los consejos comunales y el parlamentarismo de calle

informe sobre Garantas y ejerCiCio de Los dereChos humanos de Libre asoCiaCin y PartiCiPaCin en VenezueLa, 2006-2007

Los Consejos ComunaLes y eL ParLamentarismo de CaLLeSINERGIA

AsociAcin VenezolAnA de orgAnizAciones de lA sociedAd ciVil obserVAtorio de los derechos humAnos de libre AsociAcin y PArticiPAcin

informe sobre Garantas y ejerCiCio de Los dereChos humanos de Libre asoCiaCin y PartiCiPaCin en VenezueLa, 2006-2007

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SINERGIA

AsociAcin VenezolAnA de orgAnizAciones de lA sociedAd ciVil obserVAtorio de los derechos humAnos de libre AsociAcin y PArticiPAcin

SINERGIA AsociAcin VenezolAnA de orgAnizAciones de lA sociedAd ciVil Fundada en 1996. Feliciano Reyna, Presidente Alonso Domnguez, Vicepresidente Direccin : Centro Rental de la Universidad Metropolitana (CENTROMET) Entrada Sur, Edif. Andrs Germn Otero, Piso 2, Ofic. 4, Terrazas del vila. Telfonos: (58 212) 242 0101 / 2411559 Telefax: 2439133. www.sinergia.org.ve E-mail: [email protected] RiF J-30402253-0 . Diseo grfico: Helena Maso impresin: Editorial ignaka, C.A. HecHo el Depsito De ley Deposito legal: pp 201104DC73

NDICEEl Observatorio de los Derechos Humanos de Libre Asociacin y Participacin ..... 5 Los derechos humanos de libre asociacin y participacin (DHAP) ....................... 6 El derecho de libre asociacin ............................................................................... 6 El derecho de libre participacin ........................................................................... 7 La metodologa del informe para la observacin de los DHAP............................... 8 I. El contexto socio-poltico del pas ......................................................................... 11 II. Las Leyes del Poder Popular ................................................................................. 15 Del rgano Ejecutivo .......................................................................................... 19 De la Unidad de Gestin Financiera .................................................................... 19 De la Unidad de Contralora Social ..................................................................... 20 Promocin de la participacin ............................................................................. 21 III. La situacin de los DHAP en el pas.................................................................... 21 informacin y mecanismos de comunicacin con el Estado ................................ 22 institucionalizacin de la asociacin y la participacin ........................................ 23 Polarizacin y desconfianza................................................................................. 24 Transitoriedad ..................................................................................................... 25 Participacin asociativa ....................................................................................... 27 Participacin en el Estado ................................................................................... 27 IV. La apreciacin de las organizaciones civiles y funcionarios sobre los DHAP .... 27 Espacios y asuntos de corresponsabilidad ........................................................... 31 Apoyo del Estado a las asociaciones .................................................................... 31 Facilidades a la participacin .............................................................................. 32 Condiciones adicionales para el registro de asociaciones ..................................... 33 Existencia de medios de verificacin de los resultados de la participacin ........... 34 Programas de informacin y educacin para la participacin .............................. 35 Participacin democrtica, plural y equitativa ..................................................... 35 Discriminacin poltica y otros motivos de discriminacin ................................. 38 Represalias por disenso ....................................................................................... 40 Denuncias por discriminacin poltica y represalias ............................................ 40 V. La Consulta Legislativa .......................................................................................... 43 Parlamentarismo social o de calle ........................................................................ 45 De acuerdo con los resultados de la observacin por estado ................................ 47 VI. Los Consejos Comunales ..................................................................................... 51 Denuncias y manifestaciones ............................................................................... 57 Razones de las manifestaciones Violentas (Mrida, Lara y Zulia) ......................... 59 Razones de las manifestaciones pacficas (Mrida, Carabobo y Distrito Capital) .. 59 VII. La observacin de los DHAP en las manifestaciones pblicas ......................... 59 Conclusiones y recomendaciones .............................................................................. 63

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El Observatorio de los Derechos Humanos de Libre Asociacin y ParticipacinDesde el ao 2006, Sinergia Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil lleva adelante actividades de seguimiento, anlisis y difusin de los derechos humanos de libre asociacin y participacin en Venezuela DHAP. Estas actividades se realizan a travs del Observatorio de los Derechos Humanos de Libre Asociacin y Participacin ODHAP el cual es un espacio de reflexin y comunicacin colectiva desde el cual se produce y comparte informacin, a disposicin de todas las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas e instituciones pblicas y privadas del pas; y donde se generan propuestas con el propsito de ampliar y fortalecer el ejercicio y las garantas de estos derechos. En el enfoque conceptual del Observatorio, la asociacin y la participacin son derechos humanos consagrados en Tratados y Convenios internacionales y en la Constitucin Nacional que deben ser protegidos, a fin de garantizar la dignidad humana y la convivencia democrtica. La asociacin se define como el acto de ser parte de o pertenecer a un colectivo voluntariamente constituido que se desenvuelve de forma autnoma al Estado para colaborar en el bien pblico; y la participacin es el acto de tomar parte en o de tener voz y ser escuchado a travs de opiniones, decisiones y acciones en los espacios pblicos. La asociacin y la participacin constituyen hechos originales de la vida en sociedad, donde las personas deciden conformar vnculos entre ellas dentro de un orden convenido que garantice las libertades individuales, en un marco de convivencia, confianza y respeto mutuo, as como la produccin y disfrute de bienes apreciados ticamente y que slo pueden ser obtenidos por medio de la cooperacin. A travs de su ejercicio, los ciudadanos se organizan para emprender causas compartidas, tanto para influir en valores, normas y comportamientos sociales, como para ampliar y tener incidencia en el campo de las decisiones pblicas. Las libertades de asociacin y participacin son conquistas ganadas por los movimientos de la sociedad civil en las luchas por el reconocimiento

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y cumplimiento de los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales. En primer lugar, representan el derecho de defender derechos. En segundo lugar, constituyen en s mismos derechos humanos desde el mismo momento en que stos garantizan la libertad de actuar segn nuestra propia conciencia, inters, motivacin y aspiracin, y de ser consultados y odos antes de tomar cualquier decisin que afecte nuestras vidas, sin ningn tipo de discriminacin.

LoS dEREchoS humANoS dE LIbRE ASocIAcIN y pARtIcIpAcINEn la normativa internacional, los Los derechos humanos de libre asociacin y participacin (DHAP) son derechos humanos fundamentales, asociados ntimamente a las libertades de expresin, reunin, de conciencia y de manifestacin pblica, sin otro lmite que el derecho de los dems. Estos derechos son inherentes del derecho al desarrollo integral de toda persona y de los pueblos, y del derecho a la democracia: Los marcos democrticos basados solamente en el derecho a voto son demasiado limitados. El concepto de democracia debe abarcar la participacin activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y en la supervisin de su ejecucin1. Esto es, pasar de la llamada democracia electoral a la democracia de ciudadanos. A partir de la Constitucin de 1999, en Venezuela se abren condiciones para un ejercicio amplio de los DHAP. En el Prembulo de la Constitucin se expresa que la sociedad venezolana se define como una sociedad democrtica, participativa y protagnica, multitnica y pluricultural y luego en su artculo 6, se establece que el gobierno venezolano tiene como caractersticas principales ser democrtico, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

EL dEREcho dE LIbRE ASocIAcINEl derecho de libre asociacin se refiere a la accin voluntaria y autnoma de asociarse entre dos o ms personas con fines acordados entre los asociados. Tambin comprende el derecho de las asociaciones ya constituidas de desarrollarse plenamente (), de asociarse o vincularse a su vez a otras personas2. Es el derecho que pertenece a las personas y a sus organizaciones para vivir socialmente: Es el derecho de libre asociacin el que crea la sociedad y el que le permite desarrollarse plenamente3. La Constitucin Nacional consagra este derecho, especficamente en el artculo 52, en el que se protege la libre asociacin; artculo 67, referente a las asociaciones con fines polticos; y artculo 95, respecto a las asociaciones sindicales. As mismo, la Constitucin contempla otras figuras asociativas en los artculos 70, 75, 118, 170, 182, 184, 256, 264, 293,

1 Organizacin de los Estados Americanos, Oficina de Educacin, Ciencia y Tecnologa. Ciencia y Tecnologa, Ingeniera e Innovacin para el Desarrollo; Una visin para las Amricas en el Siglo XXI. Segunda edicin: noviembre 2005. 2 itriago Machado Antonio L e itriago Machado Miguel A. El derecho de Libre Asociacin en la Nueva Constitucin Venezolana. Ediciones del Escritorio Dr. Pedro L. itriago P. Caracas, 2001. Pg. 9. 3 Ibid. p.54

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296, 303, 307 y 308. En el artculo 52 se establece que el Estado estar obligado a facilitar el ejercicio de este derecho, lo que coloca la Constitucin venezolana en una posicin destacada con relacin a otras constituciones extranjeras4. Al tener rango constitucional, ninguna ley puede limitar la libre asociacin: implica que nadie puede ser obligado a constituir una asociacin o formar parte de ella5. De all que se consideren restrictivas aquellas disposiciones o medidas que establecen obligacin de obtener autorizacin previa de un rgano del Estado para ser reconocidas y poder actuar6.

