producto 3. documento final compilado con el análisis
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Producto 3. Documento final compilado con el análisis comparativo de experiencias de PSAH en las que ha participado Patrimonio Natural
Contrato de prestación de servicios No. C&G-G-236
Olga Adriana León
CAPITULO 1. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LA RURALIDAD COLOMBIANA
En este primer capítulo se hace un recuento del marco normativo y de gestión en el que se desarrollan las normas asociadas al Pago por Servicios Ambientales en Colombia, los avances obtenidos hasta el momento en su implementación en el país y un análisis de su aplicación en el contexto de la ruralidad colombiana.
1.1 La gestión ambiental en Colombia
La gestión ambiental es entendida como un proceso permanente en el cual diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y usar de manera sustentable el medio ambiente (Rodríguez y Espinoza 2002). Esto necesariamente lleva a pensar en los modelos económicos que ha tenido el país como impulsores de su “bienestar”, al respecto Carrizosa (2004) se refiere a la gestión ambiental y los procesos institucionales basados en “conceptos e imaginarios que han guiado al país: el desarrollo sostenible, el modelo neoliberal, el enriquecimiento fácil y el modelo autoritario, afectaron y afectan la plena obtención de los objetivos”. La gestión ambiental ha ido modelándose de acuerdo a los contextos encontrados, a las dificultades de un país en un proceso de posconflicto, con índices de inequidad altos, con autoridades mafiosas en los territorios y con una violencia activa pero soterrada en muchas regiones después de un intento por obtener la paz.
Según Guhl (2015), la evolución de la gestión ambiental se ha dado en tres etapas que han marcado fuertes tendencias en el estado de conservación de los ecosistemas en el país. La primera de ellas (conservacionista) surge del reconocimiento del creciente deterioro de los ecosistemas tras políticas como las reformas agrarias (1936 y 1961) que se enfocaron en impulsar un desarrollo rural instrumental con enfoque productivista ignorando aspectos como altos índices de analfabetismo, carencia de organización y capital social, con una dependencia absoluta a organizaciones públicas ineficientes y en muchos casos corruptas, con un desenlace que se tradujó en un campo pobre con baja competitividad productiva, inmerso en conflictos armados, desarticulado de lo urbano y con un capital natural disminuido. Y bajo este contexto se intenta una gestión ambiental que confiere la responsabilidad de la conservación fundamentalmente al Estado y que desconoce la relación entre los sistemas naturales y los
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sociales.
En la segunda etapa la gestión ambiental tomó mayor fuerza en el país, incorporó la premisa del desarrollo sostenible y se presentaron importantes hitos como la creación del Ministerio del ambiente y la organización del SINA, y a partir de allí la creación de instrumentos para planificación y ordenamiento, expedición de normas ambientales y uso de instrumentos económicos. Fue evidente el gran liderazgo del estado en temas ambientales, mayor presencia fundamentada en la concepción de los bienes y servicios ecosistémicos como bienes públicos y se buscó además promover la participación social y generar una visión colectiva a largo plazo.
La tercera etapa se caracteriza por la privatización de la gestión ambiental y se convierte en un espacio para la gestión del sector privado y la realización de negocios, sobresale la visión utilitaria y mercantilista de lo ambiental. La empresa privada toma modesta iniciativa sobre el paso a la “sostenibilidad” y el liderazgo Estado no permite se materializa, lo que representa un debilitamiento de la institucionalidad ambiental, predomina el interés por maximizar los rendimientos económicos desconociendo límites ecológicos.
1.2 Incentivos a la conservación
En el Convenio de Diversidad Biológica un incentivo se define como un instrumento económico o legal diseñado para favorecer actividades beneficiosas (incentivos positivos) o desalentar actividades que afectan la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (incentivos negativos) (CONAM 2001). El papel de los incentivos es el de modificar decisiones y comportamientos de entes gubernamentales, sector privado, organizaciones no gubernamentales o pobladores locales para disminuir los riesgos futuros en el sistema natural, y por tanto los costos sociales asociados con la irreversibilidad. Es así como los incentivos buscarían corregir comportamientos insostenibles, permitiendo equilibrar los costos o beneficios privados a corto plazo y los costos o beneficios sociales a mediano y largo plazo (Instituto Humboldt 1999). Los incentivos pueden ser clasificarse principalmente en (Figura 1):
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Figura 1. Clasificación de incentivos a la conservación. Tomado y modificado de CONAM (2001) y Moreno (2012)
Los incentivos reglamentarios e institucionales son considerados de enfoque directo (instrumentos de comando y control) e instrumentos económicos o de mercado de enfoque indirecto (Pérez et al. 2010). Dentro del segundo grupo se ubican los Pagos por Servicios Ambientales - PSA clasificados como voluntarios, no coercitivos y cuya participación es decisión de cada individuo o comunidad (Rodríguez y Ávila 2014).
Los instrumentos económicos fueron concebidos como sustitutos de los instrumentos de comando y control, en muchos casos obsoletos o ineficientes, y cuya fortaleza radica en permitir medidas ambientales costo-efectivas, mediante la flexibilidad que se les otorga a los agentes para elegir la opción de producción o consumo que permita lograr la meta ambiental (Moreno 2012).
Aunque existen diferentes tipos de incentivos, el Pago por servicios ambientales se ha popularizado ampliamente en el mundo, con casos exitosos en Latinoamérica como son Costa Rica y México que han sido referentes importantes para su implementación en Colombia.
1.3 La función ecológica de la propiedad
Colombia incluyó dentro de la constitución (Artículo 58) la función social y ecológica de la propiedad, allí garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos, pero se concibe como un derecho que no es absoluto y le otorga responsabilidades y obligaciones sociales y ecológicas a los propietarios en el manejo de su predio y limitan su explotación cuando esta afecte o vaya en detrimento de la protección del ambiente y los recursos naturales. Por tanto, se condiciona el ejercicio del derecho de propiedad al cumplimiento del interés general.
Este deber constitucional debe ser el punto de partida para la implementación de un instrumento económico, ya que la conservación y protección de los recursos ambientales y el velar por un
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ambiente sano es responsabilidad tanto del Estado como de cada individuo y cualquier mecanismo que busque incentivar el cumplimiento de este objetivo debe basarse en la corresponsabilidad.
La aplicación de la función ecológica de la propiedad se presenta como: i) la exigencia para el cumplimiento de obligaciones relativas a la preservación del ambiente y los recursos naturales y ii) la restricción de realizar acciones o actividades que afecten de manera negativa al ambiente Rodríguez 2019).
Así las cosas, el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad crea diferentes escenarios bajo un mismo deber. Por ejemplo las áreas de interés público como las cuencas abastecedoras representan per se beneficios colectivos, por tal razón la responsabilidad excede a los habitantes de las áreas e involucra las relaciones con otros actores como las grandes urbes y centros poblados, en este sentido el incentivo puede ser considerado como una compensación para aquel propietario al cual se ha aplicado una restricción de uso y en los casos en los que representa una limitación total de la facultad de usar y de gozar el bien libremente y que puede considerarse una disminución patrimonial. Entonces surgen interrogantes acerca del difuso límite de hasta dónde debe ser compensada está restricción y puede ser asumida por el Estado o por aquellos actores que se benefician, y hasta dónde debe reconocerse y exigirse el cumplimiento de la responsabilidad del individuo.
Por otro lado, no todas las áreas de interés público presentan restricciones totales al uso, es allí cuando el cumplimiento de obligaciones ambientales recaen por completo en el individuo y el papel del Estado mediante la implementación de un instrumento económico es el de facilitar dicho cumplimiento sin desconocer que hay una obligación de por medio.
1.4 Pagos por servicios ambientales
La definición más aceptada y ampliamente difundida es la presentada por Wunder (2006) establece que los PSA se refieren a una transacción voluntaria, donde un Servicio ambiental (SA) bien definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es ‘comprado’ por al menos un comprador de SA, a por lo menos un proveedor de SA sólo si el proveedor asegura la provisión del SA transado (condicionamiento) (Conpes 3886). Consiste en pagos directos y contractuales que los usuarios o “compradores” de servicios ecosistémicos hacen a los tenedores de tierra a cambio de que adopten usos de la tierra y recursos que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas (Moreno 2012).
Este instrumento fue creado bajo las siguientes premisas:
• Creación o existencia de mercados de conservación
Un mercado de la conservación que se basa en la disponibilidad a pagar o a recibir, por los beneficios o costos de la conservación de la diversidad biológica, y que el equilibrio entre la oferta y la demanda por la conservación va a determinar un nivel socialmente deseado de conservación (CONAM 2001). Los mercados sugieren la existencia de diferentes actores y competencia, sin embargo en los países subdesarrollados estos mercados no existen, se espera
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que a medida que aumenten las transacciones comerciales de PSA, y se genere mayor confianza entre las partes y la participación de otros actores se sienten las bases para crear nuevos mercados regulados en los que participen proveedores de servicios, compradores o beneficiarios e intermediarios - gobiernos, ONGs y empresa privada (Conpes 3886).
En la literatura se reconocen fallas de mercado como son las externalidades, las fallas de exclusión que generan los bienes públicos y los recursos de uso común, imperfecciones o falta de claridad en la definición de derechos de propiedad, poder de mercado (monopolio, oligopolio, monopsonio) y asimetrías en la información (Moreno 2012). Que sin duda dificultan no solo la creación de dichos mercados, sino la eficacia del incentivo y el cumplimiento de los objetivos de conservación por este medio.
