$2.200EDICIÓN 2823 SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2016 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

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LA VERDAD DEL PUEBLO

2016: 2016: Año de la pazAño de la paz

La explotación artesanal de oro hace que más de 1.500 minas registradas, viertan 100 toneladas de mercurio al año sobre ríos y lagunas, envenenando a personas y medio ambiente.

Página/ 8

El fracaso de la guerra integral

15 años del Plan Colombia

El Gobierno celebra en los salones de Washington un Plan Colombia de recolonización e imposición del modelo económico, social y político, ligado al libre comercio y contrario a la paz. Ahora se habla de Paz Colombia otra manera de camufl ar el intervencionismo político y militar de la gran potencia en nuestro país.

Páginas/ 3 y 5

El país en movilización

Las políticas económicas y neoliberales del gobierno Santos están colmando la paciencia de los colombianos. Se avizora una movilización social permanente y un paro cívico nacional.

Páginas/ 7, 11 y 14

Mercurio en ríos de Antioquia

Juan Manuel Santos y Barack Obama celebran en Washington.

Febrero10 de 2016/2

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lom-bana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVIII. Distribución vía Avianca.

VISIÓNCa

rtas

E

Por ahí es la cosaPor ahí es la cosa compañeros de VOZ la verdad del pueblo. Muy buenas las edicio-nes de enero de 2016. Comenzaron muy bien el año. Artículos bien interesantes, contrastando las versiones ofi cialistas y burguesas de la otra prensa, la de los monopolios y de los grupos económicos. Me agradó en la primera edición del año la entrevista con Timochenko, centrada y casi que didáctica de la situación actual de las negociaciones de paz. Bien por las denuncias de derechos humanos. El menú es variado y para todos los gustos como se dice en un restaurante. Gracias compa-ñeros de VOZ. María Bueno (vía Inter-net).

La reforma tributariaDecir que la reforma tributaria va a de-pender de la correlación de fuerzas en el congreso es como llover sobre mojado. Por sabido se calla que los partidos de la “Unidad Nacional”: Cambio Radical, Partido Liberal, la U, y, posiblemente, el Partido Conservador, la aprobarán sin mayor discu-sión, teniendo en cuenta la mermelada del poder ejecutivo. En este sentido el artículo de Cristina de la Torre pone los puntos donde deben estar. Hace una radiografía

de la desigualdad económica y social que lo deja a uno perplejo: “un país donde 2.681.6% de los cuentahabientes acaparan el 58.6% los depósitos bancarios, mientras 44.6% millones de personas tiene apenas el 2.4% de los depósitos” Necesitamos una reforma tributaria progresiva, que tenga en cuenta las mayorías desposeídas; que grave las rentas del gran capital; que no se roben la plata de los impuestos; y que acabe con la evasión, tanto “legal” como la que está por fuera de la ley.-Este el elemento decisivo para construir un país democrático. Esta es la carta de navegación que necesita el posconfl icto. Es decir, un nuevo modelo económico, que no es otro que la revolución democrática, si es que lo permiten las clases dominantes, porque, como pintan las cosas, todo está indicando que el gobierno va a continuar agenciando los privilegios del gran capital y de las multinacionales. Tiberio Gutiérrez (vía Internet).

Defensa mediáticaEl artículo de la revista Semana, “Conspi-ración improbable”, edición 1761, parece una fi el apología ejercida por los buenos ofi cios de los acostumbrados abogados defensores del senador Álvaro Uribe, o

de uno de los escuderos que tiene en el primer circuito del partido originado y conformado por él, con admiración, obe-diencia y defensa. Pero no, es un análisis desarticulado, hecho con pedacitos de verdades, que deja un sabor de irres-ponsabilidad periodística ante la inmensa tragedia de la realidad cruel y violenta, que históricamente y durante seis décadas ha padecido la “feliz” Colombia. Crímenes de toda índole en oscuras circunstancias y de increíbles procedencias se han rese-ñado durante la historia colombiana. Sin desconocimiento y aplicando la norma de presunción de inocencia, es propio de la justicia hacer esta clase de investigacio-nes, precisamente por ser el exgoberna-dor de Antioquia uno de los más allegados a la víctima. La justicia mediática utilizada por algunos medios es absolutamen-te dañina para la Nación, la justicia y el plebiscito refrendatario de los acuerdos. El periodismo no puede soslayar la obje-tividad para congratularse con políticos, empresas o ciudadanos. Los colombianos tenemos el derecho de conocer las ver-dades sucedidas dentro de la geopolítica, y es de responsabilidad de una justicia seria, objetiva, imparcial y pronta. Omar León Muriel Arango (vía Internet).

l pasado 22 de enero de 2016, con motivo de las celebrida-des de las fi estas del 20 de enero en Sincelejo, se realizó el lanzamiento del libro En los brazos del silencio, cuyo autor es Alfredo Otero. El acto se llevó a cabo en el Café Cultural El Portal y la presentación estuvo a cargo del es-critor Eunaldo Amaya Loaiza, con la asistencia de miembros de la Unión de Escritores de Sucre, el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, y público en general.

El Colectivo Cultural Luis Vidales se siente comprometido con esta nueva publicación que, como lo dice su autor, “es un poemario que habla del amor, de la ausencia, de la tierra, de la opre-sión, de la miseria. Es un canto a la vi-da, es un grito a la libertad. Es pensar otros mundos a través de la literatura”.

Alfredo Otero es un sincelejano ra-dicado en la ciudad de Barranquilla, tiene una formación en arquitectu-ra, es urbanista de la Universidad del Atlántico, magíster en Geografía de la Universidad del Zulia, Ph.D en Arquitectura. Fue premiado en el Concurso Nacional de Cuentos “Héctor Rojas Herazo” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El autor de En los bra-zos del silencio se une a la inmensa pléyade de escritores y poetas sucreños como Ricardo Vergara Chávez, Jorge Marel, Giovanni Quessep, Oswaldo Caro Amaya, Amaury Pérez, Jorge Mercado, Héctor Rojas Herazo, y tan-tos otros que nos han maravillado a

través del poder de sus palabras.Como valor lingüístico, el poeta

Alfredo Otero gusta del uso de la pre-posición En, que como en el título “En los brazos del silencio” también está en los versos como “Estoy aquí…de-tenido en el tiempo…”, “En las calles también gritó…”, “en el balcón donde muchas veces te amé…”, la cual nos parece advertir una idea, un estado de reposo, algo estático, o un lugar especí-fi co. Ese espacio nos lo entrega el poe-ta en poemas como, por ejemplo, En el umbral de la noche, En escena, En la música. No obstante, a medida que se avanza en su libro, ese aparente esta-do de inacción se va transformando y convirtiendo en un potente caudal de esperanza.

Con su experiencia escritural y el gusto por la literatura, Alfredo Otero nos comentó la función de esta labor literaria para quien “la literatura tiene que ser comprometida, estar en con-tacto con la realidad social, brindarle a los lectores la posibilidad de alcan-zar un buen vivir”. Al ser interrogado sobre este compromiso, Alfredo no va-cila en expresarnos que éste es con la vida, las emociones, los espacios, los sentimientos, lo cual nos va a permitir construir un nuevo hombre, capaz de pensar nuevas formas de vivir.

La Corporación Colectivo de Artistas Luis Vidales invita a todos los lectores a realizar un itinerario de lectura de este nuevo libro y a descu-brir en él los temas y pensamientos de su autor, porque como dijo Eduardo Santa “la verdadera magia del libro es-tá en esto: contiene el pensamiento vi-vo de otro ser humano”.

* Docente universitario.

Brilla la poesía

Sucre: territorio de poetas

ALBERTO J. MERCADO*

Alfredo Otero durante la presentación de su libro En los brazos del silencio.

Alfredo Otero acompañado de izquierda a derecha por Eliécer Paternina, Giovany Montes y a su derecha Luis Atencio, antiguos itegrantes del Grupo Teatral Segunda Independencia, Grutesi, de Sincelejo.

Febrero10 de 2016/3TEMA DE LA SEMANA

L

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANOJAIME CAYCEDO TURRIAGOSECRETARIO GENERAL

os aparatos ideológicos y mediáticos del Estado anuncian con es-tridencia la celebración en Washington de los 15 años del Plan Colombia. A la comitiva ofi cial encabezada por el pre-sidente Santos renunció Álvaro Uribe, con el pretexto de que el actual proce-so de paz es el fi nal de dicho plan por la entrega del país a la guerrilla.

Uribe, el máximo ejecutor, se exclu-ye del ágape como parte de su campaña contra la paz. Desde el punto de vista de la izquierda antiimperialista no hay nada que celebrar. El Plan Colombia es uno de los proyectos de sometimiento con perspectiva de anexionismo más insólitos de la historia contemporá-nea. Se trata de una ley de los Estados Unidos de carácter extraterritorial que le fue impuesta al país con la anuen-cia de los gobernantes del bipartidismo sin el más mínimo escrúpulo en térmi-nos de violación de la soberanía nacio-nal. Cabe una responsabilidad princi-pal a los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Intensifi có la guerra

El Plan Colombia signifi có el esca-lamiento y la intensifi cación de la gue-rra contrainsurgente en el país y en la región. Mediante las fumigaciones, la erradicación forzada y los operativos militares se ampliaron los escenarios de la guerra y se generalizó la perse-cución, la delación a cambio de dine-ro, la afectación a los cultivos de pan-coger en territorio nacional y en países fronterizos, la violación de la sobera-nía de Ecuador mediante bombardeo,

la detenciones extraterritoriales a es-paldas de las autoridades legítimas de los vecinos soberanos. La llamada “se-guridad democrática” fue la expresión más violenta, represiva y antidemocrá-tica de la aplicación del Plan Colombia.

Es que el Plan Colombia ha sido la carta de intención más desembozada de alianza político militar de la oligar-quía colombiana con el imperialismo para modelar el país según los intere-ses del gran capital transnacional y su proyecto geopolítico. Con el pretexto de la acción contra las drogas y de re-ducir en un 50% la producción de nar-cóticos, el Plan implicaba una adapta-ción e institucionalización del mode-lo económico y social a los esquemas neoliberales y a las líneas del libre co-mercio agenciadas por Estados Unidos. La adecuación del sistema judicial, de la política antidrogas, la destinación del Ejército nacional y del conjunto de las fuerzas militares y de policía a la gue-rra a la droga siempre supuso la malin-tencionada confusión de la insurgencia con el narcotráfi co.

Vocación contrainsurgente

El sentido político profundo del Plan Colombia es su vocación contra-insurgente. El Ejército concentrado en la acción contra las FARC-EP, el ELN, el EPL, la expansión disimulada de la estrategia paramilitar, la militarización extendida de nuevas regiones, el tras-paso de los presupuestos de inversión a los comandantes, con desconocimien-to de las autoridades electas, caracteri-zan el llamado Plan de Consolidación (2007) como desarrollo de una segun-da fase en el escalamiento de la gue-rra y la generación de una lógica de “paz territorial” heredera de la guerra (2014). Los Planes Patriota y Espada de Honor complementaron sin máscara ninguna la esencia anti guerrillera y el creciente choque de los operativos del aparato militar del Estado con la pobla-ción civil (campesinos, indígenas, afro,

pobladores) en distintas “zonas de con-solidación”. La presencia e inspección permanente del Comando Sur sobre el desenvolvimiento de la guerra, inclui-da su directriz de “diálogo en medio de la guerra” son formas inaceptables de intervencionismo militar y político en la vida interna de Colombia que desnu-dan el servilismo de sus gobernantes.

El despliegue de armamentismo y tecnología, la mercenarización de la guerra, la participación de personal estadounidense en bombardeos como el del caserío de Santo Domingo, en Arauca, donde perecieron 17 civiles o los abusos de los soldados yanquis en la violación de menores de edad entre otros casos quedan en la impu-nidad porque quienes delinquen en esas operaciones por ser estadouni-denses gozan de inmunidad diplo-mática (¡!) según el Tratado Bilateral suscrito en 1952 por el gobierno vio-lento de Roberto Urdaneta Arbeláez y que permanece vigente, para vergüen-za e indignidad del país. Por lo menos 50.000 colombianos/as han muerto bajo la vigencia del Plan Colombia. Entre ellos deben contarse los “falsos positivos” que aún hoy han seguido aconteciendo.

EE UU debe responder

El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a tomar consciencia de que la solución política para la paz exige punto final definitivo al Plan Colombia. El gobierno de Estados Unidos debe indemnizar a miles de víctimas sobrevivientes de los bombar-deos, las fumigaciones, el desarraigo y el desplazamiento forzado. Parte esen-cial de la fi nalización de la guerra es poner fi n al orden contrainsurgente ins-pirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ali-mentado por el anticomunismo y las prácticas del terrorismo de Estado. Deben pasar a revisión y a denuncia los tratados de asistencia militar entre

Colombia y Estados Unidos que siguen rigiendo. No más “enemigos internos” como política y práctica de persecu-ción de disidentes. En igual sentido de-be revisarse y denunciarse el Tratado de Libre Comercio bilateral que tanto perjuicio trae a pequeños y medianos productores.

Nuevas relaciones de respeto

En lugar de un nuevo Plan Colombia cuya intencionalidad es engrillar los procesos de Acuerdo y Posacuerdo en el marco de la nueva doctrina de seguridad nacional que privilegia la mirada agresiva hacia China, Rusia, Irán y nuestros vecinos del área andi-na, Venezuela, Ecuador, Bolivia y El Caribe, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Colombia debe mirar con libertad al mundo y plantear iniciativas de coo-peración y ayuda que benefi cien la su-peración de las desigualdades sociales, permitan la recuperación de los bienes comunes en manos del saqueo capita-lista trasnacional, la recuperación de la potencialidad productiva del país para generar empleo y la integración latinoamericana en los contextos de Unasur, Mercosur y Celac.

Hay que fundar nuevas relaciones con Estados Unidos en pié de igual-dad, con respeto de la soberanía de Colombia y de los pueblos de América Latina y El Caribe, sin ninguna forma de intervención militar y sin planes neocoloniales que violenten nuestra libre autodeterminación en busca so-berana de la paz con justicia social.

Por la paz: punto final al Plan Colombia

El Plan Colombia fue un instrumento contrainsurgente que fracasó como línea de guerra agenciada por Estados Unidos. No aplastó a la guerrilla como era el propósito y tampoco acabó con el narcotráfi co, que cuenta con impunidad en Colombia y Estados Unidos. Declaración del Partido Comunista Colombiano

“Deben pasar a revisión y a denuncia

los tratados de asistencia militar entre Colombia y

Estados Unidos que siguen rigiendo”

“El Plan Colombia es uno de los proyectos

de sometimiento con perspectiva de anexionismo más

insólitos de la historia contemporánea”

Guerrilleros de la FARC en la antigua zona de despeje.

Febrero10 de 2016/4CAMPO

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JUAN SEBASTI N BARRAG N

AGENCIA PRENSA RURAL

n San José de Apartadó se está implementando la llamada Operación Serranía, que consiste en capturar personas supuestamente rela-cionadas con las FARC. Hasta el mo-mento hay seis en la cárcel y 50 órdenes de captura más. También la Operación Agamenón contra el Clan Úsuga ha ve-nido produciendo una arremetida para-militar en este corregimiento del Urabá antioqueño.

Frente a esto, Fernando Quijano, miembro de la Mesa de Garantías en Antioquia, expresó que la Operación Agamenón “ha venido causando el re-pliegue estratégico de los Gaitanistas, que se han extendido hacia San José de Apartadó a un lugar donde ni si-quiera las operaciones militares lle-gan. Pareciera ser que, en esa zona, un sector de la Fuerza Pública viene ejer-ciendo el papel de protección y per-mitiéndoles la expansión hacia terri-torios donde también han hecho pre-sencia las FARC”.

Líderes campesinos aseguran que hay connivencia entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas. Desde 2011 la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa) señaló que era evidente la presencia de ese gru-po paramilitar y denunció su víncu-lo con miembros de la Brigada XVII del Ejército.

47 familias de la vereda La Esperanza se desplazaron en diciembre de 2015, luego de que los Gaitanistas amenazaran con asesinar a sus líderes. También se han presentado amenazas contra líderes estudiantiles.

En esta zona hay intereses econó-micos, políticos y militares. Van a ha-cer tres puertos, es una de las rutas del narcotráfi co, y hay interés de hacer ex-ploraciones mineras. Muchas multina-cionales no han podido acceder por el confl icto armado.

Líderes presos

Hoy hay seis líderes presos en las cárceles de Medellín, sin pruebas su-fi cientes, lo que demuestra que “estas capturas tienen que ver con un inte-rés del Ejército de consolidarse polí-ticamente en el corregimiento y copar las juntas de acción comunal”, recal-ca Óscar Zapata, dirigente de Acasa.

