciudadanos puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, que los demás
ciudadanos con posibilidades económicas. Sin embargo la gratuidad debe entenderse en
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forma relativa y no como una gratuidad absoluta debido a que el ciudadano necesariamente
debe incurrir en algunos costos por ejemplo: de desplazamiento, de documentación, y otros,
que son exclusivamente por cuenta del interesado. Por tanto debe entenderse la gratuidad en
relación a los costos del operador de justicia los cuales son por cuenta directa del estado;
indudablemente que la intervención del consultorio jurídico universitario es completamente
gratuito, lo que facilita en gran medida el acceso eficaz y eficiente a la justicia por parte de
los justiciables que carecen de recursos económicos suficientes para intervenir en el proceso
jurisdiccional. Pero esta gratuidad generalmente concebida por todos los consultorios
jurídicos del país, debe ser acompañada con la prestación de un servicio de calidad, eficiente y
efectivo, de lo contrario la mismas diligencias se volverían un obstáculo de acceso a la justicia
de parte de grupos vulnerables por causa de pobreza, al igual que la existencia de
consultorios jurídicos sin un claro compromiso social.
La capacidad en el proceso
1. Capacidad para ser parte
La concepción de parte procesal modernamente ya no se refiere únicamente al demandante y al
demandado sino que se extiende a toda persona a quien le puedan alcanzar los efectos de la
resolución judicial y esa concepción es la que se recoge en el art. 58 CPCM no obstante que
normalmente el proceso surgirá como consecuencia de un conflicto intersubjetivo de
trascendencia jurídica y los titulares de esta relación jurídico material son las partes en el
proceso.
El primer paso en el estudio de la capacidad para ser parte se refiere a la aptitud para ser
titular de los derechos, cargas y obligaciones que se derivan de la realidad jurídica que es el
proceso, es decir las personas que resulten afectadas por la resolución judicial.
2. Capacidad procesal
Esta capacidad (que también se denomina de obrar procesal o de actuación procesal) alude
a la aptitud para realizar válidamente los actos procesales o, para comparecer en juicio. En
un sentido más moderno puede referirse a la capacidad para impetrar válidamente la
tutela judicial.
De la misma forma como en el derecho civil el titular de derechos y obligaciones (el capaz
jurídicamente) no siempre tiene capacidad para adquirir por sí los derechos, para
ejercitarlos o para asumir obligaciones (capacidad de obrar), en el derecho jurisdiccional no
todos los que tienen capacidad para ser parte tienen capacidad procesal.
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3. Capacidad de postulación
La capacidad de postulación consiste en la capacidad para obrar en el proceso es decir para
suscribir la demanda, la contestación, proponer prueba, controvertir prueba, interponer o
contestar recursos, etc. esta capacidad solo la poseen los abogados autorizados por la corte
suprema de justicia en los términos que regula el art. 67 del CPCM que al igual que en el
proceso de familia y en el proceso penal, se requiere de postulación técnica preceptiva es
decir procuración obligatoria. En este tema es de considerar la exigencia del CPCM que en el
art. 68 expresa que el poder para litigar deberá otorgarse por escritura pública, lo que
implica un costo adicional, ya que para el cumplimiento de dicha formalidad debe de
utilizarse los servicios de un notario, que implicará que cada oficina tenga que contar con un
notario y sufragar los honorarios de estos, por lo que habría que dosificarse dicha
disposición, para estos casos.
4. Capacidad de procesal
Aunque la capacidad procesal se define como la aptitud para realizar válidamente actos
procesales, los ordenamientos jurídicos no suelen permitir a las partes la realización por sí
misma de todos esos actos, sino que suelen exigir que se actúe por medio de un profesional
del derecho; aparece así la postulación procesal o capacidad de postulación. El legislador
considera que se defienden mejor los intereses de las partes si éstas han de actuar por medio
de una persona experta en derecho, la cual aparece como ente intermedio de relación entre
las partes y el órgano jurisdiccional. Y lo entiende hasta el extremo de configurarla, sí, como
un presupuesto procesal y por tanto de, carácter obligatorio, pero también como un derecho
fundamental del ciudadano.
La capacidad de postulación no comprende, sin embargo, todos los actos procesales. Lo
normal es que los actos de parte sean realizados por el procurador y/o el abogado, pero
existen necesarias excepciones derivadas (le la condición de personalísimos de ciertos actos,
los males han de realizarse personalmente por la parte o han de realizarse con ella); este es
el caso del interrogatorio de la parte, de la mayoría de los requerimientos (como el de la
suspensión de, obra nueva, o el del cuerpo de escritura.
Sucesión procesal
La tramitación de todo proceso precisa de un tiempo, más o menos largo, durante el cual la
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situación inicial de las partes puede cambiar. Aunque cabe registrar una cierta aspiración a
que esa situación inicial se mantenga sin modificaciones (lite pendente nihil innovetur), la
realidad se impone a los deseos y es preciso solucionar los problemas que aquélla
inevitablemente plantea. Se trata ahora de determinar los cambios que pueden producirse
en las partes desde la iniciación del proceso (es decir, desde el momento de producción de la
litispendencia, y mientras éste esté pendiente).
Los verdaderos supuestos de sucesión procesal son aquéllos en los que se produce el cambio
de una parte por otra en la misma posición procesal, pero existen otras modificaciones
que también tienen interés; nos referimos a los cambios en la capacidad procesal de las
personas físicas que pueden afectar a:
a) La capacidad: A lo largo del proceso puede producirse la adquisición de la mayoría de
edad o la pérdida de la capacidad por sentencia de incapacitación; en el primer caso el
representante legal deja de serlo y en el segundo tendrá que comparecer el tutor o
curador, si bien en ninguno se produce un verdadero cambio de parte.
b) La representación legal: El titular de la patria potestad puede morir y hay que
nombrar tutor, o este ser removido, y en los dos casos habrá de comparecer el nuevo
representante legal.
La sucesión procesal atiende al cambio en el proceso de una parte por otra, en la misma
posición procesal, por haberse convertido la segunda en titular de la posición habilitante para
formular la pretensión o para que frente a ella se formule. Y esta se puede generar a partir de
dos supuestos:
a) Por causa de muerte
b) Por acto entre vivos
6. La prueba
Definición de prueba
Tomando en cuenta que el legislador no debe definir sino regular instituciones jurídicas por
tanto el CPCM no contiene una definición de prueba, si no que el intérprete deberá extraer el
concepto a partir del régimen jurídico establecido para la actividad probatoria.
15
La definición fundamental o esencial de prueba ha venido siendo elaborado por la doctrina a
partir de una delimitación en el campo jurídico de un término que pertenece a un ámbito
mucho más amplio como es el de las relaciones humanas comunes o generales, en donde la
prueba consiste en la verificación de una afirmación mediante su comparación con otra
afirmación, probar consiste en la comparación entre una afirmación sobre unos hechos y la
realidad de los mismos encaminada a formar la convicción de una persona.
Esta definición general de prueba, fundamentalmente indicadora de actividad, proporciona
una doble depuración de un concepto de por sí impreciso. En primer lugar, la prueba consiste
en demostrar (comprobar, verificar, constatar), lo que permite descartar la averiguación
como actividad probatoria, pues aunque la averiguación forma parte de la preparación de la
prueba como trámite previo; la prueba no consiste en averiguar, en saber, sino en acreditar
que aquello que se sabe, y por tanto se afirma, corresponde exactamente a la realidad.
En cuanto al objeto, la prueba debe recaer sobre afirmaciones, no sobre hechos. Como
sintéticamente expusiera CARNELUTTI, el objeto de la prueba no son los hechos sino las
afirmaciones, las cuales no se conocen pero se comprueban, mientras que aquéllos no se
comprueban sino que se conocen.
Lo que hace específicamente a la prueba procesal es hallar dos elementos que la caracterizan,
y que han venido envueltos (en buena medida lo siguen estando) en una larga polémica
doctrinal que afecta a los fundamentos mismos del proceso civil: la búsqueda de la verdad y
los poderes del juez en la actividad probatoria, dos cuestiones que aparecen íntimamente
relacionadas.
Durante largo tiempo la doctrina procesal entendió, tal vez influida por los esquemas del
proceso inquisitivo, que el objeto de la prueba era la búsqueda o descubrimiento de la verdad.
El error de este planteamiento no comenzó a deshacerse hasta bien entrado el siglo XX, ante
la evidencia de la libertad de que gozan las partes en la delimitación del objeto del proceso
civil y las consecuentes limitaciones a la iniciativa jurisdiccional en este campo, así como ante
la imposibilidad de reproducir con total fidelidad lo sucedido y alcanzar aquella verdad
absoluta e inmutable. Descartada la búsqueda de la verdad como objeto de la actividad
probatoria, debe reconocerse que la doctrina no ha encontrado aún un acuerdo claro en lo
que atañe al objeto de la prueba civil y, en particular, a la distribución de funciones entre las
partes y el órgano judicial.
El problema es procesal, pero para encontrar un principio de solución no puede perderse de
16
vista la nueva perspectiva constitucional, pues el proceso justo o debido (proceso) no altera la
naturaleza dispositiva del proceso civil, pero puede afirmarse que incide indudablemente en
la actitud del juez durante la actividad probatoria. En efecto, los principios de oralidad,
inmediación, concentración y publicidad, así como el derecho fundamental a la contradicción
(derecho de defensa) reconocidos por el CPCM, garantizan una proximidad del juez y un
control de la actividad probatoria que no existían en la prueba formal, escrita y mediata del
derogado Código de Procedimientos Civiles, y que favorecen una más eficaz apreciación de
las pruebas practicadas por las partes.
En síntesis puede afirmarse que el CPCM, de un lado, subraya el principio de aportación de
parte, limitando a lo excepcional las facultades del tribunal en la iniciativa probatoria, de
modo que la actividad probatoria corresponde a los litigantes, quienes fijarán los hechos
controvertidos, escogiendo los medios de prueba que consideren más idóneos para lograr la
efectiva convicción del tribunal. De otra parte, se ha potenciado claramente la intervención
judicial en la práctica de la prueba, distinguiendo con acierto los principios de aportación de
parte y los principios de inmediación y concentración en la práctica de la prueba, principios
que más que un formalismo procesal es una garantía del justiciable, perfectamente aplicable
y exigible en el proceso laboral.
Objeto de la prueba
El contenido de la prueba puede venir delimitado tanto por lo que puede probarse como por
lo que debe probarse. Lo que en general puede probarse constituye el objeto de prueba,
mientras que lo que debe probarse en cada proceso, y lo que debe considerarse excluido de
prueba, constituye el tema de prueba.
Por consiguiente, lo que puede probarse son, por una parte, hechos, dejando sentado que el
objeto de la prueba en el proceso civil no son los hechos sino las afirmaciones de las partes
sobre los hechos, y no todos sino sólo los controvertidos.
a) La valoración de la prueba
De conformidad con el art. 416 y 216 CPCM la valoración de la prueba debe hacerse
generalmente con base al sistema de la sana crítica, excepto la prueba documental la cual ha
de valerse con base al sistema de la prueba tasada, Si convenimos en que la actividad
probatoria consiste básicamente en demostrar ante el juez la certeza de las afirmaciones
formuladas por las partes en sus respectivas alegaciones, el convencimiento del juzgador es el
17
resultado de un proceso intelectual complejo, al que en conjunto se denomina valoración de
la prueba.
No es de extrañar que a este proceso de valoración se hayan dedicado los máximos esfuerzos
desde la ley, la doctrina y la jurisprudencia, porque de él depende, finalmente, la justicia o la
arbitrariedad de la decisión judicial. Si bien es cierto que aún quedan reglas legales que
indican al juzgador el resultado que debe atribuir a determinados medios de prueba, el
convencimiento psicológico del juez y la libertad de apreciación constituyen en la actualidad
el núcleo fundamental del proceso de valoración. De ahí surge la necesidad de motivación
como instrumento imprescindible de control de la decisión judicial, que implica, en primer
término, la transparencia y, en segundo lugar, la racionalidad y razonabilidad del hilo
conductor del juicio. A partir de la motivación así descrita es posible reconstruir el proceso de
valoración, en el que procede distinguir las diferentes piezas y los distintos momentos que ha
de emplear y seguir el juzgador a la hora de conformar su convencimiento respecto del
elemento fáctico de la sentencia.
4. Metodología del taller
Para recabar la información que aportaron los asistentes se adoptó la metodología que
consistió en la formación de equipos sistemáticamente diseñados a los que se les propuso
algunas ideas acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con la
intención de que ellos ampliaran el catálogo a partir de su propia experiencia, en virtud de
que en el auditórium habían coordinadores, docentes y estudiantes que laboran en los
distintos consultorios jurídicos universitarios de distintas universidades para que entre todos
se desarrollara el análisis FODA. Con mucho tiempo de antelación se proporciono a cada
participante la dinámica del taller, así como los documentos explicativos de la matriz FODA y
de la herramienta Metaplan.
4.1 Formación de equipos
Desde su ingreso y registro se les entregó números comprendidos de 1 a 5, posteriormente
se agruparon todos los que tenían el número 1, los que tenían el número 2 y así
sucesivamente para integrar hasta completar 7 equipos de trabajo, a los equipos así
conformados se les entregó un kit que incluía: papelografos; juegos de tarjetas de colores;
pilots; barras de pegamento.
18
Una vez integrados los equipos se les presentó como guía a analizar una matriz para realizar
el análisis FODA.
4.2 Temática a desarrollar
Con la perspectiva que se expuso en la conferencia; la explicación de la matriz FODA; el
auxilio del documento: “Descripción de lineamientos básicos de la herramienta FODA en
referencia a los Consultorios Jurídicos Universitarios y la experiencia particular de cada
consultorio jurídico, mediante la herramienta de pensamiento: METAPLAN, completar la
matriz FODA siguiente:
4.3 Evaluación de la organización, Análisis FODA
4.4 Consideraciones previas
Las afirmaciones propuestas son orientativas y pueden cambiar o agregarse nuevas según la
experiencia particular del consultorio de cada asistente.
Para el análisis, las aportaciones deben ser preferentemente completadas escribiendo
individualmente su percepción, sin que cada uno vea lo que el otro completa, hasta que este
es colocado en el pliego de papel o cartulina correspondiente, ya que muchas veces cada uno
percibe cosas distintas. Luego se reunirán y analizarán cada tema, sintetizando su posición.
Una vez definidos, entre todos, los conceptos F.O.D.A, la estrategia de corto y mediano plazo
surge naturalmente: reforzar fortalezas, cambiar debilidades, prepararse o cambiar para
enfrentar amenazas y no dejar pasar las oportunidades.
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5. Propuestas para el análisis FODA
5.1 Fortalezas
a. Dentro de los servicios que ofrecemos cuantos otras instituciones ofrecerán lo mismo.
b. Contamos con recursos financieros necesarios.
c. Al tener un problema de asistencia legal, el usuario nos tiene presente como su primera alternativa.
d. Tenemos buena reputación entre los usuarios.
e. Tenemos buena reputación con el demás personal de nuestra institución.
f. Tenemos una estrategia definida.
g. En realidad para nuestros usuarios les ofrecemos un servicio de calidad y totalmente gratuito.
h. La calidad del servicio que ofrecemos es equiparable o mejor que la de un Abogado en el ejercicio de su profesión liberal.
i. Contamos con una gran gama de servicios jurídicos prestados.
j. Contamos con Aplicaciones Tecnológicas a nuestros servicios.
k. Tenemos la estructura necesaria para ofrecer un servicio de calidad.
l. Tenemos el personal capacitado, especialista e idóneo para el ejercicio del servicio.
m. Nos conocen y conocemos profundamente el sector en el que nos desenvolvemos.
n. Tenemos focalizadas y cubiertas las áreas poblacionales a las cuales ofrecemos nuestro servicio.
o. Tenemos los mecanismos de control de nuestro personal.
p. Tenemos medios de difusión de nuestros servicios.
q. Ha ido creciendo los usuarios a quienes prestamos el servicio.
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r. Hemos medido el beneficio social que genera nuestra actividad, tanto cualitativamente
como cuantitativamente.
s. Contamos con una dirección del Consultorio.
t. La política utilizada para seleccionar a los usuarios, el área y tipo de servicio es los adecuados a la situación actual y es la mejor para nosotros.
u. No tenemos reclamos por calidad del servicio o porque alguno de nuestro personal haya insinuado honorarios alguno por el servicio ofrecido.
v. Los plazos en los cuales se atienden los casos son aceptables.
w. Hacemos las promociones necesarias.
x. Otras que consideren oportunas.
