observatorio de la infancia - 1bsujdjqbdjwo f jodjefodjb ef … · 2019-07-24 · que marca el...

ColeCCión libros FlAPe 9

Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso mexicano

Bertha Salinas Amescua

Silvia Elena Amador Pérez

Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE

(www.foro-latino.org)

Coordinación general

Pablo Venegas. Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas - PIIE, Chile

Coordinaciones nacionales

Fanny Muñoz, Perú

Ingrid Sverdlick, Argentina

Rafael Lucio Gil, Nicaragua

Miguel Ángel Rodríguez, México

Pablo Gentili, Brasil

Pablo Venegas, Chile

Orlando Pulido, Colombia

FLAPE es una iniciativa interinstitucional destinada a generar y ampliar espacios de encuentro y articulación de organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de la educación pública. FLAPE pretende involucrarse y comprometerse con el desarrollo de procesos democráticos de cambio educativo y con la promoción de estrategias de movilización social centrados en el reconocimiento del derecho inalienable a una educación de calidad para todos los latinoamericanos y latinoamericanas.

Instituciones miembros de FLAPE:

Foro Educativo - FE, Perú (www.foroeducativo.org.pe)

Laboratorio de Políticas Públicas - LPP, Argentina (www.lpp-buenosaires.net)

Observatorio Centroamericano para la Incidencia en las Políticas Educativas – OCIPE/IDEUCA, Nicaragua (www.uca.edu.ni/institutos/ideuca)

Observatorio Ciudadano de la Educación - OCE, México (www.observatorio.org)

Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas - OLPED, Brasil (www.olped.net)

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación - PIIE, Chile (www.piie.cl)

Universidad Pedagógica Nacional - UPN, Colombia (www.pedagogica.edu.co)

piie

Observatorio

educaciónC I U D A D A N O D E L A

ducativooro

OCIPE - IDEUCA

L P

PLABORATORIO DEPolíticas Públicas

Colección Libros FLAPE

Coordinación editorial: Ingrid Sverdlick

Asistente editorial: Paula Costas

Corrección editorial: Teresa Cillo

Diseño gráfico y armado: Beatriz Burecovics y Leticia Stivel

Primera edición: marzo de 2007

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de este libro, citando la fuente y enviando copia de la publicación al Foro Latinoamericano de Políticas Educativas:

Laboratorio de Políticas Públicas - Buenos Aires (LPP)Tucumán 1650 2º E, Buenos Aires

Secretaría General de FLAPE - Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)Dalmacia 1267, Providencia, Santiago

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el presente libro incumben exclusivamente a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de FLAPE.

FLAPE cuenta con el apoyo de la Fundación Ford

Salinas Amescua, Bertha

Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas:

el caso mexicano / Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez. - 1a ed. -

Buenos Aires : Fundación Laboratorio de Políticas Públicas, 2007.

E-Book. (Libros FLAPE; 9)

ISBN 978-987-23507-3-4

1. Políticas Públicas . 2. Políticas Educativas . I. Amador Pérez, Silvia Elena II. Título

CDD 379.972

Fecha de catalogación: 11/04/2007

Índice

Introducción 7

Capítulo 1. Breve contexto: dos actores, dos proyectos 11

Algunos rasgos del Estado mexicano 11

Aportes de la sociedad civil a la democratización del espacio público 13

Una coyuntura política crítica (2006) 15

Capítulo 2. Marco conceptual: participación ciudadana e incidencia en política pública 17

Precisión de términos claves en este estudio 17

Participación ciudadana: categorías teóricas 19

Participación en las políticas: diversas perspectivas 27

Matriz de análisis de los ejes de participación e incidencia en política 35

Capítulo 3. Análisis de tipos de participación e incidencia en política educativa en México 39

La participación en política educativa: la simulación del Estado y las iniciativas de la sociedad civil 39

Matriz de análisis de participación e incidencia civil en educación 45

Descripción de algunos casos visibles o documentados 51

Conclusiones 57

Anexos 59

Bibliografía 63

�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

introducción

El presente estudio fue solicitado por el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (OCE-FLAPE) México. FLAPE es un organis-mo no gubernamental que incluye organizaciones de siete países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y Perú) y de-sarrolla una articulación interinstitucional para poder incidir en po-líticas educativas a nivel regional. En el verano de 2006 se propuso realizar, en todos los países, un estudio titulado: Participación e in-cidencia de la sociedad civil en política educativa.

En el caso de México se realizó la presente investigación en el escaso tiempo de cuatro meses de trabajo. La misma se centró en el período 2000-2006 porque, durante este sexenio, se intensificaron las iniciativas civiles para participar en política educativa ante las expectativas de apertura del primer gobierno de la alternancia.

Para abordar el tema propuesto por FLAPE, se partió de la siguien-te hipótesis de trabajo: por un lado, la escasez de investigaciones y experiencias documentadas de participación civil en educación y su limitada visibilidad pública y, por otro, la ambigüedad conceptual de los términos de participación e incidencia. Se asumió como premisa que en México existen múltiples esfuerzos y acciones para transfor-mar “lo educativo”, que no se declaran o reconocen como sujetos ac-tivos en política educativa. Por tanto, nos pareció necesario intentar

Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano�

dar cuenta de la diversidad, complejidad y dinamismo de las iniciati-vas civiles, en el contexto de una democracia incipiente y puesta en cuestión. En este sentido, no es objeto de estudio el análisis históri-co del marco jurídico ni de las iniciativas del Estado para demandar o abrir la participación. Cabe aclarar que no se consideró viable ni prioritario analizar un caso emblemático como originalmente sugirió FLAPE.

El propósito es construir una matriz de análisis de la participa-ción y la incidencia de las organizaciones civiles (OSC) en política educativa. Así como ensayar su aplicación al caso de México para ejemplificar la diversidad de estrategias en curso.

Las siguientes preguntas guiaron el trabajo: ¿en qué espacios y con qué estrategias participan diversas organizaciones de la socie-dad civil mexicana en la política educativa? ¿cuál es su posible inci-dencia pública?

Se consideraron a las OSC cuya orientación y prácticas tienen una intencionalidad de transformación de la vida democrática mediante lo educativo, ya sea a nivel local, regional o nacional.

La metodología estuvo determinada por el limitado tiempo y la falta de recursos para realizar un trabajo empírico sistemático. El proceso de acercamiento al objeto de estudio, se caracterizó por un ir y venir entre las prácticas y la teoría. El conocimiento de las prác-ticas se realizó mediante entrevistas con ocho actores claves,1 la re-visión de memorias de eventos, páginas institucionales electrónicas y notas de prensa. También conversamos con organizaciones civi-les locales para explorar cómo percibían su participación en política educativa, en el marco de dos eventos regionales organizados por FLAPE-México en Mérida, Yucatán y Cuetzalan, Puebla.2 La búsque-da de fuentes documentales intentó recoger trabajos previos sobre el tema de la participación en México, así como marcos conceptuales

1 En el Anexo 1 se presentan los nombres de los entrevistados, a quiénes agradece-mos su tiempo y valiosos aportes para facilitarnos una comprensión interpretativa del tema.2 En Mérida, Yucatán, el Foro se realizó el 6 y 7 de octubre de 2006 y participó un grupo de OSC que aparece en los anexos. Igualmente ocurre con los participantes en el Foro de Cuetzalan, llevado a cabo el 9 de octubre de 2006.

�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

de participación, política pública e incidencia que resultaran adecua-dos a la realidad latinoamericana. El contacto con los investigadores que tuvieron a cargo el estudio en los países que integran FLAPE, aunque breve, también permitió un distanciamiento para identificar la particularidad del caso mexicano, por contraste con los otros paí-ses de América latina.

La elaboración de la matriz partió del análisis de diferentes con-cepciones sobre la participación, la incidencia y la política pública, recurriendo a teorías sociológicas. Para ejemplificar casos en la matriz, se eligieron aquellas OC que actualmente son más visibles y de las que tuvimos acceso a la información. Tras ejemplificar en la matriz los casos y sus estrategias de acción, se intentó una interpre-tación global de la diversidad reflejada en la matriz. Finalmente, se presenta una descripción narrativa de cinco de los casos.

Asumimos que todo proceso interpretativo adopta la mirada del investigador y está situado en un contexto social, político e ideológi-co. Es preciso reconocer que, tratándose justamente de la apertura y restricciones de los espacios de participación civil, el desarrollo del estudio (segundo semestre de 2006), estuvo atravesado por una gran convulsión social y política de hondas raíces históricas.

Organización del reporte

La primera parte describe brevemente el contexto destacando algunas características del Estado mexicano, las iniciativas civiles para democratizar la sociedad y la crisis de la coyuntura política de 2006. Estos elementos son necesarios para comprender el escenario que marca el fenómeno de la participación e incidencia civil en edu-cación. En la segunda parte, se propone el marco conceptual, donde se precisa la diferencia entre los términos de participación e inciden-cia, y se revisan categorías teóricas sobre participación ciudadana y participación en políticas. Esta última distingue entre la visión gu-bernamental y la visión de la sociedad civil. A modo de integración se propone la primera versión de la matriz de análisis, aplicable a la participación en políticas públicas en general. La tercera parte se centra en el caso de México y concretamente en su política educa-tiva. Se aplica la matriz de análisis para ejemplificar casos de par-

Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano10

ticipación e incidencia. Una interpretación global de dicha matriz va seguida de la descripción de cuatro casos. Finalmente, en la cuarta parte se establecen las conclusiones.

11Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

capÍtulo 1. Breve contexto: dos actores, dos proyectos

Este estudio involucra a dos grandes actores. Por un lado al Estado en su calidad de responsable de políticas públicas y, por otro lado, a la sociedad civil como protagonista de las transformaciones sociales.

Algunos rAsgos del estAdo mexicAno

El fuerte Estado burocratizado, el corporativismo social y el carác-ter cerrado del sistema educativo son rasgos del Estado mexicano que nos ayudarán a comprender las limitaciones para la participa-ción civil.

Como herencia de los ideales de la revolución de 1910, el Estado asume los grandes compromisos sociales establecidos en la Constitución de 1917 como el derecho a la educación, el reconoci-miento de la pluriculturalidad, el reparto de tierras, el derecho a la salud y a la vivienda digna, entre otros (Palacios, s/f). Así, la política educativa posrevolucionaria se caracterizaba por tres principios: pú-blica y gratuita (bajo la responsabilidad del Estado), universal (para todos) y laica (separada de connotaciones religiosas).

Se crearon fuertes instituciones por la vía de la negociación en-tre el Estado y los sectores populares como obreros, campesinos


y maestros. Los sindicatos representaban la vía casi exclusiva de participación aunque de manera corporativizada. En el caso del ma-gisterio, los acuerdos se realizan entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), que cuenta con una extensa estructura organizacio-nal, y los líderes del sindicato nacional de trabajadores de la educa-ción (SNTE) que sigue siendo uno de los sindicatos más numerosos a nivel nacional, acusado de corrupción y con una importante fuerza política.

El Estado fue creando una especie de impermeabilidad hacia otras influencias que no provinieran de las organizaciones corporativas y empresariales. Los acuerdos sectoriales y la definición de políticas públicas se han caracterizado por la poca consulta, deliberación y transparencia.

Las políticas sociales de este omnipresente Estado han venido adaptándose a las políticas neoliberales de las últimas dos décadas, mediante de reducción del gasto social y la privatización, bajo los argumentos de apertura económica o modernización y eficiencia productiva. Se realizan privatizaciones de algunos servicios públi-cos y firmas de tratados internacionales con opacidad, sin mediar consultas públicas.

Las desigualdades económicas y sociales se profundizan y, con ellas, el descontento social. Al poco tiempo de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, se da a co-nocer el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primer día de enero de 1994.

El gobierno que ejerció el poder estuvo en manos de un mis-mo partido político, durante 70 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cada seis años la elección presidencial no era sino un rito formal en el que el presidente de turno entregaba el po-der a un sucesor designado por él, lo que reforzaba el conformismo y la apatía electoral de la población. Sin embargo, en las elecciones de 1988 gran parte de la población compartía la sospecha razonable de una manipulación fraudulenta de los votos que mantendrían al PRI en el poder. Fue recién en el año 2000 cuando se produjo un cambio, resultando electo el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) de orientación conservadora.


