EN CIRCULACIÓN

LA EDICIÓN Nº 20

DE LA REVISTA

UNIDAD Y LUCHA

ÓRGANO

DE LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL

DE PARTIDOS Y

ORGANIZACIONES

MARXISTA - LENINISTAS

1503 del 17 al 23 de septiembre de 2010 pcmle@journalist.com / www.pcmle.org/EM

/Precio 0,20 ctvs.

El ejercicio del derecho constitu-cional conocido como revoca-toria del mandato ha iniciado

a ser aplicado en sus etapas preli-minares con la solicitud de los for-mularios para la recolección de las firmas respectivas. Contra más de un centenar de dignatarios –entre alcal-des, prefectos, concejales y el mismo Presidente de la República- se ha pedido aplicar este procedimiento, hasta el momento. Las reacciones de los afectados, en general, son coinci-dentes: piden la reglamentación de un procedimiento que está claro.

De cumplirse con los requisitos que este proceso demanda el país se verá inmerso, en los próximos meses, en una nueva confrontación política de alto nivel, en un nuevo período de gran agitación política. Junto al llamado a votar a favor o en contra de un proceso revocatorio debe plantearse un profundo deba-te programático de lo que la izquier-da revolucionaria piensa respecto del proceso político que vive el país y cómo los funcionarios de elección popular vienen cumpliendo con sus obligaciones y compromisos adqui-ridos con el pueblo.

Correa se apresuró a decir que este mecanismo está siendo aplica-do de manera irresponsable, en un intento por inhabilitar un derecho democrático consagrado en la Cons-titución, y lo hace porque la gran mayoría de las solicitudes de revo-catoria se han presentado en contra de alcaldes de PAIS, lo que debilita la imagen política del partido de go-bierno.

Hay también el pedido en contra del alcalde de Esmeraldas, Ernes-to Estupiñán. Fue el mismo Correa quien –semanas atrás- llamó a revo-car ese mandato y el de la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, en una de las tantas acciones que el gobierno lanza en contra de la izquierda revo-lucionaria. En este caso no estamos frente a administraciones que no han cumplido con el pueblo, sino frente a administraciones que han demostrado capacidad y compro-miso con el mismo; estamos, pues, frente a un intento del reformismo por golpear a la izquierda. El pueblo sabrá rechazar esa pretensión.

Revocatoria del mandato

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El presentador de noticias Carlos Vera inició los trámites de recolección de firmas para la revocatoria del man-

dato a Correa. Esta acción constituye un intento de darle una expresión concreta a la oposición burguesa a más, obviamente, de atribuirse un protagonismo que lo posi-cione. Sin embargo, en el actual momento político del país, lo más probable es que sea un intento fallido en el que Vera quede col-gado y el gobierno fortalecido.

La Constitución, en el artículo 106, plantea que la “revocatoria del mandato po-drá presentarse una vez cumplido el prime-ro y antes del último año del período para el cual fue electa la autoridad cuestionada”; al amparo de esta disposición Vera retiró los formularios para la recolección de fir-mas que sustenten su pedido de revocatoria, para lo cual requerirá un número equiva-lente al 15% de inscritos en el registro elec-toral, esto significa cerca de 1 millón 600 mil firmas de respaldo, cuya autenticidad será debidamente validada por el Consejo Nacional Electoral, luego de lo cual, este organismo tiene 15 días para convocar al plebiscito y en los 60 días posteriores de-berá ejecutarlo.

Como era de esperase, Correa acepta el “nuevo desafío” y, con aire triunfal, antici-pa un nuevo – el séptimo- triunfo electoral sobre “los mismos de siempre”. Y, empe-zó la campaña, primero tildándolo de títere descalificado y luego, recordando la natura-leza política de Vera, por el millón de dóla-res que se propuso conseguir como regalo por su cumpleaños mientras fue Ministro de Turismo, allá en el gobierno de Sixto Durán Ballén; y, por la corbata de seda con el diseño de la bandera de EEUU que lució en una ceremonia en la embajada yanqui a propósito de la fiesta del 4 de julio, hecho que lo identificó como el intento de “hacer méritos ante el imperio”. Desde luego que en la memoria de los ecuatorianos también están presentes la reciente imagen de Co-rrea junto a Hillary Clinton y sus expresio-nes respecto de que no es ni anti capitalista

ni antiimperialista, hecho que no le diferen-cia en nada de la postura que ahora cuestio-na a Vera.

Ciertamente, la nueva Constitución rei-vindica el derecho político de los electores a tramitar la revocatoria del mandato a los representantes de elección popular que, en el ejercicio de sus funciones, no cumplen con los postulados y plan de gobierno por los cuales fueron ungidos como tales. Sin embargo, el uso oportuno de este derecho será el resultado de la acción de las fuerzas políticas y sociales organizadas, en base a una objetiva valoración del escenario y del estado de ánimo de las masas. De lo contra-rio, puede ser un recurso que se desgasta, afianza al mandatario y que, legalmente, no puede volver a ser impulsado, puesto que solo se admite un proceso revocatorio del mandato durante el período de gestión de una autoridad.

En el momento actual, la derechización del gobierno está obnubilada por su prác-tica asistencial y clientelar orientada a los sectores más deprimidos; no se visibilizan con claridad el contenido neoliberal y me-nos el impacto de las leyes que promueve, así como los hechos de corrupción en di-versas instancias del ejecutivo; para ello, juegan un papel preponderante la maquina-ria propagandística y la imagen y estilo del propio Correa. Por ello es que goza de un alto porcentaje de aceptación y es su capital político para, ni corto ni perezoso, tomarle la palabra a Vera y aceptarle el “desafío”, pues en la cancha electoral, en el bis a bis, es un experto. No así en cambio en cuanto a la figura de la “muerte cruzada”, muletilla utilizada para amedrentar a su propio blo-que de asambleístas, pero que en los hechos no la concreta porque sabe que se volvería en un búmeran en su contra, pues ni de le-jos lograría el número de legisladores con el que ahora cuenta.

Después de varios meses de negociaciones, finalmen-

te Ecuador acordó un nuevo préstamo externo proveniente de China por mil millones de dólares, en aplicación de una política que incrementa la de-pendencia con ese país.

El ministro de Finanzas, Pa-tricio Rivera, reconoció que el Gobierno ecuatoriano se com-prometió a vender 36 mil barri-les diarios de petróleo a China durante cuatro años, como parte del convenio de préstamo. Si bien este alto funcionario sos-tiene que ambas partes ganan, es cuestionable que Ecuador se vea obligado a vender petró-leo para garantizar la provisión energética China y, además, tenga que pagar tasas de interés altas en comparación a opera-ciones con otros organismos de crédito.

La lista de operaciones de crédito y acuerdos con China se alarga, generando la sensación

de mayor dependencia. Así, ya está firmado el acuerdo para la construcción de la presa Coca Codo Sinclair por mil 600 mi-llones de dólares, con el adita-mento que quien la construirá será una empresa china y ade-más se deberá pagar altas tasas de interés, el 6.9%.

En ambos acuerdos, los dos países reconocen a las cortes de Londres como el espacio judicial para arreglar sus dife-rendos, una posición por lo me-nos contradictoria por el lado ecuatoriano que hace poco, con razón, criticó a gobiernos ante-riores que hicieron igual cosa y los calificó de vende patrias o de atentar contra la soberanía. Ahora que lo hace el gobierno de Correa, tal parece que esos calificativos ya no son aplica-bles.

Es cierta la afirmación del Ministro de Finanzas en torno a que los bajos intereses que co-bran los organismos multilate-

rales vienen “con una estructura de paquetazos económicos y de recortes sociales”, sin embargo, en el afán de conseguir nuevos recursos y descuidando otros mecanismos de obtención de recursos, se estaría cayendo en otra suerte de dependencia, aho-ra con China, como se ha dicho, la segunda potencia económica mundial, cuyo sistema político está muy lejos de ser comunis-ta, como se autopromueve.