EL dEREcho dE LIbRE pARtIcIpAcINEl derecho de libre participacin es aquel que permite a las personas decidir sobre su propia vida, tanto en lo que se refiere al poder para dirigir los destinos propios, como para que ningn poder externo pueda imponerse en contra de la voluntad de las personas. Est relacionado ntimamente con el ejercicio de una soberana democrtica, en la que las decisiones pblicas descansan en la voluntad de los ciudadanos sin posibilidad de que ella pueda transferirse a los gobernantes ni a ninguna autoridad o forma de organizacin, y en la que todos los ciudadanos pueden expresarse y desenvolverse libremente en los espacios pblicos y privados. En la Constitucin Nacional, el derecho a libre participacin est consagrado en los siguientes artculos: artculo 5, donde se dicta que los rganos del Estado emanan de la soberana popular y a ella estn sometidos; artculo 6, en el que el Estado tiene un carcter democrtico y participativo; y los artculos 62, 63, 67, 70, 132, 141 y 184, en los que se establece como principio inviolable que la soberana reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de manera directa y, de manera indirecta, por la va del sufragio. En particular, la Constitucin establece la obligacin del Estado en facilitar las condiciones para su prctica, a travs de distintos medios y formas de participacin en los siguientes artculos: Eleccin y postulacin para ocupacin de cargos pblicos (artculos 41, 63, 64, 65, 67, 270, 279, 290 y 295). Referendo Populares Consultivos, Revocatorios, Aprobatorios y Abrogatorios (artculos 71-74). Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, cuyas decisiones tienen carcter vinculante (artculo 70). Sistema de Planificacin Nacional, integrado por 3 Consejos: Consejo Federal de Gobierno (artculo 185). Consejos de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas (artculo 166). Consejos Locales de Planificacin Pblica (artculo 182)

4 Ibid. p.28 5 Ibid. p.75 6 Ibid. p.31

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7 Sistema de Naciones Unidas: Declaracin Universal de Derechos Humanos; Pacto internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PiDESC); Pacto internacional de Derechos Civiles y Polticos (PiDCP); Declaracin sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas; Declaracin sobre el Progreso y el Desarrollo Social; Declaracin sobre el Derecho al Desarrollo. En el Sistema interamericano: Organizacin de Estados Americanos, OEA: Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la Organizacin de los Estados Americanos; Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos); Carta Democrtica interamericana; Programa interamericano de Combate a la Pobreza y Discriminacin; y Declaracin de Nueva Len, aprobada en la Cumbre Extraordinaria de Monterrey. 8 Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y Ley Orgnica de Planificacin, Ley de los Consejos Locales de Planificacin Pblica, Ley de los Consejos Estadales de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas, Proyecto de Ley de Participacin Ciudadana y Poder Popular y Ley de los Consejos Comunales. Adems: Ley de Partidos Polticos, Reuniones Pblicas y Manifestaciones; Ley de la Administracin Pblica, Ley de Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y Ley sobre Simplificacin de Trmites Administrativos. 9 Los tipos de asociaciones entrevistadas fueron: organizaciones prestadoras de atencin y de servicios sociales (34); productoras de bienes y servicios (43); organizaciones de derechos Humanos (7); organizaciones representativas de la comunidad (35); y organizaciones de fortalecimiento y desarrollo (7).

Descentralizacin de servicios pblicos a comunidades y grupos vecinales (artculo 184). Participacin en la ordenacin del territorio (artculo 128). Participacin en la proteccin del ambiente y recursos estratgicos (artculo 127). Participacin en la justicia de paz, administracin penitenciara y seleccin de jueces (artculos 253, 255, 258, 272, 255, 64 y 70). Participacin en seguridad ciudadana, as como en la seguridad y defensa de la nacin (artculos 55, 130 y 326). Participacin en la actividad econmica (artculos 184, numeral 3, 308 y 302). Participacin en salud (artculo 84) y en seguridad social (artculo 86). Participacin en la formacin de leyes y normativas, y en consultas legislativas (artculos 70, 204, 206 y 211). Participacin en la formulacin, ejecucin y control de la gestin pblica (artculos 62, 168 y 184). Rendicin de cuentas (artculos 161, 57, 66, 197 y 199). Participacin en enmiendas constitucionales, Asamblea Nacional Constituyente y proteccin de la Constitucin (artculos 341, 347 y 350).

Tambin esta asociado a otros derechos en la Constitucin: a) el derecho de expresin libre de ideas u opiniones por cualquier medio (artculo 57); b) el derecho a la informacin oportuna, veraz e imparcial, sin censura (artculos 58 y 143); b) el derecho de peticin (artculo 51); y c) el derecho de libertad de conciencia (artculo 61). Este ltimo es ratificado en el artculo 68, donde se establece el derecho a manifestar pacficamente sin armas y sin otros requisitos que aquellos establecidos por ley. Asimismo, la participacin es entendida como deber de la sociedad en la proteccin de los derechos humanos (artculo 162); la proteccin de la familia, (artculos 75, 78, 79, 80 y 84); en la gestin pblica (artculos 84 y 166); en los gastos pblicos (artculo 133); en el servicio militar (artculo 134); en el servicio comunitario (artculo 135); y en la prevencin, seguridad ciudadana y emergencias (artculo 55). (Ver cuadro 1)

LA mEtodoLoGA dEL INfoRmE pARA LA obSERvAcIN dE LoS dhApEn este informe se aplic una metodologa que parte del estudio de la normativa internacional7 y nacional8 acerca de la proteccin de los DHAP. La normativa fue el marco de referencia para la evaluacin de las garantas y el ejercicio de estos derechos durante el perodo de observacin. La informacin recogida para evaluar la situacin de los DHAP


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asoCiaCin Libertad, soLidaridad y diVersidad soberana, autonoma e iGuaLdad

derecho de asociacin Derecho de asociacin Derecho de organizacin Derecho de desarrollo sociedad

derecho de control Derecho de informacin Derecho de consulta Derecho de evaluacin y denuncia estado

derecho de expresin Derecho de opinin Derecho de comunicacin Derechos de reunin y manifestacin pacfica

derecho de decisin Derecho de eleccin Derecho de revocatoria Derecho de iniciativa

PartiCiPaCin

procedi de fuentes hemerogrficas y documentales. Adems, se realizaron dos estudios especiales que produjeron abundante informacin: a) entrevistas a 126 organizaciones civiles9 y 43 instituciones pblicas para recoger su apreciacin y experiencia en el ejercicio de los DHAP; b) la observacin directa de 5 Consultas Legislativas y 11 sesiones de Consejos Comunales, y seguimiento a 6 manifestaciones de calle, a travs de 131 artculos de prensa local en los estados Zulia, Carabobo, Lara, Mrida y Distrito Capital. En estos estudios se procur identificar los factores que resultaban favorables o restrictivos al ejercicio de los derechos, con apoyo en las opiniones de los entrevistados.

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I El contexto socio-poltico del pasEl presente informe corresponde al perodo junio de 2006 y marzo de 2007. Este es un perodo de enorme movimiento social y poltico donde se dieron las elecciones presidenciales de 2006, en las que sali reelecto el Presidente Hugo Chvez, y se tomaron medidas desde el inicio de su gobierno con una enorme velocidad para enrumbar al pas hacia la propuesta de construccin del Socialismo del Siglo XXi10. Estos dos momentos sern caracterizados por separado para una mejor comprensin de la situacin observada. El primer momento comprende los meses de junio-diciembre del ao 2006, en el que ocurrieron extensas movilizaciones polticas y sociales de apoyo a los candidatos en las elecciones presidenciales. Por otra parte, tambin se dieron consultas legislativas para aprobar la Ley de los Consejos Comunales, en calidad de rganos comunitarios de participacin directa en las decisiones pblicas. El segundo momento, que abarc los meses de enero-marzo del ao 2007, se caracteriz por una gran actividad de los poderes pblicos en el campo legislativo y en la conformacin de los Consejos Comunales. En materia de legislacin, durante estos meses se elabor la Propuesta de Reforma Constitucional, a cargo de una Comisin que design el Ejecutivo, compuesta por autoridades de todos los poderes pblicos, con excepcin del Poder Electoral, a objeto de instaurar un Nuevo Modelo de Estado Socialista; y la Asamblea Nacional otorg al Presidente la tercera Ley Habilitante para legislar en los cambios de trnsito hacia el nuevo modelo de Estado contando con la aprobacin de la Propuesta de Reforma en referendo, y la cual inclua de una vez la readecuacin de la Ley de los Consejos Comunales y Ley de los Consejos Locales de Planificacin Pblica al nuevo modelo. Con la Ley Habilitante se aprob la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que Afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios, y el Ejecutivo introdujo para la discusin de la Asamblea Nacional dos nuevos proyectos de ley: la Ley de Participacin Ciudadana y Poder Popular, y la Ley de Contralora Social.

10 El Presidente plantea que este es un modelo en construccin. Algunos documentos sobre este proceso son: Haiman El Troudi, No queremos capitalismo de Estado. Por: Mariela Len/ El Universal. Domingo, 07/01/07. Para comprender la Revolucin Bolivariana, editado por la Presidencia de la Repblica en 2004, Wiliiam izarra Lo dijo el Presidente en www. aporrea.org.ve.

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11 Provea recibi denuncias de empleados pblicos obligados a participar en actos del gobierno bajo amenaza de despido. Ver Provea. informe Anual 2006. Pg.16. Es importante recordar la experiencia de la Lista de Luis Tascn como instrumento de discriminacin poltica en asuntos econmicos, laborales o de servicios. 12 En un acto llevado a cabo en la Sala Ros Reyna del Teatro Teresa Carreo, el primer mandatario nacional, Hugo Rafael Chvez Fras, jurament a los integrantes del nuevo gabinete ejecutivo. En lo sucesivo los diversos ministerios sern acuados con el trmino poder popular en Presidente Chvez jurament a su nuevo gabinete ejecutivo Vive TV. 8 de enero de 2007. En: http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_ not=3323&id_s=6&id_ss=1&pag=50 13 La revisin de las pginas web de los distintos ministerios arroja que todos contienen informacin de utilidad para ello. 14 El Presidente de la Repblica realiz varios gabinetes mviles con Consejos Comunales en lugares como el Teatro Teresa Carreo, en actos transmitidos en cadena televisada para el otorgamiento de recursos financieros. Todos los Ministerios desarrollaron acciones de capacitacin y formacin de Consejos Comunales. Al Ministerio del Poder Popular para la Participacin y Desarrollo Social correspondi la asesora, capacitacin, registro y fortalecimiento de los Consejos Comunales, y la adscripcin del Fondo de Desarrollo de los Consejos Comunales. En el caso de las Gobernaciones y Alcaldas, una nota de prensa lo expresa as: Charallave. La implementacin de un ciclo de talleres para los consejos comunales fue anunciada por Lourdes Duarte, directora de Desarrollo Social de la Alcalda del municipio independencia. La funcionaria destac que, si bien los gobiernos municipales no tienen injerencia en la conformacin de los consejos comunales, las alcaldas han asumido el rol de orientadores, motivadores y asesores. El Pas Ultimas Noticias | Lunes 05 de Marzo de 2007. 15 A ese mecanismo se le contempl una asignacin de 2 billones de bolvares, pero en el 2007 el Ejecutivo Nacional increment los recursos a 4 billones, con lo cual el saldo total es 6 billones. La aspiracin del despacho es que en junio ya se hayan entregado 3 billones. En: Fondo Nacional ha recibido recursos por 6 billones de bolvares. www.eluniversal.com, Economa, 28 de febrero de 2007.