5.2 Oportunidades
a. Hay un segmento de usuarios y áreas que podemos atender y todavía no lo estamos haciendo.
b. Podemos desarrollar nuevos servicios o mejorar los actuales para atender necesidades
de los usuarios. c. Nuestro trabajo es reconocido internacionalmente, mediante convenios, asistencia,
capacitaciones, financiamiento, etc. d. Otras instituciones no ofrecen igual servicio de calidad. e. Cada día los usuarios se incrementan. f. Se hace más difícil el acceso a la justicia por causas de vulnerabilidad. g. Podemos desarrollar nuevos servicios. h. Los sectores atendidos están cambiando. i. Se avocan a nuestro consultorio usuarios que pueden costear servicios de abogados
particulares.
21
j. Tenemos posibilidades de mejorar nuestros costos. k. Tenemos posibilidades de mejorar nuestro abastecimiento de materiales para la
prestación de servicios. l. La situación económica del país mejorará en los próximos años. m. Decaerá el poder adquisitivo de los usuarios. n. Podemos desarrollar o adquirir nuevas tecnologías. o. Nos está costando entrar a un sector de usuarios o áreas jurídicas determinadas. p. Otras que considere pertinentes.
5.3 Debilidades
a. No tenemos una clara dirección estratégica.
b. Nuestras instalaciones son obsoletas.
c. Tenemos una débil imagen ante los usuarios y personal de nuestra universidad.
d. A nuestro personal le hace falta capacitación.
e. Nuestros alumnos en práctica o servicio social asisten a cumplir un mero requisito, sin el entusiasmo de su primer contacto con el mundo real de la Abogacía.
f. Nuestro organigrama no es el correcto.
g. No entusiasmamos a los alumnos en servicio social o práctica jurídica en la importancia de su trabajo.
h. Desatendemos a nuestra dirección.
i. Nos hemos constreñido a bridar asesoría y procuración.
j. No tenemos los recursos financieros necesarios.
k. El salario que nos pagan no es suficiente.
22
l. Tenemos altos costos en el manejo de nuestro consultorio.
m. Continuamente tenemos problemas operativos
n. No contamos con los proveedores de los insumos para el adecuado desempeño de nuestro trabajo.
o. El personal no está motivado.
p. El personal del Consultorio se encuentra tentado a cobrar honorarios, no obstante ofrecer el servicio gratuito.
q. El personal del Consultorio desatiende los casos.
r. El personal del Consultorio desestima los casos para no tener carga de trabajo.
s. No conocemos a fondo el área en la que nos desenvolvemos.
t. Nuestra función social es débil.
u. Hay descontento en las autoridades de nuestra Universidad en relación a nuestro personal o el servicio ofrecido.
v. Otras que considere conveniente.
5.4 Amenazas
a. Hay instituciones con mayores capacidades. b. Estamos omitiendo de prestar servicios a los usuarios. c. Los usuarios no llegan. d. Los usuarios independientemente de su buena capacidad económica desea que se les
atienda. e. Los usuarios no son leales al brindar la información. f. Solo estamos atendiendo a un grupo de determinado sector. g. El personal de los tribunales o entidades administrativas nos da un buen trato en
ocasión de la función social que prestamos.
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h. Se han reformado las leyes que dificultan nuestro trabajo. i. Se hace cada vez más difícil seguir ofreciendo el servicio de manera gratuita. j. Nuestros usuarios se encuentran concentrados a un exclusivo grupo. k. Está cambiando el ofrecimiento de servicios de asesoría y procuración gratuita en otros
consultorios jurídicos. l. Otras que considere oportunas.
6. Técnica del taller
Utilización de las herramientas de pensamiento METAPLAN.
Este no es un instrumento tan nuevo ni el único, presenta la ventaja de ser “multiusos” por
tener la posibilidad de adecuarse a diferentes necesidades de tal manera que se facilite,
tanto para el consultor como para el participante, ampliar sus percepciones sobre el
escenario de su consultorio jurídico, sus problemas, o cualquier otra situación que enfrentan.
Específicamente uno de los posibles usos de la herramienta Metaplan son: Evaluación de un
problema; diagnóstico rápido; diagnóstico de éxito; diagnóstico de situación; evaluación de
resultados; evaluación de alternativas; identificación de obstáculos; identificación de
alternativas; priorización; estimulación creativa; visión; evaluación de experiencias;
resolución de conflictos.
Esta herramienta aumenta gradualmente la percepción del coordinador sobre la situación de
su consultorio, le ayudan a “descubrir” razones o posibles causas, establecer conclusiones y
definir acciones o pasos a seguir, teniendo como ruta el ciclo de su propia experiencia
enriquecida por el conocimiento técnico del asesor.
Entre las generalidades que presenta esta herramienta son: Que es posible utilizarla siempre.
Todo el tiempo que estamos pensando, analizando y decidiendo. Es aplicable con una o todas
PROMOCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ASISTENCIA JURIDICA A GRUPOS VULNERABLES A
TRAVÉS DE CONSULTORIAS GRATUITAS UES-SG/OEA las persona involucradas en la
experiencia que se está analizando, no importando niveles educativos o jerárquico. Lo
importante es aprovechar en lo posible diversos puntos de vista e información.
Es un método de visualización de ideas.
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Un principio básico es la visualización compartida, útil para que el consultor y los
participantes “vean lo mismo” evitando la dispersión de las ideas durante su proceso.
Consiste básicamente en el uso de una superficie que facilite la colocación y movilización de
tarjetas de papel escritas. En este caso utilizaremos papelografos, las tarjetas de colores
sobre las cuales se escribirán las ideas y pegamento para su adherencia al papel.
La herramienta hace uso de la lógica del color y la forma para diferenciar las ideas, titularlas y
agruparlas, enfatizar puntos importantes, etc. De tal manera que cada color será utilizado
para un tema especifico, ejemplo: La fortaleza color rosado, las oportunidades el verde… etc.
La escritura en las tarjetas son deseables, como la siguiente: a. Cuatro líneas escritas por
tarjeta como máximo; b. Redacción en forma clara, corta y precisa, que estimule los aportes;
c. Una idea por tarjeta; y d. Letra mayúscula de molde, que disipa la identificación de quien
procede y democratiza el conocimiento.
7. Procedimiento
En la dotación de materiales a cada equipo se le incluyó un número suficiente de tarjetas de
distintos colores con la finalidad de que escribieran las explicaciones acerca de las fortalezas,
las oportunidades, las debilidades y las amenazas que experimentan en los consultorios
jurídicos universitarios que representan, cumpliendo las recomendaciones siguientes:
Tener presente la pregunta o tema por escrito en una tarjeta guía del color.
En las tarjetas, según el color escogido para cada tema se escriben las ideas de
manera individual.
Se adhieren las ideas al papelografo para su visualización, y depuración de las ideas
del equipo.
Se agruparán las ideas comunes, dejándose una sola y se intenta formular otras si
aquellas son muy escasas.
Consenso en función de los objetivos que persiguen los Consultorios Jurídicos
Intento de formular metas.
25
8. Aportes de los asistentes
Cada miembro que conformó los equipos de trabajo analizó previamente cada uno de los
ítems sugeridos así como de los que ellos mismos agregaron según su propia experiencia,
posteriormente.
8.1 Equipo N° 1
El equipo N° 1 estuvo integrado por:
Krissia Morena Aguirre, Universidad Gerardo Barios, (UGB), ciudad de San Miguel.
Sandra Carolina Fuentes, Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia.
Karla María Quintanilla Portillo, Universidad Gerardo Barios, (UGB) ciudad de Usulután.
David Ernesto Fajardo, Universidad Modular Abierta, (UMA) ciudad de Santa Ana.
Jorge Alberto Durán, Universidad de El Salvador, (UES), ciudad de San Salvador.
Cuyo relator fue la Licda. Krissia Morena Aguirre.
“Las conclusiones que aportó este equipo en resumen es: “Como ustedes pueden apreciar
tenemos más debilidades que fortalezas y eso consideramos que tiene su beneficio porque al
identificarlas sabemos que en algo tenemos que mejorar y tenemos que convertir en
fortalezas es así como dentro de las fortalezas como grupo hemos establecido que brindamos
un servicio gratuito para personas de escasos recursos económicos en todas las áreas del
derecho para ello pues ya se sabe anteriormente se estableció que se cuenta con 26 centros
de practica a nivel nacional, dentro de la infraestructura, dentro de las fortalezas la única
universidad la modular abierta Santa Ana es la única que cuenta con una infraestructura
adecuada la UES, las demás consideramos que no porque no son estructuras adecuadas para
atender a los usuarios porque está dentro de la facultad de ciencias jurídicas entonces no es
como la estructura muy adecuada para prestar el servicio, también dentro de las fortalezas
que eran generales para todas las universidades es bridar el servicio a diferentes áreas del
derecho es decir que se cuenta con la prestación del servicio a más de cuatro áreas, como
promovemos la práctica, asistencia y servicio a las personas concluimos que solo la UGB san
Miguel contamos con un espacio con un espacio de consulta jurídica un canal de san miguel y
uno de Usulután en el que cada asesor un día a la semana da una hora de una consulta en la
que los usuarios llaman por teléfono y preguntar por diferentes servicios, también otra
fortaleza es que se tiene focalizada a la población en el sentido en los que somos de san
miguel brindamos servicio a toda la zona oriental en todos los municipios y departamentos de
la misma menos la universidad de Usulután que solo brinda servicio a su departamento y en
26
sal miguel, en la zona de san salvador la UES solo se focalizan nada mas en la zona del centro
de san salvador, la UMA de Santa Ana no obstante la ubicación presta servicio a toda esa
zona y también a las personas de Ahuachapán, otra en cuanto a los plazos procesales se
cumplen porque cuando se presenta un caso a determinado juzgado se respetan para poder
terminar el proceso, no así como la debilidad que cumplimos los plazos procesales no así los
plazos de la práctica jurídica porque son de tres meses a un año hay procesos que se pasan
del tiempo es una debilidad para el practicante, se ha medido el beneficio social la
satisfacción de los usuarios que han sido acreedores al beneficio de prácticas jurídicas y hay
mecanismos de control para los practicantes y para el personal lo dirigen a través de los
diferentes coordinadores del depto. de práctica jurídica de la Corte Suprema de Justicia que
supervisan cada 15 días o cada mes y se lleva un control tanto del personal del centro de
práctica y los practicantes además con ello el mecanismo interno que cada coordinador hace
dentro del centro, en las debilidades no se cuenta con los recursos suficientes para desarrollar
la práctica, ni con la infraestructura adecuada y no se logra hacer la conciencia social a los
estudiantes se hace mínimamente pues no obstante que cada uno de los coordinadores
tenemos el compromiso de hacerle conciencia al practicante bien difícilmente podemos
ahondar a esta conciencia puesto que la mayoría de ellos no todos dirigen nada mas a
cumplir su requisito y prestarse como abogado esta parte debe trabajarse más para no ser un
beneficio personal sino mas bien uno social, no cuenta con la publicidad que las otras
universidades si, el personal no está motivado y todos sabemos que si no existe una
motivación en el centro de practica o institución no realizan bien su trabajo estamos
hablando de la parte motivacional desde salario que cumpla las expectativas que este acorde
a las necesidades de cada empleado, tampoco sabemos si existen incentivos premios en base
a resultados o procesos tramitados o ganados eso no se sabe solo contabilizamos cuanto
proceso se abre y hasta ahí no existe esa parte motivacional, también existe una debilidad en
la UES solo atiendes casos de San Salvador por falta de transporte no se cuenta con un
trabajador o con un equipo social dentro de cada universidad como para medir la situación
económica de cada usuario simplemente nos limitamos a llenarles el estudio socioeconómico
pero no tenemos esa capacidad para saber si el usuario está dando buena información o no o
mucho menos nos apersonamos para ver el lugar donde vive para ver si en verdad es de
escasos recursos económicos, no existe comunicación o apoyo institucional tampoco apoyo de
las autoridades dentro de cada una de las universidades, la función social es débil porque no
se logra completamente impactar en el practicante para que pueda tener esa conciencia
social y no se cuenta con el equipo necesario suficiente equipo necesario de maquinaria
computadora impresora para poder hacer el trabajo porque hay muchos centros que no las
tienen o están en mal estado, en las oportunidades existen sectores atendidos que han
cambiado como sabemos el convenio establece un mínimo de parámetros para poder ser
27
asistido en base a los ingresos anteriormente se dijo que se dejaba a cada criterio de cada
universidad cuando una persona es de escasos recursos o no sin embargo los nuevos
convenios establecen que son 7 salarios mínimos porque depende de cada universidad como
lo maneje porque por ejemplo un usuario que gane $1000 si se le pide la constancia de sueldo
no se va a ver reflejado que gane esa cantidad por todos los descuentos entonces ahí sí puede
ser usuario del servicio, cada día hay más demanda de usuarios sabemos que cada centro de
prácticamente se ve abarrotado de cada demanda de casos porque muchas veces la PGR no
quiere aceptar los casos y los envían a los centros de práctica, las universidades han tenido
reconocimientos a nivel internacional y nacional para el caso de nosotros como Universidad
Gerardo Barrios de San Miguel y Usulután si contamos con convenios internacionales de la
AID, tenemos ese convenio que nos han donado un sistema de administración digital de casos
este sistema lo tenemos implementado en nuestra universidad y otro sistema también para
facilitar comunicación con los usuarios también contamos con diferentes convenios con
gobernación y con el ministerio de relaciones exteriores, etc. también podemos mejorar los
servicios aun estamos a tiempo de poder hacerlo en relación del que se le presta al usuario,
otra oportunidad es que otros centros de práctica no brindan igual servicio de calidad, porque
al medir la calidad uno trabaja mejor que otro eso tenemos que verlo como una competencia
positiva porque hay universidades que solo reciben casos para el número de practicantes que
tienen que significa esto que el acceso a la justicia no se está dando y otra universidad tiene
que recibirlo más cuando hay usuarios que son demandados por la Procuraduría General de
la República, dentro de las amenazas; no hay un buen trato por parte del personal
administrativo judicial, la mayoría de los juzgados se basan en ritualismos y resuelven en base
a su criterio personal si le cayó bien el litigante o no etc. es difícil seguir ofreciendo servicio
gratuito porque en este punto lo vemos de la siguiente manera porque en muchas veces no se
cuenta con el personal suficiente para poder brindar ese servicio hay muchos asesores que
son docentes a tiempo completo asesores de estudiantes con tres grupos de 40 estudiantes
esto viene a dificultar que el asesor no puede brindar un mejor servicio hay casos que lo inicia
un asesor y lo termina otro limitando así el servicio y todo eso tiene que ver con las
autoridades, no hay lealtad por parte de los usuarios algunos mienten y oculta información y
con el transcurso del proceso notamos que mintió, hay instituciones con mayores capacidades
en este caso hay centros de práctica que tienen un equipo muy completo de asesore y su
asesor solo se dedica a asistir su práctica jurídica otros no, los usuarios no cooperan porque
no obstante se les cita previamente a las audiencias no comparecen o porque a la hora ya se
arrepintieron de divorciarse no obstante podemos tener la mejor y tecnología pero si el
usuario no presta la colaboración no va a ser posible, la reforma de las leyes que dificultan el
trabajo la ley CPCM, LEPINA todo esto va a ver necesidad de actualizarse por lo tanto es
necesario la capacitación constante del personal para poder enfrentar este reto por que el
28
abogado cada día debe actualizarse con la realidad, UES por los cambios que existen en los
juzgados vine a ver mucho con los criterios del juzgador generando inseguridad, los usuarios
independientemente de su capacidad económica siempre solicitan atención gratuita porque
la Procuraduría General de la República muchos casos no los tramitan y lo pasan a los centros
de práctica y porque muchas veces estos tienen mayor credibilidad, no se dispone de caja
chica en algunas universidades para costo en algunas universidades cobran cierto arancel a
los practicantes cuando inician a hace su práctica pero este dinero va dirigido a la universidad
es decir a la caja de la misma no sabemos si este dinero es utilizado para el mismo centro de
práctica para papelería etc., si se provee pero no las cantidades suficientes.”
8.2 Equipo N° 2
El equipo N° 2 estuvo integrado por:
Ramón Armando Ramos, Universidad Modular Abierta UMA.
Mauricio Miguel Sorto, Universidad de Oriente UNIVO, Ciudad de San Miguel.
Elizabeth Fuentes, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, San Salvador.
