nº 187 / 200872

La crisis del sistema penitenciario no es una situa-ción nueva ni en el Perú ni en la mayoría de países de América Latina. En nuestro caso, debemos señalar que los tres informes defensoriales que han evaluado el sistema penitenciario reflejan un creciente deterioro del mismo durante los últimos once años. Y si bien con anterioridad no existieron documentos que sis-tematizaran la situación de los penales, algunos aún podemos recordar que en la década de 1980 y anteriores se registraron noticias de motines y abusos, así como reportes sobre el drama carcelario.

José Ávila / Luis E. Francia Defensoría del Pueblo

En el Informe Defensorial 113, sobre la situación del

sistema penitenciario, se ha reconocido un “estado de

cosas inconstitucional” y se ha llamado la atención de las

diferentes autoridades para que adopten un conjunto de

medidas que permitan superar la situación indignante

que exhibe este importante componente de la justicia

penal y de la seguridad ciudadana.

No hablamos, entonces, de una crisis de coyuntura,

sino de una crisis estructural, que se refleja claramen-

te en algunos indicadores básicos: el hacinamiento,

una crisis estructural

la política penitenciaria:

Vasc

o M

.

73Derechos Humanos

por ejemplo, bordea el 92% (más de 43.115 internos habitan penales que tienen una capacidad solo para 22.484), lo que, sumado a una infraestructura deficiente o deteriorada, origina condiciones de detención inhu-manas. A ello se añade la carencia de profesionales de tratamiento penitenciario o médico, que impide una atención adecuada de las necesidades básicas y hace irrealizable el mandato resocializador de la prisión que la Constitución establece.

En las dos últimas décadas, el Instituto Nacional Peni-tenciario (INPE) ha sido declarado en reorganización cinco veces y su emergencia ha sido decretada en mayor número de oportunidades, con la finalidad de revertir las continuas crisis que ha acusado el sistema penitenciario. Sin embargo, los avances en cada una de ellas no han sido medulares; solo se han aplicado medidas paliativas para salir de las cíclicas crisis.

Frente a ello, la respuesta del Estado ha sido, regular-mente, la construcción de nuevas cárceles (que rápida-mente fueron copadas en su capacidad y deterioradas en sus ambientes), pero estas medidas no han sido acompañadas del necesario incremento de recursos económicos para brindar un tratamiento resocializador a los internos ni la optimización de los servicios de atención o seguridad.

la política penitenciaria del gobierno

A dos años del inicio del actual gobierno, puede decirse que, más allá de las buenas intenciones de las diversas presidencias del INPE y de algunos éxitos puntuales, la situación para el ciudadano privado de libertad no ha mostrado significativas mejoras. Y ello se debe, entre otros motivos, a que hasta el momento las iniciativas para realizar mejoras se han centrado en esfuerzos del INPE o del Ministerio de Justicia, sin considerar que la crisis penitenciaria incluye factores que no pueden ser controlados por dichas instituciones.

• Enprimerlugar,elINPErecibealconjuntodepersonasque el Poder Judicial ordena sean recluidas cada día; por lo tanto, diariamente tiene que hacer frente a nuevos usuarios y estirar sus escasos recursos para atender a más internos. Este incremento de internos no tiene como único origen la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino también la política criminal, que está marcada por la constante dación de normas que incrementan penas, reducen beneficios y buscan, en

general, la “neutralización” de los internos, lo que origina más privación de libertad pero sin el necesario aumento de los recursos para la atención de dichos internos.

• De otro lado, una gran cantidad de las quejas oreclamos planteados por los internos se refieren a deficiencias en la administración de justicia, pues la mayoría de ellos son procesados (aproximadamente 66%), y no pueden ser atendidos por la administración penitenciaria.

• Lainstituciónpenitenciariaarrastraunacrisisinternamarcada por recurrentes denuncias de corrupción y abusos, a lo que se suma un personal desmotivado y carente de condiciones mínimas para el desarrollo de su labor.