Arley Cartagena, líder del corre-gimiento, fue capturado el 22 de di-ciembre. El 1 de enero lo trasladan a Bellavista, al pasillo 16 donde están

Persecución política en San José de Apartadó

El 12 de febrero, en Tarazá, Antioquia, se llevará a cabo el

foro de cultivadores de hoja de coca del Nudo del Paramillo, convocado por organizaciones sociales y campesinas.

El evento, al que invitan la Aso-cia ción de Campesinos del Sur de Córdoba, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Cumbre Agraria y otras organizacio-nes sociales, busca poner en diálogo a las familias campesinas que viven de la coca, con el Estado y la academia.

Se espera que al foro asistan dife-rentes ofi cinas gubernamentales y re-presentantes del poder público.

Por ahora, está confi rmada la parti-cipación de funcionarios de la Agencia Nacional para la Sustitución de Cultivos de la Presidencia de la República.

Erradicación forzada, judicializaciones y resistencia

Desde noviembre del año pasado se viene desarrollando la Operación

Los militares controlan el casco urbano, y ahora van por la junta comunal del corregimiento. Foto Prensa Rural.

los presos políticos. Está aislado por-que presenta síntomas de tuberculosis.

Cartagena es acusado de rebelión, concierto para delinquir con fi nes terro-ristas y narcotráfi co. Las pruebas son basadas en testimonios de 13 desmovi-lizados y algunos habitantes, “amaña-dos por benefi cios económicos”.

Laura Cataño es una líder innata. Víctima, le han asesinado a sus hijos, también a su padre, Bartolomé Cataño, de la UP, en un crimen declarado de lesa humanidad. Es la presidenta de la junta de acción comunal de San José de Apartadó.

Ella y otras personas van a don-de está Arley capturado, a llevarle ali-mento y ropa. Alguien va a entrar a entregarle y la policía insiste en que tiene que ser ella quien entre. Ingresa y se empieza a demorar: resulta tam-bién detenida.

Laura dice que “la Asociación ha-ce el trabajo social para fortalecer la democracia y el Estado les paga así”. Está en la cárcel de Pedregal en el pa-tio 6, sindicada de rebelión y concier-to para delinquir con fi nes de narcotrá-fi co. Las pruebas son las mismas que las de Arley.

A Laura hace poco le hicieron cirugía de corazón, sufre de hipertensión, nece-sita una dieta especial y medicamentos de por vida. Son condiciones que allí no le han brindado, por el contrario se de-teriora cada día más. “Cualquier altera-ción puede causarle la muerte, pero a los jueces no les interesa eso”, dice Óscar.

“No se desmantela el paramilitaris-mo, pero sí el movimiento social que ha venido denunciando y haciendo oposi-ción a estas actuaciones del Estado y los grupos ilegales”, fi naliza Fernando Quijano.

Un foro que busca visibilizar una crisisAgamenón, como estrategia represiva contra el narcotráfi co y las bandas de-lincuenciales.

Las comunidades rurales que ha-bitan el sur de Córdoba y el Parque Natural Nacional Nudo de Paramillo sufren desplazamientos, judicializacio-nes, empadronamientos y otras viola-ciones a los derechos humanos, pues, en su afán de dar positivos, las fuerzas represivas han golpeado a las familias canpesinas.

Hace 15 días, militares llegaron hasta la vereda William en Puerto Libertador, donde arrancaron algunas matas de coca sin autorización. Ante esta situación, los campesinos se decla-raron en resistencia y han venido mo-vilizándose para impedir otras erradi-caciones sin previo acuerdo.

Una salida a la crisis

Ante la crisis social y humanita-ria que se está viviendo en el sur de Córdoba, los campesinos esperan que el Foro sea un espacio donde se pue-dan lograr acuerdos con miras a con-jurar la crisis.

Las organizaciones convocantes esperan que se convierta en el espacio para discutir los actuales programas de sustitución que viene implementando el gobierno, pues ha sido la ejecución

de dicha política la que ha generado la difícil situación que hoy viven las co-munidades del Nudo de Paramillo, que se evidencia en el accionar autorita-rio de algunos miembros de la Fuerza Pública.

Y es que este tema ha sido reco-nocido por las partes en diálogo en La Habana. Tanto para las FARC co-mo para el Gobierno es un hecho que el narcotráfi co ha sido un atizador del confl icto, por eso hoy existe un acuerdo parcial sobre el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas”.

Los campesinos surcordobeses, así como el gran conglomerado de organi-zaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, esperan que sea en sus terri-torios donde se vayan afi anzando esos acuerdos logrados en La Habana. En este sentido, el Foro que se desarrolla-rá el viernes 12 de febrero servirá pa-ra generar propuestas de implementa-ción del acuerdo sobre el punto 4 de la agenda de paz.

Los avances en la Mesa de Diálogos no cesan. Día a día los colombianos es-tán más cerca de conocer la hora del an-helado Acuerdo Final. Mientras tanto, en regiones como el Sur de Córdoba, las comunidades que tanto han pade-cido el confl icto crean iniciativas para que se discutan los planes de ejecución de los acuerdos.

Líderes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Foto Acsurcor.

Febrero10 de 2016/5EDITORIAL

Con la lámpara de Diógenes

RUB N DAR O ARROYO OSORIO

La libertad de prensa

El origen del Plan ColombiaMirador

CARLOS A. LOZANO GUILL N

¿De qué se ríe Santos?

En dos aviones repletos de al-tos funcionarios del Gobierno

Nacional, encabezados por el presi-dente Juan Manuel Santos, de un grupo de comunicadores cuya independencia queda en entredicho y de los acostum-brados lagartos, llegó a Washington la delegación colombiana para celebrar los 15 años del Plan Colombia.

Uno de los invitados fue el expresi-dente Andrés Pastrana Arango, en cuyo gobierno (1998-2002) comenzó a regir el plan. Pastrana tuvo que estar incómo-do. Sin inmutarse había dicho antes de partir para el jolgorio que él era el padre de la criatura. De ser así ¿Por qué la ce-lebración no se hizo en Bogotá, en ac-to de dignidad y de soberanía nacional? Pero la clase dominante no sabe de eso. Obama fue el que dio cátedra y el fal-so padre de la criatura no apareció por ninguna parte, como no fueron siquiera mencionados los ex presidentes George W. Bush y Álvaro Uribe Vélez. Ni si-quiera en un festín de falsedades mere-cieron el más mínimo reconocimiento.

Pastrana habló en la campaña elec-toral que precedió a su elección de un Plan Marshall, con ayuda yanqui, pa-ra combatir el narcotráfi co. El gobier-no de Clinton no estuvo de acuerdo y montó el Plan Colombia, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, an-tes de ser conocido en Colombia. Fue adoptado en Washington bajo la ley 106-246 con un desembolso inicial de 1.300 millones de dólares. El tex-to original fue en inglés. Pastrana hizo aprobar un texto asistencialista en el

Congreso colombiano para descrestar calentanos, hasta cuando el periódico “Desde Abajo” lo desenmascaró pu-blicando la versión en inglés que era la defi nitiva.

Pastrana para responder a los crí-ticos que le reclamaban por este plan guerrerista cuando iniciaba un proce-so de paz con las FARC-EP, negaba el carácter contrainsurgente. Su objeti-vo era el narcotráfi co decía una y otra vez. Hoy, cuando pasó mucha agua por debajo de los puentes, sin inmu-tarse cambió la explicación y se rei-vindica como el adalid de la reinge-niería militar y del cambio del rumbo de la guerra que entonces favorecía a la insurgencia.

Sin embargo, por los resultados, fracasó el Plan Colombia. Es el fra-caso de la guerra contrainsurgente e inclusive de la lucha contra el narco-tráfi co, porque los carteles y capos de la mafi a siguieron exportando droga en la más completa impunidad. El ge-neral Fernando Tapias lo reconoce a su manera en entrevista al periodis-ta Julio Sánchez Cristo: “(…)la bús-queda innecesaria de resultados más rápidos y contundentes e incentivos confusos dio origen a un fenóme-no delictivo inesperado denominado ‘falsos positivos’, que neutralizaron la estrategia, originaron severos cues-tionamientos a nivel nacional e inter-nacional”. La historia debe contarse como es y no a la medida de sus fal-sifi cadores.

carloslozanogui@outlook.es

El pasado martes 9 de febrero se celebró en Colombia el Día del Periodista con los acostumbra-

dos saludos de los poderes públicos, los editoriales que resaltan el papel de los periodistas y los comunicados del alto gobierno que proclaman que en el país existe la libertad de prensa y plenas ga-rantías para ejercer el ofi cio periodístico.

Pura demagogia barata. En los últi-mos siete años son 142 los periodistas asesinados en el país, convirtiendo a Colombia en uno de los sitios de mayor alto riesgo para los periodistas. La ma-yoría de los crímenes están en la impu-nidad y las medidas de protección no son muy efectivas para salvaguardar la vi-da de los comunicadores. Es la realidad.

Los periodistas son víctimas del se-guimiento, de las “chuzadas” y de la hos-tilidad de los organismos de inteligencia del Estado, que no ven con buenos ojos las denuncias y las investigaciones so-bre los desafueros gubernamentales, en especial de la fuerza pública y de la alta ofi cialidad. De estos procedimientos ar-bitrarios y totalitarios no se salva ningún periodista, ni siquiera los que adulan al

Establecimiento desde los medios bur-gueses. Con mayor razón lo sienten los opositores y los críticos del régimen.

En VOZ se conoce muy bien este tra-tamiento. Periodistas asesinados como Manuel Cepeda y Flavio Bedoya; pe-riodistas perseguidos como Carlos A. Lozano Guillén, su director, Alfonso Pardo y Julio Avella, los dos últimos refugiados en el exterior ante la incle-mente persecución judicial y del para-militarismo. Dos bombas han sido co-locadas en sus instalaciones y la perse-cución continúa sin cesar. El Director y varios de los periodistas reciben amena-zas, que no tienen eco en las autoridades y tampoco despiertan la solidaridad de los colegas. VOZ vive bajo la sospecha porque aboga por el cambio político y reclama el derecho, inclusive de la in-surgencia, a construir la nueva Colombia como es el esfuerzo que hoy se hace en La Habana.

Es lo propio de un régimen de demo-cracia restringida en donde la prensa es sometida bajo prebendas y halagos o mediante la persecución y amenazas. Es el todo vale para defender el statu quo al cual se suman los poderosos medios al servicio del capital y de propiedad de grupos económicos y de transnaciona-les de la comunicación. Es pertinente recordar la frase del fi lósofo francés del siglo XVIII, Voltaire: “Si hubiera habi-do censura de prensa en Roma, no ten-dríamos hoy ni a Horacio ni a Juvenal, ni los escritos fi losófi cos de Cicerón”. Aquí no se conocen varias verdades, se

falsifi ca la historia y se niega el derecho de la prensa opositora y de izquierda a existir en pie de igualdad.

No existe el respeto a la prensa alter-nativa. Se le excluye porque “piensa di-ferente”. Sus ideas no son las del mode-lo neoliberal ni las de la democracia oc-cidental y por eso no valen ni se tienen en cuenta. “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”, dijo el mexicano Benito Juárez en el siglo XIX.

Otra manifestación de la ausencia de la libertad de prensa es que en Colombia no existe una legislación sobre la prensa alternativa ni las garantías para el ejerci-cio de la oposición. Es la discriminada de la pauta publicitaria ofi cial que mue-ve jugosas sumas anuales del Presupuesto en benefi cio de la prensa aceptada, de la “gran prensa”, como la califi có Alfonso López Michelsen, la consentida del sis-tema dominante.

Es conveniente que para el posacuer-do, en las condiciones de la paz estable y duradera, se acuerden nuevas dispo-siciones garantistas para toda la prensa, que le ponga freno a los monopolios de la comunicación y le ofrezca condicio-nes a la prensa alternativa y a la pren-sa regional que no gozan de las gabelas del poder. Los periodistas de base deben fortalecer el sindicalismo de los traba-jadores de la prensa, preocupado por el interés reivindicativo y no por conver-tir al gremio en un ente social y de apo-yo al establecimiento antidemocrático e injusto.

El Panel Intergubernamental Para el cambio del Clima,

(IPCC), destaca en uno de sus es-tudios que “el aumento de las tem-peraturas mundiales en un grado Fahrenheit en el último siglo y su aumento probable en las próximas décadas, es causado por una capa cada vez más gruesa de contamina-ción por dióxido de carbono y otros gases invernaderos, especialmente de plantas generadoras de energía y los automóviles, que atrapan el ca-lor de la atmósfera. y está latente la probabilidad de que este calenta-miento blobal supere los 7 grados Fahrenheit durante el siglo XXI”. No es de extrañar el deshielo de las zonal glaciales, el desbordamiento de los mares, las ondas de calor más fuertes, las sequías en unas zonas de la tierra y fuertes lluvias en otras, los incendios forestales, las oleadas de mosquitos portadores de enferme-dades y la extinción de especies co-rales, manglares, osos polares, va-riedades de aves; muertes cíclicas de ganados, peces y la reducción en cantidad y calidad de la producción de alimentos agrícolas.

En Colombia vivimos estas cala-midades año tras año como conse-cuencia del “fenómeno del Niño o de la Niña”, que rompen los ciclos de lluvias y de procesos productivos en el campo. Sin embargo los go-biernos de los últimos 50 años, por mencionar un lapso signifi cativo, no

han respondido con medidas de una política de Estado al respecto. Peor aún, siguen cediendo terreros, por-ciones de ríos y mares a las multina-cionales que expolian nuestras rique-zas con sus exploraciones y explota-ciones de industria extractiva, bajo la mirada cómplice de todas las institu-ciones del Estado.

En octubre del 2015 el Presidente Santos a guisa de plañidera, dijo que “las autoridades climáticas anuncia-ban que el fenómeno del Niño pasa de nivel moderado a fuerte. Tenemos que seguir ahorrando agua y energía porque este fenómeno se va a exten-der hasta el primer trimestre de es-te año y podríamos llegar a tener las temperaturas más altas en la historia del país”. Descubriendo el agua tibia mientras se pasea por los escenarios internacionales sonriendo porque tie-ne mucho apoyo para lograr un feliz término al proceso de paz y la conso-lidación del mal llamado posconfl ic-to. Ningún ciudadano del país con un grado moderado de razón se opone al proceso de paz a través de la negocia-ción política, pero tampoco puede de-jar que el nivel de vida digna siga de-teriorándose por desidia del Estado y sus gobernantes, cuando fenómenos climáticos como el que nos ocupa se dan periódicamente, se anuncian me-didas de contingencia pero en realidad nada se resuelve y solo la población más vulnerable económicamente pa-ga las consecuencias.

Febrero10 de 2016/6

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LABORAL

La pasada asamblea general de delegados de Anthoc na-cional, realizada hace dos

semanas en Bogotá, tuvo como obje-tivo establecer su plan de acción pa-ra el año 2016. “Se prevé será bastan-te movido, ya que en este año se cum-ple el término del Sistema General de Participaciones, el cual fue establecido por el acto legislativo 01 de 2001 y por la ley 715. Se defi nirán las competen-cias y los recursos que les correspon-den a los departamentos y municipios en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico”, expu-so Yesid Camacho, quien volvió a ser elegido como presidente de esta orga-nización que agremia a trabajadores de la salud en todo el país.

Sobre la posición de Anthoc en es-te tema Camacho expresó: “Pensamos que hay que hacer una revisión defi ni-tiva y total del sistema de fi nanciación de la salud en Colombia. El sistema de aseguramiento a través de intermedia-rios fi nancieros, como las EPS, ha de-mostrado su rotundo fracaso y, por lo tanto, hay necesidad de presentar unas nuevas alternativas y qué mejor que la discusión del proyecto”.

Trabajadores de la salud estarán en las callesOtro aspecto relevante para el ac-

cionar del sindicato es la crisis hospi-talaria en todo el país y la amenaza de una posible liquidación de varios de hospitales públicos. Situación a la que no se le ve solución.

Muestra de ello, como lo aclara Camacho, es Caprecom. “El gobierno ha dicho que en el caso de Caprecom, destinará alrededor de 500 mil millo-nes de pesos que ya fueron aproba-dos por el Congreso de la República como cupo de endeudamiento, pero las deudas prioritarias de la entidad no comprenden a los hospitales. En principio, quienes tendrían acceso a los recursos son los trabajadores que salen de la liquidación de Caprecom; y, en segunda instancia, la deuda de esta entidad con el Gobierno. La Contraloría General de la Nación san-cionó a Caprecom con un billón 200 mil millones de pesos, lo quiere de-cir que no alcanzará ni para pagar las deudas con el Gobierno. Las deudas con los prestadores de servicio, son de las últimas en ser canceladas”.