Aportes de lA sociedAd civil A lA democrAtizAción del espAcio público

Las organizaciones civiles y los movimientos populares consti-tuyen el polo activo de la sociedad civil mexicana, que ha logrado la apertura de espacios y transformaciones graduales en medio de una gran adversidad por los rasgos autoritarios y corporativos del Estado mexicano.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de promoción y desarrollo tienen sus orígenes en los inicios de los años 1960; mu-chas de ellas son de raigambre católica aunque en la actualidad, la mayoría es laica. Éstas se han multiplicado y especializado en áreas de acción, avanzando en sus niveles de coordinación mediante redes y organizaciones de segundo nivel (Penso, 2001).

Algunos analistas ubican al movimiento estudiantil de 1968 como el “parteaguas” que imprime dinamismo a las luchas sociales y populares por los derechos humanos y la democratización de las estructuras de poder. A partir de ese período se han desarrollado múltiples esfuerzos transformadores, con muy diversas estrategias, formas organizativas y orientaciones ideológicas. Entre ellas figuran los movimientos populares, las ONG, las asociaciones profesiona-les, los movimientos armados y el zapatismo en el sureste.

De todo este abanico es imposible dar cuenta en este documento; tal vez lo que interesa destacar es el horizonte común por participar para transformar el Estado autoritario, abrir espacios de expresión y pugnar por la justicia social. Los logros acumulados de esta activa y compleja sociedad civil, no son fácilmente visibles ni pueden atri-buirse a un solo actor o movimiento. Lo que sí puede afirmarse es que gran parte de los cambios democráticos que México ha experi-mentado en los últimos treinta años, son conquistas civiles, aunque el Estado los presente como iniciativas propias. A título de ejemplo, mencionamos algunos de los campos de incidencia:

la promoción y vigencia de los derechos humanos mediante la creación de organismos descentralizados encargados de la vigi-lancia y la denuncia;

»


los derechos reproductivos de las mujeres y la equidad de géne-ro, que se han incorporado en programas sociales, políticas de salud y en la misma administración pública como eje transversal, lo que hubiera sido imposible sin la intensa actividad de múlti-ples ONG y movimientos de mujeres;

los avances en la democratización y transparencia de los pro-cesos electorales que se deben al persistente trabajo de lo que Bailey (1998) llama las “ONG cívicas”, aglutinadas en la red Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia;

la ciudadanización del organismo electoral federal, lo que hoy se conoce como el Instituto Federal Electoral (IFE), la observancia electoral y el acceso público a los resultados, entre otros.

En el tema ambiental también las organizaciones sociales han logrado posicionar el tema en la agenda pública, realizar vigilan-cia, propuestas y denuncias. Los primeros avances en la rendición de cuentas y transparencia del ejercicio del gobierno, también son una clara aportación de las organizaciones sociales. En efecto, la primera iniciativa de ley sobre transparencia fue gestada desde el año 2000, por el Grupo Oaxaca quien, con el concurso de otros actores, logra que el 30 de abril de 2002 el Congreso de la Unión apruebe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para dar cumplimiento a dicha ley se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) (Castellanos y otros, 2005).

Existen importantes aportes a la construcción de alternativas de desarrollo local. Múltiples proyectos con mujeres, jóvenes, niños, in-dígenas, productores, migrantes, etc., se desarrollan en casi todos los estados de la República, impulsados por ONG, universidades y fundaciones. Desde otra dinámica y lógica política, en el sureste del país, el movimiento zapatista ha puesto en marcha programas alter-nativos de salud, producción, educación y derechos indígenas, en el marco de estructuras paralelas de autogobierno.

Los logros y avances de las organizaciones civiles y movimientos, en las temáticas mencionadas, contrastan con los limitados logros y espacios de participación civil en la política educativa.

»

»

»


unA coyunturA políticA críticA (2006)

En el año 2006 el partido en el poder (PAN) es declarado nue-vamente ganador de las elecciones, tras una impugnación de re-sultados y un estrecho margen de diferencia (menos del 1% de la votación), nunca antes registrados en la historia, en medio de serias dudas acerca de la transparencia en el financiamiento de las cam-pañas y del sistema de cómputo de votos. Se denuncian acuerdos corporativos entre los partidos políticos (PRI y PAN) con el sindicato nacional de maestros y con grandes empresarios para manipular el voto. Debido a esto –y en buena parte por la influencia sesgada de los medios masivos de información– se produce una polarización de la sociedad entre quienes apoyan al gobierno de turno y quienes proponen un proyecto distinto de nación. Tal situación ha dado lugar a una serie de conflictos y movimientos sociales como el de la resis-tencia civil pacífica y la creación de un gobierno alternativo.

Por otro lado, la precarización de las condiciones de vida de grandes sectores de la población ha ocasionado el surgimiento de movilizaciones, conflictos y huelgas por el cierre de empresas, espe-cialmente en los sectores azucarero y minero. En Oaxaca, uno de los estados históricamente más afectados por la pobreza y con una am-plia población indígena, surge un movimiento de maestros disiden-tes del sindicato oficial que, posteriormente, agrupa a otros sectores y deviene en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Actualmente incorporan a sus demandas el ejercicio de derechos como el deponer a sus gobernantes, la dignificación de las condicio-nes laborales y de vida, la calidad de la educación, etcétera.

El panorama anterior nos da una breve idea de la complejidad del contexto social y político de México que nos permite entender las di-ficultades de la participación así como seleccionar las perspectivas teóricas pertinentes.

Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano1�

1�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

capÍtulo 2. Marco conceptual: participación ciudadana e incidencia en polÍtica púBlica

precisión de términos clAves en este estudio

El título dado por FLAPE al estudio latinoamericano contiene varios referentes. La relación entre éstos la interpretamos de la si-guiente manera: las organizaciones civiles son el sujeto activo que se vincula con otro referente que es la política educativa. Ambos re-ferentes se unen mediante la acción de las OSC, la participación y la incidencia que realizan las organizaciones civiles. De aquí la impor-tancia de precisar estos términos que constituyen el elemento activo implicado en el estudio.

A las organizaciones civiles las definiremos operacionalmente en este documento, sin pretensiones de dilucidar la compleja discu-sión conceptual sobre un término en constante dinamismo como es “sociedad civil”. Consideraremos a las organizaciones civiles como aquellas que buscan fines públicos, sin fines de lucro ni beneficio personal, cuya orientación y estructura organizativa es independien-te del Estado y del mercado o empresa privada (Penso, 2001). En el estudio incluimos a las organizaciones, asociaciones y movimientos con muy variadas estructuras y estrategias de acción, independien-temente de su formalidad legal y de su carácter permanente o coyun-tural. El denominador común es la búsqueda de transformaciones profundas encaminadas a la equidad, la justicia y la vigencia plena


de los derechos humanos y que específicamente actúan en el campo educativo. Por tanto, no se incluyen organizaciones civiles, laicas o religiosas, de orientación conservadora, que buscan la preservación de la inequidad o la anulación de los principios rectores de la educa-ción mexicana, pública, gratuita y laica.

Reconocemos que existe una dificultad conceptual para distin-guir participación e incidencia. En la práctica, frecuentemente, se utilizan como sinónimos y en ocasiones se diferencian claramente según la perspectiva de los mismos actores. La diversidad de signi-ficados que se da a los términos participación e incidencia responde a los usos que les atribuyen en función de los contextos históricos, sociales e ideológicos donde tienen lugar las prácticas vivas.

Se trata pues de términos dinámicos, en permanente construcción y resignificación, que dan cuenta de una realidad social latinoame-ricana en continua transformación y en debate sobre sus sistemas y vías democráticas. En consecuencia, en este documento, no preten-demos establecer una conceptualización única, válida y estática de dichos términos, porque asumimos que la dinámica de la acción re-basa los aparatos conceptuales con los que contamos. Lo que inten-taremos es definir un enfoque que sirva de postura y, a la vez, como una operacionalización de orden pragmático.

Abordaremos estos términos como dos ejes. Un eje será la parti-cipación, que es la acción intencionada de un colectivo para tomar parte en algún asunto con determinados propósitos. Participar tiene un valor como proceso donde el polo importante es quien realiza la acción de participar (¿quién? ¿con qué motivaciones? ¿con qué di-námica y mediante qué estructura?) más que el objeto de su parti-cipación y sus logros. En este caso, veremos a las organizaciones civiles como el actor que al participar se constituye a sí mismo, se hace visible y desata procesos.

El otro eje es la incidencia, que la entenderemos como un proceso con efectos en la esfera pública que se da en el objeto o asunto en que se participa mediante determinadas estrategias en la política educa-tiva. Este efecto puede ser intencional o no, directo o indirecto.


Evidentemente participación e incidencia son dos elementos in-terrelacionados de un mismo proceso, es decir, al participar se in-cide. La distinción radica en que participación la orientamos hacia el sujeto e incidencia hacia el objeto específico; ambos son vistos como procesos.

El siguiente esquema pretende representar los énfasis que dare-mos a los términos.

ParticiPación

OrGaniZaciOnES POLÍtica ciViLES EDUcatiVa

incidencia

aSUntOSPúbLicOS

pArticipAción ciudAdAnA: cAtegoríAs teóricAs

Participación según corrientes de las ciencias sociales

Iniciamos con la conceptualización de la participación en gene-ral, con énfasis en la intencionalidad y los niveles de autonomía y poder.

El marco más amplio que adoptamos proviene de las grandes tradiciones de las ciencias sociales que permiten explicar la con-ducta participativa individual, la naturaleza del proceso, así como interpretar sus consecuencias para la sociedad y la persona. Las tres corrientes que abordaremos son: la liberal, la acción integra-

Estr

ateg

ia1

Estr

ateg

ia2

Estr

ateg

ia3


dora y la movilización colectiva, basadas en el trabajo de Corvalán y Fernández (1998).

Estos autores proponen las corrientes de la participación recu-rriendo a las principales tradiciones de las ciencias sociales e identi-ficando tres elementos que las diferencian:

la funcionalidad de la conducta participativa para satisfacer ne-cesidades del individuo que explica su motivación para asociarse con otros y participar;

el tipo de estructura que se genera en el proceso, por quién es determinada; si representa una entidad nueva o se limita a la suma de individuos;

el grado de conciencia de los individuos del proceso de participa-ción y de las necesidades que cubren.

a) La primera gran tradición de las ciencias sociales

Su raíz proviene del pensamiento surgido de la Revolución Francesa y sienta las bases económico-sociales de la sociedad oc-cidental moderna caracterizada por el capitalismo y la democracia. El pensamiento liberal tiene implicaciones directas en el tema de la participación, ya que en la vinculación del individuo con lo colectivo se prioriza la responsabilidad y la libertad individual. La participa-ción, por tanto, es la suma de intereses individuales para satisfacer necesidades que requieren del colectivo, que nunca será superior a la agregación de individuos. A la pregunta ¿qué mueve al individuo a participar, cómo lo hace y sobre qué bases? nuestros autores de referencia afirman:

“…las respuestas que la tradición liberal da a estas preguntas tie-nen relación, por un lado, con la reafirmación de la misma indivi-dualidad, es decir el autorreconocimiento de necesidades que no pueden ser satisfechas por el propio individuo.

Por otro lado la respuesta liberal a la conducta participativa inclui-ría también una capacidad del individuo para primero reconocer la existencia de tales necesidades y luego establecer, mediante una conducta participativa o cooperativa, un camino para satisfa-cerlas” (Corvalán y Fernández, 1998, p. 7).

»

»

»


La participación así entendida tiene un sentido funcional y con-ciente ya que el individuo expresa y conoce sus necesidades y busca medios de asociación y participación para satisfacerlas. Un efecto positivo de la participación es que facilita el equilibrio del sistema social y sirve al mercado para regular la oferta y la demanda. En el diseño y gestión de políticas sociales la participación liberal es con-siderada benéfica en temas como el accountability y la supervisión de la calidad de los servicios sociales.

b) La segunda gran tradición de las ciencias sociales

Lo específico de este enfoque radica en la conciencia y motiva-ción del individuo a participar y la definición externa de los espacios y modalidades para hacerlo. Se relaciona con la perspectiva socio-lógica de Durkheim y con la sociología de la modernización. Al igual que en la tradición liberal la participación es concebida como una conducta individual, pero difiere en que la motivación y decisión de asociarse está determinada desde afuera por instancias externas que deciden las necesidades a satisfacer y, a la vez, determinan los espacios y procesos para participar. La motivación no responde a una demanda propia y conciente de los individuos, sino se la trata de integrar a un proceso predefinido.