• Finalmente,debeindicarseque,sibiendesdehacealgunos años se ha considerado la necesidad de una política de seguridad ciudadana, esta no ha tomado en cuenta hasta el momento la necesidad de incorporar plenamente en dicha política al sistema penitenciario, olvidando la importancia que para la prevención del crimen tienen el tratamiento y la recuperación de los internos. En efecto, no se trata solo de considerar mejoras en las condiciones de detención de los internos para el respeto de sus de-rechos fundamentales, sino también que mediante ello y una labor profesional adecuada se intente rescatar de la actividad criminal a aquellos que tengan la voluntad y compromiso para hacerlo.

lo avanzado y lo pendiente

Sobre los citados factores poco se ha podido avanzar, pero la actual presidencia del INPE tiene algunos logros que merecen ser citados:

• Laadministraciónpenitenciariavieneencauzandosus objetivos de acuerdo a las políticas penitenciarias contenidas en un documento rector que fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0419-2007-JUS. Es un modelo de gestión importante, que responde a una medición de metas y objetivos verificables.

• Enmateriade infraestructura,existen logrosmuyimportantes. Se ha anunciado el “Plan de Ampliación de Infraestructura 2008-2017” y, como parte de di-cha medida, se viene concluyendo la ampliación de tres establecimientos penitenciarios (Piura, Puerto

nº 187 / 200874

Maldonado y Huacho); se han efectuado labores de mantenimiento en los penales de Lurigancho y Miguel Castro Castro y se ha proyectado la construcción de tres nuevos recintos penitenciarios (Ancón II, Nuevo Chincha y la habilitación del cuartel de Tarapacá como centro penitenciario para mujeres). Asimismo, se ha proyectado ampliar la capacidad de cinco penales (Ica, Huaral, Tacna, Moyabamba y Trujillo).

• EstápróximoapublicarseunManualdeDerechosHu-manos aplicados a la función penitenciaria, elaborado por profesionales del INPE y la Comisión de Derechos Humanos, con el asesoramiento de comisionados de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

• UnnuevoReglamentodeOrganizaciónyFunciones(ROF), norma que podría permitir una adecuadaestructura organizacional y funcional de la adminis-tración penitenciaria.

• Se han implementado políticas demeritocracia, através de concursos públicos, para nombrar a los ocho directores regionales.

• SevienerevisandounnuevoReglamentoGeneraldeSeguridad Penitenciaria, con el fin de adaptarlo a las normas nacionales e internacionales.

• VienefuncionandounaoficinadeAsuntosInternos,como órgano de lucha contra la corrupción y de pes-quisa de actos irregulares en que pudieran incurrir los servidores.

• Continuidad del Proyecto Piloto del Pabellón 16del Establecimiento Penitenciario, en donde, en un ambiente apartado del resto de la población peni-tenciaria, se brinda un tratamiento penitenciario adecuado a más de 120 internos primarios jóvenes.

• LarevisióndelamallacurriculardelCentroNacionalde Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), para brindar una mejor preparación a los nuevos servidores penitenciarios.

• Todoestosesuma con la anunciada y esperada política de despenalización mediante indultos humanitarios.

Sin duda, estas son medidas importantes y necesarias y se vienen aplicando con sentido de responsabilidad y transparencia, pero ello no basta. Estas líneas de trabajo son el punto de partida de lo que debe constituir una reforma penitenciaria para la que se requiere apoyo, respaldo y voluntad política, así como los recursos necesarios para concebir un sistema penitenciario útil y eficaz que se enmarque en una política integral de seguridad ciudadana y de justicia penal.

El Estado tiene la obligación constitucional de ofrecerle a la sociedad una cárcel segura, ordenada, eficaz y res-petuosa de la dignidad humana. El gasto en cárceles debe tener un carácter prioritario dentro del gasto público social.

El gasto público en el mejoramiento de la situación carcelaria acarreará necesariamente algunas reduc-ciones de inversión en otros sectores. Sin embargo, estimamos que el sacrificio que ello impone sobre los demás ciudadanos no es “secundario” en razón de su “carácter temporal”.

El gobierno tiene que ser consciente que esta situación puede devenir contraria al principio constitucional de resocialización de la persona privada de la libertad, con consecuencias negativas para la seguridad ciudadana y los índices de riesgo-país. La democracia no solo tiene que atender las demandas de las mayorías; las “mino-rías” también forman parte de ella.

Un Estado de Derecho es un Estado con gobernantes pru-dentes y que asumen límites constitucionales. Los respon-sables de la política general del gobierno no pueden ignorar la existencia de penales “inseguros” y “riesgosos”.

Con esa superioridad moral y sentido de responsabilidad que viene demostrando el gobierno en otros asuntos pú-blicos, también debe garantizar a los niños, ciudadanos y empresarios un “sistema penitenciario seguro, ordenado, con ‘institucionalidad penitenciaria’ y trato humano”.

el gasto en cárceles debe tener un carácter prioritario dentro del gasto público social.