poder judicial informe de evaluaciÓn anual …

Dirección General de Presupuesto Nacional

PODER JUDICIAL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar justicia en forma pronta, sin denegación

y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás

normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a

todos los usuarios y usuarias. La Corte Suprema de Justicia y demás tribunales conocen,

resuelven y ejecutan las resoluciones que emitan sobre los procesos judiciales que le son

sometidos según la materia de su especialidad, como son: civil, laboral, de familia, tránsito y

penal, entre otras, con la participación activa del Ministerio Público como requirente ante los

tribunales penales de la aplicación de la ley y el trabajo del Organismo de Investigación Judicial

como auxiliar y asesor de las autoridades judiciales, así como de la oficina encargada de la

Atención y Protección de Víctimas y Testigos que participa en el proceso penal y la oficina de

Defensa Pública que garantiza la defensa de los derechos, libertades e intereses de los

demandados que no pueden costear el proceso penal y otros procesos judiciales asignados.

Si bien en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio

presupuestario 2015 no aparecen objetivos institucionales, es importante resaltar algunos logros

que se han venido desarrollando en procura de brindar un mejor servicio a las personas

usuarias, siendo los más relevantes los siguientes:

Combate al crimen organizado y el narcotráfico. El Poder Judicial presentó un proyecto de Ley

para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico

y el proyecto para la Evaluación del Desempeño del personal judicial, en Reunión Ordinaria de la

Comisión de Seguridad de Centroamérica, realizada en Guatemala del 17 al 21 de enero 2015,

se establecieron las prioridades en relación al combate regional contra la “narcoactividad”,

“maras y pandillas”, “sicariato” y “trata de personas”, entre otros temas que afectan la región,

también se dio la capacitación denominada “Autoría y Participación en la Criminalidad del

Narcotráfico”, dirigida a jueces y juezas de Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana,

en busca del intercambio de conocimientos como herramienta efectiva en contra de la

delincuencia organizada, asimismo, la Corte Plena, aprobó modificar el perfil laboral de quienes

integran el Tribunal de la Inspección Judicial; con base en las recomendaciones emitidas por la

Comisión creada para investigar la penetración del crimen organizado y narcotráfico en el Poder

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Judicial, acogidas por Corte Plena en la sesión 55-2014 del 24 de noviembre de 2014, por otra

parte, la Inspección Judicial retomó la programación de visitas de supervisión a todas las oficinas

judiciales del país y se remodeló el Centro de Escuchas Telefónicas, a efecto de integrar la

tecnología necesaria para iniciar funciones, para lo que se contó con el financiamiento del

Instituto Contra las Drogas.

Actualización de la normativa. En diciembre de 2015, se aprobaron por parte de la Asamblea

Legislativa y a iniciativa del Poder Judicial, el Proyecto de Reforma Procesal Laboral; el cual

contempla la inclusión de la oralidad en los procesos, la conciliación y la actualización de la

legislación laboral costarricense, en busca de una justicia laboral célere y efectiva; y el Código

Procesal Civil que regirá los procesos de naturaleza civil y comercial y aquellos que no tengan

legislación procesal especial. También se entregó oficialmente el “Proyecto de Código Procesal

de Familia, Niñez y Adolescencia” a la Ministra de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez

Chavarría, para que continúe con el trámite de aprobación correspondiente; asimismo, la Corte

Plena aprobó la propuesta de “Proyecto de Ley para la Evaluación de la Gestión, el Desempeño

y la Rendición de Cuentas en el Poder Judicial”, que requerirá la posterior aprobación por parte

de la Asamblea Legislativa.

Rediseño de procesos. En enero de 2015 inició el rediseño del Circuito Judicial de Cartago, que

contempla la puesta en funcionamiento de 19 despachos orales-electrónicos y el seguimiento y

control de seis despachos que ya trabajaban bajo este programa, con lo que se busca una

mejora en el servicio mediante la utilización de nuevas tecnologías, la implantación de

indicadores actualizados, evaluación del desempeño, transparencia y participación ciudadana.

Atención integral de problemas sociales. Representantes del Poder Judicial, Viceministerio de

Justicia y Paz, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Consejo

Nacional de Rectores, Consejo de la Persona Joven, Defensoría de los Habitantes y

organizaciones no gubernamentales como Jóvenes contra la Violencia y Acción Joven,

trabajaron en forma conjunta la construcción de la política pública en Justicia Restaurativa para

la población penal juvenil y se tiene previsto alcanzar un borrador de la política en octubre

próximo, que sería la visión que guíe a todos los actores que se involucran en los temas penales

juveniles. También se implementó el “Observatorio Nacional contra la Tortura – Costa Rica”



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(ONAT-CR), como órgano vigilante de la situación de las cárceles en nuestro país y del respeto

de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además, con participación de

varias instituciones, entre ellas las empresas Claro, Movistar y el ICE (Kölbi), se lanza la

aplicación para móviles “Empodérate” que está dirigida a niños, niñas y adolescentes, para que

se empoderen de sus derechos y los hagan valer. Por último, la Comisión Interinstitucional de

Alto Nivel Contra el Hacinamiento Carcelario, analizó la situación penitenciara actual del país;

donde destacan las acciones desarrolladas para disminuir el problema de hacinamiento, como la

creación de 1.072 nuevos espacios para personas privadas de libertad en los distintos centros

penitenciarios del país, así como 1.632 espacios más que se encuentran en proceso de

construcción dentro del centro penal La Reforma.

