FPP-04-3

Uno de los mayores retos que enfrentan aquellos países que salen de conflictos armados internos eslograr un equilibrio entre los acuerdos para establecer la paz de un lado y la restauración de la justicia y lareconciliación del otro. Pero no existe una receta única para lograr dicho equilibrio. Los procesos dejusticia y reconciliación están bajo la influencia de numerosos factores entre los que se hallan el impactodel conflicto, los términos de su resolución, los recursos disponibles, el nivel de voluntad política y deconsenso existente, capacidad institucional, normas culturales, etcétera. Sin embargo, la experienciaactual nos indica que, independientemente del contexto, la planificación minuciosa y elaboración deestrategias de justicia y reconciliación deben producirse con anterioridad suficiente a la instauración dela paz. Históricamente este requerimiento ha sido desatendido tanto por los agentes nacionales comointernacionales ya que obviamente la atención y los recursos se han centrado alrededor del conflictomismo. El presente trabajo aborda el tema de la justicia en la fase pos conflicto y la participación deCanadá en el caso de Colombia a partir de las experiencias regionales e internacionales con que secuentan hasta la fecha.

En este contexto, la frase “justicia de transición” se refiere a los procesos interrelacionados deenjuiciamiento y rendición de cuentas, difusión de la verdad, indemnizaciones y reforma institucionalque se producen a raíz de conflictos de gran magnitud y que contribuyen al reestablecimiento de lasrelaciones sociales a largo plazo. Este trabajo aborda tres aspectos de la justicia de transición: losmecanismos legales (tanto nacionales como internacionales), las comisiones de la verdad, y lasindemnizaciones. Asimismo, trata acerca de los procesos de desarme y desmovilización y reinserción delos combatientes como condiciones esenciales para el restablecimiento de la seguridad y el logro de lajusticia. Además, se aborda someramente algunos elementos específicos del caso colombiano quepodrían influir en procesos futuros de justicia en fases de transición.

Justicia Transicional y Reconciliación en Colombia luego delConflicto Armado: Consideraciones para una Posible

Cooperación CanadienseJudy Meltzer

RESUMEN

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P O L I C Y P A P E RD O C U M E N T D E P O L I T I Q U ED O C U M E N T O D E P O L Í T I C A

EXECUTIVE SUMMARY

RÉSUMÉ

For countries emerging from conflict, balancing the compromises of peace settlements with the pursuit ofjustice and long-term reconciliation is a significant challenge. There is no single path that can be prescribed inachieving this balance. Processes of justice and reconciliation are influenced by numerous factors includingthe impact of the conflict, parameters of the settlement, resources available, the degree of political will andconsensus, institutional capacity, cultural norms, etcetera. However, a key lesson from experiences to date isthat, regardless of the context, in-depth planning and preparation of strategies for justice and reconciliationmust occur well in advance—prior to any peace settlement. This requirement has historically presented achallenge for both state and international actors, as attention and resources have understandably tended tofocus on the conflict at hand. Accordingly, this paper looks at the issues of post-conflict justice, with a view tofuture Canadian engagement in Colombia, drawing upon regional and international experiences to date.

‘Transitional justice,’ in this context, is understood as the inter-related processes of prosecution andaccountability, truth telling, reparations and institutional reform in the wake of large-scale conflict thatcontribute to the long-term restoration of social relations. This paper focuses on three aspects of transitionaljustice: legal approaches—both domestic and international mechanisms—, truth commissions, andreparations. It also addresses processes of demobilization and reintegration of arms and armed actors asfundamental preconditions to restoring security and pursuing justice, as well as a brief look at specificelements of the Colombian context that will influence future processes of transitional justice.

Pour les pays qui émergent d’un conflit, l’équilibre entre les compromis des accords de paix et la poursuite dejustice et de réconciliation à long terme constitue un défi significatif. Il n’existe aucun remède simple qui peutêtre prescrit afin de réaliser cet équilibre. Les processus de justice et de réconciliation sont influencés par denombreux facteurs tels que l'impact du conflit, les paramètres de l’accord, les ressources disponibles, le degréde volonté politique et de consensus, la capacité institutionnelle, les normes culturelles, etc. Cependant, uneleçon principale des expériences antérieures est que, indépendamment du contexte, la planification et lapréparation détaillées des stratégies pour la justice et la réconciliation doivent se produire bien avant laratification des accords de paix. Cette condition a historiquement présenté un défi pour l'État et les acteursinternationaux, alors que l’attention et les ressources ont tendance à se concentrer sur le conflit actuel. Enconséquence, cet article analyse les enjeux liés à la justice d’après-guerre, avec un aperçu sur le futur del’engagement canadien en Colombie, en tenant compte des expériences régionales et internationales qui ontprévalu jusqu'à ce jour.

La « justice transitionnelle », dans ce contexte, se définit comme un processus relié entre la poursuite des actescriminels et l’imputabilité, la recherche de la vérité, les réparations de guerre et la réforme institutionnelle à lasuite d’un conflit de grande échelle, qui vise à contribuer à la restauration à long terme des relations sociales.Ce document se concentre sur trois aspects de la justice transitionnelle: les approches légales—autant lesmécanismes domestiques qu’internationaux—, les commissions de la vérité et les réparations de guerre. Ilaborde également les processus de démobilisation et de réintégration des forces armées et des acteurs armésen tant que conditions préalables et fondamentales afin de restaurer un climat de sécurité et de justice. Enoutre, cet article jette un bref regard sur les éléments spécifiques du contexte colombien qui influencera lefutur processus de justice transitionnelle.

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PROCESAMIENTO LEGAL

Durante la última década se ha incrementado elconsenso acerca de la importancia de procesar a losperpetradores de violaciones flagrantes de derechoshumanos en el país donde cometieron los crímenes o,si esto no fuera factible, en tribunales internacionalesde jurisdicción universal. Tales procesos enfrentan ladificultad de hallar un equilibrio entre laadministración de la justicia y el logro de la paz. En arasde tal objetivo y para facilitar la transición hacia la paz,a menudo se han de sacrificar principios de justicia y sehace inevitable otorgar ciertos tipos de amnistías. Noobstante, para el establecimiento de la reconciliaciónnacional y una paz sostenible, es necesario limitar laamnistía otorgada en la medida que las circunstanciaslo permitan, cumplir con la legislación internacional, ysometer a juicio a los perpetradores.

Al demostrar que la justicia se puede administrareficazmente, el procesamiento legal escrucial para la erradicación de laimpunidad y la restauración de la fe enl o s p r o c e s o s d e m o c r á t i c o s . E lprocesamiento legal luego de conflictosarmados contribuye específicamente a:

• prevenir la reanudación del conflicto,m e d i a n t e l a r e s t a u r a c i ó n ymantenimiento del orden social;

• e s t a b l e c e r r e s p o n s a b i l i d a d e sindividuales por crímenes cometidosy condenar a los infractores;

• otorgar indemnización y reparacionespara las víctimas;

• reafirmar el estado de derecho eincrementar la confianza en las institucionesdemocráticas;

• controlar y prevenir brotes futuros de violencia.

Sin embargo, la implementación de acciones judicialesformales genera significativas dificultades: confrecuencia, se impone ajustar los principios de justiciaen consideración a las realidades del establecimiento ymantenimiento de la paz; pueden provocar unadesestabilización de los acuerdos de paz y serpercibidos como una nueva fuente de injusticia; elénfasis en el procesamiento legal de los perpetradorespuede resultar en detrimento de la atención a lasnecesidades de las víctimas; a menudo el número deprocesamientos y evidencias que un proceso legítimorequiere excede la capacidad de las institucionesjurídicas, especialmente si estas carecen de solidez, ypuede traer como consecuencia una "paralización" del

sistema judicial; al concentrar esfuerzos en elestablecimiento de responsabilidades individuales porcrímenes cometidos, no se presta adecuada atención alas causas estructurales generales del conflicto. En lospocos casos en que el procesamiento ha tenido lugarcon cierto grado de éxito en el país donde secometieron las transgresiones (como en el caso deArgentina), la asignación adecuada de recursos y elestablecimiento de objetivos claros han sido factoresdeterminantes.

En el contexto colombiano, aunque muchosconsideran que el procesamiento en tribunalesnacionales es la opción primaria más factible paraobtener justicia formal contra los perpetradores deviolaciones de derechos humanos, la endeblez delsistema jurídico hará muy difícil la implementación dedicho procedimiento legal. Por lo tanto, esinprescibdible brindar apoyo internacional para

fortalecer la capacidad de estasinstituciones mediante el suministro derecursos, capacitación y experiencia. Apesar de los reveses y dificultades enp r o g r a m a s a n t e r i o r e s p a r a e lfortalecimiento de institucionesjurídicas, esta es un área en la queCanadá cuenta con legitimidad,experiencia y capacidades para poderrealizar aportes significativos, aunquesea a través de intercambios de personaljurídico con Colombia, por ejemplo.

Pocos acuerdos de paz han sido logradossin algún tipo de concesiones de amnistíay las actuales opciones de "justicia

alternativa" para los grupos paramilitares demuestranclaramente que es poco probable que Colombia puedaser una excepción. Para lograr un equilibrio entre lanecesidad de establecer la paz y los requisitos dejusticia necesarios para lograr la reconciliación, laexperiencia de otros países subraya la importancia delimitar y condicionar las amnistías tanto como seaposible.

En muchos casos, la concesión de amnistía areconocidos perpetradores de flagrantes violacionesde los derechos humanos ha conducido a unasituación considerada más ventajosa para losacusados que para las víctimas, particularmente en loscasos en que las reparaciones son inadecuadas. Lasamnistías pueden socavar otros procesos deadministración de justicia y reducir las posibilidadesde reconciliación (por ejemplo, los resultados deltrabajo de la Comisión de la Verdad de El Salvador se

La problemática de las amnistías

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el procesamiento

legal es crucial

para la

erradicación de la

impunidad y la

restauración de la

fe en los procesos

democráticos

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vieron socavados por la amnistía general otorgada aperpetradores de "crímenes políticos"). Muchosobservadores políticos afirman que la impunidadobtenida por muchos de los perpetradores de abusosde derechos humanos en Guatemala y Haití, porejemplo, ha constituido un serio revés para el procesode paz y reconciliación de Guatemala y causa deperiódicas re-erupciones de violencia en Haití,impidiendo el afianzamiento de la democracia enambos casos.

Las amnistías pueden limitarse a un período de tiempoo grupo de personas específicos, y/o pueden sercondicionadas por factores tales como la declaraciónde testimonio en los procesos judiciales. No obstante,la experiencia regional no establece sólidosprecedentes en tal sentido. En Argentina, Chile y ElSalvador se otorgaron amnistías generales, aunqueposteriormente en el caso de Argentina se aplicósolamente a los oficiales de bajo y mediano rango delejército. En Guatemala, aunque, deacuerdo con la Ley de ReconciliaciónNacional, aquellos que se acogieronr e c i b i e r o n s o l a m e n t e a m n i s t í acondicional, los críticos apuntan que losaltos índices de impunidad y la endeblezde las instituciones jurídicas debilitan lacondicionalidad de la amnistía otorgada.

Como probablemente sucederá en el casode Colombia, de emplearse alguna formade amnistía para negociar un acuerdo depaz, es importante que se introduzca unconjunto de lineamientos y limitaciones lo másestricto posible, con el apoyo y presiones de lacomunidad internacional, para asegurar que dichaamnistía no impida una reconciliación duradera.

En los casos en que los tribunales nacionales carezcande la capacidad y legitimidad necesarias para elprocesamiento de crímenes de guerra o de lesahumanidad, existen instrumentos internacionalesque pueden apoyar paralelamente el proceso, o servirde recurso alternativo. A continuación se ofrece unapanorámica de las ventajas y limitantes que ofrecenpara el caso de Colombia los instrumentos judicialesinternacionales:

El procesamiento de criminales de guerra entribunales internacionales tiene ventajas ydesventajas. Por un lado, la jurisdicción internacionalpuede aportar, tanto en apariencia como en la

práctica, un elemento de legitimidad y neutralidad, yevitar que se aplique la 'justicia del vencedor' en losjuicios (en contraposición a la parcialidadnacional/estatal), importante para la percepción deque se hace justicia. En algunos casos posee tambiénmayor capacidad y recursos que estados donde lasi n s t i t u c i o n e s j u r í d i c a s d e m o c r á t i c a s s o nextremadamente frágiles o inexistentes. Asimismo,hay menos probabilidades de que los tribunalesinternacionales sucumban a la influencia o amenazasde actores armados y su propia existencia puede servirde factor disuasivo para futuros perpetradores,además de proporcionar mayores garantías de que serespeten las normas internacionales y los derechoshumanos. Los tribunales internacionales puedentambién sentar precedentes para la administración dela justicia y la vinculación multilateral en lastransiciones hacia la paz.