César Alfredo Acevedo, Universidad Capitán General Gerardo Barrios, ciudad de San Miguel.
Judith Vanesa Serrano López, Universidad de El Salvador, ciudad de San Salvador.
Cuyo relator fue el Lic. Ramón Armando Ramos
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen es: “Sugerencia en la cual hacer
hincapié debemos conservar como institución profesores jefes del centros de practicar tomar
en cuentas aspectos para que mejoren situaciones con los jueces apoyo a los tribunales con la
CSJ, es necesario reunirnos conservar ideas unificarnos no estar tan lejos una reunión de la
otra para que la institución camine de mejor manera, y todo aquello que vaya en pro de las
instituciones apoyarlo.”
8.3 Equipo N° 3
El equipo N° 3 estuvo integrado por:
Germán Misael Fúnes, Universidad Cristiana Asambleas de Dios, ciudad de San Salvador.
Jonathan Alberto Rivas, Universidad de El Salvador, regional ciudad de San Miguel.
Irma de la Paz Rivera Valencia, Universidad de El Salvador, regional ciudad de Santa Ana.
Juan Antonio Buruca, Universidad de El Salvador, ciudad de San Miguel.
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Mario Antonio Mejía, Universidad de El Salvador, ciudad de San Salvador.
Gabriel Eugenio Ortega, Universidad de Oriente, UNIVO
Cuyo relator fue el Lic. Germán Misael Funes.
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen son: “Trabajamos de una forma muy
armónica, entre las fortaleza vimos que indiscutiblemente los centros de practica a los que
representamos gozan de credibilidad tenemos la satisfacción de brindar un servicio gratuito,
los plazos en que se satisface las necesidades jurídicas son alentadores es decir hay un buen
diligenciamiento de expedientes tratamos que el personal practicantes y todos los que
integramos los centros de practica o socorros jurídicos trabajar de una forma diligente,
también miramos que el crecimiento de los usuarios que hace uso de este servicio se ve
incrementado porque personas que han hecho uso de este servicio nos trae nuevos usuarios
al sistema tenemos cifras alentadores que nuestra mayor difusión de los centros de practica
el mismo usuario e integrantes del equipo miramos con satisfacción esa participación, la
calidad del servicio es equiparable a una oficina particular dentro de estos centros las
personas que trabajamos lo hacemos a conciencia, somos compatibles todos los participantes
integrantes sin embargo hacemos una consideración que la UES tienen como medio de
difusión la radio maya visión que presta ese servicio para poder difundir ese servicio que la
universidad brinda, dentro de las debilidades no contamos con recurso financiero necesario,
existe una carencia de equipo tecnológico que permita agilizar en trabajo dentro de los
centros, había una ausencia de capacitación de personal ya sea por cualquier entidad que sea
la responsable de capacitarnos, luego existe una falta de credibilidad y apoyo de autoridades
a los centros de práctica es decir muchas veces están fuera del trabajo de centro de práctica,
debilidades existe una injerencia de los supervisores de la Corte Suprema de Justicia algunos
compartíamos muchas ocasiones la forma en que se trabaja y eso nos llevara también a
compartir que en muchas ocasiones existe una violación de las autonomías que los centros de
prácticas representa y que muchas veces va por desconocimientos por defectos de
personalidad se ven violentados luego vemos que cada uno de los centros de practica cuenta
con poco personal para atender a todos los usuarios que nos visitan por muy poco o mucho
representa una dificultad, los practicantes no tendrán interés en los casos asignados es decir
lo hacen simple y llanamente por cumplir un requisito para su autorización existe falta de
compromiso de los estudiantes y evidenciar directamente la funcionabilidad de los casos que
les han asignados, las oportunidades creemos que entre las que existen es que ahora el marco
normativo va cerrando el cerco vox popul y con la procuración la nueva gama obligatoria es
decir ya necesariamente deben acceder al sistema de la procuración otra de la oportunidades
es que el costo de la vida aumenta el número de usuarios no importa que se tenga un salario
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de 500 0 600 aumenta cada día más y se va cerrando mas el tener el servicio de un abogado
particular y ello influye en los centros de práctica y luego tenemos que la tecnología se va
armonizándose cada día más y se va prestando viabilidades para poder tener acceso a la
jurisprudencia a alguna doctrina y que hoy en día basta con el mundo globalizado que
tenemos para responder a ello y los convenios que diversos centros de prácticas buscamos el
apoyo con diversas instituciones a fin de viabilizar el trabajo en los centros de práctica, las
amenazas y concluimos que los usuarios independientemente de su ingreso quieren que se les
atienda, los usuarios no son leales en la información por a o b motivo los usuarios tienen
tenemos de decir todo obstaculizando poderlos defender de una manera objetiva, digamos
que si se representa un servicio gratuito ninguna persona se niega a ello, la competencia
limita por falta de recursos la competencia n cuanto a jurisdicción llegan tantos casos de las
diversas municipalidades y departamentos que los centros de práctica no tienen el recurso
didáctico transporte no podemos cubrir todas las áreas y el territorio que quisiéramos, la falta
de convenios por la Corte Suprema de Justicia a los jueces y centros penales es una amenaza
porque muchas veces se ha repetido en algunas ocasiones que los jueces en muchos casos
desconocen la existencia de estos convenios y hasta mandan a traer copia de los mismos y en
los centros penales ya ni hablar porque en alguna oportunidad se ha negado el ingreso a los
practicantes, luego la burocracia de las autoridades y hacíamos referencia específicamente a
la universidad de el salvador mirábamos la experiencia profesional de los supervisores de
practica haciendo referencia a la procuración que en muchos casos no han tenido experiencia
en el diligenciamiento de los casos entonces cuando llegan a supervisar los expedientes existe
ese vacío en cuanto a procedimientos de forma de diligenciar los expedientes.”
Opinión
Para la persona que opino sobre los convenios y los jueces, trabajo para la universidad Dr.
José Matías Delgado y desde su inicio nos dimos a la tarea los 5 abogados que ahí estamos a
tiempo completo a distribuir a todos los jueces de la república los convenios unos en nuestra
propia cara nos dijeron que si querían aceptarían a los practicantes o no; cabe observar algo
que la independencia judicial muchos señores cuando ya los nombran jueces creen que son
hasta legisladores que se reúnen toman posición y que de ahí nadie los saca por eso en esta
oportunidad soy clara en decir que la Corte Suprema de Justicia nos dio todas las
oportunidades para ir donde los señores jueces y ellos no quieren acceder no es por falta de
conocimiento sino por falta de voluntad.”
31
8.4 Equipo N° 4
El equipo N° 4 estuvo integrado por
Silvia Jiménez de Morán
Yesenia Maribel Henríquez Ruth Trejo de Pérez
Evangelina Martínez
Gonzalo Uriarte Audi
Cuyo relator fue la Licda. Silvia Jiménez de Moran.
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen es: “Fortalezas el tiempo de
tramitación de los plazos en los centros de práctica jurídica es relativamente corto a
comparación con los de la PGR la confidencialidad en el trato entre el usuario y los
practicantes asesores y el coordinador, oportunidades: podemos ofrecer nuevos servicios
contemplados en el convenios que aun no se ofrecen en los diferentes centros de práctica
jurídica y estos podríamos hacerlo si se llegara hacer una coordinación interinstitucional en el
sentido que si actuáramos en conjuntos los demás centros de practica en el sentido si como
centros quedan demasiado retirados por la ubicación geográfica y hay otro centro de práctica
que ofrece ese tipo de servicio se puede referir para que de esa forma prestemos un buen
servicio a la comunidad en aras del servicio social que estamos prestando todos, vemos una
coordinación entre la cooperación internacional como institucional e incluyendo entes
gubernamentales, la otra es que gozaríamos de un prestigio institucional todos estando todos
en un conjunto yendo hacia una meta en común, las debilidades: el personal desestima casos
por carga de trabajo, las amenazas: estaríamos mencionando las reformas tributarias que se
han hecho hace poco en cuanto en cuanto a nuestro servicio que se presta en principio que se
presta en principio es gratuito y ahí nos vemos amenazados en la gratuidad del servicio
porque como abogados litigantes se nos está reportando al MH entonces se nos va a ver
reflejados cuando cada uno de nosotros presente su respectiva declaración, se ha haciendo
gestiones supuestamente estamos exentos del pago de este impuesto, también como
notarios en los centros de práctica jurídica se hacen escrituras, poderes etc. que van a los
servicios notariales los cuales también deben pagar por cada escritura que se haga pagar
impuestos por ello a los usuarios se les hace firmar un contrato de prestación de servicio y se
les refleja a ellos que el único arancel que van a pagar se enumeran 3 o 4 y entre ellos los
gastos notariales , hacer mención de esto porque prácticamente no es tan gratuito los
procesos que se les llevan porque se les va a tener que cargar con los gastos de algún poder
dentro de los mismos procesos, la disparidad de requisitos entre la práctica jurídica de
procuración y la de apoyo a tribunales luego veíamos que el personal de los tribunales o
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entidad administrativa no da buen trato a los practicantes y muchas veces a los abogados
que se presentan a las diferentes litis.”
8.5 Equipo N° 5
El equipo N° 5 estuvo integrado por:
Flor de María Trejo
María Suyapa de León
Flor Lorena Cardoza
Armida del Socorro
Luis Ángel Chavarría
Cuyo relator fue la Licda. Flor de María Trejo.
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen son: “Debemos tomar en cuenta la
fragilidad en la que se encuentra el sistema judicial ya que el trasfondo que estamos viendo
es la tardanza que hay en la tramitación de los procesos y muchas veces el desconocimiento
que tienen algunos juzgadores para tener acceso a la justicia.”
8.6 Equipo N° 6
El equipo N° 6 estuvo integrado por:
Flor de María Deras
Sandra Geraldine Alvarado
José Mario Alegría Cruz
Jessica Lisseth Tobar
Lorena Beatriz Artero
Sara Alicia Fiallos
Cuyo relator fue la Licda. Flor de María Deras.
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen son: “Hemos escuchado de las
personas que nos precedieron varias de nuestras fortalezas entre otras han sido bastantes
constantes que están comprendidas en nuestro señalamiento: incremento de usuarios a los
centros de practica nosotros a través del tiempo que han estado en funciones los centros de
practica hemos sentido que se ha ido incrementando el número de usuarios a medida que
estos han estado en funcionamiento, existe organización estructural es decir que este
funciona con coordinadores asesores practicantes y existe una organización ya bien
determinada por los mismos reglamentos que nos han determinado los convenios, difusión de
33
los centros de practica a través de los usuarios no hemos necesitado de mucha publicidad
porque el mismo usuario al quedar satisfecho con el mismo servicio que se le ha prestado es
que divulga la existencia de los mismos y nos refiere a otras personas, credibilidad y confianza
en los centros de practica en aumento es consecuencia de lo anterior, es decir que si el
usuario queda satisfecho ahí cree que en realidad ahí va a resolver su problema legal y lo ve
como otra institución u otra entidades donde ellos pueden acudir para resolver sus
problemas, servicio gratuito la mayoría de nosotros creo que así es y es eficaz, en el centro de
practica adquiere experiencia y mayor conciencia social el practicante a medida que este lo
realiza de esta forma su práctica jurídica se le desarrolla en el futuro abogado su deseo de
servicio a la comunidad, debilidades: mayor compromiso de las autoridades, mayor difusión,
mayores salarios, mejores instalaciones, capacitaciones, esto es lo que comprende el mayor
compromiso de las autoridades, diversidad de funciones de los coordinadores y asesores, es
decir que hay muchos de los que estamos aquí que además de ser coordinadores tienen de
docente u otro cargo administrativo en sus funciones no solo de coordinar el centro de
practica jurídico, falta de cooperación del órgano judicial, falta de atención por los
juzgadores, hay ocasiones de que se ven los practicantes se encuentra que a este no le
quieren conceder el permiso que se presente en las audiencias y no existe por parte de
algunos jueces mucha voluntad para que el practicante aprenda, situación económica hace
también una debilidad porque los costos son los que se han visto más elevados y también eso
implica una desventaja y el practicante muchas veces prefiere no llevar la práctica jurídica por
trabajar, es decir que el ahorita está enfocado en tener un recurso de ingreso a estar en un
centro de practica donde no goza de ningún beneficio monetario, el sistema jurídico diseñado
para la procuración obligatoria y el practicante queda en desventaja, de modo que en este
caso el practicante no puede intervenir directamente en ninguno de los procesos por la
procuración obligatoria eso viene a cargar a los asesores y coordinadores porque somos
quienes intervenimos en las audiencias y no ellos quienes intervengan directamente y que
realicen en las audiencias sus puntos de vistas, argumentos etc. y una última debilidad esta la
diversidad de pensum esto es por las universidades eso viene a ser de que los requisitos para
llevar la práctica jurídica no sean uniformes, oportunidades: la nueva normativa CPCM tiene
agilidad para diligenciar expedientes, oportunidad que podemos desarrollarla porque la
agilidad conforme a esa nueva legislación es bastante, podemos desarrollar nuevos servicios
ejemplificando los centros e mediación esta es otra de las oportunidades que tenemos en
nuestras u explotemos mediante los centros de mediación y descargar en estos la carga
laboral judicial laboral y judicial, mayor aprendizaje que influye en la vida del nuevo
profesional es decir el practicante aprende haciendo y ese aprendizaje es el que nosotros le
proporcionamos en los centros, la oportunidad de trabajo es otra puerta para los practicantes
se dan los casos que ellos piden constancia que han estado en el centro de práctica y eso les
34
abre las oportunidades de trabajo en muchos lugares, eso es en el sentido de descongestionar
la carga judicial mediante los centros de practica en el sentido nosotros liberarnos carga de
trabajo a la PGR y otras instituciones similares a los servicios que prestamos ya sea ONG u
otro tipo de organismos, las amenazas: falta de transparencia del usuario y en realidad se
dan muchas veces que el usuario no es totalmente sincero con su información al momento de
la entrevista que tiene con nosotros, deserción el interés del usuario se pierde y quedan
expedientes in continuar se les pierde el contacto los nombres de los referentes que dejan no
corresponden en fin, no estar a la vanguardia con las nuevas normativas más que todo con la
nueva legislación CPCM es una gran amenaza si no nos preparamos, la falta de medios para
contactar al usuario viene siendo una relación con la deserción de usuarios se vinculan y a
veces también esta misma causa también no solamente por el propio interés del usuario sino
que a veces le fallan las personas con las personas con las que cuenta como testigos etc. y se
pierde un caso porque ya no les colaboran, dualidad de servicios a los usuarios eso es en el
caso más común por ejemplo en los casos laborales los usuarios van a la PGR van a los
centros de práctica y se hacen a veces acumulaciones de juicio porque tienen ahí en los
centros de practica han ido a los derechos humanos y entonces es otra de las amenazas que
también surgen en el camino, la proyección social no mercantilista en este caso es la
proyección social las autoridades universitarias deben verla como una oportunidad de brindar
un aporte la comunidad y no como una visión mercantilista que ellos perciben que no ganan
beneficios para la institución de dar un servicio gratuito no logran ellos alcanzar a ver una
ganancia mercantilista la falta de ética en la procuración esto más que todo nos referimos en
cuanto a la falta de ética que se da muchas veces cuando de otro centro de practica nos
hacen sabotaje digamos por algún caso digamos con otro centro de práctica y más que todo
en el área penal he escuchado de que se da mucho esa situación hay esa forma como de
quitarse casos de un centro de practica con otros y entonces ahí la ética profesional sino se
tiene bien fundamentada caemos en ese error, la competencia desleal para los abogados
particulares nosotros como centros de práctica no somos bien vistos por la comunidad de
nuestra profesión porque nos volvemos una competencia desleal muchas veces así nos
consideran porque damos un servicio gratuito y ellos ven disminuida su clientela en vista de
que acuden a los centros de práctica por eso es bastante importante que consideremos a
quienes vamos a recibir de usuarios y determinar si está verdaderamente necesita el servicio
gratuito porque ese es el punto.”
8.7 Equipo N° 7
El equipo N° 7 estuvo integrado por:
José Roberto Reyes
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Delmy de Morales
Ana Patricia Martínez
Emilia Guadalupe Lima
Cuyo relator fue el Lic. José Roberto Reyes.