Las relaciones comerciales con China tienen otras aristas. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) efectuó una compra de $ 300 millones a la firma Huawei, proveedora de dispositivos de conexión a internet; una em-presa china invertirá unos 3.000 millones de dólares en proyec-tos mineros, especialmente en la explotación de cobre; la firma Tongguan Investment Corpora-tion compró 96% de las accio-nes de la canadiense Corriente,

propietaria de Ecsa Ecuaco-rriente, a su vez los recursos para esta adquisición proven-drán de un holding chino; la empresa productora de maqui-naria CAMC firmó un com-promiso para invertir en el país otros mil millones de dólares para la construcción de silos, la producción de granos y riego. Todo esto mientras se discute otro convenio para la construc-ción de la presa Sopladora por 600 millones de dólares.

Como se puede apreciar, la dependencia hacia China de los grandes proyectos naciona-les es evidente, la cual, tarde o temprano, desembocará en el ámbito político en el que China, hasta ahora, tan solo tiene una exigencia: el no reconocimiento a Taiwan.

¿Plataforma políticapara Correa?

Ecuador en camino de la dependencia hacia China

El pedido de revocatoria del mandato de Rafael Correa en el actual momento político

del país, lo más probable es que sea un intento fallido en el que Vera quede colgado y el gobierno fortalecido. Constituye un intento de darle una expresión a la oposición burguesa.

El pedido de amnistía para Al-berto Dahik, oficializado el

1 de septiembre pasado por Rafael Correa, es una acción distractora de la atención de la población que ha mostrado su descontento frente a la aprobación de leyes que irres-petan los derechos constitucionales y responden a la política neolibe-ral que el gobierno dijo condenar, también y por otro esta solicitud de impunidad que beneficia al ex vicepresidente de la República, Al-berto Dahik, es una muestra más de la alianza que el gobierno teje con un sector de la derecha que hoy está detrás del gobierno de la “re-volución ciudadana” y que pugna por imponer sus intereses; y, poco a poco lo está logrando. Es evidente el giro a la derecha que Correa ha dado, dejando de lado el proyecto de cambio.

Correa insiste en la amnistía a Dahik a pesar de que no existe fundamento legal para ello. No hay que olvidar que este pedido, si bien no prosperó, ya lo planteó ante la Asamblea Constituyente. El pedi-do de amnistía no tiene asidero, la población lo rechaza, el enjuicia-miento y sanción para los corruptos es una bandera que ha movilizado a los pueblos del Ecuador.

Dahik es un delincuente de cue-llo blanco que fue acusado de de-litos como cohecho, soborno, des-vío de fondos públicos a cuentas individuales, mal uso de los fondos reservados y por ello el pueblo lo juzgó e impidió que jueces corrup-tos declaren nulo el juicio en su contra; ahora Correa pretende po-nerlo como víctima de persecución política y de violación a sus dere-chos humanos, Argumenta que si bien la amnistía no procede en casos de delitos cometidos contra la administración pública, esta acu-sación fue solo una “ forma mafio-sa usada por la partidocracia” para acusar a sus enemigos políticos de delitos de peculado que no habían cometido, para que más tarde no puedan acogerse al derecho de am-nistía. Dahik robó al Estado y por ello debe estar tras las rejas, pagan-do por sus delitos.

La Asamblea no puede dar paso a este pedido, pues hacerlo es dar carta blanca para que los corruptos, a nombre de persecución política, regresen al país sin pagar por sus delitos.

Dahik no es un perseguido político, es un delincuente

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El Municipio de Quito tuvo que dar paso atrás en su intención de elevar el precio de la gasolina súper y ex-

tra, medida que formaba parte esencial del paquetazo neoliberal para financiar el plan de vialidad de la ciudad. El traspié obliga-do fue fruto de la presión y rechazo popular, en el que la Federación de Barrios de Quito y la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador jugaron roles protagónicos, de esta forma el alcalde Augusto Barrera y su equi-po de concejales recibieron un duro golpe y el pueblo quiteño conquistó una importante victoria.

También el alcalde Barrera tuvo que aco-ger la propuesta de destinar recursos econó-micos obtenidos de la renegociación del con-trato de construcción del nuevo aeropuerto. Ésta medida y el rechazo a la elevación del precio de los combustibles fueron propues-tas de la FBQ y la CUBE, lo que demuestra la justeza y la razón de la lucha levantada en la capital de la República.

La presidenta de la CUBE, Natasha Ro-jas, destaca que el alcalde “ha tenido que reconocer que las propuestas planteadas por el municipio eran inflacionarias; sin embar-go insiste en mantener otros elementos del paquetazo que no dejan de tener el mismo efecto, porque el costo de los 27 peajes en las vías existentes y el impuesto a los vehí-culos nuevos y usados incide directamente en el costo final de los productos, por sus efectos en el proceso de comercialización de los mismos”. Además de calificar a esta victoria como inicial, llamó a los habitantes de Quito a “permanecer atentos, porque no sería raro que la suspensión de la elevación del precio de la gasolina sea reemplazada con otros impuestos, pues, el mismo informe para el financiamiento de la movilidad seña-la que, para ampliar la capacidad de endeu-damiento del municipio de Quito se requiere incrementar las oportunidades de pago a tra-vés de creación de tasas o contribuciones por mejoras.”

El pueblo hizo retroceder a Barrera

El gobierno de Correa, tras dos años de renegociar los

contratos petroleros con las empresas privadas que laboran en el país, en la mayoría de ca-sos sin éxito y trasgrediendo la Constitución, pretende terminar este proceso presentando el nue-vo modelo de contrato petrolero, al que deben adoptar no menos de una decena de compañías privadas que extraen cerca 480 mil barriles de petróleo diarios. La “nueva” modalidad tiene que ver con cambio del contrato de participación de renta pe-trolera a uno de prestación de servicios con el que el gobierno señala se recuperará los recursos de esta actividad para el bienes-tar de los ecuatorianos.

A pesar de que el nuevo mo-delo fue entregado el 11 de agosto pasado a las empresas privadas, éstas no se han pro-nunciado ni a favor ni en contra y esto no sorprende, pues estas deben estar frotándose las ma-nos ya que el nuevo contrato es beneficioso para sus intereses, toda vez que éste se fundamen-ta en las Reformas a la Ley de Hidrocarburos que, vale recor-

dar, fue puesto en vigencia por el ministerio de la Ley, tras una maniobra del gobierno y de su bancada legislativa que impi-dió su debate en la Asamblea Nacional debido al alto nivel de rechazo que los sectores popu-lares demostraron ante la norma.

No es verdad que con la sus-cripción de este nuevo modelo de contratación se recupera los recursos para beneficio de los ecuatorianos, todo lo contra-rio, las que toman ventaja de este instrumento son las em-presas privadas que, hace no muchos días se negaban a re-negociar sus contratos argumen-tando que el Estado violenta sus derechos; que el país no ofrece estabilidad jurídica y que si el gobierno insistía en sus propósi-tos se irían del país. Pero aho-ra guardan silencio, el contrato garantiza ampliamente sus inte-reses. Nada dicen sobre la obli-gatoriedad que tienen de acoger-se al nuevo contrato en 120 días, es claro que tras la vigencia de las reformas a la Ley de Hidro-carburos las empresas están conformes, no se descarta que algunas de ellas reclamen más

prebendas, pero por el momen-to todo asegura que compañías como Repsol (hispano-argenti-na) que opera en el Bloque 16, Ecuador TLC (Consorcio bra-sileño-japonés) en el 18; Agip (Italiana) en el 10; Petroriental (China con representación de Andes Petroleum) que operan los Bloques 14 y 17 y otras se quedarán en el país disfrutando de este recurso.