En este contexto persisti con mucha fuerza el enfrentamiento entre el gobierno y su intencin de avanzar en la aplicacin de una propuesta de nuevo modelo de Estado distinto al de la Constitucin, que condena el neoliberalismo y el capitalismo; y diversos sectores de la vida nacional, que defendieron la Constitucin y los postulados del Estado Democrtico y Social consagrados en ella. Sin embargo, el mayor problema fue la persistencia de un ambiente de polarizacin, en el que no hubo reconocimiento o valoracin de opiniones opositoras por parte del gobierno, quien las descalifica mediante trminos como esculidas y golpistas y de estar al servicio del imperialismo norteamericano; y, por otro, la desconfianza de los sectores de oposicin acerca de las intenciones del gobierno, al que se define como autocrtico y totalitario. En este escenario se mantuvo la ausencia de espacios de dilogo y de encuentro que favorecieron la discriminacin poltica11 y la autoexclusin. En materia de organizacin institucional el Ejecutivo nombr un nuevo gabinete con la migracin de algunos representantes de la Asamblea Nacional y cre nuevos ministerios en las reas de Telecomunicaciones e informtica, y Pueblos indgenas. La denominacin de todos los Ministerios cambi a Ministerio del Poder Popular12. As, el Ministerio con competencias en participacin ciudadana pas a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Participacin y Desarrollo Social. El espacio de participacin que tuvo mayor fuerza en este perodo fue el de los Consejos Comunales, los cuales ocuparon la atencin de todos los organismos pblicos. De hecho, el Ejecutivo utiliz todos sus recursos informativos para promoverlos13. Ello se reflej en acciones de fomento, capacitacin y transferencia de recursos del Ejecutivo, los Ministerios, las Gobernaciones y Alcaldas, y la Asamblea Nacional14. En particular, los recursos financieros destinados a los Bancos Comunales, instancias para la administracin de recursos pblicos de los Consejos Comunales, alcanzaron en el 2007 la cantidad de 6 billones de bolvares. Estos recursos fueron depositados en el Fondo Nacional de los Consejos Comunales15, previsto en la Ley. En este contexto se presentan diferentes elementos inhibidores de la asociacin y la participacin. En primer lugar, es necesario una amplsima informacin para poder ejercer estos derechos en los espacios promovidos por el Estado: (Parlamentarismo de Calle y Consejos Comunales) y falta transparencia en los procedimientos, lo que se traduce en desconfianza. Esto lo confirman expresiones como: Para qu, Ante quin? cuando se trata de hacer valer los derechos. El instrumento por excelencia de la denuncia son los medios de comunicacin, debido a las trabas para la relacin del ciudadano con las instituciones


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pblicas16. En segundo lugar, no es posible conocer los resultados de la participacin. Esto tiene sus efectos, por ejemplo, en la consulta legislativa, ya que la poblacin que particip en las discusiones, desconoce luego los resultados de las leyes discutidas y aprobadas. En tercer lugar, es cada vez ms creciente las prcticas de discriminacin por motivo de afiliacin poltica o preferencias personales, que ejercen quienes tienen el poder de la discrecionalidad. Finalmente, es escasa incidencia de las minoras en las instituciones pblicas. Todo ello genera las dos principales amenazas contra los derechos de libre asociacin y participacin: la autoexclusin y el secuestro de los espacios ciudadanos por parte del Estado o de quienes ejercen el poder pblico.

16 Ante las trabas a la participacin resulta interesante rescatar el Oficio del Fiscal General de la Repblica N DFGR-46.096, del 8 de junio de 2006, dirigida a todos los funcionarios de la institucin, en el que destaca tres razones de las dificultades burocrticas en el Ministerio Pblico: a) La falta de inters pblico de los funcionarios para rendir el servicio al pueblo: No somos unos jefes cargados de privilegios que tienen todo el poder para abusar y para no atender a quienes estamos obligados a recibir; b) la carencia de sentido comn en lo que se refiere al flujo de informacin, de decisiones y de instrucciones, generndose el laberinto del papeleo; c) La falta de preparacin, de induccin, la no actualizacin y la carencia de conocimientos tcnicos suficientes para tomar decisiones en el momento exacto y con la prudencia y justicia necesarias. Al no poder hacerlo de esa manera se pierde mucho tiempo, las discusiones son circulares, dan vuelta en el mismo sitio sobre el mismo punto sin llegar a nada, y la falta de criterio se vuelve contra la autoridad y el respeto.

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II Los DHAP en las Leyes del Poder PopularCon el objeto de llevar el anlisis lo ms cercano a la intencin del gobierno nacional de modificar la reconfiguracin del Estado venezolano y sus implicaciones para los DHAP, se revis el Proyecto de Ley de Participacin Ciudadana y Poder Popular, aprobada en primera discusin por la Asamblea Nacional. En esta ley, la participacin se entiende como la disposicin consciente de las personas a involucrarse de manera colectiva o individual en la formulacin, proyeccin, ejecucin, control social y evaluacin del Estado Democrtico y Social de Derecho y de Justicia (artculo 3). Se le asocia con derrotar la exclusin poltica para abrir un espacio de encuentro entre el poder constituyente y el poder constitutivo (artculo 4). A este poder constituyente, se le denomina Poder Popular, mientras que el poder constituido es el Poder Pblico dentro del Estado existente. Este nuevo Poder Popular descansa en la Asamblea de Ciudadanos y en los Consejos Comunales, entendidas como instancias de cogestin con el Estado. No obstante, las decisiones en estas instancias son adoptadas en los niveles superiores: en el caso de la Asamblea, el mximo rgano es la Plenaria, integrada por miembros del Consejo Federal de Gobierno y del Consejo Nacional Social de lo Comunal (artculo 17), y sus acuerdos son publicados en Gaceta Oficial (artculo 23). Entre los factores favorables de esta ley, encontramos que contempla recursos de todo orden, desde programas de capacitacin y formacin ciudadana para la participacin, hasta mecanismos de comunicacin y mecanismos legales para la promocin y garanta del ejercicio del derecho (artculos 8 al 13). Favorece adems formas asociativas de propiedad (artculos 119-122) como la cogestin, las cooperativas, la autogestin, la cooperacin, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias, las organizaciones comunales (artculo 124) y la contralora social (artculo 127), adems de garantizar a los pueblos indgenas la eleccin de los miembros del Consejo siguiendo sus usos y costumbres. Pero, es una ley muy reglamentada y estructurada desde los fines del Estado. De all que contemple mltiples instancias y espacios regulados en los que

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la participacin se somete al control gubernamental. Bajo esta ptica, se crea un sistema socio-gubernamental de participacin compuesto de instancias de coordinacin entre dos procesos paralelos: los de planificacin que se deciden en el Poder Pblico y los comunales, que ocurren en el Poder Popular. Las decisiones se toman en los niveles superiores, convirtiendo las Asambleas de Ciudadanos en instancias propositivas, con una funcin cooperante del Estado. Otros elementos restrictivos, es que excluye otras formas asociativas como las asociaciones civiles, empresa privada y fundaciones, entre otras. La definicin de las comunidades como nuevos sujetos de descentralizacin genera el riesgo de instrumentalizar la participacin como un medio para cubrir las deficiencias del Estado. Se establece la obligacin a las comunidades de cooperar con los Consejos Comunales en la elaboracin de diagnsticos participativos (artculo 132), e igualmente se les asigna un conjunto de deberes como: producir, previo cursos de induccin, bienes y servicios que se les demandan, debiendo definir los procesos de produccin, sistemas, inventarios, calidad de trabajo, etc. (artculo 134). Adems, se encarga a las comunidades tareas que trascienden espacios locales de promocin y desarrollo de universidades y centros de investigacin (artculo 135) y la defensa del ambiente (artculo 136). Este conjunto de disposiciones coloca en severos riesgos la participacin autnoma y no regulada. La creacin del Consejo Federal de Gobierno y la legislacin correspondiente es necesaria para completar el canal ascendente en el Sistema de Planificacin. En la Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal, aprobada en el 2000, se crearon los Consejos Comunales como ...instancias del Consejo Local de Planificacin Pblica que tendrn como funcin servir de centro principal para la participacin y protagonismo del pueblo en la formulacin, ejecucin, control y evaluacin de las polticas pblicas, as como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente ante el Consejo (artculo 112). En el ao 2006, la Asamblea Nacional aprob la Ley Especial de los Consejos Comunales definindolos como instancia de participacin, articulacin e integracin de organizaciones, grupos sociales e individuos para la gestin de las polticas pblicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construccin de una sociedad de equidad y justicia social(artculo 2). La Ley reconoce como organizaciones comunitarias a aquellas que existen o pueden existir en las comunidades y que agrupan a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en base a objetivos e intereses comunes, tales como: comits de tierras, comits de salud, mesas tcnicas de agua, grupos culturales, clubes deportivos, puntos de encuentro y organizaciones de mujeres, sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, organizaciones