Por otro lado, existen limitaciones en la capacidad delos tribunales internacionales desatisfacer las expectativas de justicia ycontribuir a la reconciliación, pues suhabilidad para sancionar y asegurar elcumplimiento de sus fallos es restringida;el hecho de que tienen lugar fuera delcontexto nacional y durante extensosperíodos de tiempo limita su contribucióna la reconciliación nacional; y, en lapráctica, solo pueden juzgar un reducidop o r c i e n t o d e l o s a c u s a d o s ,principalmente de alto rango, en lugar dela totalidad de los perpetradores,

especialmente los de mediano y bajo nivel.

Dadas las concesiones que inevitablemente se han dehacer para lograr la paz, no siempre se puedenimplementar plenamente los principios y normasestablecidos por las instituciones internacionales parael procesamiento de las violaciones de derechoshumanos. No obstante, cuanto menos sirven dereferencia importante para el proceso de justiciatransicional y de guía para la comunidadinternacional. Existe un grupo de institucionesinternacionales como la Corte Interamericana deDerechos Humanos, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, la Comisión de DerechosHumanos de las Naciones Unidas, y otrso tribunalescomo la Corte Penal Internacional que han influido enlos procesos de administración de justicia en el ámbitoregional e internacional y que probablemente serviránde precedentes aplicables al contexto colombiano.

Instrumentos legales internacionales

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El procesamiento

de criminales de

guerra en

tribunales

internacionales

tiene ventajas y

desventajas

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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos:Restricción de las amnistías

La Corte Penal Internacional: Uninstrumento de aplicación improbable enel caso de Colombia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y laComisión Interamericana de Derechos Humanos hantomado decisiones sin precedentes que han revertidola aplicación de leyes de amnistía durante transicioneshacia la paz, y han dado lugar a investigaciones deviolaciones de derechos humanos y al otorgamientode indemnizaciones para las víctimas. Según elinforme de L. Joinet a la Comisión de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos,

Esta decisión recibió el apoyo delPrograma de Acción de Viena y se recomendó suadopción por parte de la ONU (Informe dela CNUDH: La cuestión de la impunidad delos autores de violaciones de los derechoshumanos (civiles y políticos), 1996.

La revocación de amnistías es significativadados sus alcances y los altos niveles deimpunidad que han prevalecido enLatinoamérica. Los fallos de la CIDH hanejercido influencia decisiva sobre laaplicación de la legislación nacionalpertinente, en particular tras la transicióna la democracia. Argentina, Chile, laRepública Dominicana, El Salvador,México, Nicaragua, Panamá, y Paraguayhan reconocido la obligatoriedad de lajurisdicción de la Corte Interamericana enel procesamiento de violaciones futuras de derechoshumanos. En algunos casos, la Comisión y la Cortetambién han solicitado a los gobiernos nacionales quemodifiquen su legislación de acuerdo a las normasmás avanzadas del Sistema Interamericano,particularmente en lo que concierne a las leyes deamnistía. Ejemplo de esto es Argentina, donde lascortes han aplicado la jurisprudencia Interamericanapara dejar sin efecto leyes de amnistía existentes. LaCIDH también sentó un precedente legal importanteal fallar que las indulgentes leyes de amnistía de Perú,aprobadas en 1995 e invocadas por Fujimori paraprevenir el procesamiento de miembros del ejército,carecían de validez y no amparaban a los militaresperuanos acusados en el caso de Barrios Altos, lo cualpermitió su reapertura por parte de la Corte Supremaperuana. Las normas establecidas por la CIDH fuerontambién invocadas en el informe final de la reciente

Comisión Peruana para la Verdad y la Reconciliación,que rechazó el empleo discrecional de opciones deamnistía e hizo un llamado al estado a regir suaplicación por el "estricto marco establecido por laCorte Interamericana de Derechos Humanos"(Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliaciónde Perú-- Recomendaciones, 2003).

Los fallos retroactivos de la CIDH y su revocación deleyes de amnistía deberían ser consideradas tanto pore l e s t a d o c o l o m b i a n o c o m o p o r a c t o r e sinternacionales al tomar decisiones en la búsqueda dela paz que afecten el alcance de la amnistía otorgada aperpetradores de actos de violencia. Estas accionesofrecen también un recurso que las víctimas y terceraspartes pueden invocar una vez alcanzada la paz si no seha administrado justicia de manera adecuada. Elhecho de que Canadá no sea signatario de la CartaInteramericana no solo socava la credibilidad y

autoridad de la CIDH en el Hemisferio,sino que limita la capacidad de Canadá deafianzar a la Corte como importantemecanismo para fomentar la justicia y lareconciliación en Colombia.

Los diferentes tipos de tribunalesinternacionales que han surgido durantela última década son bien conocidos. Estosi n c l u y e n l o s t r i b u n a l e s a d h o cimplementados por el Consejo deSeguridad de las Naciones Unidas [elTribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY), creado en 1993, y el

Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR),creado en 1994] y tribunales mixtos, como elestablecido para Sierra Leona, compuestos de juecesnacionales e internacionales. Desde sus inicioes en2002, la Corte Penal Internacional (CPI) ha pasado a serel principal instrumento internacional para elprocesamiento de crímenes de guerra en una corteinternacional. Comparada con similares instrumentosy mecanismos previos, la CPI tiene la ventaja de serpermanente, no poseer restricciones geográficas o decontexto, y su jurisdicción abarca los conflictosarmados internos. Asimismo, tanto el Consejo deSeguridad de la ONU y sus fiscales independientes,como cualquier Estado Parte del Estatuto de Roma,sobre el cual descansa la CPI, pueden remitir casos a lamisma.

"(…) la CorteInteramericana de Derechos Humanos (…) considera, através de una novedosa jurisprudencia, que la amnistíaotorgada a los autores de violaciones graves dederechos humanos es incompatible con el derecho quetoda persona tiene a que su causa sea conocidaequitativamente por un tribunal imparcial eindependiente."

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La revocación de

amnistías es

significativa

dados sus

alcances y los

altos niveles de

impunidad que

han prevalecido

en Latinoamérica

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Jurisdicción de la Corte Penal Internacional

La Corte tiene competencia respecto de lossiguientes crímenes:

(Artículo 6) actos perpetrados con laintención de destruir total o parcialmente, a ungrupo nacional, étnico, racial o religioso.

(Artículo7) crímenesperpetrados como parte de un ataquegeneralizado o sistemático contra una poblacióncivil, incluidos el asesinato, el exterminio, laesclavitud, la deportación de población, o laprivación grave de la libertad física en violación denormas fundamentales de derecho internacional,incluidas la violación sexual, el crimen delapartheid, la desaparición forzada de personas, etc.

(Artículo 8) comprenden lasinfracciones graves de los Convenios de Ginebra de1949 y otras violaciones graves de las leyes y usosaplicables de la guerra, cometidas en gran escalatanto en conflictos internacionales como internos,en especial aquellas cometidas contra personasque no participen directamente en las hostilidades

( )

Colombia es signataria del Estatuto de Roma, y llevó acabo enmiendas constitucionales que explícitamenteautorizan su ratificación, por lo que no puede eludir laaplicación de la jurisdicción de la CPI a su situación.Sin embargo, es poco probable que en Colombia seinvoque a la CPI como instrumento clave para elprocesamiento de crímenes contra los derechoshumanos. El hecho de que la jurisdicción de la corte noes aplicable retroactivamente, y por lo tanto solopuede juzgar crímenes perpetrados después del 1 dejulio de 2002, limita su eficacia en el caso del conflictocolombiano, que ya dura más de 40 años. Además,cuando Colombia ratificó la CPI, el Presidente Pastranainvocó el artículo 124, que impide la aplicación de lajurisdicción de la CPI hasta pasados 7 años de habersecometido los supuestos crímenes de guerra. Lassolicitudes de grupos de derechos humanos y del FiscalGeneral colombiano para que el Presidente Uriberevoque esta decisión han sido infructuosas (aunqueel artículo 124 no impide necesariamente la

vinculación de la CPI durante tal período ya quemuchos de los crímenes asociados al conflictocolombiano con toda probabilidad caerían también enla categoría de 'crímenes de lesa humanidad').Además, según el 'principio de complementariedad' dela CPI, la Corte "solamente será competente en caso deque el Estado no pueda o no quiera juzgar a personasacusadas de crímenes." Si una corte nacional estádispuesta y capacitada para ejercer jurisdicción, laCorte Penal Internacional no puede intervenir niprocesar a ciudadanos de ese Estado (Coalición deONGs para la Corte Penal Internacional). A pesar de susignificativa fragilidad institucional y los altos nivelesde impunidad predominantes, se considera queColombia posee un sistema judicial institucionalizado,y existen presiones internas para procesarnacionalmente a los líderes de grupos armados.

La firme oposición a la CPI por parte de los EstadosUnidos, el aliado más importante de Colombia y suprincipal fuente de ayuda económica y militar,también reduce la probabilidad de que se recurra aella, como lo evidencia el acuerdo bilateral deimpunidad recientemente suscrito por Colombia aefecto de sustraer de la competencia de la Corte PenalI n t e r n a c i o n a l a m i l i t a r e s y n a c i o n a l e sestadounidenses. (La renuencia de los paísescentroamericanos a ratificar la CPI se considera reflejode la oposición de los Estados Unidos a la Corte). Laposición estadounidense dentro del Consejo deSeguridad de la ONU probablemente tambiénlimitaría los intentos de otros países de lograrremisiones de casos a la CPI a través del Consejo. Dadasestas limitantes, la mayoría de los analistasconsideran que el procesamiento de los culpablespermanecerá dentro del marco de los tribunalesnacionales. No obstante, se aspira a que la CPI logreenfocar la atención internacional sobre los procesoslegales de Colombia, y movilizar apoyo para elincremento de la capacidad de las institucionesestatales colombianas de efectuar procesamientoslegales. Asimismo, se aspira al menos que la CPI sirvade modelo o medio disuasivo simbólico para limitar laaplicación de las amnistías.

Genocidio:

Crímenes de lesa humanidad:

Crímenes de guerra:

www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm

*El genocidio y los crímenes de lesa humanidadserán castigados independientemente de si ocurrenen tiempo de "paz" o de guerra.

Adaptado del Estatuto de Roma de la Corte PenalInternacional, de 1998

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Justicia y Género: Observaciones del Informe de la ONU“Mujer, Guerra y Paz”La integración de las perspectivas de género a todoslos aspectos de la administración de justicia y lareconciliación es un desafío vigente. El Fondo de lasNaciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer(UNIFEM) recientemente creó un portal de Internetacerca de las temáticas de la Mujer, la Paz y laSeguridad ( ) que agrupaservicios de información acerca de las experiencias ynecesidades de la mujer. La Agencia Canadiense parael Desarrollo Internacional (ACDI) y el CentroInternacional de Investigaciones para el Desarrollo(CIID) también se encuentran a la vanguardia de lalabor e investigaciones en esta esfera. A continuaciónofrecemos algunas ideas clave tomadas del portal y delinforme de la ONU “Mujeres, Guerra, Paz” (capítulo 7,2002), acerca de la problemática de la mujer y lajusticia, y del tema del procesamientolegal en particular:

• Históricamente, la mujer ha estado sub-representada en los procesos judiciales.Para asegurar la rendición de cuentas ala mujer en el seno del sistema judicials e r e q u i e r e n u n a v a r i e d a d d eestrategias que pueden implementarseen el ámbito nacional, regional ointernacional y mediante diversosmétodos judiciales, a saber: la CPI,tribunales ad hoc, tribunales y cortesespeciales, y el sistema nacional dejusticia.

• Los enfoques nacionales: el procesamiento legal porcrímenes contra la mujer ha resultado serextremadamente difícil al nivel nacional. Para lamujer es vital que el sistema judicial nacional seajusto y eficaz pues de lo contrario, y sin leyes que laprotejan de la violencia familiar, la violación sexual yotros tipos de violencia de género, la mujer no puedeobtener justicia o compensación.

• La Corte Penal Internacional (CPI): el Estatuto deRoma es uno de los ejemplos más significativos detransversalización de género en un conveniointernacional. El mismo incluye a la violación, laesclavitud sexual, la prostitución forzada, elembarazo forzado, la esterilización forzada y laviolencia sexual en las categorías de crímenes deguerra y de lesa humanidad. El tráfico de personas,en particular mujeres y niños, está comprendido en

el concepto de esclavitud, bajo la categoría decrimen de lesa humanidad. Asimismo, por primeravez, la persecución por motivo de género se clasificacomo crimen de lesa humanidad.