La acción integradora ha sido parte de un paradigma de política y acción social, que marcó a los estados benefactores del siglo xx de Europa y América latina, que impulsaron la universalización de la educación y la salud. La participación ha sido valorada por sus efectos positivos para el sistema porque aumenta la productividad, activa el mercado y produce cohesión social; de aquí la importancia de que los sectores más desintegrados o marginales participen en la vida nacional para obtener los beneficios de una sociedad organi-zada y del Estado. Esto explica porqué las necesidades a satisfacer al participar y los espacios de integración no son definidos por el individuo sino por otros agentes, generalmente el Estado.

Nuestros autores destacan elementos comunes entre los dos pri-meros enfoques planteados:


“…al igual que en la liberal, la participación es analizada en ins-tancias que son reductibles a la agregación de individualidades, puesto que no se enfatiza la constitución de actores colectivos autónomos” (Corvalán y Fernández, 1998, p.10).

c) La última gran tradición de las ciencias sociales: la participación como movilización colectiva

La participación que se orienta fundamentalmente a crear un ac-tor colectivo con reinvindicaciones, demandas y recursos propios es lo distintivo de este enfoque, que encuentra su base teórica en los años 1960 en la sociología de los movimientos sociales. Se destaca aquí el aporte de Alain Touraine, quién propone que la identidad, la oposición y la totalidad son los elementos que constituyen a dichos movimientos. Esto se traduce en la capacidad de reconocerse como movimiento, identificar a un adversario y visualizar el escenario glo-bal en que tiene lugar la reivindicación.

En este enfoque el individuo se asocia con otros que comparten una motivación e intención y problemática en vistas a construir un proyecto colectivo. Los requisitos de la participación son la afirma-ción de un proceso identitario donde se reconoce a los pares, la iden-tificación de las fuerzas que se oponen al proyecto colectivo y una visión global del escenario donde tiene lugar el proceso participativo y movilizador. Las características distintivas de este enfoque son la clara conciencia y voluntad de participar del individuo para asociar-se con otros en torno de un proyecto colectivo que es superior a la suma de individuos donde el espacio no está definido desde el exte-rior sino por el colectivo.

La participación como movilización colectiva se ha manifestado en América latina en las ONG que comparten la línea de la educación popular, inspiradas por los principios axiológicos y pedagógicos del pensamiento de Paulo Freire.

Hasta aquí las ideas y enfoques elaborados por Corvalán y Fernández, que consideramos de gran valía y pertinencia para analizar el fenómeno de la participación en nuestro contexto latinoamericano.


Otras aproximaciones a la participación según grados de poder y autonomía del actor civil

Niveles de participación ciudadana

Arnstein (1967, citado por Andrade y Martínez) describe siete ni-veles posibles de participación ciudadana y los asocia a un deter-minado grado de poder que permite apreciar la calidad y el impacto posible de dicha participación.

Esos siete niveles de participación ciudadana según Arnstein son:

manipulación. La persona es incorporada bajo el supuesto de edu-carle, no con el objetivo de brindarle espacios para participar;

información. Se incluye a las personas para informarles, pero és-tas no tienen poder para opinar o decidir;

consulta. La persona puede opinar pero existe el riesgo de que sea utilizada para legitimar decisiones previamente tomadas. Es una forma de seudoparticipación;

complacencia. Se influye en la toma de decisiones pero se requie-re de respaldo de los representados y de asesoría técnica;

asociación. Existe una distribución del poder en cuanto a la toma de decisiones bajo mecanismos de planeación y ejecución con-sensuados para legitimar el proceso. Requiere de motivación, comunidad organizada y recursos;

delegación de poder. Los representantes de la comunidad ocu-pan cargos de autoridad y son responsables de las políticas;

control ciudadano. Las personas pueden negociar y estar a cargo de las políticas públicas.

Esta tipología presenta un continuo que puede relacionarse con el enfoque donde el sujeto colectivo ciudadano que participa, toma su nivel más bajo cuando es manipulado por otro y el nivel más alto cuando asume el control. El grado de poder que los ciudadanos ad-quieren al participar es el criterio que está en la base.

»

»

»

»

»

»

»


Modalidades de participación local

La participación local puede ser de varios tipos, según se respon-da a la pregunta ¿participar para qué?, Chambers (1997) distingue tres modalidades:

es usado como un concepto para encubrir y legitimar algunas acciones ante donantes cuando en realidad este componente no esta teniendo lugar en las acciones locales;

la palabra participación es usada como pretexto para llevar a la población local al desarrollo de programas que ya han sido planeados y decididos sin ser consultados los involucrados. En realidad la organización externa decide cuándo, cómo y bajo qué términos la población local puede participar;

proceso en donde la población local desarrolla su capacidad y poder para dirigir un proceso e incrementar su confianza y tomar sus propias decisiones. Éste es el proceso que apunta hacia el empoderamiento.

En este planteamiento el criterio ordenador es la intencionali-dad de quién solicita o promueve la participación de la población local. Los dos primeros tipos podrían corresponder a variantes de la acción integradora, mientras el tercero se acerca a la movilización colectiva.

Participación auténtica vs. no auténtica o burocratizada

Podríamos decir que existen dos diferentes visiones sobre la na-turaleza e intención de la participación:

no auténtica, burocratizada o utilitaria. Es convocada desde fue-ra (gobierno u organismos internacionales) para validar o legiti-mar fines y acciones previamente establecidas, o responsabilizar a los actores sociales de posibles obstáculos o resultados nega-tivos (Corvalán, 2000 y Anderson, 2001, citados por Andrade y Martínez).

auténtica o legítima. Es primordialmente colectiva y tiene las siguientes características: apropiación del proceso por parte de los sujetos, movilización sostenida, proyecto político conciente y

»

»

»

»

»


asociación con voluntad intrínseca. (Corvalán, 2000, 2001, citada por Andrade y Martínez).

Niveles de participación en la investigación participativa

Al analizar la participación en procesos de investigación partici-pativa Pretty (1996) identifica siete niveles que destacan qué acción o aporte se solicita a la gente y el margen de decisión que el agente externo permite. Por tanto, nos parece que se trata de un continuum que enfatiza el grado y calidad de la participación de los sujetos.

a) Pasiva: se le informa a la gente lo que va a suceder o sucedió. La información es compartida solo entre profesionales externos.

b) Para dar información: la población da respuesta a cues-tionamientos de personas externas. La gente no influye en los procedimientos.

c) Para consulta: la gente es consultada, los agentes externos escuchan y definen los problemas y soluciones de acuerdo a las res-puestas de la consulta.

d) En beneficios materiales: la gente participa al proporcionar tra-bajo o recursos. Por ejemplo, mano de obra por dinero o despensas, préstamo de terrenos para la experimentación. Concluye cuando los incentivos terminan.

e) Funcional: la gente forma grupos para lograr objetivos predefi-nidos en un proyecto que pueden ser producto de iniciativas externas de organización social. La gente es dependiente de los iniciadores externos y facilitadores pero podrían desarrollar la autogestión.

f) Interactiva: la gente participa en la definición de acciones, en la formación de organizaciones y/o fortalecimiento de las existentes. Los grupos controlan las decisiones locales.

g) Movilización autónoma: la gente define iniciativas de forma in-dependiente de instituciones externas. Desarrollan redes de apoyo y contactos con instituciones externas. Mantienen el control sobre los recursos.


Integración de las corrientes y tipologías de participación

Todas las corrientes antes expuestas centran su interés en el gra-do de autonomía, poder o decisión del actor social que ejerce la ac-ción de participar, en contraposición a la intención de manipulación o simulación de una entidad externa, que da a la participación un valor instrumental para lograr sus propios fines. Al relacionar estas tipologías con los tres enfoques de Corvalán y Fernández (1998) de-rivados de las ciencias sociales, encontramos que pueden asociarse a dos de dichos enfoques, la acción integradora y la movilización colectiva. Ambos están implícitos en forma dicotómica y valorativa. Por ejemplo, la acción integradora corresponde a los niveles más ba-jos de manipulación, encubrimiento legitimador o pasividad, donde el participante no decide y es utilizado por el agente externo. Por otro lado, la movilización colectiva se asociaría a los niveles más altos de las diversas tipologías, donde figura el poder ciudadano, el empoderamiento, la autonomía, la legitimidad y, por supuesto, la voluntad conciente de los participantes para asociarse, consolidar redes y movilizaciones sostenidas para impulsar un proyecto propio. El enfoque de la participación liberal no aparece claramente en los criterios valorativos de los autores revisados. El único caso que po-dría corresponder al enfoque liberal sería uno de los niveles de la ti-pología de Pretty (1996), la participación en “beneficios materiales”, aunque dentro de una intención integradora porque quien ofrece un beneficio es la entidad externa.


Matriz integradora de autores y enfoques sobre participación centrada en el actor social

Criterio y autor Enfoques de las ciencias sociales (Corvalán y Fernández, 1998)

Liberal

Acción integradora

(fase intermedia)

Movilización colectiva

Grados de poder(Arnstein, 1967)

ManipulaciónInformaciónConsulta

ComplacenciaAsociación

Delegación de poderControl ciudadano

Participación local(Chambers, 1997)

Encubrir y legitimar acciones ya planeadas

Desarrollar o ejecutar programas

Empoderamiento(población desarrolla capacidades, confianza, decisión y poder)

Naturaleza e intenciónCorvalán (2000) Anderson (2001)

No auténtica, burocratizada o utilitaria

Auténtica y legítima

Investigación participativa(Pretty,1996)

Beneficios materiales

PasivaDa información

Funcional (logran objetivos pero dependen)

Interactiva (control sobre decisiones locales)Movilización autónoma (iniciativas independientes, redes y control recursos)

pArticipAción en lAs políticAs: diversAs perspectivAs

La política pública

Se considera a la política pública como la acción para respon-der a un problema social de carácter público con recursos públicos (Landau, citado por Andrade y Martínez, 2006).

Una visión dinámica de la política se enfoca hacia el proceso y a la manera en que se conceptualizan los problemas, las alternativas


y cómo se ejecutan y evalúan las soluciones. Se considera que es un proceso en el que intervienen o que es determinado por actores so-ciales. Algunas de las aproximaciones que incluimos dentro de esta visión son las siguientes:

a) La perspectiva de la deliberación

Las deliberaciones, transacciones y mutuas influencias entre los actores involucrados en la definición de agendas y políticas públicas en sus diversas etapas, es una condición indispensable de la verda-dera política pública (Majone, 1978).

b) La perspectiva histórico-dialéctica

Advierte que las políticas públicas carecen de neutralidad ideoló-gica y política, son dialécticas e históricas; representan y, a su vez, marcan los momentos históricos de un país, ya que simbolizan los vínculos de control y orden público legitimados debido a que los te-mas de la política pública expresan aspiraciones de equidad y res-ponden a problemas o necesidades sociales en un momento, tiempo y espacio determinados. Las políticas constituyen la articulación e interrelación entre planteamientos proyectivos del Estado y de otros actores sociales y políticos. Sin embargo, las políticas públicas re-flejan también acciones de la sociedad civil: “son también expresión de los niveles de participación, movilización y lucha social de la so-ciedad civil dentro de los mismos marcos sociales” (Evangelista, s/f, párrafo 7).

c) Las políticas públicas como un proceso

Las políticas pueden considerarse como una serie de etapas ar-ticuladas (Moreno, 2000).

Fijación de una agenda y la adopción de criterios de actuación. Parten de demandas ciudadanas y de la agenda de gobierno. Los ciudadanos legitiman o desaprueban la intervención estatal.

Identificación del problema. Los diseñadores de las políticas pul-san la opinión y capacidad de presión de los actores sociales y eligen las de bienestar general.

Toma de decisiones para la intervención. Intervienen tanto prefe-rencias subjetivas de los decidores públicos como las producidas por presiones de los actores involucrados.

»

»

»


Implantación de las decisiones adoptadas. En los Estados cen-tralizados, la ejecución de políticas apunta al cumplimiento de objetivos determinados por los decidores públicos, es de “arriba hacia abajo”. En los Estados descentralizados es de “abajo hacia arriba”.