• Sustitución de comando y control
Otro de los supuestos de estos instrumentos económicos es que se constituyen como sustitutos de los procedimientos regulatorios de comando y control como la creación de áreas protegidas, vedas y cuotas entre otros, que han sufrido un desgaste considerable durante la última década por considerarse costosos de implementar y difíciles de aplicar y de cumplir. Aunque en Colombia se considera como un instrumento complementario y no sustituto de comando y control.
Sin embargo, la aplicación de los instrumentos requiere una intensidad administrativa alta, instituciones fuertes, legislación adecuada, y un efectivo monitoreo y verificación del cumplimiento de la ley, qué no siempre son marcadamente diferentes de requerimientos y necesidades de las aproximaciones estrictas de comando y control. Por lo tanto, los instrumentos de mercado no son un sustituto para instituciones débiles o para instrumentos de comando y control; inevitablemente se requiere de algunos elementos regulatorios; y una base institucional fuerte es un prerrequisito para la implementación de instrumentos de mercado (Moreno 2012).
• Propiedad bien definida
La lógica de derechos de propiedad ha llevado a algunos a conceptualizar el instrumento Pago por Servicios Ambiental es como una puesta en práctica del teorema de Coase (Moreno 2012), que señala que, si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son cero, la negociación entre las partes nos llevará a un punto óptimo de asignación en el mercado.
Según algunos autores, el derecho de propiedad es la autoridad exclusiva para decidir cómo es usado aquello que se posee. Considerando esta definición, el propietario de la tierra tiene derecho a decidir el uso que le da al suelo y los servicios ambientales que se producirán en el interior de su propiedad y, en consecuencia, de la renta que dichos servicios puedan generar (Moreno 2012). En Colombia, la Constitución Política garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y a la vez atribuye obligaciones relacionadas
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con la inherente función social y ecológica de la propiedad, esta última entendida como el deber de las personas y los ciudadanos de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Botero y Uribe 2004).
Por otro lado, deben ser contemplados los bienes públicos que si bien están bajo la titularidad y administración del Estado pertenecen a toda la sociedad, estos bienes son considerados como una “falla del mercado” porque los agentes tienen muy pocos (o no tienen) incentivos para pagar por tener acceso a los mismos. Los agentes saben que, si pagan por el bien, otros agentes se van a beneficiar igualmente y no será posible impedir que lo disfruten. Por ese motivo, estos bienes no pueden racionarse, como los bienes privados, a través de los mercados (Moreno 2012).
• Bajos costos de transacción
Continuando con el teorema de Coase que señala que cuando los costos de transacción son cero se alcanzará un punto óptimo de asignación en el mercado. Estos costos se relacionan con la eficiencia y la efectividad del instrumento, que considera no lograr la conservación o lograrla, pero a costos mayores que los deseados. Moreno (2012) describe las que se consideran las causas de las fallas en la efectividad y eficiencia de los programas de PSA: 1) ofrecer pagos que no cubren los costos de oportunidad de los proveedores, lo que genera que no haya incentivos suficientes para que se alcancen las metas de conservación; 2) inducir conservación en zonas donde el costo de conservar (pagos) excede los beneficios; 3) pagar por la adopción de prácticas que de todas formas serían adoptadas (falta de adicionalidad), lo que conlleva a una ineficiencia financiera en la inversión de recursos escasos para PSA; 4) la presencia de fugas, que se refiere al desplazamiento no anticipado de las actividades no deseadas hacia otras zonas fuera del alcance geográfico del esquema PSA; y 5) la falta de permanencia, que se define como un desplazamiento de las actividades no deseadas en el tiempo.
1.4.1 Antecedentes, metas y perspectivas de PSA en Colombia
Desde los 90 se incorporó a la gestión ambiental el uso de instrumentos económicos como el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), tasas por uso de agua, tasas retributivas y compensatorias, y transferencias del sector eléctrico, pero hasta el 2007 el término PSA específicamente fue introducido a la legislación ambiental mediante la modificación del artículo 111 de la Ley 99/93 (Ley 1151), dando la posibilidad de invertir el 1% de los ingresos corrientes de las entidades territoriales en este tipo de instrumento. Posterior a esto, en 2008 se diseñó la Estrategia Nacional de PSA con el objetivo principal de viabilizar este incentivo como herramienta para cumplir los objetivos de la política ambiental relacionados con la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales. Y en 2010 se incluye el PSA como estrategia de financiación de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico.
A partir de este momento se empezaron a diseñar e implementar de manera incipiente esquemas de PSA en Colombia, pero sólo hasta 5 años después se reglamentó con el Decreto 953 de 2013, quedando el incentivo circunscrito al recurso hídrico y a las inversiones del 1%. Este retraso en la reglamentación evidenciaba la debilidad institucional que se reflejaba en la reducida voluntad
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política, ausencia de recursos financieros y lentitud en la consolidación del sustento legal (Rodríguez y Ávila 2014).
Uno de los primeros esquemas fue el de Incentivos a la conservación en diferentes cuencas del departamento del Valle del Cauca desarrollado entre 2009 y 2014 y que contó con recursos de cooperación internacional de Holanda (a través del Fondo Patrimonio Natural), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entre otros actores. Y es una de las experiencias que hacen parte del análisis del segundo capítulo.
En 2015, con la Ley 1753 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) modificó nuevamente la Ley 99 de 1993 con el fin de instar a las autoridades ambientales para cofinanciar la adquisición de áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales o implementar en ellas esquemas de PSA, cuyos recursos podían provenir de los Artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993. Con base en este mandato y en la necesidad de implementar el acuerdo de paz de 2016, el Gobierno nacional expidió los nuevos lineamientos de política y programa nacional de Pago por Servicios Ambientales para la construcción de paz incluidos en el documento Conpes 3886 de 2017 (Programa Nacional de PSA) y también el Decreto Ley 870 de 2017 el cual buscó acoger la “prestación de servicios ambientales” acordado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, pero no puntualizó en estrategias claras de protección ambiental o de planificación ambiental para el logro del desarrollo sostenible, por el contrario acrecentó la confusión en torno a la implementación de la figura de PSA como incentivo y no diseñó nuevos incentivos a la conservación, aunque lo anunció en su encabezado (Montes 2018).
En 2018 se establece el Decreto 1007 el cual reglamentó el Decreto Ley 870 de 2017 referente al incentivo de pago por servicios ambientales, sin embargo sólo incluye los aspectos referentes al Pago por servicios ambientales y omite otros tipos de incentivos que fueron anunciados en el D. 870 de 2017, además dispone al PSA como una forma de cumplir con las obligaciones ambientales impuestas a personas públicas o privadas en el marco de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
• Implementación de PSA en Colombia
Las experiencias de Pagos por servicios ambientales en Colombia han sido prioritariamente de carácter privado. Tal como lo presentan el Fondo Acción, Fundepúblico y WCS (2016), para el 2015 15 de las experiencias de PSA con financiación predominante de cooperación internacional y participaciones más pequeñas de ONG, CAR, y otros realizaron inversiones por más de $45.112 millones de pesos en 40.632 ha (Figura 2). Estos programas se concentraron en departamentos de la región Andina: Santander, Valle del Cauca, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Tolima. Lo anterior se explica por el hecho de que la mayoría de estos programas de PSA se concentran en la protección del recurso hídrico; estos departamentos comprenden las cabeceras de muchas cuencas y subcuencas que abastecen grandes zonas urbanas del país.
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Figura 2. Inversión y número de demandantes en PSA voluntarios a 2015. Tomado de Fondo Acción, Fundepúblico y WCS (2016)
Para 2016 el Conpes 3886 reporta 58.000 ha bajo esquemas de PSA con financiación de autoridades ambientales, cooperación internacional y fondos gremiales, lo que a priori implica que entre 2009 y 2016 el área promedio vinculada a esquemas de PSA fue de 8.285 ha/año. Sin embargo, durante los últimos años el instrumento ha tomado fuerza y a 2018 sólo la plataforma Banco2 reporta 147.000 ha bajo esquemas de PSA. Así, se suman otros esquemas como ganadería sostenible liderado por Fedegan y financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF); la alianza biocuenca (Fondo de Agua de Santander) con participación de Corponor, Bavaria, GIZ, el acueducto metropolitano de Bucaramanga; y los acuerdos recíprocos por el agua (ARA) con un modelo de Incentivo a la Conservación desarrollado por RARE, Incentivos a la conservación en la cuenca del río Cali (FPN), entre otros que además de aportar a las metas en hectáreas, han contribuido al desarrollo del instrumento en el país. Esto evidencia la continuidad y fuerte liderazgo del sector privado en el tema.
En contraste el sector público muestra una baja inversión en lo que respecta a las inversiones obligatorias del artículo 111 de la Ley 99/93. Según lo reportado por Fondo Acción, Fundepúblico y WCS (2016), entre 1994 y 2015 la inversión de las entidades territoriales reportadas en compra y mejoramiento de predios por concepto del 1% de los ingresos corrientes fue aproximadamente $ 371.246.000 de pesos (24% de los recursos mínimos obligatorios), correspondientes a 268.605 ha. En el caso de implementación de esquemas en PSA se reportaban 5 experiencias en el marco del artículo 111 de la Ley 99 ejecutando recursos por aproximadamente 726.400.000 ($COP 2015), en los años 2011, 2013 y 2014, y correspondían a 532,5 ha.