Algunas de las Recomendaciones de ExpertosIndependientes en Temas de Justicia, tomadas delInforme de la ONU incluyen:

• Los Estados Partes en el Estatuto de la Corte PenalInternacional han de emprender una reformalegislativa nacional, asegurando en primer lugar lacompatibilidad con el Estatuto y prestando especialatención a las estipulaciones reglamentarias yprocesales concernientes a los crímenes contra lamujer.

• Los sistemas jurídicos nacionales han de penalizar yeliminar todas las formas de violencia contra la

mujer durante y después de losconflictos. Se han de crear y capacitarunidades especiales de policía parainvestigar los crímenes contra la mujer yse ha de sensibilizar respecto a dichastransgresiones al personal encargadode asegurar el cumplimiento de la ley,incluidos la policía, los jueces y lasfuerzas armadas. Se debe asegurar elacceso de la mujer a la justicia medianteprogramas de instrucción jurídica,asistencia legal y servicios de apoyo.

• Se ha de incorporar un enfoque deigualdad de género en los procesos dereforma constitucional, legislativa y de

política, particularmente las que afecten las áreasdel derecho de familia, civil y laboral, así como lasreformas agrarias.

• Se necesita que la ONU sea capaz de establecer demanera expedita sistemas judiciales interinoscapaces de procesar eficazmente actos de violenciacontra la mujer perpetrados tanto por familiarescomo por la sociedad en general. Las problemáticasde la violación y la violencia sexual han de serabordadas en el ámbito nacional y local mediantemecanismos de búsqueda de la verdad y deadministración de justicia, creados una vezconcluido el conflicto. El procesamiento de loscrímenes contra la mujer mediante instrumentoslegales tradicionales ha de efectuarse conforme alas normas internacionales.

www.womenwarpeace.orgMujeres, Guerra, Paz,

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la integración de

las perspectivas

de género a todos

los aspectos de la

administración de

justicia y la

reconciliación es

un desafío vigente

LAS COMISIONES DE LA VERDAD

Las comisiones de la verdad están consideradas comouno de los instrumentos fundamentales para losprocesos de administración de justicia y reconciliación,no como alternativa o sustituto para los procesosjudiciales, sino como componentes integrales ycomplementarios de la reconciliación. De acuerdo alcontexto, las comisiones de la verdad han sidoimplementadas en diversas formas, que pueden irdesde investigaciones oficiales de abusos de derechoshumanos vinculadas directamente a procesosjudiciales, hasta iniciativas no-gubernamentales dedocumentación de transgresiones. Algunas de lascaracterísticas comunes de las comisiones de la verdadincluyen su estatus no oficial, sus funciones deinvestigar patrones de transgresiones cometidasdurante un período específico, su carácter transitorio(a menudo duran de uno a dos años) y su cometido depresentar un informe final que comprendaconclusiones y recomendaciones para el resarcimientode las transgresiones, que abarquenreparaciones y propuestas de reformainstitucional. Se considera que lascomisiones de la verdad contribuyen allogro de la justicia y la reconciliación devarias maneras que difieren de losprocesos formales, y que los podríanenriquecer [véase Hayner (1999), Lerche(2000), Hamber (1998); www.ictj.org]:

• Crean un espacio para la expresión yr e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o d e lsufrimiento de las víctimas;

• Permiten la atribución de responsabilidad colectivae institucional por las transgresiones, a diferencia delos procesos formales de procesamiento legal, cuyajurisdicción se restringe a individuos;

• Pueden hacer contribuciones directas a procesosjudiciales legales o incrementar la probabilidad deprocesamientos futuros;

• Dan la oportunidad de ofrecer recomendacionespara los procesos de reconciliación, que comprendenindemnizaciones y reformas institucionales, a la vezque establecen estructuras de financiamientonecesarias, como fondos especiales, etc.;

• Contribuyen a una comprensión general del pasado,importante para la reconciliación.

Dadas estas funciones, se ha señalado que de formageneral las comisiones de la verdad han tenido máséxito en cuanto a su implementación, y hancontribuido más a los procesos de reconciliaciónnacional que los tribunales para crímenes de guerra.

A pesar de sus ventajas, las comisiones de la verdadpueden presentar riesgos y generar polémicas. Sacar aluz la verdad y revelar el pasado puede conducir alfracaso de las iniciativas de paz y desencadenarconflictos, especialmente si se percibe como variantede justicia vindicativa. Además, es un procesosicológicamente doloroso, susceptible a lasmanipulaciones y reinterpretaciones de ciertaspartes. El diseño, estructura e implementación de lascomisiones tienen gran impacto en los resultados desu labor, y es importante que los actores nacionales einternacionales les brinden consideración especial.

A partir de las experiencias de diferentespaíses, se ha creado un amplio volumende investigaciones y análisis acerca de losobjetivos, implementación y resultadosde las comisiones de la verdad. Aunquedurante la pasada década las comisionesde la verdad reflejaron la influencia de lasprimeras experiencias del Cono Sur,incluidas la Comisión Nacional sobre laDesaparición de Personas (CONADEP,1983), de Argentina, y la ComisiónNacional de Verdad y Reconciliación(1990), de Chile, al igual que en otros

aspectos de la justicia, no existe forma oprocedimiento únicos para su implementación. Lascomisiones de la verdad han variado de un país a otrode acuerdo a su composición, duración y alcance; laexistencia o no de vínculos con procesos deprocesamiento legales; el tipo de información querecogen y la que hacen pública; si dicha información seobtiene de forma privada o pública; el tipo derecomendaciones que hacen; y su posteriorseguimiento.

La experiencia internacional hasta la fecha muestraque el éxito de las comisiones de la verdad depende detiempo, capital y recursos humanos suficientes;independencia operativa y mandato flexible pero"fuerte"; de inclusividad amplia en todos los aspectosdel proceso; y de la existencia de un consenso políticofavorable a la comisión y a la implementación de susrecomendaciones. Las lecciones extraídas de casos

La estructura de las Comisiones de la Verdad:Experiencias Adquiridas

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las comisiones de

la verdad

contribuyen al

logro de la

justicia y la

reconciliación

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específicos constituyen ejemplos concretos de cómoestos elementos han influido sobre la labor yresultados de las comisiones de la verdad.

Con respecto a la comisión misma, su legitimidad,implementación y éxito se ven afectados por quiénesla integran y cómo son elegidos. Los países en que lascomisiones fueron integradas y/o constituidas porrepresentantes nacionales e internacionales sobre labase de un proceso consultivo inclusivo tuvieron, demanera general, mejores resultados. Las comisionesde la verdad de Sudáfrica y Sierra Leona han sidomencionadas como ejemplos de esto (vea el cuadro acontinuación)

El proceso de nominación para la Comisión deVerdad y Reconciliación de Sudáfrica tuvo uncarácter marcadamente consultivo al incluir unllamado a la presentación de candidatos públicosde todos los sectores sociales. Los cincuentacandidatos que se seleccionaron fueronentrevistados en una sesión pública. La comisiónformada resultó ser representativa tantogeográfica como políticamente, con un alto niveld e l e g i t i m i d a d .Exitoso también fue el proceso en Sierra Leona, enel que la coordinación de la selección estuvo acargo del Enviado Especial del Secretario Generalde la ONU. Se creó un panel de selección queincluyó a representantes del gobierno, la oposiciónarmada, y diversas organizaciones de la sociedadcivil. El panel escogió a cuatro candidatosnacionales y el Alto Comisionado para DerechosHumanos de la ONU seleccionó a tres candidatosinternacionales.

Fuente:Instituto Internacional para la Democracia y laAsistencia Electoral (International IDEA), 2003

En cuanto al suministro de suficientes recursoshumanos y financieros nacionales e internacionales,con frecuencia se cita como ejemplo a la Comisión de laVerdad y Reconciliación Sudafricana (CVRS). Para dosaños y medio de funciones su costo anual aproximadoes de unos US$18 millones, con cuatro oficinas oficialesy trescientos empleados. La CVRS también seconsidera un ejemplo de transparencia y de alto nivelde consultividad, y un modelo de gran utilidad aunquedifícil de reproducir.

Como contraste, algunos casos en Centroamérica,incluido El Salvador, ponen de relieve problemas

causados por la carencia de recursos adecuados,consenso político y suficiente presencia nacional en laComisión. A. Segovia, Director Ejecutivo deDemocracia y Desarrollo, señaló recientemente en unaconferencia organizada por la Iniciativa deConsolidación de la Paz del Centro Internacional deInvestigaciones para el Desarrollo (CIID) y el CentroInternacional para la Justicia Transicional (marzo,2004), que aunque El Salvador ha implementadoexitosamente sus acuerdos de paz, su Comisión de laVerdad tuvo menos éxito y ninguna de susrecomendaciones para el otorgamiento dereparaciones o implementación de reformasinstitucionales han sido puestas en práctica. Entre losproblemas clave citados se encuentran:

• La falta del consenso político necesario para apoyara la Comisión e implementar sus recomendaciones;

• La Comisión estaba estructurada inadecuadamente,con endebles vínculos gubernamentales, y sedesintegró inmediatamente después de laredacción de su informe final, sin establecermecanismos de seguimiento nacional;

• Recomendaciones carentes de peso y de estructurasde financiamiento, tales como un fondo parareparaciones que permitiera dar cumplimiento a lasrecomendaciones;

• La ausencia de una alianza política sólida capaz depresionar al gobierno para hacer cumplir lasrecomendaciones.

(Más información sobre esta temática en:www.idrc.ca/peacebuilding)

Composición de las comisiones de la verdad

Reconciliación Luego de Conflictos Violentos,

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La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú: ¿Lecciones para Colombia?

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación peruana sirve de interesante modelo para posibles procesosfuturos de enjuiciamiento en Colombia ya que además de ofrecer el ejemplo más reciente de comisión de laverdad en la región, es una de las pocas que ha tratado con actores armados en calidad de terceras partes; esdecir, organizaciones paramilitares y diversos grupos guerrilleros, y por lo tanto, posée una semejanza útil alcontexto colombiano. Además, la CVR peruana creó una institución judicial como parte del proceso para hacerrecomendaciones específicas de procesamiento legal; y estableció un órgano coordinador nacional así comomecanismos de financiamiento para implementar el proceso de reparaciones.

En sus conclusiones, el informe de la CVR describe detalladamente el rol y las responsabilidades de todos losactores involucrados en el conflicto, incluidos el Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso, el MovimientoRevolucionario Tupac Amaru, la policía estatal y el ejército, los comités de autodefensa, así como de gobiernosespecíficos— en particular el de Fujimori—, las legislaturas y el poder judicial. Las conclusiones sonabarcadoras y específicas, reconocen tanto las medidas positivas para proteger la democracia como losabusos cometidos, y toman en consideración el impacto de factores que contribuyeron al conflicto tales comola crisis económica, la falta de representatividad a lo largo del espectro político, así como las deficiencias delsistema educativo. El informe también menciona y reconoce los esfuerzos de las organizaciones de derechoshumanos, medios de prensa y periodistas para condenar, prevenir y poner fin a la violencia.

Las Recomendaciones son también abarcadoras y precisas, y comprenden las áreas de:• Afianzamiento de la autoridad democrática y de instituciones democráticas, incluidas la reforma de las

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y los servicios de inteligencia para asegurar un liderazgo civildemocrático de las tareas de defensa nacional y seguridad interna;

• Reforma y fortalecimiento del sistema de administración de justicia;

• Reforma de la educación para fomentar los valores democráticos.

También comprende un amplio plan de reparaciones a efectuarse en diversas formas y por diferentes vías:simbólica, atención médica, educación, compensación pecuniaria, restitución de ciudadanía, individual ycolectiva, de acuerdo con beneficiarios y criterios de eligibilidad claramente definidos. De particularimportancia es el hecho de que establece un órgano coordinador nacional para supervisar e implementar elproceso de reparaciones, y recomienda la creación de un Fondo Nacional para Reparaciones para financiardicho proceso, empleando fondos públicos y recuperados, así como financiamiento complementariointernacional. Además, detalla un minucioso Plan Nacional de Intervención Antropológico-Forense, y unmecanismo de implementación de las recomendaciones de la CVR, que incluye un Grupo de TrabajoInterinstitucional y una ley para la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación.

Claramente, la CVR peruana sienta un precedente impresionante y abarcador de posible aplicación en otroscontextos de la región, aunque aún está por ver en qué medida se implementan sus recomendaciones y el plande reparaciones.