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juveniles o estudiantiles, asociaciones civiles, cooperativas, entre otras (artculo 4, numeral 8). La Ley de los Consejos Comunales establece de forma genrica los principios de corresponsabilidad, transparencia, rendicin de cuentas, honestidad, eficacia, responsabilidad social, control social, equidad, igualdad social y de gnero, entre otros (artculo 3). Para ser integrante del Consejo no se establece ms criterio que los de residencia, mayora o no de edad (dependiendo de la responsabilidad a asumir en el Consejo Comunal), no ocupar cargos de eleccin popular e inscripcin en el Registro Electoral Permanente. An cuando observamos que son requisitos mnimos, ste ltimo es una condicin restrictiva para la participacin (artculos 13 y 14). Como condicin para existir, en el artculo 20 se establece su registro ante la Comisin Local Presidencial del Poder Popular. En forma contraria a como esta establecido en la Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal, lo nico que vincula en esta Ley a los Consejos Comunales y los Consejos Locales de Planificacin Pblica rgano al que originalmente pertenecan es la consignacin de una copia del registro con el cual fue constituido. Esta falta de vinculacin con la instancia del gobierno local se traduce en desconocimiento por parte de este ltimo de las acciones del Consejo Comunal. En lo que respecta a la organizacin de los Consejos Comunales, la Ley contempla tres espacios: el rgano Ejecutivo, conformado por los voceros y voceras de los Comits de Trabajo, y el encargado de promover y articular la participacin. (artculo 8); la Unidad de Gestin Financiera, tambin llamada Banco Comunal, y la Unidad de Contralora Social. La Unidad de Gestin Financiera tiene funcin de promocin e intermediacin financiera de formas asociativas solidarias en el marco de la economa social. El Banco Comunal deber adquirir figura jurdica de Cooperativa y como tal se regir por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, y la Ley de Creacin, Estmulo, Promocin y Desarrollo del Sistema Micro financiero. (artculo 10). Hay muchos elementos an sin definir para la operacin de esta Unidad. La figura jurdica de cooperativa exige adems nuevos requerimientos que ameritan su revisin con relacin a: responsabilidades de la Unidad, incorporacin de todos los miembros de la comunidad si es una Cooperativa, responsabilidades en el manejo de los recursos, etc. Por su parte, la Unidad de Contralora Social tiene la responsabilidad de fiscalizar y controlar la administracin de los recursos y programas de inversin pblica ejecutados por cualquier nivel gubernamental (artculo 11), as como los procesos de consulta, formulacin y ejecucin de los proyectos comunitarios y la ejecucin del Plan de Desarrollo Comunal (artculo 23). La coexistencia de funciones de ejecucin y contralora dentro del mismo Consejo Comunal resulta inadecuada y favorece el conflicto interno.

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Los recursos financieros contemplados por la ley para los Consejos Comunales son aquellos provenientes de transferencias del nivel nacional, estadal y municipal, la Ley del Fondo interterritorial para la Descentralizacin (FiDES) y la Ley de Asignaciones Econmicas Especiales en Hidrocarburos (LAEE). Estas son las mismas fuentes financieras de las alcaldas y gobernaciones para ejecutar planes y proyectos estadales y locales. Las decisiones sobre el manejo de los recursos se toman en la Asamblea de Ciudadanos por mayora simple de los asistentes (artculo 26). Los recursos se encontrarn depositados en el Fondo Nacional de los Consejos Comunales, adscrito al Ministerio de Finanzas, el cual estar integrado por 7 miembros designados por el Presidente de la Repblica (artculos 28 y 29). No obstante, las decisiones financieras se toman en una instancia externa al Consejo Comunal, que es la Comisin Presidencial del Poder Popular. Esta comisin es designada por el Presidente de la Repblica y tiene como funciones principales recabar los proyectos aprobados por los Consejos Comunales, tramitar los recursos financieros necesarios para la ejecucin de los proyectos y crear en las comunidades donde se considere necesario, equipos promotores externos para impulsar la conformacin de los Consejos (artculo 29). Se crean tambin la Comisin Regional Presidencial del Poder Popular y la Comisin Local Presidencial del Poder Popular en los estados y municipios, a travs de las cuales los proyectos sern tramitados hasta alcanzar el nivel superior de la Comisin Nacional. Por ltimo, una Comisin Especial de la Asamblea Nacional sera la encargada, conjuntamente con las Comisiones Presidenciales del Poder Popular de evaluar el proceso de constitucin y funcionamiento de los Consejos Comunales (artculo 33). La creacin de este sistema paralelo de financiamiento debilita la relacin con los gobiernos locales y establece la dependencia de los Consejos Comunales de nuevas instancias poco estructuradas y designadas desde el nivel central. La ley otorga una infinidad de funciones y de reas de trabajo a cargo de Comits, que hace a los Consejos Comunales enfocarse en una participacin de pequea escala y de carcter estrictamente operativo, perdiendo de vista su ubicacin en contextos de mayor complejidad y necesarios para las soluciones que desean obtener. Este riesgo aumenta cuando los Consejos no tienen vinculacin con los gobiernos estadales y locales, y dependen de un sistema de planificacin centralizado en el Ejecutivo Nacional. Por ltimo, es importante sealar el riesgo que corren los voceros de los Consejos Comunales en apartarse de su papel comunitario para convertirse en funcionarios pblicos, regidos por los artculos 3, 4 y 5 de la Ley Anticorrupcin, en la cual sern considerados como tales a todos los directores y administradores de sociedades o asociaciones civiles y dems instituciones constituidas con recursos


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pblicos, o cuando la totalidad de los recursos que manejen representen el 50% o ms de su presupuesto o patrimonio. interesa revisar tambin las responsabilidades administrativas de las cooperativas, ya que el Banco Comunal asume esta figura jurdica. En cuanto a las responsabilidades de los Consejos Comunales se establecen dos categoras: las responsabilidades a lo interno del Consejo Comunal, propias de las atribuciones particulares que se reflejan en las acciones internas de cada rgano, con incidencia en la vida organizativa del Consejo Comunal (rgano Ejecutivo: literales 1, 4 y 5 del artculo 21, Unidad de Gestin Financiera: literales 1, 7, 8, 10 y 11 del artculo 22 y Unidad de Contralora Social: literales 1 y 5 del artculo 23; y las responsabilidades a lo externo del Consejo Comunal, propias de las acciones externas de cada rgano, con incidencia en la vida organizativa de la comunidad y la satisfaccin de sus necesidades. A continuacin se destacan los elementos en los que se aprecia la diversidad de tareas que corresponden a los voceros o voceras, que se desempean ad honorem en los Consejos Comunales. Estas abundantes actividades representan elevadas exigencias hechas a estas instancias:del rgano Ejecutivo Articular con las organizaciones sociales de la comunidad y promover la creacin de nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del inters colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de las comunidades. Elaborar planes de trabajo para solventar los problemas que la comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados. Organizar el Sistema de informacin Comunitaria. Promover la solicitud de transferencia de servicios, participacin en los procesos econmicos, gestin de empresas pblicas y recuperacin de empresas paralizadas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. Promover el ejercicio de la iniciativa legislativa y participar en los procesos de consulta en el marco del parlamentarismo social. Promover el ejercicio y defensa de la soberana e integridad territorial de la nacin. Elaborar el Plan de Desarrollo de la Comunidad a travs del diagnstico participativo, en el marco de la estrategia endgena. de la unidad de Gestin financiera Promover la constitucin de cooperativas para la elaboracin de proyectos de desarrollo endgeno, sostenible y sustentable.

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impulsar el diagnstico y el presupuesto participativo, sensible al gnero, jerarquizando las necesidades de la Comunidad. Promover formas alternativas de intercambio, que permitan fortalecer las economas locales. Articularse con el resto de las organizaciones que conforman el sistema microfinanciero de la economa popular. Promover el desarrollo local, los ncleos de desarrollo endgeno y cualquier otra iniciativa que promueva la economa popular y solidaria. Prestar asistencia social. Promover formas econmicas alternativas y solidarias, para el intercambio de bienes o servicios.

de la unidad de contralora Social Ejercer la coordinacin en materia de contralora social comunitaria. Ejercer el control, fiscalizacin y vigilancia de la ejecucin del Plan de Desarrollo Comunitario. Ejercer el control, fiscalizacin y vigilancia del proceso de consulta, planificacin, desarrollo, ejecucin y seguimiento de los proyectos comunitarios.

La multiplicidad de espacios de participacin ciudadana en la gestin pblica aunada a las condiciones, procedimientos y responsabilidades para su ejercicio, resulta difcil de atender por la ciudadana en general. Aqu merece hacerse la pregunta quin tiene la posibilidad de participar y en qu etapa del proceso?. Normalmente la participacin requiere de un proceso de formacin que le permite al ciudadano convertirse en un interlocutor vlido frente a las exigencias tcnicas y metodolgicas que las instituciones manejan. Del mismo modo, debemos mencionar la enorme demanda de tiempo, primero en la capacitacin, luego en la ejecucin y contralora de las acciones que se llevan a cabo en la comunidad, esto aunado a la diferencia existente entre el tiempo real relacionado con la dinmica propia de los habitantes de la comunidad y sus requerimientos particulares y el tiempo tcnico-poltico de las obras y actividades para las instituciones. Los requerimientos de informacin y conocimientos especficos pueden anular las posibilidades de participacin. Por ltimo, interesa mencionar la valoracin de la responsabilidad y su compensacin. En aquellos casos que consisten en transferir la responsabilidad de la ejecucin de un proyecto o de la contratacin y administracin de recursos para su ejecucin, se corre el riesgo de desdibujar la figura de ciudadano responsable a la de funcionario ad-honorem del Estado.

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III La situacin de los DHAP en el paspRomocIN dE LA pARtIcIpAcINEn el pas se ha dado una amplia promocin de la participacin directa de la poblacin en trminos de capacidad y poder de decisin en los asuntos pblicos y en la formacin y gestin de polticas pblicas. Fundamentalmente se observa en la promocin de aquellos espacios de iniciativa estatal, de encuentro con el Estado, de construccin colectiva, que son regulados mediante leyes especiales y reciben recursos econmicos para su sostenimiento y operacin. Al respecto, el Mensaje Presidencial Anual del 200617 expresa: El pueblo es gobierno. A tal efecto cabe destacar: la creacin de 18.238 Consejos Comunales, que ejercen acciones utilizando recursos pblicos, determinando sus propias prioridades de servicios. Esta cifra incluye 494 Consejos Comunales de la Misin Guaicaipuro para propiciar y fomentar la participacin ciudadana. En los Consejos funcionan 2.097 Bancos Comunales, de los cuales 250 tienen asignados recursos por un orden de 135.000 millones de bolvares, adems de la creacin del Fondo Nacional de Consejos Comunales, al que se le asign la cantidad de 2.808.345 millones de bolvares. La promocin es sostenida mediante esfuerzos que abarcan a todas las instituciones del Estado en la formacin y capacitacin de los funcionarios y de la poblacin mediante la produccin de materiales divulgativos, la realizacin de eventos de capacitacin y el financiamiento de las experiencias o procesos de participacin y asociacin. Para esto ltimo se encuentra un enorme abanico de oportunidades en todos los sectores18. En los momentos actuales, se observa una gran expectativa pues los cinco motores de la Revolucin propuestos desde el Poder Ejecutivo implican una amplia transformacin del Estado y de las relaciones Estado-Sociedad. Los instrumentos que servirn a tal propsito son la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la Repblica y la Reforma Constitucional que se encuentra en elaboracin para su presentacin desde el Ejecutivo Nacional.