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A pesar de tener una fuente de financiación constante como es el 1%, sólo el 22% de los departamentos realiza inversiones en el marco del artículo 111, entre 2016 y 2018 se ha invertido el 13% del total de recursos potenciales para adquisición de predios en áreas estratégicas o PSA, de igual forma se sigue invirtiendo más en compra de predios (8%) que en esquemas de PSA (5%) (DNP 2019) (Figura 3). Este comportamiento ha sido permanente desde la creación de la Ley 99/93, en 2010 Rudas realizó el análisis de la inversión en adquisición de predios abastecedores de los acueductos a la fecha y encontró que solo se invirtió el 0.12% de los ingresos totales de los entes territoriales con información, frente al 1% fijado en la ley.
Figura 3. Inversión de recursos departamentales del artículo 111 de la Ley 99/93. Tomado de DNP 2019
Dada la gran difusión del instrumento y el desarrollo de normatividad asociada, el Conpes 3886 estableció como meta nacional 1.000.000 de ha en PSA para 2030, divididas en 3 fases: Fase 1 (2017- 2019) 150.000 ha, Fase 2 (2020-2025) 350.000 ha y fase 3 (2026-2030) 500.000 ha e incluye dentro de los instrumentos para impulsar los PSA:
- Instrumento de política: Conpes 3886 de 2017 - Instrumentos financieros: Crédito BID Colombia Sostenible (USD 20 millones), Fondo
Multidonante Colombia Sostenible, Impuesto al carbono - Instrumentos normativos: Decreto 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 plantea como meta 260.000 ha bajo esquemas de PSA.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, las metas planteadas presentan una alta incertidumbre primero en términos de inversión, ya que como se vio las inversiones dependen en su mayoría de la cooperación internacional y el sector privado que son fuentes fluctuantes. Y que los recursos públicos destinados a este tipo de instrumentos a pesar de ser permanentes y de obligatoria inversión
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presentan bajos porcentajes de cumplimiento por parte de los entes territoriales, tanto en la compra de predios como en la implementación de PSA.
En segundo lugar, es importante conocer la forma como se han venido desarrollando los PSA en el país y evaluar el cumplimiento de los objetivos de conservación por medio de este instrumento, el rumbo que ha tomado y su aplicabilidad de considerando el contexto socioambiental, administrativo, institucional y político.
1.5 Contexto de la ruralidad en Colombia
Para hacer un análisis de la pertinencia y funcionamiento del instrumento en Colombia es necesario conocer el contexto de la ruralidad en el país.
a. Propiedad y concentración de la tierra
Según IGAC (2012), en Colombia el fenómeno de concentración de la propiedad se ha dado por factores como una distribución históricamente desigual, el despojo violento por el control territorial de grupos armados, el narcotráfico, la acumulación de rentas institucionales o la ausencia de mecanismos de tributación sobre la propiedad que eviten la concentración. En general, las tendencias a la concentración de la propiedad se han agudizado tanto en el ámbito nacional como en el departamental.
Según reportes del 2002, el 0,4% de los propietarios (15.273) poseían el 61,2% del área predial rural registrada en Colombia, equivalente a 47.147.680 hectáreas, con propiedades superiores a 500 hectáreas. Mientras el 97% de los propietarios registrados (3,5 millones de personas) poseían sólo el 24,2% del área predial rural nacional. Con un claro predominio del minifundismo correspondiente al 82% de los predios registrados en el área rural colombiana.
En cuanto a la situación catastral sólo el 41,4% de los predios rurales (a cargo del IGAC) habían sido actualizados a 2011, en estos predios la clasificación de la propiedad se distribuye así (Figura 4):
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Figura 4. Tipos de propiedad rural en Colombia. Tomado de IGAC (2012)
En las 38.500.000 ha correspondientes a propiedad privada el 41% del área corresponde a gran propiedad (predios de más de 200 hectáreas), el 40% se clasifica como mediana propiedad (predios entre 20 y 200 hectáreas), y el 19% del área restante está distribuido entre pequeña propiedad, minifundio y microfundio.
Esta distribución varía en cada uno de los departamentos, por ejemplo, departamentos como Caldas, Córdoba, Meta y Tolima presentan un mayor porcentaje de su área catastral asignada a propiedad privada; mientras Atlántico, Chocó, Guajira y Putumayo son, los departamentos con menor participación de propiedad privada. Chocó, Cauca y Guajira son los departamentos con más hectáreas otorgadas a las minorías étnicas. Caquetá, Guajira y Putumayo tienen un mayor porcentaje de su territorio destinado a áreas protegidas. Los terrenos bajo propiedad del Estado reportan una mayor participación en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Nariño y Norte de Santander (Figura 5).
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Figura 5. Distribución catastral rural IGAC por categoría de propietario 2009. Tomado de IGAC (2012)
En Colombia, el índice de Gini está en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial (Serrano, 2018). Según Guereña (2017), Colombia es considerada como el país con mayor inequidad en la distribución de tierras ocupando el primer puesto en América Latina, tomando en cuenta que el 1% de los predios más grandes concentra mayor cantidad de tierra que el 99% restante, en Colombia ese 1% concentra el 80% de las tierras.
Este hecho tiene importantes implicaciones para un PSA, ya que uno de los principales indicadores de éxito del instrumento son las hectáreas vinculadas, y bajo este contexto el mayor porcentaje de la ruralidad pertenece a un muy bajo porcentaje de la población, por tanto el instrumento podría estar promoviendo mayor inequidad en estas áreas.
• Bienes comunes y derechos de propiedad
De otra parte, un aspecto importante de la propiedad es la concepción de los bienes comunes como el agua, que por un lado es considerado como motor del desarrollo y un recurso relacionado con el mercado y por otro como una necesidad y un derecho de cada ciudadano, y que por tanto no es propiedad exclusiva de nadie y que debe ser correctamente administrada por el Estado.
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En el uso de bienes comunes, la principal limitación es que el consumo de cada persona sobre el recurso reduce la disponibilidad de este recurso a los demás, generando importantes conflictos en la distribución de dicho bien (Ostrom), y por tanto se dificulta la creación de mercados, y según la teoría, la eficacia del incentivo y el cumplimiento de los objetivos de conservación.
De hecho, muchos bienes comunes se asocian a conjuntos de propiedades y se asumen como privados, cada uno hace uso del recurso libremente y sin restricciones afectando la disponibilidad para el resto y en estos bienes comunes no aplica la función ecológica de la propiedad ya que derechos de propiedad como concesiones y otras figuras no se formalizan y nadie se responsabiliza por el uso y no existen restricciones de uso que permitan una limitación al aprovechamiento.
b. Pobreza multidimensional
El rezago del campo en Colombia se evidencia en los indicadores de pobreza multidimensional, a nivel nacional, según DANE en 2019 el porcentaje de personas en pobreza multidimensional en Colombia fue 17,5%, en las cabeceras 12,3% y en la zona rural es de 34,5%. Las diferencias más grandes se encuentran en educación, trabajo y acceso a fuentes de agua mejoradas (Figura 6).
En este último aspecto Vargas et al. (2018) reportan que mientras los hogares urbanos con conexión al acueducto público alcanzaban en 2010 el 73%; mientras en zonas rurales, el acueducto veredal no superaba el 11%. Esto genera graves problemas de morbilidad y mortalidad y cuya degradación ambiental se valora en aproximadamente 1,2 billones de pesos.
Figura 6. Índice de pobreza multidimensional en Colombia 2019. Fuente: DANE
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Así mismo, la incidencia de la pobreza monetaria es mayor en las zonas rurales, mientras en las cabeceras el 24,4% de la población recibe un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza, en las áreas rurales este porcentaje es del 36,1% (DANE 2019).
Estos datos evidencian la urgente necesidad de inversión social que requiere el campo y las enormes brechas existentes entre las urbes y las zonas rurales. Cuando se habla de un desarrollo sostenible como pilar de la gestión ambiental, todos aquellos instrumentos que se implementen deberían estar enfocados a disminuir estas enormes brechas. Entonces la pregunta es ¿cómo un incentivo a la conservación puede contribuir con el cierre de estas brechas y el avance hacia el desarrollo sostenible?
Aunque la norma establece dar preferencia a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de pequeña y mediana propiedad basado en el nivel de vulnerabilidad acorde a los indicadores del SISBEN, en la práctica otros criterios terminan excluyendo a esta población ya que muchos no tienen forma de demostrar la relación jurídica o las áreas de sus predios y los costos de oportunidad de sus actividades son tan reducidos que el incentivo resulta no ser significativo para ser vinculados. De otra parte, la baja capacitación recibida se vuelve una limitante a la hora de establecer nuevas prácticas o pretender cambios de comportamiento en pro de la conservación. Las necesidades básicas insatisfechas son tantas y tan marcadas que la conservación no se encuentra dentro de las prioridades a satisfacer.