Al pasar a la modalidad de prestación de servicios, es claro que las compañías privadas son las que hacen el negocio redon-do, pues vale anotar que en las Reformas a la Ley de Hidrocar-buros se establecía beneficios como la reducción en el pago del Impuesto a la Renta del 44% al 25 %; que el tema del margen de soberanía para el Estado en la explotación petrolera es solo del 25%; la disminución en el repar-to de las utilidades de las com-pañías petroleras en perjuicio de los trabajadores que disminuye del 15%, el 3% con la escusa que estos recursos se invertirán en el área social, entre otros as-pectos que dan garantías a las empresas privadas.

Las petroleras privadas se frotan las manos

Se ha conseguido una importante victoria, pero hay que mantenerse atentos, pues, el Municipio puede suplir la elevación del precio de la gasolina con la creación de nuevos impuestos.

En el pedido de amnistía hecho por Rafael Correa para dejar en la impunidad los delitos cometidos por Alberto

Dahik, el Presidente argumenta que esto lo hace en pro de la “reconciliación de la patria”, dividida por la acción de la partidocracia.

Mentira. No puede haber reconciliación entre las clases dominantes y dominadas, entre un gobierno que engaña y reprime al pueblo y este que quiere cambios. No puede haber reconciliación si impone leyes que afectan a los pueblos como la del COOTAD que abre las puertas a la privatización, como la Ley de Educación Superior que rompe con la autono-mía y violenta los derechos de los jóvenes del país. En realidad Correa b reconciliarse con el pasado con la política neoliberal.

Correa no puede hablar de reconciliación de la patria por-que la política implementada en el país se fundamenta en la represión, en el acallar a las voces que exigen cambios ver-daderos, en perseguir y encarcelar a los luchadores populares como Marcelo Rivera, presidente de la FEUE , organización que levanta su lucha en contra de la inconstitucional Ley de Educación Superior. Correa quiere reconciliarse con quienes saquearon y subastaron los recursos del Estado, con los Dahik, con los Bucaram; su alianza es con la derecha y no con los pueblos del Ecuador que son quienes luchan por una Patria libre, soberana y justa.

Por la reconciliación nacional

La intención de elevar el precio de la gasolina en Quito fue un ensayo acordado entre Correa y el muni-cipio capitalino con el afán de generalizarlo a todo el país si la medida pasaba en la capital de la república. Para ello se apoyarían en las atribuciones que el Códi-go Orgánico de Ordenamiento Territorial y Adminis-trativo (COOTAD) otorga a los gobiernos seccionales, como es el de elevar el precio de los combustibles.

El cálculo de Correa y Barrera era que en Quito esta medida podría ser aplicada tomando en cuenta el alto nivel de aceptación que Correa tiene en la capital. Sin embargo se equivocaron y el pueblo de Quito ha dado

el ejemplo para que en otras ciudades también se le-vanten de presentarse la intensión de adoptar medidas similares, amparándose en una ley antipopular como es el COOTAD.

Como hemos advertido en ocasiones anteriores el COOTAD provocará una escalada impositiva y de pri-vatizaciones de los servicios públicos con el afán de los municipios de conseguir recursos económicos. Con ello la responsabilidad queda en los gobiernos seccio-nales mientras el gobierno central aparece lavándose las manos, cuando dicha política responde a las orien-taciones de Correa y PAIS.

El 25 de agosto el pueblo de Quito se movilizó en contra del paquetazo neoliberal

Un globo de ensayo

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El día 3 de septiembre Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional las objeciones par-

ciales a la Ley Orgánica de Educa-ción Superior (LOES), según varios analistas este planteamiento bota al traste los logros conseguidos por la comunidad universitaria.

Entre los temas trascendentales se encuentra lo concerniente a las inversiones de los fondos universi-tarios, la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior, la transparencia en la administración universitaria, la autonomía, el cogo-bierno estudiantil y un sin número más de elementos que violentan los derechos del movimiento universi-tario.

Jorge Escala, asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, atribuye que las objeciones plantea-das por Correa son producto de la “prepotencia, soberbia y arrogan-cia” que le caracteriza al primer mandatario y representa la “doble moral del presidente Correa”, por-que por un lado autoriza a sus re-presentantes en la Asamblea a lle-gar acuerdos con las universidades y otros sectores sociales, y por otro veta la ley en los elementos acorda-dos con las universidades.

Para el Frente Revolucionario de Izquierda Universitario “la unidad y la lucha de los estamentos univer-sitarios obligó a los Asambleístas gobiernistas a introducir artículos

propuestos por la academia que re-cuperaban derechos fundamentales como la Dirección del Consejo de Educación Superior por parte de los universitarios, el FOPEDEUPO, la excepcionalidad para la pérdida de la gratuidad, jubilación comple-mentaria para docentes, entre otras. Hoy el Presidente Correa ha mani-festado públicamente que vetará es-tas conquistas y, fundamentalmen-te, que el Ejecutivo será el que dirija los dos pilares del Sistema: Consejo de Educación Superior y Consejo de Evaluación y Acreditación”.

Con ello el gobierno controlará a la universidad ecuatoriana, regirá las políticas educativas y somete-rá el futuro de la universidad a los designios de los gobierno de turno. Seguramente Correa aplicará las atribuciones que le confiere esta ley a las universidades que no se some-tan dócilmente a sus designios, para ello utilizará el artículos 153, litera-les g) y h) que señalan: “…Aprobar la intervención de las universidades y escuelas politécnicas por alguna de las causales establecidas en esta Ley.” “…Aprobar la suspensión de las universidades y escuelas poli-técnicas, en base al informe emiti-do por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior por alguna de las causales estable-cidas en esta Ley.”

En el veto presidencial indi-

ca que es tremendamente riesgoso que en la Ley se plantee un 50% de participación estudiantil en el Consejo Universitario, mientras el otro 50% lo ocupan los profesores. “Una universidad la tiene que ma-nejar los docentes, los directivos, no los estudiantes y no se puede po-ner ese 50%, eso es tremendamente riesgoso” por lo que plantea que la representación estudiantil debe ir de acuerdo al estatuto de cada univer-sidad del 10 al 25%.

Esta medida resta la participa-ción del movimiento estudiantil en la vida de las universidades del Ecuador, limita el accionar que deben tener los estudiantes en la construcción de una educación uni-versitaria democrática y de calidad. Correa le tiene miedo a que los es-tudiantes puedan levantar su voz y reclamar los verdaderos cambios que el Ecuador necesita.

El cogobierno estudiantil no es una dádiva que hoy se le ocurre a Correa, es un derecho conquistado por la juventud estudiosa en el de-venir de su lucha en el Ecuador y en el mundo. Es contradictorio que la última dictadura militar no pudo quitar el cogobierno paritario; sí lo hicieron poco a poco los gobiernos constitucionales hasta llegar al col-mo planteado por este gobierno y que prácticamente está extinguien-do este derecho.

Correa tiene miedo a la participación estudiantil y a la autonomía universitaria

En el diario HOY denuncia la mala utilización de fondos públicos por

parte del Ministerio de Coordinación Política y que fueron utilizados en el financiamiento de reuniones de Alian-za PAÍS.

Según la denuncia, el 3 de agosto se expidió la factura 001-004-0177851 por parte del hotel Dann Carlton de Quito por un valor de 1.952 dólares, que corresponden al pago de una re-unión mantenida por la bancada ofi-cialista, el 28 de julio, que duró desde las 18:00 hasta cerca de las 23:00. La otra cita, financiada con recursos de la misma cartera de Estado, tuvo lugar el 7 de julio, a las 18:00, en el hotel Río Amazonas.