Evaluación. Sirve para proveer información a quienes toman las decisiones y pueden intervenir las redes programáticas que son entretejidos de actores públicos y privados.

Estas fases corresponden al modelo europeo (inglés) ideal.

Latapí (2004) señala, de forma similar, que existen las siguientes fases que siguen los decisores al diseñar las políticas:

Articulación. Conversión de demandas en propuestas legislativas.

Agregación. Búsqueda de consensos sobre las políticas.

Alocación. Adopción de las formas de expresar las políticas.

Revisión. Evaluación posterior del impacto de la política.

La visión gubernamental e internacional sobre la participación

Debido a que son los organismos internacionales quienes han tenido la mayor influencia en el diseño de las políticas sociales en América latina en los últimos 20 años, es importante revisarlos bre-vemente. Para esto, retomamos al texto de Rosenfeld (2005) sobre los diferentes enfoques de la participación en las políticas públicas, de los cuales para este apartado; abordaremos dos de ellos:

a) La participación social de tipo procedimental-instrumental

Este tipo de participación es el que promueven algunos organis-mos internacionales con la finalidad de que los ciudadanos tengan la posibilidad de influir en la toma de decisiones o ampliar los métodos y posibilidades de cooperación, coordinación y confianza entre go-bierno y sociedad civil. Bajo este enfoque, “la participación ciuda-dana no significa decidir sino tener la posibilidad de influenciar las

»

»

»

»

»

»


decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad establecidas en cada caso” (Rosenfeld, 2005).

Asimismo, la participación juega un papel importante para formar sujetos activos protagonistas de su propio desarrollo. Esta visión se basa en la política del “New Rigth” que comienza en Inglaterra y Estados Unidos, que considera a los ciudadanos como los responsa-bles de “pagar” y proveerse sus propios servicios convirtiendo a los derechos en mercancías (Salgado, 2000).

Otro argumento para incluir la participación de los sujetos es en-tender la experiencia y saberes locales, como sustento de la viabili-dad y la mejora de proyectos.

b) La participación social como eficiencia-eficacia para la gobernabilidad

Para la OCDE la participación es vista como una inversión para la mejor formulación de políticas y elemento clave de buen gobierno:

“Permite a los gobiernos utilizar nuevas fuentes de ideas rele-vantes, de información y de recursos cuando toma decisiones. Igualmente importante, la participación contribuye a construir confianza en el gobierno, eleva la calidad de la democracia y for-talece la capacidad cívica” (OCDE citado por Rosenfeld, 2005).

La participación es también entendida como sustento de la demo-cracia representativa (Cumbre de las Américas de Santiago de Chile), mediante la optimización de las instituciones gubernamentales con estructuras más participativas, y con el financiamiento de progra-mas de fortalecimiento de la sociedad civil y de los mecanismos de participación (Banco Interamericano de Desarrollo).

Una de las principales finalidades que se busca al promover la participación, es la legitimación de las instituciones y autoridades democráticas al menor costo de tiempo y recursos (Banco Mundial).

Ambos enfoques de la participación social, el procedimental-ins-trumental y el de la eficiencia-eficacia, corresponden a la visión di-námica y hasta cierto punto deliberativa. Sin embargo, no parecen


reconocer el carácter ideológico y político (no neutral) dentro de un determinado sistema social y momento histórico. También pueden explicarse bajo el enfoque de acción integradora, ya que se convoca a la participación de los ciudadanos, desde instancias externas y en la mayoría de las ocasiones con la finalidad de legitimar propuestas o políticas ya elaboradas.

La visión desde la sociedad civil y la incidencia

La sociedad civil se involucra en las políticas sociales de formas muy diversas que dependen de:

El tipo de agrupación, pudiendo ser institucionalizada o informal; profesional o popular; local, regional, nacional, etcétera.

El objetivo de su acción al involucrarse en políticas, es decir, para innovar, cuestionar, proponer, instituir nuevas prácticas, denun-ciar, influir y dialogar, etcétera.

La relación Estado-sociedad civil en un momento histórico, en distintas posturas, desde colaborar dentro de los márgenes es-tablecidos; mejorar las políticas públicas; ampliar los límites de la democracia formal, hasta radicalizar la democracia ampliando la presencia civil en la esfera pública.

De acuerdo con el significado que damos al término incidencia, se-gún se estableció al inicio de este texto, toda participación de las OC sobre una política pública ejerce una incidencia pública. Rosenfeld (2005) plantea claramente esta misma idea: “La participación social (…) se ‘produce’ en un espacio de encuentro e intercambio entre ac-tores en la esfera pública y ejerce algún tipo de incidencia en el con-texto y en los sujetos” (p. 11).

En consecuencia intentaremos perfilar distintas concepciones y tipos de incidencia3 de la sociedad civil en política pública. La na-

3 Incidencia. El atributo con el que el término incidencia “reaparece” en la agenda pública de la mano de OSC.s y de los organismos internacionales, deviene de una mala traducción de la palabra inglesa Advocay, que en un sentido amplio se refiere a abogar en defensa de derechos colectivos. Con ello como trasfondo, algu-

»

»

»


turaleza de la relación entre sociedad civil y Estado subyace a las diferentes concepciones.

Construcción de identidades colectivas y nueva cultura

En el proceso mismo de actuar y participar, los sujetos pueden transformarse profundamente y construir nuevas identidades colec-tivas. Las formas de producción de lo social adquieren más autono-mía rebasando los límites estatuidos de las instituciones ampliando la posibilidad auténtica de construcción de ciudadanía (Rosenfeld, 2005). El acto de participar es un proceso de construcción de la reali-dad que se traduce en acción colectiva. Este enfoque proviene de las teorías de la acción colectiva de Touraine, donde es central el trán-sito del actuar individual a la constitución de un “nosotros” que pro-duce sentido social. La acción colectiva misma va generando nuevas identidades colectivas que se construyen frecuentemente fuera de los espacios y normas institucionales (Melucci, 1989).

Ante el agotamiento de la institucionalidad vigente y la pérdida de legitimidad de la democracia representativa, una parte de la so-ciedad intenta experimentar nuevas formas “en estos espacios de participación ampliada se produce la integración simbólica de los individuos cuya voz no se recoge en los proyectos existentes en la sociedad” (Rosenfeld, 2005, p. 12). Esto da lugar a una incidencia cultural-simbólica, ya que en el proceso mismo se van construyendo nuevos valores, formas de relación, habilidades para el consenso y manejo de conflictos. Se reconoce también como “un espacio cultu-ral de construcción de significados comunes para la asociatividad y cohesión social” (Zarco y Reygadas, 2002, p. 20).

nos glosarios definen que “…La incidencia supone el uso de una gama de acciones destinadas a lograr cambios en la esfera pública, orientadas principalmente a acti-var el derecho de las personas, a reequilibrar la distribución del poder y a construir comunidades más equitativas e inclusivas” (Manual de participación e incidencia para organizaciones de la sociedad civil, Foro del Sector Social, noviembre 2004, citado por Rosenfeld, 2005, p. 3).


Lo específico de esta dimensión de la incidencia está en que tie-ne lugar en lo cotidiano y va instituyendo nuevas prácticas y valo-res con un impacto formativo en la sociedad. La intención de las OC puede ser el perfeccionamiento de la democracia representativa o su transformación profunda hacia nuevos paradigmas del ejercicio del poder.

Ampliación de los límites de la democracia, construcción del espacio público

La participación en la educación puede ligarse con posibilidades de ampliación de la ciudadanía, mediante la construcción de espacios públicos que permitan un encuentro entre lo público y lo privado. Se trata de una participación ciudadana diferenciada de la democracia representativa que pasa por las elecciones y los partidos políticos. Tiene una dimensión cotidiana de espacio social, ya que al poner a la sociedad en contacto con el Estado reconcentra la participación en sí misma y fortalece su desarrollo autónomo (Jacobi, 2000).

La construcción de la institucionalidad (normas y estructuras) es otro eje de incidencia de la sociedad civil en la democratización de lo público. Ésta se relaciona con una dimensión institucional y política, que apunta a la preservación de derechos sociales, la construcción de acuerdos, la transparencia del gobierno, y una verdadera parti-cipación ciudadana (Zarco y Reygadas, 2002). Este aporte pretende ampliar los márgenes de la democracia formal más allá del ejercicio de la ciudadanía, mediante el sufragio o la supervisión de los servi-cios públicos por parte de los usuarios.

“Dito em outros termos, trata-se de pensar sobre a participação da população e a sua relação com o fortalecimento de práticas políticas e de constituição de direitos que transcendem os pro-cessos eleitorais e seus freqüentemente ambíguos e/ou contradi-tórios reflexos sobre a cidadania” (Jacobi, 2000, p. 5).

Desde el campo educativo esta postura se distancia de las ten-dencias que ven a la educación como una mercancía dentro de la dinámica del mercado, y considera que la participación debe contri-


buir, desde la escuela y en todo el sistema educativo a radicalizar la democracia participativa (González y otros, s/d).

Contribución profesional e innovadora

La dimensión de incidencia pública más visiblemente relacionada con las políticas sociales, es justamente la que se relaciona con el debate, formulación, diseño, desarrollo, gestión, seguimiento, con-trol y evaluación de dichas políticas (FLAPE, 2006). En todas estas fases la sociedad civil, puede contribuir con su calidad profesional y capacidad de innovación (Zarco y Reygadas, 2002).

En la fase de implementación de las políticas sociales se ha in-sistido en las grandes limitaciones de los gobiernos y la necesidad de incorporar el aporte de nuevos actores sociales (Moreno, 2001). Entre los aportes de las OSC destacan: su cercanía con las necesida-des de la población, superación de la desvinculación entre gobiernos y demandas sociales, búsqueda de la eficiencia social, antes que la calculabilidad económica; adecuación de sus programas a los con-textos culturales, la participación de las comunidades en las decisio-nes y el desarrollo de capacidades en lugar de generar dependencias (Penso, 2001).

Los cuerpos académicos e investigadores son un actor clave para contribuir a la formulación y diseño de políticas de nivel macro, así como al análisis crítico y la evaluación de impacto. En el terreno de la innovación y la capacidad de crear y ejecutar nuevas prácticas, desta-ca el aporte de las ONG que trabajan a nivel micro. Se distinguen por tener como referente a los excluidos, enfrentar los conflictos pacífi-camente y desarrollar proyectos “[…] de carácter ‘anticipatorio’ con el propósito de demostrar que hay soluciones viables” (Schmelkes, 1997, citada por Latapí, 2004, p. 10).

Esta forma de incidencia derivada del conocimiento y experiencia de las OSC, es la que comúnmente se analiza para evaluar o medir el impacto civil en políticas públicas. Es decir, la incidencia suele limi-tarse a logros tangibles como prioridades, leyes, programas, presu-puesto, etcétera.


Demanda por la eficiencia de los servicios

Diversas agrupaciones civiles han incidido en la mejora de la ca-lidad del servicio que corresponde ofrecer a los gobiernos, una vez que las políticas ya están en ejecución. Por variados mecanismos y estrategias de supervisión o de presión la gente se ha organizado para resolver necesidades que les afectan exigiendo acceso, eficien-cia y calidad en los servicios, por ejemplo, de transporte, de vivien-da, de agua, de caminos e infraestructura.

En el caso de la educación una vía que cobra fuerza en América latina es la “participación escolar” de los padres de familia y de la comunidad. Esta suerte de moda, ha recibido fuerte impulso de las políticas de descentralización y de los organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por considerar que si los ciudadanos se involucran, se forta-lece la democracia y la confianza del público en la administración. La participación así entendida es la “de los clientes del servicio educati-vo” que ha contribuido a disminuir o eliminar las fallas en el servicio debido a que los participantes aportan información para identificar los problemas y sus soluciones (López, 2006). Este tipo de participa-ción que ocurre en el nivel local, donde se ubican los centros esco-lares, tiene una incidencia directa en la funcionalidad y eficiencia de las políticas sociales.

La perspectiva de la deliberación de la política pública se puede relacionar con la incidencia orientada a la ampliación de la democra-cia y a la construcción de identidades colectivas. La visión guberna-mental de la participación se correlaciona más directamente con la contribución profesional e innovadora y la demanda por la eficiencia de los servicios.

mAtriz de Análisis de los ejes de pArticipAción e incidenciA en políticA

Con el fin de integrar conceptualmente los enfoques de partici-pación con las dimensiones de la incidencia pública de la sociedad civil, se presenta a continuación una matriz.