Por esta razón el incentivo que se entregue debe estar enmarcado en aspectos diferentes al costo de oportunidad más bajo, porque en muchos contextos rurales esto no logra el objetivo propuesto y es en estos espacios en los que los mal llamados costos de transacción toman mayor relevancia para poder generar unas condiciones mínimas para que la conservación juegue un papel importante en el actuar de las comunidades, acciones como fortalecimiento de capacidades, mejoramiento de infraestructura de los acueductos veredales, actividades que permitan manejo apropiado de residuos y vertimientos, la seguridad alimentaria y cadenas de valor de los productos van más allá de un costo de oportunidad y permiten disminuir la presión sobre las áreas naturales.
c. Sector agropecuario
En la década de los 60 la participación del sector agropecuario en el PIB era de 11% con una clara tendencia al descenso desde esa época (Ocampo 2014), durante los últimos años ha estado alrededor del 6% de participación (Figura 7).
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Figura 7. Porcentaje de aporte del sector agropecuario al PIB (DANE 2020)
En cuanto al crecimiento del sector, según la información presentada por el DANE (2020) en las cuentas nacionales relacionadas con el Producto Interno Bruto (PIB) desde el enfoque de la producción a precios constantes (con referencia año 2015) se observa el comportamiento del sector durante los últimos 14 años, en promedio el crecimiento ha sido del 2,6% en el período 2005-2019 con fuertes fluctuaciones que van desde el decrecimiento del -0,8% presentado entre 2007-2008 hasta el mayor crecimiento que se presentó entre 2012-2013 con 7,5% (Figura 8).
8,0
7,0
6,0
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2,0
1,0
0,0 -1,0
-2,0
Figura 8. Crecimiento del sector agropecuario 2005-2019. Fuente: DANE (2020)
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%
Según Ocampo (2014) estas tendencias reflejan los serios problemas de competitividad que han caracterizado al sector en medio de la apertura económica, que se han visto acentuados por los bajos precios internacionales de productos agrícolas.
En relación con las unidades de producción censadas en 2013, se reportan en total 2.913.163 de las cuales el 81,4% (2.370.099) corresponden a Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) y ocupan 108.993.335 ha en el país. El 70,4% de las UPA (1.669.287 unidades) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2% (2.160.347 ha) del área rural dispersa censada; mientras que el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada. 34,5% de estas UPA se destinan a usos agrícolas mientras el 56,6% son de uso exclusivamente pecuario, sólo 8,9% de las UPA presentan bosques (CNA 2013).
Como parte de los elementos importantes en la caracterización de las Unidades de Producción Agropecuaria en el país que se relacionan directamente con la implementación de un instrumento como PSA se muestran de manera general los siguientes:
Tabla 1. Caracterización de las UPA a nivel nacional
Variable
Si
No
Departamentos
Lote para autoconsumo
55,9%
44,1%
El mayor porcentaje de UPA que dispone de lotes de producción para autoconsumo se registra en Vaupés (94,3%), Chocó (91,5%) y Guainía (91,1%).
Construcciones para el desarrollo de actividades agropecuarias
16,4%
83,6%
El mayor porcentaje de UPA del área rural dispersa censada con tenencia de construcciones se registra en La Guajira con 52% y en Arauca con 49%
Uso de riego
33,3%
66,7%
En Nariño, Tolima, Cauca, Santander y Cundinamarca se encuentra el 41,9% de las UPA con cultivos del área rural dispersa censada con uso de riego
Maquinaria
16,4%
83,6%
El mayor porcentaje de UPA del área rural dispersa censada con tenencia de maquinaria se ubica en Guaviare con el 60,4 % y Arauca con el 60,2 %.
Asistencia técnica
16,5%
83,5%
Antioquia, Huila, Cauca y Tolima conforman el 46,1% de las UPA del área rural dispersa censada con asistencia técnica recibida.
16
Variable
Si
No
Departamentos
Solicitud de créditos
10,7%
89,3%
En Nariño, Boyacá, Huila, Cauca y Santander se encuentra el 51,2% de las UPA del área rural dispersa censada con crédito solicitado y el 52,6% de las UPA del área rural dispersa censada con crédito aprobado
Trabajadores permanentes (4,5 millones de trabajadores) pertenecen al hogar
45,9%
54,1%
Dentro de los departamentos de Vaupés, Amazonas y Guainía se encuentran las mayores proporciones de trabajadores/as permanentes del hogar del productor, que son mujeres
Trabajo colectivo
5,1%
92,2%
En los departamentos de Cauca, Nariño y Boyacá se relaciona el mayor número de UPA en las que hay trabajo colectivo
Acceso a fuentes de agua
87,4%
12,6%
El 44,4% de las UPA, el agua utilizada para las actividades agropecuarias proviene de río, quebrada, caño o manantial; también se establece que en el 21,6 % de las UPA la principal fuente de agua para las actividades productivas es el agua lluvia
Dificultades en el uso de agua
54,7%
45,3%
La dificultad que se reporta con mayor frecuencia es la sequía, con el 61,4% de las UPA, seguida por falta de infraestructura (24,2%)
Presencia de bosques naturales o vegetación de páramo
33%
67%
El 5,7% de las UPA, los productores declaran haber transformado, tumbado o talado bosques o vegetación de páramo para la siembra de cultivos o plantaciones forestales.
Bajo este contexto implementar un PSA en el que se pretende un compromiso de conservación no puede desconocer la realidad de un campo poco competitivo, con una tecnificación reducida, bajísimos niveles de asistencia técnica y formación, con una alta tasa de transformación de coberturas naturales.
Si bien el instrumento ha sido exitoso en otros países de Latinoamérica, es necesario que se adapte a las condiciones de Colombia, a las necesidades y deficiencias de la ruralidad, un incentivo a manera de subsidio no aporta ni al cambio de comportamientos y buenas prácticas,
17
ni a la sostenibilidad. Pensar en incentivos que aporte a las problemáticas particulares de cada región pueden ser más efectivos ambientalmente al tiempo que se fortalece al campesino.
d. Uso y Cobertura del suelo
Según el Censo Nacional Agropecuario (2013) el área total censada fue de 111,5 millones de ha distribuidas así (Figura 9):
Figura 9. Coberturas y usos del suelo en UPA (CNA 2013)
En el área destinada al uso agropecuario el 80,0% (34,4M de ha) corresponde a pastos y rastrojos; el 19,7%, (8,5M de ha) a tierras con uso agrícola; y el 0,3% (1.000 ha) está ocupado con infraestructura agropecuaria (CNA 2013).
Los usos del suelo en las UPA se distribuyen de acuerdo con su tamaño así (Figura 10):
18
Figura 10. Distribución (%) del área de UPA (ha) en el área rural dispersa censada, según uso predominante del suelo, por tamaño de la UPA. Tomado de CNA (2013)
Cuando la norma se enfoca en reconocer el incentivo a acciones de preservación para mantener las coberturas naturales y la biodiversidad; y acciones de restauración parcial o total de las coberturas naturales y la biodiversidad, t considerando la distribución de usos en el tamaño predial se genera un gran sesgo hacia aquellos predios grandes cuyos propietarios corresponden a un reducido número de la población colombiana, una minoría en muchos casos privilegiada.
19
CAPITULO 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EXPERIENCIAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HÍDRICOS EN EL VALLE DEL CAUCA, CAQUETÁ Y CUNDINAMARCA
Como se describió anteriormente existen varias experiencias de PSA en el país, lideradas principalmente por entidades privadas, la participación de entidades públicas es menor. Como parte de este análisis se tomó como eje la evaluación de 3 experiencias de Pago por Servicios Ambientales en las que ha participado Patrimonio Natural (Tabla 2), sin desconocer el desarrollo de otras experiencias de gran relevancia en el país. Se hará énfasis en el contexto de los 3 departamentos (Valle del Cauca, Caquetá y Cundinamarca) en los que se implementan o implementaron estas experiencias.
El análisis se realiza a partir de la información recopilada y evaluada por Alejandra Pardo, Doly Jiménez, Sebastián Moreno, Viviana Sora y Camila Rincón en los respectivos productos entregados.
Para el análisis se toman como referencia los principios orientadores y las directrices para el diseño de proyectos de pago por servicios ambientales establecidas en los Decretos 870 de 2017 y 1007 de 2018 respectivamente, ya que a pesar de no haber estado vigentes en la ejecución de las 3 experiencias son las que actualmente definen la forma como se debería implementar el instrumento según la normatividad.
A continuación se presentan los datos generales de las experiencias de análisis (Tabla 2):
Tabla 2. Datos generales de experiencias de PSA en las que ha intervenido Patrimonio Natural
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Experiencia Plazo de ejecución
Financiadores Problemática a abordar
Implementación del esquema de compensación de servicios ambientales en la cuenca río Cali (Valle del Cauca)
2011-2014 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) – 52% Patrimonio Natural (Gobierno de Holanda) – 36% Dpto Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) – 4% Parques Nacionales – 3% Empresas Municipales de Cali (EMCALI) – 6%
Altos índices de contaminación sobre las fuentes hídricas por causa de la sedimentación, la expansión urbana y el uso turístico que se le ha dado a la región.
