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Cerca de medio centenar de vecinos se reunió ayer en 144 y 63 para denunciar que en la última semana estuvieron viviendo prácticamente sin una gota de agua en las canillas. “Después de un corte de luz que tuvimos el 29 de noviembre, ya no hubo mas agua”, resumió Ana Demateis, una de las vecinas damnificadas por la “sequía”. En la zona la bronca es mayúscula porque, según contaron los vecinos, mientras los valores por el servicio se fueron actualizando, nunca se hicieron obras que justificaran los ajustes tarifarios. La mayoría señaló que pagan 700 pesos por mes por el servicio. “Hace nueve años que vivo en este barrio, lapso en el que presenté 19 reclamos a Absa y al ente regulador; nunca tuvimos buena presión y ya no es un problema exclusivamente del verano”, dijo un vecino. Quienes denunciaron la situación mediante la línea de reclamos que tiene Absa señalaron que les informaron que el problema se originó por un desperfecto en la bomba que se encuentra en 140 y 56.

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“La bomba que da agua a este sector es la de 143 y 60, no es la que dicen que está rota”, agregó otro vecino. La escasez de agua modificó los hábitos hogareños porque es durante las madrugadas y hasta las 6 cuando se percibe que hay un poco más de presión, al menos la suficiente para juntar un poco de agua en las canillas mas bajas. “No me animo a encender el lavarropas, tengo que lavar a mano, agachada y en un fuentón como en la época de la colonia”, señaló Isabel, otra de las vecinas que se reunió en la esquina para pedir que se regularice la prestación. La gente coincidió en su preocupación por un problema que siempre se registró durante días de altas marcas térmicas. “Todavía no arrancó el verano y ya estamos padeciendo el no tener agua, qué nos espera para enero o febrero”, sostuvo un hombre que detalló que en la zona viven muchos matrimonios mayores que no pueden acarrear baldes de un lugar a otro y familias con niños pequeños. También se planteó que Absa descuente de la tarifa los días en los que no hubo una adecuada prestación. Al ser consultada Absa, se informó que los equipos que abastecen esa zona funcionan con normalidad. “Hoy - por ayer - ingresaron reclamos al sistema por baja presión y serán verificados”, se comunicó.

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Uno de los problemas que se presentan con frecuencia en nuestra ciudad, a partir de las obras de reparación que realizan las tres principales empresas de servicios –las de agua, luz y gas- consiste en las roturas que realizan, cuyos efectos inmediatos se traducen casi siempre en serios y muy peligrosos trastornos para los vecinos. Es lamentablemente habitual que los peatones caigan en esos pozos, con el saldo de diferentes lesiones, en situaciones que no debieran presentarse si existiera una mayor planificación de las obras que se ejecutan en la vía pública. Tal como se informó en una nota publicada en este diario, las verdaderas cicatrices abiertas que

dejan Absa, Edelap y Camuzzi constituyen, no sólo por lo que implican esas aberturas sino por los desniveles y otras deficiencias en los trabajos, verdaderas trampas para quienes transitan las vereda. Los casos de veredas que quedan destruidas tras el paso de las empresas de servicio se suman día tras día y originan numerosos reclamos por esta situación. Las tareas en la vía pública de las empresas prestatarias se deben llevar a cabo en las aceras porque los ductos y tendidos de cables suelen ser subterráneos y cada intervención implica levantar baldosas, cavar, investigar bajo suelo, reparar el desperfecto y luego tapar la excavación con nuevas piezas del revestimiento. Cabe señalar que no se pudieron obtener precisiones sobre la cantidad de infracciones que se labraron en la Municipalidad a las empresas de servicio por dejar las veredas destruidas. Por otra parte, vale recordar que una vecina de la capital federal que resultó lesionada en una vereda recibió en fecha reciente un aval de la justicia civil en su reclamo, ya que condenó a una empresa de servicios a pagar una indemnización de medio millón de pesos por no haber reparado la vereda que había destruido. Se ha dicho en otras ocasiones en esta columna que constituye una penosa paradoja que, las obras que se proyectan y realizan para mejorar redes de servicios, terminen perjudicando a los vecinos y -en no pocas oportunidades- la prestación de alguna de las otras empresas al haber dañado sus redes. Y si bien inciden cuestiones de naturaleza accidental, sería deseable que los trabajos se planifiquen de modo tal de reducir al mínimo las posibilidades de que ocurran estas contingencias. En cuanto a los accidentes, siempre se ha reclamado que los organismos responsables de impulsar obras públicas procuren evitar estas contingencias, advirtiéndose a las empresas contratistas acerca de los tendidos de redes preexistentes en los lugares en los que se realizarán trabajos. Para ello se cuenta con los planos respectivos y, si no existieran en determinados casos, debiera ordenarse la confección de esos documentos y antecedentes imprescindibles para encarar cualquier obra nueva. También se ha requerido a las autoridades responsables que se evite, a todo trance, la superposición de trabajos en la vía pública, planificándose con racionalidad la secuencia de las obras. La previsión y la racionalidad deberían formar parte de la programación de las obras públicas ya que, en cambio, concretarlas sin cumplir con esas condiciones, origina gastos improductivos para el Estado y perjudica a miles de vecinos.

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Una mujer de 52 años murió ayer en el hospital de Melchor Romero, por las heridas que sufrió cuando el automóvil Chevrolet Corsa en el que viajaba con su esposo y su hijo menor de edad, chocó contra un Peugeot 207 en la ruta 36, a la altura de 428. Así, ya son 125 las víctimas fatales por siniestros viales en la Región en lo que va del año. Su marido, identificado por la policía colmo Raúl Hernández, de 58 años, quedó imputado, además, por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, ya que en la puerta del conductor los efectivos encontraron un revólver calibre 22 con ocho municiones intactas, del que el hombre no pudo acreditar su tenencia ni portación, dijeron fuentes oficiales. El accidente sucedió a las 5 de la mañana. Al mando del Peugeot 207 iba Gustavo Basualdo, acompañado por Nelson Espinoza. En el Corsa viajaban Hernández, su esposa Iris Ortega (52) y el hijo de la pareja, menor de edad. Al lugar acudieron policías del Comando de Patrullas, la comisaría Séptima y bomberos voluntarios de El Peligro, que debieron rescatar a dos personas atrapadas. Todos los ocupantes de los dos autos fueron trasladados al hospital de Romero, donde Ortega falleció a la tarde, informó la Policía. Su esposo fue derivado a una clínica de Quilmes. Esta familia es oriunda de Berazategui.

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La gobernadora María Eugenia Vidal firmó ayer el decreto que establece valores diferenciados en el servicio para usuarios residenciales que no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil La gobernadora María Eugenia Vidal aprobó la Tarifa de Interés Social (TIS) para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desa-gües cloacales en usuarios residenciales con ingresos que no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Mediante el decreto 1.477, publicado ayer en el Boletín Oficial y firmado por el saliente ministro de Infraestructura David Cenzón, que será reemplazado por Roberto Gigante, la mandataria bonaerense estableció los criterios de inclusión para la asignación de los aranceles diferenciados, que deberán ser actualizados una vez al año. En ese sentido, los parámetros con que se decidirá el acceso a la Tarifa de Interés Social son: que el ingreso mensual por grupo familiar sea equivalente al valor de dos salarios mínimos, no ser propietario de más de un inmueble y no superar un consumo promedio mensual de energía de más de 180 Kw. El porcentaje de descuento alcanzará, además, a casos puntuales como residencias en las que habiten uno o más discapacitados, beneficiarios de programas sociales, personas que cobren seguro de desempleo y jubilados o pensionados cuyo pago sea de hasta el equivalente a dos haberes mínimos. Con estos requisitos, los aspirantes a obtener el beneficio deberán solicitarlo en las dependencias de Aguas Bonaerenses (ABSA) o del Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires (Ocaba).

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Los alcances de la TIS En base a la escala establecida, el descuento para grupos familiares de hasta dos personas, cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos será del 20 por ciento sobre el total de la factura. En el caso de las familias compuestas por más de dos integrantes y cuyo ingreso sea menor o igual a la suma de dos salarios mínimos, la deducción ascenderá al 50 por ciento. Para ambas situaciones se prevé una rebaja adicional si hay una o más personas discapacitadas en la residencia: 5% en la primera y 15% en la última. Cuando el ingreso del grupo familiar sea menor o igual a un salario mínimo, la rebaja será de entre el 65% y el 80% sobre el total de la factura, a criterio de la prestadora. Todos los beneficiarios de la TIS estarán exentos, además, de abonar la tasa de fiscalización y control del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires. Descuentos a beneficiarios de la Tarifa de Interés Social - 20% para el grupo familiar de hasta dos personas cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos. - 50% para el grupo familiar de más de dos personas cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos. - Entre 65% y 80% para el grupo familiar cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. - Entre 5% y 15% será el descuento adicional para grupos familiares en los que haya uno o más integrantes discapacitados. - Los descuentos se realizarán sobre el total de la factura. - En todos los casos, será condición no superar un consumo promedio mensual de energía de más de 180 Kw. Piden decretar la emergencia en el servicio brindado en la ciudad El concejal del GEN, Gastón Crespo, le solicitó al Departamento Ejecutivo que decrete la emergencia en el servicio de agua potable y tome las medidas necesarias tanto para mejorar las condiciones de distribución como para establecer las obligaciones y sanciones que le corresponden a ABSA. Según el edil, la peor situación se vive con la calidad del agua que llega a los domicilios. “A simple vista, se observa la presencia de sustancias que colorean el líquido y algunos sólidos de consistencia arenosa que impiden la ingesta. Esta mala calidad del producto obliga a los vecinos a abastecerse de agua por su cuenta comprando bidones, lo que implica un gasto innecesario, ya que también están obligados a pagar las boletas de ABSA por un servicio que no presta”. Crespo explicó: “La solución, en una primera medida, es que el Estado de una vez por todas ejerza la representatividad que le otorgaron los vecinos y obligue a la empresa ABSA a cumplir con un plan de desarrollo e inversión que en el corto plazo regularice el servicio. En el mismo sentido, el propio Estado debe organizar y planificar el desarrollo de un ente regional que en el mediano plazo reemplace el servicio de ABSA y garantice la provisión de agua potable de buena calidad y a bajo costo”. Demanda colectiva contra ABSA A través de la Facultad de Derecho de la UNLP, vecinos de Villa Castells y otros barrios de Gonnet anunciarán esta tarde la presentación de una demanda colectiva contra ABSA por la negligencia en el servicio y la no potabilidad del agua en las zonas de 487 a 496, desde 15 a 21 de Gonnet; y de 489 a 505 y desde Camino Centenario hasta calle 2, de Villa Castells, que afecta a 50.000 personas.