Desarrollo tecnológico. Actualmente el Poder Judicial desarrolla un sistema de consultas para la

Dirección General de Migración y Extranjería, respecto de las personas y los permisos de salida

del territorio nacional, que opere a tiempo completo, los siete días de la semana, las 24 horas del

día, todos los días del año.

Acceso efectivo a los servicios de justicia. El Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras

Judiciales (SNFJ) “Luis Paulino Mora Mora”, integrado por líderes comunales, que de forma

voluntaria, laboran en coordinación con las autoridades judiciales para darle orientación y

asesoría a quienes integran sus comunidades y mediar en conflictos que no requieren

necesariamente llegar hasta estrados judiciales; se continúa expandiendo y al iniciar el 2015,

cuenta con 191 facilitadores judiciales en todo el país; siendo Sarapiquí, Puntarenas y Pérez

Zeledón las últimas zonas en integrarse. El Sistema se nutre de otros actores importantes como

la Fuerza Pública, por lo que se capacitó a 478 oficiales destacados en la Zona Atlántica, Zona

Norte, Sarapiquí, Puntarenas y de la Escuela Nacional de Policías. Asimismo, fue juramentada la

Comisión de Personas Usuarias del Circuito Judicial de San Carlos, que es una instancia de

participación social con carácter consultivo, donde se analiza la calidad del servicio público que

presta el Poder Judicial con el propósito de identificar deficiencias que afecten los servicios y

sugerir posibilidades de mejora. Igualmente, mediante un programa de descongestionamiento,

se logró dar trámite con una respuesta efectiva a 300 procesos laborales (tramitados bajo la

modalidad electrónica) que tenían señalamiento entre abril y noviembre de 2015, en el Juzgado



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de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, logrando reducir de 18 a 7 meses el

tiempo previsto para realizar las audiencias de recepción de prueba y dictado del fallo.

Posicionamiento internacional. La última evaluación realizada para el Rankin de Índice de

Accesibilidad a la Información Judicial mediante internet, desarrollado por el Centro de Estudios

de Justicia de las Américas (CEJA), con el fin de medir el acceso a documentos oficiales,

estadísticas, reglamentos, agendamientos y recursos disponibles, entre otros, ubica al Poder

Judicial de Costa Rica en la tercera posición de los 34 países valorados, sólo por debajo de Chile

y Brasil. Asimismo, en 2015 Costa Rica se ubicó de primero entre los siete países de

Latinoamérica con menor impunidad, es decir, menor falta de castigo, inexistencia, de hecho o

de derecho, de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria, por arriba de Barbados,

Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana y Chile, según lo reveló el estudio realizado por

el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ).

Coordinación de cooperación internacional: Para 2015, se ejecutaron una serie de proyectos

aprobados por EUROsociAL II que involucraban temas de Violencia de género, Justicia

restaurativa, Red de apoyo para la reinserción social de las personas en conflicto con la ley que

tienen una situación de vulnerabilidad en razón de problemas mentales, Fortalecimiento de la

Defensa Pública, Atención integral a personas privadas de libertad, III fase del Plan Nacional

2014, Modelo para la remisión de las mujeres del sistema penal y sus familiares dependientes a

la Red Interinstitucional del Sector Social. Asimismo, en el marco del proyecto de la Embajada de

Estados Unidos y el Poder Judicial, en conjunto con el Centro Nacional para Tribunales Estatales

(NCSC), los programas en Justicia restaurativa en materia penal juvenil de lugares como Limón,

Guápiles, Puntarenas y San José, se beneficiaron con la donación de equipos tecnológicos por

parte de la Embajada de Estados Unidos. Finalmente, se realizó una reunión de un experto

internacional del Programa EUROsociAL II, con autoridades del Poder Judicial y el Fiscal

General de la República, representantes de la Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio

de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Procurador General de la Ética, entre

otros, con el fin de elaborar un Manual de Buenas Prácticas para la investigación de delitos de

corrupción, delitos económicos y tributarios vinculados en Costa Rica.



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Desarrollo humano del personal judicial. Cerca de 3.700 personas que viven en las siete

comunidades de Isla Chira, recibieron orientación y mediación de las tres personas nombradas

por el Poder Judicial en la zona como facilitadoras judiciales. Durante una visita realizada, uno

de los facilitadores expuso las preocupaciones de las comunidades, sus necesidades y promovió

una reunión con los integrantes de la comunidad para darles a conocer más sobre la

administración de justicia.

Transparencia. Según el Barómetro de las Américas que estableció el Programa Estado de la

Nación, al finalizar el año anterior el Sistema de Justicia Costarricense (52,9%) ocupó el segundo

lugar superado únicamente por la Iglesia Católica (62,6%) en cuanto al índice de confianza

institucional, entre los costarricenses. También las autoridades judiciales presentaron la Política

de Participación Ciudadana, que tiene como finalidad preparar las condiciones internas y

externas para el suministro de información hacia y desde la comunidad, con una participación

activa que involucra a la población en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas

públicas, de manera responsable, activa y continua.

Indicadores de resultado

En el caso del Poder Judicial, no se cuenta con indicadores de Resultado a nivel institucional,

dado que la institución formuló en su oportunidad Objetivos Estratégicos Institucionales, que no

cumplían con las características y requisitos que requiere la metodología de programación

utilizada por Presupuesto Nacional enfocada al usuario externo, por lo que estos objetivos ni sus

respectivos indicadores fueron incluidos en la Ley de Presupuesto 2015.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2014

y 2015, en términos reales (colones constantes base 2014) con ingresos corrientes y de

financiamiento (001 y 280).