En el eje horizontal, se ubican los enfoques de participación ya descritos:

Liberal

Acción integradora

Fase intermedia

Movilización colectiva

Con el fin de analizar los casos que se presentan en la realidad mexicana, consideramos necesario añadir una fase intermedia, por considerar que en muchas ocasiones las OC participan por iniciativa propia y no dentro de los marcos establecidos por el gobierno; pero no reúnen las características de la movilización colectiva. En parti-cular, la definición de un proyecto político propio y la constitución de un sujeto social con identidad propia, que identifica un adversario común.

En el eje vertical se coloca a la incidencia pública donde propo-nemos distintas dimensiones, en base a la literatura y entrevistas realizadas. Incluimos una dimensión que no surge de la literatura revisada, sino de la observación de nuestra realidad que denomina-mos movilización, denuncia y reivindicación. Cabe aclarar que estas formas de incidencia pública no son necesariamente excluyentes, se definen atendiendo a la intencionalidad última de los actores y especialmente al impacto que se tiene en la esfera de lo público, no únicamente en las políticas en sí mismas.

Ampliación de la democracia formal

La participación en determinada política (agraria, ambiental, edu-cativa, etc.) es un medio para la construcción de una nueva institu-cionalidad, donde una amplia concertación de la sociedad civil, tiene un peso decisivo en la política pública. El gobierno no es el único responsable, se crean mecanismos institucionales para que la socie-dad civil, asesore, proponga, apruebe, vigile, audite e incluso imple-mente políticas de interés social. La esfera pública se ha ampliado y se trasciende el marco de la democracia representativa.

»

»

»

»


Movilización, denuncia y reivindicación

Se trata de una estrategia de acción y, al mismo tiempo, de un fin. Al denunciar se incide públicamente mostrando los efectos ne-gativos de ciertas políticas de gobierno, o se defienden derechos vigentes ante la supresión de algún programa. La movilización rei-vindica derechos por vías propias ante la ausencia de vías formales de expresión y diálogo.


Son iniciativas propias de crítica o propuesta, que pretenden mostrar otros caminos para definir e implementar políticas y progra-mas. Busca abrir espacios inexistentes en la institucionalidad vigen-te o incluso los ocupa fuera de los marcos considerados legales. Su incidencia pública radica en que durante el proceso, la sociedad civil demuestra y se demuestra a sí misma, su capacidad constructiva y su autoridad moral. La identidad colectiva se fortalece y se van instituyendo nuevas formas de ciudadanía y distribución del poder, basadas en el diálogo, el consenso y la tolerancia.

Contribución profesional para mejorar políticas

Dentro de los límites de la democracia formal y los canales esta-blecidos por el gobierno, se participa para mejorar el diseño o eje-cución de programas. La fuerza de la razón, de la experiencia y del conocimiento, es la fortaleza que las OSC hacen valer ante el Estado. Independientemente del éxito que se alcance en determinada política, la incidencia consiste en la demostración de la capacidad y autoridad moral de la sociedad civil para colaborar con fundamento en mejorar políticas. Entre los principios que se defienden está la promoción de la equidad, la eficacia, la sustentabilidad y la pertinencia.

Eficiencia funcional

Con el fin de satisfacer necesidades individuales, la gente o las agrupaciones actúan para demandar que los servicios públicos funcio-nen correctamente. En este caso la incidencia pública se traduce en re-sultados tangibles que responden a la demanda o exigencia concreta.


Finalmente, cabe aclarar que las celdas de la matriz que resultan de la intersección de los dos ejes –participación e incidencia– descri-ben ejemplos de estrategias de acción en política pública.

Matriz de análisis de los ejes de participación e incidencia pública

Incidencia

pública de

las OSC

Participación por enfoques de las ciencias sociales

Liberal Acción integradora

(fase intermedia) Movilización colectiva

Ampliación democracia formal

12. Mesas o foros permanentes de concertación amplia de actores sociales

Movilización denuncia y revindicación

11. Movilizaciones y campañas ciudadanas .

10.Manifestaciones y movilizaciones de masas y presión


8. Interlocución y negociación con gobierno para abrir el diálogo

7. Crítica y propuesta fundamentada a políticas

6. Prácticas alternativas e innovadoras

9. Proyectos alternativos en zonas autónomas, en oposición al gobierno

Colaboración técnica para mejorar políticas

4. Aporte de especialistas a gobiernos

3. Ejecución de programas innovadores

2. Colaboración en consultas

5. Vigilancia de cumplimiento de compromisos oficiales o Iniciativas de ley


1.Exigencia o vigilancia de eficiencia servicios a nivel local

1A - Ciudadanos colaboran a petición de autoridades para asegurar eficiencia y metas


capÍtulo 3. análisis de la participación e incidencia en polÍtica educativa en México

lA pArticipAción en políticA educAtivA: lA simulAción del estAdo y lAs iniciAtivAs de lA sociedAd civil

La simulación del Estado

El análisis y evolución de las iniciativas del Estado mexicano para fomentar la participación no constituye el objeto de interés de este trabajo. Además, ha sido realizado rigurosamente por académicos de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) y otros estudios especializados.4 En consecuencia, nos limitaremos a mostrar que el proceder del Estado ha sido una fuerte limitación para la participa-ción de la sociedad civil y que las iniciativas han sido insuficientes, inoperantes y en ocasiones incumplidas, particularmente en el perío-do 2000-2006. Sobre la base de estos dos argumentos pretendemos sostener que la participación social en educación desde el Estado se

4 A manera de ejemplo, entre muchos otros trabajos, véanse OCE (2004), Comunicado 117: Dilemas de la participación social, México; Latapí, P. (2004), La SEP por dentro. Las polí-ticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus Secretarios (1992-2004), México, Fondo de Cultura Económica y Veloz, N. (2003), Poder sindical y participación social en la educación básica: la disputa por la gestión educativa, tesis doctoral, FLACSO, México.


acerca más a una práctica de simulación que a un proceso de partici-pación auténtica (Anderson, 2001, citado por Andrade y Martínez).

El Estado mexicano no ha tenido una práctica de rendición de cuentas, de debate abierto de las políticas públicas ni tampoco de difusión transparente de reportes críticos independientes de sus ac-ciones. Como afirma Flores Crespo (2005, citando a Paz) el Estado no tuvo la capacidad de modernizarse a sí mismo, provocando vicios en la vida pública mexicana, cerrándose a la discusión abierta y con múltiples prácticas de ocultamiento. Este proceder de los gobernan-tes ha provocado en los ciudadanos apatía y desconfianza para par-ticipar o intentar un diálogo franco. Esta lección lamentable ha sido históricamente acumulativa a través de las generaciones.

Los mecanismos de participación del gobierno de Vicente Fox y sus limitaciones fueron abordadas por OCE en su Plataforma 2006, de la cual retomamos brevemente algunos puntos:

Dichos mecanismos son el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), el Compromiso Social por la Calidad de la Educación (CSCE) y la Creación del Consejo de Especialistas.

El CONAPASE fue creado en 1999, seis años más tarde de lo pre-visto, y retomado en el último gobierno. Si bien tiene un marco legal (Ley Federal de Educación, 1993), los derechos que se otorgan a los padres son individuales, no colectivos y carecen de recursos legales para exigirlos. La rendición de cuentas por parte de las escuelas so-bre los recursos aportados por los padres no está contemplada en la ley. Una crítica fundamental de OCE es la estructura pesada, vertical y oficialista de los consejos, donde sus miembros son elegidos por la autoridad educativa. No se cumplieron las metas cuantitativas de instalación de consejos en municipios y estados, y los objetivos de renovación del CONAPASE no parecen haberse cumplido, a juzgar por la inexistencia de información disponible (Flores Crespo, 2005). En relación a uno de sus objetivos claves: “Involucrar a la iniciativa privada y a la sociedad civil organizada en la solución de problemáti-cas vinculadas al desarrollo educativo”, no hay evidencias de accio-nes y espacios abiertos a la sociedad civil. En contraste sí hay casos


claros donde el sector empresarial ha tenido ingerencia en temas tan fundamentales como el currículo de la educación media superior (véase al respecto el estudio de De Ibarrola, 2003).

El Compromiso Social por la Calidad de la Educación se conci-bió como un acuerdo nacional para mejorar la educación, esta vez incluyendo todos los niveles educativos y no solamente el básico, como el caso de CONAPASE. Fue firmado en 2002 por la SEP, el sin-dicato nacional de maestros, los gobiernos estatales, universidades y diversas organizaciones sociales. Las críticas de OCE valoraron positivamente los propósitos orientados a buscar un acuerdo social incluyente pero, su balance crítico, señala la generalidad de su con-tenido, la falta de precisión sobre las acciones para dar cabida a la participación de la sociedad, la falta de seguimiento a los compromi-sos y de información pública para verificarlos.

A un año de haber firmado tal compromiso, OCE opinó sobre las acciones realizadas al amparo del acuerdo; al respecto Latapí dice:

“Ahí se destacaba el controvertido papel de los líderes sindica-les en el desarrollo educativo del país, los magros cambios en la asignación de recursos públicos a la educación del país por parte del gobierno, la obtusa y partidista actuación de los legisladores al aprobar vitales reformas académicas apresuradamente y sin fundamento y, además, el papel de los medios de comunicación masiva, en específico, la televisión que no tiene contrapeso algu-no que cuestione su persistente labor deseducadora. En 2004, el doctor Reyes Tamez señaló que, ‘en lo único en que hemos avanzado es en la televisión por cable; hemos ganado espacios para la educación y firmado convenios con canales como National Geographic, Discovery, History, Chanel Arts and Entertainment, etc., para que nos cedan los derechos y podamos utilizar sus materiales sin costo en las escuelas” (Latapí, citado por Flores Crespo, 2005, p. 15)

El Consejo de Especialistas fue propuesto por el gobierno dentro de un discurso innovador que valoraba el aporte de la investigación para informar las políticas educativas. Se propuso crear para 2002


un consejo consultivo de investigadores destacados para aportar fundamentos a la toma de decisiones. Sin embargo fue creado has-ta el 22 de noviembre de 2005, según el Acuerdo número 371 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establece el Consejo de Especialistas para la educación como una instancia de asesoría en materia de planeación y política educativa de la Secretaria de Educación Pública.

Podemos decir de forma general que los intentos de apertura de espacios estatales para la participación se diluyen, y que una limita-ción fundamental para la participación civil es sin duda, la precaria legislación y la falta de reglas que normen el vínculo con organismos estatales y mecanismos para la rendición de cuentas (Latapí, 2004).

Iniciativas de la sociedad civil

Ante la ausencia de cauces formales de participación y la impe-netrabilidad institucional del sistema educativo, la sociedad civil mexicana ha venido actuando en múltiples frentes en paralelo o al margen del gobierno. Asimismo, todo indica que son recientes los esfuerzos por participar e incidir de forma explícita en temas de po-lítica educativa nacional. Estos esfuerzos que buscan articularse no datan de más de cuatro años.

No puede ignorarse que la participación civil en política educa-tiva presenta un alto grado de dificultad si se contrasta con la inci-dencia que ha logrado en otros campos desde hace ya más de tres décadas. Como ya se mencionó, tras largos procesos de presión, lu-cha y propuesta, la sociedad civil ha sido decisiva en la reforma del sistema electoral, la vigencia de los derechos humanos, la protec-ción del medio ambiente, los derechos reproductivos de las mujeres, la equidad de género, la legislación sobre transparencia del Estado, entre otros.

La amplitud de acciones de las OSC en el campo educativo, en los niveles locales regionales y nacionales, así como su invisibilidad pública, dificultan dar cuenta amplia de su riqueza y diversidad. Sin


la pretensión de presentar un mapeo completo y exhaustivo, agrupa-mos las iniciativas en tres rubros:

acción directa en procesos educativos;

investigación educativa y análisis de políticas y

redes e instituciones orientados explícitamente a la incidencia en política educativa.

a) La acción directa en procesos educativos

Es éste quizás el campo más vasto y diverso de iniciativas de lar-go aliento. Múltiples programas y proyectos se desarrollan mediante ONG, de iniciativas individuales, de fundaciones o de colectivos de maestros independientes del sindicato oficial. Las áreas de trabajo son igualmente amplias y diversas, a título de ejemplo menciona-mos: la gestión escolar, nuevas metodologías de aprendizaje, capa-citación de maestros o promotores, producción de material didáctico, nuevas propuestas curriculares, educación a madres y padres de fa-milia, etc. En muchos casos estas acciones provienen de ONG cuyo origen es el desarrollo comunitario y la corriente latinoamericana de la educación popular, que se vinculan con las escuelas locales. En otros casos, son maestros del sistema que desarrollan sus propias innovaciones en sus zonas escolares.

De acuerdo con un estado de la cuestión sobre la participación educativa de las ONG en México, realizado por Medina (2003), el ámbito de acción en las dos últimas décadas ha sido en tres rubros: desarrollo, promoción y participación social. El término educación resulta ambiguo ante la diversidad de acciones, como lo ilustra la cantidad de organizaciones registradas en el ramo educación del Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil (SIOS). Un total de 1.321 para el año 2002. De acuerdo con Medina, “la acción educativa de las ONG se establece a partir de dos refe-rentes: participación ciudadana y sujetos de intervención” (Medina, 2003, p. 149). En este contexto los procesos educativos se convier-ten en medios (y no fin) para la participación social.

»

»

»


Las experiencias educativas que se traducen en diferentes formas de participación social son procesos alternativos frente a prácticas gubernamentales que buscan contrarrestar la desigualdad política, económica o social. Existe una importante incursión que apunta a construir una educación desde abajo. Dentro de esta diversidad, los elementos comunes son que la acción se da en el nivel local o regio-nal, que instituyen cambios desde la práctica cotidiana y que hay una débil coordinación entre todas las iniciativas del país.

b) Investigación educativa y análisis de políticas

El cuerpo de investigadores dedicados a temas educativos ha cre-cido considerablemente en las últimas tres décadas. Un importante número de académicos se integró como asociación profesional en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) desde 1995. Una de sus actividades centrales, que constituye un insumo para in-formar la política educativa, ha sido la elaboración de estados del conocimiento en 32 campos temáticos. Por otro lado, un reducido pero renombrado grupo de investigadores ha realizado sistemáti-camente ejercicios de crítica y propuesta a las políticas macro, en distintos períodos de gobierno. Algunos se unieron para fundar OCE y otros han asesorado a funcionarios de diversas administraciones y en casos aislados han aceptado cargos gubernamentales de alto nivel.

c) Redes e instituciones orientados explícitamente a la participación e incidencia en política educativa

Este tipo de iniciativas es la más joven en México y la más visi-ble, que se inicia con OCE en 1999. El Consejo Educación de Adultos para América Latina (CEAAL), con sede en México, hasta 2004, coor-dinó una red de ONG, universidades y especialistas, con el respaldo de organismos de cooperación internacional, para dar seguimiento a los compromisos firmados por el gobierno mexicano en educa-ción de adultos y básica. En particular los acuerdos de Dakar y de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos de Hamburgo (CONFINTEA).


De forma concurrente han surgido iniciativas regionales que bus-can crear redes y espacios de reflexión para incidir en política edu-cativa de forma directa, ya sea mediante la crítica fundamentada, el diálogo con autoridades o proponiendo iniciativas de ley. A títu-lo de ejemplo citamos el caso de la Ronda de Reflexión, auspiciada por la Fundación Ford, e integrada por OSC de varios estados de la República y con distintos tipos de organización. Un ejemplo de esto es la existencia de redes regionales que participan en distintos pro-yectos y programas apoyados por la Ford, Ayuda en Acción y FLAPE México, mediante Contracorriente, A.C. en Puebla.

Con la intención de articular estas jóvenes iniciativas se crea en 2003 Incidencia Civil en Educación (ICE). Destaca el hecho de que ICE está intentando incluir a las ONG que trabajan en acción directa local y a los investigadores educativos. Uno de los retos que ICE asume es pasar de la participación local a la participación en las decisiones públicas de nivel nacional, lo que implica encontrar mecanismos de representación de las OSC. Toda vez que, como afirma Canto (2001) el gobierno ha insistido en que existan instancias representativas para considerarlas interlocutoras, con un eventual reconocimiento jurídico. El mismo autor, sugiere que el nivel de interlocución que se requiere para participar en la política nacional, exige avanzar en los mecanismos de representación, sin afectar la autonomía de cada agrupación.

Entre los retos actuales de la participación civil están: superar la invisibilidad, construir consensos y confianza en la posibilidad de in-cidir en un gobierno de legitimidad cuestionada, tras las elecciones de 2006.

mAtriz de Análisis de pArticipAción e incidenciA civil en educAción

La diversidad e invisibilidad de las estrategias de acción y las li-mitaciones de este estudio nos impiden dar cuenta de todos los ca-sos. La intención es aportar una propuesta conceptual que permita acercarnos a esta complejidad. Para ello utilizaremos como base la


matriz de análisis de los ejes participación e incidencia en política social, con el fin de caracterizar las estrategias que se utilizan espe-cíficamente en el caso de la política educativa.

En primer lugar, se mencionan ejemplos breves de cada caso tipo que corresponde al número de celda de la matriz. Como se verá exis-ten acciones representativas de casi todas las celdas, lo que sirve para fundamentar la diversidad y riqueza de las iniciativas. No se pretende cuantificarlas, por carecer de información suficiente.

En segundo lugar, se describirán con mayor detalle cuatro casos considerando aquellos que disponen de mayor información publica-da en documentos o páginas de internet y que, por tanto, gozan de mayor visibilidad. Es también con quienes tuvimos acceso para reali-zar entrevistas durante la realización de este trabajo.

Estrategias de acción en política educativa según tipo de incidencia pública y enfoque de la participación en México

IncidenciapúblicaOSC

Participación por enfoques de las ciencias sociales(Corvalán y Fernández, 1998)



AmpliaciónDemocracia

12.

Denuncia y movilización popular reivindicativa

11. Convención Nacional Democrática, del Movimiento de resistencia civil poselectoral, campaña contra la privatización de la educación y la reducción del gasto público.

10. Huelga y toma de calles de maestros disidentes del sindicato oficial. El caso de Oaxaca demandando homologación salarial y recursos para sus escuelas.






Construcción de alternativas e identidades colectivas

8. Incidencia Civil en Educación. Espacio nacional de articulación de iniciativas civiles e interlocución con autoridades educativas.7. Observatorio Ciudadano de la Educación. Difusión de crítica fundamentada para formar opinión pública y orientar decisiones de gobierno.6. En todos los niveles desde preescolar hasta superior se desarrollan modelos alternativos. Tienen registro oficial, aunque sus modelos son iniciativas civiles locales no reconocidas. El directorio de ICE incluye más de 60 experiencias.

9. Escuelas “zapatistas” que funcionan en zonas de autogobierno, a cargo del movimiento zapatista de liberación nacional en Chiapas.






Colaboración técnica para mejorar políticas

4. El “Consejo deEspecialistas”, fue propuesto por el gobierno 2001-2006 al reconocer la importancia de la investigación en la formulación de políticas. Su meta fue crearlo en 2002, la misma que no se cumplió sino hasta 2005.3. ONG y universidades desarrollan innovaciones o consultorías mediante concursos de dependencias oficiales.2. Profesores, académicos y público en general asisten a magnos eventos informativos y de discusión. Son presentados por el gobierno como eventos de consulta. Por ej. la Cumbre del Tajín del gobierno de Veracruz.

5. El CEAAL convocó seminarios con ONG, universi-dades y gobierno, para dar seguimiento a compromisos en Educación de Adultos firmados en CONFINTEA.

La Ronda de Reflexión logró la aprobación de una iniciativa de ley para otorgar fondos públicos a la investigación e innovación para las OSC. (Hasta el momento el presupuesto autorizado por el Congreso no se ha ejercido con transparencia).


1. Grupos espontáneos de padres exigen cuentas a las escuelas, o remueven maestros o autoridades.

1A – Consejos de participación social en educación, CONAPASE creados por el Estado. Comunidad y padres colaboran con aportes materiales y apoyando el aprendizaje de sus hijos.


Interpretación

Destaca la existencia de una variedad de formas de acción y par-ticipación de las OSC que cubren casi todas las celdas de la matriz, a excepción de la movilización colectiva. Esta diversidad de iniciativas refleja el interés y preocupación por transformar la educación, bus-cando las fisuras al margen del aparato de Estado o intentando abrir el diálogo en cada período de gobierno. Asimismo, se explica por la ausencia de cauces institucionales que normen y alienten la partici-pación civil, tan limitada en México por el hermetismo burocrático del sector educativo.

Por otro lado, el quehacer originario de las OSC activas en educa-ción es de muy distinta naturaleza porque no surgieron con la misión explícita de participar en política educativa. Esto puede también explicar la variedad de estrategias que utilizan y que se derivan de su misión original sea ésta el desarrollo comunitario, la educación popular, la investigación, la reivindicación laboral, la capacitación, la innovación, etc. Si a esto sumamos las diferencias ideológico-po-líticas entre los distintos actores en un momento crítico donde está por debatirse el proyecto de nación, la coordinación de esfuerzos y consensos se enfrenta a mayores dificultades. Más aún es tam-bién difícil el reconocimiento mutuo de que todos, desde distintos espacios y formas de hacer, están tratando de transformar la actual política educativa.

La tendencia de participación apuntada líneas arriba, movili-zación colectiva, no está muy presente aún. Se da como parte de movimientos políticos o politizados que, a su vez, genera el distan-ciamiento de otros actores que consideran su labor educativa como apolítica o que son conservadores. Esto abre la interrogante ¿exis-te una instancia colectiva con una identidad aglutinante capaz de abrir la esfera pública y transformar realmente el sistema educativo mexicano?

La fase intermedia pareciera ser la más activa o visible porque se ha entendido que dentro de las reglas del juego oficial, no hay cambios reales o deriva en cooptación. Así, se asumen iniciativas


propias sin esperar el llamado del gobierno y, al mismo tiempo, se actúa dentro de la institucionalidad formal.

La acción integradora, denota los intentos de participación, la ca-rencia de mecanismos claros o metas no cumplidas. Siguen siendo formas de legitimación para darle un aparente cauce a la demanda de la sociedad por participar o exigir rendición de cuentas, así como por atender las presiones de los organismos internacionales.

La participación liberal no es muy visible y puede explicarse de varias formas. Por ser un una práctica propia del capitalismo occi-dental y el Estado de bienestar centrado en el derecho individual, la cual se contrapone a la tradición cultural popular de solidaridad y sobrevivencia. Otra explicación es que los casos de exigir la eficien-cia por las mismas comunidades ocurren en situaciones límite que pocas veces se conocen o se documentan.

La incidencia por la eficiencia funcional se concentra en el nivel escolar en los padres de familia en demanda de beneficios de ca-rácter inmediato para sus hijos, sin constituirse en organizaciones duraderas.

Hay muchos intentos de contribución a la mejora de políticas y programas. Este tipo de incidencia muestra la persistencia en la bús-queda de canales legales para transformar y de la necesidad de creer que esto es posible haciendo que las instituciones cumplan con sus funciones. Sin embargo, la contribución real de estos esfuerzos pun-tuales (investigaciones, innovaciones, leyes, etc.) es incierta porque no se generalizan como políticas.

La incidencia orientada a la construcción de identidades colec-tivas y nueva cultura es más reciente y se ha concentrado en la ac-ción micro, nacional concertadora y una vía opositora. A nivel local se expresa en una opción por el compromiso de acción directa con la gente, porque es ahí donde los logros se palpan sin mediaciones. Además el proceso mismo de instituir nuevas formas de hacer tiene un efecto cultural simbólico que demuestra, a la misma sociedad ci-vil, su capacidad de crear formas alternativas. A nivel nacional se tra-ta de articular la experiencia acumulada en prácticas locales con el análisis científico y desarrollar habilidades de negociación e interlo-


cución con el Estado. La opción opositora expresada en las escuelas zapatistas, también instituye, desde la práctica, nuevas formas de educación dentro de una lucha de liberación en abierto desconoci-miento del Estado y sus formas de democracia representativa.

Los movimientos reportados en este estudio, y otros no conside-rados, parecen indicar que la dinámica de participación de las OSC se desliza (de la fase intremedia) hacia la movilización colectiva, en medio de un contexto en que se está llegando a los límites de la democracia formal. Esto se expresa en la búsqueda de un nuevo proyecto de nación como es el caso del movimiento de resistencia civil pacífica, surgido para hacer frente a la coyuntura política y que conformó la Convención Nacional Democrática para respaldar un go-bierno alternativo al oficialmente reconocido.

descripción de Algunos cAsos visibles o documentAdos

Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE)

Es una asociación civil creada en 1999 que agrupa a investigado-res y académicos destacados con el propósito de realizar observa-ción crítica, independiente y análisis reflexivos del quehacer y de las políticas educativas gubernamentales.

Dentro de sus objetivos generales se encuentran: abrir un es-pacio social, de carácter plural, para la reflexión de los problemas educativos del país y formular propuestas para resolverlos; ejercer una vigilancia crítica de las políticas educativas, contribuir a conso-lidar una opinión pública mejor informada, responsable y crítica que participe activamente en la discusión de asuntos relacionados con la educación nacional; buscar un acercamiento con las autoridades educativas, mediante el diálogo, para elaborar propuestas conjun-tas y pertinentes; vigilar que las políticas y acciones sean orientadas al cumplimiento de las metas prometidas.

En OCE participan actualmente 30 asociados y más de 800 afilia-dos, entre investigadores, académicos, periodistas e integrantes de OSC de todo el país. Sus análisis críticos se publican en Comunicados


y Debates educativos que se difunden en su página Web así como en publicaciones periódicas. Realiza foros temáticos en cooperación con ONGs e instituciones educativas de varias entidades del país para estimular la participación ciudadana. Cuenta con capítulos en 5 estados del país con la finalidad de promover la discusión acerca de los problemas educativos locales.

Participa en órganos de consulta de la Secretaría de Educación Pública y es miembro de la junta directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE). Establece relaciones con or-ganismos nacionales e internacionales. OCE, junto con otras institu-ciones y ONG de América latina, es una organización fundadora de FLAPE.

Identificamos a OCE, dentro de la matriz de análisis, con el tipo de incidencia Construcción Identidades Colectivas y Nueva Cultura por sus objetivos. Debido a que la formación de una opinión públi-ca informada y crítica posiblemente contribuya a una identificación colectiva. Sin embargo, se desconoce cómo se va construyendo esta identidad entre sus afiliados. La participación se ubicó en la fase in-termedia porque el grupo de especialistas busca un fin social, crea un espacio independiente pero no trabaja con recursos propios y es financiada, fundamentalmente, por la Fundación Ford.

Incidencia Civil en la Educación (ICE)

La siguiente descripción fue tomada de Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) (2006) y de la entrevista con uno de sus fundadores. Incidencia Civil en la Educación es un esfuerzo de articulación nacional de la sociedad civil para incidir en las políticas educativas, que inicia en 2003. Entre sus logros ICE reconoce: la arti-culación para conocer las experiencias de cada organización en ma-teria de políticas educativas; el desarrollo de habilidades políticas y sociales para la incidencia en las organizaciones participantes; la definición de ejes temáticos por estados y regiones; la definición de la Agenda Nacional por temáticas: educación de personas jóvenes y adultas, interculturalidad, formación docente y participación social.


Las estrategias y actividades incluyen, el mapeo de experiencias educativas de las OSC publicado en un inventario de organizaciones y actores; 2 encuentros nacionales y 7 foros regionales y estatales. Asimismo, la participación en los foros de análisis de Plataforma Educativa 2006 elaborada por OCE de cara al proceso electoral y el consecuente cambio de gobierno.

Los actores principales de ICE son las ONG que pertenecen al Colectivo Mexicano de CEAAL, Proyectos Laubach de Alfabetización en México AC (PLAMAC), Centro de Educación en apoyo a la Producción y al medio ambiente CEP-Parras, Ayuda Mutua y Servicio a la Juventud SERAJ, instituciones académicas como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Centro de cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), Asociación Alemana (IIZ-DVV), Ayuda en Acción, Fundación Rostros y Voces, Observatorio Ciudadano de la Educación.

El caso de ICE lo ubicamos en el eje de incidencia construcción de identidades colectivas y nueva cultura de la matriz pues está pug-nando para que las organizaciones se reconozcan como un sujeto colectivo unificado y con capacidades acumuladas para dialogar y proponer al gobierno. En la medida en que la interlocución logre dar-se con autonomía, sin subordinaciones y en un plano horizontal con las autoridades, ésta representa una clara incidencia en sí misma. Es decir, el construir este espacio civil y obtener el reconocimiento del gobierno contribuye a su vez a fortalecer una nueva identidad colectiva, entre organizaciones con orígenes y actividades diversas. La participación en este caso surge como iniciativa propia de las OSC, para beneficiar a la sociedad y estableciendo una agenda pro-pia. No se trata de participar en marcos definidos y propuestos por el gobierno, sino de construir un espacio inexistente. Por ello no es una participación de acción integradora. Asimismo, ICE se identifica dentro de la fase intermedia ya que su acción depende de la volun-tad política del gobierno y porque aún no se constituye en un sujeto colectivo de peso con un proyecto propio, como correspondería al eje de movilización colectiva.


Movimiento magisterial disidente

Oaxaca es un estado con una importante población de grupos indígenas y es también uno de los estados más pobres de México. El movimiento magisterial en esta región tiene varios años de tra-yectoria. Tradicionalmente año con año durante el mes de mayo, los maestros realizan acciones de protesta para pedir no solamente la actualización de sus salarios, sino uniformes, libros, útiles y apoyos para los alumnos y, en general, para dignificar las precarias condi-ciones en que viven y trabajan.

La disidencia de un sector de maestros de educación básica se da respecto a su afiliación sindical al no encontrar en éste el respaldo a sus derechos y demandas. Aunque la agudización de este movimien-to se da por una demanda de rezonificación para obtener una mejora salarial, actualmente incorporan a sus peticiones el ejercicio de de-rechos como el deponer a sus gobernantes, mejorar la calidad de la educación y contra el autoritarismo y la discriminación, etcétera.

A este movimiento se han sumado infinidad de instituciones y ciudadanos no organizados para conformar un movimiento de nue-vo tipo sin jerarquías formales y con un liderazgo no tradicional: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Dentro de sus principales estrategias se encuentran las marchas multitudinarias, los plantones, la huelga y las denuncias legales; además, ha sido reprimido por las fuerzas armadas locales y nacio-nales al grado de que ha cobrado ya varias vidas y, actualmente, se encuentran en curso diversas demandas de violación, por parte de los cuerpos de seguridad, a los activistas.

Este movimiento magisterial corresponde, dentro de la matriz, al tipo de incidencia movilización, denuncia y reivindicació, debido a que denuncia mediante movilizaciones masivas el autoritarismo y la injusticia. Trabaja con recursos propios. Se trata de una moviliza-ción que ha logrado convocar el apoyo de otros grupos organizados y de ciudadanos tanto en México como en el extranjero. El conflicto tiene efectos diferenciales que van desde el repudio de algunos sec-tores de la población hasta la toma de conciencia –de otros- sobre


las condiciones inequitativas de la educación, la visibilización de la pobreza, la generación de alianzas entre organizaciones del sector popular y la inclusión de los padres de familia. Existe también el ma-nejo mediático, a nivel nacional, para generar una imagen negativa del movimiento.

Ronda de Reflexión

Es un conjunto de OSC con proyectos educativos financiados por la Fundación Ford. Se crea un espacio llamado Ronda de Reflexión para intercambiar información sobre las actividades, logros y limita-ciones en la incidencia de sus programas de educación básica en las políticas educativas locales.

De esas reflexiones se llegó a la conclusión que las OSC en México, en su mayoría, dependen en gran parte del financiamiento externo y que no existen los mecanismos formales para la participación de la sociedad civil en la educación aunque así lo consigne el marco legal existente. Ante este panorama se proponen estrategias concretas como la de exponer la situación al secretario de educación pública y presentarle una propuesta para la creación de un Fondo de fomento y apoyo a la participación social en la educación pública, elaborada y discutida por las asociaciones civiles que conforman la Ronda de Reflexión. Ni el secretario, ni el subsecretario de educación básica atendieron las solicitudes de audiencia del grupo. Este último propu-so como pretexto la falta de un fideicomiso para administrar los fon-dos en caso de aprobarse. Posteriormente, decidieron hacer labor de cabildeo con los diputados federales en los estados de Puebla, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y el Distrito Federal.

Finalmente, la propuesta logró el consenso entre los diputa-dos y fue presentada, por un diputado poblano, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La propuesta fue aprobada con un fondo de 80 millones de pesos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2005.

Más adelante el Consejo Mexicano para la Investigación Educativa (COMIE) y Contracorriente AC fueron convocadas por la SEP para ela-borar la convocatoria que pondría a disposición los fondos destina-


dos a financiar proyectos de innovación en los que se explicitaba la participación de las OSC. La convocatoria fue aprobada por SEP y CONACYT y nunca fueron depositados los recursos económicos co-rrespondientes. Nuevamente se hicieron visibles la falta de trans-parencia y discrecionalidad con los que se manejan los recursos públicos. Una OSC del grupo de la Ronda de Reflexión está actual-mente en la posición de exigir que se aclare dónde se encuentra el fondo y realizar una investigación y un nuevo cabildeo para que se transparente el proceso.

De acuerdo con la matriz, la participación de este grupo corres-ponde a la fase intermedia porque aún cuando se formó convocado por una instancia externa, su iniciativa para contar con un financia-miento de fondos públicos representa los intereses de las demás or-ganizaciones civiles.

Lograr que se aprobara el fondo es un ejemplo de la colaboración técnica para mejorar políticas, así como un avance hacia la equidad en la distribución de recursos públicos para proyectos de la socie-dad civil. De aplicarse correctamente, por parte de las autoridades gubernamentales, el fondo permitiría la inclusión de innovaciones provenientes de las OSC a los currículum y/o acciones educativas oficiales.


conclusiones

En relación con la pregunta ¿en qué espacios y con qué estra-tegias participan las OSC en la política educativa? se concluye lo siguiente:

La participación civil organizada es relativamente reciente (una década) lo cual se explica, en parte, por la naturaleza corporativista del Estado, donde el sector educativo es el más impermeable a las transformaciones; de aquí la metáfora “bunker educativo” utiliza-da por uno de nuestros entrevistados clave. No obstante, las OSC actúan y participan en una gran diversidad de espacios (institucio-nales, geográficos y organizativos) empleando variadas estrategias: redes de interlocución, vigilancia y crítica, formación de opinión pú-blica, movilización y denuncia, innovación de prácticas locales, cen-tros escolares en zonas autónomas, etc.

¿Cuál es la posible incidencia pública de tan variados esfuerzos?

La incidencia se da en el proceso de participación más que en el impacto directo y mensurable en la transformación de las políticas. Esto es evidente. Sin embargo aún no puede evaluarse en su justa di-mensión por la ambigüedad del proceder de la clase política y la falta de espacios legislados que reconozcan la participación de las OSC. Entonces, la incidencia más significativa radica en los avances hacia la construcción de ciudadanía y la ampliación del espacio público.

En relación con el propósito de construir una matriz de análisis y su finalidad, podemos sintetizar lo siguiente:


Ante la dificultad histórica de la sociedad civil para devenir un actor de peso frente al Estado en el tema educativo, se hacía necesa-rio retratar la diversidad de esfuerzos dándole valor al proceso. Esto significó no limitarse a un balance de logros tangibles de cambios en la política. La matriz propuesta resultó pertinente para el análi-sis. Presenta un continuum de cinco niveles de incidencia pública y cuatro enfoques de participación y como referente ordenador cree-mos que puede ser de utilidad para analizar casos en otros países latinoamericanos.

