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ANTECEDENTES:
Mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 1959, del
Decreto por el que se estableció la Auditoría Fiscal Federal como órgano de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para investigar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los causantes, tuvo lugar el nacimiento de la obligación para los contribuyentes de
dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, como medio para facilitar a la
autoridad hacendaria la fiscalización y otorgar certeza a los contribuyentes en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias. (sic).
El dictamen fiscal es un informe en el que consta la opinión del Contador Público Certificado
respecto de los estados financieros del contribuyente, opinión que va estrechamente
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del mismo, a través del informe
sobre la revisión de su situación fiscal.
Uno de los objetivos principales del Dictamen Fiscal es contar con profesionales técnicos que
coadyuven con las autoridades para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes.
La Contaduría Pública organizada del país, se dio a la tarea de capacitar a los profesionistas de
la carrera convirtiéndola en un brazo fiscalizador de la entidad gubernamental y, a su vez, en
un ente de conciencia del empresario mexicano en el pago de sus contribuciones a través de
sus complicados sistemas tributarios. No obstante lo anterior, a través de diversas
modificaciones generadas en nuestras leyes el dictaminador fiscal actual no solo ejerce su
derecho profesional con la Licenciatura que obtiene terminada su educación superior, sino que
además debe de certificarse, hoy en día, en un proceso mediante exámenes practicados por el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). El Contador Público, a
través de sus colegios y agrupaciones profesionales, se ocupa de su actualización profesional
en los diversos campos de su práctica.
No obstante lo anterior, el dictamen fiscal como medio de fiscalización al servicio de la
autoridad no ha cumplido el objetivo para el que fue creado. Lo demuestra el hecho de que el
número de auditorías a contribuyentes dictaminados que ha concluido sin observaciones no
supera en promedio 2% en los últimos 4 años,(sic)
El párrafo es confuso. Si este dato es certero, y si las auditorías a contribuyentes dictaminados
que han concluido sin observaciones no supera en promedio el 2% en los últimos cuatro años
quiere decir que el 98% de los contribuyentes revisados tienen observaciones, ¿por qué no se
han sancionado a igual número de contadores?. Si esta cifra fuera correcta, en promedio el
98% de las empresas y los auditores caerían en irregularidades. Una dato interesante sería
observar, ¿de ese 2% que menciona el ejecutivo en su exposición de motivos, cuanto
representa del total de dictámenes presentados?, ya que las autoridades fiscales no tienen la
capacidad e infraestructura para revisar el 100% de los dictámenes presentados y mucho
menos para revisar a la totalidad de contribuyentes (dictaminados y no dictaminados).
Lo que sí es un hecho es que gracias a los Contadores Púbicos Registrados y a los Dictámenes
Fiscales emitidos por ellos, se logra fiscalizar y recaudar contribuciones debido a las
observaciones en la revisión de la situación fiscal que los dictaminadores detectan durante sus
auditorías.
Ahondando en lo anterior, me permito presentar las siguientes cifras de Dictámenes
presentados en años anteriores:
Estadística de Recaudación por Dictámenes Presentados con Diferencias a Cargo
Desde hace muchos años, sabemos que nuestro impacto económico no se encuentra en La
economía formal; esta ha sido bien resguardada y vigilada, tanto por los mecanismos y la
actual tecnología, como por los medios de fiscalización existentes, entre ellos la de Los
Contadores Públicos Registrados.
Nuestros empresarios mexicanos necesitan de la asesoría de los contadores. Los datos de la
Secretaria de Economía dan cuenta de que existen 4.75 millones de empresas PYME de las
cuales el 80 por ciento fenece o desaparece después de 18 meses de vida. Este es un dato que
debe de alarmar a la cúpula dirigente de nuestro país. Aquellas empresas bien asesoradas y
que son generadoras de riqueza, son las que de una u otra forma pagan sus impuestos
respectivos. Hoy en día, el empresario mexicano vigila el funcionamiento de su empresa y a
través de sus especialistas cuida y protege la vida de lo que le da el sustento y trabajo.
y que en 2011, del total de dictámenes emitidos, únicamente el 0.97% registró opinión con
repercusión fiscal por parte del Contador Público Registrado; cifra que ha venido a la baja,
pues en 2009 era de 1.17% y en 2005, de 2.0%.
