Proyecto: Reconceptualizando la Justicia Transicional en Latinoamrica

El caso de Guatemala

CONTENIDO Antecedentes

Sobre la negociacin poltica de la paz Algunos de los resultados alcanzados La implementacin ritual de la democracia Las vicisitudes en la lucha por la memoria histrica El fantasma de la amnista

Encaminndose al momento actual Memoria(s), historia y verdad: Guatemala hoy Avances y falencias en la poltica de la Verdad, la bsqueda de justicia y reparacin. Las llamadas medidas de no repeticin. Cuadros y grficas Datos para organizar una lnea del tiempo Fuentes

Guatemala, 20 de septiembre del 2012

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GUATEMALA

Luis Ral Salvad C. Flacso Guatemala

Antecedentes

Como es sabido, el 29 de diciembre de 1996 finaliz oficialmente, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, un perodo de casi 40 aos de enfrentamiento armado interno (CAI, en adelante) entre el Estado y la insurgencia armada en sus diferentes expresiones, a la vez que un ciclo por lo menos de igual duracin de una represin gubernamental de amplio espectro. Tambin es sabido que durante ese lapso, por muchos factores entre los que no es el de menor importancia la forma local que adquiri la Doctrina de Seguridad Nacional y el diseo del enemigo interno que de ella se deriv, el pas se vio sumergido en una oleada de violencia de una brutalidad sobre la cual los anlisis suelen destacar dos picos, el primero durante los aos 1966 a 1968 y el segundo entre 1981 y 1983, durante los cuales ciclos las principales ciudades y el rea rural en el oriente del pas, primero, y durante el segundo tambin las ciudades pero con desplazamiento geogrfico de las acciones militares hacia el altiplano occidental, zona densamente poblada por indgenas de ascendencia maya, fueron escenarios de operativos contrainsurgentes cada vez ms ampliamente descritos y analizados1. Este largo estado de excepcin marc a la sociedad guatemalteca en su conjunto, aunque sus efectos y consecuencias tienen mucha ms profundidad en las zonas en que la doctrina contrainsurgente se aplic militarmente sobre el terreno. Adems de tener consecuencias en las relaciones sociales de personas, familias, grupos sociales de pertenencia, etnias, culturas, el CAI las tuvo en la institucionalidad del Estado, en el cual se desdibujaron y redujeron tendencialmente las acciones y funciones posibles encargadas de generar bienestar social y contribuir al consenso y se hipertrofiaron las represivas. Han sido frecuentemente sealados como saldos negativos del CAI las ms de doscientas mil vctimas de ejecuciones extrajudiciales, decenas de miles de vctimas de desaparicin forzosa, poblacin desplazada por violencia tanto al exterior como en el interior del pas y muchos ms efectos directos e indirectos de la violencia, entre ellos el costo individual y comunitario en salud mental, pero tambin habra que mencionar, por lo anterior, la prdida de la confianza cvica vertical (poblacin-gobiernos) y la horizontal, esta ltima frecuentemente descrita como la ruptura del tejido social. Con la suscripcin del mencionado acuerdo concluyen seis aos de negociacin directa entre el Gobierno y la insurgencia armada, integrada desde 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante URNG) si se toma como punto de partida el Acuerdo bsico para la

1 Los trabajos considerados pioneros en el anlisis del CAI son el del Proyecto Interdiocesano de Recuperacin de la

Memoria Histrica, Remhi, Guatemala nunca ms de 1998, y el de la Comisin para la Memoria Histrica, CEH, emanada de un acuerdo suscrito por el Gobierno y la insurgencia en 1994, y que comienza sus trabajos en 1999. Con posterioridad han ido apareciendo trabajos acadmicos y testimoniales, que polemizan, niegan, afirman o complementan los dos primeros, los cuales ya son referencia indiscutida sobre el tema.

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bsqueda de la paz por medios polticos, o Acuerdo de Oslo, del 29 de marzo de 19902. La culminacin del largo y difcil proceso de negociacin abri expectativas sobre la posibilidad objetiva de utilizar la nueva coyuntura sociopoltica para iniciar un proceso de reorganizacin institucional, social, que propiciara una Guatemala en la cual las principales causas materiales del enfrentamiento armado fueran desapareciendo en una gradualidad razonable, y los compromisos de los acuerdos parecan ser parte importante de la red de construccin de democracia que se deba impulsar: Transformaciones democrticas en el Estado y transformaciones democrticas en la sociedad. Procesos de inclusin de poblaciones largamente excluidas o incluidas en situacin de subordinacin. Reconocimiento de la pluralidad tnico-cultural de la nacin. Amplio conocimiento y difusin de la historia del CAI, polticas integrales de resarcimiento de personas y comunidades vctimas y sobrevivientes del CAI, la transformacin en legislacin de muchas demandas sociales postergadas, etc. De 1996 a la fecha han transcurrido cerca de quince aos, y hay dudas razonables tanto sobre el grado de aplicacin de los compromisos, como sobre el efecto transformador de los mismos en las relaciones sociales. Los optimistas hablan de un cumplimiento de la mayora de ellos, los pesimistas indican que slo un 30% de los compromisos se ha cumplido, y nadie habla de su cumplimiento total3. Hay quienes prefieren huir de este recurso cuantitativo para centrarse en el campo de los actores y las relaciones y fuerzas de poder que impulsan, frenan o adulteran el proceso democrtico, y explicar desde all el desarrollo del post CAI. Quince aos puede ser un lapso histrico relativamente corto para mostrar la consolidacin de un Estado democrtico de derecho sostenible, mxime si se considera que la etapa transicional entre el Estado contrainsurgente y el nuevo tipo de Estado puede ser y de hecho ha sido muy compleja, pero no es un lapso insuficiente para mostrar al menos la existencia de esfuerzos de diferente tipo (jurdicos, polticos, iniciativas tanto desde el Estado como desde diferentes organizaciones sociales o de apoyo proveniente de organizaciones de la cooperacin internacional, etc.) encaminados en la direccin propuesta por los acuerdos, o en la direccin opuesta, o tratando de neutralizarles. Frecuentemente se ha insistido en buscar explicaciones sealando la falta de voluntad poltica en el cumplimiento de los compromisos, aunque se soslaye puntualizar que esta voluntad es frecuentemente el resultado de combinaciones y correlaciones de fuerzas y no slo del esfuerzo de voluntades individuales. Dado lo anterior, ya es pertinente sealar que las presentes notas tienen como objetivo proporcionar algunos elementos que permitan reflexionar sobre el comportamiento de Estado y sociedad en Guatemala, durante el perodo del post-CAI, a partir de reconsiderar algunos aspectos referentes al desarrollo mismo del enfrentamiento armado, as como del proceso de negociacin de los acuerdos de paz.4 Ello requiere una seleccin de hechos y eventos, de seguro 2 De hecho, no podra hacerse el anlisis del proceso de construccin de la paz en Guatemala y Centroamrica sin

tomar en consideracin los efectos de la Declaracin y el Acuerdo de Esquipulas, de 1986 y 1987 respectivamente, pero las conversaciones directas entre la insurgencia y los gobiernos guatemaltecos, arrancan en 1990, aunque precedidas de una serie de reuniones secretas previas, en diferentes ciudades de Europa y Amrica.

3 Entrevista a trabajador de los recientemente desaparecidos Archivos de la Paz. Junio del 2011. Pidi no mencionar

su nombre. 4 Muchas de las afirmaciones de esta seccin han sido extradas del trabajo indito de Miguel ngel Reyes La

esperanza entre sombras, el proceso de solucin poltica al conflicto armado, y de varias entrevistas sostenidas con el autor entre abril y junio del 2012. Reyes fue miembro del equipo asesor de URNG en diferentes oportunidades, y militante de una de sus organizaciones componentes, hasta su renuncia en mayo de 1996.