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Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 9193 y

Modif.)

(Ley No. 9289 y

Modif.)

0-Remuneraciones 299.530.688.148 298.175.366.502 99,5 336.794.710.589 324.706.642.064 96,4

1-Servicios 22.874.785.983 19.516.280.452 85,3 26.118.850.223 21.111.105.650 80,8

2-Materiales y Suministros 6.532.255.172 5.214.012.115 79,8 6.905.056.596 5.544.740.016 80,3

3-Intereses y Comisiones - - - - - -

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 15.391.371.228 6.727.315.497 43,7 22.556.000.186 9.712.515.307 43,1

6-Transferencias Corrientes 5.935.015.871 5.841.234.760 98,4 6.395.018.191 6.338.244.153 99,1

7-Transferencias de Capital 286.009.336 286.009.336 100,0 - - -

8-Amortización - - - - - -

9-Cuentas Especiales 234.110.350 113.957.237 48,7 187.158.309 132.436.956 70,8

SUB TOTAL 350.784.236.088 335.874.175.900 95,7 398.956.794.093 367.545.684.147 92,1

Transferencias no vinculadas 1/ 2.464.291.683 2.463.531.740 100,0 2.834.410.968 2.832.770.252 99,9

TOTAL GENERAL 353.248.527.771 338.337.707.639 95,8 401.791.205.061 370.378.454.398 92,2

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

EJECUTADO ²/

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de

cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Cuadro 2.1

EJECUTADO ²/

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

%

EJECUCIÓN

%

EJECUCIÓN

2014 2015

Poder Judicial

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2014-2015 (en colones constantes base 2014)

El cuadro anterior incluye un ítem para las transferencias no vinculadas a la gestión, que para el

caso particular del Poder Judicial lo integran las transferencias a la Asociación Solidarista, al

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, a la Asociación Guardería y

Centro Infantil de los Funcionarios del Poder Judicial y las cuotas a Organismos Internacionales.



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De acuerdo a la información remitida por el Poder Judicial, las razones principales que incidieron

en el nivel de ejecución institucional son:

Una vez analizados los aspectos y variables que afectan la partida Remuneraciones, la

institución indica que los saldos en algunas subpartidas constituyen ahorros derivados

principalmente de acciones tales como: políticas y directrices promulgadas por la Corte Plena y

el Consejo Superior en materia de otorgamiento de becas; disposiciones sobre la sustitución por

concepto de vacaciones, que se valida si es igual o superior a ocho días hábiles, salvo

excepciones autorizadas por el Consejo Superior; lineamientos restrictivos para la aprobación de

permisos con goce de salario; así como el efecto por incrementos por costo de vida decretados

que resultaron inferiores al factor considerado para la formulación del presupuesto del 2015.

Por otra parte, la aplicación de los compromisos no devengados del año anterior al presupuesto

siguiente, es un problema que para 2015 significó hacer frente a ¢8.719,5 millones, con la

dificultad que presenta su aplicación a la estructura presupuestaria del Poder Judicial; por esta

razón, se realizó un análisis para impactar lo menos posible las necesidades prioritarias y hacer

las modificaciones correspondientes para dar contenido a los compromisos desfinanciados.

Como una medida de control directa sobre los saldos pendientes de ejecutar, a partir de 2015, el

subproceso presupuestario implementó el envío de comunicados periódicos sobre los saldos y

documentos pendientes, a los encargados y responsables de programas, lo cual permitió un

mayor seguimiento a los compromisos no devengados del 2014. La debida coordinación con los

diferentes centros de responsabilidad que contaban con documentos pendientes de trámite, dio

lugar a contactos con los proveedores y a la agilización de los procedimientos que impedían el

pago inmediato del compromiso, cuando legalmente era posible. Asimismo, se procedió a

caducar los documentos que por diversas razones no procedían, tales como sobrantes de

compra o estimaciones de gasto y contrataciones que presentaban incumplimientos, entre otros.

Otras acciones que operan para mejorar la ejecución presupuestaria y disminuir el impacto del

Compromiso No Devengado en los presupuestos son:

-El funcionamiento del equipo interdisciplinario compuesto por la Dirección Ejecutiva,

Departamento Financiero Contable, Departamento de Proveeduría, coordinado con los

encargados de centros de responsabilidad, así como con oficinas de apoyo en la labor



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administrativa, que tienen el propósito de dar seguimiento y analizar continuamente los niveles

de ejecución y tomar las medidas del caso.

-La remisión de una circular al inicio de año, recordando a los administradores de programas la

documentación necesaria para el inicio de los procedimientos, así como los plazos para la

recepción de las requisiciones de bienes y servicios según se trate su cuantía, con el fin de

lograr un plazo adecuado de ejecución del procedimiento que garantice la recepción del bien o

servicio y su cancelación dentro del período presupuestario en ejercicio, de acuerdo a lo

solicitado por la proveeduría judicial. También, se ha establecido contacto permanente con los

administradores de cada programa, con el propósito de mantener comunicación para el análisis

de dudas en materia de contratación administrativa o bien sobre la importancia de atender los

plazos máximos para la remisión de solicitudes de compra, además de los aspectos a considerar

al momento de definir las especificaciones técnicas para los carteles o pliegos de condiciones,

de manera que se minimice la posibilidad de objeciones que retrasen el procedimiento.