¿No implican estas cifras que el CPR cumple con la finalidad de una baja evasión fiscal del contribuyente
que está en la formalidad? Nada más contrario a la aseveración de la pérdida de su utilidad, que las cifras
que se tienen por la propia aplicación. Ahora bien, si la autoridad revisora considera que el muestreo y
las pruebas realizadas por los CPR son insuficientes, ¿no sería importante el acercamiento con las
agrupaciones de la Contaduría organizada a fin de establecer mecanismos que permitan extender las
pruebas de verificación a satisfacción de la propia autoridad, y no simplemente tomar la decisión de ya
no coadyuvar?
En ese contexto, el 30 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria, mediante el cual se
otorgó la facilidad de optar por presentar, en sustitución del dictamen fiscal, la información alternativa al
dictamen, que no requiere la firma de un Contador Público Registrado. Es por ello que, como medida
complementaria al proceso de simplificación fiscal impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, se propone eliminar la obligación que tienen los contribuyentes de dictaminar sus estados
financieros por contador público autorizado, y se propone adicionar el artículo 32-H al Código Fiscal de la
Federación para prever la obligación de los contribuyentes de presentar una declaración informativa
sobre su situación fiscal, la cual deberá presentarse únicamente por aquellos que sean competencia de la
Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y que se
encuentren contemplados en los supuestos que dicho artículo señale.
Congruente con la simplificación administrativa, la información que se pretende solicitar será únicamente
aquella con la cual el Servicio de Administración Tributaria no cuente en sus archivos electrónicos y
documentales. (sic).
En el cuadro anterior podrá observarse el monto de recaudación en el ejercicio 2010. Curiosamente se podrá apreciar la disminución en ella. Añade además, que la autoridad contará con información que le permitirá fiscalizar adecuadamente y que solo requerirá aquella que no tenga, esto es, ventas al 100 por ciento a través de la facturación electrónica (CFDI), pagos a terceros (DIOT) e información que solicite al Sistema Financiero, eliminando revisiones secuenciales, criterios de aplicación, erogaciones estrictamente indispensables, criterio de diferimientos o prorrateos y que suelen ser de gran costo económico cuando el contribuyente no es revisado en tiempo y oportunidad.
En relación con la sustitución de la obligación de dictaminar los estados financieros, se deroga además la relativa a presentar la declaratoria formulada por contador público tratándose de solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado.
Acerca de las operaciones de enajenación de acciones en las que se establecen ciertos beneficios siempre que se dictaminaran por contador público registrado, se propone sustituir dicho dictamen por la presentación de la declaración informativa del contribuyente, respecto de las operaciones de enajenación de acciones que al efecto se establezcan. En este mismo sentido, se estima conveniente señalar que el dictamen de enajenación de acciones se encuentra regulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que adicionalmente a la propuesta de reforma del Código Fiscal de la Federación se propone incluir reformas a dicha Ley, a fin de establecer un esquema de beneficios y obligaciones similar al previsto actualmente.
Por último y con el objeto de facilitar la transición y evitar contingencias respecto de la obligación y efectos de presentar dictámenes, se propone establecer mediante disposiciones transitorias que a los dictámenes presentados en términos de la legislación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2013, les serán aplicables las disposiciones vigentes hasta esa fecha. (sic).
No existe en el país, un mayor número de profesionistas en la búsqueda de la certificación que
el relativo a los Contadores Públicos. Hoy existen más 8,500 contadores certificados.