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Las acciones legales por el agua contaminada en la zona están patrocinadas por la Clínica de Defensa al Consumidor, a cargo de Jorge Martínez. Frentistas adelantaron a este medio que también presentarán una medida cautelar preventiva contra la prestataria para que informe a los habitantes de la zona que el agua no es apta para el consumo humano. En septiembre, el juez de Faltas Dante Rusconi ya se había expedido en ese sentido luego de ordenar analizar el servicio de esas cuadras y determinar que el agua triplica los valores de cloruros y sólidos aceptables, por lo que no es potable. Rusconi emitió entonces una medida cautelar en la que ordenó a ABSA garantizar el “derecho a la información” de los consumidores.

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Casi toda la obra pública que tiene previsto realizar la gestión del intendente Carlos Arroyo durante el año que viene será financiada por transferencias nacionales y provinciales. Sobre un presupuesto municipal que asciende a los 6667 millones de pesos, el monto dedicado a obras llegaría a los 508 millones, según le explicó a LA CAPITAL el secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder. De esa cifra, al menos 394 millones -es decir el 77,5%– serán aportados por la Nación y por la Provincia de Buenos Aires, ya sea a través de la coparticipación o de giros para financiar proyectos específicos. Dentro del cálculo de gastos que el Ejecutivo le envió al Concejo Deliberante, se advierte la presencia de varias obras que ya figuraban en presupuestos anteriores, incluso en los fueron elaborados durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti. Ese ese el caso de la construcción de Centro de Salud de Batán -cuya ejecución arrancó en 2015- o la remodelación del Centro de Salud Nº 1, ubicado en Colón y Salta. También se advierten algunas ausencias. Una de ellas es la construcción del Centro Cívico del Oeste cuyo edificio estaba siendo levantado en el barrio Libertad hasta que el intendente Carlos Arroyo consideró que su terminación no era una “prioridad”. Otra ausencia notoria es la del Parque Informático que había empezado a ser construido sobre la avenida Jorge Newbery. A pesar de que el proyecto contaba con financiamiento del ministerio de Ciencia de la Nación, en este caso el jefe comunal también decidió cancelarlo. Al hacerlo planteó su idea de promover la radicación de empresas del sector tecnológico en las inmediaciones de la estación ferroautomotora, aunque sin dar precisiones sobre cómo ni cuándo se lo haría. Entre las obras de mayor magnitud incluidas en el proyecto del presupuesto la más relevante por la cantidad de recursos asignada es la “puesta el valor de plazas“. El plan contempla realizar intervenciones en un total de 16 espacios públicos.

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La semana pasada el Ejecutivo puso en marcha la licitación para realizar los trabajos en 4 de ellas. Son las de los barrios Cerrito, La Herradura, Termas Huinco y Colinas de Peralta Ramos. En este caso la inversión prevista es de 25 millones de pesos, sobre un total de 111 millones. La siguiente obra en importancia es la remodelación del paseo costero norte, por unos 75 millones de pesos. A esta obra le sigue la implementación del plan “prioridad peatón” en el área del microcentro, donde se llevarán a cabo intervenciones para favorecer los desplazamientos peatonales y restringir la circulación de vehículos particulares.

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El consejo directivo de la Acumar, el ente creado para preservar y limpiar la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, se reunirá hoy y definirá la suerte de sus autoridades. El directorio compuesto por representantes de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, “aceptará la renuncia que ya presentó” el director ejecutivo, Julio Torti, aseguraron a PáginaI12 fuentes del ente tripartito. Es el segundo directivo de Acumar que renuncia en la gestión macrista a poco de cumplir un año en la presidencia. “La verdad es que en diez meses la parálisis es casi total”, destacaron en Acumar sobre la marcha del programa que ideó el macrismo para el saneamiento de la cuenca contaminada. La gota que rebasó el vaso y que puso a Torti con un pie afuera fue su ausencia en la audiencia convocada por la Corte Suprema, a la que no sólo no asistió, sino que además envió funcionarios que no habían tenido tiempo para prepararse y explicar la situación actual y el funcionamiento del plan, un hecho que calificaron de “papelón” en los corredores de la entidad. “Más allá de eso, está claro que las internas dentro de Pro son mucho más fuertes de los que se ve afuera”, explicó la fuente. Como casi todos los funcionarios del macrismo, Torti es un ex CEO de la empresa privada ERM (Environmental Resources Management). Es hijo del represor Julio Torti, un vicealmirante acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que fue indultado por Carlos Menem. Su hijo lo defiende con ahínco lo que lo llevó a convertirse en un defensor del terrorismo de Estado. El ingeniero químico había llegado a la presidencia de la Acumar luego de la renuncia de Amílcar López, la primera persona en ser designada al frente del organismo estatal. López se fue después de tan solo dos meses y medio por la “falta de definiciones respecto de las personas y de las políticas”. Torti, un hombre cercano al secretario de Obras Públicas Daniel Chaín, les envió a los funcionarios que le responden un mensaje en el que señala que había presentado la “renuncia indeclinable a Acumar” el 25 de noviembre. “La misma se debe a manifiestas diferencias éticas, profesionales y de gestión con el presidente del organismo”, es decir, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y agregó que “de JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros) me pidieron que no haga pública (la renuncia) hasta después de la audiencia” con la Corte. La interna macrista en Ambiente salió a flote dos meses atrás, cuando el ministro dio una entrevista en Bariloche. “Lo más útil que podemos hacer es rezar”, fue la respuesta cuando le preguntaron cómo iba a cumplir el ministerio con los protocolos de acción en caso de incendios forestales. Bergman mostró su malestar con el manejo presupuestario. El hecho de que le metieran por la ventana a un hombre que no le responde en Acumar también dejó magulladuras. El ente tripartito fue creado en 2007, con la función de preservar y recomponer la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, que abarca un territorio aproximado de 2.200 kilómetros cuadrados, entre el partido bonaerense de Cañuelas y el barrio porteño de La Boca. Si bien el ministro es el presidente –en un organismo que según funcionarios del propio rabino “se lleva el ochenta por ciento del

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presupuesto del ministerio”– tiene voz pero no voto en las reuniones de directorio, mientras que Torti sí. “Debería ser una polea de transmisión y no el escenario de una interna política”, señalaron. Por lo pronto, la reunión del consejo directivo está citada para las 11.30. Allí deberían concurrir los siete miembros: dos por el estado nacional, dos por el provincial, dos por la ciudad de Buenos Aires y el ministro. Allí le aceptarán la renuncia a Torti y se especulaba con la posibilidad de tratar más renuncias de los funcionarios que le respondían.

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A casi un año de dejar la gobernación bonaerense, Daniel Scioli comienza a estar asediado por múltiples causas en las que ya procesaron a su número dos, el ex jefe de gabinete Alberto Pérez, y a varios ex funcionarios de segunda y tercera línea. Son varios los frentes abiertos en los que la Justicia avanza sobre denuncias por posibles actos de fraude y lavado de activos a través de empresas fantasma, y el manejo de cajas políticas de organismos del gobierno bonaerense. Las principales causas que acechan a Scioli investigan actos de corrupción en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Aguas Bonaerenses (ABSA), el Instituto de Lotería y Casinos, el Ministerio de Salud, el Astillero Río Santiago, el Instituto de Previsión Social y, sobre todo, en la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esta última área, el fiscal Álvaro Garganta -que instruye la megacausa presentada por la diputada Elisa Carrió contra Scioli y sus hombres- ya procesó a Pérez y a otros cuatro ex funcionarios a los que se les prohibió abandonar el país y se le impuso una inhibición de bienes por 15 millones de pesos. Los investigadores judiciales creen que esto podría ser la punta del ovillo para poder determinar si el ex gobernador participó o estaba al tanto de que en su Jefatura de Gabinete se habrían fraguado facturas por un monto que supera los 10 millones de pesos. Garganta mantiene la hipótesis de que los montos recaudados a partir de esa modalidad podrían haber sido dirigidos a solventar gastos de la campaña presidencial de Scioli, en 2015. Por eso, la semana pasada allanó los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando en busca de documentación. "La Justicia secuestró los libros y cuadernos para analizar si hay diferencias entre los registros de vuelos oficiales y los vuelos que Scioli realizó durante su campaña. Se busca determinar si el ex gobernador hizo pasar los viajes que efectuó para promocionar su candidatura como si fueran vuelos oficiales", dijo a LA NACION una estrecho colaborador de la fiscalía con acceso al expediente judicial. De hecho, el programa de TV de Luis Majul anteayer reveló que Scioli había viajado al exterior durante la campaña en diferentes vuelos privados solventados por las arcas de la provincia. Esta línea de investigación también fue alimentada por una presentación del presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (Supttioma), Idelman Seillant, que denunció que empresas acusadas de haber estafado al IOMA fueron aportantes de la campaña presidencial. "Durante la gestión del sciolista Antonio La Scaleia en el IOMA se pagaron sobreprecios -sin que se pueda explicar el porqué- a varias empresas que veníamos denunciando por distintas maniobras de corrupción. Por eso nos presentamos en la justicia y pedimos que se investigue el caso para saber si se derivaron fondos públicos para la campaña a través de estas compañías y de aportes de funcionarios", dijo Seillant a LA NACION. La denuncia también recayó en la fiscalía de Garganta y se suma a otras causas que el Sutttioma ha radicado contra la gestión de La Scaleia, en particular, y de Scioli, en general. Entre ellas hubo una megapresentación a mediados de septiembre último, en la que se describe cómo el IOMA fue objeto de un fraude sistemático que se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasma, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron. En esa causa se precisó que en los últimos 18 meses de la gestión sciolista, el IOMA perdió $ 2800 millones en compras directas, sobreprecios y otros rubros, y sirvió para reactivar otras investigaciones que venían demoradas. Tal fue el caso de la causa por internaciones truchas que instruye el fiscal Jorge Paolini en la que se detuvo a un médico y a su mujer, y se ordenó la captura de otros dos ex funcionarios sciolistas.