Ante aquellos hechos, Jorge Es-cala, asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, amparado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó a Doris Soliz, principal del Ministerio de Coordinación Política, información detallada y documenta-da acerca de los gastos realizados por este ministerio para pagar reuniones del movimiento gobiernista.

Escala exigió la entrega documen-tada de los gastos para esclarecer estas reuniones, pues, le parece inconcebi-ble que el pueblo financie las reunio-nes y agasajos del bloque gobiernista.

El Asambleísta señaló que “es el colmo que la Ministra Doris Soliz haga, deshaga y financie con fondos públicos reuniones con el bloque de alianza país, siendo dinero del pueblo que podría ser invertido en el bienes-tar de los ecuatorianos. Sin duda, de-ben haber más casos de malgasto pú-blico dentro del gobierno”.

Doris Soliz justifica esos pagos por que a esas reuniones habrían asistido funcionarios públicos, frente a lo cual Escala solicitó información detallada de lista de invitados para confirmar las declaraciones de la ministra.

Es una práctica constante por parte del gobierno la utilización de recursos para satisfacer necesidades individua-les de los militantes de Alianza PAIS, por lo que Jorge Escala dijo que es “importante ser transparentes en la in-formación, no es posible que cada día se inventen nuevas maneras de perju-dicar al pueblo”.

Jorge Escala exige documentación del gasto del Ministerio de Coordinación Política

El cogobierno estudiantil no es una dádiva que hoy se le ocurre

a Correa, es un derecho conquistado por la juventud estudiosa en el devenir de su lucha en el Ecuador y en el mundo.

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En días pasados, cuando se socializaba el anteproyecto de la Ley de Tierras elabo-

rada por el Sistema de Investiga-ción sobre la Problemática Agra-ria del Ecuador, SIPAE, un viejo problema salía a la palestra: la in-justa desigualdad de la propiedad sobre la tierra.

Una de las causas, tal vez la mayor, de la pobreza y miseria de los habitantes de las zonas ru-rales del país, es la existencia de una inequitativa distribución de la tierra. El III Censo Agropecuario daba cifras sobre la concentración de la tierra en pocas manos, pues para esa fecha existían 535.000 unidades productivas agrarias,

UPA´s, que ocupaban un total de 750.000 Has, 1,4 Has en prome-dio; mientras que 6.600 unidades captaban un total de 3’600.000 Has, dando un promedio de 545,3 Has por UPA. Esta distribución, que no ha variado sustancialmen-te, trae consigo problemas como los recogidos por el INEC, en el año 2007, y citados por F. Bras-sel, S. Herrera, M. Laforge, en una publicación del SIPAE don-de señalan que “el 61,5% de la población rural ecuatoriana vive en la pobreza…, la desnutrición crónica en esas áreas llega al 26,1%, en la población indígena al 40,1%”.

El modelo agroexportador y

leyes como la de “Desarrollo Agrario” emitida en 1994, que puso fin y freno a cualquier aspi-ración de los campesinos a acce-der a las tierras, han ratificado la propiedad de las tierras más férti-les y el acceso al agua a los gran-des terratenientes, en un directo perjuicio a los campesinos pobres y habitantes de esas zonas.

La re-concentración de gran-des extensiones bajo la figura de agroindustrias, la depredación de suelos y bosques para convertir-los en pastizales (potreros) de las crecientes haciendas ganaderas o en florícolas y la reorientación de cultivos que los destinan a la exportación, están afectando a los pequeños y medianos agriculto-res; esto se evidencia en los datos

presentados por Francisco Gar-cía Pascual, en el que señala que, por ejemplo, “entre 1990 y 2004 se ha vislumbrado una merma de la superficie dedicada al café de 111.900 hectáreas, lo que repre-senta un 27% menos, como tam-bién se han reducido las tierras dedicadas a fibras primarias… Por el contrario, en ese lapso de tiempo las tierras destinadas al cultivo de frutas han crecido en 194.400 hectáreas”, a más de los pastizales que han depredado ex-tensos bosques.

Cabe señalar que de este “cre-cimiento” están excluidos los más pobres de estas áreas rurales que se dedican a la agricultura, pues no pueden competir con los gran-des terratenientes que controlan todo; el censo agrario también reflejaba que el 42,9% de los productores con menos de 5 hec-táreas compaginaban las labores del campo con otros trabajos en el resto de sectores económicos.

Salidas a esta inequidad se han planteado, todas desde la óptica de la derecha, los terratenientes y sus cámaras. La última propuesta surgió del gobierno que, junto a la promoción de las ERA´s, Es-cuelas de la Revolución Agraria, también planteó el denominado “Plan Tierras” que en un inicio entregaría a las organizaciones indígenas y campesinas las tierras

incautadas por la AGD e impulsa-ría la legalización de la tenencia del suelo, proceso viciado por la corrupción existente (denuncia-da) en el INDA, entidad respon-sable de la entrega y titulación de las tierras en la que existen más de 500 mil UPA´s que no están ti-tularizadas, provocando que más de 500 mil familias campesinas, de pequeños y medianos produc-tores, no tengan títulos de propie-dad de su propia tierra, tampoco acceso a beneficios como los créditos del Banco Nacional de Fomento, BNF; bonos para vi-vienda rural, etc.

Reformas ajustadas al marco de la política asistencialista del gobierno no garantizan la efecti-vidad de éstas, pues Correa no se propone disminuir los privilegios y afectar la propiedad privada. La nueva Ley debe apuntar a solu-cionar y regular la propiedad de la tierra, incentivando nuevas for-mas de propiedad como la comu-nal, asociativa y mixta; terminar con el acaparamiento y establecer mecanismos para una redistribu-ción justa, equitativa; garantizar la participación de los sectores involucrados en la producción agropecuaria y establecer fuentes de financiamiento por parte del Estado para asegurar la adquisi-ción de tierras que no cumplen la función social.

Poner fin al acaparamiento de la tierra

El Frente de Artistas Populares de Gua-

yas organizó el XXXV festival de música po-pular Rosa de Agosto, como parte de la cele-bración de “Agosto mes de las artes populares”. De igual manera se rea-lizaron desfiles como el 9 de agosto por el día de la cultura, en él partici-paron importantes dele-gaciones de colegios y centros educativos de la ciudad amenizadas por

sus bandas marciales y sus grupos de bastoneras. La romería a la tumba de ROSITA PAREDES JUMBO

que por su valerosa actividad revolucionaria se rinde ho-menaje cada 11 de agosto fue otra de las actividades rea-lizadas, en ellas participaron las diferentes organizaciones como la UNE, la FESE, la FDTG, la JRE, el PCMLE, el MPD y los moradores de la ciudadela y la escuela que llevan su nombre.

Además se realizaron actividades como el festival in-terescolar de danza, el festival de las artes populares en la Plaza Colón, el intercolegial de música, teatro, danza y pintura infantil en la Plaza de Artes y Oficios del Centro Cívico, y en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Mé-dicas de la U. de Guayaquil se realizó el primer concurso de canto juvenil para solistas.

El XXXV Festival de música popular Rosa de Agosto contó con la participación de Beto Orlando, de Esmeral-das, quien interpretó canciones como Liberación; el grupo ¿Qué será? de Guayaquil; Beatriz Gil; Escala Sur; Can-ción con Todos; Zafrero; Tiempo Adelante; Kon Kuerdas; Chumichasqui cantando a la Patria Nueva, a la Patria soli-daria, donde se instaure la verdadera igualdad social.