Del análisis de los casos de la matriz, a la luz de la coyuntura ac-tual, surgen dos reflexiones:

a) de la acción integradora a la movilización colectiva: el reto de la articulación

Entre la esperanza por un nuevo proyecto de nación y la descon-fianza en las instituciones, la sociedad civil ensaya formas de par-ticipación que van desde utilizar los limitados espacios del Estado, hasta formas de oposición abierta. Sin embargo, las estrategias más visitadas parecen ser las que dentro de los canales formales tratan de ampliar el espacio público y construir identidades colectivas. El gran reto es la articulación de la diversidad;

b) multiplicidad de iniciativas civiles y fragilidad institucional

Las estrategias de acción de las OSC se caracterizan por su di-versidad, complejidad y dinamismo, frente al debilitamiento de las instituciones, la simulación del Estado y una coyuntura política que polariza las posiciones y dificulta los consensos.

La política social está siendo un espacio de conflictos entre Estado y sociedad. Sin embargo la acción colectiva, la participación auténtica de las OSC y los movimientos sociales tienden a la creación de nuevos actores e identidades y, por lo tanto, de certidumbre y sentido.

Que la política educativa represente las demandas ciudadanas depende de la apertura de verdaderos mecanismos para la partici-pación civil y el abandono del autoritarismo; pero también requiere que las OSC desarrollen estrategias de articulación inclusivas y la elaboración de un consenso sobre las vías para la transformación.


anexo 1

Personas clave entrevistadas

Mtra.Sandra Aguilera Arriaga. Presidenta de Contracorriente A.C y fundadora de la Ronda de Reflexión de la Ford.

Dr. Carlos Muñoz Izquierdo. Investigador educativo, fundador de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) y del COMIE.

Mtra. Guadalupe López. Investigadora de Investigación y Educación Popular Autogestiva, Yucatán, México. IEPA.

Mtro. Miguel Ángel Rodríguez. Coordinador Nacional de FLAPE México y miembro del grupo de redacción de Observatorio Ciudadano de la Educación.

Dra. Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Fundadora de PRADE, A.C. y docente investigadora de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Dra. Lorenza Villa Lever. Presidenta del consejo directivo de OCE.

Mtro. Carlos Zarco Mera. Ex-secretario del CEAAL y fundador de ICE.

Directivos de la cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla, México.

»

»

»

»

»

»

»

»

Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano�0

anexo 2Encuentro de reflexión y consulta: derecho a la educación

pública de calidad y participación ciudadana en la educación Mérida, Yucatán 6 y 7 de octubre 2006

Nombre Organización Lugar

1 Carlos Chable Inst Lengua May Carrillo Pto 2 Paty Lopez con Ale Educe Quintana Roo Bacalar 3 Amanda Rubio PADSUR-UADY Mérida4 Humberto Cable UMAC y KET XIBAL Chacksinkin5 Juan Burgos Misioneros Chacksinkin6 Reyna Can FUNDEHY Motul7 Alberto Sansores UMAC Camino Real 8 Profesor Arturo Caballero Universidad Marista Mérida9 Universidad Modelo Mérida10 Nelsy Ku Chay Hun Muuch Sihó11 Rosario ADAY Mérida12 Margarita Rosales INAH/MAC 13 Magui Noh EDUCE/MAC Chetumal 14 Mónica Fernández CSJ Campeche15 Jaynet Gonzalez BIOASESOES Mérida16 Alejandra Acosta EDUCE Campeche17 Beatriz Cofre INDEPENDIENTE Mérida18 Carlos Ancona Kookay Mérida19 Sergio Moreno Kookay Mérida20 Georgina Kookay 21 Bernardo Caamal Radio-Peto-CDI Peto 22 Lupita López IEPAC Mérida23 Feliciano Sánchez INDEMAYA Mérida24 Bernard Vandeweerd Comadep 25 Antonio Sandivar Ecosur/ Casa de la ciencia Chiapas26 Lalo Educrando Chiapas27 Policarpo Canul Sistema coopera Telchac28 Mercy del S Tamayo Tamayo Sistema coopera Motul 29 Marco Antonio Cervera SEP-INTERCULTUR Mérida30 Lety APIS 31 Felipe Colorado Programa de Manejo de riesgo PNUD Mérida32 Rodolfo Macosay Punto Verde Mérida

Agradecemos profundamente a Investigación y Educación Popular Autogestiva (IEPA) y, de manera particular a la Mstra. Guadalupe López, por su solidaridad con FLAPE en la organización de esta consulta

con organizaciones civiles y estudiosos de educación.

�1Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

anexo 3Encuentro de reflexión y consulta: derecho a la educación

pública de calidad y participación ciudadana en la educación Cuetzalan, Puebla 9 de octubre 2006

Nombre Institución 1 Anastasio Aguilar P. 2 Rocio Cabrera H. 3 Germán Diego Arrieta 4 Ismael Chávez Tomás IEEA5 Francisco Sánchez Conde PRADE6 Sergio Mora Tapia KALTA7 Petra Cabrera Galindo 8 Miguel Ortigoza Álvarez 9 Ángeles Romero Cruz 10 María Keating 11 Gloria Pérez 12 Aldegundo González Álvarez Tosepan Titataniske13 Nicolás Vázquez Diego Radiofusora XECTZ14 Ulises Juárez Reyes 15 Silvia Elena Amador Perez 16 María Guadalupe Lucas López Estudiante UNIDES17 Eliseo Zamora Islas UNIDES

Nuevamente nuestro reconocimiento profundo a la Tosepan Titataniske, y de manera especial Aldegundo González, por los esfuerzos compartidos con FLAPE en la consulta sobre derecho a la educación pública de

calidad y participación ciudadana en la educación, realizado en sus acogedoras instalaciones.


BiBliografÍa

AndrAde, Patricia y Miguel MArtínez (2006), FLAPE estudio nacio-nal de Perú 2001-2005, Lima.

BAiley, K. M. (1998), NGO’s take to politics: The rol of Non Governmental organizations in Mexico’s Democratization effort, paper presented at the 1998 meeting of the Latin American Studies Association, The Palmer House Hilton Hotel, Chicago Illinois, September 24-26.

CAnto, Manuel (2001), “Desarrollo social: descentralización y par-ticipación”, en C. Penso e I. Font (Coord.), Políticas sociales y nue-vos actores, Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, Serie Administración, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, pp. 25-50.

CAstellAnos, R. L. y otros (2005), Rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia en México, vol. 1, Alianza Cívica A.C., México. Disponible en: http://www.equipopueblo.org.mx/diploma-do/Vol_1.pdf, consultado el 30 de noviembre, 2006.

CEAAL (2006), Encuentro Taller sobre incidencia en políticas edu-cativas: Estrategia urgente para la democratización de la sociedad y la educación, Bogotá, 29-20 abril. Disponible en: http://inciden-ciaeducacion.org.mx/regiones/estrategia.pdf, consultado el 3 de diciembre, 2006.

ChAMBers, R. (1997), “Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience”, en World Development, vol. 22, n˚ 9, pp. 1253-1268.

Corvalán, Javier y Gabriela Fernández (1998), Apuntes para el Análisis de la Participación en Intervenciones Educativas y Sociales, n˚ 11, Santiago de Chile, CIDE.

de iBArrolA, María y Enrique BernAl (2003), “Descentralización: ¿quién ocupa los espacios educativos? Transformaciones de la oferta escolar de una ciudad mexicana”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, mayo-agosto, vol. 8, n˚ 18, pp. 379-420.


evAngelistA, Elí (s/d), Las políticas sociales en el desarrollo local: aproximaciones a la construcción de la política juvenil en la ciudad de México 1998-2000. Disponible en: http://www.ubiobio.cl/cps/po-nencia/doc/p8.3.htm, consultado el 2 de diciembre de 2006.

FLAPE (2006), Propuesta de guía-estructura para el desarrollo de los segundos informes nacionales, México.

Flores Crespo, Pedro (2005), “Participación social y ciudadana”, en Observatorio Ciudadano de la Educación, Plataforma 2006, Cuaderno de trabajo, México, OCE.

gonzález, Wilfredo, Adhemar guzMán y Anel Cornejo (s/d), Participación Social en Educación, equipo del programa Posotí, Propuesta CEBIAE 4. Disponible en: http://www.cebiae.edu.bo/contenido/textos/PROPUESTA4.pdf, consultado el 3 de octubre de 2006.

jACoBi, Pedro (2000), “Educaçao, ampliaçao da cidadania e par-ticipaçao”, en Educaçao e pesquisa, Brasil, vol. 26, n˚ 2, jul-dic, pp. 11-29. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022000000200002, consultado el 3 de octu-bre de 2006.

lAtApí, Pablo (2004), “La participación social en la definición de po-líticas públicas de educación: el caso de Observatorio Ciudadano de la Educación”, en Perfiles Educativos, UNAM, CESU, Colaboradores libres, vol. IV, especial, septiembre.

MAjone, Giandoménico (1997), Evidencia, argumentación y per-suasión en la formulación de políticas, Fondo de Cultura Económica, México.

MedinA, Patricia (s/d), “ONG y redes electrónicas en educación in-tercultural: prácticas y ámbitos en tensión”, en Educación, derechos sociales y equidad, La Investigación Educativa en México 1992-1002, T.I: Educación y diversidad cultural, Educación y medio ambiente, México, COMIE.

MeluCCi, Alberto (1989), “La acción colectiva como construcción social”, en Estudios Sociológicos, IX, México.


Meyer, Lorenzo (2006), Fox, Maquiavelo y el engaño, Portal INEP, 28 de diciembre. Disponible en: http://www.inep.org/content/view/4072/16, consultado el 29 de diciembre de 2006.

Moreno, Luis (2000), Ciudadanos precarios, Barcelona, Edit. Ariel.

Moreno, Pedro (2001), “Nuevos actores e implementación de la política social”, en C. Penso e I. Font (Coord.), Políticas sociales y nuevos actores, Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, Serie Administración, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, pp. 51-68.

pAlACios esCoBAr, Angeles (2007), Características de la Política Social en México. Disponible en: http://www.rolandocordera.org.mx/pol_social/caracteristicas.htm, consultado el 4 de noviembre de 2007.

Penso, Cristina (2001), “Organizaciones civiles y políticas socia-les”, en C. Penso e I. Font (Coord.), Políticas sociales y nuevos ac-tores, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapozalco, Biblioteca de Ciencias y Humanidades, pp. 121-150.

pretty, Jules N. (1996), “Participatory Learning for Integrated Farming” en Frands Dolberg y Poul Henning Petersen (eds.), Tune Landboskole, Denmark, marzo 25-29. Disponible en: http://ifs.plants.ox.ac.uk/tune/tune96/contents.html, consultado el 25 de oc-tubre de 2006.

rosenFeld, Mónica (2005), “Dilemas de la Participación Social: El encuentro entre las Políticas Públicas y la sociedad Civil”, en Cuadernos de Observatorio Social, n˚ 7, septiembre.

sAlgAdo MendozA, Gloria Trinidad (2000), “Trabajo en América la-tina desde el Concepto de Ciudadanía”, en Bajo el Volcán (Revista del Posgrado de Sociología), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vol. 1, año 1, nº 1.

zArCo, Carlos y Rafael reygAdAs (2002), Incidencia Pública de las Organizaciones Civiles en México, México, D.F. CEAAL.

ColeCCión liBRoS FlAPe

1 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso argentino

Ana Pagano, Ingrid Sverdlick y Paula Costas

2 El derecho a la educación en Argentina Florencia Finnegan y Ana Pagano

3 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso brasileño

Florencia Stubrin (Coordinadora)

4 El derecho a la educación en Brasil Estela Scheinvar

5 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso colombiano

Nohema Hernández Guevara

6 El derecho a la educación en Colombia Carlos Alberto Lerma Carreño

7 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso chileno

Rodrigo Cornejo, Juan González y Juan Pablo Caldichoury

8 El derecho a la educación en Chile Jesús Redondo (Coordinador)

9 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso mexicano

Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez

10 La educación básica como derecho social fundamental: estudiantes, recursos y escuelas indígenas 2000-2005. El derecho a la educación en México. Miguel Ángel Rodríguez

11 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso nicaragüense

Rafael Lucio Gil

12 El derecho a la educación en Nicaragua Miguel de Castilla Urbina

13 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso peruano

Patricia Andrade y Miguel Martínez

14 El derecho a la educación en Perú Gladys Vigo Gutiérrez y Teresa Nakano Osores

15 El derecho a la educación: un balance de la situación en América Latina Pablo Gentili

16 Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas en América Latina

Ingrid Sverdlick

observatorio de la infancia - 1bsujdjqbdjwo f jodjefodjb ef … · 2019-07-24 · que marca el...

Documents