Las conclusiones que aportó este equipo en resumen son : El mismo servicio jurídico de la
universidad de El Salvador de la Facultad multidisciplinaria de Occidente por eso a mí me da
una fortaleza grande que la experiencia por que el centro de práctica que sigo llamando
servicio jurídico porque vivirá con o sin práctica jurídica porque vivirá con el servicio social y
ha ido creciendo en base a errores cometidos y en base a una serie de circunstancias difíciles
pero eso hizo que hiciéramos que hiciéramos una serie de fortalezas digamos en un sistema
general como puede ser la generalidad de las prestaciones nuestra prestación es una
prestación general en la mayoría que estamos en la mesa no hacemos distingos de ninguna
naturaleza igualmente hay un control sobre cada caso tenemos una organización interna una
reglamentación que es la base de todo porque sin reglamentación cada quien caminaría por
su lado la calidad del servicio naturalmente es el reflejo de la misma organización y la misma
reglamentación tenemos el apoyo de autoridades universitarias al centro de practica un tanto
relativa pero al fin si no tuviéramos ese apoyo definitivamente no existiría estas oficinas el
servicio en cierta medida es en toda su naturaleza gratuito no se admiten cobros de ninguna
naturaleza porque eso sería como ir contra el mismo espíritu general que lo promueve los
practicantes involucrados son personas que son capacitadas con suficiente anticipación eso
genera naturalmente una buena reputación entre los usuarios en ese sentido también
queremos hemos medido nuestro impacto nosotros creemos que una fortaleza es medir que
estamos haciendo hasta donde estamos llegando porque solo en esa medida podemos saber
si hay impacto ya sea positivo o negativos y los cuales son las correcciones que hay que hacer
eso provoca una fortaleza como la evaluación permanente que es el modo de ver si nuestro
trabajo está en ese sentido, tenemos estrategia definida y hay un espíritu de servicio docente
en el caso particular por mucho salario que se tenga lo necesario como fortaleza es la actitud
de servicio y en ese sentido haciendo particular el centro de practica nuestro no tiene a nadie
con salario todos son docentes y que prestan su servicio, esa fortaleza ha venido a dar sus
frutos de estudiantes que fueron estudiantes hace 15 años ahora están como profesionales
del centro de practica sirviendo, naturalmente todas estas fortalezas van en comunión en
todos los centros de prácticas lo importante es capitalizar y proyectar, las debilidades
tenemos como la falta de apoyo institucional que no es igual que la falta de apoyo de
autoridades están quieren dar pero no pueden porque la institución está enmarcada, falta de
apoyo de tribunales de personal asignado y de la CSJ cada uno de estos tienen su explicación
muy definida cuando hablamos del apoyo institucional que la mayoría de instituciones ha
36
considerado estas oficinas y centros de prácticas como algo mas como un agregado que va a
salir de lo que sobre del presupuesto y muy difícil el hecho de sobrevivir de esa manera y
mucho menos crecer, en cuanto a la falta de apoyo de tribunales, es como que los señores
jueces incluso hablo porque tengo alumnos que están ahí que han estado desconocieran cual
es el trabajo de los centros de prácticas si bien es cierto es servir también es convertirse en un
centro de enseñanza en una extensión universitarias que si bien es una responsabilidad
absoluta de la corte nosotros hemos entrado a participar en el paquete para ayudarle a la
corte porque a nosotros nos basta en este momento terminar con el servicio social y sacamos
licenciatura en Ciencias Jurídicas no abogados pero en esto deberíamos de tener un apoyo
más cercano de los tribunales, por ejemplo un secretario revisa al practicante para ver que no
falte nada, la falta de personal asignado en la universidades falta que haya personal
asignado para ello como en nuestra facultad la falta de apoyo de la CSJ es especialmente en
algunos aspectos más que todos didácticos y es unido a la falta de hacer conciencia en los
tribunales de alguna parte debe de provenir esos aspectos en cuanto a la oportunidades hay
algunas que todas están orientadas al incremento de usuarios al incremento de
organizaciones internacionales es algo que ha nacido últimamente que lo hemos tenido
últimamente nosotros lo tenemos con el IDH hace como unos doce años pero se puede
resumir en una población estudiantil nosotros dependemos si no son oportunidades la
población estudiantil con que contamos el incremento de usuarios y ahí manifestamos las
diferentes necesidades e de ahí los nuevos usuarios eso es de todo el mundo nuevo plan de
estudios debe estar unido a esto y habría que no echar en una cesta las palabras de que
nuestra curricula ya necesita que sea obligatorio el hecho de la práctica jurídica y
lógicamente el apoyo internacional y yo después de revisar esto que una oportunidad seria
que las universidades dejaran de competir entre sí que recuerden que todos podemos
ayudarnos conjuntamente podríamos reunirnos para hacer un estudios de casos para mejorar
y crear ideas de la misma especia para los usuarios que atendemos, las amenazas el
desconocimiento por parte de autoridades judiciales entre comillas, desconocimiento de
normativa vigente, los usuarios con falta de lealtad en alguna oportunidad esta es una
amenaza difícil de corregir porque escapa a nuestra propia preparación falta de planificación
presupuestaria indefinida y algo muy importante falta de estimulo nosotros no estimulamos a
los estudiantes nadie estimula a los colaboradores ni a nadie en esto y entonces esto siempre
será una amenaza mientras nosotros mimos no tratemos de estimularnos aunque sea con un
reconocimiento hecho a los mismos estudiantes siempre habrá estudiantes mejores y más
diligentes y eso se premia.
En cuanto a esta el Lic. Chavarría expresó que tenemos una serie de usuarios que nos visitan
de varias zonas de nuestro país y algunos de occidente y no podemos brindarle la asistencia
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que ellos quisieran y ver de esta forma a través de esta actividad coordinar para que ustedes
le brindasen la asistencia que nosotros no podemos.
9. Conferencia vespertina
La conferencia final fue impartida por el Licenciado Martín Rogel Zepeda y versó el “CODIGO
PROCESAL PENAL” cuya vigencia inició el 1 de enero del presente año, del cual se hace el
extracto siguiente:
No se lograba encara la proyección social con la docencia y con la investigación ese problema
aun persiste, se mantienen esos retos donde no existe el involucramiento y la conciencia de
aquellos que tienen en su poder la toma de decisiones y no solo aquellas autoridades
universitarias sino también del Órgano Judicial, acepto que lamentablemente muchos de mis
colegas fueron estudiantes que hemos pasados por momentos sumamente difíciles y que uno
tiene grandes inquietudes de tratar de aprender y proyectarse hacia la comunidad, hay
necesidad de desarrollar una actividad de acercamiento hacia estos funcionarios y los
compañeros encargados de la practica asumir un rol fuerte en esta actividad sean
acompañados por los decanos docentes obviamente pasa por los bajos salarios, puesto que la
docencia es una actividad mal pagada en nuestro país en todos los país la docencia viene a
ser un apostolado y los compañeros docentes llegan a la universidad preparan su clase y ya la
actividad de proyección lamentablemente su salario no lo cubre pero siempre hay docentes
que definitivamente están dispuestos a apoyar, yo pienso que no deben de dejar los docentes
los compañeros de la práctica aislada a los estudiantes porque estoy consciente de que en los
tribunales se les maltrata, denuncien esos maltratos y denuncien aquellos jueces prepotentes
reivindiquen sus derechos y por otro lado definir en los centros de práctica jurídica cual es la
visión si esta es de asistencia a la comunidad de proyección o si la visión está orientada a
fortalecer lo que es la docencia porque de eso dependerá que ustedes tomen más o menos
casos si llegan más a la comunidad o enlacen lo que es la practica con la docencia quiero
decirles que las universidades que deberían de competir por aquellas universidades que
tengan los mejores centros de practica hay que vender esa idea porque lamentablemente
estamos en una sociedad de mercado en la que hay que vender lamentablemente a veces no
es tanto la vocación sino que hay que llegar a decirles para que lleguen estudiantes y mas
persona quieran estudiar es esa universidad, etc., tenemos que ser cada vez más incisivos en
esa temáticas porque esos problemas que están diciendo en esa oportunidad se tenían en
aquel momento, queda una gran satisfacción de que en un momento dado se le ayudó a una
persona necesitada pero también necesitamos contar con los recursos y herramientas
teóricas y prácticas para poder dar un buen servicio, se requiere un consejo de docentes
especialistas en cada área para poder dar respuesta al usuario o decirle con toda claridad a la
38
gente mire su caso definitivamente no se lo podemos llevar y de esa manera estamos siendo
honestos y éticos con la gente, y que los practicantes no muy experimentados estén
supervisados por los coordinadores para que tenga un buen futuro, esta es una disgregación
una reflexión y un llamado a que fortalezcamos esta clínicas jurídicas porque eso va a denotar
el perfil del futuro profesional ahí podemos señalar los principios de carácter ético la
conciencia social que demanda todo profesional y poder sensibilizarse y poder identificar la
debilidad del sistema judicial.
Este código es un código que en principio trata de conciliar la multiplicidad de reformas que
se dieron el código que entro en vigencia el 20 de abril de 1998, ustedes recordaran que ese
código de 1998 es un código que sufrió más de 200 reformas y ahora se viene y se crea un
nuevo instrumento que trata de conciliar o superar las disfunciones del sistema anterior, en
nuestro país los problemas especialmente de la delincuencia de la persecución del delito se
pretende resolver mediante la creación de leyes y la ley no tiene el efecto mágico de resolver
los problemas sociales de un país entonces no esperemos que con este nuevo código vamos a
venir a transformar o vamos a darle más seguridad a la gente o le vamos a hacer sentir más
seguros esa es una falsa premisa, estos códigos únicamente pueden ayudar a resolver en
alguna medida las disfunciones del sistema anterior dado que ha habido una multiplicidad de
reformas.
Novedades del CPP:
Equilibrar la función de persecución del Ministerio Fiscal, con el ejercicio de la función
jurisdiccional (arts. 193 y 172 Cn).
Ustedes saben que a partir del Cd 1998 ya se le da un papel más relevante a la FGR porque
antes los que investigaban y respetaban las garantías eran los jueces y la FGR era la quinta
rueda de un vehículo, de la cual solo nos acordamos de su existencia en el momento que se
estropea una de las llantas, entonces esa situación en el código de 1998 le dio una gran
responsabilidad a la FGR de promover la acción penal, la FGR en ese momento no estaba lo
suficientemente preparada para ese momento, además este tipo de normativa requieren
dinero.
Desarrollar un modelo de procesamiento que permita un nivel adecuado de aplicación
por los operadores del sistema
En el código se verá simplemente tratar de regular lo que ya la práctica se viene realizando,
muchas practicas que no lo dice la ley en el actual código este lo pretende regular por
ejemplo en los delitos de acción privada no hay procedimiento de instrucción porque va a un
39
juez de sentencia, verán en las disposiciones que es un código que les dice por donde debe ir
caminando para que la gente no se pierda en la aplicación del mismo.
Ustedes van a ver que muchas de las garantías que comprende este código ya las comprendía
el anterior con la diferencia que en este se coloca en los principios básicos y constitucionales
únicamente los que son principios de rango constitucional vale la pena resaltar algunos que
no estaban con el código anterior como por ejemplo el acceso a la justicia el principio de la
dignidad humana que son aspectos novedosos aunque esto no es algo porque ya está
plasmado en este código a partir de ese momento ya existe la dignidad humana o a partir de
ese momento existe ya el acceso a la justicia ya la constitución ya lo establece, los
instrumentos sobre DDHH el pacto de san José, civiles y políticos siempre plantea esa idea de
lo que es la dignidad humana entonces aquella persona imputada o la víctima en el este
código se establece que hay que atender ese principio tratarle como persona como un ser
humano digno y bueno, entonces esta ideas de acceso a la justicia y la dignidad de la persona
pues tiene mucho que ver con lo analizado en este taller de que los jueces no les permiten ni
tan siquiera el ingreso a las audiencias que son públicas. En la práctica del juez a veces no se
da cuenta que la ciudadanía no ingresa o lo estudiantes no ingresan a ver un juez no es
porque l juez cierre las puertas si no que los que anulan la publicidad no son los jueces si no
que es una persona encargada de la seguridad y en repetidas oportunidades se le dice a los
vigilantes y estos responden que no hay personal de seguridad.
El aspecto social y el aspecto político es esencial para un abogado no nos podemos ver
aislados asique eso podemos ver que los estudiantes son excelentes leyendo los libros
estudiando pero no van a los tribunales en algunas oportunidades por la situación económica
que ya tiene un empleo no le dan permiso en los trabajos y en otra porque el sistema no les
permite el ingreso. El acceso a la justicia prácticamente viene a ser algo ilusorio porque no lo
exigimos porque si lo exigiéramos nos tendrían que dar el acceso, entonces estor principios
hay que hacerlos valer porque son principios que ahí están plasmados y aunque no existiera
en este código mediante la integración del derecho los podemos exigir, aunque no lo dijera el
código tenemos instrumentos sobre derecho humanos tenemos la convención sobre los
derechos del niño a veces el problema es que tal vez no hablamos con claridad a los
estudiantes porque las herramientas teóricas las dan en la universidad pero también hay que
ver como yo pienso que hay que acompañarlos que les vean como nosotros enfrentamos esas
paredes porque de esa manera los estudiantes aprenderán un modelo de docente.
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Acción penal
Quien promueve la acción penal es la FGR en este código se mantiene con la diferencia que en
materia de criterios de oportunidad, en este código ahora se plantea un criterio de
oportunidad reglado en el anterior código no se le colocaba ningún tipo de controles o
restricciones, ya se establece que la FGR levante un documento acta cuales son los arreglos y
eso va a permitir un mejor control y evitar esa proliferación de los criterios de oportunidad
que lejos de generar justicia ha generado situaciones injustas, también ya no implica que se
va a dejar de perseguir en su totalidad sino que se le puede dar por algunos delitos y por otros
no se puede obtener disminuciones en las penas.
En este código el jurado quedo reducido a unos cuantos delitos. En el actual código la
prescripción esta circunscrita a unos plazos cortos 10 años para los delitos más largos, hay
una regla que para los delitos que no pasa de años de prescripción va a prescribir a los 3 se
establece un máximo de 10 años sea cual sea la pena en este código se amplía un poco más a
15 años, también se establece que puede prescribir la persecución penal durante la
tramitación del proceso en el código actual ha creado disfuncionabilidad, da la impresión
aunque eso no es así, se da el procedimiento y el delito no prescribe pero eso no puede ser así
porque afecta la seguridad jurídica lo que hace es establecer reglas más precisas sobre la
prescripción ampliándolos, existiendo siempre la mediación como forma de resolver los
conflictos es importante que no todas las cosas lleguen al sistema penal lamentablemente en
nuestro medio todo se quiere resolver penalmente y el derecho penal lamentablemente no
resuelve las cosas adecuadamente derecho penal debe ser la ultima ratio pero en estos
tiempos es lo primero tenemos una sociedad que debemos de bajarle los niveles de
agresividad entonces esos mecanismos se dan mediante la conciliación y la mediación.
Una de las grandes novedades en este código es que los jueces de paz van a conocer de los
denominados procesos sumarios que hay en este código, en los denominados juicios rápidos
hay ciertos delitos como el hurto robo conducción temeraria cuando la persona es capturada
en flagrancia no habrá necesidad de llegar hasta sentencia sino que el juez de paz puede
emitir la sentencia eso significa que esos casos van a ser resueltos con una gran prontitud en
teoría y además otras de las grandes novedades es que los tribunales de sentencia que son
colegiados en su mayoría van a conocer los casos de manera unipersonal salvo algunas
excepciones se va a constituir el tribunal de manera colegiada por otro lado las cámaras de
segunda instancia que hasta este tiempo han tenido de menor importancia hoy vuelven a la
vida porque van a conocer de la apelación de la sentencia definitiva en este código en el
actual la sentencia definitiva únicamente admite el recurso de casación que va a la sala de lo
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penal, en el nuevo código va a ver apelación de las sentencias definitivas esto es para tratar
de poner acorde con los instrumentos de derechos humanos que hablan de la doble instancia,
habría que ver si nuestras cámaras están en esa sintonía porque solo conocían de los
sobreseimientos de apelaciones durante la tramitación del proceso y no de las sentencias
definitivas, se espera de que las cámaras estén a tono con esto porque se van a nombrar a
otros jueces y cámaras y además la sala de lo penal va a conocer siempre el recurso de
casación pero ya va a ser un conocimiento más limitado actualmente el embudo está en la
sala de lo penal que no logra resolver los casos con mayor prontitud.
Se establece la obligación de la Fiscalía de diseñar una política de persecución del
delito, la cual tiene que ser de acceso público.