Festival de música popular Rosa de Agosto

Los bosques del planeta se han transformado en

un atractivo para el capi-talismo, quienes hablan de defender el ecosistema no escatiman recursos econó-micos para apoderarse de los bosques. Los causantes del desastre natural por la emisión de gases tóxicos no están interesados en ve-lar por los pulmones que posee el planeta y que ser-virían para mejor el aire de la tierra, sino más bien en-tran en la disputa por apo-derarse de ellos y ponerlos a sus intereses. Los bos-ques significan millones de dólares que aumentan sus ganancias.

En el Ecuador esto no pasa desapercibido, desde que la revolución ciudada-na llegó al poder, ha em-prendido en una serie de leyes que lo único que ase-guran es el despojo al país de los recursos naturales, y en especial de los grandes bosques que se constituyen

en la gran reserva natural del Ecuador. Desde hace dos años Rafael Correa impulsa el programa So-cio Bosque, que busca co-mercializar con empresas públicas o privadas los ser-vicios ambientales como agua, biodiversidad y car-bono, para ello implementa contratos firmados entre el gobierno y las comunida-des locales.

No se trata de conve-nios que permitan la “con-servación” de las miles de hectáreas que existen en el Ecuador, pues el Socio Bosque no evitaría que se realicen actividades des-tructivas como minería o extracción de petróleo en las áreas sujetas al conve-nio.

Para entrar en el com-petitivo mercado de ser-vicios ambientales, el Mi-nisterio del Ambiente está asegurando que la vigencia de los contratos sea de 20 años y su renovación auto-

mática por 20 más.En este caso el Esta-

do se reserva el derecho de ser el titular de los re-cursos estratégicos, pero puede negociarlos con ter-ceros, sean estos Estados, empresas o las ONG. Esto confirma que los servicios ambientales, creados en las áreas referidas al Socio Bosque, podrían ser nego-ciadas por entidades públi-cas o privadas.

De otra parte, la Ley de Seguridad Pública deter-mina que se deben someter a una regulación especial los recursos estratégicos establecidos en la Consti-tución. Esto incluye bio-diversidad, patrimonio ge-nético y agua, los espacios geográficos que los contie-nen, los servicios y las ac-tividades y a las empresas públicas y privadas. Sobre la protección de instala-ciones e infraestructura, el Ministro de Defensa ante circunstancias de inseguri-

dad crítica que pongan en peligro la gestión de em-presas públicas o privadas responsables de la gestión de los recursos estratégi-cos, dispondrá a las Fuer-zas Armadas la protección de las instalaciones e infra-estructura, es decir, el Esta-do garantiza los beneficios a los concesionarios cuan-do los habitantes de los sectores donde está ubica-do Socio Bosque, realicen algún reclamo o exigencia del cumplimiento de deter-minado contrato. De igual manera, los gobiernos au-tónomos descentralizados acatarán las disposiciones de esta normativa indepen-dientemente de su autono-mía administrativa, de esta manera, la autonomía que-da de lado para garantizar los derechos de terceros. Esto significa en definitiva, que las áreas sometidas al Socio Bosque, al ser estra-tégicas podrían ser milita-rizadas.

La revolución ciudadana acomoda las leyes para

apoderarse de los bosques

La propiedad de unas pocas familias sobre grandes y fértiles extensiones de tierra, el acaparamiento del agua, vías y recursos y una ley que garantiza este abuso, profundizan la desigualdad, inequidad y pobreza de los pequeños propietarios y habitantes del campo

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El gobierno de Rafael Correa si-gue aplicando una política de desatención y división al ma-

gisterio ecuatoriano. Pese a su discur-so, en el que reconoce la valía de los docentes, en los hechos las acciones gubernamentales mantienen el com-portamiento de gobiernos anteriores en los que el docente fue maltratado.

La situación que viven muchos docentes en la provincia del Guayas ejemplifica lo afirmado. No pueden acceder a los beneficios que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad So-cial (IESS), debido a una mora patro-nal que en unos casos es de unos días y en otros todo el presente año.

Este incumplimiento es grave tan-to desde el punto de vista del derecho laboral como de la solución de las necesidades diarias. Los docentes no pueden acceder a la atención médica, lo que implica la posibilidad de em-peoramiento del cuadro clínico. Tam-poco tienen acceso a otros servicios que brinda el Instituto como es el caso de los préstamos.

La justificación que se expone por parte de las autoridades provinciales es risible, se afirma que por culpa de las irregularidades administrativas que sufre una docente, todos los profesores y profesoras deben dejar de recibir los servicios del IESS. Lo que está detrás es la consuetudinaria actitud de menos-precio hacia los docentes por parte del Ministerio de Educación.

En otros casos el problema va más allá. Alrededor de cien docentes con-tratados no reciben su salario desde inicios de año, es decir, no solo que no pueden recibir los servicios del IESS sino que ni siquiera han recibido sus emolumentos, lo que, después de ocho meses, los pone a ellos y a sus fami-lias en condiciones de desesperación

y deja a las luces las consecuencias de una política gubernamental lejana de las realidades y necesidades docentes. Más aún, esa misma política afecta a los derechos laborales y humanos que el propio Rafael Correa dice defender.

Cotopaxi es otra provincia, por se-guir ejemplificando, donde los maltra-tos se convierten en el pan de cada día. Allí la jefa financiera de la Dirección Provincial de Educación, debido a la presión de los docentes, tuvo que salir a los medios de comunicación a ofrecer públicamente disculpas por los atrasos en la cancelación de los salarios.

En este ambiente de desatención a los docentes, la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores prepara nue-vas movilizaciones, esta vez para el 17 de septiembre en todas las capitales de provincia con el interés de sensibilizar al gobierno y exigir el incremento sa-larial, toda vez que este sector no se ha beneficiado de lo que legalmente se le debió entregar a partir del julio de pre-sente año.

Adicionalmente, según lo dispu-

so el Consejo Nacional de la UNE, se realizará conversaciones con el Vice-presidente de la República, en el afán de encontrar salidas dialogadas frente a los acuciantes problemas que tienen los docentes y la educación en general. Se exige que Correa ponga en vigencia un decreto ejecutivo en el que se ponga en vigencia la nueva escala salarial re-conociendo un incremento de 20 dóla-res al sueldo básico docente. También se exige la convocatoria a una consulta prelegislativa para consultar sobre la educación intercultural. Entre otras decisiones.

El gobierno se desentiende de los docentes

Pese a que en el discurso Rafael Correa

reconoce que los docentes tienen derecho a un mejor salario, en la práctica no les ha aumentado el sueldo, como lo dispone la ley, y ni siquiera les paga a tiempo a varios grupos de ellos.

Bajo el título “Crisis y quiebra de la economía griega”, la re-

vista Unidad y Lucha Nº 20 publi-ca el artículo del Movimiento para la Reorganización del Partido Co-munista de Grecia. En él se hace un análisis de cómo en los últimos cinco años se ha observado un em-pinado deterioro en las condicio-nes de la economía griega, curso destructivo que finalmente llevó a la crisis, contrariamente a las afir-maciones totalmente infundadas de los grandes partidos de la bur-guesía, incluyendo a los revisio-nistas jrushovistas.

El Movimiento para la Reorga-nización del Partido comunista de Grecia analiza las condiciones de la economía griega que se agrava-ron en el 2009 hasta el punto extre-mo que el gobierno de Karamanlis

no fue capaz de elaborar el pre-supuesto del Estado, frente a una situación económica caracterizada por: una inflación muy alta y las sucesivas olas de elevación de los precios, el aumento del desempleo de las masas alrededor del 15% y su rápido incremento, la caída de la producción industrial y agrícola, incremento del tremendo déficit de más de 14% del PIB, aumento de la deuda externa a un nivel abru-mador de alrededor de 120% del PIB.

La abrumadora deuda externa y el enorme déficit llevaron a la economía griega a la crisis, convir-tiendo al país en el “eslabón débil” de la Unión Europea imperialista (UE) y objeto de ataques concerta-dos del capital internacional espe-culativo y usurero, los ataques no

solo relacionados a la economía griega, sino también el euro en el contexto del antagonismo euro–dólar.