La magnitud de las contribuciones de las comisionesde la verdad al logro de la justicia y la reconciliación hadependido también de la medida en que lascomisiones han estado vinculadas a procesamientoslegales. Este vínculo es importante para obtener fallosjustos, particularmente si la comisión revela laidentidad de perpetradores individuales, lo cualfortalecece los procedimientos reglamentarios, peroesto podría desalentar una participación más amplia.Las comisiones de la verdad de Perú y Argentinaofrecen valiosas lecciones respecto a la vinculación de

las comisiones y los tribunales. En el seno de laComisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, se creóuna oficina para investigar casos específicos con elpropósito de suministrar información a lasautoridades judiciales, que ya habían empezado a darlos primeros pasos para su procesamiento. Asimismo,la comisión de la verdad de Argentina, CONADEP, pusotodos sus archivos a disposición de los tribunales, loscuales fueron utilizados para el encausamiento de losperpetradores más notorios.14

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Fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (http://www.cverdad.org.pe)

Los actores

internacionales

tienen también un

importante papel

que desempeñar

El aumento de la participación internacionalAunque las comisiones de la verdad tienen carácternacional, el apoyo internacional es crítico en términosde fortalecimiento de capacidades para laparticipación, así como de suministro de recursos einformación histórica y documentación donde seanecesaria (por ejemplo, en Colombia, los gruposinternacionales de derechos humanos han mantenidoarchivos que documentan las violaciones). Los actoresinternacionales tienen también un importante papelque desempeñar en el fomento y apoyo de lasreformas y recomendaciones propuestas por lacomisión. Según recomendó la CVR peruana, el apoyofinanciero internacional complementario es un factorque contribuye a la implementación de lasrecomendaciones y reparaciones.

Asimismo, se ha logrado con éxito la vinculacióninternacional a través de la participación de la ONU enEl Salvador y Guatemala. El fortalecimiento de lacapacidad de participación de la sociedad civil en elproceso; financiamiento para facilitar el intercambiode experiencias (por ejemplo, de losprocesos centroamericano y peruano); laintegración de consideraciones de géneroy otras problemáticas comunes a todos losprocesos; el apoyo para el establecimientode condiciones seguras de operación sintemor a represalias (el cual limitóconsiderablemente el proceso de ElSalvador); y la educación del públicoacerca del proceso; todas estas son áreasque se beneficiarían de la colaboracióncanadiense tanto en el ámbito bilateral como a travésde los mecanismos multilaterales existentes. Conrespecto a Colombia, si se consideran los requisitos deseguridad y participación, obstaculizados por ellimitado acceso a algunas regiones, es poco probableque se implemente una comisión de la verdad previa ala firma de un acuerdo de paz viable.

A pesar de la creciente disponibilidad de informaciónsobre la justicia transicional, todavía no se le dedicasuficiente atención y análisis a la cuestión de lasreparaciones, incluidas sus implicaciones y opcionesdisponibles para la comunidad donante. En estecontexto, por reparaciones se entiende medidasabarcadoras de indemnización o compensación enfavor de las víctimas de crímenes perpetrados duranteconflictos armados, incluidos los crímenes de guerra,el genocidio, las flagrantes violaciones de los derechoshumanos, etc. En tal sentido, las reparaciones puedentener carácter material o simbólico y pueden

comprender desde la indemnización pecuniaria, elacceso prioritario a servicios sociales, y tierras, hasta elofrecimiento de disculpas oficiales, instauración demonumentos y días de conmemoración, etc. Estasreparaciones generalmente se establecen pormediación de recomendaciones de comisiones de laverdad y/o como resultado de procesamientos legales.

Numerosos documentos internacionales sobre losderechos humanos, como la Declaración Universal delos Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobreDerechos Civiles y Políticos, reflejan el crecienteconsenso de que las víctimas de abusos de derechoshumanos tienen el derecho a ser indemnizadas. Laespecificación del monto de las reparaciones,especialmente cuando es imposible restablecer elestatus quo, por ejemplo cuando la víctima fallece acausa de la transgresión, ha sido un tema abordado poralgunos de estos organismos internacionales. Según ladefinición de la Corte Interamericana de DerechosHumanos, los "daños y perjuicios materiales ymorales" comprenden el monto total estimado del

sueldo que la víctima habría recibidodurante el período que permaneció siningresos, menos un 25% por concepto degastos en que podría haber incurrido, másun estimado subjetivo de la Corte pordaños y perjuicios "morales" sufridos. Deesta manera, la Corte ha emitido fallos dereparación pecuniaria individual que hanalcanzado cifras entre US$150,000 yUS$200,000. De ahí que la problemáticade la indemnización en el contexto de

reparaciones masivas luego de conflictos armados degran escala represente un reto aún mayor, ya que estetipo de proceso y reparaciones se hace insostenible, ypor lo tanto las reparaciones se realizan de maneraproporcional. [P.de Greiff (2004) señala que, porejemplo, en un país como Perú, cuyo presupuestoanual es de unos $9,000 millones USD, si se fuera apagar tal cifra, costaría unos $6,000 millones USD].

Así pues, las reparaciones colectivas luego deconflictos armados contribuyen al logro de la justicia yla reconciliación a través de tres vías principales:

• el reconocimiento público del daño ocasionado a lasvíctimas;

• el fortalecimiento de la confianza popular en lasinstituciones, y en el seno de la ciudadanía misma; y

• el fomento de un sentimiento de solidaridad y apoyociudadanos.

REPARACIONES

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la ausencia de

resarcimiento

para las víctimas

resta legitimidad

al procesamiento

legal

El Centro Internacional de Investigaciones para elDesarrollo (CIID) y el Centro Internacional para laJusticia Transicional organizaron en marzo de 2004una conferencia que abordó, entre otras,problemáticas concernientes a los programas dereparaciones.

El hecho de que las reparaciones masivas, ya seanmateriales o simbólicas, jamás pueden indemnizartotalmente las pérdidas de las víctimas o borrar lasexperiencias sufridas constituye un obstáculo para ellogro de la reconciliación. Sin embargo, la ausencia deresarcimiento para las víctimas resta legitimidad alprocesamiento legal y a las comisiones de la verdad, yrestringe su capacidad de contribuir a la reconciliación.Por otro lado, el otorgamiento de reparaciones a lasvíctimas sin el reconocimiento público de susufrimiento a través del procesamiento legal de losresponsables o de procesos de búsqueda de la verdad,puede constituir una forma de 'soborno' a cambio desu silencio.

Algunas de las lecciones generalesextraídas de la experiencia acumuladahasta la fecha respecto a los programasde reparaciones incluyen:

• La creación e implementación exitosade programas de reparaciones requierede un consenso que asegure unavoluntad política y apoyo sostenido. Talconsenso en torno a las reparaciones, ya la comisión o juicios legales que lasgeneran, se obtiene mediante ampliasconsultas con todos los sectores sociales afectadospor el conflicto armado. Existen mayoresprobabilidades de alcanzar un consenso cuando sellevan a cabo extensas consultas, y se daparticipación a las víctimas en todos los aspectos delproceso.

• Al igual que en otros aspectos de la administraciónde justicia y la reconciliación, debe existirconcordancia entre las reparaciones y otros procesosde justicia, y las reparaciones deben abordarse contransparencia y equidad, particularmente encontextos de grandes contrastes políticos ysocioeconómicos;

• Para poder contribuir a un sentimiento de justicia yreconciliación, las reparaciones deben serexplícitamente descritas como tales, o sea, comoreparaciones, independientes de otros objetivos yactividades de desarrollo más amplias. También seacometerse de manera oportuna principalmente

por las tensiones que se pueden generar a partir de lareintegración social de los perpetradores sin previaatención a las necesidades de las víctimas.

Una de las dificultades más persistentes de laimplementación de programas de reparaciones es elaseguramiento y sostenimiento de financiamientoadecuado. En opinión de muchos de los investigadorespresentes en la conferencia sobre reparacionesorganizada por el CIID y el ICTJ en marzo de 2004, urgeprofundizar en el análisis del aspecto económico y definanciamiento de los programas de reparaciones.Generalmente, las reparaciones se financianmediante la creación de un fondo especial, o delpresupuesto público estatal.

A partir de sus experiencias internacionales, A. Segoviadurante su presentación en la conferencia del CIID y elICTJ, sugirió que la segunda opción de financiamientomencionada muestra hasta la fecha un mayor éxito ycita varias razones: por un lado, la relativa renuencia

internacional a proporcionar fondos paralos programas de reparaciones y por elotro, quizás más significativo, elfinanciamiento de dichos programasmediante el presupuesto público solo esposible donde existe un consenso políticosobre la necesidad de 'reparar.' Paraexplicar la ausencia de financiamientointernacional para reparaciones sesugirió la perspectiva de que su propiarazón de ser, o sea el resarcimiento dedaños ocasionados en el pasado, las hace

responsabilidad del estado y se apuntó, además, a suprofundo carácter político y a preocupaciones por lapolémica o conflicto que potencialmente puedangenerar. Asimismo, se considera que el apoyo estatal aprocedimientos legales es más viable desde un puntode vista administrativo y financiero. Generalmente,los donantes internacionales han preferido financiariniciativas de desarrollo (de menor carácter político),algunas de las cuales se vinculan a medidas deresarcimiento. Los donantes internacionales y lospropios estados comparten además una preocupaciónjustificada acerca de la necesidad de lograr unequilibrio entre sus contribuciones con fines dereparación y prioridades de desarrollo más amplias. Noobstante, la conferencia consideró problemática laescasa delimitación entre programas de 'desarrollo'general y los de reparaciones. Para que estascontribuyan a la justicia, la cicatrización y lareconciliación han de ser explícitamente identificadascomo reparaciones, o sea como reconocimientopúblico del sufrimiento de las víctimas.

Financiamiento y Distribución

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En lo que respecta a los instrumentos internacionales,en el marco de la ONU el establecimiento de principiosde reparación aún se encuentra en fase de proyecto. ElEstatuto de Roma también estipula el establecimientode un fondo fiduciario para apoyar la implementaciónde reparaciones ordenadas por la Corte PenalInternacional, lo cual podrá ser una opción futura perotodavía requiere de ajustes conceptuales que incluyana las reparaciones masivas o colectivas.

Parte del éxito del financiamiento público se debetambién al hecho de que presupone un consensopolítico, necesario para la obtención de fondosadecuados y la implementación de programas dereparaciones en general. En los casos en que ha habidoescaso consenso, los programas de reparaciones hanfracasado o respondido parcialmente a lasnecesidades de aquellos sectores específicos capacesde ejercer presión política. El ejemplo de Chile, encontraste con El Salvador y Guatemala, se empleó parafundamentar este punto de vista. En Chile, el apoyopolítico general a las reparaciones fue un factordeterminante para su amplia implementación (véaseel cuadro correspondiente), mientras que en ElSalvador y Guatemala, donde las alianzas políticaseran frágiles, fueron los grupos de presión mejororganizados— los veteranos de la guerrilla en elprimero y los del ejército y grupos paramilitares en elsegundo— quienes recibieron las reparaciones. Estasdesigualdades en la asignación de reparaciones soloconsiguen socavar el proceso de administración de lajusticia y la durabilidad de la reconciliación.

La escasa atención prestada por las recomendacionesde tribunales o de las comisiones de la verdad a losmecanismos de financiamiento de reparacionespresenta dificultades adicionales para el abordaje deesta problemática. En tal sentido, el reciente InformeFinal de la Comisión Peruana para la Verdad y laReconciliación pudiera constituir un novedoso modeloya que establece un "Programa Integral deReparaciones" para las víctimas de la violencia,incluidas recomendaciones para la creación de unFondo Nacional de Reparaciones destinado a financiarsu implementación, coordinado por una agencianacional cuya creación también fue recomendada.Aunque son solo recomendaciones y queda pordemostrarse la existencia de una voluntad y capacidadpolíticas para su implementación, sientan unprecedente potencialmente útil para la consideraciónexplícita de diferentes opciones de mecanismos definanciamiento por parte de otros procesos similares.

El caso de Chile está considerado una experienciaimportante en la implementación en gran escalade reparaciones para víctimas de abusos y susfamilias. Según recomendaciones de la Comisiónchilena, la legislatura nacional promulgó una leyque establecía una "Corporación Nacional deReparación y Reconciliación" bajo la jurisdiccióndel Ministerio del Interior, con un mandato de dosaños para indemnizar a las familias de víctimas ydesarrollar programas para consolidar una"cultura de respeto de los derechos humanos" en elpaís. Las demandas de reparaciones estánvinculadas a la labor de la comisión de la verdad demanera que la inclusión del nombre de unavíctima en el informe de la comisión garantiza laobtención de beneficios.Las reparaciones pueden otorgarse en forma dep e n s i o n e s m e n s u a l e s , b o n i f i c a c i o n e scompensatorias de monto único, así comobeneficios médicos y educativos. La pensiónreparatoria otorga 40% al cónyuge sobreviviente,30% a la madre del causante de la demanda (o alpadre, cuando aquella faltare), 15% a la madre opadre de los hijos naturales de la víctima, y 15% acada uno de los hijos de la víctima menores de 25años o discapacitados de cualquier edad. Cadabeneficiario tiene asimismo derecho a recibir unabonificación compensatoria de monto único,equivalente a doce meses de pensión, la que no seconsiderará renta para ningún efecto legal.Las reparaciones también otorgan el derecho aservicios médicos gratuitos en el Sistema Nacionalde Servicios de Salud para los beneficiarios coningresos por debajo del límite de pobreza. Además,se estableció un programa de "Reparación yServicios Médicos Integrales" para víctimas yfamiliares que sufren de repercusiones físicas ymentales producto de violaciones de los derechoshumanos.Los hijos de las víctimas, si así lo solicitaran,quedan exceptuados -- "disponibles" -- del serviciomilitar obligatorio y tienen derecho a recibirbeneficios educacionales que incluyen becasestudiantiles para cubrir los costos de matrícula yresidencia.Aunque la ley ha sido objeto de críticas por noproporcionar compensación adecuada, y porexcluir a las víctimas de torturas, el caso chilenoestá a menudo considerado como pauta que sentóprecedentes legales.