Se buscó la disminución de costos de EMCALI en el tratamiento del agua por sedimentación
Yo protejo, agua para todos – PSA Cundinamarca
2017-2020 Gobernación de Cundinamarca (1% ingresos corrientes) – 81% CAR – 14% Patrimonio Natural – 4% Corpoguavio – 0,8% Corporinoquia – 0,2%
La creciente demanda del recurso hídrico por el aumento de la población, que sumado a la reducción de los caudales de los ríos, a los fenómenos climáticos extremos frecuentes y a la contaminación genera una situación de vulnerabilidad
implementación de procesos integrales para la conservación y recuperación de bienes y servicios ambientales - FASE I Fortalecimiento e implementación de incentivos a la conservación tipo PSA en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el departamento del Caquetá- FASE II.
2016 – 2019
Gobernación de Caquetá (1% ingresos corrientes) – 50% Patrimonio Natural (USAID) – 44% Fundación Picachos – 6%
La principal problemática a la que responde el PSA en el Caquetá es a la deforestación, partiendo de que la Gobernación de este departamento se centró en un proceso consolidado para combatir o mitigar la pérdida coberturas vegetales debido a los antecedentes ambientales que ha tenido este departamento
21
2.1 Focalización
• Criterios considerados en la focalización de las 3 experiencias
En las 3 experiencias evaluadas se llevó a cabo un proceso de focalización considerando problemática relacionada con la degradación de los ecosistemas, obteniendo el área de intervención.
El enfoque de cuenca estuvo presente en las 3 experiencias, sumado a esto, en el Valle del Cauca se buscó que los predios a vincular fueran aledaños unos a otros, para mayor impacto en la implementación. En la Tabla 3 se presentan los criterios considerados en la focalización de cada experiencia y el resultado en términos de área y posterior vinculación.
Tabla 3. Focalización en las 3 experiencias de PSAH evaluadas
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Experiencia/ Departamento
Área de estudio Criterios y método de focalización Área focalizada Área vinculada
Valle del Cauca Cuenca del río Cali - 21.526 ha
A partir de la evaluación de: cambio multitemporal (1989-2000) de coberturas de la cuenca, las áreas en degradación y recuperación, acueductos comunitarios, predios institucionales y focos de sedimentación (generados por el modelo SWAT)
10 polígonos en los que se destacan los focos de sedimentación (Figura 11) – 4.700 ha
260 ha
Se Cundinamarca AIE Departamento (1.316.000)
Se llevó a cabo un primer análisis a nivel de departamento considerando: Estado de conservación de las cuencas, conflictos de uso, vulnerabilidad a cambio climático, problemas de desabastecimiento y calidad de agua y posconflicto, allí se priorizaron los municipios más críticos y de estos las microcuencas abastecedoras de los cascos urbanos (210.000)
32 microcuencas – 88.301 ha (Figura 13)
6.755 ha
Caquetá Siete (7) municipios (San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Morelia, Florencia, El Paujil, El Doncello, San Vicente del Caguan) – 164.788 ha
Se consideraron las AIE que la autoridad definió en estos municipios y las cuencas abastecedoras de cascos urbanos bocatoma arriba
7 microcuencas – 86.967 ha (Figura 12)
3.119 ha
23
Figura 11. Polígonos priorizados en la cuenca del rio Cali (Tomado de FPN et al. 2014)
Figura 12. Microcuencas priorizadas en Caquetá. Elaboración este estudio
24
Figura 13. Microcuencas priorizadas en Cundinamarca
Al evaluar los resultados de la focalización, se observa que este ejercicio permite una reducción entre el 47 y 78% de las áreas objeto de intervención, lo que implica que las inversiones se realizaran en núcleos muy específicos, la mayor focalización se dio en la experiencia del Valle del Cauca en la cual se realizaron modelaciones SWAT lo cual permite mayor precisión (Figura 14) y abordar las áreas de mayor interés para focalizar la inversión, allí la focalización reduce en 78% el área a intervenir. Este análisis previo a la implementación del incentivo que en muchos casos no es contemplado en los proyectos lo que resulta en mayor dispersión al momento de vincular áreas.
25
Sin embargo, se debe tener en cuenta la diferencia en el área de estudio que varía entre experiencias. Por esto se evalúan las áreas vinculadas con respecto a las que se focalizaron (que corresponden a aquellas potenciales de vinculación), y se encuentra un bajo porcentaje en las 3 experiencias, entre el 4 y 8% se vincularon, lo que un porcentaje muy bajo de estas áreas potenciales prioritarias terminan siendo vinculadas (Figura 14).
Esta tendencia muestra importantes efectos sobre el principio de costo efectividad, ya que generalmente este bajo porcentaje de intervención obedece a muchos factores como la voluntad de los participantes, el cumplimiento de los requisitos, los tiempos de ejecución de los proyectos, la falta de involucramiento de las entidades territoriales locales, la desconfianza hacia las instituciones, entre otros, lo cierto es que además de la focalización es importante un mecanismo que asegure que aquellos predios que son de importancia para la conservación entren y la función ecológica de la propiedad debe ser la base de este mecanismo.
250000
200000
150000
100000
50000
0
Valle del Cauca Cundinamarca Caquetá
Area de estudio Área focalizada Área vinculada
Figura 14. Áreas de estudio, focalizadas y vinculadas en los PSAH
• Criterios de focalización según la norma
Al respecto el decreto 1007 define que para efectos de la aplicación del incentivo se atenderán de manera predominante aquellas que cumplan una de las siguientes condiciones:
a) Áreas o ecosistemas estratégicos con riesgo de degradación de la cobertura natural especialmente por expansión de la frontera agropecuaria, con énfasis en aquellas que se localicen en municipios priorizados para el posconflicto.
b) Áreas o ecosistemas estratégicos degradados y en conflicto del uso del suelo, con énfasis en aquellas que se localicen en municipios priorizados para el posconflicto
26
Hect
área
s
Al hacer la respectiva evaluación de las áreas de estudio de las tres experiencias se encuentra lo siguiente:
Riesgo de degradación
En cuanto al riesgo de degradación, este no fue evaluado directamente para la focalización y selección de áreas ya que primó la importancia de abastecimiento de la zona y el estado del recurso hídrico. Al hacer un análisis de la vulnerabilidad de las áreas focalizadas y vinculadas considerando aspectos como estado de las coberturas vegetales, pendientes, presencia de vías (Primarias y secundarias) y áreas protegidas. Los resultados son los siguientes:
Figura 15. Vulnerabilidad de degradación vs porcentaje de áreas vinculadas (intervención) en las cuencas focalizadas en Caquetá
En general las cuencas focalizadas para el departamento de Caquetá presentan en su mayoría vulnerabilidad baja- media a la degradación, los porcentajes de intervención (área vinculada) en cada una de ellas no muestran un patrón con respecto a este nivel de riesgo.
La cuenca del río Cali presenta en su mayoría un riesgo medio de degradación, sin embargo, cabe resaltar que el modelo SWAT elaborado permitió mayor detalle en riesgos de erosión en los polígonos priorizados. A pesar de esto sólo se vinculó el 4% del área total focalizada con este nivel de vulnerabilidad a degradación.
Tabla 4. Vulnerabilidad de degradación cuencas focalizadas en Valle del Cauca
% Vulnerabilidad degradación
Departamento Microcuenca ALTO MEDIO BAJO VALLE DEL CAUCA Río Cali 8% 53% 39%
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En general las microcuencas priorizadas en Cundinamarca presentan un riesgo medio de degradación, aunque algunas tienen más del 50% de su área en riego alto. Sin embargo, el porcentaje de área vinculada (intervención) no se ubica en las de mayor vulnerabilidad (Figura 16).
Figura 16. Vulnerabilidad de degradación vs porcentaje de áreas vinculadas (intervención) en las cuencas focalizadas en Cundinamarca
• Áreas degradadas o en conflicto de uso
Al evaluar los datos de coberturas de áreas de estudio en los 3 departamentos se encuentra la siguiente tendencia:
Tabla 5. Porcentaje promedio de coberturas naturales y trasformadas
Departamento % promedio de Coberturas
naturales % promedio Coberturas
transformadas
Valle del Cauca (cuenca del río Cali)
25% 75%
Cundinamarca (32 microcuencas)
45% 55%
Caquetá (7 microcuencas) 86% 14%
28
Estos resultados muestran que no necesariamente las áreas prioritarias para el abastecimiento del recurso hídrico presentan altos niveles de degradación, sin embargo, son consideradas prioritarias para implementar instrumentos que permitan garantizar un apropiado manejo y buen estado de conservación.
Al analizar la vulnerabilidad a degradación en las microcuencas focalizadas, tanto para Caquetá (Figura 17) como para Cundinamarca (Figura 18), los mayores porcentajes de coberturas naturales se encuentran en las cuencas con menor vulnerabilidad a la degradación, esto quiere decir que las reducidas coberturas naturales que se encuentran en las cuencas más transformadas son las que corren el mayor riesgo de degradarse, es urgente protegerlas. Sin embargo, la directriz de aplicar el incentivo para acciones de preservación y restauración de coberturas naturales es una contradicción para ir a las zonas con mayor riesgo de degradación que justamente es donde menos coberturas naturales hay.
Figura 17. Vulnerabilidad a degradación y porcentaje de coberturas naturales en las microcuencas priorizadas en Caquetá
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Figura 18. Vulnerabilidad a degradación y porcentaje de coberturas naturales en las microcuencas priorizadas en Cundinamarca
2.2 Complementariedad
El decreto establece “el incentivo de Pago por Servicios Ambientales deberá sumarse al conjunto de instrumentos de gestión ambiental del Estado. Su aplicación deberá apoyar los procesos de comando y control, y promover los procesos asociativos y economías de escala para la conservación y mejora productiva”.