17 Mensaje Anual que presenta el ciudadano Presidente de la Repblica Hugo Chvez Fras a la Asamblea Nacional con motivo de su gestin de gobierno durante el ejercicio fiscal 2006,Caracas 2007 http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/pdf/Mensaje%20 Presidencial%202006.pdf 18 Chvez Fras, Hugo. Presidente de la Repblica: Todas las instituciones del poder constituido tienen que adaptarse y apoyar al poder comunal; los alcaldes y gobernadores que no entiendan quedarn a la deriva. Est naciendo es el autogobierno, el otro poder. Programa Al Ciudadano del 19 de abril de 2007 Jornada de Promocin del Ciclo Comunal. Explosin del Poder Comunal.

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Con respecto a la asociacin, se ha observado la promocin de mltiples formas asociativas, desde la incorporacin a las Misiones, lo que se traduce en un concepto de pertenencia a comits diversos: comits de salud, mesas de agua, mesas de energa, comits de proteccin social, entre otras, hasta la conformacin de formas asociativas ms autnomas como las cooperativas. Esta promocin se acompaa de programas de formacin y capacitacin y la apertura de posibilidades de contratacin en todos los mbitos del Estado. Con esto surgen nuevos sujetos asociativos importantes pero tambin con mayor reconocimiento desde las instituciones. Los Consejos Comunales son formas asociativas vinculadas al Estado, en las que descansa el Poder Popular y la constitucin misma del nuevo Estado. Como forma asociativa socio-productiva, la gran promocin ha apuntado a las cooperativas. Para junio 2006, SUNACOOP contaba con 131.586 cooperativas registradas, siendo el ao 2005 el de mayor creacin de cooperativas. En este sentido, el gobierno ha expresado que las Empresas de Produccin Social (EPS) impulsarn la democratizacin del sistema empresarial del pas. Estas asociaciones productivas, adems se comprometen a transferir parte de sus excedentes a comunidades donde estn vinculadas.

INfoRmAcIN y mEcANISmoS dE comuNIcAcIN coN EL EStAdoTodas las instituciones del Estado a nivel nacional, cuentan con pginas Web mediante las cuales suministran informacin al ciudadano. En ellas adems se dispone de instrumentos para la realizacin de denuncias. Al respecto destaca el Servicio de informacin a la Comunidad del instituto Autnomo Biblioteca Nacional que ofrece un Directorio de Denuncias en los servicios de, agua, aseo urbano, electricidad, asuntos legales, contaminacin ambiental, cuerpos de seguridad del Estado, derechos humanos, etc. Acerca de estos ltimos ofrece el directorio de instituciones y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a su proteccin y ante los cuales resulta pertinente la denuncia de violacin de derechos. La institucin que mayor informacin ofrece sobre el tema de participacin es la Asamblea Nacional. La Defensora del Pueblo y la Fiscala General de la Repblica, contienen escasa informacin acerca de este tema en sus sitios de internet. El informe de Actuacin de la Defensora del Pueblo sobre participacin, publicado en la pgina Web corresponde al perodo 2003-2004. No obstante resulta importante destacar la amplitud con la que considera el derecho de participacin, as: En efecto, bajo el nuevo orden jurdico, la democracia pasa a ser concebida no solo en trminos de representacin, sino tambin en trminos de protagonismo de


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las comunidades en los procesos de decisin poltica. La participacin se refiere al ejercicio mismo del poder poltico, ya que se encuentra directamente ligada al derecho a debatir libre y directamente los asuntos pblicos19. Agrega que: Al Estado le corresponde la obligacin de establecer los escenarios necesarios para la discusin de los proyectos y programas vinculados con la gestin pblica, tomando las medidas necesarias para garantizar el pluralismo y la participacin de todos los sectores de la poblacin en los asuntos de su inters. Asimismo, se deben establecer las condiciones necesarias para que la ejecucin de la gestin pblica pueda ser adecuadamente controlada por la comunidad20. En el Anuario 2002-2003 de la Defensora del Pueblo se registraron un total de 112 denuncias por obstculos a la participacin. Los poderes pblicos que mayor nmero de denuncias acumularon fueron las alcaldas, con 28 denuncias, seguido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 20 denuncias. Entre las principales razones de las denuncias destacaron: desconocimiento por parte de las autoridades del gobierno local de miembros de juntas parroquiales y concejales electos; no permitir la participacin de la comunidad en la toma de decisin sobre proyectos de gran escala; e irregularidades en la eleccin de los jueces de paz. Las denuncias contra el CNE fueron por violacin al derecho de participacin en las elecciones sindicales. En el Anuario 2005-2006 se registraron 64 denuncias, 54 por situaciones relacionadas con la participacin en asuntos pblicos, de los cuales 11 estuvieron vinculadas a los Consejos Locales de Planificacin Pblica y 10 al ejercicio de la contralora social. En relacin con el derecho de asociacin, el informe de Actuacin 2002-2003 de la Defensora del Pueblo registr 53 denuncias relacionadas en mayor medida con alcaldas por situaciones vinculadas a la conformacin de juntas y directivas de las asociaciones vecinales21.

INStItucIoNALIzAcIN dE LA ASocIAcIN y LA pARtIcIpAcINAn cuando la participacin es ms valiosa en la medida que se traduzca en capacidad de incidencia en la formulacin de las polticas pblicas y en ello influye la calidad de la relacin o vinculacin del ciudadano y el Estado, es importante alertar acerca de la tendencia de crear nuevas estructuras y sistemas paralelos a la estructura institucional gubernamental en sus diferentes niveles, de manera de evitar registros y duplicidad de procesos que llevan a la confusin. Esto es particularmente claro en el sistema socio-gubernamental que se propone en el Proyecto de Ley de Participacin Ciudadana y Poder Popular, en el que se vincula el Sistema Social Comunal con el Sistema de Plani-

19 Defensora del Pueblo 2002- 2003. En: http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=1 404030102&id=648&plantilla=8&txt=partici pacion 20 Ibid. 21 En: http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp ?sec=1404030101&id=635&plantilla=8&txt= asociacion

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ficacin, el Sistema de Comisiones Presidenciales del Poder Popular para el registro, aprobacin de proyectos y transferencia de recursos a los Consejos Comunales, en forma paralela al Sistema de Planificacin que contempla la Constitucin. En este mismo orden se encuentra el aspecto de las diversas fuentes de financiamiento del Estado para los Consejos Comunales. El registro de las organizaciones puede convertirse en un factor restrictivo al ejercicio de los derechos, ya que condiciona el reconocimiento de la organizacin a condiciones adicionales ante mltiples instancias. Por ejemplo, los Consejos Comunales deben registrarse ante la Comisin Local Presidencial del Poder Popular, (que en su defecto se ha estado realizando ante Fundacomn), luego deben consignar copia ante el Consejo Local de Planificacin Pblica y la Unidad de Gestin Financiera, uno de sus rganos debe registrarse ante la Superintendencia de Cooperativas (SUNACOOP). Est por definir el proceso de registro de las Unidades de Contralora Social, el tercer rgano de los Consejos Comunales, cuya vinculacin al Poder Ciudadano, representado en este caso por la Contralora General de la Repblica, est por definirse mediante la Ley de Contralora Social que se encuentra en elaboracin.

poLARIzAcIN y dEScoNfIANzAEl clima de polarizacin y desconfianza poltica generalizado en el pas se convierte en factor restrictivo al funcionamiento de los espacios de participacin y a las oportunidades de asociacin y organizacin comunitaria, contrarrestando la tendencia a la integracin y a ser inclusivos que se verifica en procesos de mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de personas que conviven en un espacio o territorio delimitado. Normalmente cuando estos procesos se dejan al control de los propios miembros de la comunidad, los conflictos y dificultades de orden poltico se resuelven satisfactoriamente, no siendo as cuando se realizan actuaciones interesadas desde el exterior del grupo. En entrevistas realizadas a funcionarios de alcaldas y en la revisin de la prensa se recoge la frecuente denuncia de las comunidades acerca de la intervencin de personas externas a la comunidad para la conformacin de los Consejos Comunales.22 Conjuntamente con la amplia oferta de participacin por parte del Estado, crece el inters y la disposicin de los ciudadanos. Efectivamente se comprueba una mayor conciencia poltica por parte de estos acerca de sus derechos. Sin embargo, la polarizacin ha producido una divisin social que afecta severa y negativamente el ejercicio de la participacin. En la ciudad de Caracas, esto se refleja incluso en una divisin de la ciudad en sectores (este-oeste) asociada al nivel socioeconmico

22 Ver Sistematizacin de noticias y artculos de opinin acerca de Consejos Comunales.


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o estrato de la mayora de la poblacin all asentada que afecta la asistencia a eventos participativos, por ejemplo los de consulta legislativa que se realizan en la Plaza Bolvar o cualquier otro espacio que durante los aos 2002-2004 fueron ocupados por grupos polticos a favor del gobierno. Esto produce autoexclusin en algunos grupos que se encuentran en oposicin al gobierno. Del mismo modo favorece la autoexclusin, la esttica predominante que se hace presente en todos los actos promovidos por el Estado (la ropa de color rojo y el uso de ciertas prendas con monogramas). La polarizacin se ha traducido en un clima de intolerancia que es el principal inhibidor de la participacin. As lo expresa el documento Tolerancia y Paz publicado en la pgina Web de la Defensora del Pueblo: En Venezuela el clima de intolerancia poltica ha generado una extrema polarizacin, poniendo en riesgo el sistema democrtico y la estabilidad de sus instituciones, sometidas a continuos ataques. Desde la ptica de los derechos humanos, el problema no consiste en la existencia de dos posturas, sino en la intolerancia que est presente en ellas. El respeto a las dems personas ha sido cercenado, por lo que se han visto vulnerados una gran cantidad de derechos como el derecho a la vida, al libre trnsito, a la educacin, a la libertad de pensamiento; entre otros. Esto demuestra la falta de una verdadera cultura de paz, que no slo est presente en discursos y manifiestos, sino que sea parte de la formacin ciudadana y ayude a fijar valores sociales que permitan la coexistencia de puntos de vista divergentes en la bsqueda de un fin comn23.

tRANSItoRIEdAdLa dinmica de cambios constantes en la normativa, dota a su aplicacin de un permanente carcter transitorio. No se crean en los tiempos perentorios todos los rganos que las leyes establecen. Se otorga potestades a instituciones y funcionarios que las leyes no han determinado. La falta de reglamentos permite un buen nmero de prcticas, que si bien pueden ser funcionales, generan dudas de su legalidad. Esto se ha dado, por ejemplo con los Consejos Comunales. Si bien la praxis es una de las mejores fuentes para formular las normas, tambin ampla peligrosamente la discrecionalidad de los sujetos involucrados. La observacin ha dado cuenta de ello en los resultados obtenidos en las entrevistas a organizaciones sociales y en entrevistas a voceros de los Consejos Comunales, encontrando que muchos de ellos han realizado el registro en la Guardia Nacional.