Fuente:

Reparaciones Amplias en Chile

J. Edelstein, Centre for the Study of ViolentConflict and Reparation - Seminario No. 6, Rights,Reparations and Reconciliation: Some comparativenotes, 1994

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Restitución de patrimonio tras el retorno de refugiadosy personas desplazadas.

Consideraciones para la participación canadiense enprocesos futuros de reparación, como en Colombia

Uno de los grandes desafíos para la planificación eimplementación de reparaciones en el contextocolombiano sería la restitución de viviendas ypropiedades a los millones de personas y comunidadesdesplazados por el conflicto armado. El InformePreliminar sobre Restitución de Viviendas y dePatrimonio con Motivo del Regreso de los Refugiados yDesplazados Internos, presentado por el RelatorEspecial Paulo Sergio Pinheiro al 55 Período deSesiones de la Comisión de Derechos Humanos de laONU (Subcomisión de Promoción y Protección de losDerechos Humanos) establece precedentes ydirectrices de posible utilidad. A partir de lasexperiencias de Croacia, Ruanda, Georgia, Guatemalay otros casos, los principales obstáculos para esteproceso son:

• la ocupación secundaria de comunidades,propiedades y viviendas, lo cual genera problemasde propiedad legal y de desalojo de ocupantes;

• la destrucción de los bienes inmuebles;

• la pérdida o destrucción de los registrosy documentos de propiedad devivienda y bienes inmuebles, y laverificación de la propiedad legal;

• la ineficacia institucional, en particular,de los mecanismos judiciales para lasupervisión de los procesos;

• la existencia de programas de restitucióndiscriminatorios que favorecen a gruposespecíficos.

Los roles que la comunidad internacional puededesempeñar en los procesos de restitución depatrimonio comprenden el mantenimiento de la paz yla resolución de conflictos, el apoyo y desarrollo dep r o g r a m a s d e r e s t i t u c i ó n , a s í c o m o s uimplementación y seguimiento. El informerecomienda el diseño de normas internacionales y deun modelo de política de restitución de vivienda ypatrimonio (que se sumen a la legislación existentesobre derechos de vivienda), basadas en la legislacióninternacional de derechos humanos, y que abordentemáticas tales como los derechos a la restitución, laparticipación de las personas desplazadas en laadopción de decisiones de restitución, el derecho delos ocupantes secundarios a vivienda adecuada yreubicación en condiciones razonables, y el derecho aindemnización adecuada en caso de destrucción devivienda y patrimonio.

E x i s t e n m e c a n i s m o s y r e c o m e n d a c i o n e sinternacionales útiles que pueden ayudar a definir lasposiciones de Canadá con respecto a la problemáticade las reparaciones, incluido el Estudio relativo alderecho de restitución, indemnización y rehabilitaciónde víctimas de violaciones flagrantes de los derechoshumanos y las libertades fundamentales (1993),llevado a cabo por T. van Boven para la Subcomisión dePrevención de Discriminaciones y Protección deMinorías (actualmente, Subcomisión para laPromoción y Protección de los Derechos Humanos) dela Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entérminos de disponibilidad de recursos y experiencia,Canadá está en condiciones de apoyar procesos dereparación (como parte de esfuerzos más amplios parael logro de la justicia y la reconciliación) mediante:

• El apoyo a un enfoque integral que aborde lasreparaciones como parte de procesos deconsolidación de la paz más amplios.

• Una contribución de recursos a largoplazo flexible y bien planificada.

• El desarrollo de capacidades deimplementación, seguimiento yevaluación.

• El fomento, tanto por vía bilateralc o m o m u l t i l a t e r a l , d e l aimplementación de recomendaciones.

• Asesoría sobre la integración de género.

• E l r e s p a l d o d e n u e v o s e s t u d i o s s o b r efinanciamiento e implementación.

• El apoyo a un proceso de consultas inclusivo a travésdel fortalecimiento de la capacidad de participaciónde las víctimas y otros sectores afectados en estosprocesos. Esto es de particular importancia en elcontexto colombiano. En estas sociedades, son losmarginados social, política y económicamente(incluidas las poblaciones indígena y afro-colombiana) los que han sufrido de maneradesproporcionada los efectos de los conflictosarmados y necesitan asegurar mediante suparticipación que los procesos de justicia yreconciliación sean eficaces.

Canadá está en

condiciones de

apoyar procesos

de reparación

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LA SEGURIDAD COMO CONDICIÓN PARA EL LOGRO DELA JUSTICIA: LECCIONES PARA LOS PROCESOS DEDESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINTEGRACIÓN

El restablecimiento de la seguridad es uno de losprerrequisitos más apremiantes para el alcance de lareconciliación luego de conflictos armados y elestablecimiento de una paz duradera. En tal sentido, laseguridad es un concepto amplio, que comprendetanto a los ciudadanos en general como a la reformade las instituciones judiciales y de seguridad. Estasección se ocupa específicamente de los procesos dedesmovilización, desarme y reintegración (DDR),indispensables para el restablecimiento de laseguridad y la posterior aplicación de la justicia.

Según un reciente informe de la AcademiaInternacional para la Paz [IPA, por sus siglas en inglés(2002)], para el logro de la justicia y de una pazduradera es imprescindible la desmovilización, eldesarme y la reintegración de los actores armadoscomo miembros productivos de la sociedad. Ladesmovilización, o la separación de loscombatientes de los grupos armados, nosolo implica el desarme, o sea el procesode eliminación de la capacidad militar delos actores armados y decomiso dearmamento y municiones, sino quer e q u i e r e a d e m á s q u e l o s e x -combatientes abandonen cualquierpropósito militar futuro. La reintegraciónes el proceso a través del cual loscombatientes desmovil izados seincorporan a la sociedad mediante programas decapacitación y de asistencia, y que implique "lainclusión social y económica inmediata y a medianoplazo de los ex-combatientes ya sea en suscomunidades de origen u otra (…)" [IPA, 2002]. Aunquelos dos primeros procesos han sido ampliamenteestudiados y, en algunos casos, implementados conéxito, el proceso de la reintegración de los ex-combatientes es más largo y complejo y ha recibidom e n o r a t e n c i ó n t a n t o n a c i o n a l c o m ointernacionalmente, y permanece insatisfecho en lamayoría de los casos.

En años recientes estos procesos han recibido mayoratención así como una creciente contribución porparte de entidades internacionales como el BancoMundial, la Dirección de Prevención de Crisis y deRecuperación del Programa de las Naciones Unidasp a r a e l D e s a r r o l l o , e i n s t i t u c i o n e s n ogubernamentales como el Centro Internacional deInvestigaciones para el Desarrollo y la Academia

Internacional para la Paz. Es importante que Canadáaproveche estas experiencias en el marco de suvinculación futura en el contexto colombiano.

Como ocurre con los demás aspectos de la transiciónposterior al conflicto armado, no existe un modeloúnico de implementación de los procesos de DDR ytanto el momento oportuno para su aplicación, comolo que implican y sus posibilidades de éxito dependende las particularidades específicas de cada contexto. LaDDR afecta y es afectada por procesos más amplios dedesarrollo socio-económico, justicia, reconciliación, yreasentamiento, así como reformas institucionalesque incluyen cuestiones de seguridad.

Hasta la fecha la experiencia ha demostrado ademásque la desmovilización y la reintegración dependentanto de un consenso nacional o participaciónconcertada del gobierno, las comunidades, lasvíctimas, y los actores armados y sus familias, como dela capacidad real existente para su implementación, yque todos los aspectos que abarquen han de ser

planificados previamente a los acuerdosde paz e integrados a estos. Por ejemplo,en el caso de Mozambique, se consideróque el financiamiento por parte de Suizadel desarrollo de una unidad deplanificación de desmovilización con dosaños de antelación a la firma del acuerdode paz contribuyó al éxito del plan. Laslecciones extraídas de este proceso deplanificación incluyen la importancia deestablecer previamente:

• Una comisión de membresía amplia a cargo de laimplementación y supervisión de los procesos deDDR;

• Un análisis detallado de los costos, la creación demecanismos de financiamiento, y la delimitaciónclara de responsabilidades (tanto en el planonacional como internacional);

• Decisiones y consenso acerca de quiénes sonconsiderados combatientes y quiénes seránelegibles para programas de reintegración— todoslos grupos armados han de recibir trato similar, sinimportar su afiliación, y deberán de existirestrategias que aborden las problemáticas deaquellos indirectamente vinculados a gruposarmados, como en el caso de familiaresdependientes;

• Cómo se efectuará el seguimiento y sostenimientodel proceso a mediano y largo plazo;

Lecciones generales sobre DDR

no existe un

modelo único de

implementación

de los procesos de

DDR

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• Un estimado del número de combatientes yarmamento— difícil de obtener dados los pocosincentivos para la revelación de tal información porparte de los grupos armados;

• Una evaluación de las necesidades, capacidad ycalificación laborales de los ex-combatientes, paradesarrollar adecuadas estrategias de ubicaciónlaboral en su reintegración social;

• Otras consideraciones, como la manera deincorporar la problemática de las diferencias de edady género en todos los aspectos de la planificación delos procesos de DDR; las implicaciones regionales delos mismos (particularmente en casos comoColombia, donde las ramificaciones extrafronterizas tienen enormes repercusiones); así comoprogramas de sensibilización del público parapromover un amplio apoyo popular y minimizar elresentimiento y la posibilidad de conflictos causadospor los procesos de DDR.

R e s p e c t o a c u á n d o s e h a n d eimplementar los procesos de DDR, lamayoría de los analistas estiman comor e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e lestablecimiento previo de la paz, aunqueexisten algunos ejemplos positivos deprogramas de DDR que fueron iniciadosantes previamente al fin del conflictoarmado y que se consideran haber sidoútiles en el establecimiento de lascondiciones necesarias para la paz. A pesar de que losprocesos de DDR tienen carácter nacional, el apoyo dela comunidad internacional es esencial para sufacilitación. Algunos de los obstáculos principales quehan inhibido el aporte de donaciones internacionalesincluyen la falta de coordinación con otros actoresnacionales e internacionales y una renuencia general ainvertir recursos en un proceso que depende delestablecimiento de una paz sostenible. A pesar detales obstáculos, los programas de DDR requieren encierta medida de respaldo internacional. Entre los rolesy contribuciones que pueden asumir los países einstituciones donantes se encuentran:

• Alentar a que los procesos de DDR sean desarrolladoscomo parte de las negociaciones y los acuerdos de paz;

• Brindar financiamiento estable y flexible, y respaldoa largo plazo que comprenda, por ejemplo,'Mecanismos de Respuesta Rápida' tales como elestablecimiento de pequeños fondos de inmediatoacceso para responder a necesidades cambiantes o

imprevistas, así como financiamiento paracampañas de concientización nacional ysensibilización del público;

• Coordinar con otros donantes, institucionesmultilaterales y nacionales, así como organizacioneslocales es un prerrequisito importante. (Lacoordinación y delimitación de responsabilidades sehace a menudo más difícil para los procesos dereintegración. Si bien con frecuencia las tareas dedesarme y desmovilización son desempeñadas porfuerzas de mantenimiento de la paz de las NacionesUnidas o, si estas no han sido desplegadas, porinstituciones militares nacionales, el proceso dereintegración requiere de la participación de unagama más amplia de actores e instituciones);

• Efectuar el seguimiento de los procesos de DDR parafortalecer su legitimidad y mantener su ritmo deimplementación.