Nos catalogan como los asesores y formadores de consultores Pyme, como la profesión más
adecuada para el impulso de estas empresas en cuanto a su administración y estructura.
Desaparecer al dictamen fiscal, lesiona gravemente los intereses de la nación, al estado en su
recaudación y vigilancia, al empresario en su conciencia social y asesoramiento técnico
profesional, a los miles de trabajos directos e indirectos que nacen y que desde hace 54 años
se tiene dentro de lo que ya es una cultura. Amenaza a una baja importante en la capacitación
y actualización académica y rompe con la confianza de nuestras instituciones.
Es lamentable el poco conocimiento de lo que significa la Contaduría Pública en el proceso de
desarrollo y conciencia; generador de empleo y certidumbre; preventivo y correctivo.
Los planes de estudios de las Universidades de todo el país también serán lesionados, en los
niveles de licenciatura, maestría y hasta doctorado. ¿Cree alguien que las Universidades,
Tecnológicos e Institutos, al mantener en sus planes de estudio este tema sobre el dictamen
fiscal, sus repercusiones, implementación, objetivos y alcances, se han equivocado?
En referencia a la certificación, reiterando que el CPR es un profesionista certificado y que
debe de revalidar su certificación a través del programa de la Norma de Actualización
Académica o la Norma de Educación Profesional Continua expedida por otras agrupaciones
del propio gremio.
A continuación, el pronunciamiento que hace al respecto la Secretaría de Educación Pública:
“…En nuestros días los servicios que prestan los profesionistas constituyen uno de los rubros
más dinámicos del escenario internacional, propiciando la generación de procesos de
apertura y competencia que han fomentado de manera importante su demanda y con ello
una interacción del ejercicio profesional entre países”.
“La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes
son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor
experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su
desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta
profesionalización”.
“Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la
difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional.
Algunos, han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación
de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad.
Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización”.
Hoy en día, el CPR es un profesional que ha labrado de manera muy importante su inserción en
la economía nacional, ha coadyuvado a una cultura de pago y responsabilidad en el
asesoramiento a los empresarios y de crédito a nuestra reputación. En todos los ámbitos de
educación, se refuerzan de manera continua los temas de ética profesional y responsabilidad
social. Somos una poderosa herramienta al servicio del país. Sirviendo a nuestra profesión
contribuimos con el Estado al tiempo que resguardamos la salud de las empresas.
Considerar de poca valía nuestra participación en el entorno actual, es un error que debe de
enmendarse a la brevedad y no esperar resultados catastróficos para la reinserción.
Derivado de lo anteriormente expuesto, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos,
Colegio Profesional en el Distrito Federal A.C. (AMCPDF), ante ustedes respetuosamente
comparece y expone lo siguiente:
Después de haber estudiado y analizado detenidamente la Iniciativa del Ejecutivo Federal y
específicamente en lo que corresponde a la derogación del Artículo 32-A y artículos
correlacionados del Código Fiscal de la Federación (CFF), referentes al Dictamen para Efectos
Fiscales que elaboran los Contadores Públicos Registrados (CPR) ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) manifiesta lo siguiente:
1. La AMCPDF es un colegio profesional que agrupa actualmente a más de mil trescientos
profesionales de la contaduría pública, que a lo largo de 40 años ha velado por la adecuada
capacitación y actualización de los contadores públicos asociados para el desarrollo de sus
actividades profesionales. Como consecuencia de los cambios efectuados al CFF en los
últimos 13 años, y observando que en general los contadores públicos registrados a nivel
nacional han cumplido con las disposiciones y normatividad aplicable para la obtención de
sus respectivos registros ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal
(AGAFF), para poder emitir dictámenes fiscales hacemos de su conocimiento que se han
emitido aproximadamente 90,000 (noventa mil) dictámenes fiscales en promedio durante
los últimos cinco años.