23 Tolerancia y Paz. Defensora del Pueblo. http://www.defensoria.gov.ve/lista. asp?sec=1908

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IV La apreciacin de las organizaciones civiles y funcionarios sobre los DHAPpARtIcIpAcIN ASocIAtIvAEn el estado Carabobo, las organizaciones tienen como misin la solucin de problemas sociales, la produccin de bienes y servicios, la defensa de derechos laborales, sociales y polticos, la conformacin de redes sociales, y la formacin y capacitacin, destinados fundamentalmente a la comunidad. De un total de 58 organizaciones, 15 son miembros de una red. En el Distrito Capital, las organizaciones se dedican al desarrollo humano, la defensa de los derechos y la actividad socioeducativa, mediante la formacin y capacitacin a la comunidad, el fortalecimiento de las organizaciones y la atencin social. Del total de 25 organizaciones entrevistadas en este estado, 19 son miembros de una red cuya caracterstica es la solidaridad social. En el estado Lara, las organizaciones enfocan sus labores en la prestacin de servicios, la promocin de organizaciones comunitarias, la formacin y la asistencia tcnica, junto a la produccin de bienes. En este estado, solamente 3 organizaciones pertenecen a redes. En el estado Mrida, las organizaciones tienen como fines el desarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida, la actividad socioeducativa y la defensa de los derechos, por medio de servicios a la familia y a la comunidad. En su mayora son miembros de redes. Tambin se han involucrado con Consejos Comunales.

pARtIcIpAcIN EN EL EStAdoLa convocatoria a participar ms frecuente obedece a fines relacionados con el suministro de informacin, tanto por las instituciones pblicas como la consulta o solicitud de informacin a la comunidad, la ejecucin y la planeacin participativa. Luego se observa como actividades menos frecuentes aquellas de carcter decisorio. De las 126 organizaciones

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entrevistadas, 73 (57.9%) expresaron haber participado en actividades conjuntas con el Estado, de las cuales 41 (56.1%) fueron invitadas directamente y 31 (42.4%) por iniciativa propia. Esto significa un gran inters por parte del Estado en contar con las organizaciones para la gestin pblica y, de las organizaciones, en participar en actividades pblicas y colectivas. Los medios de promocin y convocatoria son mayoritariamente escritos por comunicaciones y medios de comunicacin y en eventos de capacitacin.Nmero de Accin junto organizaciones al Estado 58 25 13 20 10 126 29 19 9 7 9 73 Iniciativa propia 14 4 4 0 9 31

Estados Carabobo Dtto. Capital Lara Mrida Zulia Total

Invitadas 15 15 5 7 0 41

Efectivamente, de las 126 organizaciones civiles, 73 participaron en actividades promocionadas por el Estado. Estas actividades son la prestacin de servicios y la ejecucin de planes y proyectos, las actividades de formacin y capacitacin y los encuentros de sectores en educacin, salud, produccin de bienes y servicios. En el estado Carabobo, de las 58 organizaciones entrevistadas, 29 manifestaron haber participado en actividades junto al Estado, 25 expresan haber sido invitadas, 14 participaron por iniciativa propia y 7 por convocatoria publicada en medios de comunicacin. Las actividades fueron: prestacin de servicios, conformacin de Consejos Comunales y Consejos Locales de Planificacin Pblica y eventos de formacin e informacin. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 19 manifestaron haber participado junto al Estado, de las cuales 15 fueron invitadas directamente. Las actividades tenan por objeto: la ejecucin de planes y proyectos, la formacin y capacitacin y encuentros del sector. En el estado Mrida, de las 20 organizaciones entrevistadas, 7 manifestaron haber participado en actividades junto al Estado, para la ejecucin de planes y proyectos, encuentros del sector y conformacin de Comisiones y grupos de trabajo. En el estado Zulia, de las 10 organizaciones entrevistadas, 9 manifestaron haber participado en actividades junto al Estado, todas ellas por iniciativa propia, para la ejecucin de programas y proyectos del Gobierno Nacional y el otorgamiento de crditos a los pequeos productores. En resumen, las organizaciones civiles han sido convocadas con las siguientes finalidades:


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Carabobo informacin Ejecucin Planeacin Participativa Control de Ejecucin Consulta Control Estratgico Concertacin Codecisin

Dtto. Capital informacin Consulta Planeacin Participativa Ejecucin Concertacin Control de Ejecucin Codecisin Control Estratgico

Lara informacin Consulta Ejecucin Concertacin Codecisin Control de Ejecucin Planeacin Participativa Control Estratgico

Mrida Ejecucin Consulta informacin Planeacin Participativa Control de Ejecucin Control Estratgico Concertacin Codecisin

Zulia informacin Planeacin Participativa Consulta Concertacin Co-decisin Ejecucin Control de Ejecucin Co-administracin

Para las organizaciones civiles los fines o alcances ms frecuentes de participacin en el Estado son la informacin y la consulta. Con leves diferencias, esto es corroborado por las instituciones pblicas.estAdos Actores Carabobo informacin Ejecucin Planeacin Participativa Control de Ejecucin Consulta informacin Consulta Control de Ejecucin Ejecucin Planeacin Participativa Dtto. Capital informacin Consulta Planeacin Participativa Ejecucin Control de Ejecucin Lara Mrida Ejecucin informacin Consulta Planeacin Participativa Concertacin Control Ejecucin Co-administracin Control Estratgico Concertacin Codecisin informacin Planeacin participativa Ejecucin Control Estratgico Control de Ejecucin Consulta Codecisin Zulia

Organizaciones Civiles

informacin Consulta Planeacin Participativa Concertacin Coadministracin

informacin Planeacin Participativa Consulta Concertacin Codecisin

Instituciones Publicas

informacin Consulta Ejecucin Concertacin

Ejecucin Planeacin Participativa informacin Concertacin Coadministracin

Los resultados de los fines o alcance de la participacin en el Estado son reafirmados cuando observamos los resultados acerca del asunto de la participacin. A continuacin se presenta la desagregacin por estado de los asuntos en los que se participa con mayor frecuencia.

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Carabobo Proyectos y programas sociales CLPP Consejos Comunales Contralora Social Formulacin de proyectos Diagnstico Participativo Cabildos Abiertos Comits Sectoriales Consulta Legislativa

Lara Formulacin de proyectos Consejos Comunales Proyectos y programas Sociales Diagnstico Participativo

Mrida Formulacin de proyectos Comits sectoriales Proyectos y programas Sociales Consejos Comunales Diagnstico Participativo iniciativa Legislativa Contralora Social CLPP

Zulia Formulacin de proyectos Comits Sectoriales Proyectos y programas Sociales Consejos Comunales iniciativa Legislativa Diagnstico Participativo

Dtto. Capital Consulta Legislativa Proyectos y programas Sociales Diagnstico Participativo Consejos Comunales Formulacin de proyectos CLPP

Las organizaciones civiles mencionan como asuntos prioritarios de su participacin en el Estado, la ejecucin de proyectos y programas sociales pblicos, la creacin y funcionamiento de Consejos Comunales, la formulacin de proyectos y los diagnsticos participativos en los 4 estados observados. Las instituciones pblicas en 3 de los estados asignan mayor prioridad a la formulacin de proyectos y programas sociales, mesas tcnicas y diagnstico participativo. Llama la atencin que mencionan tres asuntos que no aparecen como las ms frecuentes para las organizaciones civiles, estas son: la creacin o funcionamiento de los Consejos Locales de Planificacin Pblica, la Contralora Social y la Consulta Legislativa.ONG Proyectos y Programas Sociales Pblicos Consejos Comunales Formulacin de Proyectos Diagnstico Participativo Consejos Locales de Planificacin Pblica Comits Sectoriales Consulta Legislativa iniciativa Legislativa Cabildos Abiertos Contralora Social Instituciones Pblicas Proyectos y Programas Sociales Formulacin de proyectos Diagnstico Participativo Mesas tcnicas Consejos Locales de Planificacin Pblica Contralora social Consulta legislativa Consejos Comunales Cabildos Abiertos Comits sectoriales iniciativa legislativa Asambleas de Ciudadanos


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Las organizaciones civiles que expresan mayor actividad junto al Estado son las de fortalecimiento y desarrollo, las prestadoras de atencin y servicios sociales y las representativas de la comunidad. En menor grado estn las de derechos humanos y por ltimo las productoras de bienes y servicios.Han participado en actividades junto al Estado 24 16 4 24 5 73 70.5 % 37.2 % 57.1 % 68.5 % 71.4 %

Tipo de Asociacin Asociaciones prestadoras de Atencin y Servicios Sociales Productoras de bienes y servicios De Derechos Humanos Representativas de la comunidad De Fortalecimiento y Desarrollo Total

Total 34 43 7 35 7 126

ESpAcIoS y ASuNtoS dE coRRESpoNSAbILIdAdEn el estado Carabobo, las organizaciones civiles y las instituciones pblicas consideran como espacios de corresponsabilidad aquellos de prestacin de servicios sociales, Consejos Comunales y Consejos Locales de Planificacin Pblica. Los espacios de participacin, aquellos de coadministracin y codecisin, son los menos frecuentes. En el Distrito Capital, la corresponsabilidad se realiza en actividades de informacin, consulta, planeacin participativa y ejecucin, en espacios de consulta legislativa, proyectos y programas sociales, diagnsticos participativos, Consejos Comunales y las iniciativas legislativas. Los de coadministracin, concertacin y codecisin son los menos frecuentes. En el estado Lara, se especifican acciones conjuntas en mesas tcnicas, diagnsticos participativos, as como en programas promovidos desde el gobierno en salud, educacin y vivienda. En el estado Mrida, estos espacios son los Consejos Comunales, y en el estado Zulia, son los Consejos Locales de Planificacin Pblica y la contralora social, adems de la planeacin participativa.