Se evalúa este principio a partir de las capas de RUNAP y REAA con el fin de identificar el estado de las áreas trabajadas en PSA con respecto a áreas protegidas y ecosistemas y áreas estratégicas. No obstante, es importante resaltar que para el caso de PSA Hídricos las áreas de importancia estratégica permiten acotar y focalizar las intervenciones y por tanto la inversión efectiva.
• Valle del Cauca: Cuenca del río Cali
Según el POMCH de la cuenca del río Cali (CVC & Fundación Pachamama, 2011) las áreas de especial significancia ambiental incluyen:
i. PNN Farallones de Cali: definido como un área que permite la autorregulación ecológica,
según resolución del INCORA No.92 de junio 15 de 1908, es un área que abarca 150.000 ha. De estas 7.682,39 ha, están en la cuenca del río Cali. Esta estructura proporciona el hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del ecosistema. Presenta alta oferta de agua superficial y subterránea, sustentada en la presencia de numerosas fuentes hídricas y nacimientos.
30
ii. Reserva forestal de Cali: Esta reserva forestal fue declarada mediante la Resolución Ejecutiva No. 009 de 1938 y la Resolución No. 005 de 1943, del Ministerio de Economía Nacional. El área de la reserva forestal está definida para el establecimiento y utilización racional de áreas forestales. La reserva forestal de Cali tiene 7.481,40ha; la mayor parte de su área se encuentra bajo usos agrícolas, pecuarios, recreativos y urbanos.
Adicionalmente se identificaron las siguientes áreas protegidas (Tabla 6).
Tabla 6. Áreas protegidas cuenca del río Cali
TIPO ÁREA PROTEGIDA
NOMBRE
ÁREA (HA)
Parque Nacional Natural Farallones de Cali 7604.5
Reserva Natural de la Sociedad Civil El Porvenir 7.6 La Laguna 1.9
Reservas Forestales Protectoras
Nacionales
Cuenca Alta del Rio Cali 4.874 La Elvira 4.333
Rio Anchicaya 1.7 Rio Meléndez 19.6
Reservas Forestales Protectoras Regionales
De Bitaco
0.5
Total general 16.843
De acuerdo con la información de la Tabla 6 y considerando que la cuenca del río Cali tiene 21.526 ha, el 78% se encuentra bajo una figura de protección. Los polígonos priorizados están en su totalidad dentro de estas figuras.
Esto contrasta con el porcentaje de coberturas transformadas – 75% que predominan a pesar de la gran cantidad de figuras de conservación. Este hecho puede indicar que los instrumentos de comando y control no han sido lo suficientemente efectivos y que instrumentos complementarios como el PSA influyeron de manera positiva los objetivos de conservación de estas áreas estratégicas.
Según el POMCH (2011), la mayor parte del área de reserva forestal se encuentra afectada con usos agrícolas, pecuarios, recreativos y aun urbanos, con procesos de densificación poblacional y de vivienda que no han respetado las restricciones propias de la categoría de reserva forestal. La destrucción de los bosques andinos en esta zona, se ha realizado para extender la frontera agrícola e implementar sitios de pastizales y fincas de veraneo; en consecuencia muchos lugares con bosques andinos, quedan reducidos drásticamente, al punto que solo quedan pequeños remanentes de ellos, rodeados por ecosistemas artificiales.
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Figura 19. Áreas protegidas en la Cuenca río Cali
A partir de la línea base social elaborada se identificó que más de la mitad del área era propiedad pública (en su mayor proporción de PNN), por esta razón se decidió trabajar sobre los predios privados de la cuenca, esta decisión muestra la complementariedad deseada.
Caquetá
Para el caso de Caquetá se observa una complementariedad entre las áreas con figuras de protección y la intervención de PSA ya que justo en las zonas con estas figuras hubo menor porcentaje de intervención, mientras en las microcuencas que no presentan áreas protegidas se vinculó un mayor porcentaje (Figura 20).
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Figura 20. Porcentajes de las microcuencas en RUNAP-REAA y porcentaje vinculado a PSA (intervención) en Caquetá
Cundinamarca
En el caso de las microcuencas de Cundinamarca se observa que la microcuenca que logró mayor porcentaje de vinculación de áreas a PSA (Potreritos) tiene un pequeño porcentaje en área protegida, por lo que el PSA fue complementario a esta figura. Mientras que en microcuencas como Caquinal un gran porcentaje ya presentaba protección y el PSA cubrió un gran porcentaje de un área previamente protegida. De otro lado, en todas las microcuencas se observa la presencia de ecosistemas y áreas ambientales de interés para la implementación de PSA en las cuales se implementó el instrumento pero en porcentajes muy bajos hasta el 30% del área total de las microcuencas (Figura 21).
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Figura 21. Porcentajes de las microcuencas en RUNAP-REAA y porcentaje vinculado a PSA (intervención) en Cundinamarca
3.3 Costo efectividad
La norma establece “la implementación del incentivo de Pago por Servicios Ambientales buscará cubrir con los recursos disponibles una mayor cantidad de área y generación de servicios ambientales y maximizar los resultados de conservación esperados”.
De acuerdo con lo anterior, para las tres experiencias analizadas se obtuvieron los siguientes resultados considerando la inversión total y el área vinculada:
Tabla 7. Análisis comparativo Recursos/área
Análisis comparativo
Caquetá Cundinamarca Valle del Cauca Área vinculada 3.119 6.755 260 Acuerdos 83 164 45 Familias 150 225 16 Tiempo entrega del incentivo
2 años
2 años
3 años
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• Incentivo a partir del costo de oportunidad
Para lograr este costo efectividad la norma proporciona lineamientos para la estimación del valor anual por hectárea del incentivo a reconocer, en dinero o en especie, en las áreas y ecosistemas estratégicos, para ello sugiere contemplar lo siguiente:
a) Estimar, como un valor de referencia, el costo de oportunidad de las actividades productivas agropecuarias más representativas que se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos y que afectan en mayor grado su cobertura natural.
b) Para la determinación del valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, se seleccionará el menor costo de oportunidad calculado a partir de alguna de las opciones anteriormente mencionadas.
c) Teniendo como límite el valor obtenido en el numeral anterior, y de conformidad con el principio de costo-efectividad, se determinará el valor de manera que, con los recursos disponibles, el incentivo cubra una mayor cantidad de área. Este valor resultante será el valor máximo del incentivo a reconocer anualmente por hectárea que regirá para todos los predios que hacen parte del área o ecosistema estratégico respectivo, ya sea que las áreas de los predios se destinen para la preservación o restauración.
Las experiencias analizadas establecieron los siguientes costos de oportunidad:
Tabla 8. Costos de oportunidad
Caquetá Cundinamarca Valle del Cauca Valor incentivo (ha/año)
$200.000 - $300.000 dependiendo del
municipio
$49.000 - $ 570.000 Pagos diferenciados
$ 350.000
Valor promedio incentivo
$206.156
$ 281.627
$ 350.000
Porcentaje incentivos sobre recursos ejecutados
46%
53%
5%
La concepción simplista de costo efectividad que contempla la norma, contempla sólo del incentivo invertido por hectárea vinculada, esto reduce de manera significativa los impactos potenciales que pueden tener los incentivos en ámbitos que van más allá del área vinculada. Estos datos se convierten en los indicadores de seguimiento y cumplimiento, pero no muestran la efectividad de la inversión en otros aspectos.
Como se observa en la tabla 8, el 100% de los recursos no corresponde a lo entregado en incentivos, un gran porcentaje de estos recursos corresponde a “gastos de operación” o “costos
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de transacción”, los cuales en algunos casos pueden superar incluso los incentivos entregados. Esta es una de las principales preocupaciones en la implementación del instrumento, ya que según los supuestos a partir de los cuáles fue creado el PSA considera que el éxito se alcanzará a medida que dichos costos sean muy bajos o lleguen a cero. Sin embargo, bajo las condiciones de las zonas de estudio, la entrega del incentivo per se no constituye el logro de los objetivos ambientales deseado y se hacen necesarias inversiones adicionales.
Estas inversiones adicionales se relacionan con personal, capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y comunitario, y en el caso del Valle del Cauca con la implementación de obras o acciones que contribuyen con la conservación y restauración de las cuencas, aspectos determinantes para lograr los objetivos planteados. A continuación, se muestra el detalle:
Fuente: (Velandia 2020)
Figura 22. Destinación de recursos ejecutados en desarrollo de la iniciativa de PSA en Caquetá
En el caso de Caquetá se muestra que los costos de operación fueron superiores durante la primera fase (2016 -2018), los recursos destinados a la operación del proyecto entre personal e insumos y medios fue del 69%, y los recursos destinados para la entrega del incentivo representaron el 31% del total; en la fase II (2018 - 2019) el porcentaje de ejecución para operación de la iniciativa disminuyó al 40% del total de los recursos , siendo así el porcentaje ejecutado de incentivos del 60% del total de los recursos. Este comportamiento es interesante ya que sugiere mayor inversión para el inicio y creación de condiciones para la implementación del incentivo.
