upyd - programa autonómicas 2015 illes balears

Programa electoral autonómico de Baleares, 2015.

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PROGRAMA ELECTORAL AUTONÓMICO

BALEARES

2015


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ÍNDICE

I- ¿QUÉ ES UPyD?

II. EL ÁMBITO AUTONÓMICO

A- Reparto competencial, financiación: Estado fuerte.

B- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Control ciudadano de la política

Transparencia informativa, de contratación pública y acceso a la información pública

Lucha contra la Corrupción

Supresión de los Consejos Insulares y Fusión de municipios

Profesionalización tomando como base criterios de mérito, neutralidad, mejora de la eficacia mediante evaluación de resultados. Erradicación del nepotismo.

C.- EDUCACIÓN

D- SANIDAD

E.- Economía y Empleo

F- INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

G.-TURISMO

H- ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

I. CULTURA

J- POLÍTICA LINGÜÍSTICA

K. URBANISMO

L. VIVIENDA

M. SERVICIOS SOCIALES

N. SEGURIDAD CIUDADANA


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I- ¿QUÉ ES UPyD?

¿Por qué es necesario nuestro partido? La necesidad de un partido regeneracionista,

ahora más que nunca. Nuevo reparto de competencias

1. Unión Progreso y Democracia nació en septiembre de 2007 con un programa básico tan sencillo como ambicioso: comprender las razones del mal funcionamiento de la democracia en España, y emprender las iniciativas políticas necesarias para su regeneración. Esta sigue siendo nuestra razón de existir y el objetivo de nuestro trabajo: regenerar la democracia española.

2. El proyecto de UPyD es representar en las instituciones a todos los ciudadanos españoles partidarios de regenerar las reglas de la democracia, sin recurrir a atajos irresponsables ni a tentaciones antisistema. Por esa razón nos definimos como un partido transversal articulado por un programa político inclusivo en lugar de por una ideología tradicional. También como un partido inequívocamente nacional, lo que significa el principio de actuar en toda España sin excepciones territoriales y con las mismas siglas e igual mensaje común, y como un partido laico y progresista, convencido de que la mejora de la democracia consiste en el progreso de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho, y de la igualdad de oportunidades y la libertad personal, sin que supuestos derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o nacionalistas puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus beneficios a cualquier segmento de la sociedad, ni a los habitantes de un territorio particular.

3. Un número creciente de ciudadanos han apreciado este compromiso y lo han apoyado con su voto, hasta hacer de UPyD una auténtica alternativa al bipartidismo. Entre 2008 y 2013 hemos concurrido en once procesos electorales de ámbito nacional, europeo, autonómico y municipal.

4. La causa de este éxito es doble: por un lado, el tiempo ha verificado nuestro pronóstico sobre la insostenibilidad del sistema político y la consiguiente crisis del Estado de las Autonomías, y por otro lado UPyD ha logrado crecer superando los problemas de la falta de financiación, de la inexperiencia, conflictos y limitaciones de lo que básicamente era -y sigue siendo- una organización de voluntarios, y del escaso eco de nuestras iniciativas en la gran mayoría de los medios de comunicación, con las consiguientes dificultades para darse a conocer en una opinión pública que, pese al avance de internet, se sigue informando muy mayoritariamente a través de los grandes medios audiovisuales, propiedad de grupos de comunicación estrechamente vinculados a los grupos políticos tradicionales y poco o nada propicios al desarrollo de fuerzas políticas alternativas, cuando no hostiles. La falta de independencia y objetividad de buena parte del periodismo político es otro de los defectos de la democracia española.

5. En la actualidad hay dos opiniones encontradas sobre la salida de la crisis en España. Para una la solución es salvar al bipartidismo que nos ha llevado a la crisis, y


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para la otra la refundación radical del sistema social y político. Pues bien, la opción de UPyD es totalmente diferente: llevar a las instituciones la regeneración de la democracia representativa.

6. Regenerar la democracia española consiste esencialmente en restaurar la independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de su puesta al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses opacos, ajenos al interés general. Es conseguir que los ciudadanos sean eficazmente representados y ejerzan un control habitual sobre sus representantes a través de la dación de cuentas y la transparencia activa. Es obligar a los gobiernos a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad por sus actos, dando cuantas explicaciones les sean requeridas. Regenerar la democracia es convertirla en un sistema político donde las decisiones se toman tras un debate libre, abierto y público, sin limitarlo a las elecciones y campañas electorales. Es propiciar la participación ciudadana y extender la tolerancia cero a la corrupción, a la discriminación por cualquier pretexto y a la violencia política material o simbólica. La regeneración de la democracia consiste en que todas las instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.

7. El Estado federal debe componerse de tres niveles administrativos únicos: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En los archipiélagos balear y canario, las peculiaridades insulares pueden justificar mantener los Consejos Insulares y Cabildos revisando sus competencias para evitar duplicidades. La distribución de competencias se hará entre estos tres niveles según los principios de idoneidad constitucional, economías de escala, eficiencia y subsidiariedad. Cada administración ejerce y es responsable de un conjunto claro de competencias que deben ser las que “haga mejor”, es decir, las más adecuadas a su capacidad material y función política. En el reparto competencial, como en el legislativo, prevalecerá el principio de prioridad federal: la aprobación de una norma o competencia federal deroga automáticamente la legislación o competencia de orden inferior; la financiación se regirá por el principio de responsabilidad fiscal: los entes administrativos recaudan e invierten su parte de la recaudación tributaria, más las transferencias de fondos federales que les correspondan.

8. Sin ánimo de hacer una relación cerrada y detallada que deberá salir de un debate a fondo en el curso de la reforma constitucional, proponemos el siguiente guion de reparto competencial:

A) Competencias federales del Estado: Exclusivas indelegables: política y representación internacional y europea, defensa, aduanas y comercio exterior, inmigración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, infraestructuras de interés general, telecomunicaciones, impuestos y Agencia Tributaria, seguridad social, entes Reguladores y Supervisores, recursos naturales, Parques Nacionales y Costas.

B) Competencias delegadas y de las Comunidades Autónomas:

B1) Gestión delegada pero con competencia legislativa exclusiva del Estado: educación obligatoria y superior, sanidad, justicia, medio ambiente, I+D+i, patrimonio del Estado,


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protección civil, gestión del territorio y aguas territoriales, políticas activas de empleo, circulación por carretera, puertos y aeropuertos de menor importancia.

B2) Competencias de las Comunidades Autónomas con capacidad legislativa: impuestos y tasas autonómicas, infraestructuras autonómicas y trenes de cercanías, industria, comercio interior, agricultura y pesca, turismo, cultura, policía autonómica, función pública autonómica, y gestión de las competencias delegadas por el Estado sin capacidad legislativa: educación, sanidad, justicia, medio ambiente, empleo etc.

C) Competencias municipales:

Tasas y servicios municipales, infraestructuras municipales, ordenación urbana, atención a la dependencia y políticas sociales, vivienda.


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II. EL ÁMBITO AUTONÓMICO

A- REPARTO COMPETENCIAL. FINANCIACIÓN. ESTADO FUERTE

9. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares reformó su Estatuto de Autonomía en el 2007. Al margen de los aciertos y deficiencias de este Estatuto, lo cierto es que en las Islas Baleares existen grupos políticos que confunden “autonomía política” con “soberanía política” o “independencia política”. Esta confusión no es ajena al seguidismo del nacionalismo separatista catalán y vasco y está constantemente “alimentada” por supuestos hechos diferenciales, siendo el de la lengua el más importante, y agravios. Ocultan que la autonomía es un concepto ligado recíprocamente a ley estatal y que sin ella no tiene sentido y que los rasgos diferenciales son también un concepto recíproco de los rasgos comunes que ligan a los ciudadanos de Baleares con los del resto de España. Conciben la autonomía como paso previo de una independencia. Esta confusión se ha trasladado a sectores de la población que, sin participar de las obsesiones nacionalistas, han aceptado que los rasgos diferenciales, especialmente el de la lengua, no vayan ligados a los rasgos comunes como justificación de un autogobierno sin controles.

10. UPyD quiere defender en Baleares la cohesión territorial española, mediante un modelo federal cooperativo, que reconozca unas competencias claras para Baleares y otras partes de este Estado Federal Cooperativo y unas competencias claras e indelegables para el Estado. Este modelo reconocerá las diferencias sin prescindir de lo común. El reparto competencial que defiende UPyD es el que figura en la propuesta 8. Se destaca de este nuevo reparto competencial, la devolución de competencias legislativas al Estado en Educación, Sanidad y Justicia.

11. El sistema de financiación autonómica se encuentra en una permanente crisis a causa de diversos factores, como son la propia indefinición del modelo territorial, su insostenibilidad financiera, los defectos de actualización, las reformas adoptadas con criterios políticos cortoplacistas, la presión del nacionalismo catalán para apartar a Cataluña de la solidaridad interregional o la persistencia de los privilegios derivados del régimen foral del País Vasco y Navarra (que debe calcularse de forma correcta urgentemente). La resolución de esa crisis requiere, además de delimitar definitivamente el reparto competencial y reformar las Administraciones Públicas, la integración de todas las Comunidades Autónomas en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos y hacerlo viable. Por otra parte, las exigencias de consolidación fiscal requieren un control del déficit de las CCAA. Para ello, la CA de las Islas Baleares ha de aceptar que el Gobierno haga uso pleno de las posibilidades de control incorporadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, condicionando los rescates autonómicos.

12. La financiación de las Islas Baleares se obtendrá siguiendo criterios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia en relación con el resto de las CCAA, con el objetivo de que los ciudadanos de esta comunidad tengan los mismos recursos que se


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requieren por población ajustada para la prestación de unos servicios públicos de calidad similares a los ciudadanos de otras CCAA , eliminando los privilegios económicos de los que actualmente gozan algunos españoles en detrimento de los demás. Por ello, se rechazan las pretensiones de bilateralidad, así como la nivelación parcial con la que se garantiza sólo una parte de los servicios públicos prestados por las Comunidades Autónomas.

13. La financiación autonómica de las Islas Baleares debe diseñarse con criterios de simplicidad y transparencia, evitando, como el resto de las CCAA, el recurso a fondos de compensación de situaciones particulares. Por el contrario, deben reforzarse considerablemente los Fondos de Compensación Interterritorial, que contempla la propia Constitución y hande suplir la disminución de los fondos de desarrollo regional europeos. Por ello, defendemos un Régimen Común Económico para las Islas Baleares, sin perjuicio de que en los fondos de compensación interterritorial se tengan en cuenta cuestiones objetivas de insularidad.

14. Se considera también deseable un alto grado de corresponsabilidad fiscal para las Islas Baleares y otras CCAA, para que se asuma el coste de impopularidad de subir los impuestos cuando haya que hacerlo, sin que de su logro deban alcanzarse mayores transferencias de recursos agregados, pues los que ya tiene la CA de las Islas Baleares y otras CCAA proporcionan un grado de descentralización ya excesivo, que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas comunes por los que atraviesa la economía.

15. La financiación local. La política territorial española debe prestar una especial atención al tradicionalmente relegado ámbito local. Es necesario definir con precisión las tareas y competencias de los ayuntamientos, así como dotarlos de un nuevo modelo de financiación, que les dote de suficientes recursos para hacer frente a sus importantes funciones tras la caída de unos ingresos asociados a la burbuja inmobiliaria que no volverán. Para ello, además de los tributos propios, hay que aumentar su participación en los tributos del Estado y de las propias Comunidades Autónomas.


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B- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Control ciudadano de la política

16. Para promover la participación efectiva de los ciudadanos en la vida parlamentaria, se reducirá el número de firmas requerido para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, del medio millón actual a 100.000, y en la misma o análoga proporción en las leyes electorales de la Comunidades Autónomas. En Baleares el número de firmas requerido será de 5.000 firmas. Además se aceptarán las firmas recogidas en formato electrónico debidamente acreditado, y, una vez autorizada la presentación en el Parlament, se acreditará y autorizará a un representante de la Iniciativa Legislativa Popular para defenderla y participar con voz en todos los pasos del trámite parlamentario.

Reforma de la Ley Electoral

17. Debe perseguirse una ley electoral proporcional que garantice la igualdad de valor del voto y el derecho activo. Se precisa una reforma constitucional que permita sustituir a la provincia por una por otra circunscripción de mayor escala que evite la deformación demográfico territorial. En Baleares defendemos las reformas necesarias para conseguir una circunscripción única en las elecciones autonómicas, incorporando el sistema de reparto de escaños en la ley electoral.

18. Unificación en el 3% de los votos válidos por circunscripción como umbral mínimo de acceso al Parlamento, igual que la fijada por la LOREG para el Congreso de los Diputados.

19. Para mejorar la representación la nueva ley deberá contemplar el desbloqueo de las listas electorales, de modo que los electores puedan cambiar el orden de preferencia de los candidatos a votar, como paso previo a la instauración de las listas abiertas cuando el desarrollo tecnológico lo haga posible y práctico, garantizando el secreto del voto. También se deberán suprimir los obstáculos artificiosos a la participación política, como el requisito de presentación de cierto número de firmas a las candidaturas extraparlamentarias.

20. La conversión de los ayuntamientos en instituciones representativas y de gobierno plenamente democráticas exige también una profunda reforma de la Ley de Administración Local, y en concreto de las competencias y atribuciones excesivas del alcalde, que debe ser elegido directamente por sufragio universal.

21. Desde Baleares propondremos al Parlamento Nacional que la elección sea a doble vuelta: si ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la primera, pasan a la segunda vuelta los candidatos que hayan logrado determinado porcentaje de votos. En todo caso, pueden considerarse otros sistemas de entre los comunes en la Unión Europea. Por su parte, el sistema para la asignación de concejales debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y fomento de la pluralidad. La elección directa:


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a) reforzará la legitimidad de los Alcaldes respondiendo a la voluntad mayoritaria de los electores. b) obligará a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su elección sean explícitos y transparentes.

Transparencia informativa, de contratación pública y acceso a la información pública

22. La reforma de la Constitución debe incluir entre sus derechos fundamentales explícitos el derecho de acceso a la información pública en el sentido fijado por el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, que establece que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso darán a la misma, y deben recibir una respuesta de su solicitud en un plazo breve y en formato claro y comprensible. Una Ley de Transparencia aceptable no puede incluir el silencio administrativo negativo, como hace la actual.

23. Como norma general, cualquier entidad de Baleares -incluidos partidos políticos, sindicatos y asociaciones patronales- o persona que se beneficie de ayudas públicas debe dar cuenta igualmente pública del uso de esas ayudas y someter su actividad a auditoría externa y evaluación de resultados.

24. Se deben prever e impedir, en el caso de las instituciones y administraciones públicas, las prácticas de confusión y maquillaje contable consistentes en ocultar, desviar o aplazar deuda a empresas o entidades satélites de las instituciones de gobierno que han producido la deuda. La calidad democrática de la gestión exige que la información pública sobre el estado financiero de las administraciones e instituciones sea veraz, actual y contrastable, fines que implican la máxima claridad en la composición, estado financiero y objetivos de la red de empresas y entidades públicas, semipúblicas o participadas que gravitan en torno a las instituciones.

25. Defendemos que las labores de la Sindicatura de Cuentas sean absorbidas por el Tribunal de Cuentas Nacional, ya que éste tiene funciones en todo el ámbito estatal y autonómico. Mientras no sea efectiva esta absorción, se ha de obligar a que se tramiten a la Sindicatura de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas establecidos por la Ley; se contemplarán sanciones en caso de incumplimiento.