Apoyo dEL EStAdo A LAS ASocIAcIoNESEn el estado Carabobo, los apoyos fundamentales del Estado a las asociaciones son el financiamiento, la capacitacin y la asistencia tcnica. De las 58 organizaciones entrevistadas, 27 reciban financiamiento pblico, en mayor medida del gobierno nacional, luego del estadal y, por ltimo, del gobierno local. Las 14 instituciones pblicas de este estado, sealaron contar con programas de capacitacin y asistencia tcnica

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para promover los Consejos Comunales y las organizaciones comunitarias deportivas, de vecinos, culturales y educativas. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 8 mencionaron recibir financiamiento del Estado, en mayor cantidad del gobierno nacional y estadal, que del gobierno local. Las organizaciones que ms reciben financiamiento son las representativas de la comunidad, las prestadoras de atencin y servicios sociales y las de derechos humanos. En el estado Mrida, los apoyos del Estado son los de financiamiento, capacitacin y asistencia tcnica. De las 20 organizaciones entrevistadas, 5 reciban financiamiento pblico, mayormente del gobierno estadal, luego del nacional y por ltimo del gobierno local. Las 9 instituciones pblicas de este estado sealaron igualmente contar con programas de capacitacin y asistencia para promover Cooperativas y Consejos Comunales. En el estado Lara, del total de 13 organizaciones entrevistadas, 9 manifiestan no recibir financiamiento del Estado y 4 dijeron estar recibiendo apoyo del gobierno estadal. Las instituciones pblicas tambin manifestaron tener programas de capacitacin dirigidos a Consejos Comunales. En el estado Zulia, del total de 12 organizaciones entrevistadas, 4 mencionaron recibir financiamiento del Estado, tanto del gobierno nacional como del local.

fAcILIdAdES A LA pARtIcIpAcINEn la mayora de las instituciones pblicas existen mecanismos para la comunicacin con el ciudadano como lneas telefnicas directas, oficinas de atencin ciudadana y pginas Web. En el estado Carabobo, de las 14 instituciones pblicas, 13 cuentan con Oficinas de Atencin al Pblico, 9 con servicios de recepcin de denuncias, 6 con lneas telefnicas directas y 1 mantiene actualizada su pgina Web. En el estado Mrida, las 9 instituciones pblicas visitadas cuentan con mecanismos de atencin al ciudadano como Oficinas de Atencin al Pblico, 5 tienen el servicio de recepcin de denuncias, 6 cuentan con lneas telefnicas directas, y 2 mantienen pginas Web. En el estado Lara, las 5 instituciones pblicas visitadas instituciones tienen oficinas de atencin al ciudadano, 1 tiene oficina de recepcin de denuncias y 3 cuentan con lneas telefnicas directas. En el estado Zulia, de las 12 instituciones pblicas visitadas, 5 tienen oficinas de atencin al pblico, 4 tienen servicio de asesora directa en las comunidades y 3 tienen todos los mecanismos: oficinas de atencin al pblico, lneas directas, recepcin de denuncias y asesora directa a las comunidades. La mayora de las instituciones pblicas cuenta con recursos econmicos para promover la participacin, sin embargo no informa los montos presupuestarios que disponen.


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coNdIcIoNES AdIcIoNALES pARA EL REGIStRo dE ASocIAcIoNESDe 126 entrevistas a ONGs, 16 (12.6%) reportaron exigencias adicionales a lo estipulado en las leyes, para el registro de las organizaciones debido fundamentalmente a disparidad de criterios entre instituciones, funcionarios y desconocimiento de las normas por parte de stos. De las 126 organizaciones, 16 (12.6%) reportaron trabas o restricciones para el registro o funcionamiento de las organizaciones:Organizaciones Civiles 58 25 13 20 10 126 Exigencias adicionales 15 0 0 1 0 16 Trabas o restricciones 5 4 0 7 0 16

Estados Carabobo Distrito Capital Lara Mrida Zulia Total

Entre las trabas se mencionan: Disparidad de criterios entre registradores y organismos rectores del Poder Ejecutivo. Trmites burocrticos. Disparidad de criterios entre funcionarios. Excesivos formalismos y solicitudes. Tener proyectos formulados. Poseer solvencia laboral. Lentitud en los trmites. Procedimientos confusos. Negacin de exencin de impuestos. Duplicidad de requerimientos por diferentes instituciones pblicas.

Las organizaciones civiles que ms expresaron trabas al registro fueron: las de fortalecimiento y desarrollo, las productoras de bienes y servicios y las de derechos humanos. En el estado Carabobo, 15 organizaciones reportaron exigencias adicionales para el registro de las mismas y 5 dijeron que haban tenido trabas o restricciones para realizar este trmite. De ellas, 3 eran productoras de bienes y servicios, 1 prestadoras de atencin y servicios sociales y 1 representativa. En el Distrito Capital, del total de las 25 organizaciones entrevistadas, 4 manifestaron haber encontrado trabas para el registro. De ellas 1 era prestadora de atencin y servicios sociales, 1 representativa de la comunidad, 1 de derechos humanos y 1 de fortalecimiento y desarrollo. Para el estado Mrida, de

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las 20 organizaciones entrevistadas, 7 manifestaron haber encontrado trabas para el registro. De ellas 5 eran productoras de bienes y servicios, de atencin y servicios sociales y de fortalecimiento y desarrollo. En los estados Lara y Zulia, ninguna organizacin manifest exigencias adicionales ni trabas o restricciones para el registro de las mismas.Nmero de organizaciones que han encontrado trabas 3 8 1 2 2 16 8.8 % 18.6 % 14.2 % 5.7 % 28.5 %


Total 34 43 7 35 7 126

ExIStENcIA dE mEdIoS dE vERIfIcAcIN dE LoS RESuLtAdoS dE LA pARtIcIpAcINLas instituciones pblicas mencionan como medios de verificacin ms utilizados: el seguimiento y la existencia de actas o documentos escritos. En el estado Carabobo, de las 29 organizaciones civiles que han participado en actividades junto con el Estado, 5 expresan contar con mecanismos de seguimiento, 3 con documentos que recogen los resultados, 2 cuentan con mecanismos de auditorias y control, 2 con la contralora social, 1 mediante el cumplimiento de normativas y ordenanzas, 1 mediante la cobertura en medios de comunicacin. En el Distrito Capital, de las 19 organizaciones civiles que han participado, 5 respondieron que los resultados se respetaran verificados por reuniones, 2 mediante mecanismos de seguimiento, 1 por registros propios y 1 por acuerdos escritos. En el estado Lara, se consideran las actas y acuerdos, as como el seguimiento a los casos y las visitas de los interesados cuando no han sido solucionados los asuntos o casos presentados. En el estado Zulia, la totalidad de las instituciones pblicas expresa que el medio de verificacin de los resultados ms utilizado son las actas. Las instituciones pblicas, en su mayora, expresan que cuentan con mecanismos de seguimiento, la fiscalizacin y control de la gestin, y la existencia de documentos como actas y contratos para la verificacin de los resultados.


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pRoGRAmAS dE INfoRmAcIN y EducAcIN pARA LA pARtIcIpAcINEn el estado Carabobo, la mayora de las organizaciones civiles prestan servicios de capacitacin y asistencia tcnica para la organizacin y participacin comunitaria. Los programas de capacitacin y asistencia de instituciones pblicas se orientan fundamentalmente a las cooperativas, los Consejos Comunales y los CLPP. De las 14 instituciones pblicas entrevistadas, 7 actan en coordinacin con las organizaciones civiles para la realizacin de estas actividades. En el estado Lara, las organizaciones realizan asesoras, capacitacin, promocin de la organizacin ciudadana, desarrollo local y programas sociales educativos que favorecen a personas, instituciones y grupos comunitarios. Los funcionarios indican que la informacin y educacin se hace a travs de su servicio en las oficinas, pero tambin en las comunidades a travs de charlas, cursos, informacin y promocin de las organizaciones en las comunidades. En el estado Mrida, las organizaciones civiles en su mayora, prestan servicios de capacitacin y asistencia tcnica para la organizacin y participacin comunitaria. igualmente los hacen las instituciones pblicas, incluso en coordinacin con las organizaciones civiles. Estos programas de instituciones pblicas se orientan fundamentalmente a cooperativas, Consejos Comunales y la educacin ciudadana. En el estado Zulia, todas las organizaciones prestan servicios de capacitacin y asistencia tcnica, as mismo realizan asesoras para la organizacin comunitaria. Los servicios ms destacados fueron: capacitacin y asesora tcnica, formulacin de proyectos, charlas informativas, organizacin comunitaria y procesamiento de productos. Las instituciones pblicas prestan sus servicios de capacitacin fundamentalmente a los Consejos Comunales.

pARtIcIpAcIN dEmocRtIcA, pLuRAL y EquItAtIvALas organizaciones civiles promueven la participacin en su interior mediante la toma de decisiones en asambleas, actividades de capacitacin y formacin, y realizacin de actividades de recreacin. Las instituciones pblicas, por su parte, dicen garantizar la pluralidad de la participacin mediante convocatorias abiertas por medios escritos y no solicitando carnet o informacin acerca de la afiliacin poltica de los participantes. En el estado Carabobo, 32 de 58 organizaciones civiles manifiestan promover la participacin a travs de asambleas (10), eventos (6), actividades educativas (5), trabajo en grupos (5), actividades recreativas (2) y suministro de informacin (2). Las decisiones son tomadas en asambleas y se decide en unas por mayora (5), de forma colegiada en otras (2), y de manera unipersonal (1). Las instituciones