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muy incompleta y probablemente injusta, pero hacerla llegar as al debate puede enriquecer la apreciacin del proceso, desde la perspectiva que motiva estas notas, la reconsideracin del resultado de la aplicacin de procedimientos de la metodologa de la justicia transicional (JT) como parte de la red de construccin de democracia en la etapa posterior a la firma de la paz. No se trata, pues, de desarrollar un resumen del conflicto, ni siquiera del proceso de su salida negociada, sino de proponer ideas que contribuyan a explicar esta nueva etapa. Hay que sealar que la secuencia de las negociaciones, desde la posibilidad que se fue abriendo al tenor de la Declaracin de Esquipulas5 muestra diferentes ritmos y fases, lo que sin duda es importante en tanto se relacione esta informacin con eventos externos que la van condicionando pero, y ese es el punto en esta oportunidad, no dejan ver un proceso previo de acercamiento entre las partes, que facilit en buena medida las rondas de negociacin de los acuerdos y sus diferentes compromisos, que arrancando en Oslo, Noruega, en el ao 1990, culmina en ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996 con la suscripcin del acuerdo sntesis, o de Paz Firme y Duradera.6 Ese acercamiento gradual, no oficial, que fue quebrando relativamente desconfianzas y armando puentes, de acuerdo a fuentes calificadas, se origin aos antes por iniciativas de la insurgencia. Ya durante la fase de la negociacin directa entre las partes, este tipo de reuniones sigui presentndose frecuentemente, y no hay que desestimar su influencia en el resultado final.7 Seala Reyes que en una reunin celebrada en Berln, Alemania, en marzo del ao 2008, en la que se reunieron representantes de movimientos de liberacin nacional de diversas partes del mundo

5 En apretado resumen, el proceso general puede ser evaluado en sus ritmos, temas, etc., considerando la siguiente

secuencia. Declaracin de Esquipulas (25 de mayo de 1986). Acuerdo de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), Acta de instalacin de la Comisin Internacional de Verificacin y Seguimiento (Caracas, Venezuela, 22 de agosto de 1987), Acuerdo de creacin de la Comisin Nacional de Reconciliacin (11 de septiembre de 1987), Acuerdo de Oslo, o bsico para la bsqueda de la paz por medios polticos (Noruega, 29 de marzo de 1990), Acuerdo de Mxico, o de procedimiento para la bsqueda de la paz por medios polticos y temario general (Mx., D. F., 26 de abril del 1991), Acuerdo de Quertaro, o marco sobre democratizacin para la bsqueda de la paz por medios polticos (Quer., Mx., 25 de julio de 1991), Acuerdo para la reanudacin del proceso de negociacin entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, (Mxico, 10 de enero de 1994), Acuerdo de calendario para las negociaciones para una paz firme y duradera, (Mxico, 29 de marzo de 1994), Acuerdo global sobre derechos humanos, (Mxico, 29 de marzo de 1994), Declaracin conjunta del Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Mxico, 29 de marzo de 1994), Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994), Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin para el esclarecimiento histrico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin guatemalteca (Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994), Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indgenas (Mxico, D. F., 31 de marzo de 1995), Declaracin de Contadora (Isla Contadora, Panam, 22 de agosto de 1995), Declaracin unilateral de URNG, de cese al fuego (19 de marzo de 1996), Acuerdo sobre aspectos socioeconmicos y situacin agraria (Mx, D.F., 6 de mayo de 1996), Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y funcin del Ejrcito en una sociedad democrtica (Mx., D.F., 19 de sept. de 1996), Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego (Oslo, Noruega, 4 de dic. de 1996), Acuerdo sobre reformas constitucionales y rgimen electoral (Estocolmo, Suecia, 7 de dic. de 1996), Acuerdo sobre las bases para la incorporacin de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad (Madrid, Espaa, 12 de dic. de 1996), Acuerdo sobre el cronograma para la implementacin, cumplimiento y verificacin de los acuerdos de paz (Guatemala, 29 de dic. de 1996), y finalmente el documento de sntesis, Acuerdo de paz firme y duradera (Guatemala, 29 de diciembre de 1996).

6 Ver los cuadros y grficas, al final del texto.

7 Miguel Angel Reyes, ya citado. Entrevista de junio del 2012. La informacin est en su texto de prxima aparicin,

La esperanza entre sombras: El proceso de negociacin poltica al conflicto armado, el cual me ha permitido consultar. (Guatemala, agosto del 2012).

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con acadmicos provenientes de centros de investigacin europeos, canadienses y estadunidenses, con el objetivo de analizar procesos de negociacin de conflictos poltico militares, se valor como de suma importancia que en el caso de Guatemala se haya producido la organizacin de reuniones no formales entre representantes de las fuerzas contendientes. El camino hacia cada negociacin es, ciertamente, diverso y multicausal, pero estos encuentros sirvieron para ir generando un nuevo tipo de vnculos entre rivales, mostrarse como vehculos para la posterior negociacin, que a su propio ritmo van propiciando la oficializacin de las conversaciones. Debe interpretarse la obtencin de confianza como un medio o como un fin, en el proceso de negociaciones? La pregunta queda abierta. Durante la siguiente etapa, de llegar a producirse, las conversaciones secretas se mantienen, pero ya son parte de la ruta oficial de la bsqueda de las condiciones de la paz y las medidas para consolidar un nuevo rgimen post-crisis. Como Reyes aclara, las conversaciones oficiales entre representantes de alto nivel, tanto del gobierno como de la insurgencia, comienzan en el ao 1986. Durante mucho tiempo tuvieron el ritmo y la tnica de esfuerzos para llegar a conversaciones y decisores mucho ms institucionalizadas, pero ello contribuy gradualmente a establecer las bases mnimas de confianza que contribuyeron a plantearse la necesidad de la apertura de la mesa de negociaciones. Adems, hay que recalcar que este proceso oficial no se explica sin la serie de reuniones no oficiales que desde 1982 (despus del golpe de Estado que derroc al general Lucas Garca y llev al poder, vicisitudes de por medio, al general Ros Montt) la URNG sostuvo con polticos no precisamente afines a sus posiciones ideolgicas, pero muy receptivos y proclives al dilogo.8 Esta cara semi-oculta del proceso de negociacin de la paz an no ha sido estudiada a profundidad. Como queda claro, este tipo de encuentros fue de gran utilidad en la organizacin de las rondas de negociacin, pero es bueno recordar que el camino hacia la misma guarda un alto grado de complejidad (cuyo desarrollo no es la intencin de estas notas) en el que intervienen de forma destacada presiones de la comunidad internacional hacia ambas partes.9 No hay que dejar de sealar los esfuerzos de la diplomacia centroamericana por contener la generalizacin de la guerra, dada la agresiva posicin del entonces presidente estadunidense Reagan sobre la crisis regional, esfuerzos en los que es elemento decisivo el proceso desatado desde 1986 y 87, con la declaracin y el acuerdo de Esquipulas II, respectivamente, cuyos efectos en la distensin y pacificacin regionales son innegables. Sobre la negociacin poltica de la paz

Aunque la decisin sobre la necesidad de la negociacin va a depender de evaluaciones que las partes y las principales fuerzas sociales internas van haciendo10, no hay que dejar de insistir en que fue determinante el momento internacional, en el cual algunos analistas sitan lo

8 Reyes seala reuniones con el entonces futuro presidente, Vinicio Cerezo, y su canciller, A. Cabrera. Tambin

seala reuniones con Jorge Serrano, quien tambin sera presidente de la repblica aos despus. Durante el proceso de negociacin las reuniones informales, aunque oficiales, continuaron desarrollndose.

9 Esta admirable preocupacin por la democratizacin del pas contrasta en algunos casos con la actitud asumida en

la crisis guatemalteca del ao 1954. 10

Entre estas fuerzas sociales, es de particular inters conocer la forma como encar el proceso el gran empresariado, cuya cpula, CACIF, organiz una Comisin Empresarial para la Paz cuyo gestionar an no ha sido reconstruido.