26. Se han de cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa (GRECO)

27. Se ha de dictar la normativa pertinente para que se incluyan y adjunten en su caso dentro de la Cuenta General de la CAIB las cuentas anuales de los consorcios en los que la participación de la CAIB es igual o superior al 50%. Asimismo, dictar la normativa pertinente para que se incluyan y se adjunten las cuentas anuales de aquellas empresas, consorcios y fundaciones en las que, siendo mayoritaria la participación pública, la participación de la CAIB sea la más importante de todas, según recomendación de la Sindicatura de Cuentas. En idénticos términos a nivel insular y local. Se ha de eliminar el abuso que se hace de los consorcios para obtener


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endeudamiento con la excusa de realizar obras en las mancomunidades. Seguramente son una fuente de corrupción y su control, actualmente, no es muy exhaustivo

28. Unificar en Baleares, en una única base de datos, todas las subvenciones concedidas por la CAIB, Consejos Insulares, Ayuntamientos, otros entes locales, empresas públicas; en esta base de datos constarán todas las subvenciones directas, concedidas por ley o por concurso público; no se excluirán de la publicidad, como ocurre actualmente con las concedidas por la CAIB, las inferiores a 3.000 euros.

29. Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal.

30. Se promoverá desde Baleares la creación nacional de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal ético de las administraciones locales.

31. Creación de un Registro de estudios financiados con fondos públicos y encargados a terceros externos a la administración, con los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.

32. Publicación de todos los Convenios de las administraciones con empresas privadas.

33. La concesión de subvenciones debe seguir un procedimiento equivalente al de la contratación, con los mismos requisitos. De otro modo, la corrupción que se evite con la implantación de medidas más restrictivas en la contratación se trasladará automáticamente al terreno de las subvenciones.

34. Limitar las subvenciones a las asociaciones, condicionándolas a que éstas demuestren autonomía financiera por sus propios medios y a que las subvenciones totales que éstas reciban no sobrepasen el 50% de su presupuesto ordinario

35. Para evitar que la sociedad civil sea una correa de transmisión de los partidos políticos, defendemos que una asociación civil ha de tener autonomía financiera, sostenerse por sus propios medios. Las ayudas y subvenciones de la administración sólo deben concederse una vez demostrada capacidad de autofinanciación, y además han de tener como límite un determinado porcentaje de su presupuesto. De esta manera se evitará que las asociaciones dependan de los gobiernos o partidos políticos que las subvencionen.

36. Suprimir las ayudas al uso privado y empresarial de cualquiera de las lenguas oficiales en Baleares. Reducir drásticamente el gasto público dedicado a políticas de normalización lingüística en Baleares y disolver los equipos de normalización y dinamización lingüística


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37. Limitar la cuantía de las subvenciones nominativas.

38. Suprimir en todos los formatos, no sólo en prensa escrita, televisión y radios, la publicidad institucional y las campañas de propaganda institucional. Permitir sólo la información pública de actuaciones de las distintas instituciones en medios de comunicación y soportes publicitarios cuando el interés público así lo aconseje.

39. Promover desde Baleares la reducción drástica de los cursos de formación, eliminando aquellos cuyo rendimiento en términos de asistencia, formación y búsqueda de empleo sea insatisfactorio. También se promoverá abrir la concesión de cursos de formación a empresas privadas y eliminar el sistema de adjudicación tripartita (comunidad, empresarios y sindicatos).

40. Obligar a que se tramiten a la Sindicatura de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas establecidos por la Ley.

41. Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los miembros de los Gobiernos autonómicos y municipales, y de empresas públicas autonómicas y municipales, detallando identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban por cualquier concepto, jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación.

42. Reducción significativa de las empresas públicas, organismos, agencias, consorcios, institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos públicos, suprimiendo aquellos que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los que se financien exclusivamente con recursos públicos, los que ejerzan competencias claramente administrativas y los que impliquen redundancia de funciones con organismos similares existentes en otros ámbitos o niveles administrativos que puedan fácilmente incorporar sus competencias.

43. Estudio de la privatización, fórmulas de colaboración público-privada o redimensionamiento, con sus correspondientes necesidades de financiación, del Ente Público de Radio Televisión de las Islas Baleares, junto con IB3 Radio, IB3 TV y Multimedia de las Islas Baleares.

44. Racionalización de los organismos públicos, evitando la dispersión de una misma área institutos o corporaciones diversas

45. Analizar las concesiones de gestión de residuos para abrirlas y optimizar los precios en la medida de lo posible. 46. Nombrar gerentes de empresas públicas a profesionales, no políticos electos, que se responsabilicen del equilibrio presupuestario de las mismas y de la calidad de productos o servicios ofrecidos.


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47. Fortalecer la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno. Las auditorías en Baleares serán financieras, de legalidad y de eficiencia) 48. Reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse. 49. Limitar las transferencias económicas de la CAIB a las empresas públicas vinculadas hasta un máximo de un 30% de su presupuesto. 50. Se propondrá llevar al Congreso la habilitación de un Registro de “actividades

profesionales coincidentes”. Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, corporación o similar, hará constar sus actividades profesionales y participaciones en empresas cuya actividad coincida total o parcialmente con la propia de la institución o empresa pública que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado. 51. Extender a concejales y alcaldes durante los dos años siguientes a su cese la prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local durante el periodo en que se desempeñó el cargo. 52. Proponer al Gobierno del Estado la rebaja de la cuantía que permite realizar contratos menores directamente de los actuales 18.000 € por contrato menor de servicio y 50.000 € por contrato menor de obra, a 6.000 € y 15.000 € respectivamente. En Baleares se seguirá este criterio. 53. Proponer las reformas legales necesarias para limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores. 54. Extensión obligatoria, para los contratos de procedimiento negociado sin publicidad, del “Perfil del Contratante”, requisito ahora obligatorio para contratos de procedimiento negociado con publicidad y abiertos. El Perfil del Contratante consiste en un enlace a la página web de la entidad contratante donde constan todas las licitaciones en curso. Informar a las pequeñas y medianas empresas de la existencia de este Perfil del Contratante, y promocionarlo para incentivar la competencia y la transparencia de ofertas. Y en general, fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la contratación administrativa para agilizar los procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto los licitadores como la Administración. 55. Regular sistemas de control para que las Administraciones se ciñan en sus pliegos a los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público, así como para que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones


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contractuales. Incluyendo, como miembro de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al Departamento correspondiente. 56. Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos, al resto de los trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la jubilación. Se propondrá en el Congreso para los Diputados Nacionales. 57. Se eliminará el cobro por parte de los cargos públicos de dietas por asistencia a comisiones, reuniones y otros actos a los que deben asistir en su condición de miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos. 58. Se regulará que los miembros de los consejos de administración de los organismos financiados con fondos públicos sean técnicos. 59. Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación asimilándolos al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes. 60. Incapacitación de todo cargo de libre designación para la participación en mesas de contratación de la CAIB, los Consells, y los Ayuntamientos, así como de todas las empresas públicas. Solo podrán participar funcionarios de carrera, y en las actas serán públicos los votos particulares. 61. No será posible la libre designación de por debajo del Director General, debiendo ser todos los niveles inferiores funcionarios de carrera. Ocupar un cargo público no consolidará ningún nivel de la administración, ni complemento.

Lucha contra la Corrupción

62. La legislación debe definir la corrupción como cualquier acción u omisión cometida por un cargo público o un particular, por cualquier entidad pública o privada que, por sí mismo o mediante la actuación de un tercero del que se sirva a tales efectos, buscando un beneficio económico, político o de cualquier tipo, directo o indirecto, propio o de un tercero, someta las instituciones, o a los entes que directa o indirectamente dependan de las mismas, a intereses particulares o de partido, o implique el empleo de las administraciones, entes, medios, personal, o recursos públicos de éstas para fines ajenos a los que les son propios, beneficiando económicamente, políticamente o de cualquier otro modo a personas físicas o jurídicas u organizaciones, instituciones o entes de naturaleza pública o privada, a costa del interés general o de los bienes públicos..

63. La lucha contra la corrupción reclama cambios legislativos en las normas. La Ley del Régimen Electoral General (LOREG) debe prever medidas para impedir el acceso a cargos públicos electivos de imputados por delitos contra las Administraciones Públicas, o motivar su cese. No deben ser elegibles a un cargo público (candidatos) los imputados por delitos de terrorismo o por delitos contra la Administración Pública


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cuando en la causa judicial seguida se haya dictado apertura firme del juicio oral. Deben reformarse también, entre otras normas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal para dificultar la participación política de personas incursas en procedimientos por delitos de corrupción -contra la Administración Pública- y para sancionar la corrupción cometida por particulares y por quien ostente algún cargo directivo en un partido político y admita cualquier dádiva, regalo, beneficio o ventaja no justificados, ofrecidos con el propósito de influir en el ejercicio de las funciones que le correspondan.

64. Reforzamiento del régimen de incompatibilidades: se deben modificar diversas leyes que regulan las incompatibilidades de cargos electos y empleados públicos de todas las Administraciones Públicas para hacerlas más estrictas y prevenir que cualquiera de ellos pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos, por sí mismos o a través de relaciones familiares o diferidas de cualquier tipo.

65. Para dificultar el tráfico de influencias, se propiciará la renovación de cargos públicos y concentrar esfuerzos y talento de los cargos públicos en una única función, también se propone establecer la incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador, parlamentario autonómico y parlamentario europeo.

66. Dado el elevado nivel de corrupción en Baleares se ordenará una gran auditoria antifraude en la CAIB y las empresas públicas.

67. Se presentará una propuesta de Ley en el Parlament Balear para que se traslade al Congreso de los Diputados la protección del denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro

68. Se suprimirá el aforamiento en Baleares.

Supresión de los Consejos Insulares y Fusión de municipios

69. Dado que los Consejos Insulares han aumentado sus competencias, sobrepasando claramente el estatus jurídico local que la Constitución les otorga a costa de las CCAA, ejerciendo en muchos casos competencias que se solapan con las ejercidas por el gobierno autonómico de Baleares, resulta conveniente trasladar su estatuto jurídico local al marco legislativo autonómico, si bien esto exigiría de una reforma constitucional. Los Consejos Insulares se conservarían pero como órganos periféricos de la Comunidad Autónoma, con funciones claramente locales que sustituyan a los municipios adonde éstos no pueden llegar (subsidiaridad). Los Consejos Insulares serían órganos de gestión y perderían su autonomía política, su carácter electivo y la capacidad de crear empresas públicas, siendo innecesarios cuatro parlamentos insulares, con sus consejeros electos, consejeros ejecutivos, asesores y empresas públicas

70. Hasta que se produzca la integración de los Consejos Insulares como simples órganos de gestión en la CAIB para cubrir subsidiariamente servicios locales, se


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defenderá la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares para hacer desaparecer el Consejo Insular de Mallorca, por la coincidencia territorial con las consejerías del Govern, así como el Consejo de Formentera, que sería absorbido por el de Ibiza y Formentera retornando a su anterior situación. Las competencias de los Consejos Insulares se reducirían al ámbito local, para prestar los servicios enumerados en la propuesta anterior y aquellos servicios delegados de la CAIB por razón de lejanía

71. Deben suprimirse en la CAIB y en los Consejos Insulares, las Consejerías, Direcciones Generales o Departamentos como la Dirección General de Justicia del Govern Balear, o el Departamento de Política Empresarial y Trabajo del Consejo Insular de Ibiza, correspondientes a competencias que aún no se han transferido y suprimir las Consejerías, Direcciones Generales o Departamentos correspondientes a competencias no atribuidas a la CAIB o a los Consejos Insulares.

72. Un municipio debe gestionar un territorio y una población congruentes con las economías de escala adecuadas para la prestación de servicios, con una estructura administrativa más profesional. La fusión de municipios de menos de cinco mil habitantes que hay en Baleares produciría un ahorro del gasto corriente considerable. En los núcleos de población pequeño, el tamaño más eficiente se considera en 20.000 habitantes. No obstante, se considerarán otras circunstancias, como la comarca, la dispersión territorial, los criterios medioambientales o el aislamiento geográfico, que puedan aconsejar mantener municipios inferiores a 20.000 habitantes.

73. La fusión municipal no debe afectar solamente a los pequeños municipios, sino también a las áreas urbanas formadas por ayuntamientos anexos que pueden funcionar mejor integrados en áreas metropolitanas con una administración única para todo el territorio urbanizado. Esto sería mucho más equitativo desde el punto de vista de las inversiones en infraestructuras y la calidad de los servicios, tan diferentes en ocasiones en la ciudad principal y en las ciudades satélite o dormitorio con menores ingresos fiscales.

74. En Baleares Se recomendará y favorecerá con ayudas en concentraciones mayores, de 10.000 a 20.000 habitantes, considerando el tamaño más eficiente para un municipio los 20.000 habitantes o número superior. La Comarca será un criterio a tener en cuenta. En el caso de Mallorca se reducirá el número de municipios a no más de 12, en Menorca, a 2, en Formentera, uno, y en el Caso de Ibiza, se defenderá la creación de un único término municipal insular, convirtiéndose los actuales municipios en distritos municipales de éste.

75. Se potenciará que los ayuntamientos absorbidos por entes mayores se integren como Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) o Distritos, como así las poblaciones que sean susceptibles de ello, siguiendo criterios de eficacia y mejora en la calidad de servicios al ciudadano. Esta figura se deberá desarrollar con mucha prudencia, pues podría derivar en una multifragmentación territorial excesiva.

76. La conversión de los ayuntamientos en instituciones representativas y de gobierno plenamente democráticas exige también una profunda reforma de la Ley de Administración Local, y en concreto de las competencias y atribuciones excesivas del


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alcalde, que debe ser elegido directamente por sufragio universal. Se deben reforzar las competencias de control del gobierno municipal que corresponden al Pleno de concejales, garantizando que los de la oposición dispondrán de las condiciones y medios materiales necesarios para el desempeño de sus funciones de representación pública. Las figuras de interventor, tesorero y secretario municipal deben formar parte de un cuerpo público de funcionarios del Estado para asegurar su independencia del alcalde y del gobierno municipal. Los funcionaros de carrera no podrán ser sustituidos en sus funciones por personal eventual, ni éstos ser contratados para desempeñar funciones de confianza no justificadas o distintas a la asesoría y gestión, debidamente evaluadas, del trabajo de los grupos municipales. Se deben establecer reglas generales para articular la participación ciudadana en la política municipal, en la actualidad asunto prácticamente discrecional que depende del partido de gobierno local, afectando negativamente a la calidad de la democracia de las administraciones locales.

77. La clara división de competencias expuesta en la propuesta 8 impedirá la ineficiente atribución de competencias entre las administraciones autonómicas y la estatal. Además, se precisa también una clara división competencial dentro del ámbito autonómico y local que contemple:

a. el respeto de los municipios a las competencias locales contempladas por la Ley de Bases de Régimen Local, evitando sobrepasar sus competencias asumiendo servicios que no les corresponden

b. la supresión de los consejos insulares, asumiendo sus competencias el Govern.

c. La reducción significativa de empresas públicas mediante procesos de desaparición o proceso de fusión, como se indican en las propuestas 43 y siguientes, así como la limitación de la capacidad de creación de empresas públicas a los ayuntamientos y Consejos Insulares, mientras éstos sigan existiendo. También deberá contemplarse una descripción clara de los requisitos necesarios para la creación de empresas públicas por la CAIB y ayuntamientos dentro de sus ámbitos competenciales,, entre los que se debe contar con la eficiencia económica o con la especial necesidad social.