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pblicas consideran que garantizan la pluralidad a travs de medidas como la atencin a todos, convocatorias a la comunidad en general y la solicitud de propuestas por escrito. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones, 23 promueven la participacin mediante reuniones, eventos de capacitacin y formacin, conformacin de comits o grupos de trabajo. La mayora toma las decisiones en Junta Directiva y en Asambleas. En el estado Lara, las 13 organizaciones civiles promueven la participacin por medio de reuniones, asambleas y planes y proyectos conjuntos. Los mecanismos de toma de decisiones son: por mayora (7), por consenso (1) o su combinacin (3). En las organizaciones de este estado, las asambleas y las consultas se mencionan slo en una. En el estado Mrida, las 20 organizaciones civiles manifiestan promover la participacin con asambleas e inclusin de sus miembros en Juntas Directivas. En el estado Zulia, las organizaciones promueven la participacin en asambleas abiertas en las comunidades.Estados Organizaciones civiles Asambleas y realizacin de eventos, actividades educativas y trabajos en grupo. Consulta a miembros, realizacin de reuniones para la reflexin y el debate, conformacin de equipos de trabajo y suministro de informacin a los miembros. Diversidad de sexos entre sus participantes y distribucin paritaria de gnero de los miembros. Instituciones pblicas Programas de capacitacin, formacin e informacin, consulta legislativas, mesas tcnicas, consejos comunales y asambleas, contralora social. Creacin de instancias encargadas de la participacin, los programas de capacitacin y formacin, visitas a las comunidades, medios escritos e invitacin a las organizaciones. No solicitud de requisitos adicionales y una atencin igualitaria en sus actividades Creacin de instancias encargadas de la participacin, los programas de capacitacin y formacin, visitas a las comunidades, medios escritos e invitacin a las organizaciones. Creacin de espacios de construccin colectiva, charlas y talleres.

Carabobo

Distrito Capital

Lara

Mrida

Toma de decisiones en asambleas.

Zulia

Toma de decisiones en asambleas y en Juntas Directivas.

En el estado Carabobo, todas las organizaciones expresaron la promocin de mecanismos democrticos para la toma de decisiones a travs de asambleas. Los requisitos para la incorporacin a la organizacin son fundamentalmente conocimientos, motivacin y ser residente de la localidad. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 23 expresaron la promocin de mecanismos democrticos. La mayora toma decisiones en Comits y Juntas Directivas, de forma colegiada y mediante consulta. Los requisitos para la incorporacin a las organizaciones son fundamentalmente la sensibilidad social, el compromiso y la


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disciplina y el estar de acuerdo con los estatutos y filosofa de la organizacin. En el estado Mrida, todas las organizaciones expresaron promover mecanismos democrticos para la toma de decisiones, por medio de asambleas. Los requisitos para la incorporacin a la organizacin son la sensibilidad social, la disciplina y el acuerdo con los estatutos y filosofa de la organizacin y la sensibilidad social. igualmente, en el estado Lara, todas las organizaciones manifestaron contar con mecanismos de dilogo aplicados en reuniones, asambleas, planes, proyectos, y comisiones. En el estado Zulia, de las 12 organizaciones, 11 promueven la participacin mediante la realizacin de asambleas de socios en las cuales se toman las decisiones. Los requisitos para la incorporacin a la organizacin son: pertenecer a la comunidad, cumplir con la normativa de la organizacin y tener vocacin de trabajo comunitario. Por gnero, en el estado Carabobo, el nmero de mujeres incorporadas a las organizaciones supera al de los hombres. En las 58 organizaciones, 3389 son mujeres y 1898 hombres. En el Distrito Capital, el nmero de hombres miembros supera al de las mujeres. En las 25 organizaciones, 1.775 son mujeres y 2.182 hombres. En el estado Mrida, el nmero de mujeres miembros supera al de los hombres. En las 20 organizaciones, 286 son mujeres y 179 hombres. Solo en las de Derechos Humanos se invirti la proporcin, con un 60% hombres y 40% mujeres.Tipo de Asociacin Prestadoras de atencin y servicios sociales N de asociaciones 34 N de hombres 880 N de mujeres 413 Requisitos ms frecuentes Conocimientos Sensibilidad social Ganas de trabajar Pertenecer a la comunidad Motivacin Compromiso Acuerdo con la filosofa y disciplina de la organizacin Sentido de responsabilidad Ser residente Motivacin Ser productor Acuerdo con la filosofa del cooperativismo Cumplir con la normativa Ganas de trabajar Edad Acuerdo con la filosofa y disciplina de la organizacin Poseer habilidades para el trabajo comunitario Cumplir la normativa de la organizacin Ser residente Compromiso Motivacin

Derechos humanos

43

127

102

Productoras de bienes y servicios

7

1.566

2.025

Fortalecimiento y desarrollo

35

375

386

Representativas

7

3.073

1.612

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dIScRImINAcIN poLtIcA y otRoS motIvoS dE dIScRImINAcINDe las 126 organizaciones civiles, 16 (12.69%) manifestaron haber sido objeto de discriminacin por motivos polticos, mientras que 58 (46.03%) expresaron que el trato a las organizaciones civiles por parte del Estado no es igualitario. En el estado Carabobo, de 58 organizaciones entrevistadas, 4 consideran haber sido discriminadas por motivos polticos. Ante la pregunta si han recibido trato igualitario por parte del Estado, de las 58 organizaciones, 36 respondieron que s y 15 que no. Estas ltimas ofrecen las siguientes razones: Preferencia por afiliacin poltica (3) Falta de apoyo (3) No cumplen lo solicitado (2) No somos tomados en cuenta (1) Manejo discriminatorio de la informacin (1) Mala Administracin (1) En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 7 respondieron haber sufrido discriminacin por fijar posicin ante la vulneracin de derechos (2) y no ser tomadas en cuenta (5). De stas, 20 organizaciones respondieron que no recibieron trato igualitario por parte de las instituciones pblicas por las siguientes razones: Preferencia por afiliacin poltica (11) No existen canales (1) No precisan (5) Desconocidas (1) No toman en cuenta las sugerencias (2) En el estado Lara, de las 13 organizaciones civiles entrevistadas, 11 manifestaron que no hay discriminacin, mientras que 2 contestaron que s la hubo por motivos polticos. En el estado Mrida, de 20 organizaciones entrevistadas, 5 consideraron haber sido discriminadas, 4 por razones polticas y 1 por otra condicin. Asimismo, 10 organizaciones respondieron que no haban recibido trato igualitario por parte de las instituciones pblicas, debido a los siguientes motivos: Preferencia por afiliacin poltica (7) Centralismo discrimina a la provincia (1) Doble discurso del Estado (1) Otras preferencias (1)


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Estados Carabobo Distrito Capital Lara Mrida Zulia Total

Organizaciones 58 25 13 20 10 126

cAsos de discriminAcin Poltica otras 4 5 2 4 1 16 0 2 0 1 2 5

Trato no igualitario 15 20 11 10 2 58

La discriminacin poltica es expresada fundamentalmente por las organizaciones civiles de fortalecimiento y desarrollo y de derechos humanos. En el estado Carabobo, las 4 organizaciones que expresaron discriminacin por motivos polticas eran: 1 representativa de la comunidad, 1 prestadora de atencin y servicios sociales, 2 productoras de bienes y servicios. En el Distrito Capital, las organizaciones que expresaron discriminacin fueron: 2 de derechos humanos, 2 de fortalecimiento y desarrollo y 1 prestadora de atencin y servicios sociales. En el estado Mrida, las organizaciones que expresaron mayor discriminacin por razones polticas fueron 2 de productoras de bienes y servicios, 1 de derechos humanos y 1 de fortalecimiento y desarrollo. Las prestadoras de servicios no presentaron ningn caso. En el estado Lara, de 11 organizaciones entrevistadas, 2 de fortalecimiento y desarrollo sealaron ser discriminadas por su condicin poltica. En el estado Zulia, 1 organizacin prestadora de atencin y servicios sociales manifest ser discriminada por no pertenecer al partido de gobierno.N de organizaciones discriminadas por motivos polticos 3 4 3 1 5 16 8.8 % 9.3 % 42.8 % 2.8 % 71.4 %


Total 34 43 7 35 7 126

Los casos de discriminacin por otros motivos distintos a los polticos son muy escasos. De los 16 casos expresados por las organizaciones civiles, 5 son por ViH, crticas al desempeo gubernamental, gnero y centralismo. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 2 expresaron discriminacin por condicin de ViH y defensa de derechos humanos. En el estado Mrida, de 20 organizaciones entrevistadas, apenas 1 expres discriminacin por condicin de ViH. En

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el estado Zulia, 3 de las 10 organizaciones entrevistadas consideraron haber sufrido discriminacin: 1 por motivos de gnero, 1 por posicin crtica ante la mala gestin gubernamental y 1 por el partido de gobierno. Unas 8 de estas organizaciones respondieron que no haban recibido trato igualitario por parte del Estado, debido a trfico de influencias y discriminacin por gnero.

REpRESALIAS poR dISENSoDe las 126 organizaciones, 13 (10.31%) expresaron que hubo represalias a la participacin. Sin embargo, la mayora no hace la denuncia ni especifica el tipo de represalia recibido. En el estado Carabobo, de las 58 organizaciones entrevistadas, 5 manifestaron haber recibido represalia por su participacin, de las cuales 2 lo denunciaron ante la Defensora del Pueblo y los medios de comunicacin. En el Distrito Capital, de las 25 organizaciones entrevistadas, 5 expresaron haber sufrido represalias. Entre ellas se mencionan: presiones financieras por impuestos, la no atencin en instituciones del Estado y amenazas personales. En el estado Lara, de las 13 organizaciones entrevistadas, slo 2 indicaron haber recibido represalias por su condicin poltica. En el estado Mrida, de las 20 organizaciones entrevistadas, 1 manifest haber recibido represalias por su participacin. Hizo la denuncia ante autoridades y en eventos pblicos. En la informacin de prensa sobre manifestaciones se recogen represalias como desalojo de la vivienda, amenazas de no entrega de vivienda o incautacin de mercanca.

los consejos comunales y el parlamentarismo de calle

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