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que se ha dado en llamar la sptima ola de la imposicin del Estado Constitucional republicano-democrtico, la cual ocurri en buena cantidad de pases del mundo entre 1980 y 1995.11 Se sabe que adems de lo anterior, otro factor que empuj hacia las negociaciones fue el enorme aislamiento internacional que haba alcanzado el rgimen a causa de la oleada de violencia desatada en especial en el perodo de 1981 a 1983, en el que se produjo por lo menos el 60 por ciento de las masacres del CAI. A su vez, este cruento perodo, interpretado por el ejrcito como de victoria estratgica sobre la insurgencia12 signific un repliegue, una contraccin de las fuerzas revolucionarias a sus territorios ncleo, correlativa a la expansin militar sobre las zonas que iban quedando sin presencia considerable de la URNG. Esta expansin /contraccin, segn parece, no se produjo nicamente por el replanteamiento hecho por el Estado de su estrategia militar13 sino por lo que se ha llamado la confluencia de ciertas circunstancias adversas al movimiento insurgente14 entre las cuales se pueden citar su ausencia de mando unificado, la inexistencia de un programa que conciliara la cuestin tnica con la perspectiva de clases, la crisis ocasionada por dos rupturas organizativas en 1984 (la que dio lugar a Octubre Revolucionario y la que origin al PGT-6 de enero) y as otras circunstancias ms 15. Por ello, cada parte lleg a la negociacin directa desde una posicin incmoda. El gobierno con una importante ventaja militar pero con la desventaja que frente a gran parte de la opinin pblica nacional e internacional le haba ganado la innegable brutalidad de sus prcticas contrainsurgentes.16 La URNG comienza a negociar en medio de una fuerte dislocacin estratgica

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Ver al respecto una clara exposicin en Marquardt, Bernd, Historia Universal del Estado (tres tomos), en especial el tomo III: El Estado de la doble revolucin ilustrada e industrial (1776-2008), pg. 149 ff,, Editorial la Carreta Histrica, Universidad Nacional de Colombia, Bogot, Colombia, 2009, en que se desarrolla una tesis de olas de democratizacin y contra-olas autocrticas en el proceso de la estatalidad. Tambin en Markoff, John, Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio poltico, Ed. Tcnos, Madrid, Espaa, 2008, se hace una interesante revisin del proceso de expansin de la democracia, por oleadas, desde el siglo XVIII, aunque con otra perspectiva analtica detrs. El profesor Samuel Huntington marc el inicio de este tipo de reflexin, al inicio de los aos 90 del siglo anterior.

12 Documentos sobre el CAI desde diferentes pticas, como el de Rosada, Hctor, Soldados en el poder: Proyecto

Militar en Guatemala (1944 1990), Fundapem y Universidad de Utrecht, Holanda, 1999, el de Torres Rivas, Edelberto, Revoluciones sin cambios revolucionarios, Ensayos sobre la crisis en Centroamrica, F & G Editores, Guatemala, 2011, y el de Ventura Arellano, Vctor Manuel, La estrategia fallida. El ocaso de una guerra popular prolongada (Guatemala, 1979 2000), (Edicin de autor), Guatemala, 2012, permiten afirmar que es el perodo que va de 1981 a 1983 en el que se produce la inflexin por medio de la cual el Estado toma la iniciativa militar, aunque los enfrentamientos sobre el terreno continuaron. An estamos esperando el anlisis de lo acontecido en el campo militar entre 1986, inicio del perodo de regmenes democrticos, y 1996 firma del acuerdo de paz firme y duradera.

13 El perodo, dice Rosada, ya citado, pg. 158, inici un complejo proceso de ensayo y error que lo condujo hacia

la tierra arrasada, los polos de desarrollo, las patrullas de autodefensa civil y las coordinadoras interinstitucionales.

14 Rosada, loc. cit.

15 Ibd. Rosada nos recuerda que despus de la unificacin de las fuerzas revolucionarias en febrero de 1982, estas

no lograron superar la situacin de convergencia estratgica. En la misma tnica, Reyes (Entrevistas, julio 2012) indica que ya en etapas avanzadas de la negociacin insurgencia/gobierno, frecuentemente le costaba muchos esfuerzos a la primera organizar comisiones o grupos de trabajo, precisamente a causa de la existencia de diferentes concepciones de la conduccin de las operaciones militares y otros aspectos medulares. Rosada (pginas 175 y 176) seala que al considerarse victorioso, el ejercito se negaba inicialmente a negociar. Cuando accedi lo hizo bajo el supuesto de que no deba ponerse en duda el mrito de su victoria. Para un anlisis del proceso contrainsurgente que enfatiza su desarrollo en el plano local, consultar de Vela, Manolo

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de sus posibilidades militares, pero con vnculos con el golpeado aunque resilente movimiento social y popular.17 Y alrededor de ambos actores, se daban presiones de gobiernos y organizaciones internacionales para avanzar en la negociacin y facilitaban espacios y procesos para ello. Es sabida la negativa inicial del ejercito acerca de negociar con lo que consideraban una organizacin enemiga -+ya derrotada, y la organizacin por ello mismo de una comisin ad hoc encargada de explicar a los principales oficiales sobre el sentido y las condiciones de la negociacin. Adems del debate interno, el ejrcito tuvo que negociar con la derecha conservadora para tratarles de convencer de la necesidad de implementar reformas.18 Es sabido tambin que no fue sino hasta muy avanzado el proceso que la URNG consider como vlida la opcin negociadora. Es a la altura de 1994, con el acuerdo global sobre derechos humanos, que la comandancia dio el viraje hacia la solucin poltica, y que el tiempo previo ms bien se interpretaba como un lapso para la reconstruccin de sus fuerzas militares y para lograr un incremento de su apoyo internacional. De este viraje sobre la concepcin de la negociacin, la militancia revolucionaria no estaba informada. No se conoca el proceso.19 Algunos de los resultados alcanzados

El ritmo de la negociacin se acelera desde 1994 en que se suscriben 6 acuerdos, entre ellos el global sobre derechos humanos y el de poblaciones desarraigadas. En 1995 se suscribe el de identidad y derechos de los pueblos indgenas y la declaracin de Contadora. En 1996 se suscriben 8 acuerdos, el ltimo el de Paz Firme y Duradera, que sintetiza los previos. En el transcurso y de manera gradual, la insurgencia fue perdiendo apoyo social con la forma en que quedaron formulados algunos de los textos de la paz, y tambin se propiciaron por lo mismo rupturas con su militancia. Entre los acuerdos que mayor erosin causaron al apoyo popular de URNG estn el del establecimiento de la comisin de esclarecimiento histrico (Junio de 1994), el de identidad y derechos de los pueblos indgenas (Marzo de 1995) y el de aspectos socioeconmicos y situacin agraria (Mayo de 1996). En trminos generales, la formulacin final del acuerdo que da vida a la CEH gener desencanto en gran parte del movimiento social y de derechos humanos, por la formulacin que indica que Los trabajos, recomendaciones e informe de la Comisin no individualizarn responsabilidades, ni tendrn propsitos o efectos judiciales20. En cuanto al acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indgenas, AIDIPI, organizaciones indgenas consideraron que temas que consideraban centrales, como los del derecho a la tierra y al territorio, no se haban incluido. Demetrio Cojt dice que el AIDIPI fue novedoso y positivo, pues signific el reconocimiento del Estado de sus responsabilidades en la discriminacin y exclusin de

(coordinador), Guatemala, la infinita historia de las resistencias, Secretara de la Paz de la Presidencia de la Repblica, Guatemala, 2011.

17 Miguel ngel Reyes, entrevistas citadas, insiste en que durante el perodo 1981 a 1984 la guerrilla no estaba

socialmente aislada ni militarmente vencida sino manteniendo vnculos con la organizacin popular. Rosada, ya citado, puntualiza la existencia de enfrentamientos armados entre URNG y ejrcito despus de 1983-84, e igual se desprende de la lectura de Ventura Arellano, ya citado.

18 En especial (y una vez ms) sobre la reforma fiscal. Ver Rosada, ya citado, pgina 175.

19 M. A. Reyes, citado, dice la posibilidad de obtener el triunfo armado en un plazo previsible tanto para

insurgencia como para la contrainsurgencia ya no era realista. 20

Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin para el esclarecimiento histrico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin guatemalteca (Varias ediciones, Seccin Funcionamiento, punto III).