Profesionalización tomando como base criterios de mérito, neutralidad, mejora de la eficacia mediante evaluación de resultados. Erradicación del nepotismo.

78. Se propone que en toda ley sobre la función pública de alcance autonómico se despolitice el empleo público. Debe limitarse por ley el número máximo de personal eventual en cualquier articulando mecanismos de control objetivos que permitan medir la productividad y la evaluación del desempeño de los empleados, así como el régimen disciplinario que evite situaciones de impunidad ante actuaciones negligentes. La Sindicatura de Comptes tendrá competencia para controlar ese número máximo de personal eventual. El personal directivo estará sujeto al menos a una evaluación anual con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Los


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principales directivos públicos autonómicos se someterán a una evaluación previa a su nombramiento por parte de una Comisión del Parlament.

79. Limitación de la libre designación: no podrá usarse la libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica.

80. Para garantizar la imparcialidad y objetividad de la administración local, los funcionarios con habilitación Estatal que realicen sus funciones en la administración autonómica o local serán seleccionados por el Estado por concurso público exclusivo. Las plazas que correspondan a esta clase de funcionarios no podrán ser cubiertas por otro personal. La Ley de Bases del régimen local limitará la provisión de puestos de trabajo directivos a través de la libre designación, fijando las competencias de cada Corporación para determinar el número de su personal eventual.

81. La organización local y autonómica de todos los partidos políticos se considerará como una única realidad económica-financiera del partido nacional o autonómico, incluyendo los grupos de representación política en el Parlament, Consell y en las Corporaciones Locales, de modo que no quede excluida del alcance fiscalizador ninguna de sus actuaciones en materia económico-financiera, como sucede todavía pese a la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos del año 2012. Los partidos deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional y, en su caso, de las Fundaciones pertenecientes a su entorno político y de las Sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente. Deben contemplarse incentivos y normas legales que obliguen a los partidos políticos a conseguir un porcentaje mínimo de autofinanciación en un plazo dado, de modo que las subvenciones dejen de ser la mayor parte de sus ingresos en beneficio de las cuotas de afiliados y de los donativos legales y transparentes. Y deben establecerse mecanismos que eviten la burla de las normas sobre financiación mediante el establecimiento de relaciones privilegiadas con entidades financieras, haciendo imposible la condonación de las deudas de los partidos por los bancos.

82. Se planteará ante el Parlament un debate parlamentario sobre el endeudamiento de los Partidos Políticos y las consecuencias de la declaración de quiebra.

83. Se exigirá que las organizaciones sindicales y empresariales baleares tengan financiación propia suficiente y limitar las subvenciones directas autonómicas aplicando el criterio señalado anteriormente.

84. Por último, es fundamental la mejora de la calidad de las Leyes y de la seguridad jurídica a todos los niveles. Se necesitan leyes claras, eficaces y sencillas, de fácil comprensión y cumplimiento por el ciudadano, que eviten ambigüedades y ámbitos de discrecionalidad no justificados y excesivos en el ejercicio del poder público.

C- EDUCACIÓN


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85. Se promoverá desde Baleares la armonización del currículum entre las diferentes CC.AA. y medidas para facilitar la movilidad del alumnado, los titulados y el profesorado en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones y oportunidades, limitando la endogamia del sistema..

86. La autonomía de los centros debe completarse con la responsabilidad y rendición de cuentas en virtud de los resultados obtenidos por los centros escolares, teniendo especial importancia los resultados académicos de los alumnos.

87. La iniciativa pedagógica de los centros estará vinculada a los resultados obtenidos en las evaluaciones externas, de modo que los centros con resultados satisfactorios dispondrán de mayor autonomía y los que obtengan peores resultados recibirán una mayor supervisión de la inspección educativa.

88. Deben publicarse los resultados de la evaluación de los centros educativos, tanto públicos como concertados, basada en los resultados académicos y otros indicadores relevantes.

89. La libertad de elección de centro debe ser un derecho de los padres o estudiantes, derecho que hay que desarrollar e impulsar, gestionando la admisión del alumnado a los centros con criterios no prioritariamente de proximidad geográfica, incentivando y favoreciendo la competencia y mejora de la calidad y eficacia de la educación en cada centro.

90. Se disminuirá el número de asignaturas, especialmente en la ESO, reforzando los contenidos y habilidades fundamentales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, matemáticas y ciencia básica, educación física y deporte e inglés y otros idiomas. El horario lectivo correspondiente a las asignaturas troncales no debería ser inferior al 65%.

91. Se propondrá al Parlamento Nacional que se promocione la Formación Profesional, de modo que deje de ser un itinerario reservado a alumnos que fracasan en la vía académica, adelantando la FP Básica a los 14 años. Debe establecerse la equiparación entre Bachillerato y FP, permitiendo la obtención de títulos del mismo nivel y la relación entre las diferentes enseñanzas. Las enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas y de Formación Profesional de Grado Superior deben tener una regulación específica (incluso una ley propia), y sus centros una organización específica, puesto que muchos de sus alumnos son mayores de edad.

92. Es imprescindible mejorar las elección del profesorado en todas las etapas escolares, promoviendo a la docencia a los graduados mejor cualificados, potenciando la formación práctica en los centros escolares mediante un sistema similar al MIR, y adoptando una carrera docente profesional basada en resultados debidamente evaluados, con adecuados incentivos profesionales y económicos, y de ámbito nacional. Se establecerá un examen común de acreditación en todo el territorio nacional para el ejercicio de la docencia, también exigido para plazas de profesor interino o sustituto. La selección del profesorado, se basará en los siguientes principios: excelencia de conocimientos, excelencia pedagógica, competencia (para


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una plaza deben competir el mayor número posible de aspirantes), movilidad profesional, especialización de las distintas fases de selección.

93. El sistema de oposiciones combinará las siguientes medidas:: recuperar el sistema de fases selectivas; obligar a los interinos a presentarse a las mismas; independizar y especializar las dos fases de selección del profesorado; seleccionar en la primera fase de oposición a los que demuestren mejor nivel de conocimientos; someter a los candidatos seleccionados en la primera fase a una segunda fase de exigencia pedagógica, supervisados y asesorados por un profesor tutor que se responsabilizará de su formación; eliminar los requisitos previos no compatibles con los principios expuestos anteriormente (titulación previa en la lengua cooficial, máster de Profesor de Educación Secundaria); recuperar la máxima competencia mediante la no exclusión de cualquier aspirante por motivos lingüísticos, garantizando la libre elección de lengua por parte de éstos y así asegurar una mayor concurrencia de opositores de cualquier parte de España; reconocer como mérito el dominio y aprendizaje del mismo, con cursos de créditos reconocidos a efectos de puntuación y traslados

94. La atención a la diversidad debe recaer en especialistas que se responsabilicen de la elaboración de los planes y estrategias pedagógicos correspondientes y de los resultados obtenidos.. Esta diversificación contemplará:

a) Crear grupos homogéneos en ciertas materias para alumnos con necesidades especiales, dificultades graves de aprendizaje, graves dificultades de lectoescritura, necesidades especiales o alumnos de altas capacidades intelectuales. Los profesores de apoyo dejarán de compartir clases con los profesores titulares. b) proponer al Congreso que la formación profesional comience a los 14 años y que se dividan y fortalezcan los itinerarios en 4º de ESO según los estudios posteriores.

95. Los alumnos deben superar pruebas externas orientadas fundamentalmente a la evaluación del propio sistema educativo. Estas pruebas han de estar basadas en contenidos y competencias mínimos, de tipo instructivo, claramente detallados. El currículum deberá dar prioridad a los objetivos de instrucción, reconociéndolos como los característicos del sistema educativo e invirtiendo la tendencia a relegarlos.

96. Los resultados obtenidos en las evaluaciones externas tendrán carácter público, de tal manera que cualquier ciudadano pueda conocer los resultados comparados de un centro escolar con otros de su zona, municipio, provincia o comunidad autónoma

97. El reconocimiento real de la libertad de elección lingüística en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales es irrenunciable, especialmente en las etapas de primaria y secundaria, con el objetivo del aprendizaje culto de ambas lenguas, potenciado un sistema bilingüe real y sin que la inmersión lingüística pueda resultar obligatoria.


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98. Se ha de Erradicar la segregación con pretextos lingüísticos y su sustitución por el bilingüismo (también en las lenguas de signos), y por la igualdad de acceso al empleo público, la educación y los contratos con la administración autonómica y local, o de cualquier otra con políticas similares, es un objetivo irrenunciable del Estado federal que propugnamos y de la estrategia de regeneración democrática.

99. Se modificará en Baleares la actual situación, en la que la política lingüística se ha establecido en el mundo educativo en términos identitarios y nacionalistas. Esto implica reconocer la educación como un ámbito bilingüe al igual que el conjunto de la sociedad balear. Se disolverá el vínculo entre lengua vehicular y lengua propia, lo que implica cambios importantes en leyes y decretos autonómicos. Se considerará las lenguas como medios educativos, no como fines en sí mismos.

100. Se reconocerán las modalidades insulares, sin que eso suponga negar la unidad del idioma.

101. Se incluirá en los centros el aprendizaje del inglés y se dará la posibilidad del aprendizaje de otros idiomas extranjeros, a partir de la autonomía de cada centro según los conocimientos de sus equipos docentes.

102. Se eliminará la actual situación de desdobles (PALIC) en la que alumnos de lengua materna castellana retrasan su incorporación a las clases normales para aprender la lengua cooficial. Esto retrasa la normalización de la situación de alumnos castellanohablantes y les hace perder horas lectivas necesarias para el aprendizaje del currículo.

103. Se instaurará en los centros públicos de enseñanza primaria de Baleares de nueva construcción el horario partido, que es el preferente según la ley actual, ya que favorece a alumnos de clases desfavorecidas, fomenta proyectos más completos por parte de los equipos docentes, rentabiliza la elevada inversión en centros escolares, que actualmente permanecen cerrados durante media jornada de trabajo.

104. Se impedirá que la universidad balear se nutra de profesores entre sus mismos alumnos sin que estos tengan experiencia laboral ni investigadora fuera de su alma mater. Es necesario instaurar reglas obligatorias de contratación como la de un mínimo de tiempo de trabajo en otra universidad diferente, y un periodo obligatorio de ejercicio profesional para acceder a la docencia en las enseñanzas técnicas. El sistema de selección del profesorado universitario debe seguir criterios de igualdad, mérito y capacidad. El sistema debe ser universal, y el Estado debe garantizar unos mínimos de calidad y competencia sin los cuales no se pueda acceder a la docencia universitaria. También debe restablecerse la movilidad del profesorado entre las universidades públicas mediante el establecimiento de un concurso nacional de traslados periódico.

105. Deben eliminarse las barreras de movilidad entre el profesorado de diversas universidades y entre los alumnos.

106. Las escuelas superiores técnicas funcionarán como centros autónomos en estrecha relación con el mundo empresarial, la demanda laboral y la iniciativa privada, dejando de pertenecer a las universidades.


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107. El sistema público de becas debe garantizar que toda persona tenga la oportunidad de estudiar con plena dedicación, a tiempo completo o parcial, en la modalidad presencial o a distancia, sin discriminación.

108. Se evaluarán los costes de los campus universitarios en Menorca e Ibiza. Posteriormente se estudiará su mantenimiento, optimización y mejora, y, en determinados casos, sustitución por subvenciones a los estudiantes de las islas menores. En este aspecto, se potenciará y asegurará la implantación de la Universiad a Distancia, mediante los adecuados convenios de colaboración, que habrán de ser permanentes y no sujetos a la discrecionalidad política del equipo de gobierno de turno.

D-SANIDAD

109. Desde Baleares se darán los pasos necesarios para ayudar a la implantación de la tarjeta sanitaria común en todo el territorio nacional, la interconexión de los sistemas informáticos de todas las CCAA entre sí, de tal modo que cualquier usuario pueda acceder al sistema sanitario en cualquier punto del país y los profesionales que le atienden tengan información en tiempo real de su historia clínica y de los contactos previos con el sistema, incrementando de este modo la eficiencia y la efectividad del proceso diagnóstico y terapéutico, así como la seguridad del paciente.. Todo ello debe complementarse con una cartera común de prestaciones sanitarias en todas las CCAA

110. Se garantizará el derecho universal a recibir prestaciones, también a personas en situación irregular.

111. Desde Baleares se ayudará a que el Gobierno de la Nación establezca de forma igual, para todo el territorio nacional, las actuaciones de salud pública de epidemiología, programas de vacunación y de prevención poblacional; normativa sobre medicamentos, productos sanitarios y farmacia; garantías preventivas en los centros sanitarios públicos y privados; sanidad veterinaria. Se deben adoptar criterios homologables, excluyendo diferencias de práctica y actuación en los diferentes ámbitos territoriales. La medicina preventiva personalizada se realizará en el nivel asistencial de atención primaria siguiendo tales directrices.

112. Las formas de gestión sanitaria de las infraestructuras públicas, ya sean centros de salud u hospitalarias, serán coherentes con los planes del Plan Nacional de Infraestructuras..

113. El trato en Baleares de la situación administrativa de residencia regular o irregular de los inmigrantes, así como de todo lo relativo a la atención médica y farmacéutica, hospitalización y catálogo básico de prestaciones sanitarias será igual al trato ofrecido a los mismos en todo el territorio nacional.


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114. Desde baleares se promoverá una reforma de la inspección sanitaria conforme a una reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que amplíe sus funciones, especialmente a) en lo referido a Auditoría y evaluación de los servicios de salud para asegurar la igualdad de los ciudadanos con independencia de los gobiernos de turno (nacional y autonómico); b) vigilancia e la gestión de servicios de salud, para erradicar de manera fulminante la politización de la gestión sanitaria; c) estudiar la idoneidad de la creación de Áreas Interterritoriales de Salud, para coordinar el acceso a servicios sanitarios en zonas limítrofes de CCAA.

115. Se ha de detallar en Baleares una lista de exploraciones complementarias que puedan ser solicitadas directamente por los médicos de Atención Primaria, especialistas en medicina de familia, sin pasar necesariamente por los médicos de otras especialidades, con objeto de hacer mucho más resolutiva la atención primaria y acortar considerablemente los tiempos de diagnóstico y/o tratamiento. Este catálogo necesariamente ha de incluir la solicitud de ecocardiograma, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, resonancia nuclear magnética, tomografía axial computerizada, electromiografía y polisomnografía. Del mismo modo, con objeto de eliminar trabas burocráticas a médicos y pacientes, todos aquellos productos farmacológicos de uso extrahospitalario sujetos a visado deberían poder ser prescritos por los médicos de familia, aun cuando estuviere su prescripción sujeta a determinados protocolos, como es el caso ahora.

116. Profesionalización de la gestión de los centros sanitarios en base a criterios de eficiencia y racionalidad, tanto asistencial como económica.

117. Garantizar la independencia profesional de los Jefes de Servicio, bisagras entre los profesionales y la administración.

118. Establecer los cambios organizativos necesarios para mejorar, incentivar y, si es el caso, obligar a la Continuidad Asistencial, es decir, la comunicación entre Atención Primaria y Atención Especializada en el curso de una enfermedad o de una historia clínica.