2. La AMCPDF obtuvo el certificado de idoneidad en el año de 2006 cumpliendo así con lo
establecido por el CFF de conformidad con el artículo 52 Fracción I inciso a).
3. Actualmente la AMCPDF cuenta con 1037 Contadores Públicos Certificados de los cuales
753 Contadores Públicos se encuentran Registrados ante la Administración General de
Auditoria Fiscal Federal (AGAFF).
4. Nuestra Asociación ha sido coadyuvante con la SHCP, en relación con la fiscalización y
recaudación de contribuciones; esta recaudación ha sido recibida por el Gobierno Federal y
ayudado a nuestro país a salir adelante con los gastos públicos, en materia de educación,
combate a la delincuencia y salud.
5. En la AMCPDF se han impartido diversidad de cursos, talleres, diplomados para capacitar e
inducir a los contadores con la correcta y cabal determinación de las contribuciones que
exigen las disposiciones fiscales.
6. Con la presentación de dictámenes fiscales se ha contribuido a fortalecer la cultura fiscal
entre los agremiados y sus clientes.
De manera muy puntual, consideramos que con la aprobación de la derogación del artículo
32-A del (C.F.F.) se tendrían las siguientes afectaciones:
A. La seguridad jurídica como principio constitucional para los contribuyentes, ante el
estado de indefensión de estos mismos por la eliminación del dictamen fiscal.
B. Consideramos que habrá graves consecuencias al no tener la fiscalización de los
Contadores Públicos Registrados a los contribuyentes, ya que no se les daría la
oportunidad de corregirse espontáneamente y por ende disminuirá la recaudación de
contribuciones y el impacto puede ser significativo.
C. Es importante observar que también impactará en el ámbito social, ya que se prevé un
gran desempleo por los despidos de colaboradores de las firmas de contadores que se
dedican a la prestación de servicios de auditoría de estados financieros para efectos
fiscales y presentación del dictamen fiscal, ante la disminución en la prestación de sus
servicios, lo que afectaría notoriamente la economía del país.
En el año de 2012, se presentaron aproximadamente 90,000 dictámenes fiscales ante la
AGAFF, por lo tanto de forma directa se perderán muchos empleos porque a dicho
trabajo se necesitan profesionistas para hacer las revisiones a las empresas (auditorias).
Esta situación provocará que los colegios de contadores desaparezcan y muchos
contadores no reciban capacitación para realizar este trabajo, con la consecuencia que
tendría la recaudación fiscal.
La utilidad del dictamen fiscal, además de que ha servido como herramienta de fiscalización y
recaudación para vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes, también lo es para créditos que pudieran obtener tanto las personas físicas o
morales ante las instituciones financieras y otras entidades sociales o económicas.
Algunas consideraciones adicionales de la utilidad del dictamen fiscal son las siguientes:
1.Es un instrumento eminentemente recaudatorio que sirve como herramienta para que el
erario federal recaude contribuciones federales.
2.Es un instrumento de autocorrección fiscal tanto para personas morales como para personas
físicas.
3.Es un instrumento que contribuye al desarrollo social y económico por la generación de
fuentes de empleo para despachos de Contadores Públicos.
4.Es un medio de desarrollo profesional, social, cultural y económico de los profesionistas de la
contaduría.
5.Es un medio de sostenimiento y crecimiento económico para las instituciones de
agrupaciones profesionales principalmente por la generación de recursos en las áreas de
capacitación profesional y creación de fuentes de empleo.
6. Es un medio de sostenimiento y crecimiento económico, social y cultural para las
Universidades e Instituciones de enseñanza de la Contaduría Pública, creando las áreas de
Licenciatura, Postgrado y especialidades en áreas fiscales y legales y generación de fuentes
de empleo.
7. Es un medio de seguridad jurídica ante los contribuyentes por el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
8. Es un instrumento de seguridad legal ante los terceros usuarios de la información.
9. Es una de las áreas propias de desarrollo profesional de la contaduría y de las nuevas
generaciones aspirantes a esta profesión como un medio de crecimiento personal y
profesional.