Esto es fabuloso puesto que nos permite saber cuál es la política de la fiscalía, casi nunca se
ha puesto o sentado a elaborar un plan de cuáles son los delitos que va a perseguir sino que
se va actuando sobre la base de lo que va llegando y eso me parece un avance, esperamos
que en la política de la misma no solo se persiga los delitos bagatelares sino también de
corrupción, de lavado de dinero, de narcotráfico; estamos hablando de algo grueso
obviamente que eso pasara porque la FGR cada vez se vaya profesionalizando mas pero es un
avance en cuanto a lo que es la transparencia y en la medida que la ciudadanía vaya
conociendo puede ir exigiendo más y mejores resultados.
Rescatar la institucionalidad y que esta sea fuerte; yo pienso que la puesta de las instituciones
debe de pasar por una serie de discusión con las universidades y estas cada vez mas deben de
contribuir en generar un elemento mucho más preparado para las exigencias.
En cuanto al imputado casi se mantiene lo mismo el punto que si es importante
resaltar es: Se reconoce un caso excepcional de juzgamiento sin la presencia del
imputado, cuando se ha iniciado la vista pública y ha desfilado prueba.
Hasta este momento estamos hablando que no se puede juzgar en rebeldía para llegar al
juicio debe de estar presente el imputado a raíz de los casos que se han dado y para ello
surgen estas normas y hay que tener mucho cuidado en el sentido cuando se refiere que se
puede juzgar sin la presencia del imputado ese desfile de prueba debe ser algo que ya sea
prueba verdaderamente prueba porque a veces podemos caer en extremos que pueden
afectar derechos y garantías fundamentales porque si nosotros llevamos hasta el extremo
podemos crear un sistema atentatorio contra los derechos de las personas estos se refieren a
los supuestos de que ya prácticamente ya toda la prueba desfilada o por lo menos la más
42
importante y el imputado se ha dado cuenta de que va a obtener una decisión desfavorable a
él y se pueda dar la sentencia lamentablemente en múltiples oportunidades se pretende en
supuestos no previstos en la norma se pretende generalizar y eso debe ser específicamente
para los supuestos específicamente señala cuando ya ha desfilado la prueba no es para
supuestos en que el imputado probablemente porque no ha sido trasladado no es que no
quiera estar presente porque a veces se quiere generalizar no es esa la idea solo en el caso
que se haya fugado y se haya recibido la prueba no generalizar eso para otros casos no
previstos.
En cuanto a la defensa se contempla lo que es la defensa de oficio pero de una manera muy
excepcional en el código del 98 no se habla de la defensa de oficio sino de la defensa pública
no obstante eso el pacto de san José siempre habla de la defensa de oficio entonces me
parece que en un momento dado se puede invocar la defensa de oficio se puede manejar de
forma excepcional bueno como hay la procuraduría las clínicas jurídicas, entonces la defensa
de oficio ya a aparece en este código habría de buscar mecanismos de cómo las clínicas
jurídicas pueden coordinar con los encargados de los departamentos de práctica jurídica para
que pueda accesar y facilitar la actividad que ustedes desarrollan.
En este código ya se establece el mejor control o mejor ejercicio de lo que es la
responsabilidad civil porque normalmente en este código solamente se enfoca a lo que es la
responsabilidad penal y no para la responsabilidad civil quedando un poco descubierto las
consecuencias civiles del delito la gente a veces se queja que ha sufrido un daño o perjuicio y
el juez absuelve y eso es porque no se ha ejercitado debidamente la acción civil y el tribunal
no puede condenar si no le han probado los perjuicios. Este código no es que presente
mayores complicaciones si no que se puede estudiar de una manera comparativa con el
actuar y tener algún tipo de sesiones con los estudiantes que se van a dedicar en asistencia en
el área penal y por otro lado acompañarlos a ellos a las audiencias que se van a dar pronto, la
manera de poder crear mejores profesionales es mediante la práctica y ustedes tienen en sus
manos como el alfarero que está forjando una obra de arte.”
10. Directrices para los consultorios jurídicos universitarios que limitan las barreras de
acceso a la justicia penal de grupos vulnerables. Perspectivas en relación al nuevo
proceso penal, propuestas por el licenciado Martín Rogel Zepeda.
Centraremos nuestra exposición comentando el nuevo Código Procesal Penal que se espera
entre en vigencia en enero del año dos mil once, abordando aquellos temas de interés bajo
la temática genérica propuesta en la presente conferencia.
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El nuevo código procesal penal pretende equilibrar la función de persecución del delito que
le corresponde al ministerio Fiscal tratando de corregir los errores que se dieron con el
código vigente el 20 de abril de 1998. Tal es el caso del otorgamiento de los criterios de
oportunidad dados por la Fiscalía sin mayores controles de parte de este ente, es decir que
en este nuevo código se mantiene los criterios de oportunidad, pero con una
reglamentación más precisa que garantiza una mejor administración de justicia; tratando de
evitar el concederlos a aquellas personas que pertenecen a la cúpula de una organización
criminal y tienen más responsabilidad en la comisión de delitos, frente a las personas que
delatan; tal ha sido el caso de corrupción detectada en el caso de la Administración de
Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en donde se dio una criterio de oportunidad a una
persona que tenía más responsabilidad que aquellas personas que incriminó.
El código recién aprobado ha determinado de forma más detallada la obligación de la
Fiscalía General de la República de organizar una política respecto al ejercicio de la acción
penal, lo que permitirá un mayor control y transparencia en la gestión de este órgano
persecutor de delito. Lo anterior pasa por que la ciudadanía exija a la fiscalía que haga
pública dicha política, en la que se espera que no solo se persiga los delitos de bagatela sino
también a las estructuras de crimen organizado, de corrupción, de trafico de drogas, etc., que
hasta el momento se mantienen impunes.
Con el nuevo código procesal penal se pretende desarrollar un modelo de procesamiento
mixto con tendencia acusatoria que permita un nivel adecuado de aplicación de la justicia a
todos los operadores del sistema tratando de superar las disfunciones del sistema anterior,
desarrollando y ampliando los derechos de las víctimas, de los imputados, acentuando no
solo el ejercicio de la acción penal sino también de la acción civil que normalmente es
olvidada por la representación fiscal y, cuando concurre, la querella se hace de manera
deficitaria.
En lo que respecta a los principios y garantías constitucionales se reconoce únicamente
principios de rango constitucional, en este apartado del código encontramos de manera
novedosa el principio de dignidad humana, que tiene una connotación de gran relevancia en
los instrumentos de derechos humanos, y que en el código aparece como un derecho que
tiene la víctima y el imputado a ser tratado con el debido respeto de su dignidad. Dicho
principio nos recuerda aquella idea de que la dignidad humana es lo que diferencia a las
personas del resto de especies que habitan la tierra y que toda actividad del Estado debe
estar orientada hacia las personas por ese sustrato especial que es la dignidad; de igual
manera aparece como principio básico el acceso de la víctima del delito a la administración
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de justicia, quien tiene derecho de intervenir en el procedimiento independientemente de
que se constituya o no como parte querellante. El acceso a la justicia es un instrumento que
permite el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales de las personas y que
favorece el quitar las barreras existentes en la justicia penal Salvadoreña para que las
personas más vulnerables puedan acudir a la justicia.
Se garantiza una tutela judicial efectiva en aquellos casos en los que el ente fiscal no
promueva la acción penal pública mediante la transformación de esa acción en privado.
Se mantiene en el nuevo modelo de procesamiento aquellas instituciones existentes en el
código de 1998 que permites obtener salidas alternas sin necesidad a que concluya el
proceso con una sentencia definitiva tal es el caso de la Suspensión Condicional del
Procedimiento, la Conciliación y la Mediación.
En lo que respecta a la extinción de la acción penal es relevante señalar que se regula la
prescripción antes de iniciar el procedimiento y durante el procedimiento en donde se
amplían los plazos de la prescripción especialmente en lo que respecta a la rebeldía del
imputado. En el código de 1998 se había llegado al absurdo de haberse derogado aquella
disposición que regulaba la prescripción durante el procedimiento, lo cual constituía un
atentado contra la seguridad jurídica.
En lo que respecta a la competencia de los tribunales es relevante señalar algunas
modificaciones como las siguientes: los juzgados de paz tendrán bajo su competencia el
denominado procedimiento sumario, el que se aplicará para conocer de los delitos de
conducción temeraria, hurto y hurto agravado, robo y robo agravado, tenencia, portación y
conducción de arma de fuego y los delitos de posesión y tenencia de drogas cuando nos
encontremos en el inciso primero del Articulo 34 de la Ley reguladora de las actividades
relativas a las Drogas.
El procedimiento sumario encomendado a los jueces de paz trae como consecuencia que
estos juzgadores celebrarán en un plazo mínimo de tres días o máximo de diez una vista
pública de la que deberán elaborar una sentencia definitiva, lo que implica mayor prontitud
en la resolución de estos delitos que con el código anterior demoraban un mínimo de tres
meses y un máximo aproximado de un año de mora que incidía en la pérdida del interés por
parte de la victima a declarar en la Vista Publica puesto que la víctima era convocada a una
multiplicidad de audiencias lo que generaba molestias para la víctima.
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Otra modificación importante es la que presentan los tribunales de sentencia en su
conformación, como tribunales unipersonales que conocerán de la generalidad de los delitos
y que funcionaran de manera excepcional como colegiados, se presenta como novedad que
la tramitación, dirección de la vista pública, redacción y ponencia de la sentencia en los casos
de conocimiento colegiado deberá hacerse una distribución equitativa. La idea básica de esta
conformación es el crear más efectividad en el juzgamiento y procesamiento de los casos;
pero se vislumbra la posibilidad de la existencia de criterios contradictorios al interior de un
mismo tribunal, es decir que un caso similar tramitado ante uno de los jueces de un mismo
tribunal sea resuelto de forma diferente por otro de los jueces de ese tribunal.
En cuanto al Jurado, para evitar errores sobre cuales delitos le corresponde a este tribunal, el
nuevo código ya especifica cuáles serán los delitos sujetos a su conocimiento, de donde se
denota que ya no se utilizara un criterio o sistema de exclusión como el que aparecía en el
código de 1998, en el que lo que no fuera competencia del tribunal colegiado lo seria del
jurado, lo que dio lugar a que fueran anuladas muchas sentencias cuando se hacían
interpretaciones erróneas sobre este punto.
Las Cámaras de lo Penal amplían su conocimiento en materia de recurso de apelación en
donde ya no será exclusiva la apelación contra las sentencias interlocutorias sino también
contra las sentencias definitivas, dicha reforma tiene por fundamento el garantizar la
posibilidad de que un tribunal de segunda instancia conozca de la sentencia de primera
instancia dando cumplimiento a lo preceptuado en la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos sobre la existencia de un recurso expedito; no obstante lo anterior dicho
conocimiento de las cámaras de segunda instancia que tendrán la facultad de revisar en su
totalidad lo acontecido en la primera instancia requiere que los tribunales sean dotados de
recursos video-gráficas, de esta forma se pretende subsanar el principio de inmediación lo
que permitirá a las cámaras que no han tenido contacto directo con los medios de prueba,
imponerse de lo acontecido durante el juicio. En ese sentido se ha dotado de cámaras de
video las salas de los tribunales de sentencia para que se grabe el juicio y las cámaras de
segunda instancia, puedan apreciar lo acontecido durante la vista pública sin haber estado en
la misma. Por otra parte si el recurso de apelación de las sentencias definitivas da frutos
positivos, es decir se resuelven con prontitud, se superara el embudo existente en la
actualidad en la Sala de lo Penal, porque la mora actual de los tribunales de lo penal no
reside en los Tribunales de Sentencia, sino en la Sala de lo Penal, que es el encargado de
conocer del recurso de casación; por supuesto que es necesario poner de relieve que se
vuelve una necesidad el mejorar la calidad de la justicia de segunda instancia porque de lo
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contrario la debilidad existente hasta este momento en la Sala de lo penal con el nueve
código se trasladara a las Cámaras de lo Penal.
En lo que concierne al imputado, se reconoce de manera excepcional su juzgamiento en
ausencia cuando se ha iniciado la vista pública y ya ha desfilado prueba. Lo anterior ha
tenido lugar porque en la práctica se ha dado el caso de que los imputados que se
encuentran con medidas sustitutivas a la detención al ver que ha desfilado prueba en su
contra, se ha evadido de las salas de audiencia, lo que ha paralizado el continuar con el
proceso, dado que no es permitido realizar el juicio sin la presencia del imputado.
Pretendiendo evitar dicha disfuncionalidad el articulo 88 Inc. 3° plantea “no procederá la
suspensión de la vista pública, cuando se haya iniciado la fase de prueba y el imputado ya no
aparezca por cualquier motivo”, dicho precepto debe ser analizado con mucho cuidado
puesto que cuando se dice “que se haya iniciado la fase de prueba”, no debe interpretarse
que ya el proceso ha adquirido un nivel de profundidad tal que la presencia del imputado ya
no es necesaria.
En cuanto a la intervención de la defensa en el proceso diremos que se regula de una manera
más adecuada dicho derecho frente al código de 1998, incluyéndose de manera excepcional
la defensa de oficio, lo que es novedad para este código, no así en el Pacto de San José, que
ha sido ratificado por el país por lo tanto es Ley de República, en el cual se habla de la
defensa de oficio.
En cuanto a las víctimas se amplía el marco de derecho de las mismas y se pretende mejorar
los medios de acceso a la justicia, potenciando una mayor protección a las victimas
especialmente a aquellas menores de edad. Notase que si integráramos la normativa sobre
derechos humanos a nuestra actividad cotidiana invocaríamos estos derechos aunque no
existieran preceptos en el código procesal penal sobre el particular, por ejemplo: en materia
de derechos de la niñez que existe la convención sobre los derechos del niño, que nos da
muchas reglas que son de gran utilidad.
Como novedad encontramos el denominado régimen disciplinario para todos los
intervinientes en el proceso, se reconocen como infracciones las actuaciones de mala fe las
conductas dilatorias y la defensa temeraria estableciéndose un recurso que respete la
garantía de audiencia.
En materia probatoria se desarrolla un marco de mayor regulación que evita disparidad de
criterios en la interpretación de los parámetros probatorios se establecen conceptos o
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presupuestos de pertinencia, utilidad de la prueba que le permiten al juez y a las partes un
mejor control sobre la prueba, sin pasar por alto lo que son las reglas de la legalidad y las de
exclusión probatoria.
En el ámbito de la prueba se diferencian entre los actos urgentes de comprobación frente al
resto de medios de prueba.
Encontramos especialmente regulados algunos actos de prueba que el código anterior no
comprendía, tal es el caso de los exámenes de ADN, acceso de bancos de esperma mediante
autorización judicial, aparecen regulada las pruebas informáticas, la prueba de referencia, de
carácter y de habito, prueba mediante objetos, reglas sobre la cadena de custodia etc.
En lo referente a las diligencias de investigación, se regula de forma más detallada el secreto
bancario y tributario, la inmovilización de cuentas en el sistema financiero, lo que de
aplicarse de manera decisiva puede ser de mucha utilidad en la investigación de los delitos
del crimen organizado como es el lavado de dinero y activos, la evasión de impuestos sobre
la que existe una férrea resistencia de parte de grupos poderosos del país que se resisten a
ser inquiridos en sus patrimonios. Por supuesto que la existencia de normas sobre el
particular representa un avance, pero es insuficiente para profundizar en las investigaciones
que demandan una política decidida del Estado a perseguir estos hechos delictivos y no solo
la criminalidad bagatelaria; se requieren recursos del Estado que fortalezcan las técnicas de
investigación, que fortalezcan la capacidad de la Policía y de la Fiscalía, así como que el
Órgano Judicial esté curado contra la corrupción.
Bueno, considero que con esta escueta exposición basta para dar un precario esbozo de este
nuevo código que espero tenga mejor futuro que el vigente, puesto que antes de entrar a la
vida jurídica ya había sido presa de múltiples reformas debido a que en aquel momento se
esperaba que por arte de magia dicha normativa resolviera los problemas de delincuencia
que tiene causas estructurales en nuestra sociedad. Dicho código se constituyó en una suerte
de Chivo expiatorio a quien se culpó del incremento de la delincuencia del País Ahora me
pregunto ¿De qué se culpará a éste código?
Ustedes serán testigos de lo que está por venir.
Muchas gracias.