119. Reducir drásticamente las actuaciones burocráticas que los médicos de Atención Primaria están obligados actualmente a realizar, para así aumentar el tiempo dedicado a tareas médicas, dotando a los centros de atención primaria de un equipo administrativo suficiente. Para ello se hace necesario implantar de una vez por todas la medicina 2.0, favoreciendo la realización de consultas no presenciales en procesos menores, tal como ya prevé el Plan Nacional de Crónicos (renovación de prescripciones electrónicas, resultados de test sencillos, consultas sobre efectos colaterales de medicaciones, etc.). Este tipo de consultas ahorran tiempos considerables y molestias a personal sanitario, empresas y pacientes.

120. Ajustar los cupos de Atención Primaria según morbilidad y ámbito socioeconómico, teniendo en cuenta circunstancias como dispersión poblacional, población en riesgo de exclusión social, etc.

121. Hacer de la Historia Clínica Electrónica una herramienta útil e indispensable, evitando la tendencia actual hacia una excesiva codificación, complementando la


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necesaria codificación con el relato clínico, primando siempre los datos relevantes y estructurándola de forma uniforme en toda España.

122. Dotar de mayor capacidad de gestión de Recursos Humanos al equipo directivo de un centro médico, equipo directivo profesional y no dependiente de directrices políticas, para poder así enfrentase mejor a la gestión real y específica de cada centro de salud. Se hace necesario asimismo premiar o castigar la buena o mala gestión, según corresponda, incentivando de modo positivo o negativo a aquellos profesionales o centros que se esfuercen en hacer eficiente el sistema sanitario, al tiempo que eficaz y efectivo. Actualmente la variabilidad en la práctica clínica y el consumo de recursos es ostensiblemente diferente entre comunidades autónomas e incluso en las diferentes áreas intracomunitarias, provocando desequilibrios en la equidad y la atención sanitaria que recibe el ciudadano. El incentivo respecto al ahorro en la gestión debería establecerse con un sistema de curva de Gauss en el que estuvieran representados todos los centros de Baleares y se tomara como punto de referencia la media de gasto histórico provocado, “repartiendo” los beneficios obtenidos en la buena gestión entre los profesionales o centros y la propia organización (Ib-Salut), que de este modo rebiriría un ahorro en sus cuentas que ahora se pierde.

123. Defender desde Baleares un único modelo de Sistema de Gestión de Calidad para todos los centros médicos de España, que permita intercambiar información, comparar centros y facilitar la competencia.

124. Se informará al usuario del coste real de su diagnóstico y/o tratamientos recibidos e incremento de las medidas de reducción en gasto farmacéutico.

125. Garantizar un presupuesto económico necesario y suficiente que cubra las necesidades del sistema de salud en Baleares, tanto en épocas de bonanza y alta recaudación fiscal como en épocas de crisis y baja recaudación fiscal. Esta cantidad nunca será inferior a la considerada necesaria y suficiente, por lo que no ha de vincularse a un porcentaje determinado sobre el conjunto del presupuesto público. Este presupuesto será equitativamente distribuido entre todos los centros sanitarios de la comunidad para evitar la situación actual de bolsas de ineficiencia en determinadas áreas que continúan año tras año perpetuándose con asignaciones anuales en base al histórico anterior, es decir, cuanto más gastaban, más obtenían en el año siguiente, en detrimento de las áreas sanitarias que se han esforzado año tras año en resultar eficientes, o bien en provocar desequilibrios en la atención.

126. Dotar de funciones a toda la normativa existente y sin desarrollar del Decreto 66/2009, de 9 de octubre de la Consejería de Salud y Consumo, por el cual se aprueba el Reglamento de ordenación de la Inspección de los Servicios Sanitarios del Servicio de Salud de las Islas Baleares. De esta forma impedir que otros organismos oficiales las "suplanten". Se destacan:

a) Vigilancia, control, evaluación e inspección de las prestaciones de todos aquellos establecimientos sanitarios públicos y concertados para mantener los criterios constitucionales de equidad, igualdad, accesibilidad (listas espera), universalidad, calidad y eficiencia;


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b) Programa de vigilancia y control a centros sanitarios para detectar puntos negros y propuestas de solución en cada uno de los centros sanitarios, a través de un programa de auditorías reglado y anual, que no se hace actualmente;

c) Vigilancia, control y evaluación de la accesibilidad al sistema sanitario Debe hacerse un programa de evaluación semestral de vigilancia y control de listas de espera con informes que detecten los problemas y las propuestas de resolución.

127. Velar para que la provisión de plazas se haga de acuerdo con criterios de igualdad, mérito y capacidad, eliminando todos aquellos requisitos no directamente relacionados con la cualificación profesional del aspirante.

128. Realizar un registro único de médicos para Baleares y para el resto de España actualizado, de fácil acceso y en el que se incluyan los datos fundamentales.

129. Unificar el sistema de retribuciones y horario laboral y homogeneizar el régimen jurídico de los profesionales del Ib-Salut . Se hace preciso en este sentido reactivar la carrera profesional, pero ligada a consecución de objetivos y formación continuada, en lugar de convertirse, un complemento de antigüedad que en absoluto incentivaba la formación de los profesionales o su valía clínica.

130. Activar la Ley 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears, en lo referente a los Consejos de participación ciudadana. Se fomentará el cumplimiento del artículo 43, " Consejos de salud de área y de zona". en el que se establece: "Los servicios sanitarios públicos se organizarán de manera que se haga efectiva la participación ciudadana en los consejos de área y de zona de salud, de acuerdo con lo que prevé el título VI de esta Ley", y el artículo 44, "Otros órganos de participación." en el que se especifica: "Reglamentariamente se podrán prever otros órganos de participación y consulta para ámbitos concretos de la acción sanitaria, determinando su vinculación orgánica y sus funciones administrativas.

131. Adaptar las distintas legislaciones para garantizar Perfeccionar y agilizar el procedimiento de protección ante posibles agresiones al personal del ámbito sanitario, ya sea trabajador del sistema público o privado, y cualquiera que sea su categoría profesional, de manera similar a como UPyD la ha defendido para los docentes.

132. Crear una plataforma informática única para la red hospitalaria y de Atención Primaria en toda Baleares, exigible también para los centros concertados. Tomar como modelo informático unificado el modelo de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, para que sea compatible con toda la red hospitalaria y de Atención Primaria de toda España.

133. Crear en Baleares un Sistema Integral de Urgencias en las que se definan claramente las funciones de la Urgencia hospitalaria y extrahospitalaria, el personal especializado que las ha de atender y con una cobertura de 24 horas todos los días del año. Fomentar la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias en Baleares promover la creación de la especialidad en todas las CCAA.


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134. No recurrir innecesariamente a los conciertos y cubrir las listas de espera con recursos públicos propios en la medida de lo posible, sin segregar a pacientes. Organizar la lista de espera para que, teniendo en cuenta también el criterio temporal de espera, sean atendidos primero los enfermos que más lo necesitan. Establecer patologías prevalentes por especialidad en la espera sanitaria. Evitar que el cumplimiento de la garantía de demora se pretenda conseguir recurriendo a sistemáticos planes de choque. Supervisar y/o realizar informes vinculantes sobre servicios sanitarios desviados, por los órganos legalmente competentes, con propuestas, soluciones y /o sanciones.

135. Hacer efectivo el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, ajustando los sistemas informáticos de nuestra comunidad autónoma a su contenido. Pese a estar en vigor desde el 1 de septiembre pasado, ni se han entregado a los médicos el catálogo de duraciones estándar, ni se ha implementado en los programas informáticos el contenido del mismo respecto a la emisión de partes de baja y continuación.

136. Urge conocer los términos de los contratos de construcción y concesión ulterior de servicios de los hospitales de Son Espases y Can Misses, que tanta incertidumbre y malestar han ocasionado en el personal sanitario adscrito a los mismos, toda vez que el montante de sus alquileres anuales resulta casi prohibitivo para las arcas de la sanidad balear y menoscaba los presupuestos asignados a Ib_Salut considerablemente. Igualmente, en ambos complejos hospitalarios, cabría investigar si ha existido algún trato de favor, comisiones o asignación de contrataciones ilícitas a las empresas constructoras y concesionarias, como parece estar investigando la fiscalía anticorrupción. Somos partidarios, no obstante, de la gestión estrictamente pública, de ambos complejos (y los de todos los de Baleares), siempre aplicando criterios de profesionalización en la gestión, rigidez y equidad presupuestaria, así como la implantación de sistemas retributivos que premien la buena gestión y práctica clínica y castiguen la indolencia o el despilfarro.

E.- ECONOMÍA Y EMPLEO

137. El ciudadano debe ocupar el centro de la acción pública, convirtiendo la prestación de servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones en el objetivo de toda reorganización administrativa. No se trata de que ésta o aquélla competencia sea de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento o del Estado, sino de que se ejecuten bien, redundando en una mejor calidad de vida.

138. La Comunidad Autónoma de Baleares debe invertir la tendencia iniciada con el actual Estatuto de Autonomía, que convirtió las Islas Baleares en cuatro comunidades insulares con competencias propias y con capacidad reglamentaria, ejercitándolas de forma exclusiva.


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139. Promoción de un cambio cultural en Baleares que acepte más evaluación, Transparencia y rendición de cuentas, elementos imprescindibles de toda dirección pública como primer paso para reducir el coste de los servicios públicos, eliminando duplicidades y redundancias. La organización y gestión de las CCAA en particular en la CAIB, debe someterse a criterios de simplificación, evaluación y control que redunden en un mejor servicio público.

140. Ahondar en la ley 7/2010 del sector público instrumental de Baleares, paa que la creación de nuevos entes o empresas públicas, así como cualquier reestructuración ministerial o de gobiernos autonómicos o locales, debe ir acompañado de un “estudio de impacto organizativo” abierto al conocimiento público, que evalúe su necesidad, alternativas y oportunidad (incluidos los posibles beneficios de no crearlas), su eficacia y eficiencia, coste económico y cargas administrativas e implicaciones para el déficit y el desarrollo económico y social, así como su aportación a la mejora de los servicios a los ciudadanos. Los responsables rendirán cuentas anuales sobre los resultados conseguidos.

141. La RPT (Registro de Puestos de Trabajo) del personal adscrito a las Consejerías autonómicas, Consejerías de Consejos Insulares y Concejalías debe servir para establecer posibles análisis y estrategias de eficacia y eficiencia, tratando de fijar módulos máximos y mínimos en función de criterios objetivos comparados. Proponemos una evaluación cooperativa de las CCAA efectuada por una terna de Administraciones: las dos mejores CCAA y la AGE, que puede estar representada por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. La AGE debe someterse a la misma evaluación.

142. Desde Baleares promoveremos la aplicación de algunos artículos de la Constitución en toda su virtualidad, como el art.149.1.1ª o el 150.3, relativos a leyes de armonización, como paso previo a una reforma constitucional que solucione el actual caos competencial de las Administraciones. La reforma regulará las relaciones interadministrativas según principios de coordinación, no duplicidad, simplificación, austeridad, cooperación, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

143. La CAIB debe tener poderes de coordinación de los Consejos Insulares de igual manera que el Gobierno Central debe tener poderes de coordinación de las CCAA equiparables, al menos, a los de la Comisión Europea sobre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con mecanismos de alerta y control del déficit de todas las Administraciones para que la mala gestión de una de ellas no redunde en graves problemas para el conjunto del Estado.

144. Despolitizar y profesionalizar la Sindicatura de Cuentas autonómico, que debe trabajar de forma independiente, conjunta y coordinada con el Tribunal de Cuentas estatal, hasta que sea suprimido, produciendo un informe técnico anual para el Parlament y otro de divulgación, breve e inteligible. Las cuentas de los Parlamentos Autonómicos serán controladas por el Tribunal de Cuentas del Estado y no por los tribunales Autonómicos.


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145. Modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares para que la Sindicatura de Cuentas tenga poder sancionador y capacidad para poder iniciar y presentarse como parte en procesos judiciales penales y contencioso-administrativos. Asimismo, proponer cambios en la elección de los síndicos para que éstos no dependan de los partidos políticos, que ahora los eligen. Modificar la ley de la Sindicatura de cuentas y el Estatuto de las Islas Baleares para que el Síndico Mayor sea elegido por un período de 5 años por las dos terceras partes del Parlamento, de una lista elaborada a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

146. En dos años, las cuentas públicas han experimentado un deterioro espectacular, llegando una deuda de un 25,3% sobre el PIB. Es evidente que el equilibrio de las finanzas públicas es imprescindible para mantener nuestro incipiente Estado del Bienestar. Para evitar la quiebra del Estado son necesarias medidas no sólo de tipo coyuntural, sino medidas de tipo estructural que modifiquen las bases de un sistema ineficiente e insostenible, apostando por impulsar la creación de riqueza mediante el fomento de la actividad productiva y de las líneas de control y eliminación de la economía sumergida. Se prohibirá que supere el 20% del PIB, por lo que se pondrá en marcha un plan de choque para que progresivamente se sitúe en un 20% como máximo. Conseguido este tope, se seguirá reduciendo progresivamente para que la deuda pública no supere el 10% del PIB balear en siete u ocho años

147. Paralelamente a lo anterior, la deuda pública no debe superar nunca el 100% de los presupuestos anuales de la CAIB. Actualmente la deuda balear es casi el 200% del presupuesto balear anual

148. Se ha de limitar el déficit de Baleares como máximo al 3% establecido en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, solo justificables por necesidades de ciertos capítulos del presupuesto tales como programas extraordinarios de inversión. Paralelamente se ha de incentivar el superávit. Se han de agotar previamente las posibilidades de detraer recursos de otros gastos corrientes o generar nuevos ingresos sin subir innecesariamente los impuestos. Se ha de priorizar la inversión pública que favorezca la actividad económica. Reducir las obligaciones con cargo a ejercicios futuros (gastos plurianuales) y asegurándose en todo caso de que contarán con el aval del Parlament, competente en materia presupuestaria y de que existan recursos para su financiación, según recomendación del interventor municipal y la Sindicatura de Cuentas.

149. Por tanto, la devolución de competencias al Estado sobre la educación, la sanidad o los servicios sociales no será sólo una cuestión de justicia y cohesión social, sino condición necesaria para la supervivencia del sistema del Estado de Bienestar. Los grandes servicios públicos que lo definen serán nacionales o, sencillamente, no serán posibles.

150. No hay que pensar qué prestaciones sociales se deben suprimir, tentación inadmisible para una política progresista, sino en cómo deben prestarse y cómo mejorar en eficacia y eficiencia para asegurar su viabilidad. Se trata de acabar con el


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fracaso escolar que nos lastra, de reducir las listas de espera de los hospitales o en desterrar las trabas burocráticas a la iniciativa privada.

151. Se elaborará obligatoriamente en Baleares un plan urgente de estabilización de las finanzas a 3 años, con previsión de déficit y deuda según criterios objetivos (PIB, tipos de interés, inflación, productividad, demografía, etc.) aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con medidas concretas de ajuste como nuevo calendario de inversiones, racionalización de plantillas y del sector público empresarial, etc. Fijación de medidas concretas de supervisión y sanción en caso de incumplimiento. Caso de incurrir en déficit no justificado por causa mayor, el Parlament pedirá al Govern el cese del Conseller de Economía.

152. Se limitará la cuantía de las subvenciones nominativas

153. Se adelgazará la administración pública balear, fijando una tasa de reposición de 10 a 1 del funcionariado hasta situarnos en tasas de inferiores al 3,5% de la población.