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los pueblos indgenas, pero que los negociadores no contemplaron todas las demandas indgenas como la autonoma territorial y otras, y existen evidencias de que lo que se est haciendo para incidir positivamente en la situacin de los indgenas es insuficiente, discontinuo, marginal y simblico. 21 En cuanto al acuerdo socioeconmico y agrario la formulacin final, segn parece, no guarda sino lejana similitud con los planteamientos previos de la comandancia de URNG, del grupo de asesores y de la comisin poltico diplomtica. El tema clave de la reforma agraria fue uno de los que desapareci del texto definitivo. A la necesaria intervencin del Estado para incidir en la grave problemtica agraria del pas da paso la intervencin del mercado de tierras. Esta transmutacin sucedi en el lapso que corre entre las negociaciones sobre el tema sostenidas durante la presidencia de Ramiro de Len Carpio, en la cual la cuestin agraria se estaba considerando ms objetivamente, y la gestin presidencial de lvaro Arz, durante la cual ya haba sido disuelta la Comisin Poltico Diplomtica de la URNG y la comandancia era quien negociaba directamente.22 Lo anteriormente sintetizado, como se dijo, provoc en el ltimo tramo de la negociacin una contraccin del apoyo popular para la URNG, a la vez que la prdida de masa crtica por la ruptura con un grupo calificado de cuadros polticos y militantes. A esto hay que agregar que la represin de los aos 70 y 80 del siglo anterior haba eliminado a parte importante de la oposicin socialdemcrata, de la izquierda moderada y del centro poltico (dirigentes y base social) por lo que una vez firmado el acuerdo de paz firme y duradera, la insurgencia transformada en partido poltico no logra obtener ni la fuerza ni la red de alianzas que le permitan presionar con xito sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos. Pasan al post CAI con gran debilidad sociopoltica y, de hecho, pareciera que uno de los indicadores de esto es la forma en que su caudal electoral ha ido mermando23. Enfrente de si, para complicar el cuadro, se han plantado una serie de gobiernos poco interesados en apoyarse seriamente en los acuerdos como parte de su gestin. El inicio de la nueva etapa se marca por la debilidad de unos y el desinters de otros, y por la presencia de un Estado que, gradualmente desde los 80 del siglo anterior, comienza a desmantelarse, reducirse, en concordancia con los postulados del neoliberalismo, lo que tiende a afectar las posibilidades de cumplimiento de algunos de los compromisos de la paz.24 La implementacin ritual de la democracia

En todo caso, es innegable que se ha ido creando una nueva institucionalidad para la actual etapa, tal como la existencia de comisiones paritarias para debatir algunos temas y proponer acciones, se constituy una comisin nacional de resarcimiento para las vctimas del CAI, se pueden sealar algunos avances en el campo legal, se ha producido la visibilizacin de algunos temas y su incorporacin a la discusin pblica, tambin hay que sealar la realizacin de procesos

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Demetrio Cojt Cuxil, Apreciaciones sobre el cumplimiento del acurde sobre identidad y derechos de los pueblos indgenas (AIDIPI) en Dilogo, Diez aos despus de la firma de la paz. Flacso Guatemala, Nueva poca, nmero extraordinario, Guatemala, diciembre del 2006.

22 Miguel ngel Reyes Illescas, ya citado.

23 La primera participacin electoral de la URNG, en coalicin con otras organizaciones polticas, mostr que un

12.3% del electorado les concedi el voto, con cifra absoluta un poco mayor a 271 000. En la ltima participacin electoral, la de 2011, el porcentaje fue del 2.8%, y la cifra absoluta de votos fue de 145, 080 votos (Datos extrados de la memoria oficial del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala).

24 En esto es de mucha importancia el desmantelamiento del sector pblico agrcola, aunque no es el nico factor

que acta en la direccin sealada.

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electorales al margen del fraude tradicional aunque con problemas menores. En comparacin con la etapa previa, se contrasta un notable incremento del respeto a los derechos civiles y polticos y sus garantas, con el hecho que diversas organizaciones del movimiento social sealan y denuncian violaciones a derechos fundamentales tanto de sus activistas como de poblacin en general. Es notorio tambin un rezago en la garantizacin de los derechos econmicos, sociales y culturales, y enormes dificultades para lograr que las demandas comunitarias e indgenas sobre territorio, recursos naturales y otros temas medulares, transiten del plano de las demandas sociales al de la legislacin positiva. Es de la mayor importancia la Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto Legislativo 52-2005) por cuyo medio se crea el Consejo Nacional para el cumplimiento de tales acuerdos (CNAP), reconocindoles el carcter de compromisos de Estado. El CNAP se integra con miembros designados por los tres organismos de Estado, los partidos polticos y de organizaciones de la sociedad civil (una persona por los pueblos indgenas, otra en representacin de las mujeres y otra por cada uno de los sectores sindical, campesino, empresarial, organismos de derechos humanos y el sector acadmico).25 Este consejo ha mantenido durante su gestin un perfil muy bajo, pero significa un avance en la construccin de la nueva institucionalidad, de acuerdo a lo planteado. Como se ve, nada permite dudar de la existencia de una etapa en que, a pesar de todo, la construccin de instituciones democrticas parece continuar proliferando, aunque no habra que desestimar la advertencia de Guy Hermet, cuando nos recuerda que, frecuentemente, cuando se habla de democracia se suele confundir extensin con profundidad. 26 En esta direccin, hay que insistir en que la dinmica social contina produciendo el tipo de desigualdades y exclusiones que se reconoce estuvieron en la base del enfrentamiento armado, lo que se agrava por hechos como la crisis econmica internacional, el deterioro de la economa del pas, la presencia evidente del pandillerismo gigantizado, del crimen organizado y del narcotrfico y los efectos que esto ha trado sobre la territorialidad del Estado. Tampoco habra que dejar de sealar la inveterada miopa de la clase poltica, la recurrente renuencia de fuertes sectores de la lite del poder de entender la necesidad de reformas profundas que apuntalen relaciones sociales democrticas, y el hecho simple pero determinante, de que el largo periodo del enfrentamiento armado (al que hay que agregar la serie de dictaduras militares y civiles previas) bloque la posibilidad de producir una cultura democrtica en los ms amplios sectores de poblacin, lo que contribuye a explicar lo que se ha dado en llamar ya en el pos CAI desinters ciudadano y, en direccin contraria, uno de los hechos que marca el perodo es la fundacin de la beligerante Asociacin de Veteranos Militares de Guatemala, AVEMILGUA, cuya presencia poltica creciente y planteamientos revelan una preocupante cercana con los postulados centrales de la guerra fra.27 No estamos, como sealan algunos, en una transicin incompleta o en una transicin perversa a la democracia sino, por el contrario, lo que el pas vive es la forma que asumen frecuentemente las transiciones sociopolticas, con los matices que al evento le brinda la realidad social local. Procesos comandados por fuerzas progresistas se entremezclan con otros cuya iniciativa la tienen elementos profundamente conservadores. Procesos que vienen del perodo del conflicto se

25

Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto legislativo N 52-2005), Guatemala, 2005.

26 Hermet, Guy, El invierno de la democracia. Auge y decadencia del gobierno del pueblo, Los libros del Lince,

Barcelona, Espaa, 2008. 27

AVEMILGUA fue fundada en septiembre de 1995, con base en un acuerdo del Ministerio de Gobernacin de julio del mismo ao. Es interesante consultar avemilgua.org, pgina informativa de la asociacin.