36
Fuente: Viviana Sora (2020)
Figura 23. Ejecución presupuestal en el Programa “Yo Protejo, Agua para todos” (Cundinamarca)
Para Cundinamarca, el 47% de los recursos ejecutados se destinaron especialmente a la conformación del equipo de trabajo que contempló profesionales de campo, profesionales de capacitación y asistencia técnica, profesionales de investigación para el diseño de un planteamiento de intervención a 20 años, profesional SIG, profesional administrativo, profesional para gestión documental, profesional jurídico, coordinador técnico y los apoyos administrativos para la operación del fondo, todos dedicados exclusivamente a este programa.
En el caso del Valle del Cauca (Cuenca del río Cali) el 95% de los recursos se invirtieron en componentes diferentes a los incentivos, en la Figura 24 se observa que el mayor porcentaje corresponde a la implementación de técnicas para mejorar suelos y otras para el cambio de uso del suelo, seguido del fortalecimiento de capacidades. Sólo un 5% se invirtió en los incentivos.
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Fondo Patrimonio Natural. Tomo1.2_6 Julio
Figura 24. Ejecución presupuestal en CSAH en la cuenca del río Cali (Valle del Cauca)
Es evidente que las inversiones en otros componentes diferentes a la entrega del incentivo juegan un papel determinante en los programas de PSA, a pesar de esto la norma limita la inversión en estos y establece: “Gastos asociados a los pagos por servicios ambientales… Se podrán atender los gastos directamente asociados al pago por servicios ambientales y la adquisición de predios, relacionados con el monitoreo y seguimiento, estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos comerciales y gastos notariales y de registro”, por su parte la sentencia C644 de 2017 menciona la necesidad de mecanismos de participación, como acciones de capacitación y educación ambiental para los participantes del incentivo y otros actores locales y regionales, con el fin de que complementen y le den sostenibilidad al incentivo, además de contribuir al respectivo seguimiento y control.
Por tanto, un esquema de PSA con recursos del 1% debe buscar fuentes de financiación complementarias para lograr cubrir estos rubros o la norma debe incorporar la aspectos que respondan ¿Cómo valorar otros impactos y resultados de los esquemas o programas de incentivos?. Por ejemplo, las experiencias analizadas muestran otros beneficios obtenidos, que muestran que en realidad la entrega del recurso (en especie o en efectivo) no es el más importante ni significativo.
Tabla 8. Resultados adicionales a vinculación de hectáreas
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Componentes de impacto
Valle del Cauca Caquetá Cundinamarca
Capacitación y asistencia técnica
• Creación de la escuela “Maestros del agua”
• Más de 100 personas capacitadas entre técnicos y productores
• Generación de conocimiento sobre prácticas sostenibles de uso de suelo y sus beneficios hídricos a través de la asistencia técnica realizada por CIPAV
• Capacitación a las comunidades en buenas prácticas productivas, manejo de residuos sólidos y recurso hídrico
• Acompañamiento psicosocial y dinámicas de grupo para armonizar el ambiente de trabajo antes de comenzar con los temas técnicos y propios del programa.
• Se entregó una dotación de armarios para el almacenamiento de los productos químicos más usados en las diferentes actividades agropecuarias, con el fin de evitar un acceso fácil a estos por parte de los más pequeños de las familias
• Se diseñó e implementó un plan de formación y capacitación para los participantes del programa enfocado a procesos ecológicos y manejo de recursos
• Capacitación a funcionarios de alcaldías para la inversión del 1% (articulo 11/L99)
Fortalecimiento comunitario e institucional
• Mecanismo comunitario constituido por 5 acueductos comunitarios para la gestión integral del agua, denominado ACUACALI.CO.
• Por medio de acuerdos colectivos con organizaciones de base comunitaria se buscó el fortalecimiento administrativo y de gobernanza
39
• ONG locales vinculadas a procesos de fortalecimiento de capacidades y con capacidad de generar procesos que vinculan el uso de instrumentos económicos para la conservación.
• 3 Autoridades ambientales concertando y gestionando la conservación de la cuenca con un instrumento económico complementario a las demás acciones.
Ambiental • Establecimiento de cercos de protección sobre las áreas en sucesión natural y algunos bosques estratégicos
• Mejoramiento de la calidad del agua de al menos 4 acueductos veredales en las subcuencas Felidia y Pichindé: el IRCA pasó en 2011 de 23.9 (nivel de riesgo - no apta para consumo humano) a 7.3 (2016), indicando nivel bajo de riesgo.
• En áreas en donde había presencia de ganadería y estos semovientes tenían acceso directo a las fuentes se realizó un aislamiento de ronda, sumado a esto se realizó un acueducto ganadero (artesanal).
• Por cada 5 hectáreas vinculadas al programa, las familias realizaban procesos de reforestación y protección en una hectárea más.
• Implementación de prácticas productivas para mejoramiento de la calidad del agua
• Aislamiento de coberturas naturales y rondas de quebradas
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3.4 Selección de predios y beneficiarios
• Predios
Al respecto el Decreto 1007 establece que se priorizarán los predios que contengan una o más de las siguientes características:
a) Con mayor proporción de cobertura natural y riesgo de transformación por expansión de la frontera agrícola, preferiblemente colindantes a los predios de más reciente transformación.
b) Con potencial de conectividad ecosistémica con áreas protegidas o estrategias de conservación in situ.
c) En los que concurran varios servicios ambientales como una expresión de riqueza de la diversidad biológica a conservar.
El porcentaje del área de los predios vinculados a las 3 experiencias es alto, para el departamento de Cundinamarca la media de porcentaje de vinculación es del 86% del área de los predios, en Caquetá el 47% y en el Valle del Cauca 60% (Figura 25), esto indica que se han privilegiado los predios con grandes proporciones de coberturas naturales, no por tanto el riego de transformación.
Figura 25. Porcentajes del área total del predio vinculada a las experiencias de PSA
En cuanto al número y tamaño de los predios vinculados en las 3 experiencias se observa tanto en Caquetá como en Cundinamarca (en la modalidad de acuerdos individuales)
41
que la mayor cantidad de área vinculada se encuentra en los predios de más de 50 hectáreas, así mismo, en Caquetá la mayor cantidad de predios vinculados (63%) son de gran tamaño (>20 ha) (Figura 26), en Cundinamarca la cantidad de predios en cada una de las categorías es similar, sin embargo, el 43% de los predios vinculados son de más de 20 ha (Figura 27).
Figura 26. Área y predios vinculados a PSA en Caquetá
4500
4000
3500
3000
2500
50
45
40
35
30
2000
1500
1000 500
0
25
20
15
10
5 0
0,1 - 5 ha 5 - 10 ha 10,1 - 20 ha 20,1 - 50 ha > 50 ha
área vinculada No predios
Figura 27. Área y predios vinculados a PSA en Cundinamarca (Acuerdos individuales)
42
No
pred
ios
Hect
área
s vin
cula
das
Al realizar el análisis con los acuerdos colectivos suscritos en Cundinamarca la tendencia es contraria, tanto la mayor cantidad de áreas como número de predios vinculados son de menos de 10 ha, de hecho sólo se vinculó 1 predio de más de 20 ha (Figura 28).
Figura 28. Área y predios vinculados a PSA Cundinamarca (Acuerdos colectivos)
En la cuenca del río Cali (Valle del Cauca) se encuentra una alta fragmentación predial, la mayor parte del área se encuentra en pocos predios (la gran mayoría de ellos de carácter público), mientras que un gran número de pequeñas parcelas se reparten una porción mucho menor del área. Mientras 1.679 predios (93%) con área inferior a 10 ha sólo representan el 13% del área (1.844 ha), 19 predios (1%) con extensión mayor a 100 ha contienen cerca de 9.008 ha (65%) CIPAV (2011). El proyecto de incentivos a la conservación abordó tan sólo 22 predios.
Por otro lado, se incluyeron criterios para la priorización de predios en el esquema en la cuenca del río Cali (Fondo Patrimonio Natural et al., 2014).
Tabla 9. Criterios para la priorización de predios en el esquema de CSAH de la cuenca del río Cali. Fuente CIPAV, 2014, obtenido de (Fondo Patrimonio Natural et al., 2014)
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En consecuencia, la mayor parte de las áreas vinculadas están en predios menores a 20 ha, de igual forma, el mayor número de predios están en la categoría de tamaño de menos de 5 ha (Figura 28). Es importante resaltar que, al momento de vinculación de estos predios, uno de los requisitos para la vinculación era que el participante debía ser propietario, ello impedía trabajar con la mayoría de población.
Figura 28. Área y predios vinculados a PSA Valle del Cauca
• Beneficiarios
Sobre los beneficiarios del incentivo, el decreto-ley dispone que se le otorgará preferentemente a quienes sean propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de pequeña
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y mediana propiedad, priorizándolos con base en el nivel de vulnerabilidad establecido por los indicadores del Sisben, el censo nacional agropecuario, y los pueblos indígenas y étnicos.