154. Se centralizarán todas las acciones referentes a la tercera edad en un único órgano, evitando que dependan las asociaciones de cada ayuntamiento o institución y reducir de esta manera el gasto y el clientelismo.

155. Se rechazará la creación de una policía autonómica, por ser innecesaria, enormemente gravosa y por duplicar las funciones que desarrolla actualmente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Al igual que con otros funcionarios estatales, equiparar el salario del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con el salario de las policías locales de las Islas Baleares de tal forma que la diferencia se reduzca en un futuro. Por ello UPyD, tras cuantificar dicha diferencia, propondrá al gobierno de la nación un plan de equiparación de dichos salarios y que estos no se congelen ni en tiempos de crisis aunque las subidas salariales puedan ser de un simbólico 1 o 2%. Al mismo tiempo se solicitará al gobierno de la nación una mayor dotación humana y de recursos materiales para que puedan realizar de la manera más satisfactoria posible su trabajo. Se impulsara y se instará en el marco de políticas nacionales a) la modificación del Estatuto Básico de Policía Local, que subsane sus deficiencias y diferencias; b) el establecimiento de un catálogo de enfermedades profesionales de Polícias locales y del marco específico de prevención de riesgos laborales; c) La alineación de las políticas de jubilación de la Policía Local, a las del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad."

156. Se promoverá a nivel nacional, mediante convenios con el resto de las CCAA, el recurso a una central de compras estatal.

157. Se apostará decididamente por la implantación de la ley de dependencia como embrión de un nuevo sector económico a implantar en Baleares, que es el cuidado de la tercera edad, para que posteriormente el sector privado tome el relevo, lo desarrolle y lo traslade al sector turístico como una oferta más que sirva para desestacionalizar.


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158. Se reducirá el porcentaje del IRPF, en su parte autonómica, que paguen los autónomos que contraten a parados de larga duración y/o mayores de 45 años

F- INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

159. Se considerarán estratégicas, desde el punto de vista de la movilidad y productividad económica, las siguientes redes viarias: en Mallorca, Palma-Andratx, Palma-Campos, Palma-Manacor-Cala Rajada, Palma-Inca-Alcudia, Manacor-Inca; en Ibiza: Ibiza-Santa Eularia; en Menorca: Mahó-Ciutadella, Parte de esta red tiene ya una alta densidad de tráfico y los tramos Manacor-Alcudia, Manacor-Cala Rajada y Manacor-Inca ofrecen una evolución creciente de densidad de tráfico. Estas carreteras serán desdobladas, excepto el tramo Manacor-Inca, que precisará de un ensanchamiento y mejora de la carretera actual. Las inversiones para completar estas redes estarán sometidas a los límites de presupuesto, evitando el recurso a deuda y a déficit crónico.

160. Se favorecerá la construcción de vías verdes, aprovechando vías ferroviarias cerradas y caminos públicos que, unidos, puedan convertirse en rutas de gran recorrido, pequeño recorrido y locales. Estas rutas se homologarán al estándar europeo, más económico y transparente en su gestión, cuyo mantenimiento, promoción y reclamo turístico se llevará a cabo directamente por parte del Govern, sin obviar la promoción que se pueda llevar a cabo en el ámbito municipal. Esta opción se promocionará por medio de un Decreto de Senderos eficaz.

161. Se potenciará el transporte interurbano público o concertado por concesiones, favoreciendo una política de precios y de bonos de transportes que lo haga competitivo frente al uso de transporte individual

162. Se defenderá que la titularidad de los aeropuertos siga siendo estatal y se solicitará al Gobierno de la Nación la licitación de la gestión privada de terminales de los aeropuertos de Baleares, con cláusulas básicas como reducir el coste de tasas aeroportuarias y fomentar y promover una mayor frecuencia de vuelos y destinos. Establecer tasas más reducidas en temporada baja.

163. Conseguir que los descuentos aéreos y de barco a los residentes sean, porcentualmente, inversamente proporcionales al precio de los billetes, con el objetivo de no aumentar artificialmente el precio de los billetes y de que no sean finalmente las compañías aéreas las beneficiadas por el descuento

164. Favorecer, con todas las medidas administrativo-políticas posibles, la implantación de empresas de transportes y logística, permitiendo o favoreciendo la implantación de nodos logísticos de transporte aéreo en todas las islas, capaces de conectar, a coste competitivo, Europa con el Magreb y resto de África.


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165. Considerar estratégicas, desde el punto de vista de la productividad económica, las inversiones en el Puerto de Palma, Mahón e Ibiza que tengan como objetivo dotarles de la capacidad e infraestructuras que permitan operar todo tipo de buques de transporte.

166. Promover e impulsar las instalaciones de depuración de aguas residuales en todos los municipios en actuaciones planificadas coordinadas con la Demarcación Hidrográfica insular) para contribuir a la mejora de la calidad de las aguas.

167. Promover la recogida y reciclado de todos los productos químicos de las reparaciones y limpiezas en los puertos para renovar las concesiones, e incluir en los principales puertos comerciales instalaciones de recogida de aguas de lastre y lavado de sentina.

168. Supervisar y auditar la gestión de las centrales y redes eléctricas insulares así como la calidad del suministro final con la finalidad de optimizar su gestión técnico-económica y la calidad del servicio al usuario. Apoyar, en el ámbito de las competencias autonómicas, las acciones necesarias para instaurar la libre competencia real en el sector, como la interconexión eléctrica con la península.

169. Se estudiará la reducción del peaje del túnel de Sóller y se renegociará la concesión.

G.-TURISMO

170. Se promoverá el análisis integral del sistema turístico balear con el fin de detectar, impulsar y comunicar desde la Administración las necesidades de transformación. Para ello se integrará la política turística en los distintos niveles de la Administración y se velará particularmente por la simplificación y homogeneización de las reglamentaciones de manera a garantizar la coherencia normativa entre los distintos niveles institucionales y las distintas ramas del ordenamiento.

171. Se valorarán los recursos naturales, geográficos y culturales así como el actual modelo turístico "de sol y playa" como el más importante actualmente de las islas, sin considerarle incompatible con el esfuerzo por diversificar la oferta y desestacionalizar el turismo. Dignificar la actividad turística y reconocer el esfuerzo y mérito de la iniciativa empresarial de todos los agentes turísticos de Baleares en el contexto económico español.

172. Se han de simplificar los procesos de obtención de autorización para inversiones turísticas destinadas a una nueva actividad o a la mejora de la oferta de una actividad ya existente. Para ello se estudiará también la viabilidad e idoneidad de prorrogar las medidas de urgencia aplicables a establecimientos turísticos recogidas en la ley 4-2010 de impulso de la inversión en las Islas Baleares. En todo caso, y con el fin de evitar duplicidades y ganar en eficiencia, se velará por la simplificación del organigrama de la administración.


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173. Se evitarán las subvenciones a compañías aéreas, de dudosa efectividad para no quebrar el principio de libre competencia y huir de una posible dependencia de las mismas.

174. S estudiará la viabilidad de mantener abierto las 24 horas del día el Aeródromo de Son Bonet a fin de evitar al congestión del Aeropuerto de Son Sant Joan, principal puerta de entrada de turistas a la isla de Mallorca.

175. Coordinar la promoción turística con el sector en el exterior e implicar al sector en el coste de la promoción de la marca Baleares o de la marca por islas. En particular aumentar el presupuesto en marketing hasta equipararlo al de otros destinos turísticos de España y del extranjero.

176. Es preciso impulsar planes de mejora de la rentabilidad de destinos y empresas turísticas y de lucha contra la obsolescencia de establecimientos turísticos mediante:

177. a)La creación de una comisión público-privada que identifique los indicadores que definirán la oferta obsoleta; b)La aplicación de estas medidas en igualdad de condiciones para todos los establecimientos afectados. c)La identificación de soluciones de valor añadido para los destinos que serán desarrolladas en los espacios generados por la eliminación de la oferta obsoleta. d)La legalización del cambio de uso, cumpliendo tanto las limitaciones urbanísticas y de habitabilidad que se marquen en función de la localización de los inmuebles, así como los límites fijados en relación a la capacidad de carga de las zonas turísticas. e)La legalización del condohotel y de otros mecanismos para la mejora de la financiación y diversificación de las empresas turísticas. f)La formulación de planes integrales de reconversión y recalificación que contribuyan a la recuperación de zonas turísticas en estado avanzado de degradación, especialmente en los casos de la Playa de Palma y Magaluf h) La regularización del alquiler de viviendas turísticas y el reconocimiento de su valor como producto turístico diferenciado del hotelero con capacidad para atraer turistas de alto poder adquisitivo.

178. Se establecerán líneas de apoyo a la financiación para la modernización y sostenibilidad de empresas turísticas. Estas líneas de apoyo no consistirán en subvenciones, ayudas a fondo perdido, compras de inmuebles hoteleros por la administración, ventajas fiscales. Sólo en supuestos tasados por ley podrá aplicarse alguna de las anteriores medidas.

179. Se fomentará la desestacionalización de la actividad turística implicando e incentivando al sector para descubrir y explotar actividades turísticas que favorezcan la actividad en temporada baja. Promocionar la actividad turística y facilitar la actividad de las empresas turísticas Baleares en aquellos países con un nivel de renta notable y con una distribución de los períodos vacacionales no coincidentes con los meses estivales de Junio, Julio y Agosto. Participar en el rediseño del programa de turismo social europeo (jóvenes, familias y mayores). Generalizar, ampliar y revisar los actuales programas y el número de usuarios de turismo social de los diferentes países de Europa para conseguir incrementar la planta hotelera abierta en temporada baja y


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media. Incorporar la transnacionalidad de los programas ya existentes mediante convenios bilaterales o multilaterales de cooperación. Promocionar las posibilidades de turismo "verde", ecológico, ornitológico, etc, en torno a parajes singulares como la Sierra de Tramuntana, la Albufera.

180. Se reformará la Ley del Suelo para adaptarla a las necesidades de Baleares como destino turístico y proveer de instrumentos que lo permitan, dando preferencia a las infraestructuras encaminadas a la diversificacióin y desestacionalización.

181. Se establecerán legalmente límites de carga de las zonas turísticas.

182. Se fomentarán las iniciativas de gestión cultural y patrimonial que tengan como objetivo la promoción del turismo cultural en Baleares y puedan incidir en su desestacionalización.

183. Se desarrollarán estrategias que permitan la captación de eventos Baleares y coordinación de las infraestructuras turísticas con que la isla cuenta para el desarrollo de este tipo de acciones. Estas estrategias evitarán el recurso a la financiación pública, facilitando la inversión privada. Si concurre inversión pública, ésta debe ser recuperable.

184. Se fomentará la adopción de los criterios de la Hoteltars Union con el fin de lograr una mayor transparencia en el sistema de clasificación hotelera y, desde la posición de liderazgo en el sector turístico que debe ser la de las Islas Baleares, impulsar la coordinación y/o reunificación de criterios del resto de CCAA para que adopten también este sistema en lugar de contar en España con 17 clasificaciones diferentes, cuando la tendencia en Europa consiste en crear normas comunes para los diferentes estados de la UE.

185. Se luchará contra la obsolescencia de los equipamientos básicos dependientes de las administraciones.

186. Se fomentará el turismo deportivo, así como la inversión en servicios y medidas de seguridad para la práctica del cicloturismo, actividad que además contribuye a la desestacionalización.

187. Se elaborará un marco jurídico que cree y regule las rutas específicas de bicicleta de montaña y espacios para la práctica de deportes de riesto, exigiendo siempre el correspondiente seguro privado de responsabilidad civil y de accidentes.

188. Se promoverá el turismo pesquero, uso mixto de la flota pesquera de lista tercera para incorporar, con las adecuadas medidas de seguridad, actividades turísticas. Promover las pesca de altura en la lista sexta.

189. Se facilitará el incremento del tráfico de cruceros turísticos en todos los puertos de Baleares.

190. Con las adecuadas garantías ambientales, se promoverá la creación de arrecifes artificiales para evitar prácticas de arrastre, y fomentar el turismo submarino.


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191. Se potenciará el turismo náutico, especialmente el de alquiler de grandes yates.. Favorecer la industria de recreo, facilitar la creación de clubs y asociaciones, crear programas formativos, evitar que quiebren las empresas de charter o que se vean forzadas a abandonar las Islas Baleares y España en general. Apoyar, en el marco de la desestacionalización, la creación de estaciones náuticas, centros de actividades de turismo náutico, combinadas con oferta hotelera y con todo tipo de actividades secundarias complementarias.

192. Se defenderá la liberalización del horario comercial del pequeño y mediano comercio en domingos y jornadas festivas.

193. Se establecerán controles para velar por la imagen turística de Baleares, exigiendo la implicación de los agentes y empresas turísticas en los esfuerzos para erradicar fenómenos en auge como el balconing, turismo de borrachera, etc.

194. Se prestará la máxima atención al Patrimonio Histórico de nuestros pueblos y ciudades entendiendo este como el mejor legado cultural que nos han dejado las generaciones precedentes. Crear un inventario de dicho patrimonio, cuidándolo y protegiéndolo. Este inventario tendrá dos vías, mediante la declaración como BIC o como bien catalogado municipalmente en su Catálogo de Protección de Patrimonio Histórico. Dado que la mayoría de los ayuntamientos de Baleares no disponen de su Catálogo de Protección de Patrimonio Histórico, se hará cumplir la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre de 1998, de Patrimonio Histórico de les Illes Balears, que obliga a los ayuntamientos a modificar sus planteamientos generales para incluir el Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico. Se dotará a los ayuntamientos de los medios necesarios para la realización del Catálogo de Protección de Patrimonio Histórico mediante el Departamento de Cooperación Local de los Consejos Insulares o de otro departamento autonómico.

195. Se revisará el estatus de protección de aquellos inmuebles que hayan sido protegidos y amparados por políticas inadecuadas y partidistas. Este estudio se realizará por parte de expertos independientes y de reconocido prestigio. Esta selección de expertos seguirá un riguroso control sobre incompatibilidades e intereses que pudieran favorecer su decisión.

196. Se apoyarán publicitariamente y con créditos recuperables las iniciativas culturales particulares que tengan como objeto programar eventos de relevancia para atraer turistas entre noviembre y mayo.

197. Se fomentará la coproducción pública con la iniciativa privada de eventos de relevancia para atraer turistas entre noviembre y mayo. Se firmarán convenios con los agentes turísticos para que éstos consigan público para ciertos eventos culturales considerados de interés y exhibidos en locales privados o públicos, no propiedad de las empresas hoteleras, evitando en todo caso la financiación de entradas.

H- ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE


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198. El modelo energético español, y por extensión el balear, adolece de problemas relevantes que es necesario solucionar en el medio plazo, entre ellos el alto nivel de dependencia de las importaciones de energía primaria, petróleo, gas natural, carbón y combustible sólido recuperado (CSR), como así el elevado coste de la generación de energía eléctrica, debido a la insuficiente capacidad instalada de las centrales de bajo coste frente a la expansión de la capacidad de las de alto coste. La baja eficiencia energética, y el incumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a la emisión de CO2 a la atmósfera, precisan de un cambio en el modelo energético, por ello es necesario reducir la dependencia y vulnerabilidad del sistema energético, para reducir los costes de la energía eléctrica que drenan competitividad a la economía, y para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

199. Baleares, para cumplir con sus compromisos con el Medio Ambiente y sus ciudadanos, se asegurará el suministro de las necesidades energéticas y se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles estabalecidos en las directivas europeas.

200. Para solucionar estos problemas en el marco de la planificación energética a medio y largo plazo, que ha de plasmarse en la elaboración consensuada de un Plan Energético Nacional, no ha de excluirse ninguna opción por motivos meramente ideológicos y el coste de generación ha de ser un criterio esencial a la hora de diseñar el mix energético.

201. La crisis económica ha tenido como su peor consecuencia un desempleo desorbitado, con el aumento de la pobreza y la exclusión social, y la añadidura del enorme paro juvenil que amenaza al relevo generacional laboral y el mantenimiento del sistema de pensiones y servicios sociales. El aumento de la desigualdad social es anterior a la crisis económica, pero sigue creciendo por las políticas fiscales regresivas y la reducción de los servicios básicos, efecto de los incrementos tributarios y recortes emprendidos con el pretexto de luchar contra el déficit público.. Por esta razón, y la inexcusable atención que se merecen estos colectivos, se garantizará un precio social sobre la factura energética a personas sin recursos y a parados de larga duración mediante un protocolo claro, donde se incluirá también a las entidades sin ánimo de lucro, que trabajen con sectores vulnerables y/o en riesgo de exclusión, siempre y cuando estén acreditadas y demuestren una trayectoria en el sector social.

202. Se dará prioridad a actuaciones encaminadas a la reducción del consumo energético en todos los sectores de la comunidad autónoma Se establecerá un protocolo de colaboración entre el Govern Balear y los municipios de las Islas en materia energética.

203. El medioambiente y la energía no se verán como lastres que amenazan el crecimiento económico, sino como factores de progreso que pueden convertirse en elementos dinamizadores de la economía, al generar oportunidades de I+D y trabajos de alta cualificación. Se incentivará la innovación en el campo de las energías renovables, con la finalidad de reducir sus costes operativos y mejorar su eficiencia. Tampoco se descuidarán las medidas de ahorro (en el ámbito del


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transporte, la vivienda…) que primen un uso eficiente de la energía. La inversión en rehabilitación de viviendas con especial atención a la implantación de sistemas eficientes de consumo de energía (contadores inteligentes) y ahorro (aislamientos térmicos) puede conseguir el doble objetivo de reanimar el sector de la construcción y desarrollar el de tecnología de ahorro energético, con un impacto conjunto muy positivo en la economía comprobado en otros países. El desarrollo de sistemas de autoconsumo con balance neto (producción doméstica de energía con vertido del excedente eléctrico a la red), lógicamente con un trato fiscal equitativo y no penalizador, completa estas medidas de desarrollo de una “economía verde” fundada en el ahorro y eficiencia energética y en la potenciación de nuevos usos competitivos de las energías renovables.

204. El cambio en el modelo energético se debe acompañar por una transformación del sistema regulatorio del sector de manera que se abra a la competencia en todos sus segmentos. Asimismo, deben reducirse progresivamente, con el objetivo final de eliminarse, las subvenciones de explotación a las empresas del sector y el déficit de tarifa.

205. Se potenciará el aprovechamiento de las redes eléctricas existentes con el fin de evitar la creación de nuevos trazados que alteren la fisonomía y el paisaje de las zonas rurales, conservando el paisaje rural y los valores etnológicos y medioambientales.

206. Se optará por el mix energético en Baleares mediante la combinación de las diferentes fuentes de energía existentes, con el fin de desechar en el futuro nuestra dependencia de los combustibles fósiles cuando las energías renovables permitan este cambio de modelo.

207. En todos los procesos de aprovechamiento de los recursos naturales se establecerá la obligación de contratar un seguro de responsabilidad medioambiental, como así un estricto cumplimiento de las normas establecidas, garantizando la Autoridad Balear los medios humanos y materiales para realizar correctamente su supervisión.

208. Se definirá un Plan Sectorial supramunicipal específico para instalaciones de energía eólica, solar, biomasa, microgeneración por gas, tratamiento de purines, metanización de residuos... sin posibilidad de redefiniciones de usos alternativos.

209. Un Estudio Estratégico Ambiental del litoral español, realizado por parte de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente en el año 2009, destaca que las Islas Baleares son una de las zonas más aptas para el despliegue de la tecnología eólico-marina en España. Por esta razón es imprescindible dotar de partidas de I+D adecuadas con el fin de implantar y hacer viables la construcción de parques eólico-marítimos. Estas investigaciones irán orientadas principalmente a la elaboración de materiales resistentes a las características químicas de la composición del mar balear, más corrosivo que las aguas del norte de Europa, donde tanto éxito están teniendo estas instalaciones. Con estas condiciones se promocionará la implantación de parques eólicos marinos, los cuales se ubicarán a un mínimo de 10 kilómetros de la costa,


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alejados de posibles afecciones sobre las poblaciones de aves, y a la vez con el objetivo de establecer arrecifes artificiales como auténticas reservas de biodiversidad marina.

210. Se limitará la instalación de parques eólicos terrestres en espacios con valores medioambientales destacables, paisajes singulares o afectados por zonas de especial protección para las aves.

211. Se analizará la viabilidad de la explotación y el desarrollo de instalaciones de aprovechamiento de energía maremotriz, teniendo en cuenta que no se realizará ninguna propuesta que afecte de forma negativa a la biodiversidad marina o al tránsito de embarcaciones.

212. Se dará apoyo al proyecto de implantación del gas proveniente de la Península a Eivissa por medio de conducciones submarinas al resto del archipiélago balear, como así a su interconexión con la red de distribución de gas a zonas urbanas en la isla de Mallorca según los ejes Palma-Andratx, Palma-Inca-Alcudia y Palma-Manacor-Delanitx, a Menorca a través de su eje Ciutadella-Maó, y a Formentera por medio de conducciones subnarinas, sustituyendo progresivamente los generadores de fuel ubicados en esta última. Se apoyará un sistema de depósitos con el fin de garantizar el suministro en caso de que el sistema falle.

213. Se facilitará la diversificación privada en microgeneración eólica, fotovoltaica, de biomasa, tratamiento de purines, termosolar y por turbina de gas, entre otras fuentes renovables que puedan surgir. Se potenciará el autoconsumo en las explotaciones agrarias y ganaderas, como así el de las economías familiares, dando opción a los usuarios a producir energía sin estar conectados a la red eléctrica. Se permitirá que el sobrante de la producción eléctrica que éstos generen se comercialice en igualdad de condiciones que la desarrollada por parte de los grandes productores. Estas opciones precisarán de una reforma de la actual Ley Energética nacional.

214. Se facilitará la instalación y desarrollo de centrales termosolares, con el objetivo que esta tecnología produzca en Baleares, inicialmente, un mínimo de 500 MW de energía en su conjunto, por medio de la iniciativa privada, colocando a esta Comunidad en camino a la autosuficiencia energética en combinación con otras energías limpias, a la vez de generar gran cantidad de puestos de trabajo. Estos parques solares, y demás instalaciones que lleven anexas, respetarán el paisaje, el patrimonio etnológico y las tradiciones del entorno en el cual estén ubicados. Se potenciará su uso en las islas mayores, Mallorca, Menorca e Ibiza, con un tamaño adecuado que garantice su rentabilidad y una mayor contratación de trabajadores. En Formentera se priorizarán instalaciones menores, acorde a sus dimensiones, con unos estándares mínimos de rentabilidad y garantizando su interconexión energética con la isla de Eivissa.

215. Se favorecerá la conversión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en CSR, Combustible Sólido Recuperado, llamado también “basura de rechazo” (la que no puede ser reciclada), para emplearla en plantas de generación eléctrica sustituyendo a combustibles más caros y contaminantes. Este proceso debe llevar una reducción de


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las tasas que pagan los ciudadanos por el reciclaje e incineración de residuos. Estudiar la viabilidad de construcción de una planta de conversión a CSR en cada isla, a cargo de empresas privadas que ya realizan esta transformación en otras partes de España y en Europa. En Mallorca, renegociar la concesión con TIRME. En Ibiza renegociar la concesión con GIREF. Coordinando las actuaciones y reformando, si es necesario, los Planes Directores Sectoriales en materia de gestión de residuos

216. Esta tecnología será complementada con el uso de biomasa como combustible generado en las islas, y un mayor aprovechamiento en la separación de residuos y reciclaje, con el fin de reducir el volumen de incineración de basuras, como así en la importación de CSR, con el fin de que en el futuro sea innecesario este aporte extraordinario de combustible. Se garantizará que el CSR que llegue a Mallorca se realice en balas precintadas e inodoras bajo la amenaza de sanciones.

217. Se promoverá un piloto de planta de biomasa en cada isla, que utilice, entre otros residuos silvícolas y agrícolas, a explotar junto a sus correspondientes planes insulares de control de incendios y biomasa forestal. La explotación de estos pilotos y la obtención de biomasa se incluirán dentro del contrato global de servicios de prevención/extinción de incendios, y de su correspondiente Plan Sectorial Insular de lucha contra los incendios forestales. Se acometerán las reformas legales precisas para que esta explotación silvícola sea posible en todos los bosques –privados o públicos- de las Baleares

218. Se instalarán contenedores especiales para depositar biomasa, restos de podas de jardín y restos forestales. Estos puntos de recogida se instalarán en número suficiente en pueblos, zonas rurales, urbanizaciones y explotaciones agrarias. El fin es la utilización de esta materia como combustible en plantas de cogeneración.

219. Se potenciará el sector primario por medio de la convergencia del sector industrial y el forestal, actualmente separados. Se llegará a acuerdos con la industria balear con el fin de compatibilizar el aprovechamiento forestal para garantizar la conservación y el mantenimiento del paisaje.

220. Se promoverá un convenio de innovación con las comercializadoras eléctricas para acelerar la implantación de los contadores individuales digitales y la tarifa variable según estrés de la disponibilidad a todos los usuarios, para que la diferencia entre producción y consumo de energía se optimice.

221. La generalización del uso de energías renovables en la edificación, tanto en la de nueva planta como en el parque construido, según criterios de eficiencia y ahorro energético. Se incentivará que la construcción, rehabilitación, o cualquier modificación de los tejados de las naves industriales o agrícolas, estén lo suficientemente reforzados para acoger instalaciones de captación de energía solar, así como a utilizar ese espacio para aprovechar esta forma de energía, sea por parte de la propiedad o de terceros por medio de contratos de arrendamiento.

222. Se promoverá ante el Congreso de los Diputados que el autoconsumo energético esté sujeto a tasas impositivas.


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223. Se fomentará el desarrollo de un sistema de transporte público que sea respetuoso con el medio ambiente y que esté basado en fuentes de energías renovables como son las pilas de combustible, el aire comprimido y el biogás.

224. Se desarrollará un transporte urbano colectivo no contaminante, potenciando el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y la prioridad absoluta del peatón en el diseño del espacio público. Se preverán las necesidades de espacio para aparcamiento y la circulación de automóviles sin que ello sea el condicionante principal del diseño urbano. Se intensificará la línea actual de actuacación, se apoyará la creación de aparcamentos subtertráneos en Palma y disuasorios en las afueras de los pueblos, simpre en terreno urbano y coherente, con la disponibilidad de conexión con transporte público.

225. Se dará la opción a los diferentes municipios que estén atravesados por líneas férreas a que puedan optar a su soterramiento en beneficio de la creación de nuevos espacios para el peatón, que es prioritario en el diseño de una ciudad sostenible. La viabilidad de estas propuestas estará supeditada a ser realizada en determinados tramos, con el correspondiente estudio de viabilidad, sin que se pueda comprometer la prestación de los servicios sociales básicos.

226. También la gestión del agua tiene una especial influencia en nuestro país sobre cuestiones tan esenciales como los recursos naturales, el medio ambiente o la gestión del territorio. Se ha producido un vaciamiento competencial del Estado en materia de gestión del agua, olvidando que se trata de la regulación y gestión de un bien común de todos los españoles. Por ello es necesario que las CCAA ejerzan sus competencias a partir de un marco de principios comunes y uniformes que garanticen la integración necesaria para compartir los recursos y, por tanto, promover la igualdad, la solidaridad interterritorial y la cohesión nacional. En el actual marco competencial, y hasta que sea mejorado, la gestión del agua en Baleares debe adoptar estos principios básicos:

1 - Gestión del agua respetando el ámbito de la unidad de cuenca o isla.

2 - Planificación hidrológica por cuenca o demarcación estableciendo los objetivos tanto medioambientales como de satisfacción de las demandas, de prevención de sequías y protección frente a inundación, con programas de medidas para la consecución de los objetivos e integrando coherentemente todo ello en el Plan Hidrológico Nacional, garantía de la distribución equitativa de los recursos, de la cohesión nacional y de la solidaridad interterritorial.

3 - Armonización de las legislaciones autonómicas de aguas con la legislación nacional para preservar la igualdad en la aplicación del derecho de aguas y de las cargas tributarias derivadas de su gestión. Se homogeneizará el precio que pagan los baleares por el agua, con el fin de que todos ellos tengan los mismos derechos y paguen lo mismo.

227. Se prestará una especial atención a la conservación de los humedales baleares, una garantía en su gestión será su incorporación como espacios naturales al patrimonio de la Comunidad Autónoma, como así el desarrollo de políticas que garanticen su supervivencia, y muy especialmente su potenciación como reservas de


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avifauna por medio de políticas activas de conservación. Se incorporarán a ese patrimonio las zonas susceptibles de ampliación, como Son Bosc, con la intención de incorporarlo físicamente al Parque Natural de S'Albufera.

228. La concesión del agua será pública y no privada. Se adjudicaran actuaciones puntuales a empresas privadas pero sin poner en peligro la gestión y titularidades públicas por medio de permutas y concesiones. Se eliminará el actual sistema de concesiones privadas a medida que finalicen los periodos de concesión de las mismas.

229. Se desarrollará un arbitrio de medidas de ahorro de consumo de agua, como, por ejemplo, la instalación generalizada del contador “on-line” para cada usuario y para cada concesión de explotación de agua subterránea. Promover e incentivar medidas de ahorro de agua, por unidad de plaza turística.

230. Se establecerán normativas para la creación de aljibes públicos que recojan aguas urbanas para su uso en jardinería pública, y se promocionará la distribución agrícola, o en jardines urbanos, de aguas depuradas que hoy se están vertiendo en cauces de torrentes o directamente al mar.

231. Se aprovecharán, ampliarán y renovarán las instalaciones existentes en materia de depuración de agua, compartiendo equipamientos entre varios municipios y reduciendo costes al evitar un exceso de plantas de tratamiento.

232. La Serra de Tramuntana, Paraje Natural y Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los principales atractivos de los cuales disponen los mallorquines. Posee un potencial totalmente desaprovechado, tanto económico como natural, y es garante de una biodiversidad rica y muy variada, que tenemos el deber de conservar y proteger. En la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad se recomendaba a la Administración, ante la UNESCO, una política activa de adquisición de propiedades para destinarlas al disfrute del ciudadano. La Comunidad Autónoma, aunque no de forma arbitraria, adquirirá nuevos espacios públicos en el territorio balear con el fin de destinarlos a zonas para la acampada, merenderos, aparcamientos ecológicos y gratuitos, recuperación y mantenimiento de caminos públicos y zonas deportivas, como pudieran ser paredes y fincas en las cuales se ubiquen vías de escalada u otros deportes activos. Este fin se consigue mediante un uso social de la montaña y del medio ambiente y la explotación de este tipo de recursos por parte de los propietarios del medio rural.