-La coordinación que se realiza con los proveedores para que presenten con la mayor rapidez el

cobro de los bienes y servicios prestados, principalmente al cierre del período, sin embargo, en

muchas ocasiones no se logra este objetivo.

-La elaboración de informes trimestrales por centro gestor con la nueva herramienta informática

desarrollada en SIGA-PJ, que se hace del conocimiento de los órganos superiores, con el fin de

que se conozca la ejecución presupuestaria de forma resumida y específica, además de que se

utiliza para el seguimiento de los avances de la ejecución en los centros gestores.

-La aprobación del proyecto institucional para mejorar el proceso de contratación administrativa

en materia de infraestructura, obras físicas de mantenimiento y reparaciones, informática

(Recurso Tecnológico Estratégico), así como de equipos y servicios especiales del OIJ, para la

ejecución presupuestaria 2016. Este proyecto pretende iniciar los procedimientos de compra

desde el año 2015 para ejecutarlos en el siguiente periodo y adelantar así los procesos.

Asimismo, se pretende implementar acciones más específicas, como solicitar a los entes

técnicos los carteles de la contratación desde el año anterior, contratos según demanda, para

minimizar los trámites año a año y análisis de otros medios de pago como la carta de crédito.



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Es importante mencionar que la institución cuenta con el Sistema SIGA-PJ mediante el cual se

integra a todo el país de forma simultánea y en línea, durante el año 2015 se ha trabajado en la

implementación del módulo de actas que permite aplicar el pago final al proveedor en línea, de

acuerdo a la tecnología implementada en este nuevo sistema, lo que permite cerrar los trámites

de compra de acuerdo a la nueva plataforma y poder cumplir los plazos establecidos.

Entre los factores que influyen en la ejecución se encuentran:

-Atrasos en las entregas y cobros por la compra de bienes y servicios, así como los procesos de

contratación que por las características de las compras y su cuantía o por el avance en su

ejecución, no es posible concluirlos en el corto plazo.

- Los procesos de contratación administrativa conllevan mucha tramitología que alarga los plazos

de entrega. Tal es el caso de las licitaciones que por la cuantía de la compra o por las

características del proyecto dificultan su cumplimiento en el año presupuestario. Así por ejemplo,

los proyectos de construcción por montos considerables, necesitan de procedimientos de

contratación complejos debido a las definiciones de requerimientos, permisos de construcción,

elaboración de carteles, invitación de oferentes, revisión de propuestas, aprobación de contratos

y ejecución de las obras. En este caso se encuentran algunos proyectos en ejecución como: la

construcción de los Tribunales de Justicia de Hatillo y Jicaral, el acondicionamiento eléctrico del

Edificio de la Plaza de la Justicia, las remodelaciones del taller mecánico del OIJ en la Ciudad

Judicial y la de cárceles del edificio de Tribunales del II Circuito Judicial de San José, entre otros.

-Otros problemas presentados con las contrataciones son: la definición clara y precisa del objeto

contractual y de especificaciones técnicas al momento de la invitación a los potenciales

proveedores, que eventualmente en caso de no cumplir con todos los requisitos, provoca que los

procesos de contratación sean recusados, comprometiendo el tiempo de ejecución de los

mismos. En este caso los administradores han indicado retraso en la obtención de las

especificaciones técnicas por parte del Departamento de Servicios Generales, por lo que han

solicitado mayor celeridad en los tiempos de respuesta para atender de forma expedita la

demanda de esos servicios.

-También, existen casos de procedimientos que son declarados desiertos o infructuosos, lo que

implica iniciar nuevamente el proceso desde su primera etapa, esto afecta principalmente las



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licitaciones, lo que implica recursos sin ejecutar por montos considerables. Caso contrario con

las contrataciones directas, cuyo plazo para adjudicación permite hacer todo el proceso y lograr

la entrega de los bienes y servicios oportunamente.

-Contrario a los anteriores, un efecto favorable para la ejecución lo representa el empleo de las

contrataciones para atender el abastecimiento de materiales y suministros, por medio de la

implantación de licitaciones por entrega según demanda y con la definición de empresas

precalificadas, por cuanto permitió ahorrar tiempos en procedimientos licitatorios y mejorar la

ejecución presupuestaria en montos significativos, debido a que no se repiten nuevos

procedimientos en otros períodos presupuestarios.

-Por su parte, la ejecución de las transferencias corrientes, se explican básicamente por la

demanda de pago de los rubros relacionados con indemnizaciones y prestaciones legales

principalmente. Estos pagos se han realizado de acuerdo a las solicitudes para cancelar

derechos laborales y a las resoluciones administrativas o judiciales que se atendieron. También,

se ejecutaron los recursos que se transfieren al Fideicomiso del Poder Judicial para atender

emergencias nacionales y continuar con los proyectos relacionados. Sin embargo, los recursos

incluidos como ayuda económica a funcionarios asignados para la Escuela Judicial con el fin de

atender el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura, no fueron ejecutados

como se esperaba, debido a que no existieron suficientes oferentes de acuerdo a los requisitos,

por lo que se tuvo que cambiar la fecha de inicio en distintas ocasiones y el programa empezó

hasta el mes de octubre 2015.