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combinan con procesos del post conflicto. Lo local adquiere nuevas formas de expresin. Actores sociales individuales y colectivos de ambos lados de 1996 se entremezclan con todo lo anterior, y un contexto internacional crtico sirve de marco. La aplicacin de las llamadas medidas de no-repeticin (o sea aquellas que tienden a impedir que las condiciones que llevaron al conflicto se repitan) no es satisfactoria. Al momento, en esta imbricacin entre lo nuevo y lo viejo, entre las posibilidades de la democracia y las resistencias del autoritarismo, la balanza parece estar preocupantemente inclinada hacia este ltimo. As entendida, la transicin terminara cuando los factores de la balanza se inclinen de manera permanente hacia una democracia sostenible, como se suele decir ahora. En este enfrentamiento sobre la forma que asumir el futuro, hay tres temas decisivos, uno de ellos el de la lucha por la memoria histrica, otro es el referente a el enjuiciamiento a perpetradores de violaciones a los derechos humanos durante el CAI, otro el de las reparaciones a las vctimas (sobrevivientes) del conflicto y, por ltimo, el de la reconciliacin, desde la ptica de las amnistas. Tales temas no agotan la agenda poltica guatemalteca, en la cual se han visibilizado nuevos puntos en los ltimos aos, pero tienen la posibilidad de marcar la tnica en que se discutan, solucionen u obstaculicen algunos de los otros. Las vicisitudes en la lucha por la memoria histrica El debate acerca de la verdad sobre las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto armado interno, se estimula, primero, a partir del informe Guatemala nunca ms, del Proyecto Interdiocesano de Recuperacin de la Memoria Histrica, conocido como Remhi, y conducido desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala por monseor Juan Gerardi. El segundo impulso a este debate lo ocasion el informe Guatemala, memoria del silencio, producido por la Comisin de Esclarecimiento Histrico, CEH, cuyo mandato se origina en el acuerdo de Oslo de junio de 1994. El primero de ellos fue presentado el 24 de abril de 1998 y el segundo en 25 de febrero de 1999. Ambos, a pesar de diferencias metodolgicas, operativas, presupuestarias, disponibilidad de recursos y tiempo, llegan a conclusiones relativamente similares sobre la tragedia.28 La idea que est detrs del primero de los proyectos se comienza a gestar de manera fortuita desde el momento en que en Oslo, Noruega, se suscribe el acuerdo sobre el establecimiento de la CEH, y en Guatemala gran parte del movimiento social, en especial el de derechos humanos, percibe al acuerdo como insatisfactorio por razones explicadas pginas atrs y, por lo tanto, con debilidades para rendir un informe exhaustivo y profundo, por las limitaciones de tiempo, de mandato y otras, segn se juzg en ese momento. En ese contexto, monseor Juan Gerardi Conedera, quien en ese momento era el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, propuso revisar otras experiencias, particularmente la salvadorea, e ir preparando ideas para aportarlas al proceso general de paz.29 El proyecto, ya madurado, fue presentado a la Conferencia Episcopal guatemalteca, donde fue considerado como pertinente y

28

Cerca de 200,000 vctimas, una cifra cercana a los 50,000 detenidos/desaparecidos. El Estado como el responsable de ms del 90% de las violaciones a los derechos humanos durante el CAI, masacres y actos criminales en su mayora contra la poblacin y comunidades indgenas. El informe de la CEH seala la existencia de genocidio sobre los pueblos de ascendencia maya. El informe del Remhi no lo hace.

29 Mario Domingo, entrevista abril del 2012. A esa fecha, el abogado Domingo era el director del rea de defensa de

la dignidad humana de la ODHAG.

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realizable, y adquiri el carcter de interdiocesano. Se trataba, y as funcion, de producir un informe cuyo estndar hiciera que el de la CEH no pudiese ser de inferior calidad y profundidad. Un acicate. Es sabido que el informe del proyecto Remhi fue respondido por el oscurantismo poltico dos das despus de su presentacin pblica con el asesinato de monseor Gerardi, lo que sirvi como una advertencia sobre el tipo de respuestas y el nivel de los agredidos a donde podan llegar los poderes ocultos. El desconcierto, el miedo, volvieron a sepultar temporalmente las expectativas de conocer y comenzar a debatir informacin fidedigna sobre el CAI.30 Menos de un ao despus, la Comisin de Esclarecimiento Histrico present su informe en solemne acto. Se recuerda todava la mencin expresa a monseor Gerardi y al significado del aporte del informe del Remhi, y tambin que al final del acto el documento no fuese recibido oficialmente por el presidente de la repblica. Cerca de una semana despus de este acto, el gobierno public un campo pagado en los medios escritos de ms circulacin del pas, rechazando que el Guatemala memoria del silencio fuese la historia del conflicto armado interno, y considerndolo un aporte entre otros para la comprensin del perodo. De acuerdo a esa posicin, tampoco acataron las recomendaciones de la comisin.31. De hecho, adems de la relativamente poca colaboracin que prest el gobierno a la Comisin durante la fase de investigacin, se trataba de minar la legitimidad y credibilidad de un documento oficial, emanado de las negociaciones de paz y, por lo mismo, con pleno conocimiento de las partes suscribientes.32 Si hubiese que poner una fecha y un evento al momento en que arranca el actual proceso de lucha por la memoria, este podra ser el indicado, a pesar de antecedentes como el libro de Ricardo Falla, publicado algunos aos antes, y otros documentos que circulaban en ese entonces33. Inicia as una nueva etapa de la lucha por la verdad, esta vez centrada en la disputa por la memoria histrica del pasado reciente. El derecho a la verdad sometido a prueba una vez ms. Comienzan a aparecer explicaciones, versiones sobre el CAI, que muchas veces no se conciben para enfrentarse entre si y dilucidar algunos de sus matices, sino buscando imponerse y sepultar a las otras. Cierto es que hay ya una abundante literatura sobre el conflicto armado, mucha de ella proveniente del esfuerzo de investigadores e investigadoras extranjeras. Pero entre las ms conocidas y recientes explicaciones y aportes de autores nacionales se encuentran, adems de las clsicas (Guatemala nunca ms y Guatemala memoria del silencio), algunas formuladas por ex miembros de la insurgencia armada34, otras producidas por ex militares35, otras provienen del mundo acadmico36,

30

El primer crimen poltico de la posguerra seala Mario Domingo. 31

Tales recomendaciones eran, en sntesis, que el Estado organizara la bsqueda de las personas desaparecidas, desarrollase acciones para preservar la memoria de las vctimas, propiciar la depuracin de las fuerzas de seguridad y organizar una Fundacin para la Paz y la Concordia. Estas y otras acciones en el espritu de los acuerdos pueden considerarse medidas de no-repeticin. Ver Edgar Gutirrez, La disputa sobre el pasado, Nueva Sociedad, 161, marzo-junio, Caracas Venezuela, 1999.

32 Ver un anlisis detallado en el texto de Impunity Watch, Reconociendo el pasado. Desafos para combatir la

impunidad en Guatemala, coleccin enfoque pas, Guatemala, noviembre del 2008. 33

Falla Ricardo, Masacres de la selva, Ixcn, Guatemala ( 1975-1982), Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1995.

34 Macas, Julio Csar, La guerrilla fue mi camino: epitafio para Csar Montes, Editorial Piedra Santa, Guatemala,

1997; Palma Lau, Pedro Pablo, Sierra Madre: paisajes y perfiles de la guerra revolucionaria, F&G Editores, Guatemala, 2010; Payeras, Mario, Los das de la selva, Editorial Piedra Santa, Guatemala, 1998; Porras Castejn, Gustavo, Las huellas de Guatemala, F&G Editores, Guatemala, 2011, y varios autores y ttulos ms.

35 Un buen punto de partida es conocer el texto de Gramajo, Alejandro, De la guerra... a la guerra, la difcil

transicin poltica en Guatemala, Fondo de Cultura Editorial, Guatemala, 1995; tambin hay que leer a Mrida, Mario Alfredo, La historia negada. Compendio acerca del conflicto armado interno en Guatemala, Edicin de

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otras intervenciones aparecen recientemente en columnas de opinin de conocidos periodistas. Por muchas razones, entre las ms importantes estn las provenientes de las organizaciones y familias de vctimas del enfrentamiento armado interno quienes, por un lado, estn acudiendo cada vez ms al proceso penal en bsqueda de justicia, apoyndose en el trabajo de organismos especializados de la sociedad civil37, y por otro, desarrollando un fuerte inters por dar a conocer la historia del CAI en el nivel de sus comunidades. A algunos de estos documentos comunitarios se les ha dado el nombre de Memoriales de Agravios. Su historia comienza en el ao 2008, cuando en la comunidad Cocop, la primera que sufri una masacre en la regin Ixil, Nebaj, Quich, la poblacin esperaba que el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, les hiciese una reparacin integral (combinando elementos simblicos y materiales, con base en documentacin que Cocop present debidamente). El PNR acudi a la comunidad, pero ya no lo hizo de nuevo ni dio visos de cumplir con la forma de reparacin acordada. Esto provoc que otras comunidades tambin afectadas durante el conflicto armado, organizaran meticulosamente su informacin, determinando los hechos, fechas, el listado detallado de las vctimas y de los daos materiales sufridos. A la fecha, existen ms de 70 memoriales de agravios, todos del departamento de Quich y la mayora de la regin Ixil, una de las ms afectadas por la violencia gubernamental durante el CAI. Todas piden formas integrales de reparacin, combinando lo colectivo, lo simblico y lo individual. El derecho de las vctimas y el derecho a la verdad accionados desde abajo.38 El fantasma de la amnista