Desmovilización y Desarme en Centroamérica: A pesarde los resultados desiguales de estosprocesos en El Salvador y Nicaragua, seconsidera que muchos de los elementosdel proceso salvadoreño funcionaronbastante bien. Según un estudio llevadoa cabo por D. Spencer (1997), en amboscasos la carencia de financiamientonacional e internacional, y el fracaso deldesarme total tras el fin del conflictodieron lugar a problemas de seguridadq u e p u s i e r o n e n r i e s g o l a

implementación de los procesos de desmovilización.En Nicaragua las demoras en satisfacer lasn e c e s i d a d e s d e l o s e x - c o m b a t i e n t e s , e lincumplimiento gubernamental de las promesas deasignación de tierras, y las altas tasas de desempleo ysubempleo dieron lugar en muchos casos apersistentes amenazas a la seguridad y a nuevasexplosiones de violencia. En El Salvador, laimplementación de un marco de trabajo yplanificación elaborado minuciosamente para ladesmovilización y reintegración trajo como resultadoun proceso relativamente más eficaz y proporcionóoportunidades de recalificación y reintegración a lavida civil para los ex-combatientes (a pesar deirregularidades en la entrega de armamento y elincumplimiento de otros compromisos).

El fracaso de las iniciativas oficiales de compra delarmamento en manos de los grupos armados de ElSalvador dio lugar a la formación de una coalición deo r g a n i z a c i o n e s d e l a s o c i e d a d c i v i l q u e

Fuente: International Peace Academy, 2002Experiencias por países

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22

los programas de

DDR requieren en

cierta medida de

respaldo

internacional

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implementaron su propio "Programa Bienes deConsumo por Armas de Fuego" en 1996. Los que seacogieron al mismo, recibieron bonos para laadquisición de productos de consumo a cambio de laentrega de armas, las que fueron recaudadas durante23 fines de semana, cuyas fechas fueron previamenteespecificadas y ampliamente divulgadas en losmedios. El programa fue coordinado con el gobierno,las fuerzas armadas y la policía, quienes cooperaron enla recolección, almacenamiento y destrucción delarmamento. Se lograron recaudar aproximadamente10,000 armas de fuego y 150,000 municiones. Elprograma fue considerado un éxito no solo entérminos de la reducción de armamento sino ademáspor el nivel de concientización popular alcanzadoacerca de este problema. Asimismo, el programa hamerecido reconocimiento tanto regional comointernacional y se le considera un modelo a imitar porprogramas multisectoriales en otros países.

Además de las armas de fuego portátiles de loscombatientes, se hace necesaria la destrucción deotros tipos de armamento de guerra, en especial lasminas terrestres antipersonales. Colombia es el únicopaís del mundo donde aún se emplean con regularidadeste tipo de artefactos de guerra y, de acuerdo conestadísticas de la Campaña Internacional para laProhibición de las Minas Terrestres (ICBL, según sussiglas en inglés) y del gobierno colombiano, de las1,097 municipalidades de 30 de los 32 departamentosdel país, al menos 422 están afectadas por minasantipersonales, el 38% de cuyas víctimas de 1990 a2003 han sido niños. Aunque Colombia es signatariade la Convención sobre la Prohibición del Empleo,Almacenamiento, Producción y Transferencia deMinas Antipersonal y Sobre su Destrucción, no fuehasta 1999 que ese país puso fin oficialmente al uso deesta modalidad de armamento e inició la destrucciónde su reserva de más de 23,000 minas antipersonales.No obstante, en 2003 la ONU informó sobre lapersistencia de su empleo por parte del ejércitocolombiano. A pesar de la ausencia de un procesosistemático de desminado, en febrero de 2003 elgobierno aprobó, con el respaldo de la Organización deEstados Americanos (OEA), el Plan Nacional de AcciónIntegral contra las Minas Antipersonal en Colombia.Oficialmente, el proceso de destrucción de la reservaestatal de minas antipersonales se ha de completarpara 2005. Sin embargo, su empleo por parte de lasguerrillas y fuerzas paramilitares continúa enaumento. Al igual que en otros países afectados poresta problemática, Canadá ha desempeñado un rolimportante en la implementación del Tratado de

Ottawa en Colombia mediante la ayuda en recursospara servicios a las víctimas y el respaldo a ladestrucción de las reservas de minas existentes(recientemente, en marzo de 2004, se destruyeron5000), y tales labores podrían continuarse. Laslecciones extraídas de otros casos sugieren que lasestipulaciones para el desminado posterior al conflictoarmado son más eficaces si son incorporadas en elacuerdo de paz.

Tanto bilateral como multilateralmente, se handedicado significativos recursos y experiencia aesfuerzos vinculados a la problemática de las minasantipersonales, tales como el desminado, lasensibilización del público, la rehabilitación desobrevivientes, etc. Para ayudar a Colombia a cumplirlos compromisos adquiridos en tal sentido de acuerdocon el Tratado de Ottawa y la Declaración de Managua,y dado su esencial rol en la ayuda y la creación denuevos mecanismos para efectuar el desminado,Canadá debería de continuar su apoyo bilateral ymultilateral a través del Programa de Acción Integralcontra las Minas Antipersonal (AICMA) de la Unidadpara la Promoción de la Democracia de la OEA, cuyasactividades en Colombia se ampliaron en 2003 (enparte, por mediación del Acuerdo de Cooperación yAsistencia Técnica con Colombia). Otras vías incluyeniniciativas como el programa de sensibilización enmateria de minas terrestres de la UNICEF en Colombia,y el Fondo Canadiense para la Acción contra las MinasTerrestres. Canadá debería también promover laevaluación y aplicación de las lecciones extraídas de suexperiencia y otros esfuerzos internacionales en laimplementación de este proceso, incluidas las delPrograma de Asistencia para el Desminado enCentroamérica, de la Unidad para la Promoción de laDemocracia de la OEA.

Algunas de las lecciones generales extraídas de lasexperiencias de desminado en Centroaméricaincluyen:

• La importancia de priorizar en primer lugar laimplementación de amplias campañas desensibilización pública, bien planificadas yfinanciadas.

• La importancia de establecer garantías, como segurode vida y cobertura médica, para los zapadores (porejemplo, a mediados de 1994 la carencia de seguromédico y de vida, así como problemas definanciamiento, pusieron fin a las operaciones dedesminado en Nicaragua).

• La necesidad de implementar operaciones de

Lecciones sobre desminado para Colombia

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desminado basadas en un programa nacional deremoción de minas que refleje prioridadesnacionales y que cuente con el respaldo de todos losniveles del gobierno y de diversos sectores sociales,incluidas las comunidades y zonas más afectadas.

• La necesidad de integrar y coordinar la participacióncivil y militar tanto de gobiernos nacionales como deactores internacionales, organizaciones de lasociedad civil, y comunidades específicas en todoslos procesos de desminado. Se necesita estableceruna clara delimitación de responsabilidades,coordinadas a través de la creación de una comisiónde acción contra las minas. Aunque la participacióninternacional es esencial en términos delfortalecimiento de capacidades y del suministro derecursos, y puede contribuir a garantizar elcumplimiento de las normas internacionales, elcarácter nacional del órgano coordinador tiene unimpacto positivo pues afecta y refleja el nivel deconsenso político nacional necesario paraimplementar y sostener programas dedesminado.

De los factores determinantes para elestablecimiento de la seguridad y el logrode la paz, la reintegración es quizás unode los más cruciales y el que presentamayores dificultades de aplicaación. Afalta de nuevas y adecuadas opcionespara ganarse la vida, los ex-combatientestienden a extrañar su modo de vidaanterior debido a la noción depertenencia social y poder que inspiraba.Como indica Sánchez (2001), "(…) muchos de los ex-combatientes (…) perciben su reinserción en la vidacivil como una pérdida de su identidad, fuente deingresos y prestigio ya que a menudo existe rechazosocial a la plena reincorporación de ex-guerrilleros a lavida profesional, económica y social (…) Lo peor que lepuede suceder a un proceso de paz es que aquellos quese acojan al él lo perciban como una simpleconfiscación de armamento, una manifestación derepudio a sus ideales, o como una opción de másdesventajas que ventajas."

Según se destaca en una síntesis elaborada por elPNUD sobre las lecciones extraídas de la experienciaglobal en esta materia (2002), es menester que losprogramas de reintegración incluyan: la clasificaciónde los ex-combatientes de acuerdo a necesidades,calificación laboral, e intereses individuales; elestablecimiento de servicios básicos de transición; lasensibilización comunitaria mediante el suministro de

información y la participación pública; la coordinacióncentralizada de los procesos y la descentralización dela autoridad para implementarlos, delegada a losniveles regionales o de distrito; la vinculación de losprocesos de reintegración a otras actividades dedesarrollo y fortalecimiento de la paz.

En Uganda, el proceso de reintegración efectuado en1991 reflejó algunas de estas recomendaciones y susresultados se consideran relativamente exitosos. Eneste caso, tal éxito fue atribuido a la implementaciónde un mecanismo de identificación seguro que facilitóla labor administrativa y las tareas logísticas de lareintegración; la liberación y traslado expedito de losex-combatientes, una vez desmovilizados, a las áreasde reintegración, lo que evitó internamientosprolongados; la preservación de la unidad de parejas yfamilias a la hora de liberarlos y ubicarlos en sus áreasde reintegración; la disponibilidad amplia dee n c u e n t r o s d e a p o y o y o r i e n t a c i ó n ; l adescentralización de la supervisión del proceso de

reintegración, y la vinculación directa delas comunidades locales en dichas tareas;la eficaz administración de los sistemasde financiamiento del proceso, lo cualsirvió de incentivo a un cooperación másduradera por parte de los donantesinternacionales.

Entre las numerosas cuestiones comunesa todos los procesos de DDR, incluida lasproblemáticas de género y etnias, la

prevalencia de combatientes menores de edad enColombia constituye una dificultad particular. Un niñosoldado es toda aquella persona menor de 18 años queforme parte de una fuerza o grupo armado regular oirregular. De acuerdo con un informe de laorganización Human Rights Watch (2003), la tasa deniños combatientes en Colombia es una de las másaltas en el mundo y se calcula en más de 11.000 elnúmero de menores de edad reclutados por lasguerrillas y los grupos paramilitares, de los cuales unabuena parte son niñas.

Existe información cada vez más amplia y variadasobre las prácticas y lecciones más eficaces derivadasde experiencias nacionales con respecto a ladesmovi l ización y reintegración de niñoscombatientes. Desde el inicio, se debe considerar laplanificación y ajuste del proceso de acuerdo a lasnecesidades específicas de los niños. Los beneficios yservicios de amparo puestos a su disposición han de

La Reintegración en Uganda

Consideraciones colaterales: los niñossoldados

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la prevalencia de

combatientes

menores de edad

en Colombia

constituye una

dificultad

particular

ser equivalentes a los de los adultos, aunque ajustadosa las necesidades de los menores. La localización de lasfamilias y actualización de la educación general de losniños y adolescentes combatientes pueden constituirdificultades clave, pues el aprendizaje escolar demuchos se atrasa debido a las condiciones de guerra.La reinserción de estos menores en escuelas normalesda lugar a otro tipo de problemas que incluyen

situaciones molestas provocadas por las diferencias deedad y presiones para abandonar la escuela y buscarempleo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha tenidoéxito en la implementación de las opciones deenseñanza especial o capacitación vocacional. Lareunificación de los niños con sus familias, en los casosque sea posible, se considera clave para su exitosareintegración. (Según indica una encuesta de ex-

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Listado de consideraciones para la planificación nacional e internacional de DDR• Los programas de desmovilización deben contener elementos clave como el suministro de un paquete de

ayuda acompañado de un sistema de distribución sencillo, un programa de implementacióndescentralizado, y el aprovechamiento del capital social existente.

• Es importante llevar a cabo encuestas socio-económicas para identificar las necesidades, aspiraciones ycapacidades de los ex-combatientes.

• Algunos de los posibles componentes de un programa de apoyo para la reintegración incluyen: pagos enefectivo; transporte al área de reasentamiento y servicios de orientación una vez en el lugar; alimentos(durante un período limitado); acceso a servicios de consulta y atención médica; asesoría de planificaciónfamiliar; ayuda para cubrir gastos de la enseñanza de menores; vestimenta civil; utensilios elementalespara el hogar; materiales de construcción, herramientas, semillas e implementos agrícolas; asesoramientoy cursos sobre cómo resolver tensiones y conflictos; carpetas de información; asesoría jurídica, bancaria, denegocios y de búsqueda de empleo; facilidades de crédito; ayuda para la búsqueda de vivienda yhospedaje; subsidios de salarios; capacitación laboral; apoyo educacional.

• Los esfuerzos de reintegración han de prestar atención especial a la problemática del SIDA/HIV, y lascampañas de sensibilización deben incluir específicamente a los ex-combatientes y sus familias.