En conclusión, a pesar que el porcentaje de ejecución del Poder Judicial se ha venido

manteniendo por arriba del 95,0%, para este ejercicio económico el nivel de ejecución disminuyó

en un 4,6% respecto al porcentaje que se había obtenido el año anterior. Básicamente esta baja

en la ejecución se explica por los recursos no utilizados en la partida de remuneraciones, dadas

las restricciones de gasto en este rubro y que algunos de los sobrantes no fueron utilizados en

otras necesidades, así como por los problemas de ejecución que enfrentó la partida de bienes

duraderos, a causa de las dificultades con los diferentes procesos de contratación, lo que

conllevó a que muchos de estos recursos no fueron devengados en 2015, sino que quedaran

comprometidos para su ejecución contra el presupuesto del ejercicio 2016.



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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

El presente análisis se enfocará en los avances o logros de los indicadores estratégicos, en

apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, que ha venido

implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional, sin embargo, a partir del próximo

2016 esta Dirección inicia un cambio metodológico en la Programación y Evaluación

Presupuestaria, lo que llevará a un cambio en el análisis de la información a partir de los

informes del 2016.

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de

Presupuesto y sus modificaciones.

Para los años 2014 y 2015 la entidad contó con los siguientes indicadores:

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total

Servicio Jurisdiccional 1 2 3 1 3 4

Servicio Invest. Judicial - - - - - -

Serv. Ejerc. Acc. Penal Púb. - - - - - -

Servicio Defensa Pública 1 2 3 1 2 3

Servicio Justicia Tránsito - 1 1 - - -

Serv. At. y Protec. Víct y Test. - 3 3 - 4 4

TOTAL 2 8 10 2 9 11

F uente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Centro de Gestión 1/

Cuadro 3.1

Poder Judicial

Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos

2014-2015

2014 2015

por Centro de Gestión

Como puede observarse en el cuadro anterior, el programa Servicio Justicia de Tránsito fue

eliminado junto con el indicador estratégico que contenía, por lo que para este año la cantidad de

programas presupuestarios fue inferior al 2014. Por otra parte, debe considerarse que la

ausencia de indicadores que se muestra en el cuadro anterior, correspondientes al Servicio de

Investigación Judicial (OIJ) y al Servicio del Ejercicio de la Acción Penal Pública (Ministerio

Público), se debe básicamente a un aspecto técnico, por cuanto estos servicios no cumplen con

los requerimientos técnicos de la categoría programa presupuestario y por consiguiente, su



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programación fue excluida de las leyes de presupuesto a partir de la correspondiente a 2013 y

desde ese año no son sujetos de evaluación. Debe comprenderse sin embargo, que lo anterior

no quita la relevancia que tienen estas actividades presupuestarias (así catalogadas según la

técnica de presupuesto por programa) para la planificación institucional; por cuanto funcionan

como servicios de apoyo a los procesos que se realizan para la resolución final de un caso

judicial, su producción por consiguiente no tiene un carácter final, sino intermedio y como tal no

se constituye por sí mismo en un producto entregable a los usuarios externos de la institución.

Asimismo, es necesario señalar que la institución ha venido realizando un esfuerzo junto con la

Dirección de Presupuesto Nacional, por mejorar la programación y la definición de los

indicadores estratégicos. Esto se evidencia en el caso del programa Servicio de Atención y

Protección de Víctimas y Testigos, que producto de este trabajo conjunto, elaboró cuatro

objetivos estratégicos que cumplían con la metodología de programación y a la vez pudieron ser

medidos de forma correcta por medio de sus respectivos indicadores. Como resultado de estas

acciones, para 2015, el 81,8% de los indicadores de la institución son considerados estratégicos

y en el caso particular del programa Servicio Jurisdiccional, incorporado desde 2012 en un Plan

de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a

Resultados, esta relación es de un 75,0%.

Para el año 2015 la institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de

cumplimiento en los indicadores estratégicos:



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Clasificación de

indicadores Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Producto 2 1

Objetivo

Producto 1 1

Objetivo

Producto

Objetivo 3 1

TOTAL 6 2 0 0 1

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Cuadro 3.2

Poder Judicial

Centro de Gestión 1/

Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Parcialmente cumplido

Servicio Jurisdiccional

Servicio Defensa Públca

Serv. Atención y

Protección Víctimas y

Testigos

Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo

según porcentaje de cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2015

En el programa Defensa Pública, el indicador relacionado con el “Porcentaje de satisfacción de

las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la

Defensora o Defensor Público”, tuvo un resultado de un 89,3% en el que se indica que el tiempo

de atención que le dedica el funcionario a los usuarios oscila entre 16 a 45 minutos para el

65,0% de estas personas y que si bien este tiempo de atención ha disminuido, también depende

de la complejidad de la consulta y va asociado a que se mejoró sustancialmente el tiempo de

espera de los usuarios antes de ser atendidos por los defensores, es decir, se le dedicó menor

tiempo a las personas pero tuvieron que esperar menos antes de ser atendidos.

En el programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, el indicador que se

refiere al “Tiempo de respuesta (en minutos) en la atención de los casos fuera del área

metropolitana, que requieran la presencia de agentes de protección para mitigar el riesgo de las

personas intervinientes en los procesos penales”, tenía programada una meta de 36 minutos, sin

embargo el programa no remitió ningún dato y señaló que a mediados de año la Unidad de

Protección a las Víctimas tuvo un cambio de jefatura. Luego de consultar al actual jerarca, este



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indicó que era materialmente imposible cumplir con el tiempo establecido para la atención de los

casos, ya que se requiere realizar un traslado desde las oficinas centrales de San José,

considerando que se debe enfrentar el congestionamiento vial, cierre de vías, accidentes de

tránsito, así como las distancias a que se encuentran las oficinas regionales.