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El gobierno de María Eugenia Vidal y los gremios de trabajadores estatales alcanzaron ayer un acuerdo calificado como “histórico” de aumento salarial para el último trimestre de este año y para todo 2017. El entendimiento contempla una suba del 3,6 por ciento para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con lo que el incremento de 2016 alcanzará el 34,6 por ciento total). En tanto, para el año próximo se acordó un aumento del 18 por ciento, a pagarse en cuatro cuotas iguales de 4,5 por ciento en enero, abril, julio y octubre, con una cláusula automática de ajuste por inflación de acuerdo a lo que refleje el INDEC. La propuesta de aumento salarial fue aceptada por la mayoría de los gremios de la paritaria estatal: UPCN y Fegeppba, entre otros, un sector que representa el 70% de las entidades sindicales de la ley 10.430. En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) rechazaron la oferta por considerar que el aumento no alcanza a recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante 2016. El acuerdo fue anunciado por la gobernadora Vidal y por los ministros de Trabajo y Economía, Marcelo Villegas y Hernán Lacunza, respectivamente, en una conferencia de prensa que brindaron

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en la Gobernación. Allí, la mandataria provincial dijo que su administración ahora buscarán alcanzar un entendimiento salarial para todo el 2017 con los sindicatos docentes. PUNTO POR PUNTO El acuerdo firmado ayer incluye un adicional no remunerativo del 10 por ciento del básico en carácter extraordinario retroactivo a octubre, noviembre y diciembre de este año. También el gobierno se comprometió a renovar todas las plantas temporarias para garantizar la continuidad de los trabajadores e iniciar un plan a tres años para que alrededor de 15 mil transitorios mensualizados pasen a planta permanente. Además, se implementará un plan para pasar al régimen de la Ley 10.430 a unos 3.500 becarios que cumplen funciones en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo implica también la actualización de lo que se paga de viáticos que está congelado desde el 2011 en 190 pesos y que pasará a 1200 lo que implica un aumento del 531 por ciento. “Demostramos que el conflicto no siempre es el mejor camino para llegar a acuerdos. Sentarnos a dialogar es el camino en el que creemos y así miles de familias tendrán la tranquilidad de saber cómo cierra el año”, dijo Vidal. El acuerdo con estatales se firmó en medio de un conflicto creciente con otros sectores. El gremio de judiciales (AJB) iniciará hoy un paro de 48 horas, mientras que CICOP amenaza con medidas de fuerza si no son convocados a la negociación paritaria específica del sector.

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Más de 2 millones de afiliados al Instituto Obra Médico Asistencial tendrán nuevos carnéts, similares a una tarjeta de crédito. El operativo implicará el reempadronamiento de los afiliados, que deberán dar de alta una vez que reciban los plásticos. Las nuevas tarjetas, para las que ya comenzó el proceso de impresión -a cargo de la empresa Unitec Blue-, tendrán banda magnética, que permitirán utilizar un nuevo sistema de validación de prácticas y consultas médicas, mediante la incorporación de un sistema integral informático, previsto para que funcione a mediados del próximo año. El operativo de reempadronamiento y entrega de nuevos plásticos representa un gasto de $19.590.351,90, informaron en el Instituto. Según informó ayer el presidente del IOMA, Sergio Cassinotti, “la idea es comenzar a entregar las nuevas credenciales en marzo, cuando ya termina el plazo de vacaciones. En principio serán entregadas en los organismos públicos a los empleados estatales -afiliados directos- y luego tendrán que validarla en un 0800”. Después, según se indicó, será el turno de los afiliados voluntarios. A su vez, las tarjetas tendrán el código QR (respuesta répida), y otro de los objetivos pasa por actualizar el padrón de los afiliados, ya que se les pedirá el domicilio, teléfono y correo electrónico. “Tenemos el mail de unos pocos afiliados, por lo que la idea es tener la mayoría de los datos actualizados de todos los afiliados”, dijo la máxima autoridad del Instituto.

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Esta renovación de las tarjetas llegará acompañada de una prestación diferente que desde el IOMA pretenden implementarla a fines del primer semestre del próximo año. “Queremos incorporar cuánto antes un sistema informático integral, que permita reemplazar a las actuales modalidades que están fragmentadas y no se encuentran a la altura de la masa de afiliados que tiene la obra social, que ya cuenta con 2.037.000 afiliados”, dijo Cassinotti. En los consultorios, laboratorios, y centros de diferentes prestadores tendrán los equipos para pasar las tarjetas y habilitar las prestaciones en el menor tiempo posible, según contaron ayer en la obra social bonaerense. La iniciativa apunta también a tener un registro de indicadores estadísticos, para saber qué es lo que más utiliza el afiliado, cuáles son las prestaciones que tienen mayores demandas y reclamos y cómo se puede encontrar una solución a cada una de las prestaciones. También, según se pudo saber, se suma una herramienta más para evitar que los profesionales pasen más prestaciones de las que realmente llevan a cabo, tanto en consultas como prácticas especializadas. COBROS INDEBIDOS En tanto, desde el IOMA también se indicó que se reforzó la campaña contra el cobro indebido que hacen algunos profesionales a los afiliados, en clara infracción con las normas vigentes. Según el presidente del IOMA, “las ciudades que tienen mayor índice de cobros indebidos son Tandil, Mar del Plata, el Gran Buenos Aires, y Bahia Blanca”. Casinotti remarcó que “nunca hay excusas para hacer estas prácticas, como la demora en los pagos de las prestaciones. Ahora, esa situación quedó descartada, porque ahora se le paga a los profesionales a 30 días de presentada la documentación, a los 45 días a los sanatorios y a los 60 días a las farmacias”. En caso de detectarse más de una denuncia contra el profesional médico, se le aplica una suspensión provisoria y tras avanzar el proceso de investigación puede llegar la sanción a la suspensión definitiva como prestador del IOMA, informaron en el Instituto. AMBULANCIAS, “DESDE ENERO EN LA PLATA” Por otra parte, el titular del IOMA indicó que el próximo 16 de diciembre se realizará la apertura de sobres para cubrir el servicio de emergencias y urgencias a través de ambulancias y profesionales especializados. “Puede competir todo el mundo y será más de una empresa la que tendrá el servicio a cargo”, dijo Cassinotti, quien remarcó que “La Plata será una de las primeras en contar con este servicio, desde enero, porque hay una red de servicios que permite poner en práctica esta modalidad en la capital provincial”. “Si llegamos a cubrir 1.600.000 afiliados sobre el total de poco más de de 2.000.000, vamos a estar satisfechos, ya que hay algunas zonas en las que será muy complejo llevarlo a cabo”, dijo el titular de IOMA. De acuerdo a lo que trascendió, el sistema no podrá ser utilizado para patologías menores, sino que se reservará para ser requerido por ejemplo en casos de accidentes callejeros o imprevistos de gravedad como puede ser un infarto. Cabe indicar que desde la obra social bonaerense avanzan con este tema tras un revés que tuvo una iniciativa similar en agosto pasado, cuando dos posibles oferentes se presentaron ante la Justicia. El llamado a licitación para contratar un servicio de Emergencias y Urgencias Médicas para los afiliados del IOMA ya se publicó en el Boletín Oficial. El monto presupuestado estimado es de $184.229.016,30.

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Los gobiernos nacional y provincial buscaron ayer despejar temores sobre un aumento de la conflictividad en los últimos días del año y adelantaron que se implementarán medidas para asegurar la paz social, especialmente en el Conurbano bonaerense. Por un lado, el ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo formuló declaraciones a la prensa en las que afirmó que desde el gobierno de María Eugenia Vidal van a “extremar las medidas para que todo el mundo esté tranquilo” durante las fiestas de fin de año. “Llegamos a un fin de año con mucho diálogo, ningún intendente quiere tener problemas en su intendencia”, enfatizó el funcionario, sobre posibles conflictos sociales en la Provincia. En declaraciones televisivas, Ritondo adelantó: “Vamos a trabajar para extremar las medidas (de seguridad) y que todo el mundo esté tranquilo en lo social”. La gobernadora Vidal también manifestó ayer en conferencia de prensa que desde su adminsitración “se viene trabajando” para la paz social en las Fiestas.