• Prestar especial consideración a las secuelas sico-sociales de los ex-combatientes.• En algunos casos ha sido de utilidad la implementación de programas de educación cívica diseñados para

facilitar la adaptación de los ex-combatientes a la vida civil.• Sería productivo implementar un programa de información y sensibilización tanto para los ex-

combatientes como para sus comunidades de reasentamiento.• Se debe proveer una serie de servicios básicos de transición que garantice la continuidad entre los procesos

de desmovilización y reintegración.• Las comunidades desempeñan un importante rol en la resolución de problemas por lo que se han de llevar

a cabo esfuerzos para maximizar el respaldo comunitario.• La experiencia indica que la reintegración urbana resulta ser más difícil y requiere de un enfoque más

diversificado, acompañado de una planificación detallada. Los servicios de orientación, la ubicación laboraly las recomendaciones para empleo, la capacitación vocacional y en calidad de aprendiz, así como losprogramas de subsidios para empleos son elementos clave para el éxito del proceso.

• El suministro frecuente de información a los ex-combatientes sobre oportunidades de superación laboral,educación y empleo puede afianzar el proceso de reintegración económica significativamente.

• Las potenciales repercusiones comunitarias del reasentamiento de los ex-combatientes han de serevaluadas minuciosamente con vistas a tomar medidas correctivas si fuera necesario.

• Es importante una coordinación minuciosa a instancias del gobierno, y entre este y otros actorespertinentes (las ONGs), para fomentar la eficacia de los programas de reintegración. La experiencia pareceapuntar a la coordinación central, acompañada de una implementación descentralizada, como el modeloadministrativo más eficaz. Asimismo, se han de reducir los costos de las transacciones para incrementar almáximo los beneficios para el personal desmovilizado.

• Se ha de implementar el seguimiento del programa de desmovilización y reintegración con vistas arediseñar o reorientar intervenciones, si fueran necesarias, y para asegurar la transparencia, la confianzapopular y la rendición de cuentas a lo largo del proceso.

• Para el éxito de todo programa de desmovilización y reintegración es esencial contar desde el inicio consuficiente apoyo y compromiso políticos, así como asegurar el suministro de los recursos prometidos.

Fuente: Desmobilización en los Países en Desarrollo; Monografía #59, 2001, Instituto de Investigaciones sobre Temas de Seguridad (ISS, por sus siglas en inglés)

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combatientes menores de edad realizada en ElSalvador, el 84% opinaron que el papel másimportante en su reintegración a la vida civil habíasido desempeñado por sus familias.) [Paraprofundizar en este tema, véase el documento ChildSoldiers: Preventing, Demobilizing and Reintegrating(2001) de B. Verhey, el cual, a partir de leccionesextraídas de las experiencias de Angola y El Salvador,proporciona un útil listado de consideraciones paraimplementar la desmovilización y reintegración de losniños combatientes.]

Los procesos de paz, justicia y reconciliación sondefinidos en última instancia por los contextossociales, políticos, históricos, culturales y económicosen que se desenvuelven. Dado el tema general de estetrabajo, esta última sección se ocupará brevemente dealgunos de los elementos que ejercerán decisivainfluencia sobre el proceso de transición una vezculminado el conflicto armado en Colombia, incluidoel carácter del conflicto, precedentes parala paz, las capacidades del estado y lasociedad civil, así como el proceso denegociaciones actualmente en curso.

La duración del conflicto armado enColombia (más de cuarenta años), sucosto en vidas humanas, el número degrupos armados implicados, sus lazosc o n e l c r i m e n o r g a n i z a d o y e lcontrabando de drogas, así como elenorme daño infligido a las normas de confianza yreciprocidad ciudadanas, determinarán qué tipo dejusticia se aplicará y obtendrá. A menudo se habla de laalta complejidad del conflicto colombiano, que loconvierte en un caso especial. Esto hace difícil laaplicación de lecciones básicas extraídas de otrasexperiencias, incluida la recomendación de un cesetotal de las hostilidades como condición para el iniciode negociaciones o de los procesos de desmovilización,reintegración, justicia y reconciliación. El número deactores armados implicados y la fragmentacióninterna de estos grupos, unido al financiamientoobtenido del contrabando de drogas ilegales, indicanque el acuerdo de paz y la transición probablementetendrán lugar por fases— como muestran lasnegociaciones actuales con los grupos paramilitares.

Sin dudas, la experiencia anterior colombiana enmateria de negociaciones y desmovilización afectarálas condiciones y concesiones de los procesos de

transición venideros. En las últimas dos décadas se hanfirmado acuerdos de paz con la Alianza DemocráticaM-19 (1990), el Ejército Popular de Liberación (EPL)(1991), el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT)(1991), el movimiento guerrillero Quintin Lame (1991), yla Corriente de Renovación Socialista (CRS) (1994).En cada uno de estos casos, los esfuerzos seconcentraron exclusivamente en la incorporaciónpolítica de los grupos, con escasa consideración a lanecesidad de su integración social, lo que condujo a sufracaso. Al firmar pactos y deponer las armas, muchosex-combatientes se convirtieron en blanco de ataquesde los grupos guerrilleros que permanecían activos(por ejemplo, durante los primeros tres años luego desu reintegración, cerca de 300 ex-miembros del EPLfueron asesinados, mayormente por guerrillasactivas). En lugar de contribuir a la resolución delconflicto armado, el resultado neto de estasnegociaciones fue la división y reposicionamiento delos actores armados restantes.

Más recientemente, las negociaciones del PresidentePastrana con las guerrillas, y ladesmovilización y reintegración degrupos paramilitares que actualmentet i e n e l u g a r t a m b i é n s e n t a r á nprecedentes para futuras negociacionesy procesos de justicia y reconciliación. Enel segundo caso, la firma del Acuerdo deSanta Fe de Ralito en julio de 2003 marcóe l i n i c i o d e n e g o c i a c i o n e s s i nprecedentes para la desmovilización yr e i n t e g r a c i ó n d e t r e s f u e r z a s

paramilitares. El Acuerdo comprende condiciones parael cese al fuego, la desmovilización de unos 13.000miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia(AUC) para fines de diciembre de 2005, la designaciónde una zona del país donde se congregarán losparamilitares signatarios, programas para sureintegración y, a discreción del Presidente Uribe ymotivo de gran polémica, amnistía para losparamilitares desmovilizados. El 25 de noviembre de2003 depusieron sus armas 850 miembros de launidad paramilitar Bloque Cacique de Nutibara(aunque el armamento entregado incluyó solamenteunas 200 armas de fuego, principalmente pistolas).También se sometió a votación del Congreso unproyecto de ley que definía las condiciones queregularían este proceso— que incluían la suspensiónde sentencias y/o la administración de sentenciasalternativas, la prohibición de postulación para cargospúblicos y de portar armas de fuego, etc.—, basadas enla premisa del desarme y compromisos de no cometermás crímenes. Algunas organizaciones de derechos

EL CONTEXTO COLOMBIANO

Carácter del conflicto

Precedentes para la paz

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el acuerdo de paz

y la transición

probablemente

tendrán lugar por

fases

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humanos colombianas e internacionales hanexpresado preocupación acerca de la impunidad quetal acuerdo implica, así como la omisión en el proyectode ley de provisos que aseguren la imparcialidad de lasinvestigaciones, procesamientos o mecanismos debúsqueda de la verdad (Human Rights Watch 2003).Existe además preocupación porque no se han tomadomedidas adecuadas que garanticen la seguridad alargo plazo, incluida la planificación detallada de lareintegración de los ex-combatientes. Todos estosfactores repercutirán sobre la posibilidad deemprender procesos de justicia y reconciliación en elfuturo.

Es también motivo de preocupación el hecho de que lafalta de solidez de las instituciones judicialescolombianas pueda limitar el alcance de la justiciatransicional en esa nación. Como obstáculos clave delproceso, la Comisión de Derechos Humanos de la ONUha identificado, en particular, la prevalencia de altosniveles de impunidad, que exceden el 95%, y lacapacidad cada vez más reducida de la Oficina delFiscal General de la Nación para investigar y procesarviolaciones de derechos humanos. Estas deficienciasimpedirán no solo el procesamiento de actoresarmados acusados de flagrantes delitos contra losderechos humanos, sino que constituirán obstáculopara una reconciliación duradera dados los altosniveles de violencia y crimen organizado existentes almargen del conflicto político. La seguridad ciudadanaes un requisito para alcanzar la justicia y el éxito de lasdemás actividades, como las comisiones de la verdad.Los crímenes contra los derechos humanos, loschoques con actores armados, y la corrupción tambiénsocavan la legitimidad de las instituciones estatales,en especial de las fuerzas armadas y la policía. Lajusticia y la reconciliación duradera serán imposiblesde alcanzar sin una reforma significativa y eficaz deestas instituciones, y la restauración de la confianzaciudadana en ella.

El éxito de la transición una vez culminado el conflictoarmado y de la sostenibilidad de la paz se veráafectado por la capacidad de participación de lasorganizaciones de la sociedad civil colombiana en losprocesos de justicia y reconciliación. A pesar de laslimitaciones y división tradicionales imperantes en suseno, el éxito de los esfuerzos de movilización política,manifestado en la implementación de iniciativas depaz concretas como el Programa de Desarrollo y Pazdel Magdalena Medio y la coordinación de lasactividades de organizaciones femeninas, refleja un

aumento de la capacidad de la sociedad civil paradesempeñar un papel clave en los procesos de justiciatransicional y el establecimiento de la paz. Colombiacuenta con bases sólidas para la participación de lasociedad civil en los procesos de consolidación de lapaz, como lo demuestra la creación de la AsambleaPermanente de la Sociedad Civil por la Paz— unacomisión de conciliación nacional independiente—, yla Red Nacional de Programas Regionales deDesarrollo Integral y Paz (REDPRODEPAZ), entre otras.A pesar del debilitamiento de la sociedad civil bajo elactual gobierno, si se logra preservar durante latransición las crecientes alianzas políticas para labúsqueda de la paz, estas tendrán una enormeimportancia para el alcance de la reconciliación tras elfin del conflicto.

Capacidades de las instituciones estatales y lasociedad civil

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Desmovilización,Desarme yReintegración

• Planificación previa;• Apoyo público/comunitario;• Estimación adecuada de las

necesidades de empleo,habilidades, cantidad decombatientes y armamento;

• Tratamiento equitativo para losdiferentes grupos decombatientes;

• Incorporación deconsideraciones de género yedad;

• Seguimiento a largo plazo;• Campaña de concientización;• Coordinación centralizada y

administración descentralizada;• Red de apoyo transicional;• Atención a problemáticas de

carácter psicosocial y de salud(HIV, acceso a terapia; grupos deapoyo)

• Apoyo a la planificación previa y al carácterinclusivo de los acuerdos de paz;

• Suministro de financiamiento flexible y a largoplazo por canales multilaterales;

• Aplicación de prácticas óptimas y de losresultados de investigaciones y experienciacanadienses en esta problemática;

• Aplicación de lecciones extraídas de loscontextos de otros países;

• Apoyo continuado al programa de desminado(bilateralmente y a través de la OEA);

• El fortalecimiento de capacidades para laintegración de enfoques de género;

• El llamado a oponerse por vía bilateral ymultilateral a la concesión de amnistíasgenerales como parte de los procesos de DDR;

• Suministro de recursos, así como participaciónen las tareas de seguimiento local a largo plazode los procesos de DDR;

• Asignación de recursos para fortalecer el rolfacilitador de las organizaciones de la sociedadcivil.

MATRIZProcesos para el

logro de la justiciay la Reconciliación

Consideraciones clave Áreas para la participacióncanadiense e internacional

ProcesamientoLegal - CortesNacionales

• Capacidad y legitimidad de lasinstituciones judiciales;

• Ventajas del procesamientolegal nacional para el procesode reconciliación;

• Reafirmación del estado dederecho;

• Límite del número de juicios

• Asignación de recursos para el fortalecimientode las capacidades de las institucionesjudiciales;

• Intercambio de experiencias respecto a prácticasóptimas en las áreas de reforma del sistemapenal y judicial, el acceso a información, losintercambios profesionales, la informática;

• Promover el respeto a la legislacióninternacional;

• Abogar por la implementación de unprocesamiento legal lo más abarcador posible, ycontra la concesión de plena impunidad;

• Fomentar la vinculación entre procesosmutuamente complementarios (por ejemplo, lajusticia tradicional y las comisiones de laverdad);

• Apoyar la participación equitativa de la mujer ylas minorías étnicas en los procesos judiciales.