Valle del cauca
Los ríos Félidia, Pichinde, Aguacatal y Cali son elementos que influyen en el desarrollo y localización de los asentamientos poblacionales, configurando un patrón de ocupación de tipo disperso e irregular en la zona intermedia de la cuenca, ocupación altamente concentrada y regular dentro del perímetro urbano y un relativo grado de dispersión e irregularidad en los bordes suburbanos (Fundación CIPAV, 2011). La estructura predial en la zona de estudio se caracteriza por un actual proceso de fragmentación en pequeñas parcelas como unidades productivas o como fincas de recreo de la población urbana de Cali.
Si bien no existe una caracterización social de los participantes del esquema en el Valle del Cauca. Solarte & Galindo, 2020, comentaron que la población de la microcuenca del rio Pichindé, se caracteriza por ser una zona de fincas de recreo de personas que viven en el área urbana de Cali. Por otro lado, la microcuenca Felidia presenta una población cuya actividad predominante eran los cultivos de supervivencia.
Según el CNA (2014), la zona rural de Cali cuenta con 4.956 unidades productivas agropecuarias (UPA), las cuales se encuentran en un 50% para uso exclusivo habitacional seguido de un 47% sin actividad observada. En cuanto a las actividades productivas observadas sobre las UPA, se identificó que el 66% de estas se dan sobre la actividad de servicios (42% actividades de apoyo a la actividad agropecuaria y 32% Servicios turísticos, de alojamiento, hospedaje y otros.), seguido con un 19% la actividad comercial (84% Comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas) (Figura 29).
Considerando lo anterior, se discierne una alta heterogeneidad en la población, por un lado, propietarios de fincas de recreo o que ofrecen servicios posiblemente ausentistas, y por otro, pequeños campesinos que realizan actividades agropecuarias.
Actividades productivas dadas sobre las UPA
Área rural de Cali
14%
1% 19%
Transformación de productos agropecuarios Industria Comercio
66% Servicios
Figura 29. Actividades productivas de las UPA, área rural de Cali. Fuente: CNA, 2014
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Respecto al nivel de escolaridad de la población que habita el área rural de Cali se identifica un alto déficit con un 42% de la población con básica primaria, seguido de básica secundaria en un 18%, los menores porcentajes se dan sobre niveles técnicos y tecnológicos con 3% y 2% respectivamente (Figura 30).
Nivel de escolaridad, área rural de Cali
Posgrado
Tecnológico Media
Básica primaria NR
0 100 200 300 400 500 600 No. De habitantes
Figura 30. Nivel de escolaridad, área rural de Cali. Fuente: CNA, 2014
Caquetá
De acuerdo con la caracterización social de los participantes del programa de PSA elaborada por la Fundación Picachos (2019), se observa en todos los municipios un predominio de la población con Nivel 1 del Sisbén (77,2%) (Figura 31). Esto es un indicador sobre la situación económica de estas familias, en donde no cuentan con ingresos económicos estables o con una vinculación laboral que les permita afiliarse al Régimen de salud Contributivo.
Fuente: (Fundación Picachos, 2019)
Figura 31. Régimen de salud participantes del programa
46
Niv
el e
scol
arid
ad
En cuanto al nivel de escolaridad de la población, el 66,6% de los participantes cuentan con un nivel de educación básica primaria, seguido por un 16,3% con nivel de formación secundaria y el 10.9% de esta totalidad de beneficiarios son analfabetas, el porcentaje restante que corresponde al 6,2% cuenta con estudios técnicos, tecnológicos y universitarios (Figura 32).
Fuente: (Fundación Picachos, 2019)
Figura 32. Nivel de escolaridad de los participantes de PSA en Caquetá
Cundinamarca
La caracterización social de los participantes vinculados al programa “Yo protejo, agua para todos” consideró las siguientes categorías:
- Nivel 1: con puntaje de Sisbén Nivel 1 o con ingresos económicos
mensuales de 1 salario mínimo vigente o menos (COP $871.000) - Nivel 2: con puntaje de Sisbén Nivel 2 o con ingresos económicos
mensuales entre COP$ 871.000 – COP$ 1.600.000 - Nivel 3: régimen contributivo o con ingresos económicos mensuales
entre COP$ 1.600.000 – COP$ 3.000.000 - Nivel 4. Declarante de renta o con ingresos económicos mensuales
superiores a COP$ 3.000.000
En la Figura 33 se presentan los resultados de manera separada para la modalidad de acuerdos individuales y para la de acuerdos colectivos. La tendencia en las 2 modalidades es similar, el mayor porcentaje de las personas vinculadas al programa corresponden al Nivel 1 (42 y 49% respectivamente), seguidas de las personas de Nivel 3, en la modalidad de acuerdos colectivos no hay participantes del Nivel 4.
47
60
50
40
30
20
10
0
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Acuerdos individuales Acuerdos colectivos
Figura 33. Nivel socioeconómico de los participantes del programa “Yo protejo, Agua para
Todos” - Cundinamarca
El nivel de escolaridad de los participantes en la modalidad de acuerdos individuales es bastante variado. No obstante, se evidenció que la mayoría (48%) realizó únicamente estudios de básica primaria (Otero 2019) (Figura 34).
Figura 34. Nivel de escolaridad participantes del programa “Yo protejo, Agua para Todos” – Cundinamarca (Modalidad acuerdo individual)
48
Porc
enta
je
• Monitoreo y seguimiento
El Decreto 1007 de 2018 establece que las personas públicas y privadas que implementen los proyectos de pago por servicios ambientales efectuarán el monitoreo y seguimiento del comportamiento de los servicios ambientales asociados al uso del suelo acordado dentro del área-o ecosistema estratégico, y darán a la comunidad relacionada e interesada en el proyecto, la información y capacitación requerida de acuerdo a las particularidades locales y regionales, propiciando su participación activa que contribuya al seguimiento y control y a la consolidación y sostenibilidad del incentivo.
Valle del Cauca
Al respecto en la experiencia en el Valle del Cauca, se realizó el seguimiento de los compromisos de conservación y protección de los corredores y las áreas concertadas en los predios, pero no existió un plan de monitoreo ya que nunca se contempló en la formulación del programa, ni en el presupuesto, solamente se tomaron datos respecto a la calidad del agua, pero no fue más allá de un análisis (Carmona, 2020). En cuenca Cali se hizo un ejercicio de análisis de coberturas y levantamiento de información a menor escala con drones para presentar el avance, pero no se hizo de manera continua. La propuesta inicial, donde EMCALI buscaba reducir costos de potabilización con mejoramiento de las condiciones productivas de la cuenca y mejoramiento de la calidad de agua, según Carmona, pude tener impactos, pero estos no fueron registrados por la CVC por lo que no se tiene conocimiento de los impactos.
Caquetá
El seguimiento al cumplimiento de compromisos se realizó por medio de comités técnicos e informes con cierta periodicidad ya que desde el programa de conservación y Gobernanza C&G existe un grupo de monitoreo que es paralelo a todas las iniciativas y debe hacer seguimiento a todo el plan de manejo planteado, además de los indicadores de manera frecuente con frecuencia se puede decir que se hace una validación en campo con el fin de verificar la información, hacer cruces y entregar reportes.
Respecto al monitoreo, en este momento lo está realizando Patrimonio, teniendo en cuenta que el contrato con Fundación Picachos empezó en febrero y terminaba en diciembre y por diferentes situaciones fue imposible que lo realizara Fundación Picachos. Sin embargo, en la primera fase si se realizó monitoreo al proceso de la mano de la fundación (Velandia 2020).
Cundinamarca
En relación con el seguimiento a los compromisos acordados con los participantes de acuerdos individuales, 11 de los 181 acuerdos suscritos inicialmente (6%) incumplieron. De manera general se encontró que los incumplimientos:
- Fueron causados por entrada de ganado a las áreas en conservación - Ninguno de los participantes vivía en el predio
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- No está asociado a un nivel socioeconómico, ya que hubo participantes que incumplieron en los niveles 1,2,3 y 4.
- En 15 de los 17 predios (correspondientes a los 11 acuerdos) se vinculó la totalidad del área por encontrarse completamente en coberturas naturales, en los 2 restantes se realizaba ganadería extensiva en un porcentaje no mayor al 10% del área total del predio
- En cuanto a figuras de protección y restricciones de uso mediante instrumentos de comando y control se encontró 12 de los 17 predios se ubican dentro de un complejo de páramos (70%), y están bajo las siguientes figuras (Figura 35):
Figura 35. Figuras de protección en los predios que presentaron incumplimiento
En cuanto a monitoreo se diseñó un plan que contempla los siguientes indicadores:
Tabla 10. Indicadores de impacto seleccionados para el Programa “Yo Protejo, agua para Todos”.
#
Indicador
Indicadores
Escala Frecuencia de toma de
datos
1
Tasa promedio anual de la superficie de coberturas naturales (%)
Zona de interés asociada a coberturas
naturales
Inicio/Final
2 Tasa de cambio del grado de conectividad de las
coberturas naturales Microcuenca Inicio/Final
3
Cambio en la calidad del agua Microcuenca Inicio/Final
4
Tasa de erosión
Zonas de interés asociadas a coberturas
transformadas
Inicio/Final
5
Nivel de conocimiento de los actores sobre su rol en el ecosistema sus interacciones con la biodiversidad y los servidos ecosistémicos
Zonas de interés asociadas a coberturas
transformadas
Inicio/Final
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A la fecha se cuenta con la línea base en 3 microcuencas piloto y aún no se analizan los cambios en una segunda temporalidad.
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