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11. Conclusión final del taller
La conclusión final estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Uriarte Audi quien en síntesis concluyó:
“En cuanto a los problemas planteados uno se siente hermanado en cuanto a las dificultades
que han sido similares cada país cada región tiene sus particularidades pero en última
instancia los problemas que tenemos y las metas a las que aspiramos son prácticamente las
mismas, tienen muy buena voluntad de superar los obstáculos van por buen camino nosotros
por mas años de consultorios jurídicos tenemos los problemas que señale y vamos camino a
superarlos.”
III. ESTRATEGIAS APLICABLES A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS UNIVERSITARIOS.
1. Organización y funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Universitarios.
Los consultorios jurídicos universitarios funcionan como una actividad académica que es, por
un lado, una innovadora alternativa para la enseñanza de derecho, y por otro, una práctica
que estrecha los vínculos entre la enseñanza academia, y/o las organizaciones civiles y la
comunidad en la que éstas se insertan. Los estudiantes y graduados en derecho llevan
adelante casos judiciales reales en donde se involucran prácticas que limitan, obstruyen, o
restringen la protección de derechos fundamentales de las personas.
A través de esta actividad los participantes ponen en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos en el transcurso de la carrera, adquieren experiencia jurídica a través de la
promoción de casos reales, participan en la exploración y ensayo de nuevos instrumentos
procesales y sustantivos para la práctica jurídica, y protagonizan un foro de reflexión teórica
sobre las posibilidades y alcances del derecho como herramienta para modificar y mejorar
prácticas sociales.
Esta actividad se desarrolla ante los operadores e instituciones de la comunidad legal y
judicial en la cual se inserta el consultorio jurídico. De esta manera, favorece la permanente
interrelación entre los participantes de este núcleo académico y los actores de la comunidad
jurídica (Ciudadanos, abogados, jueces, administradores, legisladores, etc.). A su vez, se
traduce en un servicio concreto que contribuye a una re-caracterización del rol social del
abogado.
Por lo que el perfil del practicante o alumno en servicio social debe ser con un interés
eminentemente social profesional.
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Así mismo es necesario que la oficina fortalezca la academia con un claro énfasis en servir al
estudiante y practicante como una verdadera clínica jurídica. Al contar con mayor número de
estudiantes y con énfasis en la formación de las habilidades, destrezas, valores y formación
social profesional, con dicha estrategia se debilita las acechanzas que erosionan la gratuidad
de los servicios jurídicos ofrecidos por la oficina y se mantiene el entusiasmo en la gestión de
los mismos.
1.1 Organización
De acuerdo con entrevistas realizadas con los/as decanos y coordinadores de las distintos
centros de práctica universitarios, se establece que todos los consultorios cuentan con un
coordinador que asume las funciones de un gerente del consultorio, asimismo cuentan con
un número de asesores, tutores entre los que existen abogados/as y notarios, expertos en
cada una de las ramas del derecho, y se encuentra integrada por estudiantes, además
cuentan con por lo menos un colaborador que realiza las funciones de una secretaria; todo
este es personal asalariado financiado por cada universidad.
Todos los consultorios jurídicos universitarios cuentan con un amplio cuerpo de practicantes
integrado por estudiantes de la carrera de ciencias jurídicas cuyo requisito esencial es haber
aprobado por lo menos el 70% de las materias del pensum universitario.
El fin primordial de los consultorios jurídicos universitarios es promover en los abogados y
estudiantes que la integran la conciencia social en su labor como operadores del derecho. A
través del acompañamiento en el litigio de interés público, pretenden que el estudiante no
sólo adquiera destreza profesional sino también que entienda al derecho como una
herramienta de cambio social y generador de políticas públicas. Consultorios jurídicos
universitarios incentiva la reflexión sobre el deber inexcusable, como profesional del
derecho, de promover la dignidad de las personas y consecuentemente la protección de sus
derechos.
1.2 Funcionamiento
1.2.1 Selección del caso
Los consultorios jurídicos universitarios reciben los casos de diversas formas, a través de la
persona directamente interesada o por interposita persona. Cada solicitud obtiene una
respuesta, pero no todas las denuncias se convierten en casos, se le delega al estudiante la
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decisión de admisibilidad de casos a ellos, quienes tienen discusiones sumamente fructíferas
con los coordinadores de las áreas sobre los fundamentos de por qué tomar o no un
determinado caso, si bien implica necesariamente mayor esfuerzo y tiempo en el momento
de la selección, rescata la reflexión individual de los estudiantes sobre la importancia social
del mismo, la oportunidad de aprendizaje, los recursos financieros comprometidos, la
viabilidad jurídica, etc.
Para la respectiva selección se toma en consideración los siguientes aspectos:
Viabilidad Jurídica
Previo a la aceptación del caso, el consultorio jurídico podrá realizar un estudio sobre la
factibilidad jurídica para llevarlo adelante, se entiende por ésta en sentido amplio, no sólo la
posibilidad de judicializar el conflicto sino de llevar adelante un accionar concreto que pueda
satisfacer los intereses de los afectados por la violación de algunos de sus derechos.
Condición económica del solicitante
El consultorio jurídico estudiará aquellos casos en que los afectados no puedan acceder a la
asistencia letrada debido a inconvenientes económicos y ésta procurará solventar los gastos
pertinentes a la causa con fondos propios; caso contrario, y excepcionalmente, debido a la
condición económica del denunciante, los mismos correrán por su cuenta.
Ubicación geográfica del caso
Por una razón de costos y por una necesidad de inmediatez entre las víctimas, el lugar de los
hechos y el contacto de los coordinadores con la causa, se priorizará llevar casos que se
desarrollen dentro del departamento al que pertenece el consultorio.
Actualmente los casos que con mayor frecuencia son diligenciados son : divorcios, alimentos,
reconocimientos de paternidad, modificación de sentencia para bajar la cuota alimenticia,
estados subsidiarios, aceptación de herencia, escrituras de identidad, adecuación de
nombres, Titulaciones, uno que otro caso laboral de despido injustificado, etc. Lo que
evidencia conflictos interpersonales y no de poder o vulneración de derechos fundamentales,
inclusive de intereses muy privados. Por lo que es recomendable privilegiar casos de mayor
relevancia, de una connotación de interés público y con suficientes elementos jurídicos que
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conlleven estudios académicos serios. Ello potenciaría la predilección de los alumnos en
servicio social y de práctica jurídica que los inclinase a desarrollar las mismas en la oficina.
Diagnostico del caso
El caso puede cumplir con todos los requisitos señalados anteriormente, pero el consultorio
jurídico se reserva el derecho de aceptarlo por otras cuestiones valorativas analizadas en el
caso particular por sus miembros.
Se tendrán en cuenta también, al momento de aceptar un caso, dos argumentos, a saber:
o El valor agregado de la experiencia. La experiencia obtenida por los estudiantes y
los coordinadores en el tratamiento de casos similares.
o La circunstancia o estado procesal en que se encuentra el caso llegado a manos de
los estudiantes.
2. Los servicios ofrecidos.
Los servicios consisten en brindar desde una asesoría hasta la tramitación de un proceso ya
sea de forma parcial o completa.
2.1 Asesorías
A través de estas asesorías se proyectan respuestas o conceptos frente a interrogantes o
problemas jurídicos planteados por los consultantes a los estudiantes. Pueden incluir
propuestas que el solicitante está en libertad de acoger o no y recomendaciones.
2.2 Acciones judiciales
En estos casos los interesados solicitan la interposición de una acción judicial por parte del
Grupo. Luego de aplicar los criterios de evaluación que tiene el grupo y si se considera que es
viable, se proyecta la acción y se involucra en su redacción e interposición a algunos
miembros del grupo solicitante, como una forma de trabajo y aprendizaje conjunto en las
acciones de interés público. Esta estrategia nos fortalece en materia de legitimación y nos
permite una mayor cercanía a la problemática cuya solución se busca con la acción.
Todos los consultorios jurídicos universitarios prestan toda una gama de servicios jurídicos,
en las distintas áreas del derecho aunque predomina el área penal y el área de familia; sin
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embargo también atienden otros motivos como civil, mercantil o laboral y transito bajo la
dirección y supervisión de un grupo de abogados expertos en cada rama del derecho. Los
estudiantes que pertenecen a los consultorios jurídicos actúan bajo la coordinación de
profesores designados para el efecto y atendiendo orientaciones del propio consultorio
jurídico, que les asiste en la elaboración de escritos, alegatos entre otros, sin que pueda el
estudiante ejercer en forma incontrolada o carente de orientación jurídica y académica, lo
cual garantiza la idoneidad de la defensa o intervención en favor de la persona que requiere
de su representación.
En cuanto a la tramitación de procesos de acuerdo con algunos reglamentos debe ser parcial,
otras veces se extiende hasta la finalización del proceso declarativo con independencia de la
materia de que se trate, por ejemplo en materia penal generalmente se prevé la
intervención del consultorio hasta la fase intermedia o audiencia preliminar, pero en
realidad la mayoría se extienden hasta la sentencia definitiva firme, lo que implica trascender
hasta la segunda instancia o casación si es necesario.
Con relación al área del derecho notarial y de la jurisdicción voluntaria que también la
atienden los consultorios jurídicos universitarios vale la pena hacer la siguiente aclaración:
En algunos consultorios los servicios jurídicos de notariado, es decir la función puramente se
escrituración y actas notariales así como la jurisdicción voluntaria, entiéndase lo relativo a las
diligencias contenidas en la ley de Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, así como
otras diligencias no contenciosas contenidas en otras leyes, como las aceptaciones de
herencia, titulaciones supletorias y otros en que no hay contención, también lo realizan los
consultorios universitarios, pero con una doble modalidad, los estudiantes realizan
entrevistas con los diferentes actores y organismos involucrados en el caso, preparan escritos
judiciales y administrativos, desarrollan diferentes estrategias legales y comunicacionales en
equipo, y son protagonistas en todas aquellas actividades que hacen al procedimiento del
caso.
Algunos lo hacen como una función mas del consultorio jurídico, es decir como una materia
más que atienden, otros consultorios jurídicos en cambio lo hacen pero bajo la modalidad de
horas sociales de los estudiantes, la diferencia fundamental radica en que si se tramita en
sede judicial está sujeta administrativamente a la regulación de la práctica jurídica que el
estudiante de ciencias jurídicas debe realizar como requisito para ser autorizado como
abogado, en tanto que cuando la actuación se limita a sede notarial, abona únicamente a
título de servicio social, para cumplir con el requisito de determinado número de horas
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sociales que el estudiante debe acreditar como requisito de graduación de la respectiva
universidad.
En todo caso lo más importante a destacar es que los consultorios jurídicos universitarios no
tienen límites en cuanto a las áreas del derecho en que prestan sus servicios que los usuarios
solicitan, como tampoco se limitan en relación a casos determinados.
3. Métodos o formas utilizadas para el monitoreo de casos.
La mayoría de consultorios jurídicos universitarios cuentan con mecanismos de control y
seguimiento de casos que se tramitan o impulsan por los miembros que lo integran; se
destaca entre estos medios la formación de expedientes en los que se agregan los
documentos que respalden las actuaciones procesales que se realizan, las cuales son
permanentemente revisadas por las coordinadores a fin de verificar el desarrollo o avance de
cada caso.
Se utilizan también ficheros en los que cada miembro del consultorio debe consignar la
última actuación procesal inmediatamente después de realizarla, en una ficha que es
designada para cada proceso o diligencia en que interviene el consultorio jurídico, esta ficha
es revisada constantemente por la coordinación para verificar el avance del proceso y
además es la base para la atención e información que solicita el usuario.
En común el uso de formularios pre elaborados en la cual los practicantes consignan como
una especie de reporte, todas sus actuaciones en el proceso, con los que se forma un
expediente para la verificación y control de las actividades del consultorio.
4. Estrategias a seguir a partir del FODA.
Como ya se ha dicho de acuerdo con los convenios y algunos reglamentos de práctica jurídica
que son instrumentos reguladores de las funciones de los consultorios jurídicos
universitarios; los practicantes deben impulsar el proceso hasta una etapa del proceso, por
ejemplo en el proceso penal se considera hasta la audiencia preliminar, en otros procesos
hasta la sentencia definitiva.
Sería bueno, en cambio, que el consultorio continúe con la tramitación del proceso hasta su
completa finalización incluyendo hasta la ejecución de la sentencia, con independencia de la
materia de que se trate por ejemplo en el proceso penal, se debería regular la continuación
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de la tramitación del proceso hasta la vista pública o hasta que la sentencia definitiva
adquiera el estado de firmeza. Se puede inclusive regular la intervención en la fase de
ejecución de la sentencia, por cuanto el usuario si es condenado, requiere de asistencia
jurídica aun en esta etapa, asistencia que es de trascendental importancia en virtud de que
aun en la ejecución se puede gozar de algunos beneficios penitenciarios que puede procesar
el consultorio universitario a través de sus miembros.
Por otra parte se puede regular la asistencia jurídica de las personas usuarias en los procesos
de ejecución que con el Código Procesal Civil y Mercantil, ahora se tramitan con una
regulación especial, y que demanda la postulación técnica preceptiva ya sea en proceso Civil,
Mercantil y especialmente familia en donde muchas veces se adquiere la sentencia
declaratoria a favor del usuario, pero el obligado no la cumple o lo hace de forma parcial o
incompleta siendo, por tanto necesaria la intervención del abogado para su cumplimiento
completo.
Algunas veces los consultorios jurídicos universitarios se ven imposibilitados para
proporcionar la asistencia jurídica en los procesos de ejecución debido a que las actuaciones
de los practicantes no son apreciados como práctica jurídica la –intervención en este tipo de
procesos, lo cual a veces es un pretexto para no asistir jurídicamente de manera eficaz y
eficiente a los usuarios que demandan este tipo de sentencias jurídicas.
IV. ESTADISTICAS DE CASOS LLEVADOS POR LOS CONSULTORIOS JURIDICOS
UNIVERSITARIOS Y ESTIMADO DE CUANTO ECONOMICAMENTE REPRESENTA LA
LABOR SOCIAL QUE LOS MISMOS REALIZAN.
Por regla general los consultorios jurídicos universitarios no llevan una estadística de casos
desarrollados, generalmente se limitan a elaborar reportes detallados en que por motivos, en
los que consignan el estado de los procesos; estos informes se realizan de manera trimestral,
semestral o anualmente, pero no se detalla números de casos, contenido o tipo de conflictos
a resolver, por lo que no se cuenta con un verdadero sistema estadístico que permite medir
adecuada y numéricamente los aportes que se hacen a los grupos vulnerables en materia
jurídica.
Al no contar con cuadros estadísticos difícilmente se puede cuantificar económicamente a
cuánto asciende el costo de operatividad del consultorio, sin embargo se puede afirmar que
la cuantificación económica del consultorio dependerá fundamentalmente del número de
miembros que integran el staf contratado por la universidad de que se trate.
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V. NORMATIVA QUE AUTORIZA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS.
1. Constitución de la República en su art. 2, 3 inc. 1º, 8, 9, 11
Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la
seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y
defensa de los mismos.
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.
Jurisprudencia.
D. Derecho a la seguridad.
a. Seguridad material.
El tribunal ha señalado que el derecho a la seguridad tiene dos dimensiones: como seguridad
material y como seguridad jurídica. En su dimensión de seguridad material, tal derecho
"equivale a un derecho a la tranquilidad, es decir, un derecho de poder disfrutar sin riesgos,
sobresaltos ni temores los bienes muebles o inmuebles que cada uno posee, o bien la
tranquilidad de que el Estado tomará las medidas pertinentes y preventivas para no sufrir
ningún daño o perturbación en la persona" (Sentencia de 7-IX-2001, Inc. 15-98, Considerando
IV 1 B).
b. Seguridad jurídica.
En su dimensión de seguridad jurídica, el derecho a la seguridad ha sido caracterizado por la
SC como "un derecho fundamental, que tiene toda persona frente al Estado y un deber
primordial que tiene el mismo Estado hacia el gobernado; pero entendido como un deber de
naturaleza positiva, traducido, no en un mero respeto o abstención, sino en el cumplimiento
de ciertos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias exigidas por el propio
ordenamiento jurídico, para que la afectación de la esfera jurídica del gobernado sea válida.
Es decir, que todos y cada uno de los gobernados tenga un goce efectivo y cabal de sus
derechos. En perspectiva con lo anterior (...), por seguridad jurídica debe entenderse la
certeza que el individuo posee de que su situación jurídica no será modificada más que por
procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente.
Desde este punto de vista, resulta entonces válido inferir, que una de las manifestaciones de
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lo que implica seguridad jurídica, es el derecho de audiencia" (Sentencia de 21-VII-1998,
Amp. 62-97, Considerando III).