El Estado, por intermedio de los diferentes gobiernos que se han sucedido de 1996 en adelante, ha respondido de manera desigual a los requerimientos de los compromisos de paz en trminos generales, y en trminos particulares a la bsqueda y difusin de la verdad, aunque hay avances innegables en este rubro. Como se ha visto, se ha ido creando una institucionalidad nueva, pero da la impresin que funciona descoordinadamente, no como un sistema de construccin de paz y democracia regido por un enfoque integral y vinculado por ello a otras polticas sociales. En este orden de cosas, la nueva administracin del pas39 ha comenzado a proponer cambios y hacer ajustes en la institucionalidad de la paz, a modo de hacerla ms slida y funcional, segn se desprende de declaraciones pblicas de los nuevos funcionarios. De hecho, muchas de las dependencias que han sido creadas desde diciembre de 1996, lo han sido por la va de acuerdos gubernativos, lo que les resta peso y rango poltico. Una de las excepciones ms importantes es el ya mencionado Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, emanado de la ley

autor, Guatemala, 2010; y Ventura Arellano, Vctor, La estrategia fallida. El ocaso de una guerra popular prolongada (Guatemala, 1979-2000), ya citado. AVEMILGUA, la Asociacin de Veteranos Militares de Guatemala, tiene un documento titulado Historia de una agresin (sin otros datos).

36 Ac es bueno consultar, por ejemplo, de Torres-Rivas, Edelberto, Revoluciones sin cambios revolucionarios.

Ensayos sobre la crisis en Centroamrica, F&G Editores, Guatemala, 2012; Rosada-Granados, Hctor, Soldados en el poder. Proyecto militar en Guatemala (1944-1990), ya citado; Sabino, Carlos, Guatemala: la historia silenciada, dos tomos, Fondo de Cultura Econmica de Guatemala, S. A., Mxico, 2008; Vela Castaeda, Manolo (coordinador), Guatemala, la infinita historia de las resistencias, ya citado, y muchos ms.

37 Entre estas organizaciones es posible mencionar al Grupo Legal de Apoyo Mutuo (GAM), al Centro de Accin Legal

en Derechos Humanos (CALDH), la Fundacin Rigoberta Mench (FRM), la Fundacin Myrna Mack (FMM) y varias ms, de gran importancia en los esfuerzos de democratizacin del pas.

38 Entrevistas a Mara Eugenia Carrera (abril 2012) y Rafael Herrarte (julio 2012), ambos funcionarios del Centro de

Anlisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA. 39

El Partido Patriota gan las elecciones generales, con la frmula Prez/Baldetti, de presidente y vicepresidenta, respectivamente, y estn en su cargo de enero del 2012 hasta enero del 2016.

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marco de los acuerdos de paz o decreto legislativo 52-2005, aunque vale recordar que el CNAP ha mantenido durante su gestin un perfil muy bajo.

Los ajustes propuestos por el actual gobierno no han sido todava suficientemente discutidos, pero muchas de las organizaciones y personas de la sociedad civil vinculadas en alguna forma en la agenda de la paz ven con notable suspicacia la posibilidad de una reingeniera regresiva, que cierre espacios a lo que se ha venido construyendo dificultosamente.40 A esto contribuye la serie de planteamientos que han emanado de altos funcionarios de la paz, sobre la necesidad de decretar una amnista como prerrequisito para el conocimiento de hechos acaecidos durante el enfrentamiento armado.41 El argumento es que muchos de los implicados tienen el deseo de hablar, pero la posibilidad de enfrentar juicios penales les inhibe de hacerlo. Verdad sin juicios. Verdad con resarcimiento. Es sabido que las amnistas pueden ser un recurso de la democracia, una frmula de reconciliacin si son debidamente utilizadas, de lo contrario pueden agudizar las tensiones que pretenden reducir. La observacin correcta del momento poltico y sus correlaciones de fuerza es importante, y este no parece ser un buen momento para ello. En ello, la experiencia guatemalteca es diversa: para no retroceder mucho en la historia, es bueno recordar la cnica auto-amnista (Decreto 8-86) del General Oscar Meja Vctores previa a entregar la presidencia a Vinicio Cerezo/R. Carpio. En el otro extremo hay que considerar la Ley de Reconciliacin Nacional de 27 de diciembre de 1996,42 la cual ha sido considerada un documento jurdico poltico de buena calidad. Es una ley que tiende a propiciar la reconciliacin de las personas involucradas en el enfrentamiento armado interno, y decreta la extincin total de responsabilidad penal por los delitos cometidos durante ese perodo por autores, cmplices y encubridores, y en su artculo 8 seala expresamente la extincin de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no ser aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparicin forzada, as como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extincin de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Se trata, pues, de una ley de amnista, pero elaborada con solvencia tcnica y pertinencia poltica. Igual puede decirse del acuerdo que sienta las bases para la reincorporacin de la URNG a la vida legal, el cual se amarra expresamente a la ley de reconciliacin nacional. La reconciliacin, sin embargo, no depende nica ni principalmente de la promulgacin de leyes sino de la calidad de las relaciones sociales en el nuevo momento histrico. En esto es de importancia considerar permanentemente el derecho que las vctimas, sus familiares y, en trminos generales la sociedad tiene de conocer la verdad.43

40

Entrevista a ex trabajador de los desaparecidos Archivos de la Paz, ya citado. 41

Antonio Arenales Forno, Comisionado presidencial de Derechos Humanos y nuevo Secretario de la Paz, ha insistido en la idea desde marzo del 2012, en declaraciones a los medios de comunicacin locales.

42 Decreto N 145-96 del Congreso de la Repblica de Guatemala.

43 Expresamente, el Acuerdo aludido dice en su numeral 18: Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a

conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliacin Nacional encargar a la Comisin para el Esclarecimiento Histrico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la poblacin guatemalteca, el diseo de los medios encaminados a hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histrica acerca del perodo del enfrentamiento armado interno, a fin de evitar que tales hechos se repitan. La ley establecer la obligacin de todo organismo o entidad del Estado de prestar a la Comisin los apoyos que esta requiera para llevar a cabo su tarea, segn las finalidades especificadas en el Acuerdo correspondiente.

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Reforzando la idea del mal momento para impulsar amnistas polticas, hay que sealar que desde mediados del presente ao se han recrudecido algunos aspectos del debate por la memoria, y un proceso de polarizacin se hace evidente de nuevo. Los medios de comunicacin del pas han dado cuenta del mismo. En mayo recin pasado, la asociacin civil Fundacin de Antropologa Forense de Guatemala, FAFG, encontr en el destacamento militar de Cobn, Alta Verapaz, el mayor cementerio clandestino encontrado hasta esa fecha, con 250 osamentas.44 Tambin en esos das aparecen artculos de opinin y comentarios en la seccin de cartas de los lectores respecto a militares a la espera de juicios penales, en concreto sobre el ex general E. Ros Montt, pero no solo sobre l. 45 Meses despus, en septiembre, la recientemente formada Asociacin de Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (Familias) convoc a una manifestacin de apoyo a los oficiales y generales que enfrentan juicios por crmenes cometidos durante la dcada de los 80 en el contexto del CAI. Algunas de las mantas portaban lemas como En Guatemala no hubo genocidio, Gracias a los soldados y no a los poetas podemos hablar en pblico, y una de las oradoras principales, hija de Efran Ros Montt, hizo tristemente clebre una frase: Un soldado no debe pedir perdn46 El debate sobre genocidio en Guatemala lo inaugur el informe de la CEH, al sealar con claridad que sobre los indgenas Maya Qanjobal, y Maya-Chuj, en Barillas, Nentn y San Mateo Ixtatn del Norte de Huehuetenango, tambin los Maya-Ixil, de Nebaj, Cotzal y Chajul, Quich; los Maya-Kiches en Joyabaj, Zacualpa y Chich, Quich y los Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz, el Estado tuvo prcticas genocidas. Recientemente la discusin del tema ha dado una nueva vuelta de tuerca como reaccin a los procesos judiciales que se han entablado contra ex militares de alto nivel, que tuvieron poder, mando de tropa y de personal durante el CAI. Su actual lnea de defensa es reconocer que durante el enfrentamiento armado pudo haber hubo masacres cometidas por ambos bandos, as como ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, pero que no hubo prcticas genocidas por parte del Estado.47 Esto ha planteado una nueva arena para la lucha poltico jurdica, como se ver ms adelante. Encaminndose al momento actual