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“DICIEMBRE TRANQUILO” En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró ayer que se avizora “un diciembre tranquilo”, pese a que reconoció la existencia de sectores políticos que buscan generar “caos”. “Es un diciembre que se avizora como tranquilo, pero hay sectores que quieren hacer un diciembre de caos”, dijo. Y apuntó que esta percepción se basa en lo que se ve “en la calle y en los barrios, y en lo que dicen los intendentes”, aunque admitió que en Facebook circulan expresiones que anuncian que “en diciembre habrá problemas”. Se trata de “grupos políticos, que tienen objetivos políticos, y no de grupos sociales”, comentó. La ministra afirmó en una entrevista radial que en su primer año de gestión, el presidente Mauricio Macri “ha ordenado un Estado que estuvo al servicio de una dirigencia política, y que vivía fuera de la ley”. Respecto a las fuerzas de seguridad, la ministra señaló que “tuvieron un año de mucho trabajo y muchos cambios para bien, con mejoras de sueldos”, y consideró que a los agentes se los percibe “conformes”. “Mi objetivo es cambiar la seguridad para el bien de los argentinos. Creo que nunca se trabajó como ahora en el tema de narcotráfico. Espero que el Presidente me mantenga en ese lugar”, concluyó Bullrich.

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El funcionario del ministerio de Trabajo de la Nación que fue denunciado por el gobierno de María Eugenia Vidal por su desempeño cuando trabajaba en la gestión provincial de Daniel Scioli, salió ayer a negar las acusaciones en su contra, a las que calificó como “falsas”. Se trata de Marino Calcopietro, quien estaba hasta ahora ejerciendo funciones como subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, y al que el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, denunció penalmente por presunto “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público”, durante su desempeño en la gestión de su antecesor Oscar Cuartango. Se lo acusó, según trascendió, de irregularidades en el otorgamiento a empresas de transporte de pasajeros de certificados que dan cuenta de que cumplieron con sus obligaciones laborales y que son necesarios para poder operar. Pero ayer, Calcopietro salió a replicar la imputación y tras afirmar que se enteró “por los medios”, dado que no fue notificado judicialmente de ninguna investigación, calificó las acusaciones como “falsas”. En un texto que difundió ayer, el funcionario que fue apartado de su cargo expresó que fue “víctima de una terrible operación”. Y explicó que “no existe ningún delito ni connivencia con las empresas de transporte” mencionadas en la prensa, y que “todas las imputaciones están totalmente fuera de contexto”. Calcopietro se refirió a los certificados semestrales que se otorgan a esas compañías, corroborando sus obligaciones laborales y explicó que éstos se emiten “cumplimentando los requisitos previamente o en forma posterior”, para no paralizar el transporte público en toda la Provincia. Y que el procedimiento continúa con la intimación a regularizar la situación a empresas con falencias y “pagos voluntarios por infracciones laborales”, algo que, según explicó el funcionario, lo “exime de cualquier responsabilidad”, Y, tras negar cualquier acusación por “abuso de autoridad”, concluyó: “Mi función en la anterior gestión provincial y en la actual fue y es conciliar los distintos intereses de las partes, evitando conflictos privados y públicos que puedan perjudicar a la población”.

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Los trabajadores de juegos de azar, hipódromos, loterías provinciales y Lotería Nacional iniciaron ayer un cese de actividades por tiempo indeterminado en rechazo al tratamiento del proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias que propone gravámenes al juego y que, según denuncian desde el sector, “desencadenará en despidos”. La medida de fuerza, que incluye a bingos, casinos, actividades hípicas, loterías provinciales y juegos de quiniela y poceada de la Lotería Nacional (más información en el Suplemento Deportes), contempla también la realización de una multitudinaria marcha nacional hoy por la tarde al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados debatirá las iniciativas sobre cambios en el impuesto a las Ganancias. “Hay muchos gobernadores preocupados por esta medida, porque con este paro sus administraciones dejarán de percibir cientos de millones de pesos que destinan al pago de salarios estatales, docentes y fuerzas de seguridad”, afirmó en un comunicado Ariel Fassione, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara). El dirigente explicó que “el sector ya paga el 60 % de ingresos en impuestos, sin contar las cargas sociales, e inevitablemente cualquier nueva modificación desencadenará en despidos, y por lo tanto nos unimos a los compañeros gastronómicos, de hipódromos y agencias provinciales para parar y hacernos escuchar”. “Cuando uno va con 100 pesos a un bingo debe saber que el 60 por ciento se lo lleva directamente el Estado, a través del canon, ingresos brutos, tasas municipales y entidades de bien público, y de lo que queda se pagan salarios y los premios, con un control online minuto a minuto por parte de las Loterías”, agregó el dirigente. Fassione defendió esos controles “porque todos queremos que se pague lo que corresponde y que los que hacen las cosas mal sean castigados, pero no podemos meter a todos en la misma bolsa y mucho menos intentar que el juego sea la única industria que deba hacerse cargo de arreglar los problemas económicos del país”. Por último, afirmó que si el Congreso aprueba que se imponga un nuevo impuesto por cada apuesta y además se tenga que pagar por año 40.000 pesos por cada máquina tragamonedas o receptora de apuesta de quinielas, “el resultado será el inverso al buscado, porque cerrarán salas, habrá miles de despidos y el Estado recaudará mucho menos que actualmente”.

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Esta vez no habrá que hacer malabares para justificar las malas noticias que traen los datos, porque faltan los datos. La Argentina brilla por su ausencia en el informe de resultados de la última prueba internacional PISA, tomada en septiembre de 2015 para medir la calidad educativa en 72 países y regiones del mundo. Aunque 6349 alumnos argentinos de 15 años participaron de la evaluación –que examina las habilidades de los estudiantes en lectura, matemática y ciencias–, las respuestas de esos chicos fueron descartadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo que toma la prueba. “La muestra de la Argentina no cubría la población objetivo, debido a la potencial omisión de escuelas del marco muestral”, justifica el informe PISA 2015, presentado hoy en todo el mundo. En una situación inédita para el país, PISA 2015 marca la primera vez que, pese al enorme esfuerzo –de las escuelas, pero también presupuestario– que supone la participación en la evaluación, los resultados son descartados por no considerarse representativos. Cada tres años, el ranking que surge de las pruebas PISA desata un debate sobre la calidad de la educación en los países participantes. Argentina participó en todas las ediciones desde la primera, en el 2000 (con excepción del año 2003, tras la crisis de 2001-2002), e incluso comprometió ya su participación en la próxima, que se tomará en 2018. El informe anticipado a la prensa sí presenta resultados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que –al igual que en 2012– participó con una muestra propia. Los alumnos porteños tuvieron la mayor mejora entre todos los participantes de PISA en Ciencias, el área priorizada en esta edición. “En Argentina, la prueba PISA fue implementada de acuerdo con los estándares operativos y las guías de la OCDE. Sin embargo, hubo una disminución significativa en la proporción de estudiantes de 15 años abarcados por la evaluación, tanto en términos absolutos como relativos”, sostiene el informe al explicar la eliminación del país en la difusión de resultados. Y añade que “hubo una reestructuración de las escuelas secundarias en Argentina, lo que probablemente afectó la selección de escuelas listadas en el marco muestral”. Esa “reestructuración” se refiere a la desaparición de la EGB y el Polimodal, que comenzó en 2006 pero fue implementada progresivamente en las provincias. Una alta fuente de la anterior gestión educativa aseguró que el avance de esa reforma fue menor hasta 2012, pero que entre 2012 y 2015 “desaparecieron” en términos administrativos miles de escuelas en todo el país, como consecuencia de la “fusión” de las anteriores EGB 3 (de 7° a 9°) y Polimodal (de 1° a 3°) en una sola secundaria (de 1° a 5° o 6°, dependiendo de la provincia). Esa misma fuente explicó que “los países mandan a PISA una lista de escuelas, y la selección final corresponde a los organizadores de la prueba”. Aunque la explicación de la OCDE es imprecisa, la consecuencia es clara: el organismo consideró que, por las modificaciones en la muestra, los resultados de PISA 2015 para la Argentina no serían comparables “con los de otros países, ni con los de las pruebas anteriores”. De esta manera, el país perdió uno de los mayores aportes de la evaluación: la posibilidad de compararse contra sí mismo y registrar si sus estudiantes mejoran o empeoran a lo largo del tiempo.

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Hasta la difusión del informe, algunos rumores señalaban que la prueba había arrojado mejoras significativas para la Argentina: se hablaba de un 10% de mejora, en línea con el progreso logrado por la Ciudad, pero también hubo trascendidos que hablaban de mejorías aún mayores. El Ministerio de Educación de la Nación no respondió a las consultas de Clarín; hoy a las 9 habrá una conferencia de prensa del ministro Esteban Bullrich en la Casa Rosada. Además de Argentina, fueron excluidos de los resultados –por motivos diferentes, como errores en la captura de datos o la baja tasa de respuestas– Albania, Malasia y Kazajistán. El ranking de 2015 está encabezado por Singapur, Japón, Estonia, la ciudad china de Taipei y Finlandia (que vuelve al top 5 después de haber caído al puesto 12 en 2012), en ese orden. El anterior líder del ranking, Shangai, descendió al puesto 10: en esta edición, participó junto con las localidades chinas Beijing, Jiangsu y Guangdong. Los países de América Latina siguen en la mitad inferior de la tabla, por debajo del promedio de la OCDE (493 puntos). El mejor desempeño vuelve a ser el de los alumnos de Chile (puesto 44 en el ranking global, con 447 puntos), seguidos de Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, Perú y República Dominicana, que participa de la prueba por primera vez y quedó en el 70° y último puesto. El país latinoamericano que más ha mejorado desde 2012 es Perú: sus alumnos sumaron 14 puntos en Ciencias y en Lectura.