A continuación se incluye información del programa Servicio Jurisdiccional que representa una

prioridad de Gobierno y al que está dirigido el 34,9% del presupuesto del Poder Judicial.

Este programa es el encargado de administrar la justicia en forma pronta, en forma igualitaria

para todas las personas, en apego a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico, lo cual es

pertinente con la razón de ser del Poder Judicial. En este sentido, los retos para el programa

van orientados a disminuir la mora judicial, por lo que se vienen introduciendo una serie de

medidas tendientes a la modernización de la gestión de los despachos judiciales, la agilización

de trámites, la aplicación de nuevas tecnologías y cambios en los procesos de trabajo, entre

otros.

Considerando lo anterior; el siguiente es un análisis de los resultados alcanzados por el

programa respecto de las metas de los indicadores estratégicos y los recursos financieros

programados para su consecución.



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Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Recursos

Programados 1/

Recursos

ejecutados 1/

2/

Porcentaje de

expedientes judiciales

resueltos por el

Programa de Justicia

Restaurativa

X

Tasa de resolución X

Tasa de pendencia X

Total de recursos 139.247,4 134.180,5

Porcentaje de ejecución

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional,

excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones.

2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del

órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones.

Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.


96,4%

Casos

judiciales

terminados

Cuadro 3.3

Poder Judicial

Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros


Descripción

del Producto

Descripción del

Indicador

Parcialmente cumplido

En cuanto a la estimación de recursos y su ejecución, el Poder Judicial indica que no es posible

individualizar el porcentaje de presupuesto correspondiente a cada indicador, porque los

insumos para lograr la consecución de la meta de uno y otro son los mismos; así las cosas,

estos datos se presentan como una sola suma para todos los indicadores.

La institución no cuenta en el programa Servicio Jurisdiccional con indicadores estratégicos

asociados a objetivos, por lo cual no se presenta esta información.



16

Efectividad del Programa

Según los criterios emitidos por la Dirección de Presupuesto Nacional, dos indicadores

estratégicos del programa Servicio Jurisdiccional asociados al producto (gestión), lograron

porcentajes considerados “cumplidos” y uno como “muy bueno”, y según señala el Poder Judicial

aunque no sea posible individualizar el porcentaje de presupuesto correspondiente a cada

indicador, porque los insumos para lograr la consecución de la meta de uno y otro son los

mismos y los datos son globales, se consideró el dato de ejecución aportado por la institución el

cual es de un 96,4% por lo que el programa se clasifica como “efectivo”.

Cumplimiento de

indicadoresEfectivo

Parcialmente

Efectivo

Poco

Efectivo


Indicadores de Producto X

Cuadro 3.4

Efectividad

Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General

de Presupuesto Nacional.

Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de

indicadores asociados al producto y/o objetivos

estratégicos


Poder Judicial

Conforme a los datos del cuadro No.3.3 y la información complementaria suministrada respecto

de los indicadores estratégicos del programa Servicio Jurisdiccional, se tiene que:

El indicador que se refiere al “Porcentaje de expedientes judiciales resueltos por el Programa de

Justicia Restaurativa”, logró alcanzar la meta en un 100%. El programa de Justicia Restaurativa

tiene como fin, que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través del

reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las

consecuencias de sus actos delictivos.



17

De acuerdo a los datos aportados por la institución, de los 1.163 asuntos ingresados al Programa

de Justicia Restaurativa durante todo el año 2015, se lograron finalizar 649 asuntos bajo esta

modalidad. En este sentido, cabe destacar que el porcentaje de resolución descrito, se establece

con la cantidad de asuntos entrados y que los casos restantes (sin resolver), son trasladados al

trámite ordinario donde se resolverán pero a partir de una sentencia mediante esa vía. Resulta

oportuno indicar que, el Programa de Justicia Restaurativa apenas inicia, de ahí que el volumen

de asuntos terminados bajo esta metodología no es tan alto respecto al total de los casos

judiciales terminados en primera instancia, en todos los juzgados y despachos del país y que

incluyen diversas materias que se atienden en los mismos, por lo que se espera que este

porcentaje aumente en la medida que el programa se desarrolle y alcance todo el país.

Este programa contribuye a la intervención del conflicto social mediante formas distintas a la

privativa de libertad. Al reparar las consecuencias del hecho delictivo de manera satisfactoria,

tanto para el actor como para la víctima, se favorece la participación de las personas víctimas,

ofensoras y comunidades en la solución de los conflictos penales, generando un clima de mayor

satisfacción. Por ejemplo, en la población juvenil, ayuda a evitar la vinculación de personas

adolescentes en conflictos con la justicia y a brindar una respuesta al delito, que favorezca la

integración social y la no reincidencia en la población adolescente, la reparación del daño en la

persona víctima, la resolución del conflicto y la restauración de la paz y la seguridad social que

se ha visto quebrantada a partir del ilícito.

Respecto a los indicadores estratégicos “Tasa de Resolución” y “Tasa de Pendencia” se debe

considerar que el análisis de éstos es complementario, por cuanto la base estadística que

permite su cálculo es la misma y la unidad básica de medida son los expedientes o casos que

requieren una resolución judicial. Por medio de la primera se identifica dentro de los expedientes

pendientes, aquellos que se han resuelto, mientras que con la segunda se determina la cantidad

de expedientes que se mantienen pendientes de ser terminados (aunque se haya iniciado su

tramitación), situación por la cual, si una variable aumenta necesariamente la otra presenta una

disminución.