Estos acontecimientos son slo el reflejo de algo que comenz aos atrs, cuando las ONG de derechos humanos, las vctimas y sus familiares se vieron en la necesidad de presentar casos ante la jurisdiccin nacional de otros Estados con jurisdiccin para conocerlos, o de acudir al sistema interamericano de justicia, debido al predominante aunque no absoluto rechazo del sistema penal guatemalteco por conocer casos del CAI, o de. As, se presentan entre 2002 y el momento actual, cerca de ocho sentencias de reparacin contra el Estado de Guatemala, dictadas por la CorteIDH. Adems de estos hechos, hay que considerar que en 1994 hay un nuevo cdigo

44

Ver el artculo de Carolina Gamazo, Los fantasmas de Cobn, diario El Peridico, edicin de 8 de julio del 2012, y el comentario de Juan Luis Font, un da despus en el mismo medio, Los aparecidos, en el cual concluye acertadamente que el Estado debe hacer propio el proceso de exhumaciones e institucionalizarlo. El pas ha vivido tercamente de espaldas a lo que ocurri durante el conflicto, seala, pero no es posible esperar ms.

45 Marcela Gereda formul un artculo titulado Efran el Grande, en el que contrapone su opinin a una carta de

lector, en la que alaba las hazaas militares de Ros Montt por haber salvado a Guatemala de la guerrilla y haberle hecho bien al pas. Ver El Peridico, 16 de julio del 2012.

46 El Peridico, lunes 10 de septiembre del 2012. El da siguiente, Gustavo Berganza, conocido comunicador,

coment la marcha sealando el lenguaje de guerra fra que predominaba, y el enfoque de promocin de impunidad que predomin. El Peridico, 11 de septiembre del 2012.

47 Antonio Arenales F., Me indigna que se diga que en Guatemala hubo genocidio, El Peridico, 26 de febrero del

2012.

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penal que incorpora como delito la desaparicin forzosa, y que se agregan luego los delitos de ejecucin extrajudicial y tortura, que en 1996 la sala V de apelaciones del departamento de Jalapa dictamina que los delitos comunes cometidos por militares se juzgan en tribunales ordinarios, en 1999 se produce la primera sentencia condenatoria por violacin a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado (Se condena a un ex patrullero de defensa civil a 220 aos), en el 2005 aparecen los archivos de la vieja Polica Nacional, que luego se transforman en el Archivo Histrico de la Polica Nacional, fuente de extraordinaria utilidad para encontrar la lgica de funcionamiento y de articulacin de estructuras policiales y del ejrcito durante el CAI. Durante el ao 2007 se crea la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG 48, el ao siguiente se promulga la ley de libre acceso a la informacin pblica (Decreto legislativo 57-2008), en el 2009 se produce la primera sentencia condenatoria a un oficial de alto rango, por desaparicin forzosa durante el CAI, en el caso de la aldea El Jute, en Chiquimula, en el 2010 la Fiscala General y el Ministerio Pblico se encuentran bajo nueva y democrtica direccin, y la acumulacin de todo lo anterior, por fortuita que sea, ha significado un retroceso a la impunidad y, por lo mismo, la reaccin opuesta de organizaciones como Familias o Avemilgua, que se cierran en una defensa gremial sin concesiones. No son nicamente ellos los portadores de la voluntad de impunidad pero son en este momento los ms evidentes49. Han diseado como el blanco principal de sus ataques a tres instituciones, la CICIG, el Ministerio Pblico y la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia.50 Pueden mover opinin pblica, recursos econmicos y, eventualmente, poblacin. Y muestran una tipo de intransigencia de guerra fra en un escenario polarizado pero diferente al del CAI. A la par de esta actitud est la voluntad de diferentes organizaciones de la sociedad civil, no siempre unificadas pero activas y, sobre todo, la presencia de las familias y las organizaciones de vctimas, verdadero motor en la lucha por la recuperacin de la memoria histrica.51 De hecho, hay tres variables totalmente articuladas e interdependientes, aislables nicamente con fines expositivos. Se trata del derecho a la verdad sobre los hechos de violencia durante el CAI, de los juicios a perpetradores de violaciones de derechos humanos en ese perodo y del resarcimiento de las vctimas sobrevivientes y sus familiares, as como a las comunidades afectadas. En esta articulacin, segn parece, el derecho a la verdad tiene el mayor peso explicativo. Es el que debe orientar a los otros. Si se desconoce la verdad histrica sobre el enfrentamiento armado y se enfatiza en los juicios a perpetradores de violaciones a los derechos humanos, puede perderse la perspectiva y ver el hecho como si fuese venganza poltica, como han planteado algunos de los partidarios de la impunidad. Si se desconoce la verdad histrica sobre el CAI y se pasa sin conocerla a formas de reparacin/resarcimiento, puede tambin

48

Solicitada por gobierno e insurgencia desde el ao 1994, en el texto del acuerdo de creacin de la CEH. 49

Ver adelante, el siempre incompleto esfuerzo de los datos para la lnea del tiempo. 50

Ver El Peridico, de 14 de agosto del 2012, en el que el columnista Ricardo Mndez Valds ataca al magistrado Csar C. Barrientos y a la fiscal general, Claudia Paz y Paz (Las presiones del Magistrado), y all mismo, la columna de M. A. Albizurez (Una clara amenaza) en la que aclara el sentido de los ataques de Mndez a la Fiscal, en ocasin de las exhumaciones en el destacamento militar de Cobn, que arrojan 316 osamentas, casi 70 ms de las sealadas en la noticia del da 8 de julio pasado.

51 En la serie de entrevistas sostenidas entre abril y junio del presente ao, fue casi unnime la opinin acerca de

que lo poco que se ha avanzado en la lucha por la verdad y en contra de la impunidad, se debe al tesn de las vctimas sobrevivientes, sus familiares y las organizaciones que les agrupan. Hay ciertamente ONG que han demostrado un salto de calidad en su organizacin tcnica, en su capacidad operativa y en su comprensin de la nueva coyuntura, pero se trata an de una minora.

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perderse la perspectiva y considerar el hecho como una maniobra para comprar el silencio de las vctimas. Verdad, justicia y reparacin deben irse articulando orientados por la primera. Y esa es la intencin de las siguientes secciones del presente trabajo.

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Hitos en el proceso de negociacin de la paz. 1982 1996.

(De Esquipulas al acuerdo sntesis) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ENE 8

FEB

MAR 5 9, 10,11

14 16

ABR 6

MAY 1 17

JUN 12,13

JUL 7

AGO 2,3 15

SEP 4 18

OCT

NOV

DIC 19,20 21,22 23

Conversaciones no oficiales. Tanteos iniciales.

Desbloqueos.

Conversaciones no oficiales de alto nivel entre URNG y

Gobierno

Proceso de negociacin

Conversaciones secretas durante el perodo oficial de negociaciones.

Referencias: (1986) 1 = Declaracin de Esquipulas (Guatemala). (1987) 2= Acuerdo de Esquipulas II (Guatemala). 3= Acta de instalacin de la Comisin Internacional de Verificacin y Seguimiento (Caracas, Venezuela). 4= Acuerdo de creacin de la Comisin Nacional de Reconciliacin (Guatemala). (1990) 5= Acuerdo de Oslo (Noruega). (1991) 6= Acuerdo de Mxico. 7= Acuerdo de Quertaro (Mxico). (1994) 8= Acuerdo marco para la reanudacin del proceso de negociacin entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Mxico). 9= Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala (Mxico). 10= Acuerdo global sobre derechos humanos (Mxico). 11= Declaracin conjunta del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Mxico). 12= Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado (Noruega). 13= Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin para el esclarecimiento histrico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin guatemalteca (Noruega). (1995) 14= Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indgenas (Mxico). 15= Declaracin de Contadora (Panam). (1996) 16= Declaracin unilateral de cese al fuego (URNG). 17= acuerdo sobre aspectos socioeconmicos y situacin agraria (Mxico). 18= Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y funcin del Ejrcito en una sociedad democrtica (Mxico). 19= Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego (Noruega). 20= Acuerdo sobre reformas constitucionales y rgimen electoral (Suecia). 21= Acuerdo sobre bases para la incorporacin de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad (Espaa). 22= Acuerdo sobre el cronograma para la implementacin, cumplimiento y verificacin de los acuerdos de paz (Guatemala). 23= acuerdo de paz firme y duradera (Guatemala).