10. Es un medio de sostenimiento económico y tranquilidad de muchas familias en nuestro país.
11. Es un instrumento que aporta crecimiento económico y bienestar social y familiar; eliminar
esta disposición sería contrarrestar los logros alcanzados tanto en las instituciones
gubernamentales como en los medios empresariales y familiares en nuestro país.
12. Es un instrumento que nos mantiene en la vanguardia a nivel internacional para el desarrollo
técnico e intercambio y manejo de la información contable, financiera y fiscal para las
empresas internacionales que se establecen en nuestro país y empresas mexicanas que se
establecen en el extranjero.
Impactará de manera negativa a los colegios de contadores a nivel nacional, puesto que sus
socios o asociados ya no se sentirán respaldados por ninguna autoridad federal en cuanto a
su capacitación profesional permanente; desde el punto de vista económico se verán
afectados, además de que también se prevé la disminución de su planta laboral con el efecto
desfavorable correspondiente.
Es de considerar que al no existir la obligación que hoy exige el SAT para cumplir con la norma
de actualización académica que reconocen los colegios y/o asociaciones no se tendrán
contadores debidamente capacitados para el ejercicio de sus funciones y a nivel nacional.
También impactará en las instituciones educativas a nivel nacional porque los programas de
estudio que se imparten en las Licenciaturas y maestrías por aquellas materias relacionadas
con la presentación del dictamen fiscal deberán ser revisados y modificados, situación que
consecuentemente afectará uno de los objetivos primordiales la educación en la carrera o
carreras afines a la licenciatura en contaduría pública, que es la de emitir una opinión ante las
autoridades que lo requieran.
Finalmente queremos dejar de manifiesto que la Asociación Mexicana de Contadores
Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. está en toda la disposición de
coadyuvar con las autoridades hacendarias para implementar los medios que sean
necesarios para un mejor desarrollo del dictamen fiscal que brinde garantías de calidad y
seguridad legal, ya que la importancia del dictamen fiscal no es tan solo a nivel nacional,
sino también a nivel internacional, poniéndonos en alto ante los países e inversionistas
que han visto en México como una fuente de riqueza en todas las actividades
empresariales, industriales, comerciales y de servicios. Eliminar el dictamen fiscal, sería
decir:
“NO AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS Y TRUNCAR AL PROFESIONAL DE LA CONTADURÍA”
MEXICO NO PUEDE ESPERAR…
Creando desempleo.
MEXICO NO PUEDE ESPERAR…
Olvidando que la capacitación, es desarrollo y crecimiento sustentable
MEXICO NO PUEDE ESPERAR…
Y desperdiciar a mas de 8500 Contadores Certificados
Por todo lo vertido anteriormente y considerando cada uno de los puntos citados solicitamos atenta y respetuosamente:
UNICO.- NO SE DEROGUE EL ARTÍCULO 32-A DEL CFF Y LOS ARTICULOS CORRELACIONADOS CON ESTE MISMO ORDENAMIENTO.
MEXICO NO PUEDE ESPERAR…
A que los spots y los slogans no sean compromiso de nuestras cúpulas
Impacto académico.- programas de estudio, universidades e Institutos, posgrados, maestrías y doctorados, capacitadores…
Impacto Económico.- 17 mil millones en dictámenes con impuestos a cargo. Brazo fiscalizador y ente de seguridad ante empresarios e inversionistas.
Impacto laboral.- 100 mil empleos directos y 100 mil empleos mas indirectos se perderían ante los 1.3 millones de Contadores Públicos que el país ha preparado entre los ya titulados, certificados y los que están en formación. Desaparición de Colegios. Disminución drástica en asociados, en capacitadores y en sociedades que preparan y capacitan a fin de obtener la certificación.
MUCHAS GRACIAS.