Los datos aportados por la institución establecen lo siguiente:



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-Porcentaje anual de la tasa de resolución (expedientes en trámite que llegado el fin de año

fueron resueltos). Alcanzó un 34,0% de cumplimiento respecto al 34,0% programado, que lo

sitúa en un nivel de cumplimiento del 100,0%.

-Porcentaje anual de la tasa de pendencia (expedientes en trámite que llegado el final de año no

tienen una resolución, quedaron pendientes). Mostró un resultado del 56,8% respecto del 54,5%

programado como meta, por lo que obtuvo un nivel de cumplimiento del 96,0% (este es un

indicador con meta decreciente, mientras más disminuya la meta el resultado es positivo). Al

respecto, la institución considera el nivel de cumplimento como aceptable, en razón de que la

dinámica de algunas materias, como la civil y pensiones alimentarias, impide al Poder Judicial

por si solo terminar los asuntos con mayor tiempo en la “corriente judicial”.

Por ejemplo, en materia de pensión alimentaria, indistintamente del esfuerzo por terminar los

casos, el asunto debe mantenerse en la corriente judicial entre 18 y 25 años o más; en el caso

de la materia de violencia doméstica las medidas de protección deben prolongarse por un año

antes de dar por terminado el expediente; en materia civil y cobros que operan a gestión de

parte, la celeridad es determinada por las partes involucradas y no por el Poder Judicial, lo que

implica que el resultado de estas dos variables, no necesariamente sea siempre el esperado.

A pesar de estas situaciones que se presentan, el Poder Judicial ha venido realizando esfuerzos

significativos para mejorar la capacidad de resolución de los asuntos, a través del uso de la

tecnología, mejoramiento de los controles internos en los despachos, rediseño de procesos,

utilización del escritorio virtual y otras medidas más. Así también se presentó a la Asamblea

Legislativa el Proyecto de ley de Evaluación del Desempeño que se espera contribuya a mejorar

la gestión institucional.

Respecto a estos dos indicadores, la institución señala que una mayor cantidad de casos

terminados, así como una más alta tasa de resolución llevan aparejadas la máxima

constitucional de justicia pronta y cumplida, ya que una mayor cantidad de personas usuarias de

los servicios judiciales se benefician, en el tanto las partes en conflicto puedan ver atendidas sus

demandas de justicia de manera efectiva. Igualmente, esto conlleva a que la población acuda

cada vez más al Poder Judicial y no a otras instancias o vías distintas, a dirimir sus conflictos,



19

contribuyendo con ello a salvaguardar la paz social y nuestro sistema democrático regido por el

principio de legalidad.

En línea con lo anterior, complementando estos dos indicadores, que son considerados

relevantes para el usuario externo, también se estableció otro relacionado que se refiere a la

cantidad de casos judiciales terminados, cuya meta programada fue lograda en un 100%. Se

menciona al respecto que, es importante recordar que dentro de la institucionalidad establecida,

el Poder Judicial es el último “peldaño” que tienen las personas para resolver sus conflictos y que

en cada caso (expediente) que se tramita, como mínimo se involucran dos personas o partes,

por lo cual al terminar 561.694 expedientes, se colige que se resolvió el conflicto que tenían

aproximadamente 1.123.388 personas.

A continuación se presenta un cuadro resumen relacionado al número de casos judiciales

terminados, así como a la tasa de resolución y pendencia, elaborado por la Sección de

Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial:

INDICADORES DE GESTIÓN JUDICIAL POR MATERIA DURANTE EL AÑO 2015



20

De acuerdo a la información que brinda el cuadro No.3.3 y a la suministrada por el Ente Judicial,

se podría indicar que el porcentaje de logro de las metas de los indicadores, está acorde con el

nivel de ejecución de los recursos para el ejercicio económico 2015.

Estimación de costos

Para establecer el costo estimado del conjunto de indicadores que se asocian al “Servicio de

justicia”, la institución consideró la totalidad del presupuesto asignado al programa por un total de

¢139.247.417.503, lo cual resulta comprensible si se considera que los indicadores definidos

miden de diferentes formas los resultados del proceso que conlleva brindar ese servicio, el cual

culmina con la resolución de los casos, ya sea por medidas alternativas o mediante procesos

ordinarios. Según las consideraciones anteriores, para el cumplimiento de los cuatro indicadores

del programa se requirieron recursos por la suma de ¢134.180.473.687,8.

Programa evaluado Servicio Jurisdiccional

Propósito del programa Administrar Justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta

conformidad con las leyes.

Presupuesto del programa ¢138.358.700.883 1/

Porcentaje ejecutado del presupuesto 96.4

Período evaluado Enero a diciembre de 2015.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a producto (gestión)Efectivo.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a objetivos estratégicos (resultados)No se cuenta con información para pronunciarse.

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado

por la DGPN.

1 / No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recursos externos.

Ficha resumen

Información general del Programa o Subprograma

Poder Judicial




21

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Poder Judicial se ajustó en términos generales, a lo solicitado por la Dirección General de

Presupuesto Nacional para remitir información respecto a la gestión de la institución. Sin

embargo, se incluye información abundante, que en algunos casos es reiterativa, por cuanto

afecta la gestión de varios de los programas institucionales, en otro se refiere a actividades

operativas o internas, tales como: seminarios, cursos o talleres de capacitación a los funcionarios

o convenios y estrategias de coordinación con otras instituciones, que no son sujetos de este tipo

de evaluación, según la metodología vigente; razón por la que se solicita hacer un mayor

esfuerzo de consolidación, de manera que se concretice y unifique la información que se remite.