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Al Gobierno no le alcanza. Al Frente Renovador de Sergio Massa, tampoco. Ni al kirchnerismo. Hay incertidumbre en Diputados sobre la reforma al impuesto a las Ganancias que deberá ser tratada esta tarde. Con cuatro dictámenes en el recinto, hasta anoche ninguna de las fuerzas reunía los votos suficientes para imponer el suyo propio. Y las negociaciones aparecían estancadas. La sesión está prevista para las 11 y se estima que durará hasta la madrugada. En primer lugar, se tratará el proyecto de emergencia social acordado entre el Gobierno y las organizaciones sociales, que será aprobado por amplia mayoría. Ganancias llega en cambio con final abierto, y nadie se atrevía a vaticinar el desenlace. El Gobierno se plantó sobre su propio proyecto, cuya presentación apuró hace diez días a causa de la presión que ejerció Massa para tratar la reforma este año. Sin embargo, pese a la presión que hizo sobre los gobernadores opositores con el argumento de que Ganancias se coparticipa y los mandatarios debían salir a “bancar”, el oficialismo no tiene asegurados los votos. Los conteos previos le auguran de 100 a 114 votos: 82 de Cambiemos (5 diputados no estarán por salud y otras razones) y el resto entre bloques chicos y fuerzas provinciales. La estrategia de “robar” de aliados massistas, del FpV y del peronismo tuvo resultados limitados. Un caso: contra el pedido del gobernador Juan Schiaretti de votar el proyecto oficial, los 6 “cordobeses” aliados massistas no sacarán los pies del plato y votarán junto al interbloque que preside el tigrense, confirmó a Clarín Claudia Rucci, jefa del bloque de Unar. “Tenemos unos 100 votos, pero nos faltan 29. Seguramente habrá cambios, modificaciones del mínimo no imponible y de las escalas, tenemos un final incierto. Pero vamos a tener ley de Ganancias”, sostuvo Jorge D'Agostino (UCR-Entre Ríos) a radio Palermo. Además de sincerar la cuenta, D'Agostino se metió así en otro tema de discusión: ¿mayoría simple de los presentes, o mayoría absoluta de 129 votos? Es que el artículo 75 inciso 3 de la Constitución indica que para “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado”, se necesita mayoría absoluta. Las opiniones estaban divididas aún dentro del propio oficialismo. El proyecto del Gobierno propone una suba del 15% en el mínimo no imponible, actualización de las escalas, agrega deducciones por alquiler y viáticos, y sube los topes del monotributo. Y aplica un fuerte impuesto a las máquinas tragamonedas para financiarlo. Los bloques opositores consideran que es una propuesta “mezquina”, pero tampoco lograron acordar una propuesta unificada. Si el dictamen del Gobierno es rechazado, se votaría el del FpV y luego el del massismo. Ambos hacen eje en gravar la renta financiera, las ganancias del dólar futuro y restituir retenciones a las mineras, todas medidas que el Gobierno rechaza. El cuarto dictamen del Frente de Izquierda, el más radical, postula la abolición de Ganancias en salarios de convenio. En caso de que no haya quórum a la hora de votar, o que ningún proyecto sea aprobado, el tema no podría volver a tratarse hasta 2017. Muchos opositores creen que la alternativa no disgusta al Gobierno, que quería patear Ganancias para usarlo en marzo -sostienen- para presionar en las negociaciones paritarias.

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Un escenario plausible es que el Gobierno con su piso de cien votos -y trabajando sobre “ausencias” en el recinto- logre aprobar en general su proyecto. Y que sobrevenga luego una fuerte discusión en particular, con algunas concesiones y cambios al articulado. Un punto que aparece difícil de salvar es que el Gobierno dice querer cobrar menos y de manera proporcional pero hace extensivo el impuesto al salario a más personas, y para el massismo no es aceptable que otro medio millón de trabajadores entren a la bolsa de Ganancias en 2017. Desde el massismo aseguraban que “el Gobierno no tienen ninguna intención de negociar, quiere que se caiga el proyecto”. “Nunca está descartado el acuerdo, pero no hay que mentirle a la gente. Los números que presentaron (el massismo) no cierran”, fustigó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En el FpV, donde esperaron algún llamado del massismo, decían que el tigrense terminaría acordando con el Gobierno. Habituales negociadores de Cambiemos se mostraban escépticos. Coincidían en que no hubo contactos. “Es difícil acercar posiciones, no queremos más impuestos y ellos partieron de un mínimo no imponible altísimo. La verdad que estamos muy lejos”. El contrapeso era la aparente intención de distintas bancadas de evitar el fracaso del tratamiento de Ganancias. “Algo va a pasar”, sintetizó un referente del debate. Se verá hoy si era más que expresión de deseos.

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Dos puntos importantes de la negociación salarial de la provincia cerrada ayer: los gremios aceptaron un ajuste de sueldos que es casi la mitad que el de este año; la negociación fue conversada por María Eugenia Vidal con Mauricio Macri. Las paritarias de la provincia se hacen por trimestre. Para el último de 2016 el acuerdo fue por el 3%, que se Análisis Marcelo Canton mcanton@clarin.com suma al 31% acumulado durante los nueve meses precedentes. Así, el total casi roza el 34,6% que cerraron los docentes bonaerenses. Ahora el convenio para 2017 es 18%. ¿Cómo convencieron a los gremios de bajar casi a la mitad la suba salarial?, preguntó Clarín al ministro Hernán Lacunza, uno de los negociadores. “Fueron tres razones. Primero la baja de la inflación. Segundo, que ahora hay un indicador creíble de precios por parte del INDEC. Y, tercero, la confianza que construimos con los gremios durante este año, que todo lo que les dijimos se cumplió”. Ese “frenazo” de 34,6 a 18 por ciento es una señal clave para el Gobierno nacional de cara a las paritarias del año próximo. Es que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya ha dicho en más de una ocasión que la negociación del 2017 debe ser sobre la inflación esperada para ese año, y no por los atrasos salariales de este. El Presupuesto nacional incluyó una estimación de inflación para 2017 de 17%; el acuerdo bonaerense es por el 18%: alineación perfecta. “Es por eso que la gobernadora habló de este tema personalmente con Mauricio Macri -señalan otras fuentes oficiales -. Esto es una gran ayuda para las expectativas que intenta generar el gobierno nacional”. El acuerdo anunciado ayer llevaba dos meses de negociación. “Lo mantuvimos en secreto para evitar que el diablo metiera la cola”, dicen fuentes oficiales bonaerenses. Y abarca a algo más de 200.000 trabajadores, de los 300 mil del sector. El resto de los 650.000 empleados de la provincia son los maestros (280.000) y la policía (50.000). De esos dos, es claro, la discusión con los maestros es la más álgida. ¿Aceptarán las mismas condiciones que lo ahora pactado por los demás estatales? El convenio paritario con los docentes bonaerenses que está vigentes es de enero a enero. Con lo que no es necesario una negociación urgente, dicen en el gobierno bonaerense. En verdad, creen, los maestros nunca se sientan a conversar en enero, sino en febrero. “Cuanto más cerca de la fecha de inicio de clases estamos, más fuertes se sienten”, señalan. Pero igual se tienen fe para cerrar un número parecido al de ayer. Pero el acuerdo tiene, por sobre todo, el objetivo de alinear los números que están sobre la mesa de la economía. Los de inflación estimada por el Gobierno con los de las subas salariales. Buscan así trabajar sobre las expectativas de crecimiento de precios, un factor que termina alimentando las subas más allá de las razones objetivas. ¿Y qué pasa si la inflación al final es más del 18% y los sueldos se disparan por arriba de ese porcentaje? “No nos afecta -dicen en La Plata, porque la recaudación entonces también subiría más. Pero la gestión por las expectativas ya estaría hecha”.

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El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, justificó la creación de la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP): "Tenemos derecho a tener nuestra propia obra social", aseguró. De no haber objeciones a la documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se le extendería la licencia aunque fuentes gubernamentales aseguraron que, por el tiempo que resta de 2016, "no dan los tiempos". El dirigente piquetero amplió en sus declaraciones radiales: "Nosotros ya tenemos una prestadora de salud que viene funcionando hace cuatro años, tiene 20 consultorios de atención primaria y atiende a 40 mil compañeros de cooperativas que están en blanco y pagan el monotributo. A su vez, subrayó que "la obra social no es para beneficiarios de planes, sino para trabajadores de la economía popular" a la par de que negó que vaya a ser "una caja millonaria" y que "los fondos no son del Estado sino de los trabajadores". La definición de Pérsico corre, tal como consignó este diario, para los monotributistas normales (son 1.160.000 personas) que dentro de la cuota total abonan los $420 que van al sistema de salud. Esta ecuación corre también para las empleadas domésticas (unas 350.000). En cambio, no aplica para aquellos que están adheridos al monotributo social (unos 430.000) ya que sólo aportan $210 pesos ya que el otro 50% lo financia el Estado. La movida de crear la OSTEP no es un hecho aislado sino que viene en un combo que incluyó un aguinaldo de 2000 pesos para los titulares de planes y una suba del 47% en los planes sociales y la sanción de la ley de Emergencia Social a la que hoy se le dará media sanción en Diputados y luego hará lo propio el Senado. Esta normativa prevé la inyección de 30.000 millones de pesos hasta 2019. Todo en nombre de garantizar la paz social. En sus declaraciones, Pérsico hizo un repaso de lo que fueron las negociaciones en este último tramo del año: "Nos veníamos preparando para dar una pelea difícil y se dio. El Gobierno tiene diálogo y hay que reconocerlo: cuando llegás te ponen una barra de hielo en la cabeza, te sirven café, te sirven mate y, después cuando te vas, te dan un Lexotanil para que te dure la tranquilidad". Más allá de las palabras de Pérsico, Barrios de Pie organizó para hoy ollas populares en distintos puntos del país. La vigilia, hasta que se apruebe la ley, arranca a las 7 en el obelisco y para las 12 se extenderá a los accesos a la Ciudad y, obviamente, al Congreso.