233. Se aglutinarán todos los organismos, entes y consorcios de la Administración vinculados a la gestión del entorno de la Serra de Tramuntana, solucionando salvedades y eliminando duplicidades, con el fin de reducir niveles administrativos, costes, aumetar la eficacia y dar más importancia a los municipios que la integran.

234. Se realizará un plan integral de interconexión de caminos públicos rurales, reconvertidos a su vez en rutas senderistas, preferentemente arboladas, motivando a los propietarios a ampliar esa red con el fin de promocionar sus productos y servicios entre un importante volumen de visitantes y turistas. El objetivo será rentabilizar las explotaciones rurales, en muchas ocasiones en peligro de desaparecer, y convirtiendo el medio natural en una importante fuente de ingresos. Hay que tener en cuenta que


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el senderismo busca transitar por caminos no pavimentados, por lo que el desarrollo de una red efectiva de caminos públicos debe de priorizar este aspecto.

235. Se homologarán estos caminos por el sistema de regulación y marcaje internacional, más económico, transparente y universal, con el fin de promocionar el senderismo de una forma real, uniendo criterios y generando una fuente de atracción turística que repercutirá directamente en la posibilidad de que los propietarios de fincas que linden con estas rutas pudieran beneficiarse directamente a través de la venta de productos y servicios. La finalidad es establecer una red de caminos que interconecten en el futuro la mayor cantidad de poblaciones posible y a todos los municipios de cada isla.

236. Se adquirirán propiedades que por su alto valor natural, histórico-cultural o etnológico sean sensibles de incrementar el patrimonio público, con el fin de garantizar su conservación, disfrute y ampliar la oferta del muy rentable turismo medioambiental, un recurso que garantiza la oferta complementaria y es precursora de una economía sostenible. Esta oferta será compatible con la iniciativa privada.

237. Se aumentará la superficie de los espacios naturales de las islas, muy especialmente los del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, hacia Calvià y Andratx, s'Albufera de Alcúdia, con la incorporación de Son Bosc, y la del Parque Natural de la Península de Llevant, en su tramo costero por el oeste hasta Betlem, y por el este hasta Cala Torta.

238. Se ampliará la red de zonas marítimas protegidas de la pesca hasta el 10% de la plataforma hasta los 200 m de profundidad, y promontorios submarinos, incluso con artes tradicionales. Restringir las técnicas de arrastre y cerco en la plataforma continental con tendencia a su amortización. Las licencias extractivas, manteniéndose en aguas profundas, podrían ser compensadas o intercambiables por varias tradicionales o turísticas. Apoyar la iniciativa del Santuario del Atún Rojo y limitar en todo el ámbito competencial su pesca en temporada y arte - palangre, curricán-. Establecer un sistema de cupos con coste para pesca deportiva del atún y el pez espada. Establecer sistemas de cupos en superreproductores en temporada de desove. Analizar la viabilidad de una planta, a iniciativa privada y sin coste público, de tratamiento de descartes y desechos pesqueros para la producción de harinas, así como la potenciaciación de granjas de cría y engorde.

239. Se llevarán a cabo iniciativas para proteger los enclaves rurales, en especial aquellos amenazados por promociones urbanísticas excesivas, como en el caso de Son Sardina o Sa Bomba de S'Indiotería, ambas en el término municipal de Palma.

240. El incremento de patrimonio público seguirá un estricto protocolo de publicidad y transparencia, y contará con el beneplácito de los ciudadanos, no sólo de quienes hayan ideado la compraventa. Esta opción contrasta con la política de contención de gasto, pero es factible si se disponen de recursos suficientes, y no estén sujetos a la adquisición partidista. Esta política debe tener fines exclusivamente sociales, medioambientales y de conservación del patrimonio histórico-cultural y estará supeditada a la existencia de fondos.


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241. Se creará una normativa cívica medioambiental en los espacios naturales, homogénea a todo el territorio balear, con el fin de mejorar el medio ambiente, la convivencia y el entorno, sea natural o urbano. Entre estos puntos se dará especial importancia a la normativa de ruidos, aplicando apercibimientos, sanciones y restricciones cuando la actividad de las personas perjudique a otras, alterando su derecho a la tranquilidad y al descanso.

242. Se unificarán los distintos cuerpos de bomberos.

243. Se contactará con propietarios, con empresas e industrias dedicadas a la explotación de la biomasa con el fin de rentabilizar la limpieza del medio rural a cambio de poder obtener otra fuente importante de ingresos, minimizando el riesgo de incendios forestales y recuperando los caminos rurales para incorporarlos a la red senderista.

244. Se aportarán los medios de control adecuados para garantizar el desbroce y limpieza de masa forestal a la distancia legalmente establecida de cualquier vivienda o núcleo de población, adaptando las normas establecidas para solucionar la actual situación de abandono y suciedad presentes en la mayor parte del medio natural.

245. No se fomentará la producción de transgénicos con suvvenciones, considerándolos como prácticas agropecuarias intensivas, pero tampoco prohibir ni aceptar declaraciones unilaterales de Zona Libre.

I. CULTURA

246. La cultura ha servido en Baleares, así como en el resto de España, como excusa de una intervención pública desmesurada que no se ha limitado a construir infraestructuras culturales, a veces necesarias, sino que se ha traducido en suplantación de la iniciativa privada, en intrusismo, en reparto de favores clientelares, en dirigismo cultural, en autoalabanza de los dirigentes políticos; todo ello invocando la “excepción cultural” como principio dogmático. En esta operación de suplantación han intervenido la Comunidad Autónoma, los Consejos Insularees, los Ayuntamientos, incluso las empresas públicas.

247. El instrumento elegido para protagonizar esta suplantación e intrusismo ha sido el reparto de subvenciones de todo tipo, la mayor parte de ellas sin respetar la transparencia y la libre concurrencia. Prácticamente ninguna asociación cultural sin ánimo de lucro se queda sin subvención, siendo ésta casi siempre superior a los ingresos propios de la asociación mediante la aportación de sus socios y explotación de recursos propios.

248. Las subvenciones culturales son a menudo completas, circulares, es decir, abarcan todas las fases de producción y explotación del producto cultural, especialmente en las artes escénicas y en el cine. Un producto cultural puede encadenar subvenciones a la producción, transporte, distribución, publicidad, y exhibición, acabando por la subvención a los consumidores-espectadores


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249. Las infraestructuras culturales públicas en Baleares se han acometido sin un plan previo que fije las necesidades y demanda cultural, por lo que hay un exceso de teatros, auditorium, orquestas, etc., que han supuesto un enorme gasto y que han expulsado la iniciativa privada y colocan al borde de la desaparición a las pocas iniciativas e infraestructuras privadas que quedan en las islas.

Se evitará el vínculo entre los agentes e instituciones culturales y el poder político, ya que es indeseable fomentar la aparición de “una cultura oficial” mediante la subvención y el clientelismo

250. Se desvinculará de la cultura “la identidad”. Frente al dogma según el cual sólo tiene interés cultural lo que se ajusta a determinados parámetros nacionalistas, UPyD propone un concepto de cultura moderno, amplio y no lastrado por prejuicios identitarios

251. Se excluirá de los criterios de cultura o promoción cultural la exigencia de producir en una lengua determinada, desterrando las ayudas, subvenciones, créditos, apoyos de todo tipo al uso de una lengua concreta.

252. Se racionalizará tanto la gestión de los equipamientos culturales como la de las estructuras de producción de la CAIB y los entes locales. Se implantará, de forma general, la fórmula del “contrato-programa” sujeta a la Ley de Contratos del Estado, es decir, contratos por concurso que, en caso de que los programas a desarrollar se alarguen durante varios años, tengan la distribución económica de “plurianual” para evitar su fraccionamiento y el fraude de ley. Establecer en el contrato los plazos de cumplimiento y las sanciones y recargos en caso de retraso atribuible al contratista. Se desarrollará, por parte de la administración contratante, un programa de evaluación y seguimiento del proyecto o programa. Se realizará la selección en función de criterios fijados en las base de la convocatoria pública. Se impedirá contratar directamente a partir de 3.000 euros y, sobrepasada esa cantidad, hacerlo obligatoriamente por concurso público. En tal sentido, se ha de solicitar la modificación de la Ley de Contratos del Estado.

253. No se discriminarán a autores, intérpretes y profesionales de los distintos sectores culturales por razón de su nacimiento, residencia o lengua, o por su adscripción política o religiosa. El criterio de selección ha de ser siempre la calidad artística o profesional

254. Se someterá la cultura a criterios de racionalidad y equilibrio económico, especialmente en época de crisis, que eviten el derroche y el intervencionismo en la oferta cultural a costa del erario público, y en iniciativas que no cuenten con el interés del público

255. Se limitará la participación del conjunto de las administraciones en un consorcio, fundación o iniciativa cultural a un máximo del 50% de su presupuesto. Sólo en un número reducido de centros de referencia podrá superarse este porcentaje


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256. Se fomentarán las iniciativas de gestión cultural y patrimonial que tengan como objetivo la promoción del turismo cultural en Baleares y puedan incidir en su desestacionalización.

257. Se coordinará la oferta cultural subvencionada con la oferta privada de forma que la primera no impida el normal desarrollo y éxito de la segunda

258. Se limitará la capacidad para producir cultura por parte de las administraciones públicas. Éstas deben crear el medio adecuado para que los agentes culturales no institucionales produzcan contenidos culturales en libertad y competencia. Por ejemplo, puede tener sentido que cada ayuntamiento tenga un teatro (infraestructura), pero no que cada ayuntamiento se encargue de programar la producción de cultura de ese teatro

259. Impulsar y sostener centros u organismos culturales de referencia (siempre por vía de excepcionalidad), con el objetivo de ofrecer productos de especial calidad o riesgo experimental. No podrá haber más de un centro de referencia para una misma disciplina artística. Estos centros estarán obligados a buscar financiación privada. La programación de estos centros culturales de referencia incluirá al menos un 50 por ciento de actos de otros países o de otras partes de España

260. Se dará prioridad a la política de inversión e infraestructura cultural, cuando no haya iniciativas privadas, frente a la política de subvencionar y producir cultura a iniciativa pública.

261. Se favorecerán aquellas actividades culturales que precisen de cierta infraestructura de escala, o formar parte de centros de referencia supraautonómicos, como por ejemplo, un instituto o fundación cinematográfica

262. Se exigirá a las infraestructuras culturales públicas y a las producciones culturales públicas o subvencionadas una determinada rentabilidad o déficit máximo como condición para seguir existiendo o recibiendo ayudas públicas

263. Se evitarán en todo caso circuitos públicos de producción, venta y contratación de productos culturales, de tal forma que un centro público sólo, o principalmente, produzca y venda su producción a otros centros públicos y a su vez sólo, o principalmente, compre a otros centros públicos.

264. Se la compra de publicaciones periódicas o seriadas (prensa diaria, mensual, semestral, etc.), en cualquier soporte, nacional o extranjera, con cargo a los presupuestos de las distintas Administraciones por ser un gasto ilógico y desmesurado. Esta compra debe limitarse a los departamentos que necesiten esas publicaciones para el desempeño de su trabajo o para consulta pública de los ciudadanos.

265. Se reducirá de forma drástica la edición en papel de revistas y libros por parte de CCAA y entes locales. Realizar las ediciones institucionales en soportes electrónicos que cumplan las normativas sobre ciclo de vida del software, criterios de accesibilidad, usabilidad e interoperabilidad recomendados por la UE para el e-gobierno y la e-


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administración para sitios web públicos, para que estén a disposición del público. Esto se hará siempre de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual vigente

266. Se estimularán la inversión y el mecenazgo privado de las personas físicas y jurídicas, mediante la creación de un marco institucional autonómico que beneficie fiscalmente a donantes, mecenas y patrocinadores. Asimismo, para fomentar la adquisición legal de bibliotecas, archivos, abonos teatrales y colecciones de pintura particulares, proponer que la inversión cultural conlleve desgravaciones directas de las declaraciones de la renta de las personas físicas

267. Se apoyará, mediante créditos blandos, la agilización de trámites, asesorías técnicas, etc., para el comercio cultural de proximidad, circuitos alternativos de exhibición, locales de música en directo, etc., manteniendo así vivo el tejido cultural y ayudando al desarrollo económico local.

268. Se potenciará la elección de las islas como plató de películas y anuncios de ámbito internacional y se facilitará la llegada de productoras y la seguridad jurídica que facilitaría su trabajo.

269. Se dará prioridad a la concesión de créditos blandos a asociaciones o empresas culturales, frente a las subvenciones o ayudas públicas. Se dará especial importancia a los préstamos para financiar infraestructura tecnológica e informática.

270. Se liminarán las subvenciones culturales a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se considerarán parte de la industria de la comunicación, no de la industria cultural

271. Se desvincularán las subvenciones culturales del contenido identitario y lingüístico de los proyectos, introduciéndose criterios claros sobre la calidad de los mismos

272. Se evitará que las ayudas públicas abarquen para una misma obra arios procesos de la producción cultural, como ocurre actualmente con el teatro, donde es habitual que una misma obra reciba subvención para la producción, para la distribución, para la exhibición y para la contratación.

273. Se impedirá que bajo el apelativo de “cultura” se considere objeto de ayuda y subvención actividades claramente relacionadas con el comercio u otros ámbitos.

274. Se publicarán con total transparencia las cantidades invertidas en subvenciones culturales, así como los nombres de sus beneficiarios. Las administraciones públicas publicarán detalladamente las partidas de gasto en mantenimiento de infraestructuras, subvenciones y producciones culturales.

275. Se fomentarán las ayudas reembolsables a la iniciativa cultural privada.

276. Se poten ciarán los centros de enseñanza autonómicos de música y de teatro para mejorar las enseñanzas musicales, escénicas y audiovisuales, incorporando


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nuevas tecnologías y generando acuerdos de colaboración con las entidades privadas que tengan programas formativas en estas materias.

277. Se contratarán a los mejores profesores posibles para los centros de enseñanza autonómicos de música y teatro, eliminando el requisito previo del conocimiento de la lengua catalana.

278. Se evitará la gratuidad en los actos culturales públicos y, de forma general, se repercutirá en las entradas el coste de los espectáculos, excepto en aquellos eventos considerados de interés social excepcional.

J- POLÍTICA LINGÜÍSTICA

279. UPyD rechaza todas las políticas basadas en las creencias, entre ellas las identitarias, que sostienen que hay que legislar para preservar y promover ciertos rasgos y elementos simbólicos de carácter colectivo, como lenguas vernáculas, tradiciones, derechos históricos, instituciones particulares, etc. Por eso no se pueden considerar democráticas las leyes y campañas de “normalización lingüística” que persiguen preservar o extender el uso de una lengua vernácula mediante medidas coercitivas que limitan la capacidad de elección libre de los ciudadanos en las comunidades oficialmente bilingües. Una vez garantizada la cooficialidad de las lenguas arraigadas o tradicionales de una comunidad, la decisión de usarla y transmitirla debe dejarse a la elección de cada cual.

280. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada hubo de objetar, en su día, a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

281. La particular coyuntura nacional y el interés de los grandes partidos en ganarse a minorías nacionalistas sin las cuales se hace difícil gobernar, ha provocado que el Estado haya renunciado a hacer política lingüística. Esto no tendría por qué ser negativo si no hubiera sido sustituido en esta función por las administraciones autonómicas, que hacen política lingüística en clave nacionalista. Dos son las premisas que forjan la convicción de que los poderes públicos deben intervenir en defensa de una supuesta identidad, o rasgo específico y distintivo. Se trata del concepto de lengua

propia (que establece un vínculo esencial entre territorio y una sola lengua), y de normalización lingüística (con el que se persigue la transformación dogmática de la realidad en lo que se define como normal). UPyD se propone recuperar una verdadera cultura de la libertad y diversidad lingüística, que desenmascare los mitos en los que se asientan los dos conceptos anteriores.

282. Se establecerán las siguientes bases generales de actuación:


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a.La Administración debe ser neutral e imparcial en temas lingüísticos.

b. La politización de las lenguas es indeseable.

c. Las lenguas no tienen derechos. Son las personas quienes tienen derecho a usarlas, hablarlas y aprenderlas.

d. Los poderes públicos no deben asumir teorías románticas que les llevan a ejercer como ingenieros sociales en la defensa o la promoción de rasgo o identidad alguna.

e. Aceptar con total normalidad que la sociedad balear es bilingüe, y permeable a las dos lenguas oficiales, pudiendo también serlo a otras.

283. Se derogará la Ley de Normalización Lingüística y decretos posteriores, concebidos en contra de las bases anteriormente expuestas

284. Se suprimirán de la legislación autonómica el concepto de “lengua propia” o “lengua histórica”. Se modificará el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía, con el fin de reconocer sólo la existencia de lenguas oficiales, sin adjetivación de ningún tipo. Se desvinculará “lengua propia” y lengua vehicular en la enseñanza

285. Se amparará la libre denominación, el respeto, la preservación y el conocimiento de las modalidades lingüísticas de cada isla. UPyD no cuestiona la unidad de la lengua catalana, pero no comparte el proyecto político pancatalanista que subyace a la exaltación nacionalista de la misma. De ahí que UPyD entienda que la unidad de la lengua no significa en absoluto uniformidad lingüística.

286. El modelo lingüístico del catalán utilizado en los medios de comunicación públicos ha de incluir los usos y formas dialectales de las islas.

287. Se suprimirá de la legislación autonómica toda referencia a que el catalán es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Se rechazarán fórmulas parecidas para el castellano

288. Se eliminará, del artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, la referencia a la UIB como órgano consultivo.

289. Se mantendrá estricta neutralidad en el fomento o promoción de las lenguas oficiales. Prohibir la discriminación por razón de lengua. Suprimir las ayudas positivas al uso privado y empresarial de una de las lenguas oficiales. Suprimir toda política de policía lingüística, especialmente aquella que se basa en la imposición de cuotas lingüísticas en las relaciones entre particulares y empresas y en la imposición de sanciones por no rotular o utilizar una de las dos lenguas oficiales. Respetar la libertad lingüística en las relaciones entre particulares y empresas.


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290. Se derogarán las normas autonómicas que establecen que el conocimiento del catalán debe ser requisito previo en las pruebas selectivas para acceder a una plaza de funcionario. Reconocerlo como mérito.

291. Se redactarán las comunicaciones públicas de la Administración en las lenguas oficiales.

292. Garantizar por ley la libertad de elección lingüística de la lengua vehicular de enseñanza. Esta propuesta se desarrolla en el Título de Educación.

293. Mantener los usos populares y tradicionales de los topónimos locales

294. Mantener la colaboración con el Instituto Ramon Llull en caso de que se reconozcan las manifestaciones en lengua castellana como parte de la cultura balear. En caso, contrario, rescindirla.

K. URBANISMO

295. Desde la CAIB se colaborará en el aumento de las competencias estatales en urbanismo y, en tanto se mantenga el actual reparto competencial, se elaborará una Ley de Armonización de urbanismo que elimine las disparidades de la legislación de las CCAA.

296. Se flexibilizará y agilizará la tramitación y aprobación del planeamiento, eliminando fases y trámites innecesarios, reduciendo los informes técnicos a los indispensables, promoviendo el acceso electrónico de los ciudadanos.

297. Se simplificará la gestión urbanística en torno al instrumento de la reparcelación, con el fin de garantizar una adecuada distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del planeamiento, utilizando las modalidades clásicas de gestión: compensación, cooperación y expropiación.

298. Se devolverán las competencias de Ordenación de Territorio y Urbanismo desde los Consejos Insulares al Govern, único capaz de recalificación de uso en información pública por mayoría parlamentaria de 2/3)

299. Se consorciará en los Consells Insulares las competencias fiscales municipales en la concesión de licencias de obra, tanto en terrenos urbanos como rurales. Repartir la “caja común” de dicha recaudación en la financiación municipal (costa, espacios naturales, ratio urbanizable, población)

300. Se superará en cada isla el absurdo de disponer de planes urbanísticos y ordenanzas distintos en zonas urbanas consolidadas y zonas rurales colindantes entre municipios

301. Se hará que los mecanismos de control y aprobación definitiva de todos los planes urbanísticos por la CCAA correspondiente, o por los Consejos Insulares, mientras no se haga efectiva la devolución de competencias de Ordenación, sea cual


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sea la población del municipio, sean efectivos y reglados de forma que impidan desarrollos insostenibles y corruptelas, y consolidar las facultades (ya existentes) de las CCAA para la subrogación de competencias o la suspensión del planeamiento, haciéndolas de ejercicio obligatorio por causas tasadas.

302. Se definirán zonas no edificables urbana y rural a los mapas de riesgo de inundación, corrimientos, incendios forestales. Condicionar la licencia de nueva construcción rural, además de a las vigentes parcelas mínimas, a la inclusión en el proyecto de autosuficiencia energética, suministro de agua, y tratamiento y depuración de fecales. Los accesos en suelo rural no serán considerados responsabilidad municipal.

303. Se devolverá a “Palma de Mallorca”, Capital de les Illes Balears, las competencias usurpadas por la Ley 8/2008, de 5 de junio, que modificó la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, (Ley de Capitalidad de Palma), y asignarle nuevamente las competencias que en materia de planificación y gestión urbanística en su término municipal, le han sido derogadas. Palma (población con casi el 50% de los habitantes de Baleares, el 65% de las infraestructuras y el 70% de las actividades económicas) ha de elaborar y aprobar su planeamiento general sin el riesgo, tan frecuente estos últimos años, del bloqueo político del Consejo Insular de Mallorca. Todo ello sin perjuicio de la vigilancia, control y tutela de las corporaciones locales por el órgano periférico de la CAIB en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

304. Ante la escasez de recursos y el derroche escandaloso de los distintos Planes Integrales de Reforma de la Playa de Palma, se ha de reformular un nuevo Plan de Fases, dando prioridad a la mejora y recuperación del frente marítimo, es decir, playa y puertos.

305. Se predeterminarán por el legislador y la planificación territorial los suelos que, por su naturaleza, deban ser clasificados como especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su reclasificación como suelo urbanizable únicamente por decisión local.

306. Se aprobará una Ley del Suelo autonómica balear acorde con la Ley Básica del Suelo estatal, conforme a la doctrina clásica del urbanismo español, que conserve las claves de suelo clásicas de nuestra tradición urbanística: (urbano, urbanizable, y rural), que evite la especulación y el incremento del valor del suelo de forma innecesaria; que obligue a recepcionar las urbanizaciones alegales consolidadas pendientes de trámites y actuaciones municipales, en los casos en los que se hayan respetado las normativas vigentes en el momento de la licencia; que contemple medidas más restrictivas en cuanto a la conversión de facto del suelo rural en urbano disperso; que incluya mecanismos ágiles para el derribo de construcciones ilegales, sin licencia, más allá de moratorias “de facto”, o sanciones administrativas. Impedir la concesión de licencias en urbanizaciones no recepcionadas

307. Informe obligatorio de la Demarcación insular de aguas que garantice la disponibilidad de agua y del caudal concreto concedido, previo a cualquier plan de desarrollo urbanístico. Este Informe será preceptivo y vinculante para la


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Administración, y no podrá ser realizado por otros entes o entidades colaboradoras, comunidad de regantes u otros distintos. El Informe habrá de validar también los mecanismos previstos en el plan de desarrollo urbanístico sobre aprovechamiento, depuración y vertido de las aguas. En los mismos términos, y en el ámbito autonómico, informe obligatorio en relación al suministro de energía eléctrica, dotación de telecomunicaciones, alumbrado público y otras dotaciones de servicios necesarias para la correcta puesta en servicio de la actuación en cuestión.

308. Se prohibirán los convenios de planeamiento con particulares, o de los que prevean la obtención de ingresos para los Ayuntamientos o Consejos Insulares, antes de la aprobación del planeamiento urbanístico, y de los que tengan por objeto establecer cesiones urbanísticas superiores a las previstas por la legislación aplicable, o de los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas por su equivalente en dinero.

309. Se impondrá un trámite de información pública previo a la formalización de convenios urbanísticos, que deberán incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las formas y plazos en que la administración pública participará de dichas plusvalías.

310. Se promoverá ante el Congreso que figure de forma obligatoria en el Registro de la Propiedad todo procedimiento abierto en materia de disciplina urbanística, tanto en vía administrativa como judicial.

311. Se promoverá la reforma de la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación. Recuperar el efecto paralizador del expediente relativo al gasto, si la fiscalización previa de legalidad es negativa.

312. Se limitará la creación de nuevos núcleos urbanos, propio de la política desarrollista y expansionista, que se ha aplicado tradicionalmente en Baleares, para a) impedir nuevos asentamientos por consolidación de la edificación; y apostar por el crecimiento sostenible de los núcleos urbanos existentes; b) fomentar la regeneración de la ciudad urbanizada, minimizando el impacto del crecimiento rápido y desordenado propiciado por una coyuntura económica favorable; c) propiciar un modelo de ciudad compacto, frente a la urbanización dispersa, que genera impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción, de mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios público.

L. VIVIENDA

313. UPyD propugna cumplir el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna. El enorme número de viviendas sin vender que ha acabado en manos de la banca nacionalizada debe utilizarse en parte para formar un parque de vivienda


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pública destinado al alquiler con fines sociales. Defendemos la segunda oportunidad (fresh start) para las familias que no pueden hacer frente a sus deudas. Ha de reformarse la legislación para que se las trate de forma equivalente a una empresa, de forma que hagan pago a sus deudas pendientes hasta lo que les permita su patrimonio, pero sin arrastrar tras ello deudas pendientes que les impidan rehacer su vida. Propugnamos dinamizar el mercado del alquiler, priorizando en esa figura el uso de fondos públicos para la vivienda protegida y garantizando la protección jurídica tanto del arrendador como del arrendatario.

314. El Govern absorberá la actividad de empresas municipales e insulares de vivienda, propiciando la concertación entre el sector público y el privado, con el fin desarrollar viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler.

315. Se promocionará el incremento del patrimonio público del suelo, adscribiendo a las empresas municipales e insulares de vivienda el suelo que se obtenga por vía de las cesiones legales o por adquisición directa por parte de los municipios, debiendo destinarse el mismo con carácter obligatorio a la construcción de viviendas en alquiler sometidas a algún régimen de protección.

316. Se incrementará al máximo la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo.

317. El stock de viviendas, procedente de entidades bancarias nacionalizadas, sin vender ha de utilizarse parcialmente para constituir un parque de vivienda pública destinado al alquiler. Para ello, la CAIB elaborará un plan coordinado con las entidades públicas receptoras de las viviendas procedentes de entidades bancarias nacionalizadas.

M. SERVICIOS SOCIALES

318. Desde Baleares se colaborará en la aprobación de una Ley Estatal de Servicios Sociales Públicos que desarrolle el derecho a los servicios sociales, consolide el sistema público y garantice el acceso a sus prestaciones a toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia, estableciendo una cobertura básica, un sistema de información y gestión común para el conjunto de España, y una financiación estable. El sistema de servicios sociales debe estar basado en los ayuntamientos y gestionado por ellos.

319. Se debe mejorar la implantación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal y su financiación con el objetivo de cumplir el principio de suficiencia financiera que proclama la Ley en su art. 32, acometiendo la reforma de aquellos aspectos que conduzcan a los siguientes objetivos: asegurar la tutela efectiva del derecho subjetivo por parte de los poderes públicos, y garantizar los mismos derechos en todas las CCAA de manera igualitaria con independencia del lugar de residencia.


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320. Se suscribirán conciertos con entidades privadas acreditadas que complementen la oferta pública, y aumentar la colaboración entre las distintas administraciones involucradas.

321. Se favorecerá a las asociaciones sin ánimo de lucro en la reducción exención de tasas, en atención a su finalidad social.

322. Mediante un sistema de garantía de ingresos mínimos, en el que participen el Estado y las Comunidades Autónomas, se garantizará una ayuda a personas en situaciones de necesidad para que puedan realizar tres comidas proteicas a la semana, puedan pagar el alquiler en casos puntuales y afrontar gastos imprevistos.

323. Se promoverán políticas de apoyo a personas con hijos mediante becas comedor, becas de libros o escuelas infantiles.

324. Se creará un órgano no retribuido que sirva de interlocución entre la Administración pública, patronal, sindicatos y ONGs para el diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales.

325. Se potenciará la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en el sector de la contratación pública, para convertirla en un instrumento de inclusión social y de sostenibilidad medioambiental

326. Se llevarán a cabo políticas de integración de personas en situación irregular para favorecer su incorporación en la sociedad , evitar la exclusión social y prevenir conductas que puedan suponer actitudes de discriminación, racismo y xenofobia.

N. SEGURIDAD PÚBLICA

327. Se potenciarán las competencias y funciones propias de la Policía Local (protección de autoridades y custodia de instalaciones, la ordenación y dirección del tráfico, la instrucción e investigación de accidentes de tráfico, la participación como policía judicial en auxilio de los Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal, la prestación de auxilio en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, y la cooperación en la resolución de conflictos privados).

328. Se promoverá la creación de un grupo de trabajo interpolicial (Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria) donde se aborden los problemas de coordinación, protocolos de actuación ante situaciones de crisis e intercambio de información. También analizarán los datos relacionados con los delitos e incidentes, para dar respuesta eficaz en materia preventiva en aquellas lugares públicos donde su presencia sea precisa.

329. Se innovará en materia de policía local impulsando la puesta en marcha de la ‘Cultura de Policía Local y Seguridad’, y la promoción de dicha cultura como actividad pionera en Illes Balears.


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330. La criminalidad organizada transnacional y su posibilidad de corromper a funcionarios policiales, incluyendo también la aparición de supuestos casos de corrupción y abuso policial, han hecho mella en el buen nombre y honestidad de la mayoría de profesionales que conforman los cuerpos de Policía Local de Illes Balears. Para evitar que estos hechos se repitan, se pretende impulsar una política de vigilancia activa a todos los niveles, y el seguimiento y control de todas aquellas conductas sospechosas de corrupción o abuso, exigiendo de oficio las máximas responsabilidades disciplinarias, criminales y civiles que puedan corresponder.

331. Se creará a nivel autonómico, una cartera de servicios en materia de seguridad ciudadana, de la cual, todos los ayuntamientos, elaborarán en base a dicha cartera, sus políticas de prevención y actuación en materia de seguridad. Asimismo, se garantizará por parte de los distintos ayuntamientos, la mancomunidad de sus respectivos cuerpos de Policía Local, con la finalidad de dar una cobertura todos los días, de 24 horas.

upyd - programa autonómicas 2015 illes balears

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