No obstante, es conveniente que se continúe informando sobre los logros institucionales

relacionados con los bienes o servicios que se entregan a los usuarios externos, o con proyectos

que pretenden mejorar en algún grado su efectividad, que para el presente informe se rescataron

con el propósito de mejorar la rendición de cuentas institucional.

En adición a lo anterior, se debe reconocer que la institución atendió para el presente informe

una observación planteada en el informe de seguimiento semestral 2015, sobre el requerimiento

oficial de disponer de los datos financieros que ofrece el Módulo Presupuestario de Poderes.

Asimismo, cabe mencionar que a pesar de las dificultades que le impidieron ejecutar todos sus

recursos, el nivel de ejecución alcanzado es relativamente similar al de los últimos años, aunque

más bajo que el logrado el año anterior.

Al respecto es conveniente considerar que, al igual que en ejercicios económicos anteriores,

existe dificultad para ejecutar recursos en la partida de Bienes Duraderos, debido a los

problemas que se presentan con las contrataciones, especialmente cuando se trata de las

licitaciones que por la cuantía de la compra o por las características del proyecto dificultan su

cumplimiento en el año presupuestario, que a la postre influyen en los montos de los

compromisos no devengados que quedan pendientes para el siguiente ejercicio económico. En

concordancia con lo anterior, nuevamente la institución menciona que esto dificulta la ejecución

presupuestaria para atender la programación de actividades del año, situación que se ha venido

presentando y señalando en los informes de los últimos años. Para 2015, la situación se agrava,



22

por cuanto el monto de los compromisos no devengados fue de ¢8.719,5 millones, un 49% más

respecto de los ¢5.843,1 millones del año anterior, consumiendo un 2,16% del total del

presupuesto institucional para el ejercicio.

En razón de lo anterior, se solicita prestar especial atención al tema de los procesos de

contratación y realizar una intervención más efectiva del equipo de trabajo interdisciplinario para

el Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto, por cuanto si bien se indican diversas medidas

que se vienen adoptando para mejorar la ejecución del presupuesto y minimizar los

compromisos no devengados, los resultados a la vista muestran que las mismas no han sido

efectivas.

En cuanto a las justificaciones sobre los porcentajes de ejecución por partida, es necesario que

las mismas sean precisas y expliquen en forma concreta las acciones que favorecieron la

ejecución o que por lo contrario limitaron o perjudicaron la misma, omitiendo el reporte de

aquellas que no agregan nada al análisis, tal como las modificaciones presupuestarias que se

realizan en el año.

Otro aspecto pendiente, se refiere a la desagregación individual de los costos por indicador ya

que la institución señala que no cuenta con las herramientas para realizarlo y se utilizan los

mismos insumos para cada uno. Si bien se comprende lo complejo de esta tarea, es necesario

realizar el esfuerzo para medir el costo de alcanzar las metas que se propone cada uno de los

indicadores estratégicos propuestos.

Es importante señalar el esfuerzo que ha venido realizando la institución con el fin de mejorar y

perfeccionar la programación presupuestaria y la medición de aspectos estratégicos y de

relevancia para las personas usuarias de sus bienes y servicios. Así, en el programa Servicio

Jurisdiccional se incorporó un indicador estratégico más asociado al producto, para medir otro

aspecto importante que no estaba considerado; y en el programa Servicio de Atención y

Protección de Víctimas y Testigos se formularon dos objetivos estratégicos más con sus

respectivos indicadores, que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos.

De acuerdo con la información remitida por la institución y a los resultados que se pueden

observar, la gestión del ente judicial está respaldada por el logro de las metas de los indicadores



23

estratégicos en un alto grado de cumplimiento, en todos sus programas presupuestarios, así

como en la ejecución de los recursos financieros asignados.

Respecto al indicador del programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos,

sobre el que no se remitió información, argumentando que a mediados de año la Unidad de

Protección a las Víctimas tuvo un cambio de jefatura y que era materialmente imposible cumplir

con la meta, debe aclararse que cuando se definió la incorporación de este indicador mediante

Reprogramación, se hizo bajo el entendido de que se iba a ampliar la presencia del personal de

la Unidad de Protección en cada circuito judicial y no que éste tuviera que trasladarse desde San

José para atender los casos, razón por la que se insta a las autoridades actuales del programa a

reconsiderar si se mantiene este indicador en los términos propuestos o si por el contrario se

reformula o elimina en la programación de 2016.

También, es importante que se consideren las conclusiones del Informe Ejecutivo INF-USCEP-

004-2016 realizado por la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria

(USCEP) de la Dirección de Presupuesto Nacional, referente a la verificación y comprobación de

las fuentes de información y documentación que respaldan el cumplimiento de los indicadores

del programa Servicio Jurisdiccional, contenidos en el presente Informe de Evaluación del Poder

Judicial para el ejercicio económico 2015; con el fin de que se consideren las observaciones

señaladas en el mismo, especialmente en lo que se refiere al suministro de información que

procede de proyecciones y no de datos reales, así como los requerimientos de autoría en los

documentos y la firma de los responsables de los informes, cuando estos se constituyan en

fuentes de información. Lo anterior con el fin de que se pueda declarar como válidas las fuentes

y los datos que se respaldan en éstas.


poder judicial informe de evaluaciÓn anual …

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