Con el mismo derecho ha vinculado el principio nec reformatio in peius: "la figura llamada de
la reforma peyorativa –reformatio in peius– consiste, como es bien sabido, en la situación
que se produce cuando la condición jurídica de un recurrente resulta empeorada a
consecuencia exclusivamente de un recurso (...); el principio nec reformatio in peius, además
de constituir un elemento importante del proceso constitucionalmente integrado, contribuye
al desarrollo del principio de seguridad jurídica, puesto que al impedir que el tribunal de
alzada modifique –en perjuicio del recurrente– puntos que no le han sido alegados, se
protege al apelante en su situación jurídica adquirida, brindándole seguridad en relación con
la esfera de sus derechos y fomentando asimismo el acceso a la segunda instancia ya que se
sabe que con ello se puede lograr una modificación de la sentencia de primera instancia
favorable a su pretensión, pero no una más gravosa" (Sentencia de 15-VI-1999, Amp. 197-98,
Considerando III 3).
E. Derecho al trabajo.
Sobre el núcleo del derecho al trabajo, ha dicho la SC que el mismo está constituido por "el
reconocimiento y la protección a la capacidad que tiene la persona humana para exteriorizar
su energía física y psíquica con el objetivo de conseguir un fin determinado; fin que, por
trascender, en su beneficio, de los meros efectos referidos al mismo trabajador, a beneficios
económicos, sociales y culturales de la Comunidad, pasa a convertirse en una función social;
derecho que en la Ley Suprema se reconoce como fundamental" (Sentencia de 22-X-1999,
Inc. 3-93, Considerando III 1).
a. Dimensión individual.
También ha caracterizado dos dimensiones en el contenido del derecho al trabajo: en su
dimensión de derecho individual, "el derecho al trabajo no es sino una manifestación del
derecho general de libertad; es así como la Constitución, en los arts. 2 y 9, lo contempla
dentro de los derechos individuales. Lo anterior significa que la normativa constitucional, en
primer lugar, reconoce a toda persona su calidad de ente capaz de exteriorizar
conscientemente su energía física y psíquica, a fin de conseguir la realización o satisfacción
de una necesidad, un interés o una utilidad social; y, en segundo lugar, garantiza que dicha
libertad no pueda ser arbitrariamente determinada o condicionada, ya sea por el Estado o
por cualquier particular y, en caso de intentarse su vulneración, poner en marcha los
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mecanismos de tutela de tal manifestación de la libertad" (Sentencia de 14-XII-1995, Inc. 17-
95, Considerando IV 1).
b. Dimensión social.
En tanto derecho social, ha afirmado la jurisprudencia que "la Constitución reconoce que el
trabajo, como una actividad humana, encarna un valor ético y, consecuentemente, en la
Sección Segunda, Capítulo I del Título II –especialmente en el art. 37– dispone que la
actividad laboral no puede ser tratada como objeto de comercio ni cotizada según las leyes
del mercado; por lo que, además del salario, como retribución del valor económico
producido como resultado de la actividad laboral, se debe cumplir con una serie de
prestaciones, derechos y garantías sociales adicionales del trabajador, que le posibiliten una
existencia digna" (Sentencia de 14-XII-1995, Inc. 17-95, Considerando IV 2).
F. Derecho a la propiedad.
En relación con el concepto de derecho a la propiedad, la SC ha sostenido que el mismo,
"cuya génesis se encuentra en el art. 2 Cn., debe entenderse como la plena potestad sobre
un bien, que a la vez contiene la potestad de ocuparlo, servirse de él de cuantas maneras sea
posible, y la de aprovechar sus productos y acrecimientos, así como la de modificarlo y
dividirlo. El derecho de propiedad, pues, se concibe como un derecho real –naturaleza
jurídica– y absoluto en cuanto a su oponibilidad frente a terceros, limitado únicamente por el
objeto natural al cual se debe: la función social" (Sentencia de 26-VIII-1998, Amp. 317-97,
Considerando III 2).
G. Derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos.
Sobre el derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos, la
jurisprudencia de la SC ha señalado que "nuestra Constitución, acertadamente, desde su art.
2 establece –haciendo una referencia textual– una serie de derechos –individuales, si se
quiere– consagrados a favor de la persona, es decir, reconoce un catálogo de derechos –
abierto y no cerrado– como fundamentales para la existencia humana e integrantes de las
esfera jurídica de las personas. Ahora bien, para que tales derechos dejen de ser un simple
reconocimiento abstracto y se reduzcan a lo más esencial y seguro, esto es, se aniden en
zonas concretas, es también imperioso el reconocimiento a nivel supremo de un derecho que
posibilite su realización efectiva y pronta. En virtud de ello nuestro constituyente dejó
plasmado en el art. 2, inc. 1º, el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de
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las categorías jurídicas subjetivas instauradas en favor de todo ciudadano, es decir, en
términos globales, un derecho de protección en la conservación y defensa del catálogo de
derechos descrito" (Sentencia de 25-V-1999, Amp. 167-97, Considerando II 1).
a. Protección en la conservación de los derechos.
El tribunal ha afirmado que existe una doble incidencia del derecho a la protección, respecto
de los restantes derechos; la primera –conservación de los derechos– "es, en efecto, una
forma (jurisdiccional o administrativa) de protección de los mismos en los términos de su art.
2 que implica, como su propio nombre lo sugiere, el establecimiento de acciones o
mecanismos para evitar que los derechos constitucionales sean vulnerados, violados,
limitados o, en última instancia, extraídos inconstitucionalmente de la esfera jurídica de cada
persona" (Sentencia de 3-XII-2002, Inc. 14-99, Considerando V 1).
b. Protección en la defensa de los derechos.
Sobre la incidencia en la defensa, ha dicho que, "si no obstante la anterior modalidad, se da
una violación de derechos constitucionales o, incluso, una mera o simple afectación de la
esfera jurídica de las personas, entrará en juego la protección en la defensa. Ésta implica –en
relación con la violación de derechos– la creación de mecanismos idóneos (entre los cuales
está el proceso jurisdiccional) para la reacción mediata o inmediata de la persona ante
violaciones a categorías subjetivas integrantes de su esfera jurídica; con relación a las simples
afectaciones, la defensa implica la posibilidad de reaccionar ante las decisiones estatales de
esta naturaleza, es decir, actos de simple regulación de derechos o de modificación de
situaciones jurídicas constituidas a favor de las personas. Al igual que en el punto anterior,
esta defensa o reacción ante la violación o simple afectación puede darse tanto en sede
jurisdiccional como en sede no jurisdiccional" (Sentencia de 3-XII-2002, Inc. 14-99,
Considerando V 1).
c. Vertiente jurisdiccional de la protección.
La vertiente jurisdiccional del derecho a protección, según el tribunal, "se ha instaurado con
la simple pero esencial finalidad de darle vida a todas las categorías jurídicas subjetivas
integrantes de la esfera jurídica del individuo, al poder válidamente reclamar frente a actos
particulares y estatales que atenten contra la conservación, mantenimiento, defensa y
titularidad de tales categorías. Ahora bien, abstracción hecha de su finalidad, puede
perfectamente decirse que tal derecho viene a reconocer de manera expresa la posibilidad
59
que tiene todo ciudadano de acudir al órgano estatal competente para plantearle, vía
pretensión procesal, cualquier vulneración inconstitucional en la conservación, defensa,
mantenimiento y titularidad de sus derechos. Y es que, en efecto, tal disposición
constitucional obliga al Estado salvadoreño a dar protección jurisdiccional integral a todos
sus miembros, frente a actos arbitrarios e ilegales que afecten la esfera jurídica de los
mismos, y a través del instrumento heterocompositivo –también creado
constitucionalmente– diseñado con tal finalidad: el proceso jurisdiccional en todas sus
instancias y en todos sus grados de conocimiento. En tal sentido el proceso como realizador
del derecho a la protección jurisdiccional, es el instrumento de que se vale el Estado para
satisfacer las pretensiones de los particulares en cumplimiento de su función de administrar
justicia" (Sentencia de 25-V-1999, Amp. 167-97, Considerando II 1).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que existe una identidad entre el llamado
"derecho al debido proceso", y el proceso constitucionalmente configurado. Así, ha dicho que,
"desde un punto de vista exegético, hablar de debido proceso es hablar del proceso
constitucionalmente configurado, establecido en el art. 2 Cn. Desde un punto de vista
lingüístico, hablar de debido proceso es impreciso y genérico, pues ni uno ni otro concepto
concretan esencialmente lo que pretenden definir con su combinación. No obstante esto y lo
anterior, en el tráfico jurídico se ha manejado y se entiende así, como derecho constitucional
tutelable por la vía del amparo, colegido del artículo 2 precitado" (Sentencia de 26-VI-2000,
Amp. 642-99, Considerando V).
Según la jurisprudencia constitucional, el amparo es un instrumento de protección en la
conservación y defensa de los derechos; así, ha sostenido que "el proceso constitucional de
amparo es un instrumento procesal que brinda una protección reforzada a los derechos
constitucionales de las personas cuando éstas no han obtenido (en palabras del art. 2 Cn.)
‘protección en la conservación y defensa’ de los mismos en los procesos o procedimientos
ordinarios. En efecto, en un primer momento, en los procesos y procedimientos ordinarios
que se ventilan ante los demás juzgadores o autoridades administrativas, por la misma
estructura normativa de nuestro ordenamiento y por el sometimiento de todo funcionario a
la fuerza normativa de la Constitución, tanto los juzgadores como las autoridades
administrativas están llamadas a proteger los derechos constitucionales materiales o
procesales de los justiciables. Y es precisamente frente a una violación de algún derecho
constitucional en dichos grados de conocimiento que los ciudadanos pueden optar, como
último camino, a la protección reforzada que brinda el proceso de amparo. En el supuesto
anotado previamente, la pretensión constitucional de amparo tendrá como sustrato fáctico
lo acontecido en el proceso o procedimiento de que se trate y como fundamento jurídico el
60
contenido esencial del derecho constitucional vulnerado. Entonces, y partiendo de dicha
pretensión, si el demandante del amparo demuestra en la prosecución del proceso su
aseveración subjetiva y liminar, [habrá de] estimarse la pretensión en sentencia definitiva,
teniendo que volver las cosas en el proceso o procedimiento de que se trate, al estado en
que se encontraban antes de la violación constitucional" (Sentencia de 4-V-1999, Amp. 231-
98, Considerando II 3).
Art. 3.- Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no
podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o
religión.
Jurisprudencia.
A. Estructura de la igualdad.
Respecto de la estructura de la igualdad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que,
"en ocasiones la igualdad aparece como exigencia de equiparación; de manera que se da un
trato igual a circunstancias o situaciones no idénticas que, sin embargo, se estima deben
considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la
aplicación de una misma disposición. En esta esfera, lo que importa al llevar a cabo cualquier
juicio de equiparación es establecer el criterio de relevancia a tenor del cual se van a
considerar los datos como esenciales o irrelevantes para predicar la igualdad entre
situaciones o personas distintas. Y es que, se trata de no equiparar arbitrariamente aquellas
situaciones o personas entre las que se den diferencias relevantes o, por el contrario, de no
establecer desigualdades entre aquéllas cuyas divergencias deban considerarse irrelevantes.
Por otra parte, y aunque parezca paradójico, la igualdad puede traducirse en la exigencia de
diferenciación; es decir, en el trato diferenciado de circunstancias o situaciones
aparentemente semejantes, pero que requieren una regulación jurídica distinta. Esta
exigencia de diferenciación entraña el no considerar la igualdad en sentido estático, sino
dinámico. En ese sentido, en cualquier sector de la realidad que deba ser regulado
normativamente, coexisten una serie de igualdades y desigualdades que no pueden ser
eludidas. Es más, si no se tienen presentes esas condiciones estructurales de la realidad, la
igualdad se tornaría en una noción vacía" (Sentencia de 8-IV-2003, Inc. 28-2002,
Considerando IV 1).
B. Igualdad en la ley.
61
La SC ha definido los alcances del principio de igualdad en la formulación de la ley,
sosteniendo que la fórmula constitucional del art. 3 "contempla tanto un mandato en la
aplicación de la ley –por parte de las autoridades administrativas y judiciales– como un
mandato de igualdad en la formulación de la ley, regla que vincula al legislador (…). *El
segundo] no significa que el legislador tiene que colocar a todas las personas en las mismas
posiciones jurídicas, ni que todas presenten las mismas cualidades o se encuentren en las
mismas situaciones fácticas (…). Si es claro que la igualdad designa un concepto relacional, no
una cualidad de las personas, aquella ha de referirse necesariamente a uno o varios rasgos o
calidades discernibles, lo que obliga a recurrir a un término de comparación –comúnmente
denominado tertium comparationis–; y éste no viene impuesto por la naturaleza de las
realidades que se comparan, sino su determinación es una decisión libre, aunque no
arbitraria de quien elige el criterio de valoración" (Sentencia de 14-XII-95, Inc. 17-1995,
Considerando X).
Sobre el tratamiento normativo desigual por el legislador, el tribunal ha afirmado que "como
la mayoría de los derechos fundamentales, el derecho de igualdad no es una derecho
absoluto, sino que corresponde al legislador determinar tanto el criterio de valoración como
las condiciones del tratamiento normativo desigual (…); lo que está constitucionalmente
prohibido –en razón del derecho a la igualdad en la formulación de la ley– es el tratamiento
desigual carente de razón suficiente, la diferenciación arbitraria (…); la Constitución
Salvadoreña prohíbe la diferenciación arbitraria, la que existe cuando no es posible encontrar
para ella un motivo razonable, que surja de la naturaleza de la realidad o que, al menos, sea
concretamente comprensible (…); en la Constitución Salvadoreña el derecho de igualdad en
la formulación de la ley debe entenderse, pues, como la exigencia de razonabilidad de la
diferenciación" (Sentencia de 14-XII-1995, Inc. 17-95, Considerando X).
C. Igualdad ante la ley.
En cuanto a los alcances del principio de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley, ha
afirmado que la igualdad "es un derecho subjetivo que posee todo ciudadano a obtener un
trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo, y exige que los supuestos
de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, abarcando
también la igualdad en la aplicación de la ley, de manera que un órgano jurisdiccional no
pueda, en casos sustancialmente iguales, modificar arbitrariamente el sentido de sus
resoluciones, salvo cuando su apartamiento de los precedentes posea una fundamentación
suficiente y razonada. En los supuestos de decisiones desiguales, debidas a órganos plurales,
corresponde a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales establecer la necesaria
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uniformidad en aplicación de la ley, en pro de la seguridad jurídica. Por tanto, puede
concluirse que el derecho a la igualdad tiene dos perspectivas constitucionales: (a) la
igualdad ante la ley; y (b) la igualdad en la aplicación de la ley. Conforme a la primera, frente
a supuestos de hechos iguales, las consecuencias deben ser las mismas, evitando toda
desigualdad arbitraria y subjetiva. Según la segunda, cuya aplicación se hace [principalmente]
en el ámbito judicial, las resoluciones judiciales deben ser las mismas al entrar al análisis de
los mismos presupuestos de hecho, aunque sean órganos jurisdiccionales distintos los que
entraren al conocimiento del asunto, evitando cualquier violación consistente en que un
mismo precepto legal se aplique en casos iguales con evidente desigualdad (Sentencia del 26-
VIII-1998, Amp. 317-97, Considerando III 2).
D. Criterios prohibidos de trato diferenciado (discriminación).
Sobre estos criterios el tribunal ha señalado que la lista que establece esta disposición no es
taxativa: el art. 3 Cn. "establece una enumeración de posibles causas de discriminación que
indistintamente pudieran establecerse tanto en la formulación como en la aplicación de las
leyes; o, dicho de otra forma, contiene aquellas causas de discriminación bajo las cuales
comúnmente se ha manifestado la desigualdad: nacionalidad, raza, sexo y religión. Pero,
cabe aclarar que dicha enumeración no es taxativa, cerrada, pues pueden existir otras
posibles causas de discriminación, cuya determinación –principalmente por la legislación y la
jurisprudencia constitucional– debe ser conectada con los parámetros que se derivan del
juicio de razonabilidad" (Resolución de sobreseimiento de 19-X-2000, Amp. 82-99,
Considerando III 1).
Art. 8.- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no
prohíbe.
Jurisprudencia.
Sobre el contenido de esta disposición, el tribunal ha dicho que ella establece, sin ánimo
exhaustivo: "(a) la consagración de un derecho general de libertad, al cual son reconducibles
todas las manifestaciones de la autonomía –cualificación de la voluntad– y autodisposición –
cualificación de la acción– de la persona humana; (b) la vinculación de tal derecho general de
libertad con el ordenamiento jurídico, en el sentido que, en principio, nadie está obligado a
hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe, pero sí puede ser
obligado a adecuar su conducta a prescripciones jurídicas que le conminen a actuar o
abstenerse de actuar; y (c) la exigencia que tales prescripciones jurídicas sean justificadas, es
63
decir, razonables y proporcionales, pues no debe olvidarse que ellas significan una limitación
o acortamiento de un ámbito de libertad que, en principio, es amplio y que como tal es
protegido por la Constitución por ser una condición esencial para el libre desenvolvimiento
de la personalidad del individuo" (Sentencia de 31-I-2001, Inc. 10-95, Considerando III 2 C)
En cuanto al sentido de la expresión "ley" en esta disposición, la SC ha afirmado que "en
ocasiones la Constitución puede exigir explícita o implícitamente que la disposición
infraconstitucional que limita el ámbito de actuación de los particulares o habilita la
actuación de los órganos estatales y entes públicos sea necesariamente la ley formal, es
decir, la que cumple con el procedimiento de formación prescrito en los arts. 133 a 143 Cn.
(...). Ahora bien, debe señalarse desde ya que en la Constitución Salvadoreña, esa exigencia
no es explícita; por ello, y teniendo en cuenta que la Ley Suprema utiliza dicho término en
innumerables disposiciones y no siempre en el mismo sentido, no puede concluirse que cada
vez que utiliza el vocablo ‘ley’ se está refiriendo a los decretos de contenido general
emanados de la Asamblea Legislativa. En consecuencia, la determinación de en qué casos
existe reserva de ley debe hacerse caso por caso, verificando la existencia de los supuestos
que priorizan a la Asamblea Legislativa sobre los otros órganos y entes investidos de
potestades normativas (...). Por ello, debe concluirse que el vocablo ‘ley’, en el art. 8 Cn., no
es igual a decreto legislativo, sino a disposición jurídica emanada de los órganos estatales o
entes públicos investidos de potestades normativas reconocidas por la Constitución, y que,
en esa connotación, el concepto desempeña una importante función en cuanto implica la
exigencia que toda actuación de los poderes públicos esté basada en una disposición jurídica
previamente promulgada" (Sentencia de 23-III-2001, Inc. 8-97, Considerando VIII 2)
Art. 9.- Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los
demás señalados por la ley.
Jurisprudencia.
A. Libertad de trabajo (dimensión individual del derecho al trabajo)
En cuanto a la finalidad del art. 9 Cn., la SC ha dicho que "lo que esta norma constitucional
pretende es erradicar la posibilidad que mediante un acto de autoridad formal o material, se
limite la libertad personal de elegir una determinada opción de trabajo con la que el sujeto
muestre conformidad, pues, en todo caso, el trabajo estará determinado por el conocimiento
que ella pueda tener tanto sobre las responsabilidades u obligaciones que ello le implica,
como por las prestaciones que va a obtener por la realización del mismo; conjunto de
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condiciones que pueden llevarlo a manifestarse acogiendo o rechazando lo que se le haya
ofrecido realizar (...); puede considerarse violada esta categoría subjetiva protegible cuando,
son concurrir calamidad pública o disposición alguna tendente al fin preseñalado, se obligue
mediante acto de autoridad a una persona a desarrollar labores con las que la persona no
esté de acuerdo sin recibir retribución alguna o recibiendo una con la que no esté de acuerdo
–ausencia de consentimiento pleno respecto de las labores a desarrollar–. Cabe dejar
sentado que en todos los casos señalados, el elemento indispensable para que concurra la
violación a tal categoría lo constituye la existencia de una imposición que obligue a la
persona a exteriorizar su energía física y psíquica en determinado sentido sin que la persona
esté de acuerdo con lo que se le obliga a hacer o con la respectiva retribución" (Resolución
de sobreseimiento de 19-X-2000, Amp. 82-99, Considerando V).
Sobre el sentido de las expresiones "justa retribución" y "pleno consentimiento", ha afirmado
que "la justa retribución de la que habla la Constitución será establecida, en el caso de los
contratos privados de trabajo, por el acuerdo a que los contratantes lleguen respecto del
valor pecuniario que va a recibirse por el desempeño de una determinada labor, y en el caso
de los servicios prestados por los servidores públicos, será el legislador el que establezca la
retribución correspondiente a la labor concreta que corresponde al Estado. En ese orden de
ideas, dado que en la norma se establece expresamente, respecto de la retribución, que
debe ser recibida como contraprestación a la realización de un trabajo o de servicios
personales, el pleno consentimiento que se establece en el texto de esta disposición no
puede ser otro que el referido a la retribución misma que se va a obtener y a las labores que
se va a desempeñar y las condiciones en que se va a realizar el trabajo. En esa medida,
cuando el sujeto no está de acuerdo con la retribución a recibir o en general con las
condiciones de la actividad laboral a que se compromete, obligarle a realizar las que
correspondan a esa retribución con la que no está de acuerdo, sin darle la posibilidad de
abanarlas o renunciar a ellas, constituye una violación a la norma constitucional dimanante
de tal disposición, pues lo que debe concurrir es el consentimiento de la persona respecto de
lo que va a hacer y respecto de lo que va a recibir a cambio de lo que haga" (Resolución de
sobreseimiento de 19-X-2000, Amp. 82-99, Considerando V).
En cuanto a los casos excepcionales que habilitan restringir la libertad de trabajo, ha
señalado que "las excepciones que la norma fundamental establece para poder obligar
mediante algún acto de autoridad a una persona a desempeñar labores concretas con las que
no esté de acuerdo, que en todo caso debe ser formal, o a percibir una remuneración por
alguna de ellas, de la que igualmente esté en desacuerdo, serán únicamente los casos de
calamidad pública, expresamente establecido por la Constitución, y todos aquellos en los que
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la ley así lo ha señalado, dado el carácter programático de la norma contenida en el art. 9
Cn., que sin lugar a dudar viabiliza el ejercicio legislativo en tal sentido" (Resolución de
sobreseimiento de 19-X-2000, Amp. 82-99, Considerando V).
Art. 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la
propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y
vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma
causa.
La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja
ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier
autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas
detenidas.
Jurisprudencia.
A. Audiencia.
Sobre la naturaleza del derecho consagrado en el inc. 1°, la SC ha afirmado que "esta
disposición constitucional establece lo que se conoce como derecho de audiencia, el cual se
caracteriza, en primer lugar, por ser un derecho de contenido procesal, instituido como
protección efectiva de los demás derechos de los gobernados; y, en segundo lugar, es un
derecho relacionado indiscutiblemente con las restantes categorías jurídicas subjetivas
protegibles constitucionalmente" (Sentencia de 13-X-1998, Amp. 150-97).
En cuanto al alcance de tal derecho, ha afirmado que derecho de audiencia es una "expresión
onmicomprensiva con que se hace referencia a las facultades, poderes y garantías que han
de obligatoriamente observarse en un proceso" (Sentencia de 16-XII-1997, Amp. 9-S-95,
Considerando III 4).
Respecto del contenido del derecho de audiencia, ha dicho que "el art. 11 Cn. señala en
esencia que la privación de derechos –para ser válida jurídicamente– necesariamente debe
ser precedida de proceso seguido ‘conforme a la ley’. Tal referencia a la ley no supone que
cualquier infracción procesal o procedimental implique por sí violación constitucional, pero sí
exige que se respete el contenido del derecho de audiencia. Aspectos generales de dicho
derecho, de modo genérico y sin carácter taxativo, son: (a) que a la persona a quien se
pretende privar de alguno de sus derechos se le siga un proceso, el cual no necesariamente
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es especial, sino aquel establecido para cada caso por las disposiciones constitucionales
respectivas; (b) que dicho proceso se ventile ante entidades previamente establecidas, que
en el caso administrativo supone la tramitación ante autoridad competente; (c) que en el
proceso se observen las formalidades esenciales procesales o procedimentales; y (d) que la
decisión se dicte conforme a leyes existentes con anterioridad al hecho que la hubiere
motivado" (Sentencia de 13-X-1998, Amp. 150-97, Considerando II 1).
La expresión "debido proceso", según el tribunal, solo puede tener un contenido procesal, no
material. En ese sentido, ha dicho que "el derecho constitucional al debido proceso
únicamente puede considerarse desde el punto de vista procesal, con exclusión del punto de
vista material, porque el mismo, dentro de un Estado de Derecho en el cual vive la
independencia judicial a todo nivel jurisdiccional, rige sin vulneración al anterior principio si
sólo se controla en relación a las garantías procesales y procedimentales de las personas,
mas no cuando se pretende llevar a las tierras materiales, y ser considerado como un
mecanismo de control de la esfera discrecional que todo juzgador posee al momento de
aplicar las leyes que sustenten sus decisiones. En suma, el derecho constitucional al debido
proceso, en nuestro ordenamiento jurídico, debe referirse exclusivamente a la observancia
de la estructura básica que la misma Constitución prescribe para todo proceso o
procedimiento, y no a la aplicación razonable, adecuada y justa de las leyes materiales, labor
exclusiva del juzgador ordinario al momento de dictar sentencia en base a su discrecionalidad
jurídica objetiva" (Sentencia de 2-VII-1998, Amp. 1-I-96, Considerando II 1).
Sobre el ámbito de aplicación del derecho de audiencia, ha señalado que "el vocablo ‘juicio’
consignado en el artículo 11 del Código Político no está referido única y exclusivamente al
concepto de proceso jurisdiccional –el proceso por antonomasia–, sino que se amplía a la
idea de trámite, de actividad dinámica destinada al pronunciamiento de una decisión,
eventualmente conflictiva con el interés o derecho de unas personas" (Sentencia de 17-XII-
1992, Inc. 3-92, Considerando XVIII).
Para la SC, el derecho de audiencia es un derecho de configuración legal: "siendo que el
derecho de audiencia es un derecho de contenido complejo, el mismo se concreta en la
estructura de los procesos y, por tanto, también [en] instancias, recursos o medios
impugnativos, de acuerdo con la naturaleza de las pretensiones que se plantean y de las
normas jurídicas que le sirvan a ésta de basamento. No obstante lo anterior (…), la
concreción que el legislador secundario hace del derecho de audiencia ha de realizarse en
coherencia con la normativa constitucional o, en todo caso, el juzgador ha de verificar, en el
caso específico y determinado, una interpretación y aplicación de las disposiciones que
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desarrollan el derecho de audiencia que sea conforme con dicha normativa constitucional"
(Sentencia de 13-X-1998, Amp. 150-97, Considerando II 1).
2. Ley Orgánica Judicial art. 140
Art. 140.- El que pretenda recibirse de abogado presentará su solicitud al Jefe de la Sección
de Investigación Profesional, acompañando los documentos siguientes:
1º Su título de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales o de licenciado en Ciencias
Jurídicas;
2º Certificación de su partida de nacimiento;
3º Atestados en los que conste su práctica jurídica, la que podrá acreditarse por cualquiera
de los medios siguientes:
a) Certificaciones extendidas por las autoridades correspondientes en las que conste que el
aspirante ha diligenciado o intervenido debida y diligentemente en lo siguiente:
1) tres exhibiciones personales por lo menos;
2) tres defensas penales, como mínimo, desde el inicio del proceso; o cinco vistas públicas
como defensor, fiscal o jurado propietario;
3) cinco procesos civiles, mercantiles o laborales, por lo menos, representando en forma
gratuita a personas de escasos recursos económicos, en colaboración con la Procuraduría
General de la República u otra Institución Oficial encargada de la asistencia legal.
El requisito a que se refiere el número dos podrá sustituirse por diez proyectos de autos
interlocutorios y cinco proyectos de sentencias definitivas, por lo menos, elaborados en
procesos penales que se sigan en Juzgados de Primera Instancia; y el requisito a que se
refiere el número tres podrá sustituirse por diez proyectos de autos interlocutorios y cinco
proyectos de sentencias definitivas, por lo menos, elaborados en procesos civiles,
mercantiles o laborales que se sigan en Juzgados de Primera Instancia.
La autoridad correspondiente, al expedir las certificaciones de la práctica, indicarán con toda
claridad los casos en que intervino el interesado, las fechas de cada práctica y la forma de su
participación.
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La Corte Suprema de Justicia podrá acreditar como práctica jurídica, cualquier otra práctica
equiparable a las anteriores, realizada por el aspirante y que no esté comprendida en los
casos a que se refiere este apartado a);
b) Certificación en la que conste haber desempeñado el solicitante dos años, por lo menos, el
cargo de Juez de Paz; y
c) Certificación en la que conste haber desempeñado el solicitante dos años, por lo menos,
una Secretaría Judicial, el cargo de Auxiliar en un tribunal u otro empleo que tenga estrecha
relación con la práctica jurídica;
d) Certificación extendida por el Procurador General de la República, de haber verificado el
aspirante dos años de práctica jurídica.
La Corte Suprema de Justicia dictará un Reglamento sobre práctica jurídica.
3. Código Tributario art. 122
Art. 122.- La Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades podrá solicitar a la
Corte Suprema de Justicia, informe de los actos jurídicos realizados ante notarios,
conteniendo las especificaciones que al efecto le sean requeridas.
Los Jueces de la República que, en razón de su competencia tengan conocimiento de juicios
ejecutivos de cualquier naturaleza, en los que se resuelva adjudicar en pago, por reclamación
de deudas, algún bien mueble o inmueble, tienen la obligación de informar dentro de los
quince días siguientes de efectuada la adjudicación la identificación de las partes acreedoras
y deudoras, el objeto principal del contrato, el monto al que asciende lo contratado, la tasa
de interés pactada, la cantidad percibida por el adjudicatario, abono a capital e intereses y
cualquier otro dato que se estime necesario.
Los Jueces de la República que, en razón de su competencia tengan conocimiento de juicios
de cualquier naturaleza, en los que intervengan abogados en calidad de defensores privados
o querellantes tienen la obligación de informar a la Administración Tributaria dentro de los
quince días siguientes de efectuada su acreditación en el proceso o juicio respectivo, el
nombre del abogado, su Número de Identificación Tributaria y el Número de la Tarjeta de
Abogado emitida por la Corte Suprema de Justicia, la identificación de las partes y el tipo de
juicio o proceso.
69
Los Notarios y Jueces que autoricen contratos, remates o adjudicaciones, sujetos al pago del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces, agregarán en los respectivos casos el recibo
original al protocolo, al juicio o diligencias correspondientes, haciéndose constar esta
formalidad en el instrumento que se otorgue o en el expediente. El duplicado será firmado y
sellado por el Notario o Juez, y agregado, según el caso, al testimonio o certificación que
expidan dichos funcionarios al interesado.
Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo los funcionarios
mencionados deberán exigir a los involucrados, la exhibición del número de identificación
tributaria.
Todo Notario está en la obligación de enviar a la Administración Tributaria un informe por
medios magnéticos o electrónicos con los requisitos y especificaciones técnicas que ésta
disponga para tal efecto, toda vez que ante sus oficios hayan comparecido al otorgamiento
de instrumentos que contengan compraventa, permuta, constitución de garantías, mutuos,
donaciones, cesiones de derechos o cualquier acto o contrato con pacto de retroventa. Los
Notarios, deberán proporcionar dicho informe al término de cada ejercicio fiscal, en los
formularios que proporcione la Administración Tributaria.
4. Ley del Registro y control especial de contribuyentes al fisco art. 5
Art. 5.- Los sujetos que se encuentran comprendidos en el Art. 1 de esta ley, deberán
consignar el NIT en todos los escritos que presenten para realizar gestiones y actuaciones en
las dependencias de los Órganos del Estado, Instituciones Autónomas, Municipalidades, así
como a exhibirlo a otros sujetos pasivos cuando éstos lo requieran. El incumplimiento a esta
obligación se sancionará con multa de cuatro salarios mínimos mensuales.
5. Ley General de Educación art. 27
Art. 27.- La Educación superior se regirá por una Ley Especial y tiene los objetivos siguientes:
formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios
morales; promover la investigación en todas sus formas; prestar un servicio social a la
comunidad; y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en
su dimensión nacional y universal.
70
6. Ley de Educación Superior art. 19 lit. c
Art. 19.- Los requisitos para iniciar el proceso de graduación en cualquier institución de
educación superior son:
c) Haber realizado el servicio social