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Datos para organizar una lnea del tiempo 1980 a 1989 1981: Quema de la Embajada de Espaa.

La destruccin del frente urbano de la insurgencia. 1982: Primeros acercamientos entre insurgencia y polticos no insurgentes.

1981 a 1983: El ejrcito toma la iniciativa militar en el campo (Ofensiva de sept. a dic. se 81, conocida popularmente como perodo de tierra arrasada).

1982: Unificacin de la insurgencia en URNG. 1984: Inicia la transicin a la democracia (Tutelada por el Ejrcito). 1985: Entra en vigencia la nueva Constitucin poltica del pas. 1985: Elecciones generales. Gana la Democracia Cristiana Guatemalteca.

El general Meja Vctores emite el Decreto 8 86 (Conocido tambin como la auto-amnista).

1986: Asume el gobierno la DCG. Cambio de rgimen poltico. Declaracin de Esquipulas. 1987: Acuerdo de Esquipulas II. Comisin Nacional de Reconciliacin.

El Estado de Guatemala acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asonada contra el gobierno de V. Cerezo es frustrada. 1989: Finalizacin oficial de la Guerra Fra. Nueva asonada contra el gobierno civil de Cerezo es frustrada. 1990 a 1999 1990: Comienzo de las negociaciones entre Gobierno y URNG.

Acuerdo de Oslo, o bsico para la bsqueda de la paz por medios polticos. Asesinato de Myrna Mack. 1991: Acuerdo de Mxico (procedimental). Acuerdo de Quertaro (marco sobre democratizacin). 1992: Nuevo cdigo procesal penal. 1993: Golpe de Estado de Jorge Serrano. Abortado rpidamente.

Establecimiento del Ministerio Pblico como ente autnomo. 1994: Acuerdo marco para reanudar conversaciones insurgencia y Gobierno.

Acuerdo Global de Derechos Humanos. Acuerdo sobre poblaciones desarraigadas. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin de Esclarecimiento Histrico. Instalacin de Minugua (Emanada del acuerdo global sobre derechos humanos)

Instalacin de la Asamblea de la Sociedad Civil. Nuevo cdigo procesal penal. La desaparicin forzosa como delito. Instalacin de COPMAGUA (Coordinadora de los Pueblos Mayas de Guatemala). 1995: Firma del acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indgenas. Declaracin de Contadora. Masacre de Xamn. Se agregan al cdigo penal guatemalteco los delitos de ejecucin extrajudicial y tortura.

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Reforma constitucional regresiva (Contexto del golpe de Estado de Jorge Serrano). 1996: Acuerdo sobre aspectos socioeconmicos y situacin agraria.

Ley de reconciliacin nacional (Decreto 145 1996) Acuerdo de incorporacin de la URNG a la vida civil. Firma del acuerdo de paz firme y duradera. La sala V de apelaciones del departamento de Jalapa dictamina que los delitos comunes cometidos por militares van a tribunales ordinarios.

1997: Se forma la nueva Polica Nacional Civil: Incorpora elementos no depurados de la vieja estructura policiaca.

1998: Presentacin del informe del Remhi. Asesinato de monseor Juan Gerardi. 1999: Presentacin del informe de la Comisin de Esclarecimiento Histrico. 1999: La consulta popular sobre reformas constitucionales sobre el estatuto legal de los

acuerdos de paz. El Tribunal de Sentencia de Totonicapn dicta la primera sentencia por violacin a los

derechos humanos durante el CAI a un ex patrullero civil. 2000 a 2009 2002: Comisin presidencial contra la discriminacin y el racismo en contra de los pueblos

indgenas de Guatemala. Acuerdo amistoso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la

masacre de Dos Erres. El acuerdo se bloque con la presentacin de decenas de recursos de amparo por parte de la defensa de los acusados.

La CorteIDH dicta sentencia de reparacin en el caso de Efran Bmaca Velsquez. 2003: Las FAR salen de la URNG. La Comisin Nacional de Resarcimiento. La ley de idiomas nacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia de reparacin contra el Estado de Guatemala, en caso de Myrna Mack. Ejecucin extrajudicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia de reparacin contra el Estado de Guatemala en el caso de Maritza Urrutia. Secuestro.

2004: Concluye el mandato de Minugua (desde 1994). El Tribunal de Sentencia de Cobn, Alta Verapaz, dict sentencia condenatoria contra la patrulla militar que perpetr la masacre de Xamn en 1995. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia de reparacin contra el Estado de Guatemala, en caso de Plan de Snchez. Masacre de 268 vctimas. El Congreso de la Repblica emite decreto para la conmemoracin del Da Nacional de las Vctimas del CAI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia de reparacin contra el Estado de Guatemala, en caso del nio Molina Theisen. Secuestro.

2005: Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Aparecen los archivos de la antigua Polica Nacional. Se transforman en el Archivo Histrico de la Polica Nacional.

Formacin de AVEMILGUA, Asociacin de Veteranos Militares de Guatemala. 2007: El Congreso conoce iniciativa de ley para una Comisin de Bsqueda de Desaparecidos

durante el CAI. No se ha avanzado en esto.

[19]

Se crea la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. (Demanda incorporada en el punto IV del acuerdo global de derechos humanos, 1994)

Se incluyen en el sistema educativo del pas contenidos sobre orgenes y consecuencias del CAI, aunque de manera insuficiente.

2008: Ley de libre acceso a la informacin pblica. 2009: Caso de desaparicin forzosa en El Jute, Chiquimula, primera sentencia condenatoria a un

oficial de alto rango, por crmenes durante el CAI. Elecciones en la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para el perodo 2009 a

2014. 2010 a 2012 2010: El Ministerio Pblico y la Fiscala General bajo nueva conduccin.

El gobierno recibe oficialmente el informe de la Comisin de Esclarecimiento Histrico (pendiente desde 1999) La Corte Suprema de Justicia decreta que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son autoejecutables en Guatemala.

2011: El Ministerio Publico emplaza jurdicamente a funcionarios del perodo de la dictadura militar, colocados en la parte superior de la cadena de mando en ese entonces.

2012: Asume la presidencia de la repblica Otto Prez Molina. Guatemala ratifica el Estatuto de Roma.

Las nuevas autoridades encargadas de la institucionalidad de la paz anuncian cambios radicales al respecto. Sugieren la necesidad de una amnista. Electo el nuevo Procurador de los Derechos Humanos.

[20]

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justicia guatemalteco: avances y retos., Informe en reunin de expertos de Europa, Canad, Estados Unidos, frica y Asia, en Nueva York, 7 y 8 de diciembre del 2011.

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prolongada. (Guatemala, 1979 2000), edicin de autor, Guatemala, 2012. FUENTES VIVAS

Csar C. Barrientos (Presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Guatemala, abril del 2012).

[22]

Ramn Cadena (Director Comisin Internacional de Juristas, Guatemala, abril y junio del 2012).

Mara Eugenia Carrera (Coordinadora del rea de del Centro de Anlisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, Guatemala, abril del 2012).

Mario Domingo (Director del rea de Defensa de la Dignidad Humana de la ODH del Arzobispado, Guatemala, abril del 2012).

Rafael Herrarte (Director ejecutivo, Centro de Anlisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, Guatemala, julio del 2012).

Miguel Moerth (Abogado, Bufete de Derechos Humanos, Guatemala, abril del 2012).

Miguel ngel Reyes (Analista Independiente, Guatemala, varias entrevistas, abril a junio del 2012).

Claudia Samayoa (Coordinadora de la Unidad de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Guatemala, abril del 2012).

Trabajador de los Archivos de la Paz. (Entrevistas con anonimato, Guatemala, mayo/junio del 2012).