Las nuevas medidas de dismi-nución sin precedentes de los sa-larios y las pensiones, el aumento de los impuestos indirectos, etc. y el ataque a los derechos de segu-ridad social (aumento de los lími-tes de edad de jubilación, las ba-jas pensiones, etc.) adoptadas por la “troika” de la Comisión de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, en acuerdo con el nuevo gobierno social–liberal de Papandreu, que profundizan la degradación absoluta del proleta-riado hasta el extremo y aniquilar en una noche todas las conquistas de la clase obrera. Todas estas me-didas recibieron la respuesta de los

trabajadores que participaron en huelgas y manifestaciones masi-vas, a pesar de que los dirigentes reformistas de la GSEE–ADEDY (Confederación General de Tra-bajadores Griegos y Federación Nacional de Empleados Públicos) declararon la primera huelga gene-ral muy tarde, el 5 de mayo, y la segunda el 20 de mayo.

La gran huelga del 5 de mayo, que únicamente en Atenas reunió a 250.000 personas, en la práctica destrozó la lógica del aislamiento, la ruptura de la unidad y a los rom-pehuelgas. La participación masi-va de los trabajadores y el pueblo en los bloques de los sindicatos fue unificada y demostró cuál es la forma en que la clase obrera debe demandar sus exigencias: la de la unidad militante.

La clase obrera, la juventud, los pobres de la ciudad y el campo de-ben luchar en todas partes, en cada lugar de trabajo, en cada espacio de la educación, de vivienda, en sitios de reunión contra el torpe jrushovistas socialdemócrata “K” KE - SYN que niega la existencia de la quiebra y ni siquiera dice una palabra respecto de las tareas que emanan de ella para la creación de un amplio frente antifascista y an-tiimperialista, que se una en torno a los objetivos antes mencionados de enfrentar la arremetida en con-tra de los trabajadores y en la lucha contra la supresión, la reducción de las conquistas democráticas, la fascistización de la vida pública, “herramientas” necesarias de los capitalistas y sus representantes políticos para aprobar las medidas

Crisis y quiebra de la economía griegaRevista Unidad y Lucha Nº 20

Pepito fue matriculado luego de hacer la cola ciudadana, después le entregaron la

lista de los inútiles escolares, la mamá le prepa-ró la ropa y Pepito comenzó a preparar sus chis-tes políticos, para no ser expulsado y ser conde-nado por terrorista, garrotero y pelafustán.

Comenzó a repasar porque sabía que el pri-mer día le van a pedir que pase al frente a contar sus chistes, por lo que los fue anotando uno a uno:

* Le pregunta Correa a Pepito: “¿Así que TÚ eres el de los cuentos?”, - “No, señor pre-sidente, yo soy el de los chistes, el de los cuen-tos es USTED!!!”. Vale dijo Pepito, porque el man sigue con los cuentos los días sábados. * El Presidente Correa lleva juguetes al Hospi-tal Baca Ortiz y el subdirector del hospital le dice: “Señor Presidente, usted les trae juguetes a los niños y hace dos días que no comen”.... Ah! Entonces dígales que si no comen... no hay juguetes!!! También vale ya que en los hospita-les ni medicinas hay, asentó el clásico Pepito. * Cuando Correa se fue al Chota, a la hija del Presidente lo muerde un perro negro y, éste or-dena matar a todos los perros negros de Ecua-dor!!! Los perros negros empiezan a correr por la carretera y al fondo corre un perrito blanco. Uno de los perros negros le pregunta: “ ¿Y tú por qué corres, si mandó a matar sólo a los perros negros?”... “Y tú... ¿vas a creerle a ese mentiro-so HP?” No sé si la profe me aceptará con es-tas palabrejas que se merece el man ciudadano. * Llega el señor Bárbaro Correa a la casa de un campesino pobre trabajador y muy honrado. El campesino le dice: “mire, tengo cinco perritos para regalarle pero hay un problema, solo tres son Correistas y los otros dos no...” y le pre-gunta el Presidente: “¿Y usted por qué sabe que los otros dos no son Correistas?” - “Porque esos dos perritos ya abrieron los ojos”. Creo que si vale, porque yo tengo bien abiertos los ojos.

* El Presidente Correa, molesto, manda llamar a Pepito y le dice: “Verás hijueputica, me enteré que estás diciendo por ahí que cuan-do me muera, vas a hacer fila para escupir en mi tumba, ¿es verdad eso?” - “No señor, eso es mentira... Ud. sabe que a mí no me gusta hacer fila...”, vale porque eso es cierto ya que tuve que estar días y noches para matricularme. * Un señor en una tienda de disfraces: -”Quiero un traje de cura y una máscara del Presidente Correa” -”¿Y eso para qué?” -”¡Para disfrazar-me de ‘Reverendo Hijo de Puta’!”. Ya se me chispoteó, qué churos la profe tampoco le quie-re al reverendo. Nos vemos en la escuelita y en el colegio queridos ortigueros. Además los po-llos unidos jamás seremos vencidos.

Pepito el ortiguero se prepara para regresar a clases

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Desde que Porfirio Lobo “ganó” las elecciones en un cuestionado proceso,

la represión militar y policial contra el pueblo no ha cesado, al contrario, ésta ha aumentado echando por los suelos todo ese discurso conciliador con el que pretendía que retorne la calma en ese país. Los asesinatos a perio-distas, que ya suman 10; los des-alojos a pobladores para entregar grandes extensiones a terrate-nientes; el creciente desempleo y el incumplimiento en el pago del salario a los maestros son algu-nos elementos que caracterizan la incapacidad de este gobierno para atender las demandas popu-lares.

Las altas cifras de desem-pleo (50 mil empleos perdidos en lo que va de 2010, que se suman a los 180 mil registra-dos en 2009) y la represión a los reclamos de los maestros

en lugar de buscar una solu-ción, ha motivado que miles de educadores mantengan una huelga indefinida que cuenta con el respaldo de las organizaciones estudiantiles, obreras y del Frente Nacional de Resistencia Popular. Los maestros reclaman sus sala-rios, pensiones y jubilaciones, además de un reajuste al alza del salario mínimo aplicado el año pasado, calculan que la deuda que mantiene el Ejecu-tivo con este gremio bordean los 200 millones de dólares.

A pesar de los pronuncia-mientos del gobierno de con-tar con una comisión para discutir los reclamos, misma que en la práctica se ha decla-rado incompetente para llegar a un acuerdo con el gremio de profesores, Lobo Sosa ordena reprimir cualquier manifesta-

ción como la realizada en días recientes en la que cientos de policías, usando bombas la-crimógenas y armas de fuego “desalojaron” a maestros que protestaban en un céntrico lu-gar sin importar que mujeres y niños sean afectados por los gases. “El centro comercial Plaza Miraflores se convirtió en un campo de concentra-ción, donde policías y milita-res reprimieron a centenares de personas que se encontra-ban en el lugar, algunos tra-bajando, otros almorzando y maestros que corrían para sal-varse de los golpes de la po-licía”. “Los policías llegaron al extremo de lanzar bombas a todo cuanto se movía…” re-portaba un medio de ese país. La madrugada del lunes 5 del presente mes, las fuerzas re-presivas asaltaron la Univer-

sidad Nacional de Honduras, para desalojar y detener a tra-bajadores del SITRAUNAH, quienes mantienen una pro-testa y una huelga de hambre desde hace más de 4 meses. Según las noticias, se desco-noce el lugar en donde fueron trasladados estos trabajadores a los que los acusaron de se-dición.

Como es característico de los gobiernos oligárquicos, el Presidente Lobo está recu-rriendo a la represión y viola-ciones a los derechos huma-nos, como única respuesta a la protesta y resistencia popular. Según la coordinadora nacio-nal del Comité de Familiares de Detenidos y Desapareci-dos de Honduras (Cofadeh), en estos meses de gobierno, las violaciones a los derechos humanos son “un 45 por cien-to más que en los siete meses del golpe militar de Estado”, con el agravante que las repre-siones y asesinatos son selec-tivos.

Son más de 60 mil educa-dores que se mantienen mo-vilizados y cuentan con el respaldo de organizaciones obreras y populares que están arrinconando al régimen y ex-presan que no están dispuestos a aceptar más manipulaciones o represiones en su intento de agotar la fuerza y la unidad del magisterio.

El martes 24 de agosto, 72 ca-dáveres fueron encontrados

en una fosa común ubicada en un rancho cercano a San Fernando, en el estado mexicano de Tamau-lipas (noreste) y fronterizo con EEUU. Según la información de Luis Freddy Lala Pomadilla –inmi-grante ecuatoriano y sobreviviente de la masacre- los autores del cri-men son el grupo autodenominado “Los Zetas”, uno de los carteles de narcotraficantes más peligroso de México.

Las autoridades aztecas seña-laron que las víctimas eran prove-nientes de países de Centro Amé-rica y Sudamérica como Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras que ingresaron a México con el objetivo de cruzar por la frontera a los EEUU, cuando estaban cerca de cumplir su meta fueron secuestra-dos por el grupo criminal.

Se dice que la masacre cometida

fue un malentendido entre los “Co-yoteros” o “Polleros” que no ce-dieron ante las exigencias del cartel de los Zetas y por eso ese grupo se deshizo de “la mercancía” (como denominan a los migrantes).

Un informe de la Comisión Na-cional de Derechos Humanos de 2009, dice que solo en seis meses unos 10.000 inmigrantes fueron secuestrados en México por célu-las de los Zetas o pandillas. Por su liberación deben pagar $2.500 cada uno, dejando una ganancia a los de-lincuentes de $25 millones.

Los Zetas fueron un grupo de policías escogidos para ir a adies-trarse en la “Escuela de Las Amé-ricas” con sede en Fort Benning, Georgia. Fueron un contingente de 50 policías enviados para entrenar-se en “asuntos de seguridad” (antes llamados de contrainsurgencia), al volver a México, conforman el cartel de Los Zetas y se dedicaron

al narcotráfico, tráfico de órganos humanos y de inmigrantes de Sur y Centro americanos.

Los tentáculos del grupo de los Zetas es muy grande y no están solo en México, hay policías de Mc. Allen Texas metidos en los Zetas, y se rumora que son causantes de más de 400 mujeres en la ciudad Juárez y han aparecido descuartiza-das, aparentemente como parte del negocio de órganos humanos.

Según The New York Times la masacre de Tamaulipas confirma que el gobierno de Estados Uni-dos delegó en los “señores de las drogas” el manejo de su política de abasto migratorio, así como lo hizo con el suministro de drogas.

A pesar de la intensa propa-ganda de los EEUU para justificar su supuesta acción en contra del narcotráfico, con esta masacre se confirma los lazos existentes entre el imperialismo con los narcotra-

ficantes; se demuestra cómo estos grupos han sido educados y en la actualidad son financiados por los EEUU. The New York Times dice que “Los cárteles mexicanos de las drogas son alimentados desde fuera por el dinero estadounidense, las armas pesadas y la adicción, el imán hacia el norte de los migran-tes es alimentado por nuestra de-manda de mano de obra barata”.

Los Zetas, organización educaday financiada por el imperialismo

El pedido de las Fuerzas Ar-madas Revolucionarias de

Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para que escuchen sus argumentos y encon-trar una salida política al conflicto armado que desangra a Colombia, ha motivado el rechazo del nuevo gobierno que en campaña decía estar dispuesto al diálogo.

Descubriéndose de cuerpo en-tero y una vez despojado del traje conciliador, Juan Manuel San-tos, su vicepresidente Angelino Garzón y su Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, han retomado el discurso de su inspirador Uribe y sostienen que “con terroristas no se dialoga”, en un claro rechazo a cualquier posibilidad de destrabar ese conflicto armado y permite al imperialismo su presencia militar en la zona, con el pretexto de cola-borar en la lucha contra el narco-tráfico y el terrorismo.

Con ejemplos descabellados como el de “qué podría suceder si en algún escenario internacional se le abrieran las puertas a Osama Bin Laden para hablar de lo que él plantea frente a Estados Unidos”, la exigencia de que primero entre-guen a los retenidos y, en cierta forma insinuarles se desmovili-cen, los nuevos representantes de la derecha colombiana pretenden ocultar su despreci0 a la paz y confirman a la oligarquía y el im-perialismo que nada ha cambiado, que las condiciones y garantías para la apropiación de tierras y recursos se mantienen. Para que no queden dudas, el Presidente Santos ha desautorizado cual-quier gestión de paz, tanto nacio-nal como internacional, plantea que se abstendrá de nombrar un comisionado de paz y solicitó, a las fuerzas militares, mantener el hostigamiento a la guerrilla.

Esta negativa a encontrar una salida política, según el comuni-cado, obedecería a la injerencia de Washington y “por el espejis-mo de una victoria militar” mer-ced a los constantes bombardeos y amañados informes que dibujan una victoria virtual a la par que ocultan que la acción militar ha ocasionado “innumerables ma-sacres, fosas comunes como la de la Macarena, que esconde más de 2 mil cadáveres, y el desplaza-miento forzoso de cinco millones de campesinos” a más de los miles de desaparecidos políticos y las detenciones arbitrarias.

El pedido del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, difundido por la web, se-ñala que “cuando lo estimen opor-tuno estamos dispuestos a expo-ner en una asamblea de Unasur nuestra visión sobre el conflicto colombiano”, puesto que “el drama humanitario de Colombia clama la movilización y la soli-daridad continental”. Las FARC insisten en que las causas que dieron origen a la confrontación armada en Colombia “no solo no han desaparecido sino que se han profundizado y extendido”, y que la pobreza, la inequidad y la violación a los derechos humanos fomentados por la derecha colom-biana impiden una salida política al conflicto.

Diálogo para una salida

política Gobierno reprime los reclamos del pueblo

La masacre de Tamaulipas México:

Porfirio Lobo, el Presidente electo mediante

maniobras del imperialismo y la derecha, recurre a la represión y el asesinato para ocultar su incapacidad para gobernar a favor de los sectores populares

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PCMLE, integrante de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas

El presidente Correa con su marcado estilo vocin-glero, prepotente y auto-ritario viene repitiendo a

los cuatro vientos en sus enlaces sabatinos, en foros nacionales, en intervenciones internacionales y en los repetitivos y cansones spots publicitarios de la TV, que su gobierno ha hecho una revolu-ción y que se ha instaurado en el Ecuador el “socialismo del siglo

XXI”. Tamaño despropósito lleva a los marxistas leninistas a preci-sar algunas cuestiones que, por elementales, no deben ser falsifi-cadas o pasadas por alto y porque las experiencias históricas si son bien asimiladas se constituyen en guías y fundamentos para la acción y comprensión de los pro-cesos sociales. Proceder como lo hace Rafael Correa es irresponsa-ble por su pretensión de subesti-mar los principios y las leyes de las ciencias sociales y de falta de conocimiento de que ellas son las que rigen el desarrollo de las so-ciedades, de los hechos, procesos y acontecimientos que en ellas ocurren. Pero además sus decla-raciones son una subestimación a las acciones de miles y millones de seres humanos muchos de los cuales han entregado sus vidas para que aquellos principios y leyes sociales sean descubiertos y puestos al servicio del género humano.

Una revolución social es un proceso en el que participan se-res conscientes que de manera asidua, permanente y con obje-tivos estratégicos claros educan y organizan a los explotados, no solamente para reivindicar sus aspiraciones y hacer respetar sus derechos, sino para acabar con el régimen de explotación y opre-sión a través de la toma del po-

der del Estado. Esto significa que una revolución no se hace, sino que se organiza para que la gente que participa en ella sepa que su esfuerzo se suma al esfuerzo de miles y millones de oprimidos y explotados para conquistar una nueva sociedad.

La revolución es la acción consciente de los militantes del partido y de las masas en un pro-ceso dirigido por el Partido Co-munista Marxista Leninista, con una clara, honesta y estratégica Línea Política que elabora per-manentemente las orientacio-nes que sirven para enfrentar los

acontecimientos cotidianos en medio del fragor de la lucha de clases y poner fin al capitalismo. Todo ello para preparar las condi-ciones que en el Ecuador permi-tan, mediante la acumulación de fuerzas, dar el salto dialéctico a través de la insurrección armada. Esto quiere decir que la revolu-ción no ocurre en las sociedades de manera espontánea o por el buen deseo de elementos bien in-tencionados y de “buen corazón’’ que amándole al pueblo se creen los ungidos para hacer posible la revolución sin siquiera haber conformado el estado mayor que

ha de conducir los enfrentamien-tos violentos de clase contra cla-se. Porque el presidente Correa olvida o no conoce que para ha-cer posible la socialización de los medios de producción las fuerzas motrices interesadas en el cambio revolucionario tienen que utilizar la fuerza y que el acabar con la burguesía y su régimen capitalis-ta de explotación no es posible en medio de la paz ciudadana que él propugna, con los mismo corrup-tos de siempre y en el ambiente de conciliación que ha empeza-do a propagandizar para sofocar la lucha de clases que se le viene encima por su errática política en contra de los pueblo, sectores populares, de la juventud y de la izquierda revolucionaria.

Por lo mismo las frases que él emplea como que “la revolución ciudadana no se aparta ni un mi-límetro de la paz que honramos como nación, ya que revolución significa cambio rápido, radical y profundo de las estructuras vi-gentes; en nuestro caso para al-canzar la única paz verdadera y sostenible, que es la basada en la justicia”, no pasa de ser una sim-ple expresión hueca y sin sentido, demagógica y carente de objeti-vidad frente a los acontecimien-tos que vive el país y la insatis-facción de las necesidades de los explotados.

La revolución no se hace, sino se organiza

En la medida en que el proleta-riado revolucionario y su par-

tido marxista leninista trabajan por la organización y lucha de todos los explotados y oprimidos de la socie-dad en contra de la burguesía y su sistema de explotación, crean las condiciones objetivas y subjetivas para hacer posible la transforma-ción revolucionaria, el hundimiento del capitalismo y el final del domi-nio político de la burguesía.

La burguesía como clase social del modo de producción capitalis-ta tiene un ciclo histórico concreto de vida y de dominio político. Las formas de este dominio político van de la mano del modo de producción que la engendró, la nutre y fortalece. A medida que la burguesía consoli-da sus formas de explotación y de dominio, en el interior del capitalis-mo nace el proletariado como clase antagónica que habrá de convertirse en sepulturera de la burguesía y del mismo sistema capitalista de explo-tación.

Para consolidar su poder político la burguesía se hizo fuerte en la or-ganización de la producción y de la economía, puso a disposición de ella los principios de la ciencia, los ade-lantos e inventos tecnológicos, hizo uso de los descubrimientos geográ-ficos y se aprovechó de las riquezas

de los pueblos conquistados para edificar, sobre su miseria y explo-tación, la infraestructura que per-mitiría poner en funcionamiento sus medios de producción. En esta carrera hacia la concentración de la producción, la riqueza y los capita-les luchó con las armas en la mano para arrebatarle el poder político del Estado a la clase feudal y teo-crática. En esta etapa la burguesía se caracteriza por su papel revolu-cionario ya que la toma del poder lo hace mediante el uso de la vio-lencia. Este principio confirma el papel por el cambio cualitativo de la sociedad que cumple toda fuer-za motriz cuyo interés es derrocar un régimen de explotación para instaurar el suyo a través de la in-surrección armada, en cuyo enfren-tamiento también se da la batalla de ideas y teorías, entre la escolástica feudal y el liberalismo capitalis-ta. Con el triunfo de este último da inicio al proceso revolucionario en pro del capitalismo explotador, y se fundamenta también los propósitos de la burguesía en lo político, filosó-fico, económico y social.

Las declaraciones revoluciona-rias de los burgueses vencedores hablaban de los derechos del hom-bre y del ciudadano, proclamaban el advenimiento de la “libertad, la

igualdad y la fraternidad” como pa-trimonio de todos los hombres. En este giro histórico las masas popula-res apoyaron a la burguesía y sus in-tereses porque contaban de manera limitada y utópica con las armas de la crítica para comprender el alcan-ce real del traspaso de poder.

Por lo tanto la primera fase del dominio político burgués consiste en la lucha revolucionaria armada para conquistar el poder y en el ejer-cicio de una dictadura de clase ex-tirpar todos los residuos de la vieja

organización social, reprimir cual-quier tentativa de recuperación reaccionaria y en contra de los pe-queños brotes que surgían en con-tra del naciente sistema capitalista. Una vez asentada en el poder, la burguesía puso en práctica su pro-grama de gobierno en función de sus intereses económicos.

A esta primera fase del régi-men político burgués, le sigue un segundo y largo estadio, en el cual las acciones revolucionarias son relegadas a un segundo plano y luego olvidadas en salvaguarda de los logros y conquistas obtenidos. La burguesía pasa de revolucio-naria a contrarrevolucionaria y al empleo de métodos e instrumentos de represión contra quienes cues-tionan la aplicación de medidas

que no amparan a quienes participa-ron de sus acciones revolucionarias.

Esto ocurre en la medida que el potencial de la producción industrial se eleva, crece en número el ejérci-to de trabajadores, se agudizan las contradicciones de clase, se vuelven más periódicas las crisis económi-cas del capitalismo y al mismo tiem-po se hace más precisa la conciencia crítica del proletariado y se robuste-cen sus organizaciones. Por su parte la burguesía, como clase dominan-te, tiene la necesidad de abandonar

su método de aparente tolerancia de las ideas y de las organizaciones políticas por un método de gobier-no autoritario y totalitario; y en esto reside el sentido general de la época presente.

El sistema parlamentario de la democracia burguesa vive su época de esplendor con la proclama de la igualdad jurídica y política en pro de la convivencia “civilizada” de los hombres.

La crítica proletaria revolucio-naria es la encargada de desenmas-carar radicalmente esta enorme mentira; así como el de cuestionar y criticar el Estado burgués no como la expresión de la voluntad mayori-taria popular, sino del grupo o gru-pos económicos que están detrás de los intereses de la clase burguesa dominante.

En la medida en que el prole-tariado revolucionario y su partido marxista leninista trabajan por la organización y lucha de todos los explotados y oprimidos de la socie-dad, crean las condiciones objetivas y subjetivas para hacer posible la revolución del proletariado y acele-ran la insurrección armada que hace posible la transformación revolu-cionaria, el hundimiento del capita-lismo y el final del dominio político de la burguesía.

El ciclo histórico del dominio de la burguesía como clase

La revolución es la acción consciente de los militantes del partido y de las masas en un

proceso dirigido por el Partido Comunista Marxista Leninista, con una clara, honesta y estratégica Línea Política que elabora permanentemente las orientaciones que sirven para enfrentar los acontecimientos cotidianos en medio del fragor de la lucha de clases, y de esta manera poner fin al capitalismo.