“Como parte de la agenda también está el proceso de movilización conjun-ta con los demás sectores sociales. Es

Movilización de trabajadores, usuarios y estudiantes de ciencias de la salud. Foto archivo.

claro que el Gobierno tiene una ofen-siva fi nanciera contra el pueblo co-lombiano. Se concreta en una reforma tributaria y en una reforma pensional

que harán más gravosa la situación de los trabajadores. Así que se está ‘coci-nando’ un accionar para frenarla”, in-formó Anthoc.

En una fi esta, a la que asistie-ron porque les habían dicho que era una capacitación, los

22 trabajadores recibieron bebidas al-cohólicas, comida y fueron convenci-dos de renunciar a la organización sin-dical. De esta manera, Sintraproaceites seccional Puerto Wilches, Santander, se quedó sin afi liados.

El confl icto inició el 11 de enero pasado cuando un grupo de trabajado-res de la empresa Extractora Central S.A. tomaron la decisión de afi liarse a Sintraproaceites seccional Sabana de Torres, Santander, organización perte-neciente al intersindical de la agroin-dustria y la alimentación en Colombia. Tres días después se presentó pliego de peticiones.

La respuesta de la empresa fue despedir a un trabajador sindicali-zado. Posteriormente el gerente se presentó en el sitio de trabajo pa-ra persuadirlos de desistir del sindi-cato, ofrecer prebendas y garantías a quienes se encontraban de turno. A renglón seguido pasó preaviso de

terminación de contrato a tres tra-bajadores sindicalizados.

Al no tener respuesta sobre el petitorio, los trabajadores solicita-ron al Ministerio de Trabajo citar a negociar. Allí la empresa manifestó que no lo haría argumentando que el sindicato no aprobó el pliego en asamblea general, lo que para los trabajadores no es necesario por-que para eso está la asamblea del sindicato. La organización sindical pidió al Ministerio dar un concepto sobre las posiciones de las partes.

Según el sindicato, luego de las dilaciones la empresa citó a los re-cién afi liados a una capacitación que en realidad era una fi esta, en la que hicieron presencia el gerente y abogado de la fi rma.

En palabras de la organización sindical, la práctica de persecución sindical se da en otras empresas de la región palmera del Magdalena Medio, violando el derecho de or-ganización y de negociación colec-tiva.

Magdalena Medio

Persiguen a sindicalizados

Trabajador de plantación de palma para la extracción de aceite. Sintradit, seccional Buga, in-formó a los medios de co-municación que la empresa

Cristar SAS, fi lial del monopolio nor-teamericano Owens Illinois, nueva-mente arremetió contra los trabajado-res sindicalizados.

Esta vez se presentó una masacre laboral cuando el primero de febrero pasado, cambiaron nuevamente la em-presa de intermediación laboral, ahora los pocos trabajadores que quedaron en las bodegas externas están bajo la in-termediación de Indub, trasladando la mercancía a la planta de Cristar SAS-OI. En consecuencia, desapareció el trabajo de los sindicalizados quienes llevan laborando de siete a trece años

Cristar saca más trabajadoresen promedio bajo la intermediación de Cooasobrba CTA en la operación de cargue, descargue de empaque, pro-ducto terminado, exportación y otros.

La situación más difícil para estos trabajadores es que para invisibilizarles el contrato realidad con Cristar SAS-OI han laborado a través de Cooasobrba y nunca les han cancelado directamente salarios. Durante el tiempo que llevan laborando siempre han devengado por lo que realicen diariamente.

Desde el 1 de febrero los trabaja-dores se han presentado a laborar, pe-ro solamente están cumpliendo horario pues ya no tienen funciones para des-empeñar y la empresa tampoco les ha notifi cado qué va a pasar con ellos.

Trabajadores de Cristar, frente a una de sus sedes.

Febrero10 de 2016/7LABORAL

A JUAN CARLOS

HURTADO FONSECA

pocos días de su po-sesión, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, ya anunciaba su intención de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. En declaraciones a un medio de comu-nicación afi rmó: “Lo que hay que pen-sar no es que tenemos unas acciones en la ETB, sino que tenemos un dinero que pueden ser mil millones de dóla-res, con los cuales se podrían hacer mu-chos colegios para que más niños estu-diaran en jornada completa, se podrían hacer vías, se podrían hacer parques, o podemos comprar unas acciones en una empresa de teléfonos”.

En otras palabras, el propósito del Alcalde también puede ser vender la empresa de telecomunicaciones para comprar acciones en una empresa de teléfonos. Para muchos el anuncio no fue sorpresa, aunque en amplios secto-res bogotanos causó indignación.

Las respuestas no tuvieron demo-ra y desde diferentes dinámicas orga-nizativas empezaron una serie de reu-niones para ver cómo responder a la medida gubernamental. Usuarios, sin-dicatos, estudiantes, centrales obreras, trabajadores de la empresa, concejales de la ciudad y partidos políticos de iz-quierda, se han movilizado por la ciu-dad expresando su rechazo. Pero tam-bién han reactivado la Coordinadora Distrital por la Defensa de lo Público para generar dinámicas en toda la ciu-dadanía que permitan responder con fuerza y evitar la venta.

Algunas cifras

Según el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 de la ETB, ese año la empresa obtuvo utilidades por 370.531.188 pesos, las más altas en los últimos 20. Además, el patrimonio de la compañía creció en 25.64% entre 2012 y 2014, y su pasivo disminuyó 29,18% en el mismo periodo.

El mismo documento dice: “Hoy contamos con más de 854 mil hoga-res pasados con Fibra Óptica al Hogar (FTTH), es decir, que la red pasa en-frente de sus residencias, y con 20 mil hogares conectados (clientes que ya tienen los servicios de fi bra ópti-ca); se puso en marcha la Televisión Interactiva Digital, la mejor platafor-ma de América Latina, destacándose su calidad; el despliegue de los anillos de fi bra óptica en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Tunja, ciudades donde se consolidó la presencia nacional de ETB para fortalecer la oferta corpora-tiva; y los Servicios Móviles 4G a ni-vel nacional, con una de las ofertas de datos y voz más competitivas del mercado”.

Las anteriores son apenas unas

pocas cifras que dan una dimensión del signifi cado económico y social de la entidad de los bogotanos.

Por eso, ante los anuncios el sindi-cato de trabajadoresa de esta empresa, Sintrateléfonos, reaccionó: “Peñalosa insiste nuevamente en vender la ETB para entregarla al capital privado, ade-más, de manera irresponsable ha puesto a la opinión pública un valor estimado sin tener en cuenta un estudio técnico previo que constate el precio real de la empresa. Si el señor posa de buen ge-rente que la administre y no entregue esa responsabilidad a terceros”.

Y aunque para el sindicato la em-presa no ha tenido buenas adminis-traciones: “La ETB ha sido funda-mental para los ingresos de la ciudad. Entre 2013 y 2015 la ETB entregó

dividendos para Bogotá por más de me-dio billón de pesos y de estos, más de 10 mil millones fueron destinados a la Universidad Distrital. El aporte fi scal que realiza la empresa para el desarro-llo social de la ciudad es transcenden-tal y debe mantenerse a largo plazo. La empresa se está modernizando tenien-do redes de fi bra óptica y fi nalmente; a qué multinacional se va a benefi ciar con esta inversión”.

Se preparan movilizaciones

La Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afi nes, Atelca, que agremia a la gran mayoría de los técnicos como ingenieros en te-lecomunicaciones, ingenieros electró-nicos e ingenieros en sistemas de ETB, también se manifestó en contra de la privatización.

Martha Alejandra Wilches, fi scal de Atelca, explicó que la ETB por ser en su mayoría del Distrito permite la regu-lación de las tarifas de los servicios en el mercado. Asimismo: “Es una empre-sa que ha participado en la masifi cación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, por lo que hay portales interactivos en las localidades, especialmente en Ciudad Bolívar, que dan acceso a sus habitantes a cursos de capacitación gratuita, servicios de te-lecomunicaciones y portales interacti-vos. Ha participado en el programa del Viceministerio de las TIC Plan Vive Digital que masifi ca estos servicios, y de sus utilidades la ciudad ha invertido en infraestructura. La falta de esos in-gresos seguramente se recuperará con alzas en impuestos”.

Por todo lo anterior, los sindicatos han tenido reuniones en las que planean acciones de sensibilización, moviliza-ción y debates en el Concejo Distrital, para defender a la empresa patrimonio de todos los bogotanos. Las iniciativas se fortalecen porque también los sindi-catos dicen que el burgomaestre quiere vender el Acueducto.

Sobre el valor que dio Enrique Peñalosa para la venta de la empresa, la dirignete sindical de Atelca también se pronunció: “Las declaraciones del Alcalde han sido irresponsables porque no tiene cifras, ni valores, aún están en el proceso de empalme, pero ha mani-festado el interés de vender las empre-sas públicas, y como sabemos, porque así ha pasado, esos dineros quedarán en los bolsillos de unos pocos”.

Según Martha Alejandra Wilches, el debilitamiento de la entidad para desvalorizarla y justifi car su venta a ba-jo costo, ya empezó con la instrucción del Alcalde de recortar presupuesto en todos los niveles: “Busca que la gen-te esté inconforme con el servicio, por eso no hay inversión. Ya los diferen-tes secretarios han salido a decir que se ordenó un recorte y ya lo estamos sin-tiendo. Por ejemplo, el dinero que se destinaba para hacer los diseños para el tendido de fi bra se suspendió, y ese es uno de los proyectos pilotos de la em-presa. La Administración nos dice que ese proyecto se acabó porque no hay presupuesto, eso ayudará al marchita-miento. Porque aunque con la pasada administración de la ciudad hubo mu-chas cosas con las que no estuvimos de acuerdo, como la tercerización y la conmutación pensional, hizo muchas cosas buenas como una importante in-versión que la empresa requería”.

Los benefi cios de la ETB

Lo que quiere vender PeñalosaEsta empresa, patrimonio de los bogotanos, genera dividendos no solo económicos sino sociales, que se perderán si es entregada al capital privado. La regulación de tarifas de los servicios en telecomunicaciones es una de sus principales responsabilidades

“Entre 2013 y 2015 la ETB entregó dividendos para Bogotá por más

de medio billón de pesos y de estos, más

de 10 mil millones fueron destinados a la Universidad

Distrital”

Trabajadores de la ETB en mantenimiento de redes. Foto J.C.H.

Martha Alejandra Wilches.

Portal interactivo de la ETB en Bogotá.

Febrero 10 de 2016/8

E RICARDO ARENALES

INFORME ESPECIAL

n el Bajo Cauca antio-queño está concentrada la mayor con-taminación medio ambiental por efec-tos de vertimientos de mercurio en ríos y lagunas, de acuerdo a estudios efectuados por el Ideam, Corpoica y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo a la información con-solidada de las tres entidades, desde el año 2009, las mineras de Antioquia han importado alrededor de 520 tone-ladas del venenoso metal, que ingre-san al país desde mercados de Estados Unidos, Alemania, España, Países Bajos, y México, material que inter-viene de manera decisiva en el proce-samiento del oro.

En el departamento existen 1.526 minas de oro, de las cuales apenas 186 están legalizadas. En regiones tradicio-nales de explotación aurífera, como Segovia, los operarios invierten 14 gra-mos de mercurio para extraer un gramo de oro. Expertos indican que Colombia es la región de América Latina en que más mercurio se utiliza para la mani-pulación minera, en comparación con otros países.

En estas condiciones, los ríos y la-gunas de Antioquia reciben cada año 100 toneladas del mortífero metal, que envenenan los peces y el ecosistema y después a los seres humanos, en el cur-so de la cadena alimentaria.

Agente cancerígeno

La comunidad científi ca internacio-nal ha establecido que la combinación más letal es la del metilmercurio, pre-cisamente la que se utiliza en el tra-tamiento del oro en las minas. Puede acumularse en la cadena alimentaria y alcanzar altas concentraciones median-te el proceso metabólico. Si está en el pescado, por ejemplo, es fácilmente ab-sorbido por el cuerpo, a través del estó-mago y esparcido en la sangre.

El mercurio, ya en el organismo, puede afectar el sistema circulato-rio y el corazón, el sistema nervioso central, e incluso hay indicios de que puede producir cáncer. Esta última hipótesis es admitida por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IRC, de los Estados Unidos.

En el caso de Antioquia, hay mi-neros y pobladores de las regiones con mayor número de explotaciones

Altas concentraciones de mercurio en Antioquia

Durmiendo con el enemigo

Las 1.526 minas de oro registradas en Antioquia, arrojan anualmente 100 toneladas

de mercurio a ríos y lagunas, que contribuyen a un rápido y prolongado envenenamiento de las

personas que habitan la región

Actividades de minería del oro en Antioquia.

El 3 de agosto pasado, una comisión de exper-tos del Cuerpo Técnico de

Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, junto a un grupo de profesionales en varias disciplinas, iniciaron la titánica labor de remover, en una primera etapa exploratoria, 35

mil metros cúbicos de tierra, del bo-tadero de basuras conocido como La Escombrera, al oriente de Medellín, donde se supone fueron enterrados decenas de cadáveres de desapareci-dos por acción de grupos paramilitares.

Las autoridades se fi jaron un plazo inicial de cinco meses para presentar

mineras, que padecen problemas de memoria, de equilibrio y la mayoría de los hombres sufren de impotencia, que se refl eja en el alto consumo de viagra.

La semana pasada, varios medios de comunicación informaron de la muerte de 37 niños indígenas, de la comuni-dad embera katía, en el Chocó, después de haber bebido agua contaminada por efectos de la explotación minera. En el caso de Antioquia, las autoridades informan que este mismo fenómeno afecta la salud de los habitantes de 16 municipios del bajo Cauca, el suroes-te, el nordeste y el Magdalena Medio. El Ideam asegura que ríos de la región como el Nechí, Tarazá, Porce, Cauca y San Agustín, son los más contami-nados del país.

En todo el país

El proceso de envenenamiento de aguas es de tales proporciones, que afecta a regiones vecinas como La Mojana, Bolívar y Sucre. Los cultivos de arroz de esas regiones ya están afec-tados por el riego con aguas contamina-das con mercurio. En 17 lagunas de zo-nas como Soplaviento y Simití, se de-tectan altos niveles de contaminación.

El mercurio no es el único agente contaminante. En la minería ilegal de la región se emplean también plomo, cianuro, cromo y arsénico, que son consumidos especialmente por los pe-ces. Con estos venenos, mensualmen-te llegan a las plazas de mercado de Medellín nueve toneladas de pescado contaminado.

Una tendencia preocupante es que la minería, que arroja utilidades hasta del mil por ciento, está desplazando a la ganadería, a otras actividades agrí-colas y hasta el narcotráfi co, que ve en estas actividades mayores oportunida-des de enriquecimiento.

En una mirada más amplia del pro-blema, un estudio de la Contraloría General de la República dice que en el país hay 80 municipios, en 17 de-partamentos, donde se presentan altos niveles de contaminación con mercu-rio, debidos a la extracción minera. El organismo advierte que la contamina-ción se presenta no solo en la ingesta de alimentos, sino por inhalación a través de los pulmones, y luego al riego san-guíneo, con secuelas como desórdenes neurológicos, de comportamiento, tem-blores, pérdida de memoria, insomnio y daño en los riñones.

Seis meses de excavaciones

Sin rastros humanos en La Escombreraresultados. Sin embargo se han cum-plido seis, y llama la atención el silen-cio de los encargados de conducir la investigación, en contraste con la an-gustiosa espera de decenas de familia-res de desaparecidos, que cada mañana se levantan con la esperanza de que al-guien les diga que encontraron los res-tos de algún ser querido.

El mayor número de desaparecidos en la zona se produjo después de que el gobierno local de Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador del departamen-to, inició la denominada ‘Operación Orión’, para erradicar grupos de mi-licianos de las FARC y del ELN que en opinión de la inteligencia militar, estarían tomando cada vez más fuer-za en la llamada comuna nororiental de Medellín.

De la mano de paramilitares

Después se supo que el ejército, para llevar a cabo la operación, se alió con grupos paramilitares, y que muchas personas fueron encarceladas o ejecu-tadas de manera sumaria, por la acción criminal de militares y paramilitares, y al menos 300 cuerpos fueron arrojados

al botadero de La Escombrera, que en los años sucesivos recibió diariamen-te miles de toneladas de basuras, so-bre los cuerpos de la que hoy se cono-ce como la fosa común más grande de América Latina.