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No será una visita de cortesía o un gesto para aliviar los ánimos del Gobierno ante la presión internacional. Nada de ello. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria de personas aceptó ayer la invitación del presidente Mauricio Macri a visitar la Argentina, en respuesta al pedido de liberación inmediata de la dirigente kirchnerista Milagro Sala , detenida desde el 16 de enero en Jujuy. Pero en la aceptación de la visita ese mismo grupo de trabajo de las Naciones Unidas alertó ayer por medio de su presidente, Roland Adjovi, que el viaje al país, previsto para mayo de 2017, "no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación" de Milagro Sala. De esta manera, los integrantes del grupo de las Naciones Unidas que hace un mes emitieron un informe en el que reclamaban la liberación "inmediata" de Sala ayer dejaron en claro que la aceptación de una invitación del Gobierno "no estará exclusivamente ligada al caso Sala". A renglón seguido, Adjovi destacó: "El gobierno federal [de Macri] tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de la Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones". El titular del grupo de las Naciones Unidas se metió así en un debate interno que hay en el Gobierno: un sector alineado con la diplomacia cree que hay que cumplir con lo que estableció la ONU, mientras que otro grupo entiende que el Gobierno debe respetar la independencia de poderes y dejar actuar a la Justicia, la de Jujuy en este caso. Ayer en la Casa Rosada había cierta satisfacción por la aceptación de la visita de parte del Grupo de Trabajo de la ONU luego de la dura afrenta que significó el comunicado del viernes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que también reclamó la liberación "inmediata" de Sala. En la Casa Rosada se comunicaron con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que también se mostró satisfecho con que la visita de los funcionarios de la ONU servirá para "aclarar y mostrar que la justicia jujeña actuó en forma independiente en la investigación de causas de corrupción que involucran a Sala", según deslizó Morales a varios funcionarios. Además, tanto en la Casa Rosada como en el gobierno de Jujuy creen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aún no se expidió sobre el tema de fondo, que es el pedido de medidas cautelares que hicieron el CELS y Amnistía Internacional para liberar a Sala. La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida bajo la acusación de delito de sedición por organizar una protesta en la plaza Belgrano, de Jujuy. Pero luego fue liberada por esa causa e inmediatamente detenida y acusada de varios delitos, entre ellos, los de "defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita", por los cuales sigue presa. Además del caso Sala, fuentes diplomáticas expresaron a LA NACION que el Grupo de Trabajo de la ONU evaluará en su visita al país las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias. Se sabe que en la Argentina hay en muchas provincias casos de detenciones cuestionadas ya que existen problemas en la interpretación del Código Procesal y las prisiones preventivas terminan siendo laxas.

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Avance judicial En forma paralela a la eventual visita de los funcionarios de la ONU, la justicia de Jujuy avanzó en los últimos días en medidas procesales sobre el caso de Sala. Se estima incluso que habrá nuevas instancias en la Suprema Corte de justicia provincial. A su vez, el ministro de Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, ayer expresó que los jueces que dictaron la prisión preventiva de Milagro Sala lo hicieron porque "han entendido, más que el tema de la fuga, que lo que pesa es el entorpecimiento de la causa", debido a la "capacidad de violencia y de ejercer presión" que tuvo la dirigente jujeña. En tanto, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo ayer a LA NACION que la liberación de Sala "hoy pondría en severo riesgo el proceso judicial que se le sigue por la eventual obstrucción a la causa que podría ejercer" la líder de Tupac Amaru. Miranda entiende que "hay firmes pruebas de que Sala busca presionar a los testigos de la causa de corrupción por la que está detenida y ello implicaría un freno total para la investigación". Por otra parte, ayer se supo que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, podría viajar a Jujuy en los próximos días para evaluar in situ la situación de detención de Sala para asegurarse de que tenga todos los derechos resguardados en su situación de prisión.

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Aunque pasó casi un año, la devaluación de diciembre de 2015 le sigue generando problemas al Gobierno en el manejo de la economía cotidiana. La cuestión resurgió ayer por la mañana en una reunión que empresarios del sector petrolero mantuvieron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el Palacio de Hacienda. Habían sido convocados para discutir el futuro del denominado "barril criollo", un esquema que la administración de Mauricio Macri heredó de su antecesora y consiste en sostener un valor más alto que el internacional para el crudo local con vistas a mantener el nivel de actividad. Sin embargo, la cuestión de los surtidores, ubicados en la otra punta de la cadena petrolera, se coló en la discusión. El argumento de los refinadores, encargados de producir y vender las naftas y el gasoil, fue bastante concreto: la devaluación de este año supera el 60%, pero los precios de los combustibles treparon apenas 30 por ciento. Aunque se venden en pesos, los combustibles están altamente dolarizados. Sucede que el crudo representa aproximadamente un 80% de los costos del negocio, que están atados a la moneda norteamericana. Las empresas no le pusieron números a una futura suba de los precios, pero datos de la petrolera estatal muestran las diferencias entre el pasado y la actualidad. Según su última presentación de resultados, las naftas están en dólares 17,3% por debajo del precio promedio de los primeros nueve meses del año pasado, mientras que la caída para el mismo período en el caso del gasoil fue de 19 por ciento. Es una manta que siempre queda corta. Cada aumento en los combustibles irrita a los automovilistas y enciende la inflación, pero al mismo tiempo las compañías acusan una fuerte pérdida de rentabilidad por los valores actuales. Entre los asistentes estuvieron dos de sus grandes referentes: el presidente de Shell, Teófilo Lacroze, dueño del último sillón que ocupó Aranguren en su largo paso por el sector privado, y Carlos Alfonsi, el principal ejecutivo de YPF dedicado a atender esta parte del negocio. Aranguren siguió su manual habitual. Se inclinó a favor de palabras como acuerdo y consenso, aseguró que no buscaba ninguna clase de imposición y remarcó que el Gobierno espera que no haya remarcaciones en los surtidores en las próximas semanas. Del encuentro participaron los productores de petróleo, que cargan con sus propios problemas. Como casi todo el mundo esperaba, no asomó el atisbo de ningún acuerdo, por lo que todos volverán a verse las caras mañana, en una nueva reunión con Aranguren en la cual deberían volver con propuestas que acerquen las posiciones. Barril criollo El Gobierno quiere redefinir en las próximas semanas el funcionamiento del upstream, que agrupa a las actividades de exploración y de producción de hidrocarburos. Eso implica comenzar un camino de convergencia en el precio local del petróleo con el internacional, que es más barato. Los mecanismos están en estudio. El secretario del gremio petrolero de Neuquén, Guillermo Pereyra, le explicó a LA NACION que una de las alternativas contempla llevar el valor del denominado Medanito, propio de esa provincia, a los US$ 63 a partir del mes próximo (es la cifra que ya se maneja en la actualidad) y bajar un dólar por mes hasta septiembre, cuando alcanzaría los US$ 56, una cifra más cercana a las referencias internacionales. Esa propuesta se repitió ayer en el encuentro.

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Para las empresas, se trata de una iniciativa bastante vacía. Eso se debe a que la mayoría de las operaciones en el mercado local toman de hecho como referencia los valores internacionales, por lo que el denominado precio sostén quedó en desuso. La misma propuesta contempla que el precio no tenga techo. En otros términos: si los valores internacionales vuelven a subir por encima de los US$ 100 no habrá mecanismos que limiten su impacto. La pelea por el precio colocó al sector en una encrucijada. La semana pasada YPF anunció una reducción de actividad en Neuquén que provocaría 1700 despidos. El gremio respondió con un paro que, según Pereyra, comenzó a prepararse ayer a las 4 y se hizo sin sobresaltos.

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El Gobierno aceptó eximir del pago del Impuesto a las Ganancias los viáticos que cobran los trabajadores del transporte. Lo resolvió como parte de una negociación con los gremios del sector para conjurar una amenaza de paro de la actividad antes de fin de año. Las concesiones a esos empleados terminarán de definirse el martes que viene en una reunión con los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Trabajo, Jorge Triaca. La discusión se desarrolló en las últimas semanas con escasa visibilidad pública. La llevó adelante la denominada "mesa chica" de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a sindicatos de la actividad entre los que se destacan el de Camioneros, los colectiveros de UTA y los ferroviarios. En esos gremios, de todos modos, mantienen la necesidad de eximir de Ganancias, además de los viáticos, otros ítems salariales como las horas extra o los adicionales por feriado trabajado. Ayer un Congreso de la CATT hizo pública la advertencia sobre una posible "protesta antes de la finalización de este año", dijo el titular del sello y miembro del triunvirato de conducción de la CGT, Juan Carlos Schmid. El dirigente portuario justificó la adopción de una medida de fuerza al afirmar que "el Gobierno está corriendo el arco todo el tiempo en el Congreso" con la discusión de los proyectos de ley de modificación de ese tributo. Para el Ejecutivo el vínculo con la CATT es clave, incluso por momentos más que con la CGT en su conjunto. Es que un paro resuelto sólo por colectiveros o ferroviarios, o incluso de los camioneros en soledad, es suficiente para provocar un descalabro. Es que la UTA y La Fraternidad (maquinistas de trenes) concentran el grueso del transporte público de pasajeros y el sindicato de Hugo Moyano controla actividades sensibles como la recolección de residuos, el movimiento de mercaderías, el clearing bancario y el transporte de combustibles. De ahí que Mauricio Macri destinara a tres de sus funcionarios de primera línea para negociar con el sector un alivio específico en Ganancias a ser incorporado en el proyecto que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias. Días atrás Dietrich, Triaca y el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, mantuvieron un encuentro reservado con Schmid (portuarios), Omar Pérez (Camioneros, hombre de confianza de Moyano), Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Caligari (mano derecha del titular de UTA, Roberto Fernández). Allí Prat Gay asumió el compromiso de no gravar con Ganancias los viáticos, un rubro que pesa especialmente en el sueldo de los trabajadores del transporte y con particular intensidad en algunas actividades como los micros y trenes de larga distancia; el transporte aéreo, y los camioneros de carga que cubren trayectos nacionales e internacionales. Para los dirigentes esa concesión es un paso dentro de la negociación, aunque insuficiente: alegan que la mayoría de los trabajadores de la actividad están obligados a trabajar horas extras (el ejemplo usual es un piloto o aeronavegante, o un maquinista en pleno viaje imposibilitado de suspender el traslado) y en feriados, y que a pesar de ello pagan Ganancias por esos conceptos salariales. El Congreso de CATT de ayer, en tanto, postergó un enroque de Schmid (para ocuparse de la CGT) por Maturano para el arranque de 2017. El jefe de los maquinistas reclama ese lugar interino.