ProcesamientoLegal - TribunalesInternacionales

• Jurisdicción de la CPI;• Duración del proceso, tiempo

limitado para el trabajo de lascortes;

• Limitada capacidad para sancionar yhacer cumplir fallos;

• Límite para el número deenjuiciamientos;

• Precedentes establecidos por laCIDH, la CPI y otros tribunalesinternacionales respecto laconcesión de amnistías;

• Oposición norteamericana;• Lecciones derivadas de la labor de

cortes mixtas con personal nacionale internacional;

• Afianzamiento de la legitimidad delos procesos

• Considerar opciones complementarias a losprocesos nacionales;

• Apoyar la modernización de la CPI;• Fomentar el empleo de tribunales

internacionales, si los mecanismos nacionalescarecen de eficacia;

• Aprovechar los instrumentos internacionalescomo medio de asegurar atención y apoyointernacional para los procesos nacionales, asícomo la adherencia de estos a las normasinternacionales;

• Promover el Estatuto de Roma de la CPI, comomodelo de marco jurídico para la integración degénero tanto en el ámbito nacional comointernacional.

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Comisiones de laverdad

• Integración de la comisión(miembros nacionales einternacionales);

• Presencia de amplio consenso yapoyo político;

• Recursos disponibles (en elámbito nacional einternacional);

• Alcance de la comisión entérminos de competenciatemporal, aspectosinvestigados, revelación de laidentidad de perpetradores, etc;

• Condiciones seguras para eldesempeño de su labor;

• Acceso a información contenidaen documentos estatales einternacionales;

• Reparaciones yrecomendaciones;

• Sesiones públicas o privadas;• Mecanismos de financiamiento;• Los poderes de la comisión y sus

vínculos con los procesos deprocesamiento legal;

• Participación estatal yseguimiento de lasrecomendaciones.

• Llevar a cabo extensas consultas y estudiosprevios acerca de los roles más eficaces para lacomunidad internacional;

• Promover la integración mixta (nacional einternacional) de la Comisión de la Verdad --sugerir la participación de actores canadiensesde prestigio;

• Aportar recursos tanto financieros como para elfortalecimiento de capacidades;

• Suministrar información pertinente, así comoapoyar los esfuerzos de intercambio deinformación pertinente de las organizaciones dela sociedad civil canadiense mediante el aportede información complementaria;

• Contribución de recursos y conocimientostécnicos;

• Ayuda para garantizar condiciones de seguridad;• Fomentar y respaldar el carácter abarcador y

participativo de los procesos;• Apoyar el establecimiento de vínculos formales

con otros procesos legales;• Afianzar la capacidad participativa de las

víctimas y las organizaciones de la sociedadcivil;

• Promover la participación equitativa de lasvíctimas (en especial de mujeres, gruposindígenas, etc.)

MATRIZ (continued)Procesos para el

logro de la justiciay la Reconciliación

Consideraciones clave Áreas para la participacióncanadiense e internacional

Comisiones de laverdad

• Nivel de consenso político;• Asignación de financiamiento

público;• Apoyo a largo plazo por parte

de la comunidad internacional;• Vinculación con otros procesos

de justicia;• Proceso de consultas inclusivo;• Su explícita identificación como

tales y no como parte deprocesos e iniciativas dedesarrollo de carácter másamplio;

• Existencia de un mecanismo desupervisión y seguimiento de suimplementación.

• Contribución de recursos de manera flexible,bien planificada y sostenida a largo plazo;

• Apoyo a la incorporación de un enfoque integralpara la implementación de reparaciones en elcontexto de procesos más abarcadores defortalecimiento de la paz;

• Desarrollo de capacidades de implementación,seguimiento y evaluación;

• Fomento de la implementación de lasreparaciones a instancias bilaterales ymultilaterales;

• Apoyo a investigaciones y al intercambio deexperiencias sobre la problemática de laintegración de género;

• Respaldo a estudios sobre las mejores prácticasde financiamiento e implementación, así comoel rol que ha de desempeñar la comunidadinternacional;

• Promover y financiar procesos de consulta deamplio carácter inclusivo y afianzar la capacidadparticipativa de los sectores marginados.

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Apéndice I

Listado de instituciones que laboran en las áreas de fortalecimiento de la paz, la justicia y la reconciliación,tanto en el ámbito internacional como en Colombia:

• International Peace Academy, [www.ipa.org]• Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) – Paz y Reconstrucción,

[www.idrc.ca/peacebuilding]• Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) – Peacebuilding Initiative and Compendium• Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA),

[http://www.idea.int/esp/index.htm]• El Centro Internacional para la Justicia Transicional, [www.ictj.org]• Institute for Security Studies, [www.iss.org]• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Centro de Documentación sobre Desarme,

Desmovilización y Reintegración• The Bonn International Center for Conversion (BICC), [www.bicc.de]• Banco Mundial – Conflict Prevention and Reconstruction Unit• PNUD – Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación, [www.undp.org/erd]• Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)• Post-War Reconstruction and Development Unit, University of York, [www.york.ac.uk/depts/poli/prdu]• Project on Justice in Times of Transition, Harvard University, [www.ksg.harvard.edu/justiceproject]• Truth and Reconciliation Commission, South Africa, [www.truth.org.za]• Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity (INCORE), [www.incore.ulst.ac.uk]• CRInfo: A Comprehensive Gateway to Conflict Resolution Resources, [crinfo.org/index.cfm]• Beyond Intractability.Org, [www.beyondintractability.org]• Canadian Institute of Strategic Studies (CISS)• Center for the Study of Violence and Reconciliation (South Africa), [www.csvr.org.za]• Conflict Research Consortium, University of Colorado, [www.colorado.edu/conflict/]• Law Commission of Canada (Project on Restorative Justice), [www.lcc.gc.ca]• Stockholm International Peace Research Institute, [www.sipri.se]• The Peacemakers Trust, Canada, [www.peacemakers.ca]• Coalition for International Justice, [www.cij.org]• Conflict Development and Peace Network, U.K. (CODEP), [www.codep.org.uk]• Canadian Consortium on Human Security (CCHS), [www.humansecurity.info]• Center for Global Peace (CGP), American University, [www.american.edu]• Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, [www.preventconflict.org]• Canadian Peacebuilding Coordinating Committee (CPCC), [www.cpcc.ca]• Forum on Early Warning and Early Response (FEWER), U.K, [www.fewer.org]• Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, [www.arias.or.cr]• Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), [www.cries.org]• UNIFEM - Women War and Peace Web Portal, [www.womenwarpeace.org]• Project Ploughshares, Canada, [www.ploughshares.ca]• UN Institute for Disarmament Research, [www.unidir.org]• Strategic Choices in the Design of Truth Commissions, [www.truthcommission.org]• Institute for Justice and Reconciliation, South Africa, [www.ijr.org]

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In Colombia

• Fundación Ideas para la Paz, [www.ideaspaz.org]• Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, [www.asamblea.porlapaz.org.co]• Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), [www.cinep.org.co]• Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)• Centro de Investigaciones Sociojurídicas, Universidad de los Andes (CIJUS) [www.uniandes.edu.co]• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) [www.codhes.org.co]• Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), [www.ficonpaz.org]• Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI)• Red Nacional de Iniciativas por la Paz (REDEPAZ), [www.colombiaenpaz.org]

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Notas

1 De acuerdo con la definición ofrecida por P. de Grieff, delCentro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), durantesu intervención sobre el tema de las reparaciones en unaconferencia celebrada en el Centro Internacional deInvestigaciones para el Desarrollo (IDRC), el 11 de marzo de 2004,en este trabajo 'justicia' se refiere específicamente a la 'justiciatransicional' impartida una vez culminado el conflicto armado.2 Adaptado de

H. Van der Merwe, Centre for theStudy of Violence and Reconciliation, 2000.3 Notas tomadas del Seminario sobre Justicia Transicional yEstado de Derecho, organizado en diciembre de 2003 por elCentro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).4 Véase , HumanRights Watch, 1996;

, International PeaceAcademy, 2002.5 Véase Thirst for Justice: A Decade of Impunity in Haiti, HumanRights Watch, 1996; Sustainable Peace ThroughDemocratization: The Experiences of Haiti and Guatemala,International Peace Academy, 2002.6 Strategic Choices in the Design of Truth CommissionsAmnesty, www.truthcommission.org.7 Véase p.4,

M. Popkin, Crimes of War Project, Diciembre 2003.8 P.5, M. Popkin, 2003. La enmienda añade que "La admisión deun tratamiento diferente en materias sustanciales por parte delEstatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en laConstitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbitode la materia regulada en él. (Artículo 93), ibid.9 En aquel entonces el Presidente Pastrana declaró además que"Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre elejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacionalimpide la concesión de amnistias, indultos o perdones judicialespor delitos politicos por parte del Estado colombiano, siempre ycuando dicha concesión se efectúe de conformidad con laConstitucion politica y los principios y normas de derechointernacional aceptados por Colombia." (Popkin 2003:6).10 , p. 18, IDEA, 200311

C. Lerche, 2000.12 “How Should We Remember? Issues to Consider WhenEstablishing Commissions and Structures for Dealing with thePast,” B. Hamber, Iniciativa para la Resolución de Conflictos yEtnicidad, 1998.13 “In Pursuit of Justice and Reconciliation,” P. Hayner, in

, Ed. C. Arnson,Washington: Woodrow Wilson Center Press, 1999.14 ,p.3, P. Hayner, (ICTJ), Documento presentado durante laConferencia de Transparencia Internacional, celebrada enNairobi, Kenya, el 28 marzo de 2003.15 Comentarios, P. Heymer, Seminario

celebrado en Bogotá, Colombia, 1999.16 Esta sección es reflejo de recientes trabajos de investigaciónen torno a la problemática de las reparaciones y de debates quetuvieron lugar durante una conferencia organizada por el CentroInternacional para la Justicia Transicional y el Centro

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (ICTJ y IDRCrespectivamente, por sus siglas en inglés) en marzo de 2004. ElICTJ, en colaboración con el IDRC, lleva a cabo algunos de losestudios más actualizados sobre esta temática y constituye unaexcelente fuente de información adicional (www.icjt.org).17 , p.9, P. de Greiff, Documento, CentroInternacional para la Justicia Transicional, 2004.18 Ibid, p. 2.19 Ibid, p.17.20 De acuerdo con trabajos de investigación presentadosdurante la Conferencia sobre Reparaciones organizada por elICJT y el IDRC, que tuvo lugar el 11 de marzo de 2004.21 Ibid22 Véase “Demobilization and Reintegration in CentralAmerica,” D. Spencer, Documento N.8, Bonn InternationalCenter for Conversion, (1997).23 "Weapons Collection in Central America: El Salvador andGuatemala," E. Laurance and W. Godnick, January 2000.24 Adaptado de

, Col. Carl Case, Junta de DefensaInteramericana, 1998.25 'Prospects for Peace', G. Sánchez, p.28 de

Eds. C. Bergquist, R. Penaranda and G. Sanchez, SRBooks, 2001.26 Demobilization and Reintegration of Combatants: SomeLessons from Global Experience, PNUD, 2002.27 Adaptado de N. Colletta, "Case Studies in War-to PeaceTransition: Demobilisation and Reintegration of Ex-combatantsin Ethiopia, Namibia and Uganda,” Documento de Trabajo,Africa Technical Department. Washington, D.C.: World Bank.(1996) and 'The Transition from War to Peace', , World Bank(1999).28 , p.1,B. Verhey, Serie Documentos de Trabajo del BM, 2001.29 Véase “

(2003), Informe 2003, Human Rights' Watch.30 ,p.19, B. Verhey, Serie Documentos de Trabajo del BM, 2001.31 , p.15,B. Verhey, Serie Documentos de Trabajo del BM, 2001.32 'Prospects for Peace', G. Sánchez,

Eds. C. Bergquist, R.Penaranda and G. Sanchez, SR Books, 2001.

The Truth and Reconciliation Commission andCommunity Reconciliation,

Thirst for Justice: A Decade of Impunity in HaitiSustainable Peace Through Democratization:

The Experiences of Haiti and Guatemala

Latin America: The Court and The Culture ofImpunity,

Reconciliation After Violent Conflict

Truth Commissions and National Reconciliation: SomeReflections on Theory and Practise,

Comparative Peace Processes in Latin America

The Truth Commission as an Institution for Transitional Justice

Verdad y Justicia enProcesos de Pa,

Justice and Reparations

.

Lessons Learned from Demining Operations inCentral America

Violence in Colombia1990-2000,

Child Soldiers: Preventing, Demobilizing and Reintegrating

Aprenderás a no llorar”: Niños Combatientes enColombia

Child Soldiers: Preventing, Demobilizing and Reintegrating

Child Soldiers: Preventing, Demobilizing and Reintegrating

Violence in Colombia 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace,

26

Julio de 2004

ISBN: 1-894992-07-5

: 40012931

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(Traducción de documento original en inglés publicado en abril de 2004. Título de la publicación original:)

“Transitional Justiceand Reconciliation in Post-Conflict Colombia Some Considerations for Future Canadian Engagement”

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