La Operación Orión en la Comuna 13, contó con la participación de 1.500 hombres de la Fuerza Pública, y un contingente similar de paramilita-res, todos al mando del general Mario Montoya. En el año 2002, la comuna 13 debió soportar alrededor de 24 ope-raciones militares de arrasamiento de insurgentes, siendo notorias Antorcha de Agosto y Mariscal, al lado de Orión.

Fuentes oficiales de inteligen-cia admitieron que en la zona, des-de el año 1997 los bloques Metro, Cacique Nutibara y el Frente José Luis Zúñiga, de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, se disputaban la zo-na con las milicias de la guerrilla. Pero el operativo militar ejecutó de mane-ra sumaria a quienes consideró apoyos de la guerrilla, mientras las estructuras paramilitares no fueron afectadas por los operativos militares y aún hoy per-manecen intactas.

Los familiares de los desapareci-dos, muchos de ellos civiles no involu-crados en el confl icto, esperan que las autoridades hagan un pronunciamien-to sobre el futuro de la labor de remo-ción de escombros.

Aspecto de la labor que expertos adelantan en búsqueda de cadáveres de desaparecidos en La Escombrera.

Febrero 10 de 2016/9

E REDACCI N POL TICA

POLÍTICA

n medio del Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, su secretario General Jaime Caycedo, conversó con VOZ sobre las recientes reuniones explora-torias de la izquierda, los temas trata-dos y las iniciativas de trabajo. Las ta-reas en común son la paz y la movili-zación social.

–¿Cuáles son los motivos que ori-ginaron esa reunión exploratoria de la izquierda colombiana?

–La reunión obedece a una necesi-dad de ampliar lo que signifi ca la po-lítica de Frente Amplio que ha venido construyéndose en nuevas circunstan-cias. Vemos positivamente los acuer-dos de La Habana y lo que se perfi la en torno al cese al fuego bilateral, territo-rios de paz, las formas de la amnistía, incorporación de los acuerdos al blo-que de constitucionalidad, la verifi ca-ción de las Naciones Unidas y la Celac, con el trabajo de las organizaciones so-ciales en las regiones. Son puntos en el horizonte que comprometen de mane-ra directa a las fuerzas de izquierda en la construcción de un movimiento po-lítico que busque garantizar los acuer-dos y la paz estable y duradera. Pero ese es solo un escenario.

–¿Temas políticos también se de-batieron?

–Otra mirada va en dirección a los hechos políticos que se han desarrolla-do en el país. Y sobre todo tienen que ver con una legítima inconformidad social y popular con relación a las po-líticas de Estado y con relación al mo-delo del Plan Nacional de Desarrollo y con la implementación de medidas neoliberales en gobiernos departa-mentales y municipales. Me refi ero a

una muy sensible: la venta de Isagén, pero también hablo de los megapro-yectos de minería que afectan el agua y las condiciones de vida en Boyacá, Santurbán, La Colosa, y en general to-das las consecuencias medioambienta-les que se dan en medio de un fenóme-no del Niño y generan implicaciones que ponen en riesgo la vida y la econo-mía en muchas regiones del país. Pero hay que sumar el inconformismo por el salario mínimo que resulta incons-titucional pues el alza está por debajo del IPC. El alza desatada del costo de la vida, la carestía creciente que afec-ta de manera profunda a los hogares colombianos, las alzas en los servicios públicos. Estamos de acuerdo que asis-timos a una espiral infl acionaria en de-sarrollo y ante la expectativa del im-pacto de una reforma tributaria. A to-do eso se le suma la ley de Zidres que resulta una talanquera monumental a lo que se ha acordado en La Habana y a la necesidad de una reforma agra-ria democrática e integral. Todo eso junto requiere una gran presencia del movimiento social y los partidos de izquierda para una protesta nacional llamada: paro cívico nacional.

–¿Un paro contra el modelo eco-nómico?

–El gobierno ha dicho que no se dis-cute con las FARC-EP el modelo so-cial, económico y político. Nosotros decimos que la inconformidad social debe conducir a los cambios en esos modelos y abrirle la puerta a un nue-vo momento democrático en el país. Y es allí donde la izquierda entra a ju-gar. La izquierda hace dos años vo-tó por Juan Manuel Santos, para que se siguiera sin interrupciones el pro-ceso de paz. Pero no quiere decir que aplaudamos el modelo antidemocráti-co y neoliberal. No le hacemos conce-siones a Santos. Por eso ventilamos la movilización popular.

–¿Entramos en un estado de movi-lización permanente contra el gobier-no nacional?

–Pero no solamente contra esas po-líticas neoliberales del actual gobierno. También el paro es contra los “cacaos” del país. Los gremios de la producción y los dueños del capital fi nanciero. Es que hay que superar la guerra y supe-rar los obstáculos de la justicia social. Tenemos que vencer las terribles des-igualdades que son la tragedia más

Pleno del Comité Central del PCC

“Encontremos lo común”: Jaime CaycedoNinguna concesión a la política neoliberal del gobierno actual y mucho empeño para sacar adelante un acuerdo en La Habana

grande en la vida colombiana. El mo-vimiento social y popular debe hablar. Lo han hecho las organizaciones sin-dicales como la USO con la Asamblea por la Paz y la Cumbre Agraria con las Cumbres por la Paz. Es decir hay un movimiento social que agita las reivin-dicaciones sociales más sentidas y el paro servirá para profundizar entre los colombianos intereses comunes para la pelea por la paz y los cambios sociales.

–¿Hay ambiente de unidad?–Queremos conversar con muchos

sectores aliados, amigos y con quie-nes comparten estas mismas visiones. Tenemos muchas coincidencias con las que podemos construir un progra-ma común o una plataforma común en torno a la defensa del proceso de paz, a los acuerdos y sus cumplimientos. Consideramos que hay un horizonte de tareas para trabajar con mucha ac-titud. Haciendo énfasis que entre tan-tos sectores de la izquierda, tantas in-terpretaciones, tantos lenguajes y visio-nes, es relevante que nos encontremos en lo común. Y el camino debe ser un proceso constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente que proponga un país en paz.

“En La Habían se han ido que-brando los temas califi cados como inamovibles”, afi rmó

en el Pleno de la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano, Enrique Santiago. El jurista español, asesor de la delegación de paz de las FARC-EP y uno de los arquitectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, visitó el país en una gira exprés con el objetivo de explicar el sistema de jus-ticia acordado en La Habana e inter-cambiar opiniones con distintos sec-tores sociales y políticos sobre el pro-ceso de paz.

Entre los temas que destaca Enrique Santiago al Pleno del Comité

Central están los avances del proceso de paz que han sido un referente para el mundo. Destacó cómo el acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas es considerado por la ofi cina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, contra la Droga y el Delito, un modelo internacional pa-ra la erradicación de cultivos ilíci-tos desde la perspectiva de abordar la causas que motivan a sectores po-pulares a ser parte de la cadena pro-ductiva del narcotráfi co.

En ese sentido otro de los temas que en el seno de las Naciones Unidas se ha destacado es que ese organismo junto a la Celac se conviertan en los garantes

de los acuerdos que conduzcan al ce-se bilateral de fuegos y el fi n del con-fl icto. La resolución de las Naciones Unidas en la que acepta el encargo, tu-vo origen en la petición redactada por las dos partes. Una situación que nun-ca antes se había visto en los procesos de paz y que dejan a la insurgencia de las FARC como interlocutor válido an-te el Consejo de Seguridad. “La ONU ha puesto en igualdad a las FARC y al gobierno para asuntos de paz”.

Entre otros temas Enrique Santiago expresó su preocupación por el trata-miento mediático, no solo al proceso de paz sino a la posibilidad de llegar a un acuerdo del cese de hostilidades.

El jurista manifestó que el país aún no entiende la importancia de un acuer-do de paz gracias a la indiferencia de los dueños de los medios de comuni-cación. “Me niego a creer que la gen-te esté mayoritariamente apoyando la guerra, pero sí veo que hay difi culta-des desde los medios de comunica-ción para entender lo que se acuerda en La Habana”.

Finalmente expresó su opinión fren-te a la refrendación de los acuerdos y señaló que estos deben estar vincula-dos a la Constitución como garantía de permanencia en el tiempo y seguridad jurídica ante cualquier giro político que se dé en el país.

Enrique Santiago en el Pleno Nacional del PCC

Intervención de Enrique Santiago en el pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano.

Febrero 10 de 2016/10POLÍTICA

L REDACCI N POL TICA

os colombianos cono-cieron a Refi car el día en que el pre-sidente Juan Manuel Santos la inau-guró en Cartagena. Pero no olvida-rán que el sobrecosto de la refi neria más avanzada del continente está por el orden de cuatro reformas tri-butarias, media línea de metro sub-terráneo para Bogotá, dos ventas del orden de Isagén y la mitad del Plan Colombia. Todas advertencias de la Unión Sindical Obrera desde el ini-cio de las obras en 2006.

Los nombres

Y es justamente en ese año cuan-do la Junta Directiva de Ecopetrol, en cabeza de Javier Genaro Gutiérrez Presidente, Fabio Echeverri Correa, Hernán Martínez Torres, Óscar Iván Zuluaga, Cecilia María Vélez White, Carolina Rentería Rodríguez, Ignacio Sanín Bernal y Óscar A. Baquero Soler, toman la decisión de buscar un socio estratégico para la ampliación de la Refi nería de Cartagena con un curio-so requisito: quienes accedan a la lici-tación deben ser empresas exclusivas del sector privado. Allí aparece la em-presa suiza, Glencor que nada tenía que ver con petróleos.

Pero además esa Junta Directiva conocía la capacidad económica de Ecopetrol y podría haber emprendi-do ese megaproyecto acudiendo a so-cios estratégicos del sector que po-drían proveer la infraestructura tecno-lógica sufi ciente como es el caso de la estatal petrolera de Brasil, Petrobrás, quien se presentó a la licitación y no

fue descalifi cada su propuesta de con-vertirse en el socio estratégico.

Modus operandi

“Ecopetrol debió hacer una licita-ción entre las empresas especialistas y con experiencia en el sector. Pero no fue así. No fue un proceso transparen-te: toda una suerte de equivocaciones. Una vez Glencor arranca el proyecto, subcontrata a CB&I, una empresa que nunca en su existencia había hecho una refi nería porque su objeto social es ha-cer puentes y tanques, nada más. Pero además fi rma un contrato denominado reembolsables, en donde el contratis-ta todo lo que facture Refi car, fi lial de Ecopetrol, debe pagarle y por esa fi -gura es que se desbordan los costos de la refi nería”, explica César Loza pre-sidente de la USO.

De la subcontratación que habla Loza se desprenden las subcontrata-ciones que CB&I realizó con empre-sas de menor envergadura en el país. Según el dirigente obrero, la USO tie-ne sufi cientes pruebas para denunciar contratos fi rmados por una cuantía de 20 millones de pesos que CB&I reali-zó con otras empresas para proveer ser-vicios, pero el mismo contrato CB&I los reportó a Refi car con una cuantía de ocho mil millones de pesos.

Pero esa misma práctica de sub-contratar y elevar costos no solo fue en

Refi car, actualmente en Ecopetrol su-cede lo mismo de acuerdo a lo expresa-do por Loza: “Ecopetrol es un cartel de contratos. Se están contratando fi rmas para operar la maquinaria y equipos de la propia empresa desechando la mano de obra de los trabajadores de la empre-sa. Ecopetrol por una postura política de las directivas decide sub contratar y tercerizar al doble de costos. Le hemos pedido a la Contraloría que haga un ex-haustiva investigación de Ecopetrol”.

Los activos

Al igual que los sobrecostos la fe-ria de ofrecimientos de activos de Ecopetrol está a la orden del día. En la última década las decisiones de la Junta Directiva es “desinvertir” en la empresa, según dicen, para enfocar su negocio en la extracción y refi nación de crudo. Un error estratégico que no tiene otra razón de ser sino la inten-tona de desfi nanciar y abaratar el ca-pital de la empresa para sacarla en su totalidad a la venta. Por eso denuncia la USO que la pasada semana la Junta Directiva y el actual presidente Juan Carlos Echeverry, tomaron la decisión de vender la empresa Polipropileno del Caribe, Propilco S.A en 450 millones de dólares, después de haberla adqui-rido en el año 2008 en 650 millones de dólares. Propilco es una empresa de pe-troquímica necesaria para el desarrollo

económico de Refi car o de otras refi ne-rías en el país, porque su objeto social tiene sinergia con el proceso de refi na-ción de todo tipo de productos petro-químicos. Pero además es una empre-sa rentable: el año pasado las utilidades de esa empresa llegaron a 95 mil mi-llones de pesos. Incluso tiene mejores márgenes de ganancia que la venta del crudo base que extrae Ecopetrol. “No entendemos por qué se quiere vender”, reiteró Loza.

Otro de los activos que se están ofreciendo en el mercado es la empre-sa Cenit. Una fi lial de transporte de Ecopetrol que en el último trimestre le dejó ingresos de 370 mil millones de pesos ubicándose como la segun-da empresa fi lial más importante. Pero además estratégica para la estatal pe-trolera pues Cenit es la encargada del transporte de todos los hidrocarburos producidos por Ecopetrol.

“El presidente Echeverry habla de una cotización de 10 mil millones de dólares. Y si es así de valorada por qué la quieren vender. Qué de malo tiene que Ecopetrol tenga activos valiosos pues fi nalmente son activos del pue-blo colombiano y que sus rendimientos económicos impactan positivamente en los programas sociales que desarrollen los gobiernos. Para qué desmantelar Ecopetrol”, señala Loza.

Silencio cómplice

A dos semanas del escándalo la au-toridades judiciales no se ha pronun-ciado respecto a iniciar investigacio-nes que den con los responsables de la contratación con CB&I. Solamente la Contraloría ha tomado determinacio-nes respecto al asunto y ha anuncia-do el inicio de un proceso fi scal. Sin embargo, ni la Procuraduría General de la Nación, ni la Fiscalía General de la Nación se han pronunciado sobre el asunto de Refi car y la contratación in-debida que denuncia el sindicato pe-trolero. Contrario a esto ha sido la di-rectiva de Ecopetrol la que ha salido a señalar a la USO como causante del problema de Refi car.

Ante esa acusación Loza le respon-dió: “Los presidentes de Ecopetrol y de Refi car hablan de la responsabili-dad del sindicato en la pérdida de 500 millones de dólares de Refi car por una huelga que se hizo en esa empresa. Se equivocan en endosarle al sindicato la responsabilidad de sus decisiones co-mo administradores y que si bien es cierto la USO hizo una huelga de tres días por el maltrato a los trabajadores por parte de CB&I, estamos para defen-der a los trabajadores. Ahora, es bueno aclarar que al fi nal de la huelga de ma-nera ilegal les fueron descontados los salarios a los trabajadores. Entonces esas cifras en millones de dólares es una mentira, es parte de una cortina de humo para tratar de bajar la espuma de un escándalo del tamaño de la Refi nería de Cartagena”.

Ecopetrol es el activo más impor-tante para el país y será el que apalan-que la ejecución de los acuerdos de paz. Es clara la estrategia de desfi nanciarla mediante actos de corrupción y hacerla inviable para ofrecerla en el mercado a menor costo. Se espera que Ecopetrol no siga la misma suerte de Isagén.

Refi car y los caminos de la privatizacion

“Quieren desmantelar Ecopetrol”

Las decisiones administrativas, la feria de contratos y los escándalos de corrupción abonan el camino a la privatización de Ecopetrol

María Cecilia Wiht, Javier Genaro Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga, uribistas nombrados en la junta directiva de Ecopetrol en 2006.

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol.

Febrero 10 de 2016/11POLÍTICA

E HERN N CAMACHO

l pulso político del país no solo se mide en los corredores del Congreso. El descontento social por las políticas económicas del gobierno na-cional se acrecienta en las calles.

Cada vez con mayor fuerza se es-cuchan los reclamos de ciudadanos in-dignados por la venta del patrimonio público, de empleados colombianos a quienes no les alcanza el incremento salarial para comprar lo mínimo de la canasta familiar, campesinos a quienes el gobierno nacional les ha incumplido desde el año 2013, desempleados sin oportunidad de ocupación, a sindica-tos denunciando masacres laborales, a organizaciones sociales y ambientalis-tas reclamando detener la locomotora minera y a quienes se movilizan dia-riamente en las regiones por todo tipo de reclamaciones: servicios públicos, cupos escolares o quienes rechazan la muerte de la señora Rubiela Chivará, símbolo de la tragedia producida por las EPS. Todo el país protesta.

A ese ambiente de descontento generalizado se suman las centrales obreras y los partidos políticos de iz-quierda que se reunieron en Bogotá el

En marcha paro cívico nacional

Todo el país en protestaLas reivindicaciones de los colombianos estarán en la movilización permanente que conduzca a un paro cívico nacional

pasado 2 de febrero para intercambiar opiniones sobre el clima político del país. Medio centenar de organizacio-nes sociales acompañaron la reunión convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y alentaron la deci-sión de reactivar el Comando Unitario de Paro Nacional.

Las consignas

Los voceros de las organizaciones asistentes identifi caron el mapa políti-co de la protesta social en Colombia. No hay ningún departamento que se salve de ellas. Los motivos son tan di-versos como las organizaciones y ciu-dadanos que impulsan las protestas. El agua, las consecuencias de la explota-ción minera, el derecho a la salud, las consecuencias económicas que le de-ja a la pequeña y mediana industria la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, la precaria prestación de servicios públicos, las decisiones de las administraciones de derecha recor-tando avances sociales de la población, son entre otros, los detonantes de las permanentes movilizaciones.

Para la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella las protestas ciudadanas por temas como el derecho al agua recogen el descontento de los

ciudadanos del común que hoy tienen mayor conciencia por la crisis social, económica y ambiental que atraviesan. “Vengo de Boyacá en donde los ciuda-danos están dispuestos a lo que sea pa-ra detener la muerte y las enfermedades que deja la gran minería. Allí se pelea por el agua y todos están de acuerdo que sin agua no hay vida y sin vida no hay nin-gún derecho posible”, expresó Avella, quien llamó a que el paro sea cívico para congregar a todo el país indignado pero consciente de lo que está viviendo.

Respaldos

Senén Niño, senador del Polo Democrático Alternativo, indicó que el paro cívico se construye mediante una convocatoria amplia que permi-ta recoger el clamor de los colombia-nos. Añadió que se debe procurar que la movilización nacional se convier-ta en un catalizador para las aspiracio-nes de paz del país y como “preludio de lo que hay que hacer en el poscon-fl icto: acrecentar la movilización so-cial por las reivindicaciones de los ciu-dadanos. Este es un paro que necesita Colombia y es un reto para la unidad de las fuerzas sociales y políticas para convertirnos en una alternativa de po-der.”, expresó.

Por su parte, el Polo Democrático Alternativo aprobó, en su última reu-nión de Ejecutivo Nacional, asistir a la reunión y sentar una posición frente a la convocatoria del paro nacional. De acuerdo con Gustavo Triana, secreta-rio general de esa colectividad se de-be enfrentar la política económica del presidente Juan Manuel Santos y cons-truir una proclama que cobije al mayor número de damnifi cados por la política imperialista en el país.

Organizaciones sociales

La Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, Comosocol, hizo parte de la convocatoria y reiteró que sus organizaciones están en plena disposición de iniciar acciones de mo-vilización para sumarlas al paro cívi-co nacional. Carlos García, vocero de la plataforma indicó: “en la última ple-naria acogimos la convocatoria de uni-dad de cara a un paro. Pero debemos entender que el paro es un proceso con jornadas de calentamiento en todos los sectores de la economía colombia-na. Los trabajadores del sector ener-gía vienen denunciando los abusos de la política minero energética en todos los departamentos, pero también los es-tudiantes y profesores de las entidades públicas protestan por los recortes en el presupuesto de educación y los tra-bajadores de la salud hacen lo mismo. Es decir un sinfín de reclamaciones y lo que solicitamos es que todas las pe-leas de los sectores hagan parte de las agendas de movilización de las orga-nizaciones aquí presentes”.

Contra el doble discurso

Según Mauricio Ramos, quien asis-tió representando a Marcha Patriótica, el Presidente Juan Manuel Santos, tie-ne un doble discurso, pues reconoce la necesidad de la solución política al confl icto, pero en Colombia sus polí-ticas económicas van en contravía de los acuerdos. “Desde luego la paz de Santos es ajustada a sus intereses y no a los del pueblo colombiano. Nosotros queremos promover jornadas de mo-vilización permanente y que la so-ciedad colombiana se vea acogida en el paro cívico. Tenemos que sumar a todos los ciudadanos que se vean re-presentados en los reclamos”, expre-só Ramos.

Jimmy Moreno, miembro del Congreso de los Pueblos, refl exionó sobre la necesidad de llevar el paro a las regiones y acompañar las movili-zaciones que se vienen dando en cada departamento. “El país regional viene haciendo cosas para enfrentar el mo-delo y derrotar la paz neoliberal del gobierno Santos. La lucha en los terri-torios es latente y por ello invitamos a que se hagan encuentros regionales con las organizaciones nacionales. Es el momento de que los pueblos nos una-mos”, manifestó Moreno.

Del progresismo se hizo presente el exconcejal Yesid García, quien señaló la importancia de movilizar a la capital en torno de las políticas retardatarias de la administración Peñalosa. García sostuvo que los derechos perdidos en tan solo un mes de mandato, es un re-troceso de 12 años de los gobiernos al-ternativos en temas sociales sensibles como la salud y la educación pública.

A la reunión también asistieron trabajadores de la salud, camioneros, taxistas y un considerable número de representantes de organizaciones so-ciales que asumieron la tarea de ge-nerar las condiciones necesarias para una movilización permanente de cara al paro cívico nacional. La protesta es otra manera que los colombianos tie-nen para hacer política.

Aspecto de la reunión de organizaciones sociales en Bogotá.

Movilización campesina en 2013.

Febrero 10 de 2016/12HOLA JUVENTUD

L ANDR S HERN NDEZ IVANOVICH JIM NEZ B.

a Univers idad de l Tolima, atraviesa en estos momentos, por lo que sería la peor crisis fi nanciera de su historia. El desfi nanciamiento de la educación pública, y en particular la educación superior, producto de la ley 30 de 1992, viene reduciendo el apoyo a las respectivas universidades del te-rritorio colombiano con el pretexto de organizar el servicio público de la edu-cación superior, dándole a las goberna-ciones departamentales facultades para fi nanciar las universidades de carácter público. Sin embargo, pese a las facul-tades que otorga la política pública de educación, los mayores rubros para el sostenimiento de las Instituciones de Educación Superior provienen de ellas mismas. Es en medio de este escenario que empezaron a generarse las múlti-ples difi cultades por las que atraviesa la Universidad del Tolima, toda vez que la gobernación departamental no ha destinado los recursos en su totali-dad, que por obligación debe suminis-trar mediante el decreto 1864 de 1992 a dicha universidad, situación que ha desembocado en una deuda histórica con la universidad que supera los 5.000 millones de pesos.

A esta situación se le suma la cri-sis de gobernabilidad y los malos ma-nejos administrativos que se ven refl e-jados en la UT. La alta burocracia, el clientelismo y la especulación fi nancie-ra agudizan la misma, la creación des-medida de cargos, la vinculación a la universidad de más y más personal por intereses personales y politiqueros, y la respectiva aprobación por parte del Consejo Superior, quien con conoci-miento previo sabía de la incapacidad

fi nanciera de la institución para sos-tener esos procedimientos.

Es por esto que hoy en la Universidad del Tolima, princi-palmente desde las organizacio-nes estudiantiles, se denuncia a gritos el silencio autista y la inefi -ciencia administrativa por parte de la Rectoría, el Consejo Superior y el Consejo Académico, a tal pun-to que hasta la fecha se descono-cen ofi cialmente las cifras reales del défi cit que tiene la universidad.

La pugna por el control y el ma-nejo clientelista de la única univer-sidad pública del departamento del Tolima, está inmersa en medio de una disputa entre el santismo y el uribismo, intentando engañar y lle-var a la especulación a la comuni-dad universitaria. Es por esto que los estudiantes de la UT rechazan las intromisiones de estas “corrien-tes políticas” que tanto daño le han hecho al país, así como también es manifi esto el rechazo los intentos de intervención del Ministerio de Educación, quien con un discurso de supuesto acompañamiento pa-ra salvar la universidad, intenta a toda costa vulnerar la autonomía universitaria, ejecutando la ley de inspección y vigilancia, cosa que preocupa bastante por los alcances de esta norma.

Ante esta realidad, estudiantes, trabajadores y profesores de la uni-versidad, avanzan en la organiza-ción y movilización en defensa de la educación pública y la autonomía universitaria, mediante una agenda de discusión y movilización, que permita generar una propuesta de solución viable de cara a la crisis que atraviesa la Universidad del Tolima

Entre el 6 y el 31 de enero del 2016, y con la participación de 14 regiones del país, se

llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la Escuela Nacional de Cuadros de la Juventud Comunista Colombiana, en medio del particular momento políti-co, que se vive en el país, ambientado por la posibilidad de un exitoso acuerdo entre las insurgencias y el gobierno na-cional, quien paradójicamente y desco-nociendo el espíritu de las conversacio-nes de La Habana, viene implementan-do contrarreformas que profundizan el modelo neoliberal en Colombia, arre-batándole a la gran mayoría del pueblo colombiano la posibilidad de una vida digna. Situación que vislumbra un es-cenario de movilización en la idea de defender los acuerdos, y los derechos de la población en la pelea callejera y popular, en donde la formación política e ideológica, ha de ser una herramienta indispensable.

La Escuela Nacional cada año con-centra durante cuatro semanas a los dirigentes más destacados de la or-ganización, en una tarea de forma-ción ideológica, fundamental pa-ra la lucha revolucionaria. Contó con la presencia de Jóvenes Por el Socialismo de México, y del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano (Pupsoc), que recoge or-ganizaciones juveniles como Juventud Rebelde y la Federación de Estudiantes Universitarios entre otras, refl ejando la necesidad urgente de la unidad, y el es-píritu de la escuela de la JUCO; una es-cuela para la revolución, pensada para reivindicar la labor histórica del sujeto, aludiendo a una comprensión del hom-bre y de la sociedad, que demande su papel como ser consciente y transfor-mador de sus circunstancias; una es-cuela de y para la lucha revolucionaria

de nuestra patria, desde una fi rme con-vicción de la necesidad de transformar su historia hacia la construcción del so-cialismo, con el profundo compromi-so de fortalecer nuestra identidad co-munista.

El contenido de la escuela se de-sarrolló en seis bloques temáticos; el componente ideológico que recoge los desarrollos fi losófi cos del marxismo, el económico que profundiza en las rela-ciones de producción en el actual siste-ma y la actual crisis, el bloque de pen-samiento latinoamericano que rescata el proyecto de integración de los pue-blos que ubica las claves emancipado-ras del sujeto en nuestra América, el bloque de movimientos sociales y juve-niles, el organizativo y el internacional.

Para la JUCO el actual periodo, plantea retos enormes y grandes ex-pectativas, por ello la Escuela Nacional hizo énfasis en los retos de la lucha re-volucionaria en el pos acuerdo y la ne-cesidad de la unidad como única he-rramienta que le permita avanzar a la izquierda en la construcción de una co-rrelación de fuerzas favorable para los cambios democráticos y la construc-ción de una Colombia distinta.

Fue también la Escuela Nacional un escenario para la reafi rmación con el proyecto que representa la JUCO, la alegría, el entusiasmo y la camaradería acompañaron las cuatro semanas de in-cesante trabajo formativo. La presencia de Álvaro Vásquez del Real, en las jor-nadas de estudio reavivó el fervor re-volucionario de quienes regresaron a sus regiones con el corazón henchido de entusiasmo a afrontar los retos que nos impone la paz, y muy seguramente a contar que hicieron su escuela nacio-nal al lado de uno de los más grandes baluartes de la lucha revolucionaria, al lado de nuestro Álvaro Vásquez.

Universidad del Tolima en crisis

Escuela Nacional de Cuadros

Reafirman el legado y la necesidad de la unidad

¡Pronto en circulación!“La paz es el camino” de Carlos A. Lozano Guillén

*Introducción. “No hay camino para la paz, la paz es el camino”*Capítulo I. Antecedentes de La Habana. Confl icto y sociedad - Colombia: ¿Llegó el momento de la paz estable y duradera? - La última vez que vi al comandante Marulanda*Capítulo II. Hablan los dirigentes de las FARC-EP. Avance hacia la fi rma del acuerdo fi nal*Capítulo III. Las vicisitudes de la Mesa de La Habana.

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de la JUCO.

Entrada a la Universidad del Tolima.

Febrero 10 de 2016/13INTERNACIONAL

ALBERTO ACEVEDO

Por estos días, el presi-

dente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha vuelto a hablar de su in-tención de cerrar la infame prisión de Guantánamo, ubicada en predios de una base naval ubicada en una franja de territorio cubano del mismo nom-bre, que permanece como vestigio de dominación colonial de la mayor po-tencia económica del mundo.

Y como sectores de opinión pública le han recordado que precisamente esa fue una de sus promesas de campaña, que no ha cumplido, a pesar de llevar dos mandatos en la Casa Blanca, el go-bernante se excusa ahora en el pretexto de que para llevar a cabo ese cometido no ha contado con la aprobación de la bancada republicana en el congreso, y además, hay acuerdos bipartidistas en torno a la política carcelaria norteame-ricana, que se erigen como obstáculo para llevar a cabo su intención.

Defensores de derechos humanos le recuerdan a Obama, que para disponer el cierre de la prisión de Guantánamo no necesariamente requiere de la vo-luntad de las mayorías parlamentarias.

La prisión de Guantánamo

Una aberración jurídicaCuando se cumplen 14 años de funcionamiento de la prisión de Guantánamo, Amnistía Internacional, grupos parlamentarios y defensores de derechos humanos en el mundo abogan por su cierre defi nitivo y la devolución a Cuba de esa franja de tierra, que le pertenece

Como gobernante tiene en sus manos herramientas que le permiten dar ese paso y, además, George Bush, en su momento, no tomó en cuenta la opi-nión del congreso para abrir la prisión. Por lo tanto no debería esta consulta ser determinante para ordenar su cie-rre. La permanencia de la prisión de Guantánamo, además, es un lastre pa-ra la democracia de ese país.

Lo que pasa es que Obama no quie-re desgastarse más ante el Congreso. Incluso en noviembre pasado, avaló

el presupuesto de Defensa de la na-ción, que prohíbe el traslado a Estados Unidos de prisioneros de la base de Guantánamo, plegándose a una de las exigencias de la bancada republicana.

En estas condiciones, Obama no es sincero en su postura frente a Guantánamo. Lo más audaz que busca es el traslado de los últimos prisione-ros que quedan en la isla, manteniéndo-les el mismo estatus de “combatientes ilegales”, un esperpento jurídico que se inventaron los teóricos de la ‘segu-ridad nacional’ norteamericana, para mantener en retención indefi nida a un grupo de personas sobre las que no se tienen pruebas criminales ciertas, no se les juzga por un tribunal de justicia in-dependiente, pero tampoco se les po-ne en libertad.

Guantánamo es de Cuba

Hace pocas semanas la prisión de Guantánamo cumplió 14 años de

haberse establecido. El primer prisio-nero llegó el 11 de enero de 2002. Los detenidos que posteriormente llegaron fueron todos concentrados en el Campo rayos X de la base naval, un tenebro-so centro de torturas, donde se reclu-yeron hasta 779 prisioneros. Hoy so-lo quedan 93.

A diferencia de gobiernos anteriores, bajo la administración Obama se prohi-bieron las prácticas de torturas, aunque siguen los tratos degradantes. Trasladar este grupo a cárceles de Estados Unidos supondría otorgarles el derecho a un jui-cio justo, lo que es poco probable pues no existen pruebas sostenibles de que hayan cometido un delito. En estas con-diciones, deberían ser puestos en liber-tad y esto implicaría reconocer uno de los mayores atropellos jurídicos por par-te de los Estados Unidos, lo que daría paso a demandas de reparación por per-juicios causados a ciudadanos extranje-ros durante 14 años.

El problema de Guantánamo es más complejo. El gobierno y el pueblo de Cuba reclaman no solo el cierre de la prisión, sino la devolución de ese te-rritorio a la soberanía cubana, usurpa-do en tiempos de ocupación colonial. La permanencia de tropas extranje-ras en territorio cubano viola la sobe-ranía territorial de la nación caribeña y el asunto se constituye en condición fundamental para el restablecimien-to pleno de relaciones con los Estados Unidos.

Según fuentes de la Oficina Europea de Policía, Europol, al menos 10 mil niños refu-

giados que ingresaron a países del vie-jo continente en calidad de “no acom-pañados”, han desaparecido, y el or-ganismo policial teme que “muchos” de ellos hayan caído en redes de trata de blancas.

Europol, que también califi có la ci-fra como “conservadora”, admitiendo que pueden ser muchos más los niños a los que se les ha perdido el rastro, se-ñaló que tiene evidencias de nexos en-tre las redes de trafi cantes que facili-tan la entrada de refugiados a Europa

Crisis migratoria

Desaparecen 10 mil niños refugiados

y las mafi as dedicadas a la explotación sexual.

El año pasado, solamente en Italia desaparecieron cinco mil niños, y otros diez mil en Suecia. La organización hu-manitaria Save The Children reveló que tiene el registro de al menos 26 mil niños que ingresaron el año pasado a Europa en condición de “no acompañados”.

Esta conmovedora cifra muestra apenas una de las facetas dolorosas del drama de los refugiados. Diversas or-ganizaciones humanitarias han dicho que la falta de recursos económicos en los campos de refugiados, expone a los niños a ser víctimas de este crimen.

Con la partición de perio-distas y medios de co-municación de México,

Ucrania, Argentina y Colombia, el próximo sábado 20 de febre-ro, en el Salón de Protocolos del Hotel Palco, de La Habana, se ha-rá el lanzamiento de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos, Fipu, que aspira a reunir el mayor número de medios alter-nativos en el continente.

La información fue suminis-trada a este medio por Alejandro Toro, director de la Fundación pa-ra una Nueva Vida, Funuvida, que impulsa la iniciativa. Se pudo es-tablecer igualmente que al evento asistirán, León Valencia, colum-nista de la revista Semana, Alberto Rodríguez, de México; Juan Carlos

Romero, de Argentina; Hernán Camacho periodista y editor polí-tico de VOZ; Hernán Durango, pe-riodista colombiano independien-te; María Méndez, editora del por-tal Colombia Soberana; Alejandro Toro y Lina Díaz, del Comité Fipu, entre otros invitados.

El periodista Oleg Yasinky, del portal Rebelión, y el cantante Piero, tendrán una participación destacada, informaron los organi-zadores del evento. La intención es reunir a la red de medios alter-nativos del continente, que des-de luego, se ocupará de examinar el proceso de paz que se vive en Colombia. El centro del debate gi-rará en torno a la democratización de la información y los medios de comunicación.

Lanzan la Federación Internacional de Prensa, Fipu

Se agrupan medios alternativos

Una niña refugiada de origen sirio, en un campo de refugiados en Europa.

Marines norteamericanos trasladan a un prisionero enfermo, en Guantanamo.

Febrero10 de 2016/14

HERN N DURANGO

BOGOTÁ

CAROLINA TEJADA

Desde 1991 el profesor

Thomas van der Hammen junto a un equipo de expertos, realizaron un estu-dio minuciosamente documentado so-bre la importancia de esta zona ambien-tal ubicada al norte de la ciudad. Para el 2011 fue creada como reserva para reconectar los cerros orientales con el río Bogotá en el occidente.

Estamos hablando de un área de 1.395 hectáreas, que tiene destinado un 5,84% a zonas de protección don-de aún se tienen ecosistemas comple-tos. Según estos estudios debajo de la superfi cie de esta reserva se encuen-tra una buena cantidad de sedimentos cargados de agua, entre otras riquezas propias de la naturaleza.

Una torpeza contra el pulmón de la ciudad

Iniciando su periodo de gobierno, el actual alcalde de Bogotá anunció pú-blicamente que para dar cumplimien-to a su proyecto de vivienda “Ciudad Paz”, era necesario intervenir la reser-va forestal Van der Hammen. Para ello

habló de reducir el número de hectáreas protegidas con el objeto de adelantar la intervención vía cemento.

Esta escandalosa iniciativa ha pro-vocado el descontento de ambien-talistas y expertos en la materia. El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, fue enfático en señalar que “la reserva es vital para prevenir eventuales emergencias por escasez de agua en la capital del país”.

“La reserva no es un potrero”

Se ha enfatizado también que la zona de restauración, del 39,61% de la reserva, ha sido destinada por la Corporación Autónoma Regional, CAR, para adelantar un restableci-miento ecológico y así lograr la co-nexión con el río Bogotá. Los humeda-les por su parte también se verían fuer-temente afectados, pues al impedir que el fl ujo de agua fl uya estos se verían en grave peligro de extinción. Si bien es cierto que estamos ante una escasez de agua, sequías y altas temperaturas, el intervenir esta reserva pondría a la ciu-dad ante una posible emergencia frente al mínimo vital.

Así lo han señalado diversos aca-démicos ante las definiciones que

Peñalosa ha dado en relación a la re-serva. Según mencionó en un medio de comunicación el profesor Orlando Rangel, “su apariencia sí se ha vis-to afectada por el crecimiento urba-no de Bogotá, pero aún conserva todo tipo de vegetación como bosques de aliso, que se pueden recuperar fácil-mente para benefi ciar la cadena eco-lógica porque atraen insectos y aves de gran tamaño”.

Por su parte dirigentes de la con ver-gen cia democrática de la ciudad, en un panel de debate sobre la reserva, que se llevó a cabo el pasado viernes 5 de fe-brero, mencionaron que el interés co-lectivo no puede pasar por encima del interés individual. Allí intervinieron el ex Secretario de Planeación Gerardo Ardila, y María Mercedes Maldonado del gobierno anterior.

La importancia de los estudios

En su intervención Ardila recordó: “Este estudio de la reserva además tie-ne la fortuna de haber creado el concep-to de Estructura Ecológica Principal, como estructura ecológica fundamen-tal para asegurar la existencia de la sa-lud ecosistémica y sobre todo la soste-nibilidad ambiental del territorio”. Esta

Reserva Thomas van der Hammen“El derecho ambiental en Colombia es un derecho colectivo. Este recoge otros derechos y los estudios científi cos no mienten en relación a la importancia del valor ambiental que tiene la reserva”: María Mercedes Maldonado

Reserva Thomas van der Hammen.

categoría se utiliza en todas partes de América Latina.

En el 2010 la Academia Colombiana de Ciencias, el Agustín Codazzi entre otras cinco instituciones nacionales, elaboraron un estudio que contradice las opiniones de Peñalosa, quien seña-la que no hay estudios sobre la reser-va. A su paso Ardila, comentó: “Se hi-cieron estudios sobre las aves, sobre el suelo con los mejores científi cos. Pero además hicimos estudios sobre el agua subterránea a escala de la reserva y es-tos estudios tienen mapas y son estu-dios públicos”.

El propósito según María Mercedes Maldonado, quien también participó como panelista en el foro, es modifi -car el POT, bajo la supuesta necesidad de que la ciudad debe crecer tres ve-ces su área. Igualmente afi rma que “el derecho ambiental en Colombia es un derecho colectivo, este derecho reco-ge otros derechos y los estudios cien-tífi cos no mienten en relación a la im-portancia del valor ambiental que tie-ne la reserva”.

Su preocupación también se centró en analizar los efectos de la política de Peñalosa sobre los Cerros Orientales: “Existen cerca de 100 proyectos en dis-cusión de posibilidad de tener derechos adquiridos sobre los Cerros Orientales, cuyo interés está dirigido a la construc-ción e intervención ambiental en la zo-na”. Estos proyectos sumados al sen-dero planteado por el actual alcalde y sumado a la ALO, serian un gran me-ga proyecto que atentaría contra toda la reserva ambiental, principal pulmón de la capital.

Desde la convergencia se ha llama-do a la sociedad capitalita, a estar aten-ta sobre los desarrollos de estos planes, a socializar los efectos ambientales que tiene para la humanidad las pretensio-nes del actual gobierno y a movilizar-se en defensa del patrimonio ambien-tal de la ciudad.

Claudia Naranjo Gómez, Magister en Salud Pública de la Uuniversidad Nacional. y

ex coordinadora técnica y administra-tiva del programa de salud Territorios Saludables advirtió que en este nuevo gobierno denominado Bogotá Mejor para todos, han decidido acabar de un plumazo el programa Territorios Saludables, minándolo poco a poco, sin tener en cuenta sus resultados po-sitivos en la atención a más de cuatro millones de habitantes y su incidencia en las condiciones de vida de los sec-tores más vulnerables.

Claudia Naranjo intervino en la pro-testa de profesionales del sector salud realizada el viernes 5 de febrero frente al Palacio de Liévano para exigir al al-calde Enrique Peñalosa respeto al pro-grama con mayor éxito en los últimos doce años en la ciudad.

“Todo parece indicar que el go-bierno distrital pretende entregar Territorios Saludables al aseguramien-to privado en manos de las EPS. Parece ser que la idea es dejar en los privados la atención del riesgo de enfermeda-des borrando una rica experiencia en la atención primaria en salud a muchas familias bogotanas en vulnerabilidad” explica la profesional.

“Doctor Peñalosa no mine lo que en

la ciudad se ha construido”, aseguró.La ex funcionaria expresó que de-

jaron un contrato con un 96 por ciento de ejecución del programa y confi rmó que durante los últimos tres meses del año 2015 se dejaron presupuestados los recursos para Territorios Saludables, por lo cual no existe justifi cación de ninguna clase para recortar la aten-ción preventiva y la promoción en la batalla contra las enfermedades y dar dineros a las aseguradoras, las cuales son las que hoy concentran casi el 95 por ciento de los recursos del sector sa-lud en Colombia. Ahora hay una nue-va fase del programa, muy improvisa-da por cierto, para producir una lógica de procesos amarrados que compliquen el proceso de facturación y así generar más glosas con las cuales se delimita la ejecución del programa y tener la excusas para mostrar una supuesta in-efi ciencia.

Los manifestantes contaron con el respaldo de las centrales sindicales y diferentes organizaciones de pacien-tes y de la comunidad, cuyos voceros saludaron la justa lucha por el derecho a la salud y el trabajo.

Alfredo Cadena, de la Coordinadora distrital de sindicatos del sector esta-tal convocó a la ciudadanía y a los sec-tores sociales organizados para que se

incorporen a la jornada para exigir al alcalde Peñalosa que no suspenda el programa de salud, por lo cual afecta a cerca de 10 mil profesionales y técnicos que en él laboran para llevar la salud a los hogares más humildes de la ciudad.

“Es por todas esas medidas privati-zadoras del Gobierno Nacional y distri-tal que la población ya está preparando la realización del paro cívico nacional”, afi rmó Cadena.

Doris González, presidenta del sindicato Sindess, anunció que con-tinuarán con las movilizaciones uni-dos a las comunidades para impedir

la privatización de los servicios de sa-lud prestados por la red pública de 22 hospitales en la ciudad y llamó a par-ticipar en un nuevo plantón el jueves 11 de febrero frente a la Secretaria de Salud Distrital, calle 12 con carrera 32.

En la jornada de protesta acordaron además, que darán paso a una campa-ña masiva de demandas judiciales con asesoría de las Centrales CUT, CTC y CGT para que se cumpla el contra-to realidad en los hospitales públicos y se instalará la cátedra de estudio en profundidad sobre la experiencia de los Territorios Saludables en la ciudad.

Quieren acabar Territorios Saludables

Protestas contra el Alcalde de la ciudad en la Plaza de Bolívar.

Febrero10 de 2016/15DERECHOS HUMANOS

H CAROLINA TEJADA

ace menos de un año la Delegación Asturiana de Verifi cación de Derechos Humanos en Colombia, luego de su undécima visita a varios te-rritorios del país con el fi n de observar de primera mano la realidad de las co-munidades en relación a los DD.HH., anunció públicamente su preocupa-ción por que, según el euro parlamen-tario Javier Couso, quien hacía parte de esta delegación “en el país persiste la amenaza paramilitar bajo diferentes nombres y modos de actuar”, refi rién-dose particularmente a Los Rastrojos y Los Urabeños.

Sin embargo, y pese a las constan-tes denuncias que diferentes sectores sociales han hecho reafi rmando esta preocupación, el gobierno nacional se rehusa a reconocer la presencia de los mismos, aludiendo a varios crímenes que se han cometido en contra dirigen-tes sociales y políticos, a acciones ais-ladas de supuestas bandas criminales.

Antioquia más violenta

En diversos informes sobre viola-ción a los DD.HH. en el país, el de-partamento de Antioquia sigue enca-bezando las cifras más altas en este tema gracias a las acciones de grupos paramilitares.

En San José de Apartadó, las co-munidades denuncian estar en la mira del paramilitarismo. Así lo denuncio en una rueda de prensa la Asociación Campesina, en donde afi rman que de acuerdo a los datos sistematizados en

el informe semestral de junio a no-viembre del año pasado, se registró un aproximado de 180 violaciones de DDHH en San José de Apartado. Esto sin mencionar en detalle los diferen-tes registros que hace la comunidad, según mencionó José René Jaramillo de la comisión de DD.HH., “se co-meten dos violaciones a los DDHH y al DIH cada día en esta comunidad”. Las denuncias señalan como princi-pales responsables a estos grupos pa-ramilitares.

Además afi rman que gracias a la operación Agamenón, se bombardeó un campamento en donde se encon-traban miembros del “Clan Úsuga” en Unguía en el departamento del Chocó, situación que desató el descontento de varios grupos de autodefensas, entre ellos las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual por medio de un comunicado público rati-fi caron su existencia.

Estos hechos han llevado a “un re-pliegue paramilitar de Los Urabeños hacia el corregimiento y sus treinta ve-redas dando como resultado la persecu-ción a los líderes sociales y sus organi-zaciones”, afi rman los líderes de la re-gión, al tiempo que aseguran, que tras de estos hechos “se esconde el interés

de controlar las principales salidas al golfo de Urabá y los múltiples recur-sos naturales de la zona”.

El corregimiento de Puerto Claver

Esta ha sido una de las comunida-des más afectadas a causa de las ac-ciones paramilitares. A fi nales del mes de enero se presentó un informe por la comisión de verifi cación de dere-chos humanos en el corregimiento de Puerto Claver en el departamento de Antioquia. Este informe da cuenta de los altos niveles de vulnerabilidad por los que atraviesa la comunidad.

En el mes de septiembre de 2015, Ángel Zuleta, sobrino del hoy alcal-de Ángel Mesa, fue asesinado cuan-do acompañaba a su tío en las acti-vidades electorales. También para el mes de septiembre el sacerdote Edgar Monsalve Tamayo fue abordado por paramilitares en el recinto de la igle-sia católica, dichos sujetos le dijeron que tenía que desocupar el pueblo y que le daban 24 horas para que se fue-ra. A principios de noviembre de 2015, en la cabecera corregimental de Puerto Claver, los paramilitares sustrajeron a dos niñas de la institución educativa,

les colgaron letreros en el pecho que decían “por sapas y chismosas” y las obligaron a barrer el parque principal, razón por la cual las familias de estas se vieron obligadas a sacarlas del co-rregimiento.

La desidia paramilitar

Después de varias confrontaciones entre la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares de la zona, varios hom-bres de ambos bandos cayeron en me-dio de las balas; sin embargo para el 30 de noviembre un insurgente fue asesi-nado, degollado y su cabeza fue izada al lado de la carretera.

Igualmente la comunidad en las ve-redas La Llana y Muquí, La Primavera y a Santa Rosa ha sido hostigada des-de entonces, señalada de ser auxiliares de la guerrilla.

Desplazamiento

Para el mes de enero después de varios combates entre los paramilita-res “Gaitanistas” y las guerrillas de las FARC-EP nuevamente se presen-tan enfrentamientos, los paramilitares amenazan con quemar las viviendas de los habitantes. También fueron se-cuestrados dos miembros de la comu-nidad, uno de ellos aún no ha sido li-berado o hallado.

Esta misma suerte la vivió un jo-ven de 20 años, miembro de Juventud Rebelde, quien fuera secuestrado por paramilitares y torturado junto a dos hombres más, posteriormente fueron liberados.

Estas acciones han generado un des-plazamiento masivo, el informe señala que desde el 7 de enero del 2016 se han desplazado de la vereda El Coral: 84 personas, Muqui Arriba: 15 personas, Muqui Abajo: 71 personas, El Oso: 50 personas, La Primavera: 90 personas, El Castillo: 92 personas, La Llana: 109 personas. Estas cifras no incluyen a las familias que han salido con rumbo des-conocido.

El paramilitarismo sí existeA pesar de que el Gobierno sigue negando la existencia de paramilitarismo en Colombia, las comunidades denuncian lo contrario

Desde diversas organiza-ciones sociales y defenso-ras de derechos humanos

se viene exigiendo la libertad inme-diata del dirigente social y político Huber de Jesús Ballesteros, quien en el momento de su captura hacía parte de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT, integran-te de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha

Huber Ballesteros debe quedar librePatriótica, vicepresidente de Fensuagro y vocero de la Mesa Agraria Nacional, MIA.

Su detención el 25 de agosto de 2013, fue señalada por las organizacio-nes sociales y de la Cumbre Agraria co-mo un montaje judicial producto de su liderazgo en el paro agrario del 2013. Huber, habría participado tres días antes de su detención, el 22 de agos-to del año 2013, en una reunión con el Presidente del Senado de la República y varios representantes a la Cámara, con el propósito de generar escenarios de diálogo entre los campesinos y el gobierno nacional.

Una acusación carente de evidencias

Según la Fiscalía General de la Nación, este dirigente agrario promo-vía y divulgaba el ideario de las FARC-EP, y mantenía relación con altos man-dos de dicha guerrilla. El 25 de agosto del año 2013, le profi rió orden de cap-tura por los presuntos delitos de rebe-lión y fi nanciación al terrorismo.

En un comunicado la campaña na-cional e internacional por la defensa

de los y las prisioneras políticas en Colombia: Yo te nombro Libertad, ha señalado en un comunicado que durante los dos años y seis meses que lleva detenido, no se han presentado pruebas fehacientes que impidan su libertad. Igualmente señalan que “las supuestas pruebas bajo las cuales se ha realizado la imputación no hacen referencia a hechos concretos, lo que pone en evidencia como los señala-mientos y la persecución contra los dirigentes agrarios y sociales sindi-cándolos del delito de rebelión, son características del procesamiento de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia”.

Las pruebas

Lo que más lamenta el movimien-to social, es que la justicia colombia-na actué de forma irregular a la hora de imputar cargos contra líderes socia-les. Pues la base que tiene la Fiscalía para la acusación, son los archivos en-contrados en varios computadores lue-go del bombardeo a los campamen-tos de las FARC-EP donde muere el jefe guerrillero Raúl Reyes, y cuya

información ha sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia y algunos Tribunales Superiores. También se en-cuentran las versiones de dos testigos, entre esos “Olivo Saldaña” quien en es-tos momentos se encuentra en medio de un proceso penal por haber organi-zado junto con Luis Carlos Restrepo ex Alto Comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la entrega de una supuesta estructura guerrillera, la “Cacica La Gaitana” de las FARC-EP que luego de años de litigio se compro-bó que en realidad nunca existió y que por el contrario fue otro de los tantos montajes mediáticos que ocurrieron en ese oscuro periodo.

El 8 de febrero se realizó la audien-cia para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento que recae sobre Huber. En el comunicado que la campaña Yo te Nombro Libertad ha sacado, se hace el llamado al gobierno nacional a brindar garantías para los prisioneros políticos, así mismo ins-tan a mostrar gestos de voluntad para no seguir enjuiciando a líderes socia-les que como Huber han sido ejemplo de hombres comprometidos con la de-fensa de los DD.HH.

Huber Ballesteros.

Patrullaje de paramilitares

Febrero10 de 2016/16

HECHOSHECHOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS&&

E

ECONOMÍA

NELSON FAJARDO

l progreso y el éxito del proceso de paz, entre el Estado y las fuerzas insurgentes armadas dependen, en gran medida, de las inversiones que se dediquen a cumplir con los acuer-dos dirigidos al desarrollo económico y social de la nación. En esta dirección hay que observar, con mucha atención el “Plan de Inversiones y Presupuestos Plurianuales 2015 a 2018”, para poder juzgar el futuro de los diez años, que se calculan para que los Acuerdos se plas-men en la realidad, empezando por el período de gobierno Santos, cuyo cál-culo es de 703 billones, 953 mil mi-llones, trescientos mil pesos, en pesos constantes de 2014.

Las inversiones del Estado no son suficientes para los Acuerdos de Paz

La Tabla No 1, nos señala que de ese monto total, el sector central, como fuente de fi nanciación, aporta 256,9 bi-llones, mientras que 240,8 billones co-rresponden al sector privado y 132,8 corresponden al Sistema General de Participación - SGP-. Estos tres ru-bros son los más voluminosos. Por su parte, el sector descentralizado con 3 billones, 4 mil millones, los Fondos Territoriales con 47 billones, 6 mil mi-llones y el Sistema General de Regalías – SGR- con 20 billones, 2 mil millones de pesos colombianos, constituyen los montos más bajos.

Estas cifras vistas desde su di-mensión cuántica indican que los

volúmenes más fuertes están en manos de capitales estatales y privados; mien-tras que los SGP hacen el volumen más alto en el grupo de los recursos de fi -nanciación más reducidos.

En lo que respecta a la distribución porcentual de los recursos, Tabla No 2, las fuentes de fi nanciación indican que el sector central aporta el 36,75 por ciento del total, el sector privado coloca el 34,23 por ciento, las SGP aportan el 18,9 por ciento. Esas tres fuentes hacen el 89,88 por ciento del total y el 10,12 por ciento corresponden al sector des-centralizado, los Fondos Territoriales y los SGR.

Esto muestra una correspondencia entre la distribución en cifras absolu-tas y la distribución porcentual del pre-supuesto de inversiones, que sobre los volúmenes y los porcentajes del pre-supuesto general de la nación, con 142 billones, 225 mil millones de pesos en 2015, hacen el 20 por ciento para in-versión. Para 2016 tenemos un presu-puesto de 167,2 billones de pesos, con un porcentaje en inversión de 17,6 por ciento o 40,6 billones de pesos; pa-ra 2017, el cálculo es de 187 billones de pesos, con un 18,5 por ciento o 34 billones, 595 mil millones de pesos y para el 2018, el presupuesto nacional será de 220 billones de pesos con 19,5 por ciento de inversión o 42 billones, 900 mil millones.

Si bien los recursos aumentan no-minalmente, por ajustes infl acionarios, no hay un crecimiento real por deman-das de los Acuerdos, que pueden ser re-cursos, calculados a diez años, de 160 billones de pesos, o, 16 billones anua-les. Cifra, la última, que corresponde al 11,3 por ciento del presupuesto de 2015, al 9,6 por ciento de 2016, al 8,5 por ciento en 2017 y al 7,3 por cien-to en 2018. Si la educación y la salud alcanzan entre el 7 y 10 por ciento del presupuesto general, ¿Qué va suceder con los recursos de la implementación de los Acuerdos? Si bien dichos recur-sos son descendentes, por no aplicar los ajustes por infl ación, siguen siendo

HECHO: Una buena alterna-tiva para quienes no son inversio-nistas profesionales son los fon-dos de inversión colectiva, que ofrecen fiduciarias y comisio-nistas, y que permiten invertir en varios activos a la vez (grupos de acciones, mezcla de acciones y renta fi ja, sector inmobiliario y hasta en el exterior). Carátula en Revista Dinero No 485, enero 22 de 2016, página 49.

Comentario: Es una propues-ta hecha desde la superfi cialidad y la banalidad del burgués sin di-fi cultades económicas. Valdría la pena que el autor de esa propues-ta, averiguara el volumen de ac-ciones de los minoristas, vendi-das en los últimos doce meses y las causas de esas ventas.

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HECHO: El Plan Pardo “Manos a la Paz” tiene, hasta ahora, 280 proyectos y requie-re una política sobre la produc-tividad del trabajo, que ayude a superar desigualdades regiona-les. Nación: ¿Qué está pensando Pardo? En Revista Semana ene-ro 24 de 2016, pág. 25.

Comentarios: Seguro que las intenciones de Rafael Pardo son funcionales al desarrollo ca-pitalista en Colombia, cuando se preocupa por la productividad. Pero también sabe que elevar dicha productividad exige una enorme inversión en la forma-ción de fuerza de trabajo califi -cada. Precisamente, eso no su-cede en Colombia.

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HECHO: Es posible que en Colombia se estén gestando dos sub culturas cada vez más disí-miles, independientes y antagó-nicas. La de una clase alfabeta, con un ingreso superior a los US$ 3.000,00 anuales per cápita, con hábitos de consumo industrial. Ella representa aproximadamen-te un 15% de nuestra población. La otra, más o menos analfabe-ta, de costumbres rurales, posee una sub cultura arcaica y está constituida por el 85% restante. Camilo Torres, El pensamiento de un revolucionario, Ocean Sur, Colombia 2015, pág. 64.

Comentario: En e l 50 Aniversario de la muerte en com-bate de Camilo Torres Restrepo, sería bueno rendirle homenaje, investigando sobre los cambios reales de la situación que denun-cio este valioso ejemplo revolu-cionario.

Fuente: Cálculos del autor.

Tabla No 2: Estrategias transversales y objetivos – Plan de tabla inversiones 2015 -2018- Cifras en miles de millones de pesos en

constantes de 2014

FUENTE: Plan de Desarrollo de Colombia, 2015 a 2018.

Tabla No 1: Estrategias transversales y objetivos-Plan de Inversiones 2015 – 2018-

Cifras en miles de millones de pesos 2014-

recursos que no se cubren con recursos del presupuesto; lo que obliga a recurrir a endeudamientos, donaciones y apor-tes privados voluntarios, que conducen a operaciones absolutamente inesta-bles. Una situación de estas caracte-rísticas, reactivará la lucha de clases y la confrontación. Es decir, la lucha de clases se pone al orden del día.

Rafael Pardo ministro del posconfl icto.

Febrero10 de 2016/17MUJERES

RENATA CABRALES

D

Trabajo organizativo con mujeres del PCC de Ibagué.

urante una jornada de organización del departamen-to de mujeres del Partido Comunista Colombiano en Ibagué, estas manifes-taron su preocupación por la situación económica que las afecta directamente, debido al modelo económico neolibe-ral y también por la violencia machista que se evidencia a diario en la región.

Es por esta razón que las mujeres del PCC quisieron revelar sus luchas y resistencias, a través de una investiga-ción realizada por dos maestras, quie-nes hacen parte de la célula del magis-terio: Doris Romero y Martha García. A continuación, una breve reseña del documento.

Las mujeres en el posacuerdo en Colombia

Se señala en el documento que las mujeres han sido víctimas, no so-lo del confl icto armado, sino de todas las violencias ocurridas en Colombia. Siempre han estado involucradas, “pe-ro se ha exacerbado en los últimos 60 años de la manera más atroz. Han si-do utilizadas como botín de guerra pa-ra humillar al enemigo, para demostrar quién es más poderoso, han sufrido los vejámenes más crueles sobre su cuer-po”… “De parte de los actores armados han sufrido desplazamiento forzado, el asesinato de su pareja; quedándose so-las con sus hijos en la lucha por sobre-vivir. Hoy se abre una luz de esperanza para todas las víctimas y es el proceso de paz en La Habana, Cuba, en el que se espera que sean superadas todas las formas de violencia a las que han si-do sometidas”.

Toman como referencia las inves-tigadoras la declaración de Cristina Andrade, defensora de derechos huma-nos, quien afi rma: “Es diferente ser mu-jer en un contexto de guerra a serlo en un contexto de paz”. Y en Colombia, advierten, la evidencia es clara: vio-laciones sexuales como arma de gue-rra, mayor violencia intrafamiliar en zonas de confl icto, miles de familias destruidas.

Así mismo, se tienen en cuenta las palabras de una mujer, víctima de la violencia en el Chocó, Aurora Buey, quien dice: “Pues uno ve que la vida de una mujer siempre históricamente

va como una cadena, que es casi pare-cida la violencia que llevaba allá, a la que estoy viviendo . Ahora incluso es más, por el desplazamiento, por todo, pero la violencia hacia la mujer, histó-ricamente, siempre ha existido”.

En el aspecto económico se desta-ca que las mujeres deben ser restitui-das, “devolviéndoles sus tierras, ya que tuvieron que abandonarlas porque les asesinaron a sus parejas y tuvieron que huir con sus hijos y por eso hoy se en-cuentran en una ciudad que muy pocas posibilidades les brinda. Mediante pro-yectos productivos, estas mujeres po-drían reiniciar su vida con dignidad y tranquilidad. Así mismo, hay que ga-rantizar unos precios justos a sus pro-ductos mediante mercados campesinos, sin los intermediarios que son quienes se quedan con las ganancias”.

Por otra parte, de acuerdo a los de-rechos políticos, se destaca el hecho de que las mujeres lideresas puedan vol-ver a ejercer sus dinámicas organizati-vas y “se les respete su ideología, para que participen en la contienda electo-ral en igualdad de condiciones que los hombres. El Estado tiene el deber de garantizarles a las mujeres víctimas del confl icto armado, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Las mujeres de Ibagué

Ibagué es uno de los centros más importantes de la confección por ma-quila. Es por eso que se resalta en la in-vestigación que solamente en el barrio Tierra Firme hay cinco talleres, en los cuales trabajan, en cada uno, cerca de 4 a 5 mujeres, “a la dueña de uno de los talleres le pagaban el año pasado $1.800 por prenda y ella le paga a sus ayudantes $1.500. Estas mujeres tienen

que confeccionar 1.000 prendas en temporada alta y de un día para otro”.

En una entrevista realizada por las investigadoras, según afi rma una de ellas, cuando van a entregar, deben pa-gar taxi y al llegar les dicen: “estén lla-mando para cancelarles, porque ahora no hay plata”.

Si se analiza esta situación, aseve-ran, “es degradante la forma de explo-tación que padecen estas mujeres; no cuentan con seguridad social, los ser-vicios públicos los pagan ellas, el sa-lario es miserable y además, les pagan cuando quieren. Este trabajo les gene-ra enfermedades como el reumatismo, debilitamiento en la vista, estrés, dolor en la espalda y caderas. En conclusión, esta forma de explotación a las muje-res, le permite a los dueños de las bou-tiques ganar un alto porcentaje, pues si vendieran cada prenda a 50 mil pe-sos, ganarían un total de 50 millones, mientras que las que trabajan la con-fección se quedan con miserables un millón ochocientos mil. La dispersión y la falta de conciencia y valoración por sus derechos es lo que no permite que estas mujeres se organicen y luchen por unas mejores condiciones de vida”.

Mujeres que trabajan en la informalidad

Así mismo, el estudio realizado vi-sibiliza el hecho de que existen otras mujeres que también sufren desamparo del Estado y “son esas que trabajan en la informalidad y que viven del rebus-que diario para mantener a su familia. Ellas son víctimas de la persecución por parte de la policía y el Esmad. El espacio público se encuentra en dis-puta y además está regulado por el de-creto 0179 de 2012, que establece las

Resistencias ante el modelo neoliberal

actuaciones administrativas frente a los vendedores informales y aunque en su contenido decreta que a estos se les deben brindar alternativas económi-cas, también faculta a la policía metro-politana a realizar acciones inmediatas para regular el espacio público y para decomisar los artículos o productos de la venta informal”.

Es el caso, por ejemplo, de la seño-ra Marta Lucía Carvajal, de 58 años de edad, a quien se le realizó una entrevis-ta; es vendedora informal de productos de paquetes desde hace más de 10 años y ha sufrido la persecución de la poli-cía: “En el momento en que la entrevis-tamos, un policía le dijo que se quitara de allí, a lo que ella le respondió que en 10 minutos se iría a casa”…”Comenta la señora que le toca trabajar para ella y para su esposo quien se encuentra inválido y carecen de vivienda propia. Lo que se gana es para todos los gas-tos. La mujer sueña con el auxilio del gobierno para la tercera edad, pues vi-ve en extrema pobreza.

Por otra parte, “la señora Rosa de Toledo vende frutas en la esquina de la carrera quinta con calle 21, hace más de 15 años. Allí tiene su espacio don-de coloca la mesita con los recipien-tes. Ella comenta que ha sido abordada por la policía en varias ocasiones, se va mientras la policía se encuentra en el lugar y vuelve cuando ya se han ido”.

Las mujeres del departamento de mujeres del PCC Ibagué, se encuen-tran cada vez más organizadas, hacien-do trabajo de masas con las mujeres me-nos favorecidas, con el fi n de que estas empiecen a tomar conciencia de los de-rechos vulnerados y no dejen a un lado esa constante lucha y resistencia contra el sistema económico neoliberal que las somete y ultraja en su diario vivir.

El pasado 7 de febrero falle-ció uno de los históricos de las FARC-EP, el comandan-

te Martín Villa. Hizo parte del primer secretariado de esa organización y fun-dador del cuarto frente de la guerrilla. Sus orígenes fueron como rebelde li-beral y miembro de las Autodefensas Campesinas en el Magdalena Medio.

La insurgencia de las FARC-EP, la-mentó su desaparición y recordó bre-vemente la historia política y militar de este legendario comandante, quien además hacia parte del Estado Mayor Central.

Martín Villa: un histórico“Maestro de la guerra de guerrillas,

y extraordinario organizador de comu-nidades campesinas, gracias a su tra-bajo incesante, fueron incontables los cuadros y comandantes guerrilleros que contribuyó a formar. Comandante de virtudes ejemplares, se caracterizó cual más por su extraordinaria modes-tia, ajena por completo a cualquier ti-po de comodidades personales, por sus convicciones antiimperialistas y anti oligárquicas, y su fi delidad a la línea política y militar de la organización, nacida de sus conferencias nacionales y plenos del Estado Mayor Central.

Guerrero incomparable en su combate al enemigo, comprendió simultánea-mente la aspiración revolucionaria de la solución política al confl icto. Lo vi-mos allí, vigilante, en cada una de las reuniones en donde se discutió lo re-lacionado con el proceso de paz de La Habana, presidiendo siempre las se-siones y aportando de su experiencia de tantos años lo más conveniente. Podemos decir que somos en gran par-te herencia de su lucha y pensamien-to”, señalaron las FARC en un comu-nicado a la opinión pública.

Un comandante guerrillero con sa-crifi cio hasta sus últimos días en el Bloque Jorge Briceño. Se resistió a

cumplir los tratamientos médicos, di-ce la insurgencia: “convencido de que su lugar estaba en la trinchera, decidi-do a morir en el lugar que corresponde a un combatiente revolucionario. Al re-cordarlo con singular cariño, vemos en su imagen la larga lucha de un pueblo capaz de hacerse consciente, de orga-nizarse y levantarse a reclamar por sus derechos y el futuro de sus hijos. En algún lugar de las montañas reposarán sus restos, sembrados, para que de sus ideas y ejemplo surjan las nuevas ge-neraciones que se encargarán de hacer de Colombia la patria libre, soberana, democrática y justa a cuya causa dedi-có su vida entera”.

Febrero10 de 2016/18TEORÍA Y CRÍTICA

D HERN N ORTIZ RIVAS

esde hace un año, en el pe-riódico VOZ, se hizo un homenaje al gran re-volucionario, Camilo Torres Restrepo, caído en combate en las montañas de Colombia, el 15 de febrero de 1965, a los pocos días de su ingreso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mo-vimiento guerrillero, donde estuvo escasos tres meses y treinta y siete días. Su muerte prema-tura privó al pueblo colombiano de la existen-cia de un líder político, que había fundado el Frente Unido, grupo que pudo llegar al poder del Estado, mediante una lucha electoral, rechazada por el ELN, que pregonaba que únicamente las armas eran el instrumento para conquistar el go-bierno, tesis que la historia se ha encargado de desvirtuar, salvo en el caso de Cuba, por condi-ciones propias de la Isla, que no podían exten-derse al resto de América Latina.

Valor revolucionario

La anterior consideración, expuesta por mu-chos autores, a partir de la muerte de Camilo, en ningún momento signifi ca disminuir su valor revolucionario, en la gesta de liberación de los pueblos americanos; todo lo contrario, la fi gura de Camilo está ubicada muy alto, como extraor-dinario luchador político, que en un momento de la lucha guerrillera de América Latina, entregó su vida a una causa noble, superior, generosa, por los explotados, humildes, pobres del cam-po y de la ciudad. Este sacrifi cio permanece co-mo bandera que fl amea, a lo largo y ancho del territorio patrio, como símbolo de lucha revolu-cionaria para toda la tierra.

Nunca debe criticarse a Camilo por su vin-culación a la guerrilla, así haya sido una deci-sión precipitada, porque fue un acto político-mi-litar que le devolvía al cristianismo su actitud de rebeldía, de compromiso con los proletarios. Es muy fácil, desde los escritorios académicos,

Media centuria de la muerte de Camilo

cuestionar a Camilo, por su ingreso a la guerri-lla, por su posible equivocación al haber elegi-do este camino, hace una media centuria, junto a un grupo en ese tiempo sin la experiencia mi-litar de las FARC-EP, sin la información ideo-lógica, política o humana, del movimiento co-mandado por el inolvidable Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofi jo. No se trata de contrastar a las dos agrupaciones guerrilleras, sino de preci-sar hechos que están a la vista de la historia co-lombiana.

En todo caso, Camilo, desde su muerte ha in-gresado a la historia de Colombia, como un per-sonaje de mucha importancia, no sólo en el cam-po de la lucha revolucionaria, sino también por sus estudios sociológicos, sus escritos, en for-ma de mensajes, sus conferencias y entrevistas.

No podemos olvidar que Camilo fue profesor universitario, empleado en varias entidades del Estado, que sus sermones religiosos estaban lle-nos de gran contenido literario, fi losófi co, socio-lógico. Camilo no fue un gran orador de plaza pública, donde muchas veces intervino, sino un excelente expositor de doctrinas, principios e ideas sociales, políticas, históricas, fi losófi cas. Su obra teórica también quedó frustrada, por su partida tan veloz de la tierra, los pocos ensayos conservados de temas sociológicos, pueden to-davía leerse con provecho, por ejemplo, el dedi-cado a la Proletarización de Bogotá, Ed. Cerec, 1987, los de naturaleza política en la mayoría de los casos conservan su actualidad y frescura. Sin duda, “Camilo Torres muere para vivir”, como dice la canción de Daniel Viglietti.

Camilo Torres.

La novela escrita por Óscar Dueñas es-tá caracterizada por personajes, hom-bres y mujeres, como el magistrado de

la Corte Constitucional Kelsen González, Jordana Kúperman, la auxiliar de la Corte Constitucional Bety, Plutarco de Jesús González Donato,

Antígona, defensora de los derechos de los trabajadores con posturas distintas a dos sis-temas jurídicos (activismo judicial y el dere-cho continental europeo) y en su percepción de lo social; con antagonismos, entre ellos, prácticamente irreconciliables.

Uno de los aspectos de diferenciación, entre los protagonistas, es su posición frente a los derechos laborales; hay quienes prote-gen y otros los restringen al máximo, recu-rriendo a todo un sistema de manipulación, monolíticamente coordinado por la junta de los poderosos.

Una partida de ajedrez entre dos herma-nos medios, de procedencia social distin-ta, sirve de telón de fondo a un conjunto de circunstancias que rodean la aplicación de

la justicia, varias de ellas propias de la violencia histórica colombiana.

En noviembre de 2015 la presente obra recibió en Madrid, España, el primer premio en el concur-so de novela de la asociación española, Aeinape. Premio bien merecido por la agudeza del escritor y el enfoque progresista del mismo.

El doctor Óscar Dueñas, es abogado, profesor universitario, autor de varios libros de derecho y trabajos de investigación, exfuncionario de la ra-ma judicial. Fue concejal, diputado, representan-te a la Cámara y activista político y de derechos humanos. Especializado en administración publi-ca en la universidad de Alcalá de Henares y maes-tría en seguridad social y servicios sociales en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid, España.

JUEGO Y CONTRAJUEGO EN LA

JUSTICIAÓSCAR DUEÑAS RUÍZEDICIONES AURORA –

ENERO DE 2016

Febrero10 de 2016/19JAQUE MATE

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Los virreyes (1)

En la lánguida celebración de los quin-ce años del Plan Colombia y el lanzamien-to de Paz Colombia, otro esperpento inter-vencionista presentado por el presidente Barak Obama para el llamado posconfl ic-to, hubo de todo. El secretario de Estado John Kerry como un virrey, resolvió rega-ñar en público al presidente Juan Manuel Santos en la rueda de prensa de cierre de la visita, porque le advirtió de forma enérgica que tendrá que haber drásticas sanciones a los responsables de delitos en el confl icto. Como quien dice “nosotros damos el di-nero, nosotros damos las órdenes”. Santos guardó silencio en el colmo de la actitud

indigna. Así han sido los gobernantes colombia-nos del bipartidismo.

Los virreyes (2)

El presidente Barak Obama, en forma incon-sulta con el presidente Santos, resolvió que la nueva versión del Plan Colombia se llamará Paz Colombia. Al menos fue más creativo que los voceros colombianos que hablaron de la segun-da parte del Plan Colombia para prolongar la vi-da del proyecto militar fracasado. Paz Colombia será para el posacuerdo pero con su componen-te intervencionista, pues una parte de la inver-sión será para seguridad. Sin embargo hubo jú-bilo entre los colombianos arrodillados. Pero los dólares no llegarán tan pronto. Serán 450 millo-nes de dólares cuya aprobación no será fácil por la mayoría republicana en el Congreso.

Rechifl as para Peñalosa

Debió ser duro para el ego del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la rechifl a que le die-ron los bogotanos el pasado miércoles 3 de fe-brero, Día sin carro, cuando le dio por recorrer las calles céntricas del Distrito Capital. Se suma-ron los vendedores ambulantes que están siendo víctimas de desalojos y atropellos de la policía.

Muy temprano despiertan los habitantes de Bogotá del grave error que signifi có elegir a semejante neoliberal y déspota como su alcalde. Los ambientalistas están en pie de lucha, porque para Peñalosa es más impor-tante la mole de piedra que el espacio ver-de y el oxígeno para una ciudad tan con-taminada por los desafueros del capital.

Otro “falso positivo”

La Fiscalía General de la Nación con base en los informes de inteligencia de la policía y de los militares, resolvió abrir indagación contra las hermanas de Pablo Catatumbo, refugiadas en Costa Rica, por el supuesto delito de testaferrato. Según la Fiscalía ellas tienen a su nombre propieda-des de las FARC-EP en el país centroame-ricano. De forma rápida ellas demostraron el origen lícito de sus recursos y el Fiscal General de Costa Rica certifi có que contra ellas no media ninguna indagación y son personas de reconocida solvencia moral. Otro “falso positivo” judicial. Los servi-cios de inteligencia colombianos, acos-tumbrados a la cacería de brujas, están ha-ciendo meter las de caminar a la Fiscalía colombiana.

“El paramilitarismo preocupa mucho en la mesa de La Habana”.

Diego Martínez, abogado y Secretario Ejecutivo del CPDH.

Febrero 10 de 2016/20

LA VERDAD DEL PUEBLO

CULTURAL

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Thomas Piketty, economista francés, espe-cialista en desigualdad económica y distri-bución de la renta, es “la nueva estrella de

la economía mundial”. Su libro La crisis del capital en el Siglo XXI, está de moda, es un ataque a fondo al capitalismo y un duro cuestionamiento a la políti-ca neoliberal del libre mercado en los tiempos de la globalización y del paraíso del capital fi nanciero y de las transnacionles.

El lector encontrará en estas páginas un muy de-tallado análisis de cómo se han distribuido el ingre-so y la riqueza en el mundo, desde el siglo XVIII y hasta nuestros días. A partir de una rica base de da-tos económicos de una veintena de países —dispo-nible en línea para quien quiera profundizar en tal o cual asunto— y con certeras pinceladas literarias —Balzac y Austen sirven para dar ejemplos de cómo las sociedades han entendido su relación con el di-nero—, Piketty hace un minucioso recorrido históri-co y estadístico para identifi car ciertos patrones en el proceso de acumulación del patrimonio en las prin-cipales economías. Para el investigador de la École de Economie de París, cada nación ha respondido de manera diferente a una ley básica del capitalismo, según la cual el rendimiento del capital suele ser su-perior, a veces por mucho, a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concen-tración de la riqueza y agravar la inequidad; queda a los Estados decidir, individual o colectivamente, có-mo infl uir en esa fuerza polarizante.

Piketty establece polémica con los “duros” de la economía del capital por las medidas de choque pa-ra enfrentar la crisis del capitalismo, a través de im-puestos y ajustes sociales que desdicen de los esta-dos de bienestar en Europa proclamados por los par-tidos del sistema y del establecimiento. Cuestiona el Impuesto del Valor Agregado, la política de pensio-nes y de impuestos que siempre afectan a los secto-res medios y a los de menor ingreso.

Critica al capital fi nanciero y al sistema de las tasas de interés, muy oportuno en Colombia cuan-do la Junta Directiva del Banco de la República va de ajuste en ajuste para proteger el comercio exte-rior y los intereses de los monopolios: “La especu-lación sobre las tasas de interés a la que nos enfren-tamos hoy es además particularmente perversa, pues vuelve imposible reorganizar con serenidad el equi-librio de nuestras fi nanzas públicas”, dice Piketty. Y agrega: “La izquierda debe retoma la iniciativa en estos temas, a saber, la modernización de nuestra fi scalidad (a la vez compleja e injusta que debe ser

Aunque el autor dice que su propó-sito no es escribir la historia de las FARC-EP, sí es en el sentido estric-

to la historia de la lucha armada en Colombia, desde 1950 hasta nuestros días, pasando por la creación de las FARC en 1964.

Miguel Ángel Beltrán Villegas es un des-tacado académico, profesor de la Universidad Nacional, estudioso de los confl ictos políticos, sociales y económicos, perseguido por el régi-men colombiano, como quiera que el procura-dor Alejandro Ordoñez, cabecilla de la caver-na nacional, quien lo sancionó a 14 años de no poder trabajar en el sector público y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo con-denó a cien meses de prisión y una multa de no-venta millones de pesos, después de haber sido exonerado en anteriores instancias.

En la primera parte hace un estudio de las FARC-EP, estableciendo su línea política y mi-litar, en polémica con académicos que la con-sideran vacía de un norte ideológico. Explica las razones de por qué las FARC-EP permane-cieron a lo largo del tiempo, resistiendo tantos planes contrainsurgentes y campañas mediáti-cas en su contra.

La segunda parte contiene los relatos de cua-tro guerrilleros que narran la vida y las experien-cias en el movimiento guerrillero. Explican por qué ingresaron a la fuerza insurgente y su pro-yección política como la llama el autor.

“Al avanzar en la lectura también quedará al descubierto que el autor nos va presentando un método para examinar la lucha armada que, por su densidad teórica, basada en la combina-ción de marcos interpretativos, trasciende las fronteras de Colombia para fortalecer el análi-sis de las acciones insurgentes en general”, dice el profesor argentino Pablo Augusto Bonavena en el prólogo del libro.

Francis Wheen es un escritor y periodista británico, autor de esta peculiar biografía de Karl Marx de quien dice que Engels te-

nía mucha razón cuando aseguró que “su nombre y su obra perdurarán durante muchos siglos”.

Es una biografía diferente a otras que se han es-crito con tanto rigor y solemnidad sobre el fundador de la Teoría del Socialismo Científi co”. Para Wheen: “Es el momento de echar a un lado la mitología e in-tentar mostrar a Karl Marx en tanto que persona”. Se puede disentir de varias de sus apreciaciones pero el autor desarrolla la sátira y las historias cómicas sin alterar para nada la signifi cación y estatura intelec-tual de Carlos Marx.

“Hasta este intencionado halago solo sirve para menospreciarle. Karl Marx era fi lósofo, historiador, economista, lingüista, crítico literario y revoluciona-rio. Aunque jamás tuvo un empleo en ninguno de esos campos, fue un extraordinario trabajador: sus obras completas, pocas de las cuales fueron publicadas en visa, llenan cincuenta volúmenes”, escribe el autor.

El éxito de esta biografía, como la reedición de muchas de las obras de Marx, que se venden en las ferias del libro más famosas del mundo, demuestra la plena vigencia del pensamiento marxista. ¡Marx Vive! Es el grito que agrede los oídos de los reac-cionarios que sepultaron al fi lósofo de Tréveris des-pués del derrumbe del Muro de Berlín. Como dice el prologuista: “En la segunda década del siglo XXI, las cosas han cambiado muchísimo. Tras el estallido de la crisis en 2008, Marx ha retornado a las biblio-grafías universitarias y a los anaqueles de las libre-rías con mucha fuerza. En 2010, el diario ‘Público’ regalaba con el periódico, el resumen clásico de ‘El capital’ de Gabriel Deville. En la Feria del Libro de Madrid de 2012, el libro más vendido fue una edi-ción ilustrada del Manifi esto Comunista(…)”, escri-be César Rendueles en el prólogo.

Es el regreso del fantasma del comunismo, ilega-lizado en muchos países o perseguido en otros más, pero no se puede decir que haya desaparecido como se pregonó tras el derrumbe soviético, porque la dic-tadura del capitalismo en los tiempos de la unipola-ridad le sacó más lágrimas y dolor a los trabajadores y a los pueblos del mundo. Esta biografía demues-tra, en medio de situaciones insólitas en la presen-tación de Marx y el marxismo por parte de Francis Wheen, que la ideología revolucionaria esta vivita y coleando.

La crisis del capital en el Siglo XXI

Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco

Thomas PikettySiglo Veintiuno Editores

Las FARC-EP (1950-2015): luchas de ira y esperanzaMiguel Ángel Beltrán Villegas

Ediciones desde abajo

KARL MARXFrancis Wheen

Debate

refundada a partir del principio ‘a igual ingreso, igual impuesto’, de la deducción en origen y del impuesto con base imponible más amplia y tasa baja como la contribución social generalizada –CSG-), la refun-dación de nuestro sistema previsional (actualmen-te dividido en múltiples regímenes, lo que lo vuelve también incomprensible para los ciudadanos e im-posible de reformar con consenso y equidad), o aun la autonomía de nuestras universidades (tercer tema clave que, como la reforma fi scal y la reforma pre-visional, no hay que dejar en manos de la derecha”. Ojo para los que menosprecian o subestiman la im-portancia del Programa Común, base para la unidad de la izquierda.

LA VERDAD DEL PUEBLO