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La producción nacional de vehículos durante noviembre creció un 3,3% respecto del mismo período del año anterior, en lo que constituyó el primer avance durante el 2016, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). El sondeo arrojó que a lo largo del mes anterior, la producción nacional de vehículos fue de 46.962 unidades, es decir un 24,1% más respecto de octubre último y un 3,3% por sobre el desempeño del mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre, el sector automotor produjo un total de 432.689 unidades, un 12,6% menos respecto de las 495.172 que se fabricaron en el mismo período del año anterior. El sondeo arrojó que el sector exportó 21.531 vehículos, lo cual representó un incremento de 54,2% con relación a octubre, y registró un 15,8% de crecimiento en su comparación mensual. A un mes de finalizar el año, las terminales automotrices exportaron 21.531 vehículos, lo cual "refleja una suba de 54,2%" en la medición interanual y "una mejora de 15,8% si se lo compara con las 18.599 unidades que se exportaron en noviembre del año anterior". En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios unas 62.401 unidades, volumen que se ubicó 10,7% por sobre el mes anterior, y avanzó 20,8% en su comparación con noviembre del año pasado. Con un total de 649.408 vehículos comercializados entre enero y noviembre, el sector registró una suba interanual de 17,5% en lo que respecta a las ventas totales. El presidente de la ADEFA, Luis Ureta Sáenz Peña, consideró: "Los volúmenes de producción y exportación han registrado una mejora en su comparación intermensual e interanual pero continúan fuertemente afectados por la caída de la demanda por parte de Brasil". "Se aguarda un nuevo encuentro con autoridades de Colombia para avanzar en la elaboración de acuerdo comercial, y en el mismo orden, se prevé avanzar en la materia con países de África durante el primer trimestre de 2017", enfatizó. Al destacar medidas implementadas por el Gobierno, consideró que promueven la "mejora continua de la competitividad". "Sólo resta aguardar la definición de la modificación de las bases imponibles de Impuesto Interno que vence el próximo 31 de diciembre a los efectos de que no se vean perjudicados los vehículos de producción nacional", señaló Sáenz Peña.

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El calor se instaló en la Ciudad de Buenos Aires; y como todos los años, llegaron los clásicos cortes de luz. Ayer, al cierre de esta edición, al menos 44.774 usuarios permanecían sin suministro eléctrico en la Capital y en el conurbano bonaerense según la página oficial del ENRE. Pero son muchos los que ya se preparan para lo que será un verano complicado y comenzaron a comprar sus propios generadores eléctricos, lo que produjo un boom de la demanda. "Tenemos mucha más demanda que en la misma época del año pasado. Estamos vendiendo en promedio 30 generadores por día. Sorpresivamente nuestros principales clientes son los domicilios particulares y en segundo lugar, los comercios", sostuvo a Ámbito Financiero Alejandro Guido, de la empresa Generadores Garay. Los más buscados este año son aquellos equipos a gas, ya que si bien la inversión inicial es más cara, el mantenimiento es muy económico a diferencia de sus competidores a nafta o gasoil. Estos grupos electrógenos de tecnología más antigua son mucho más económicos y hoy se pueden conseguir en cualquiera de las principales casas de electrodomésticos. De hecho, muchos de los vendedores los ofrecen en compañía de los acondicionadores de aire. Un combo que parece prioridad para este verano. "Nosotros sufrimos una baja del 25% porque trabajamos con equipos nafteros que requieren de un mantenimiento muy arduo", agregó Marcelo Salerno, de Distor SA. El promedio de estos equipos oscila en $12.000, mientras que aquellos de tecnología a gas tienen un precio base de $75.000. Ayer, los barrios de Belgrano, Colegiales, San Telmo, Balvanera y Retiro eran los damnificados por el apagón que afectaba a las empresas Edenor y Edesur; también, zona norte, oeste y sur del conurbano bonaerense. "En esta época y ante los primeros cortes de luz la demanda sube rápidamente, es una cuestión estacional. Nuestros principales clientes son los countries, que buscan generadores grandes y de última tecnología", sostuvieron desde una casa que comercializa generadores. Si bien para muchos se trata de una inversión inicial muy grande, la mayoría de los comerciantes optan por este tipo de equipos, sobre todo por aquellos a gas, ya que el mantenimiento es sólo anual y el gasto es casi nulo.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy un nuevo programa de financiamiento por unos u$s 300 millones para ampliar la capacidad y seguridad vial en corredores de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Entre los objetivos específicos de este programa se encuentran mejorar la calidad de la circulación en el corredor de la ruta nacional 19, a través de la ampliación de la capacidad de esta vía para lograr la disminución de los tiempos de viaje y de los costos de transporte, mejorar la seguridad vial, y concretar la posible eliminación de cortes por factores climáticos. A nivel de la red vial nacional se prevé mejorar la seguridad vial, mediante un programa que aumentará la cantidad de kilómetros que cuentan con diseños en base a estándares modernos. La operación financiará la construcción de una nueva vía de 120 kilómetros de doble calzada, con intercambiadores a diferente nivel y accesos a localidades de su área de influencia directa, y de 35,4 kilómetros de duplicación de la vía existente en la ruta 19, entre las localidades de San Francisco y Montecristo, en la provincia de Córdoba. También financiará el diseño del Programa de Rutas Seguras, incluyendo la elaboración de documentos técnicos, normas y protocolos de intervención, así como la elaboración de los proyectos ejecutivos de uno o dos pilotos de vías con el nuevo estándar de ruta segura. Del mismo modo, se realizará un estudio de logística para analizar la situación de los flujos de carga en el corredor de la ruta 19 destinados a los puertos del Gran Rosario. La ruta nacional 19 es uno de los principales corredores viales de la región centro de Argentina, al conectar tres de sus capitales (Córdoba, Santa Fe y Paraná) y proveer acceso al complejo portuario de Rosario para la exportación de la producción agrícola y a los puertos de Reconquista, Santa Fe y Diamante. Además, esta ruta vincula a Córdoba con la región noroeste argentina, Uruguay y Brasil, y también con Chile a través del Paso de Agua Negra. El préstamo del BID de u$s 300 millones tiene 25 años de plazo con 4 años y medio de gracia, una tasa de interés basada en Libor y una contrapartida local de u$s 200 millones. Por otro lado, el BID aprobó un segundo crédito por u$s120 millones para fortalecer la gestión fiscal, contribuir al crecimiento económico y del empleo en las provincias, mejorar la administración de ingresos, gastos e inversión pública, y para la concreción de proyectos de inversión. El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial apunta a mejorar la autonomía fiscal provincial, a través de su vinculación con el financiamiento de proyectos. De esta manera, beneficiará directamente a las provincias de Salta, Mendoza, Corrientes y Neuquén e indirectamente a todo el territorio nacional. Además de apoyar las reformas en el federalismo fiscal, otros objetivos específicos son incrementar los ingresos, administrar la gestión del gasto público provincial y financiar proyectos de inversión en sectores estratégicos que aumentarán el empleo en el sector privado.

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Antes de viajar con todo su gabinete a Chapadmalal para participar del retiro espiritual del Gobierno, el presidente Mauricio Macri le pidió un uso racional para el uso del aire acondicionado durante este verano. Es más, recomendó usarlo en 24 grados, aunque sin recordar que el país está en crisis energética y que seguramente miles de usuarios volverán a sufrir fuertes cortes de electricidad por el incremento de la demanda y la falta de energía suficiente para cubrirla. También habrá pensado el Jefe de Estado en que las altas temperaturas que ya se empiezan a sentir, volverán a impulsar a los argentinos a buscar refugio en los equipos de refrigeración que se hay y en millones en los hogares del país. Sin embargo, un relevamiento realizado por una de las principales fabricantes de electrodomésticos del mundo revela cambios en la conciencia de uso de los argentinos del los acondicionadores de aire. En el documento se sostiene que el 74% de los argentinos asegura haber cambiado sus hábitos a la hora de usar el aire. El resultado forma parte de una encuesta elaborada por LG Electronics y la UAI de la que participaron 1200 adultos de todo el país. Según el estudio, los cambios responden a las subas en las facturas de la luz (37%); a una toma de conciencia respecto de la sustentabilidad (34%) y a la situación energética (29%). Los números dan cuenta de cómo quienes hoy poseen un equipo buscan cuidar su uso durante los meses más calurosos, teniendo en cuenta que en los últimos tres años se vendieron cinco millones de unidades, ventas impulsadas por el congelamiento de tarifas y la posibilidad de pagar en cómodas cuotas y sin interés. Hoy, ocho de cada 10 usuarios admite usarlo para combatir el calor pero con mayor responsabilidad. De los hogares donde hay al menos un equipo, más de la mitad del país, 28% tiene dos; 6%, tres y 5% más de tres. En cuanto a los lugares de instalación, el 62% prefiere su habitación; 56% el living-comedor y 10% la cocina. Entre los que aún no tienen un equipo, 80% elige el ventilador para refrigerarse. Además, el 20% de los consultados considera adquirir un nuevo equipo esta temporada de verano. En cuanto a las características del nuevo aire, el ahorro de energía ocupó el primer puesto con 44%. Lo sigue el precio (38,1%); que sea frío-calor (35,6%) y la garantía (23,2%). En cuanto al momento de uso, el 78% lo hace sólo en verano; 65% lo enciende cuando hay picos de calor, indistintamente de la temporada. "Si bien las mujeres lo usan más en verano (83%), los hombres hacen un uso más sostenido dado que recurren al climatizador siempre, en mayor proporción que las mujeres (25% y 15%, respectivamente)", destacó el informe. En el interior de la provincia de Buenos Aires se observa un porcentaje mayor de uso excluyente durante el verano (93%). En la Ciudad de Buenos Aires se registra el menor uso durante esa época en particular (66%); pero el mayor porcentaje de uso durante invierno y verano (33%), como consecuencia de una mayor penetración de los equipos frío calor. Con todo, hasta octubre, las ventas crecieron 11% y en el caso de los frío-calor llega a 27%, según informe la consultora GfK Retail & Technology.

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La contracara de la vacilante evolución de los préstamos en pesos son sus pares en dólares. Según datos del Banco Central, en noviembre, las entidades financieras otorgaron créditos en dólares al sector privado por un total de u$s 8885 millones en promedio mientras que, en igual mes del año pasado, habían sido u$s 3343 millones. Pesificada, esa cifra pasó de $ 32.178 millones en noviembre de 2015 a $ 136.339 millones durante el mes pasado, es decir, se multiplicó más de 4 veces. "Si bien el crédito en dólares tiene una participación del 13% en el crédito total, hace un año atrás, representaba el 4%", resaltó Martín Polo, de Analytica. "El crédito en dólares está favorecido por una coyuntura muy favorable de depósitos en dólares, que explotaron con el blanqueo: en diciembre pasado eran 10.000 millones y en noviembre estuvieron en casi 21.000 millones. En la medida en que hay más depósitos en dólares, es razonable que se aumente el crédito en dólares. Además, la tasa de interés es bajísima en dólares", explicó Maximiliano Castillo, de la consultora ACM. Martín Polo coincidió en el argumento y agregó: "En un contexto en que las tasas de interés en pesos son muy altas comparadas con las expectativas de devaluación, a muchos les resulta más rentable endeudarse en dólares que en pesos porque no tienen miedo a que el dólar suba".

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Con la presión de una serie de protestas que iniciaron ayer y continuarán hoy, complicando la actividad en una semana corta por el feriado del jueves y viernes, el gremio bancario apuesta a terminar de sellar mañana con la cámara que agrupa a las entidades financieras de capital internacional un acuerdo por el pago de fin de un bono de fin de año y el primer tramo de la paritaria 2017, en línea con el entendimiento ya suscripto con los bancos públicos y privados de capital nacional. A la par, el sindicato de Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, se sumó al lote de gremios que logró definir el pago de una compensación de fin de año. El suplemento definido con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que preside Daniel Indart, alcanza los $ 7260 en el caso de los choferes de camiones del ámbito de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en tanto que para los trabajadores del resto del país el monto del plus será de $ 5480. En ambos casos, los bonos se abonarán en cuatro tramos iguales, desde febrero próximo, según confiaron fuentes del sector del transporte de cargas. El suplemento, que beneficiará a unos 220.000 choferes se sumará a los premios específicos que ya tienen acordado por convenio algunas ramas de la actividad y, según explicaron desde la Fadeeac a este diario, el monto del plus definido resultó de aplicar a la cifra establecida en la compensación del año pasado el porcentaje de aumento salarial (37%) fijado en las últimas paritarias de la actividad. Por su parte, después de haber cumplido ayer con una primera jornada de protesta, los trabajadores bancarios ratificaron que hoy paralizarán la actividad durante tres horas, entre las 12 y las 15, para reclamar que la cámara que agrupa a las entidades de capital internacional (ABA) rubrique el acuerdo sellado días atrás con los bancos públicos y privados de capital nacional. En medio del conflicto, y tras la suspensión de la audiencia prevista para el viernes pasado, el Ministerio de Trabajo citó para mañana a los representantes de la Asociación Bancaria y de ABA para intentar destrabar las negociaciones. El gremio que conduce Sergio Palazzo reiteró ayer su decisión de replicar el acuerdo ya suscripto por Abappra y Adeba, que fijó el pago de un bono de fin de año de entre $ 8000 y $ 12.000, según las categorías de convenio; además de un aumento de 4% y un suplemento adicional de entre $ 7300 y $ 7600 a partir de enero, esquema que establece un piso mínimo del 20% para los incrementos salariales que se definan en la próxima ronda de paritarias de la actividad.

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El presidente del Senado Renan Calheiros fue separado del cargo por una decisión de la Corte Suprema. Junto a su colega de partido, el ministro jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha, el senador figuraba entre los últimos baluartes del presidente Michel Temer dentro de su propio gobierno. Pocos días atrás, el jefe de Estado ya había perdido uno de sus principales colaboradores, el ex ministro Geddel Veira Lima. Y este fin de semana se redoblaron las presiones para que el comando del ministerio de Hacienda, hoy en manos exclusivas de Henrique Meirelles, sea “compartido” con “técnicos” del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB). Fuentes del propio Palacio del Planalto, citadas por los grandes diarios brasileños, indicaron que temen por los próximos pasos de los “tucanos” (como se llama aquí a la dirigencia socialdemócrata). Sacar del medio a Calheiros como acaba de ocurrir debilita, en forma irreversible, las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento, en un momento en el cual están en juego las votaciones finales de la ley de congelamiento de gastos, y el comienzo de la discusión sobre la reforma del sistema previsional. Según el diario O Globo lo que “aceleró” la medida de la Corte fue la decisión que había tomado Calheiros de colocar este martes en votación del plenario de senadores el proyecto aprobado ya en Diputados la semana pasada y que prevé penalizar el “abuso de autoridad” por parte de jueces y fiscales. Dicho de esta manera, la drástica decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) tiene apariencia de represalia. La salida de Calheiros fue tomada por el ministro de ese máximo tribunal Marco Aurelio Mello y se basó, para eso, en una demanda presentada por el partido Red Sustentable de Marina Silva. Para esa agrupación, el senador Renan no estaba en condiciones de seguir en la presidencia de la Cámara Alta ya que, esa misma Corte, lo había declarado reo de la justicia la semana pasada por malversación de fondos. Ocurre que el titular de ese cuerpo está en la línea sucesoria del presidente brasileño, lo que en este caso sería incompatible con el hecho de haber sido procesado. Quien asume el lugar de Calheiros, temporalmente, es curiosamente, el senador del PT Jorge Viana, hasta ahora vicepresidente de esa casa. De acuerdo con el diario Estado de Sao Paulo “al apartar al senador de la presidencia de la Cámara Alta se crea inestabilidad política que pueden dificultar la aprobación de proyectos importantes para el gobierno de Temer”. Precisamente el martes de la próxima semana el Senado debe votar el proyecto de ley de Techo de los Gastos Públicos. Es preciso recordar que el primero en ser alejado del cargo de titular de Diputados fue el ex legislador Eduardo Cunha, quién también se vio afectado por una decisión de la Corte que sobrevino poco después de que esa Cámara votara el primer proceso de impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff, el 17 de abril pasado. Seis meses después, Cunha fue llevado preso a la cárcel por denuncias de corrupción. Nadie puede afirmar que otro tanto irá a ocurrir con Calheiros, quien permanece en su banca de senador. Pero los antecedentes del caso no le auguran un final feliz. ¿Cómo irá a reaccionar el Senado? Todavía no está claro: el PMDB es la fuerza principal seguida por el PT y luego por el PSDB. Muchos de los legisladores viven con angustia la publicación, casi a diario, de denuncias del caso Lava Jato que involucra a muchos de ellos. Esta es la razón por la cuál pretendían votar este martes aquel proyecto de “abuso de autoridad” que castigaría con prisión y embargo de bienes a jueces y fiscales que incurran en ese delito.

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Desde anoche tres venezolanas vestidas con abrigos negros: Lilian Tintori, Antonieta Mendoza (esposa y madre del líder Leopoldo López) y Mitzy Capriles (esposa del alcalde Antonio Ledezma) se encadenaron en la sede del Vaticano para pedir la intervención del Papa Francisco en la liberación de los dirigentes opositores y de todos los presos políticos. Otro grupo de activistas como el diputado Rosmit Mantilla y Rosa Orozco, madre de la modelo asesinada Geraldine Moreno, también se encadenaron pero en la Nunciatura Apostólica en Caracas cuando mañana se vence el plazo de la Mesa del Dialogo, cuyo uno de los cinco acuerdos es la liberación de 108 presos políticos, que hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido. Los representantes del Vaticano y del Papa Francisco, monseñor Claudio María Celli y de la Nunciatura de Caracas, Aldo Giordano, actúan desde hace un mes como facilitadores de la mesa de diálogo entre el gobierno de Maduro y la alianza opositora MUD. Por la parte oficialista de Unasur también actúan los tres ex presidentes el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández.