presentan demanda para que se declarae la inconstitucionalidad de la ley de emergencia...

7/25/2019 Presentan demanda para que se declarae la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Administrativa

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PROMUEVE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD.SE ADJUNTA DOCUMENTACIN.

Suprema Corte de Justicia:

Marcelo E. Ponce Nuez, abogado, T. XXX, F 271 (CALP), legajo

22116, CUIT.IVA. Monotributista N 23-10353652-9; constituyendodomicilio procesal en calle 8 N 1135 de La Plata, me presento ante

V.E. y respetuosamente manifiesto:

I.-PERSONERIA

Conforme se acredita con copia del poder general que se glosa, resulto

ser representante de la ASOCIACION TRABAJADORES DELESTADO (A.T.E.), con domicilio legal en Av. Belgrano N 2527 de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Por lo que solicito se nos tenga y

reconozca por partes.-

II.-LEGITIMACION

La legitimacin de la ATE para iniciar la presente accin, surge del

mbito de la actuacin sindical, personal y territorial de la misma,

como entidad de primer grado reconocida e inscripta por la Resolucin

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N 144/1946 e inscripta

en el registro respectivo bajo el n 2.-


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Uno de los derechos de la asociaciones sindicales consiste en defenderante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos

de los trabajadores (art. 23 inc. a) de la ley 23.551).-

Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 legitima a las

entidades sectoriales debidamente registradas a defender a travs del

amparo los derechos de incidencia colectiva (art. 43 de la C.N).-

En este caso mi mandante acta en defensa de derechos subjetivoslesionados y en tutela de los intereses colectivos de las organizaciones

gremiales y los trabajadores que representa.-La legitimacin de la

organizacin gremial para iniciar la presente accin, surge del mbito

de la actuacin sindical, personal y territorial de las mismas, como

entidades con personeras gremiales reconocidas por resoluciones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de A.T.E con suregistracin bajo N 2.-

Las personeras gremiales de las que goza la entidad sindical actora le

confiere, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 inc. a) ley

23.551, el derecho exclusivo de "...defender y representar ante el

Estado (...) los intereses (...) colectivos de los trabajadores..."; y su inc.

c) el de ...intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el

cumplimiento de la normativa laboral.... Tal carcter nos confiere

legitimacin activa para interponer la presente accin.-

La ley impugnada, en los artculos que especficamente se mencionan

de ella, afecta, con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, al colectivo de

los trabajadores representados por la accionante. Ello por cuanto la

lesin que las normas impugnadas provoca no se limita a los

trabajadores que estn en actividad actualmente, sino que proyecta


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idnticos efectos a todos los trabajadores -actuales, futuros ypotenciales- comprendidos en el mbito de representacin del

sindicato.-

Esta faceta demuestra que no se trata, en la especie, de conflictos

individuales o plurindividuales, sino de una contienda de inters

abstracto de la categora profesional representada por la entidad

sindical, circunstancia que nos legitima activamente para promover lapresente demanda (conf. art. 31 inc.a. ley 23.551 y 43 Constitucin

Nacional).-

En tal sentido se ha pronunciado la Procuracin General del Trabajo,

dictamen 16.769, 2/11/94, "Sindicato Unidos Portuarios Argentinos

Puerto Capital Federal c/Consorcio River Plate Container Terminal

S.A. y Otros s/Medida Cautelar", Expte. 37.062, del Registro de la SalaVIII de la Excma. C.N.A.T.. Idem, P.G.T., dict. 18.079 del 2/10/95, en

autos "Asociacin Argentina de Aeronavegantes c/Cielos del Sur S.A.

s/Medida Cautelar", expte. 37.398/95 del reg. de la Sala VIII, Dictamen

20460 UTPBA c/Estado Nacional s/Amparo.-

El art. 31 inciso a) y c) de la ley 23.551 otorga la legitimacin que se

alega en defensa de los intereses individuales y colectivos tanto de las

entidades adheridas como de los trabajadores representados, y la vigilia

sobre el cumplimiento de la normativa laboral que se les aplica,

conforme se ha reconocido por la Sala V del fuero en autos: "Molina

Jos L. c/Estado Nacional (PEN) s/Amparo ley 16986 y la Sala IV en

autos CGT c/Estado Nacional.-

Consolida la posicin sustentada y antes explicitada, el dictamen del

Fiscal General del Trabajo en autos caratulados: "Asociacin de


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Trabajadores de la Industria Lechera de la R.A. c/Estado Nacionals/Accin de Amparo, reiterado en autos C.G.T. c/Estado Nacional, en

el cual dijo que: ...el intento de suprimir asignaciones familiares y el

de introducir una modificacin global peyorativa, constituye la base de

una potencial controversia colectiva y por ende, incluida en el amplio

marco de representacin legal de los sindicatos por ampliacin del art.

31 inciso a) de la Ley de Asociaciones Sindicales..-La Sala de Feria de la Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en

autos Confederacin General del Trabajo de la Repblica Argentina

c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) causa n 17/97 del 24 de

enero de 1997, al pronunciarse a favor de la legitimacin de la parte

actora, ha dicho: No se discute el hecho notorio de que la C.G.T. es

una asociacin de sindicatos, que se encuentra inscripta en el registroordenado por el art. 14 bis de la Constitucin Nacional y que, en los

trminos de las sucesivas leyes regulatorias de la actividad de los

sindicatos, se le ha otorgado Personera Gremial. Todo ello define a

una persona jurdica especial, cuyo objeto es la defensa y promocin

del inters colectivo de los trabajadores. Conviene detenerse

brevemente en este concepto de inters colectivo, pues l explica y

justifica la existencia y actuacin de los sindicatos. Dicho inters no

equivale a la suma de los intereses individuales de los integrantes del

grupo antes bien los engloba y trasciende, en cuanto implican

necesidades o aspiraciones que slo pueden hallar satisfaccin a travs

de la accin del grupo. El reconocimiento por el ordenamiento jurdico

de la existencia de ese inters grupal y la atribucin de su

representacin a un tipo determinado de asociacin, que asume de tal


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suerte una representacin de intereses, diversa y ms extensa que larepresentacin de las personas, en el marco del mandato, an a

sabiendas que solo una parcialidad de los individuos del grupo

pertenece formalmente a ellas, es la particularidad especfica del

derecho colectivo del trabajo.-

Por lo tanto, actos que, conjeturalmente ilegales o arbitrarios,

lesionen, alteren, restrinjan o amenacen alguno de los derechoscolectivos reconocidos por la Constitucin Nacional, leyes o tratados,

afectan en un doble sentido a una pluralidad de personas, dando lugar a

la proteccin que el art.43 de la Carta Magna ofrece en los supuestos de

lesin de derechos de incidencia colectiva general, directamente, a los

sindicatos legitimados para ejercer dichos derechos y medianamente a

los trabajadores cuyas condiciones de trabajo son reguladas por laaccin de esas entidades.-

En esta directriz destacamos el reconocimiento de la facultad de las

entidades sindicales para defender los intereses individuales y

colectivos frente al Estado Provincial, ante el dictado de la ley 14.656,

conforme reciente jurisprudencia en autos caratulados: A.T.E. y otros

c/Estado Nacional s/Accin de AmparoSent.: 88.466 del 15.09.00

CNAT, Sala II; idem.Asociacin Bancaria c/Estado Nacional s/accin

de amparo; Sent.:30.06.00 Sala V; dem misma Sala ; autos

S.A.D.O.P. c/ Estado Nacional s/accin de amparo de fecha

14.03.00; Dictamen PGT N 29.784 del 29.06.00.-

La legitimacin activa de las organizaciones sindicales para accionar en

este tipo de controversias es reconocida por la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin en el controvertido fallo: Recurso de hecho


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APINTA Y OTROS C/ESTADO NACIONAL de fecha 19.10.00, alrechazar el agravio de la demandada en este aspecto; en atencin entre

otros argumentos a ...que la ley 24.185 que regula las condiciones

colectivas entre la Administracin Pblica y sus empleados,

expresamente prev que aquellas comprenden todas las cuestiones

laborales que integran la relacin de empleo, tanto las de contenido

salarial, como las dems condiciones de trabajo.... De ello concluye laCorte que los aspectos patrimoniales derivados de una reduccin

salarial ...pueden ser aprehendidos en la categora que le asign la

cmara y consecuentemente, en la representacin de las entidades

actoras.... Va de suyo que en el marco de relaciones laborales regidas

por la ley de contrato de trabajo, estatutos especiales y la ley 14.250, la

interpretacin de la Corte se hace extensiva a las mismas y por lo tantolas entidades actoras en la presente accin acreditan sobradas

facultades para representar los intereses colectivos e individuales

concretos que se afectan con la reduccin de haberes de los

trabajadores comprendidos en su personera gremial.-

Nos encontramos, asimismo, legitimados para accionar en funcin de

lo previsto por el art. 43 de la Constitucin Nacional; en tanto la ley

atacada ocasiona una arbitraria afectacin al derecho de propiedad, y

vulneran derechos de incidencia colectiva.-

El carcter de asociacin sindical delimita el objeto de actuacin: la

defensa de los intereses de los trabajadores (art. 2 Ley 23.551),

encontrndose normativamente dispuesto el alcance de la expresin

intereses de los trabajadores como todo cuanto se relacione con sus

condiciones de vida y de trabajo (art. 3 Ley 23.551).-


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A su vez, el objeto mencionado habilita la adopcin de las medidasdirigidas a su concrecin, cuya finalidad es "...remover los obstculos

que dificulten la realizacin plena del trabajador." (art. 3 in fine Ley

23.551).-

Diversos autores han analizando la normativa mencionada, sosteniendo

al respecto: El nuevo rgimen legal se enrola en la corriente amplia

del Convenio 87, consagrando un vasto mbito permisivo de la accinsindical como forma de autotutela de los intereses de los

trabajadores, complementndolo con la determinacin de que en ese

concepto deben considerarse abarcados todos los aspectos que hacen a

las condiciones de vida y de trabajo de sus representados, inclusive la

remocin de aquellos obstculos que dificultan su realizacin plena

como personas humanas. (...) Coherente con esta modalidad emanadade nuestra experiencia histrica real, la frmula amplia que elude a la

prefiguracin de objetivos concretos y presuntamente invariables,

permite la libre expansin a que tiende la accin sindical moderna,

tratando de responder a la variacin incesante de la vida actual cuyas

transformaciones tecnolgicas, econmicas, sociales y culturales

plantean renovadas y crecientes exigencias a los trabajadores, no slo

como tales sino tambin como personas humanas que forman parte de

un grupo familiar y de una comunidad nacional y local. (...)

Concluimos pues, que esta frmula amplia de la ley es la que mejor

contempla las garantas de la libertad sindical, que no debe ser

asegurada slo desde el punto de vista pasivo -salvaguarda de la

autonoma frente al Estado y los empleadores- sino tambin en lo que

hace a la libertad sindical activa, esto es el despliegue de todas las


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formas de accin que los organismos sindicales consideren idneaspara lograr los objetivos comunes, dentro de la legalidad.. (Nstor

Corte, El Modelo Sindical Argentino, Ed. Rubinzal-Culzoni, pgs.

115 y s.s.).-

La Corte Suprema de Justicia de la Nacin tambin ha reconocido la

plena operatividad del art. 43 de la C.N. que otorga legitimidad activa

para accionar judicialmente a las asociaciones que propendan aproteger los derechos de incidencia colectiva en general (C.S. 22.04.97,

AGUEERA c/PROVINCIA DE BUENOS AIRES, L.L. 1997-C, pag.

322; e igual criterio sostuvo el ms Alto Tribunal de nuestra Provincia:

(SCJBA. In re: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

(A.T.E.) y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/

INCONSTITUCIONALIDAD DECRETO 754/2000-CAUSAI.2227).-

En el mismo sentido la Corte Suprema ha interpretado que el artculo

43 de la Constitucin reconoce expresamente legitimacin para

interponer accin a sujetos potencialmente diferentes de los afectados

en forma directa, entre ellos, las asociaciones, por el acto u omisin que

en forma actual o inminente, lesione, altere, o amenace, con

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la

Constitucin, un tratado o una ley, entre otros los derechos de

incidencia colectiva (conf. C.S., 01/06/00, Asociacin Benghalensis y

otras c/Estado Nacional, suplemento de derecho constitucional del

12/03/01, La Ley, pgina 23). La doctrina de este fallo consolida el

camino abierto por el Alto Tribunal en Agera reconociendo

legitimacin a las asociaciones por el solo hecho de tener entre sus


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objetivos la tutela del derecho por el que accionan, sin que importe lanecesidad de inscribirse en registro alguno y reconoce la existencia de

un caso judicial.-

III.-OBJETO

En ejercicio de las atribuciones estatutarias, venimos en tiempo y formaa interponer la presente demanda de inconstitucionalidad prevista en

los artculos 161 inc. 1 de la Constitucin de la Provincia, y 683 y

siguientes del Cdigo de Procedimiento en lo Civil y Comercial, contra

la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a efectos de que V.E. declare la

inconstitucionalidad, nulidad absoluta e inaplicabilidad de los artculos

1, 2, 5 inc. c) d) ; 6, 7, 10, 16, 18, 31, 33, 35 de la ley 14.815,con imposicin de costas a la demandada.

IV.- HECHOS Y ANTECEDENTES

Esta causa se promueve a consecuencia de la sancin de la ley 14.815,

que pretende comenzar a concretar un sueo que poseen las actuales

autoridades provinciales, concretamente el poder ejecutivo, que es

quien propone el dictado de la norma, basamentado en ello una

ideacin, ms elemento concreto que avale la misma se advierte que no

existe. Baste para ello leer adecuadamente la fundamentacin que

acompaa a la norma en crisis, como as tambin su concrecin desde

el mismo artculo 1.-


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Esta asociacin gremial desde siempre ha propiciado la existencia deun estado eficiente y que se destine, sustancialmente, a la cobertura de

las necesidades de la poblacin, comenzando por los ms necesitados.

Ello ha sido dicho pblicamente desde antao.-

Lo que no puede hacerse es, desde lo meramente ficticio, pretender

generar sistemas que alteren sustancialmente las realidades presentes y

llevarnos de las narices hacia destinos imposibles de creer o sostener.-Y por qu as decimos?

En la nota de elevacin del proyecto se nos dice que: .y

especialmente a la prestacin de los servicios esenciales a cargo de la

Administracin Pblica Provincial, centralizada y descentralizada;

extremos que son de pblico conocimiento y que responden a aos de

desinversin y de administraciones imperfectas provocando unaactuacin estatal deficiente e ineficaz.-

Tratndose de un proyecto, ya hoy ley, que tiende a generar un

pretenso cambio sustancial en la actividad de la administracin pblica,

el mismo no puede ser sostenido en meros supuestos y ello as cuando

se dice que las causas que motivan la emergencia son DE PUBLICO

CONOCIMIENTO, sin especificar cules seran los mismos.-

Menos aun soluciona la base fctica necesaria, cuando hace mencin a

aos de desinversin, sin INDICAR CON PRECISION donde se ha

dado tal situacin, cules seran las pautas que hacen a la consolidacin

de dicho pensamiento.-

Y en la misma direccionalidad lo que hace a las administraciones

imperfectas o actuaciones estatales deficientes e ineficaces.-


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Son meras expresiones de alto contenido poltico, no nos cabe dudaalguna, pero que carecen por completo de toda acreditacin fctica.-

No debe olvidarse que se est propiciando una ley de emergencia. Por

ende deviene sustancial indicar con toda precisin, con datos

fehacientes, cual es ella, donde en lo concreto est la emergencia que se

quiere paliar. LO QUE ES CARENTE EN EL PROYECTO Y LEY

CONSECUENTE, por ende se carece de objeto legtimo y vlido queacompae a la norma.-

Continua aquel mensaje de elevacin mostrando cuales son las

obligaciones estatales y dice que: ..no puede interrumpirse, siendo

necesario declarar la emergencia y adoptar medidas de excepcin

tendientes a facilitar el funcionamiento y a propiciar el rpido

reordenamiento del Estado.No explicita, por cierto, cules seran las razones que haran a la

interrupcin de los servicios del estado, es decir, queda como una mera

declamacin de posibilidades, ms de sustento fctico, absolutamente

nada.-

En concreto iteramos, pareciera ser que estamos tras el dictado de una

ley de emergencia por la mera ideacin de quien la propone.-

Tambin nos seala en el prrafo de mentas que hay necesidad de un

reordenamiento del estado, ms no nos dice, no explicita, no indica,

cuales son los desrdenes del estado que requieren de ese

reordenamiento.-

Todo ello nos lleva a la reafirmacin del criterio que se est haciendo

uso de una ley de emergencia, sin que aquella aparezca delineada, o

siquiera esbozada. Y deber tenerse en cuenta que la factibilidad del


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dictado de una ley de emergencia hace a un estado de excepcin, al querealmente no se lo ilustra dentro de la presente, Con lo cual la misma

no tiene un objeto determinado conforme a la necesidad de su dictado.-

Ms no todo tiene que ser negacin, si es cierto que luego y en un

pequeo prrafo llegamos al meollo de la cuestin, es decir, al porque

de la presente ley.-

La ideacin central de la misma est en el siguiente prrafo: A FINDE DOTAR A LA ADMINISTRACION DE HERRAMIENTAS MAS

EFICACES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES O TECNICOS A TITULO PERSONAL,

ESCINDIENDOLO DE LA REGULACION DE EMPLEO

PUBLICO.-

En buen romance y desde lo estrictamente poltico, hay unadireccionalidad, generar vnculos del derecho privado y ello desde la

administracin pblica, ms con el fin de que se presten servicios que

hacen a la esencia de la administracin pblica.-

En concreto se quiere contratar personas y hacerlo eludiendo la calidad

de empleados pblicos, es decir quedaran sujetos a contratos y sin

derechos laborales propios en su calidad de trabajadores. De

trabajadores estatales: pierden la estabilidad.-

Al as hacerlo, adems, se olvida, por cierto, de la existencia de

profesionales y tcnicos que ya vienen prestando servicios para la

provincia de Buenos Aires, en sus diversos mbitos, y como simple

ejemplo de ello cabe mencionar a la CIC, donde podrn encontrarse

tanto profesionales como tcnicos de diversas reas del pensamiento,

desde lo estrictamente cientfico o ms acotado que hace a las ciencias


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duras, como as tambin a reas de las ciencias ms blandas o sociales.Un amplio espectro que seguira all en sus puestos, trabajando,

mientras los planes que hacen a la provincia y sus necesidades, se

llevaran por el sector privado.-

No hay emergencia, si as fuera se la describira y se mostraran sus

causas y sus consecuencias. Slo hay necesidad de nombrar gente que

haga a las cuestiones ms personalizadas de los funcionarios y para ellose dicta una ley, pretensamente de emergencia, que slo hace a

necesidades espurias de quienes la proponen, y a la vez generar

institutos alejados de la bondad constitucional.-

Quede claro, por cierto, que no peticionamos que los miembros del

Tribunal en su sentencia completen lo que falta a la ley, ya que por tal

camino ms que analizar la constitucionalidad de la norma, se estaranconvirtiendo en preclaros legisladores que concluyen lo que el Poder

Legislativo incumpli. Hay que visualizar la completitud del anlisis de

razonabilidad, que debe dar sustento a la norma impugnada, y al no

encontrar el mismo, sin duda decretar la inconstitucionalidad que

venimos peticionando.-

No deviene pues adecuado la remisin de un proyecto que se denomina

de emergencia, sin configurar y acreditar fehacientemente la misma y

haciendo slo remisin a la informacin pblica, sin mentar tampoco a

cual se refiere. Y en la misma lnea de inadecuacin, agregando ahora

el estigma de inconstitucionalidad al sancionar una ley con las

precitadas caractersticas.-

Pero ms all de las generalizaciones y especificidades ya dichas, no

podemos dejar pasar ciertas regulaciones insertas en la ley de mentas


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que atentan contra principios constitucionales tanto nacionales como denuestra provincia y de all los planteos que formulamos.-

ARTCULO 1: Declrase la emergencia administrativa y tecnolgica

en el mbito de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar

el grave dficit en estas materias que en el transcurso de los ltimos

aos se ha visto incrementado progresivamente y posibilitar la

realizacin de las acciones tendientes al fortalecimiento ymodernizacin tecnolgica de los organismos pblicos provinciales

para cumplir as con el mandato constitucional de promover el

bienestar general.

A los efectos de la aplicacin de la presente Ley, la declaracin de

emergencia tendr una duracin de un (1) ao, contado a partir de su

entrada en vigencia, pudiendo ser ste prorrogado por nica vez por elPoder Ejecutivo por igual plazo en caso de verificarse que las causales

que justifican la emergencia no han cesado, previa comunicacin a la

Comisin Bicameral prevista en el artculo 8 de la presente Ley.-

En ste primer artculo se enuncia que se declara la emergencia

administrativa con un fin puntual, paliar el grave dficit en stas

materias en el transcurso de los ltimos aos. Se pretende alcanzar el

bienestar general. Direccionalidad plausible y que todos los actos del

estado deben tener como fin ltimo, ello se desprende de la premisa

constitucional que lo consagra.-

As tambin se expresa cuando habla de la modernizacin tecnolgica.-

Y se declara sta emergencia por un ao, prorrogable por otro, en la

medida que el poder ejecutivo vea que las causas que le dieron origen

siguen existiendo.-


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Ahora bien, cules son esas causas?Y necesariamente debemos volver al principio de ste escrito, ellas no

estn expresadas, slo se dice que son de pblico conocimiento.-

Cmo se han de evaluar las mismas, las causas, sino sabemos cuales

son?

Es decir, la mera voluntad del ejecutivo determinara per se la prorroga.-

Con dicha enunciacin debemos concluir, necesariamente y comorazn de verdad por parte del Poder Legislativo, que en los ltimos

aos la actividad del poder administrador NO HA TENDIDO AL

BIENESTAR GENERAL, por ende su accionar desde dicho punto ha

devenido inconstitucional. Y debe tenerse presente que el mentado es

un fin esencial de las autoridades que ejercen los mandatos

constitucionales.-Ahora bien, esa desviacin de poder, ese incumplimiento de los fines

constitucionales, no ha sido definido; menos ha sido denunciado por las

actuales autoridades con relacin a las precedentes. Y no negamos que

no existan razones para ello, pero hay que definirlas, hacerlas conocer;

de otra manera se est ocultando una verdad, una realidad, que ha

tenido como sujetos destinatarios a todos los ciudadanos de la

provincia.-

ARTCULO 2: Autorzase a todos los Ministerios, Secretaras y

entidades autrquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las

obras y contratar la provisin de bienes y servicios que resulten

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley,

cualquiera sea la modalidad de la contratacin, incluidos los convenios


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de colaboracin con organismos de la Provincia o de la Nacin,Municipios, Consorcios de gestin y desarrollo y Cooperativas.-

A tal fin podrn utilizar las normas de excepcin previstas en el

Decreto-Ley 7.764/71 y modificatorias -de Contabilidad- y en las

Leyes 10.397 y modificatorias -Cdigo Fiscal-, Ley 13.981 -Ley de

Compras y Contrataciones- o las que en el futuro las reemplacen, y sus

respectivos Decretos Reglamentarios; pudiendo adems eximirse delcumplimiento de las prescripciones del Decreto-Ley 7.543/69 -

Orgnica de Fiscala de Estado-, artculos 38 a 45 de la Ley 14.803 y

modificatoria -Asesora General de Gobierno-, Decreto Ley 9.853/82 -

del Consejo de Obras Pblicas- en la legislacin vigente, de acuerdo

con las prescripciones especficas que se establecen en los siguientes

artculos.-Se advierte de la lectura del presente que se faculta a los Ministros-

Secretarios y Directores Presidentes de entes autrquicos a formalizar

todas las normas de excepcin que se encuentran vigentes al presente y

ello a fin de la concrecin de los objetivos de la ley. Que como no se

sabe a ciencia cierta cul es el mal que pretende curar, razn de la

excepcin que se legisla, puede ser para cualquier cosa que los

funcionarios pretendan hacer entrar en dicho marco. Es decir la

emergencia crea la excepcionalidad completa y ella en el decisorio de

quien ejerza las funciones que mentan.-

Si no est definido el mal que se pretende atacar, ste puede ser

cualquiera, y por ende a la vez, cualquiera puede ser el remedio que se

pretende aplicar, por ello con la sola decisin ministerial de imbricar

soluciones dentro de sta ley, ms que alcanza.-


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Libertad total para actuar en pro de algo, y descontrol casi absolutopara hacerlo.-

Mi abuelo, cuando yo era chico, me hablaba del viva la pepa.

Cualquier parecido debe ser por mi farragosa imaginacin.-

No debe olvidarse, en lo especfico, al principio de progresividad.-

Los trabajadores que el da inmediato anterior a la pretensa vigencia de

la ley que venimos analizando, tenan establecidos derechos merced ala ley 10.430, incluidos las situaciones de contratos, en lo futuro ven

que las mismas se han alterado y ello en perjuicio de sus derechos.-

Quede claro que nos referimos a trabajadores que se vienen

desempeando en el estado, como a los dems que tengan la intencin

de hacerlo.-

Resulta ser que las nuevas contrataciones se darn en un marco demenosprecio de su calidad de trabajadores y debern encontrarse

sometidos a condiciones que nadie sabe cuales son, ya que ellas

aparecern recin al momento de confeccionarse cada uno de los

contratos que los vayan a regir.-

Mayor desprecio por el principio de progresividad no puede existir.-

Siempre las leyes, deben ir en pro de los derechos de los trabajadores.

Es decir, ellas tienen que consagrar mejores condiciones para ellos. No

es lo que acontece con la que venimos analizando. Por el contrario,

todo va en contra de situaciones ya consolidadas y que hoy se

desprecian.-

Creemos que uno de los postulados que ms debe preocuparnos de la

legislacin en crisis es el contenido en el artculo 27, que nos dice:


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ARTCULO 27: Los contratos celebrados bajo el rgimen establecidoen la Ley 10.430 y modificatorias que se estuvieren cumpliendo a la

fecha de la entrada en vigencia de la presente, continuarn bajo dicho

rgimen hasta su extincin.-

Lo que se advierte aqu es un destrato imposible de soslayar y ello con

relacin a las otras contrataciones que se han legislado previamente en

la misma ley.-Aqu estamos en presencia de personas que vienen cumpliendo con una

tarea especfica y que da a da ponen su fuerza laboral en pro del

estado.-

Nos preguntamos, no sera necesario ver cual es dicha tarea, es de

planta, la cumple regularmente?

Si todas esas inquietudes, preguntas, devienen en respuestasafirmativas, a qu la extincin del contrato?

Sera como dejar un lugar absolutamente necesario vacante, y ello con

un propsito inadecuado, ya que conforme reza la pretensa

intencionalidad de la ley, es brindar mejores servicios que hagan al

bienestar de la poblacin.- Eso no se lograr dejando lugares bacantes

que hagan a la real prestacin de los servicios que el estado debe

brindar.-

Salvo que se quiera que esos lugares vacantes sean de inmediato

completados con personas que adscriban a los nuevos contratos de

servicios que se proponen, y que tienen una duracin predeterminada y

que vencen al finalizar los mismos.-

Con lo cual se genera nueva precariedad, y ello as sustancialmente ya

que los mismos quedan fuera de la regulacin normativa que impone la


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ley 10.430, que entre otras cosas asigna derechos de trabajadores aquienes as se desempeen, pinsese slo en el sistema de licencias.-

Pero adems la cuestin va en contra de las preclaras ideaciones que

emergen del art. 39 primera parte e inc. 3 de nuestra Constitucin

Provincial.-

Esa norma constitucional, en su primera parte, fortalece y tiende a

instaurar en nuestra provincia, conforme a los tratados queoportunamente suscribi nuestro pas, en diversos organismos

internacionales, el DERECHO AL TRABAJO.-

No se gener an en ningn organismo internacional, el derecho a la

locacin de servicios o de obra.-

El trabajo como tal, aquel que pone su fuerza/inteligencia en pro de la

persona que lo contrata y le abona por sus servicios, es trabajador.-La carta fundamental lo reconoce como tal, e impone al gobierno, sea

cual sea la lnea ideolgica que lo promueva, el imperioso deber de

fomentar, alentar y concretar condiciones para que los puestos de

trabajo se creen y se alcancen por la poblacin que lo necesita para

dignificar su vida. De sta manera, real y concreta se alcanzar ese

bienestar general que se pregona.-

Y esta herramienta, el trabajo, es superior a toda otra que se conozca,

ya que dentro de la misma se asegura tambin a la persona, al

ciudadano, el alcance de una obra social, de un seguro por riesgo de

trabajo, y la formalizacin de un aporte que al final de su vida

fructfera, le permita jubilarse.-

Nada de ello se asegura con el otro tipo de contrataciones que se

propone; y menos an con el cese de la actividad laboral que se


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encuentra expresamente consagrada en el texto legal que venimosimpugnando.-

Pero adems mencionamos a los principios que se consagran en el

inciso 3 del artculo 39 de nuestra constitucin.-

Simplemente por desarrollar algunos puntos, pensemos en el principio

de realidad, es decir verificar adecuadamente que sucede en todas y

cada una de esas contrataciones que se llevan a la extincin.-Reiteramos, son tareas de planta las que realizan?

Cumplen con una funcin esencial en el estado?

Pensar slo en los becarios designados en el Ministerio de Salud de la

provincia, que van en la direccin de extincin de los contratos, cuando

se trata de profesionales de la salud, mdicos y enfermeros, cuidadores

teraputicos, tcnicos, y por cierto personal de limpieza esencial dentrode los servicios, que se desempean en hospitales a lo largo y ancho de

la provincia y que alcanzan al presente un nmero cercano a los cuatro

mil, nos asombra con la presente decisin legislativa.-

No era que se haca para mejorar el bienestar general?

Ello se har suprimiendo atenciones mdicas puntuales y de enfermera

en los hospitales pblicos.-

O pensemos en los auxiliares y personal de salubridad, de la educacin,

que son cerca de diez mil los contratados por la Direccin de Cultura y

Educacin de la provincia.-

Iremos tambin a dejar sin cobertura la limpieza institucional y dems

actividades colaterales que hoy se desarrollan en las escuelas,

comedores, cocina; que hacen a la atencin del Servicio Alimentario


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Escolar; sostn de Polticas Educativas por parte de Tcnicos,profesionales y administrativos; etc.-

Ello sin dejar de considerar que situaciones similares acontecen en

otras dependencias del ejecutivo provincial, al igual que en los otros

dos poderes, sustancialmente en el legislativo.-

No debemos olvidar que la norma constitucional que se ha mencionado

tiene una sola directa y exclusiva aplicacin, es para los trabajadoresdel estado y ello as, atendiendo a que la legislacin laboral privada se

encuentra reservada constitucionalmente a la esfera nacional. Por ende

su regulacin y su insercin en nuestra carta fundamental provincial,

hace necesariamente a los trabajadores del estado, nicos a los que la

legislacin provincial puede abarcar con autonoma y legislacin

propia.-Claro como la ley y/o sus fundamentos no nos sealan la crisis que

quieren paliar, todo vale.-

Pero hay ms, y ello vinculado tambin a cuestiones constitucionales.-

Se itera que lo que se pretende es establecer nuevas relaciones de tipo

laboral, con real subordinacin y darles a las mismas una exclusin de

la ley general que regula tal actividad en la provincia, que es la ley

10.430. Tan es as, que en forma expresa se menta dicha situacin.-

Ms al hacerlo se olvida la ley que, las cuestiones laborales deben

necesariamente ser discutidas en el seno de las paritarias provinciales,

conforme reza el art. 39 inc. 4.-

En tal sentido cabe advertir que desde hace ya largo tiempo se viene

sosteniendo que: El Comit de Libertad Sindical de la O.I.T. ha

expresado que: ...el derecho de negociar libremente con los


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empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento esencialde la libertad sindical y los sindicatos deberan tener el derecho

mediante negociaciones colectivas o por otros medios lcitos de tratar

de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes

representan...(Recopilacin de 1995, parr. 641).-

Tambin se ha decidido que el recurso reiterado a largo plazo de

restricciones legislativas a la negociacin colectiva ...tienen un efectonefasto y desestabilizador sobre el clima de las relaciones laborales....

El artculo 3 de la ley 23.551 define claramente que todo cuanto se

relacione con las condiciones de vida y de trabajo interesa a los

trabajadores y forma parte del mbito de defensa propio de los gremios

ejercida, entre otras posibilidades, mediante el convenio colectivo (arts.

2 y 31 inciso c, de la misma ley).-En estas nuevas relaciones que se viene proponiendo desde la

legislacin en crisis, resulta ser que se postula la creacin de nuevos

puestos de trabajo, que pretensamente han de cubrir reas especficas,

sin mencionar cuales, y que tendrn una regulacin propia, exenta de la

existente y que regula al trabajo en si mismo dentro de la funcin

estatal de la provincia de Buenos Aires.-

Todo ello sin ninguna participacin de los trabajadores, ms all de la

manda constitucional que as lo indica.-

Es decir, y ms all del nombre con que se pretenda hacer aparecer las

nuevas figuras, relacionndolas con el derecho privado, va locacin; la

realidad es que sern personas que pondrn su fuerza laboral en pro de

los fines del estado y que carecern de derechos que tienen los

regulados en la ley 10.430, quedando sometidos a las que se


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establezcan en cada uno de los contratos que se generen, entre otrosadems y por ello, se romper el principio de igualdad.-

Uno de los principios que deber tenerse en cuenta al momento de

resolver los planteos que dejamos formulados, es el de razonabilidad,

que consagra el art. 28 de la CN., como asimismo es receptado por la

constitucin de nuestra provincia. Y ello no se encuentra hurfano

doctrinariamente y jurisprudencialmente, ya que sobre ello se ha dicho:Si bien se ha sealado doctrinariamente -por otros autores- la

posibilidad de que la retribucin de los empleados pblicos pueda ser

modificada (DIEZ Manuel M. "Tratado de Derecho Administrativo",

T III, pags.492/504), la jurisprudencia ha declarado la

inconstitucionalidad en funcin de que: tal potestad debe ser ejercida

dentro de los limites de la razonabilidad, cuidando de no determinarmenoscabo alguno sobre los derechos constitucionales consagrados en

proteccin de la relacin laboral -sea de empleo publico o privado- y de

los derechos individuales. Y si bien los derechos y garantas

consagrados por la Carta Magna no son absolutos, su ejercicio est

sometido a las leyes que los reglamentan siempre que ellas sean

razonables y se adecuen al fin que requera su establecimiento y no

incurran en arbitrariedad".- (Cmara Nacional de Apelaciones en lo

Federal y Contencioso Administrativo, Sala II, diciembre 12 de 1996

Daz Vctor R. c/Poder Ejecutivo Nacional).-

La Constitucin es la base y el fundamento de todo orden jurdico

poltico de nuestro estado; ello importa que la Constitucin formal

investida de superlegalidad, obliga a que los actos estatales y privados

se ajusten a ella. De ste modo todo el orden jurdico del estado debe


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ser congruente y compatible con la Constitucin Nacional. As loentiende Humberto Quiroga Lavi, Derecho Constitucional pgs.

434/44 y 646, al afirmar que la supremaca constitucional es la

particular relacin de supra y subordinacin en que se encuentran las

normas dentro de un ordenamiento jurdico determinado.-

Y tengo en cuenta que segn doctrina permanente del alto

Tribunal, la Constitucin Nacional debe ser entendida como unaunidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su

esencia se destruya o altere, como un conjunto armnico en el que cada

uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de

los dems (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros).-

En cuanto a los principios, el de de progresividad surge de la Parte 2,

art. 2:1, del PIDESC: Cada uno de los Estados Partes en el presentePacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como

mediante la asistencia y la cooperacin internacionales,

especialmente econmicas y tcnicas, hasta el mximo de los recursos

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios

apropiados, inclusive en particular la adopcin de medidas legislativas,

la plena efectividad de los derechos aqu reconocidos.-

El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realizacin de otros

derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la

dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder

vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la

supervivencia del individuo y de su familia y contribuye tambin, en

tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena

realizacin y a su reconocimiento en el seno de la comunidad tal como


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lo establece Observacin general N 18 aprobada el 24-11-2005 sobreel Artculo 6 del PIDESyC en lnea con el prembulo del Convenio N

168 de la OIT, de 1988: "... la importancia del trabajo y del empleo

productivo en toda la sociedad, en razn no slo de los recursos que

crean para la comunidad, sino tambin de los ingresos que

proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del

sentimiento de satisfaccin personal que les infunden".-El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada

persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de

trabajos, ya sean autnomos o trabajos dependientes sujetos a un

salario.-

Se encuentra en tela de juicio el derecho al trabajo, derecho claramente

protegido por el art.14 y 14 bis de la Constitucin Nacional y elDerecho Internacional de los Derechos Humanos a travs de los Pactos,

Declaraciones y Convenios a la Carta Magna incorporados despus de

la Reforma de 1994. El derecho al trabajo es un derecho fundamental,

reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. Se

encuentra ste derecho consagrado en el artculo 6.1 del Pacto

Internacional de D.E.S. y C. (ONU 16.12.1966), ratificado por Ley

23.313: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente

escogido o aceptado, y tomarn medidas adecuadas para garantizar

este derecho. No deben adoptarse en principio medidas regresivas en

relacin con el derecho al trabajo. Si deben adoptarse deliberadamente

cualesquiera medidas regresivas, corresponde a los Estados Partes en


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cuestin demostrar que lo han hecho tras considerar todas lasalternativas y que estn plenamente justificadas, habida cuenta de la

totalidad de los derechos enunciados en el Pacto y en el contexto del

pleno uso de los mximos recursos disponibles por los Estados Partes,

lo que la contraria no acredita.-

La Corte Suprema de Justicia de la Nacin in re LVAREZ,

Maximiliano y otros c/ CENCOSUD SA s/ accin de amparo Bs.As. 7diciembre 2010 - 1023. XLIII aplica los contenidos de los instrumentos

nacionales dotados de jerarqua constitucional (art.75 inc.22) citados al

sealar: la proteccin del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1

del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado

arbitrariamente de su empleo, si bien no impone la reinstalacin,

tampoco la descarta (doctrina caso Madorrn) y la reinstalacin guardacoherencia con los principios que rigen las instancias

jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos

(CIDH Caso Baena). El objetivo primario de las reparaciones en

materia de derechos humanos debera ser la rectificacin o restitucin

en lugar de la compensacin. Slo un entendimiento superficial del

art. 14 bis llevara a que la "proteccin contra el despido arbitrario"

implicara una suerte de prohibicin absoluta y permanente a toda

medida de reinstalacin. (Considerandos 7, 8 y 9). Agrega tambin

en el sustancial considerando 7 que existe un abanico de instrumentos

internacionales que tambin enuncian y resguardan el derecho a

trabajar Declaracin Universal de Derechos Humanos - art. 23.1-

Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art.

XIV - y Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las


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Formas de Discriminacin Racial art. 5.e.i), el cual debe serconsiderado inalienable de todo ser humano en palabras expresas de

la Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de

Discriminacin contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar

que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la readmisin

en el empleo como una de las consecuencias admisibles para la

legislacin interna en casos de despido injustificado (art. 7.d).-Por ltimo deber recordarse que en cuanto a la esencia de las

cuestiones subexamine, ya la Fiscala de Estado se ha pronunciado y

ello en la paritaria de APOC, de fecha 4/12/2015, llevada a cabo por

ante la Subsecretara de Convenciones Colectivas del Sector Pblico,

del Ministerio de Trabajo de la provincia, y ello cuando deca:

En funcin de ello, considerando la jurisprudencia imperante en lamateria, en la que prevalece la subordinacin jurdica, econmica y

tcnica, en los casos de los contratados del Colegio de Escribanos de la

provincia de Buenos Aires, en el marco de la ley convenio N 10.295,

as como tambin respecto del personal que se desempeara en la

Unidad de Fiscalizacin y Control del Fideicomiso de recuperacin

crediticia en el mbito de la provincia de Buenos Aires y acreditara una

relacin de dependencia en las tareas desempeadas en la

administracin, para el clculo de la antigedad, entiende el organismo

que procede su reconocimiento, previa acreditacin de los extremos

indicados.-

Sin perjuicio de ello en relacin a los vnculos oportunamente

caracterizados como locacin de obra, podr eventualmente

procederse de igual modo, en caso de verificarse una continuidad en la


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relacin y la prestacin de tareas que permitan caracterizarlas como lasprecedentemente referidas, previa intervencin de la Direccin

Provincial de Personal, la Asesora General de Gobierno, la Contadura

General de la provincia, y el rea pertinente de la Fiscala de Estado.-

----------------

PRUEBAS:

OFICIO: a las Excelentsimas Cmaras de Diputados y Senadores de laprovincia de Buenos Aires, a fin de que procedan a remitir copia fiel y

autenticada de los expedientes respectivos y que hacen a las leyes

impugnadas, 14.812 y 14.815.-

OFICIO: a la Subsecretara de las Convenciones Colectivas del Sector

Pblico, dependiente del Ministerio de Trabajo de la provincia de

Buenos Aires, a fin de que remitan copia fiel y autenticada del acta deaudiencia celebrada con APOC, en fecha 4/12/2015.-

OFICIO: al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a fin

de que proceda a remitir nmina completa de personal becario que

presta servicios en su mbito, con nombre-apellido-documento de

identidad y lugar efectivo de prestacin de tareas, como as tambin

cuales son las que cumplen efectivamente.- Misma nmina y con

mismos requisitos, con relacin a personas contratadas en los trminos

de la ley 10.430.-

OFICIO: a los mismos fines que el precedente, ms con relacin a la

Direccin General de Escuelas y en referencia a las categoras

auxiliares de educacin, administrativos, agrupamiento tcnico y

profesional.-


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OFICIOS: a los dems organismos del estado de la provincia, a fin deque proceda de la misma manera peticionada supra, con relacin a

empleados contratados en sus jurisdicciones.-

OFICIO: a la gobernacin de la provincia de Buenos Aires, a fin de que

procedan a remitir copia fiel y autenticada del expediente 24000-

0438/16, con todos sus anexos.-

DOCUMENTAL: nmina de nuestros afiliados que segn nuestrosregistros, revisten en la actualidad en calidad de contratados para con la

provincia de Buenos Aires.-

-------------------------

En el decurso del tiempo ha nacido ya el decreto reglamentario de la

ley 14.815, y ste es o al menos as aparece, el que lleva n 592/16.-

Hemos dicho a lo largo de la presente y con mucho nfasis que una delas cuestiones carentes en la legislacin que se propone es la

determinacin cierta, precisa, concreta, de la pretensa emergencia.

Donde sta ella, en que aspectos, en que cuestiones bsicas, en que tipo

de vinculaciones. Cules son los hechos que dan nacimiento a la

misma.-

Si ello estuviera definido, por cierto que la solucin a la misma tendra

un carril lgico y adecuado.-

Ms como lo primero no existe, lo segundo no aparece.-

Tan no aparece que vemos que en los contratos denominados de

servicios y que se proponen imponer, no surge de su texto la

motivacin necesaria en cuanto al objeto de los mismos, quedando ello,

en apariencia, en la decisin puntual de cada Ministro, Secretario de

Estado y/o funcionario que el mismo habilita.-


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Tan desesperante aparece la ideacin de concretar nuevos contratosque, las personas autorizadas por la ley 14.815 y a los que se le delegan

facultades, ver al efecto art. 2 de la misma cuando nos dice:

Autorzase a todos los Ministerios, Secretaras y entidades

autrquicas,; y en la faz reglamentaria, su artculo 12, realiza una

nominacin un tanto ms extensa de funcionarios que podrn realizar

contrataciones.-Es decir, el decreto de mentas extiende contra legem la factibilidad de

delegacin.-

Pero adems y de una detenida lectura del modelo de contrato tipo que

se pretende instaurar, y por la carencia de objeto de la emergencia, se

advierte carente tambin de objeto la nueva contratacin y su laxitud

devendr tal que deviene imposible conocer ante tempus a que sededicarn las personas que devengan contratadas. Es decir, sern tareas

que hacen a la pretensa emergencia?. Como saberlo, sino se sabe cual

es la razn de la misma.-

Emergencia econmica Constitucionalidad. Este Tribunal por

mayora seal que, para considerar constitucional a una ley de

emergencia se requiere: 1) que exista una emergencia que d una

ocasin adecuada para el ejercicio del poder reservado del Estado a fin

de proteger los intereses vitales de la comunidad; 2) que la ley haya

sido dirigida a un fin legtimo, es decir que no sea para mera ventaja

particular de los individuos sino para la proteccin de un inters

fundamental de la sociedad; 3) que el alivio proporcionado por la

emergencia lo fuese bajo condiciones razonables; 4) que la prrroga

del plazo de redencin no sea irrazonable.- SCBA LP B 65253 RSI-


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190-15 I 22/04/2015- Cartula: Manzi, Roberto Alfredo c/ Caja deRetiros, Jubilaciones y Pensiones de la Polica de la Provincia de

Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa.-

A su turno la CSJN, ha establecido una serie de principios que hacen a

la factibilidad de declaracin de inconstitucionalidad y en tal sentido

debe verse lo siguiente:

El control de constitucionalidad encomendado a la justicia sobre lasactividades ejecutiva y legislativa, requiere que la existencia de un caso

o controversia judicial, es decir, de procedimientos litigiosos o

controversias entre pares con intereses jurdicos contrapuestos, sea

observado rigurosamente en los trminos de los arts. 100 y 101 C.N.

(hoy 116 y 117) y 2 de la ley 27.-

Se advierte en nuestro caso que ello aparece concretado, sustanciado, alo largo de la presente. No es la mera declaracin de

inconstitucionalidad per se, sino que hay una clara controversia que

nace de la defensa de los derechos de nuestros afiliados, que se

encuentran en las condiciones que seala la norma que se ataca y hace

a la esencia de sus derechos, en el caso el derecho al trabajo.-

Cuando existe un inters concreto, objetivo y perentorio de un

justiciable en el ejercicio de su derecho a la jurisdiccin, la

naturaleza de la demanda deja de ser meramente consultiva o una

impugnacin inconstitucional de tipo genrica, hipottica o conjetural,

circunstancias que a no dudarlo si afectaran el principio de la divisin

de poderes ante un ejercicio exhorbitado de la funcin jurisdiccional

por parte de los tribunales. Por el contrario, cuando se enfrentan ante

una causa en la que debe dilucidarse la interpretacin y aplicacin de


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una norma, ante una pretensin que se respalda en la inminencia de undao y en la procuracin de evitarlo, los tribunales ejercen en el marco

constitucional un derecho y un deber de administrar justicia, con un

claro sentido preventivo, sin que en modo alguno menoscaben las

atribuciones de otros poderes. Pues es funcin de los jueces, y esto

debe ser tenido muy presente, interpretar la ley, esclarecer los derechos

de las partes y finalmente, decidir los efectos en la relacin jurdicalitigiosa, ya sea que los tribunales hayan resuelto una controversia

que se concreta a la sola interpretacin del derecho en forma

declarativa y preventiva o por parte, de los tribunales hayan

interpretado el derecho y lo hayan aplicado a las consecuencias

daosas ya producidas, de una forma declarativa y reparadora (La

doctrina Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin sobre laaccin declarativa de inconstitucionalidad, Ricardo Haro).-

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SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

La Ley ritual permite asegurar los derechos reclamados en juicio, no

slo cuando hay una sentencia que los reconozca, sino tambin cuando

son verosmiles y la demora normal del proceso importe el peligro de

que, cuando se los reconozca, resulten de difcil o imposible ejecucin.

Es decir que los presupuestos bsicos de toda medida cautelar son: a) la

verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris) y b) el peligro en la

demora (periculum in mora). -

Verosimilitud del derecho.-

La verosimilitud del derecho radica en los presupuestos que

posteriormente se detallan.-


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En primer lugar la ley de emergencia cuestionada conculca la garantafundamental del derecho al trabajo, derecho a la estabilidad del

empleado pblico, garanta de igualdad, derechos consagrados

expresamente por nuestra Carta Magna (cfr. Art. 14, 14 bis, 16, 75 inc.

22, art. 39 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires.

En segundo lugar reiteramos que la emergencia, teniendo en cuenta los

derechos que se vulneran con la misma, no se encuentra debidamentefundamentada, ostentando por tanto falta de razonabilidad de la

mentada ley (art. 28 C.N.).-

Podr V.E. apreciar que la ley que aqu se ataca resulta un

avasallamiento de los derechos de los trabajadores que esta asociacin

representa.-

Como se dijo en los antecedentes, la misma pretende por un ladoreglamentar contratos autnomos de trabajo, el que no genera

derecho en expectativa ninguno ni contempla los derechos mnimos

que establece la ley 10.430. Se dice que es para tareas especficas y

determinadas en el tiempo. Ahora bien, en ningn lugar, ni en la ley, ni

en el decreto reglamentario, ni en sus fundamentos, se dice

acabadamente cuales son esas tareas que no podrn ser cumplidas por

personal que est hoy cumpliendo tareas para la administracin pblica

provincial. Deviene por tanto a todas luces irracional la normativa en

cuestin.-

Todo lo expuesto deja al descubierto la cabal intencin de precarizar

las relaciones laborales hoy existentes, dando de baja las mismas y

volviendo a contratar a idnticos con sujetos con normativa ms pobre

en derechos.-


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Peligro en la Demora.-Dentro de los requisitos especficos de fundabilidad de la pretensin

cautelar se encuentra el periculum in mora. Este peligro en la demora

justifica el inters jurdico en cabeza del accionante, porque tiende a

evitar que el pronunciamiento que reconozca su derecho llegue

demasiado tarde y resulte inoficioso. Es decir, se traduce en un temor

fundado en la configuracin de un dao a un derecho cuya proteccinse persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo

de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, sta

permanezca incumplida (CNCiv. Sala E, Rep. ED, T.17 P.646 N15).

En este sentido, la jurisprudencia ha resuelto que el peligro en la

demora surge de la sola duracin del proceso; la prolongacin de un

lapso mas o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia.(CNCiv. Sala C, LL, T.1978-D, P.825 N34.881-S).-

Huelga previamente recordar a estas alturas que el derecho al trabajo es

un derecho humano fundamental, en razn de la bsqueda por llevar a

cabo acciones encaminadas a respetar y preservar la dignidad del ser

humano y a mejorar su situacin laboral y de vida. De esta manera,

resulta fundamental establecer principios, garantas y derechos

mnimos que debern respetarse al momento de una contratacin

laboral. De ello la ley de emergencia dictada y ahora cuestionada por

esta parte, carece.-

En este entendimiento, el peligro en la demora, se configura, como

dijimos, en esta hiptesis de conflicto latente e inherente a toda

relacin laboral.-


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Como es harto sabido el peligro en la demora exige la probabilidad deque la tutela jurdica definitiva, que se pretende con el pronunciamiento

en el proceso principal, no pueda en los hechos realizarse. Es decir, que

a raz del paso del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final

resultan prcticamente inoperantes.-

La jurisprudencia mayoritaria ha entendido que Los requisitos de toda

medida cautelar se hallan interrelacionados, de modo tal que a mayorverosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la demostracin

del peligro en la demora, y viceversa (Cfr. Cm. Cont. Adm. Fed.,

Sala IV, sentencia dictada en la causa Ursic, Jos Luis c/ E.N.

Secretara de Comunicaciones. Dto. 92/97 del 17.02.98).-

Que, en el caso de autos la peticin de la proteccin cautelar obedece a

la necesidad concreta de nuestra mandante, como legtima defensora delos derechos e intereses individuales y colectivos de los trabajadores, y

como garante del cumplimiento de la normativa laboral por parte de la

empleadora, de no ver privados derechos laborales hoy existentes.-

Al respecto se ha sostenido: ...en lo tocante a que el mantenimiento o

alteracin pudiera influir en la sentencia o convertir su ejecucin en

ineficaz o imposible, implica ello que el fallo no slo no ha de poder

cumplirse en la forma debidamente pretendida sino que, an

logrndose un cumplimiento disminuido del mismo, se constituye dicha

circunstancia en un grave perjuicio por reparacin difcil, sino

imposible (Medidas Cautelares, obra dirigida por Roland Arazi, pg.

257, 2da. edicin Astrea, febrero 1999).-

Lo expuesto evidencia sin lugar a dudas la configuracin del peligro en

la demora, que es precisamente el que justifica el inters jurdico, pues


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se trata de evitar que el pronunciamiento que reconozca el derecho deesta parte, y de los trabajadores representados, llegue demasiado tarde

y no pueda cumplirse el mandato judicial.-

Inexistencia de Perjuicio al Estado ni del Inters Pblico.-

No existe perjuicio para el Estado provincial en tanto se trata de una

medida que supuestamente, se inicia a los fines de paliar una

emergencia que no est acreditada ni debidamente fundamentada.-Con ello, se quiere manifestar que no irroga ningn gasto ni desvo de

los fondos pblicos as como no resulta un perjuicio a la administracin


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ni una frustracin del inters pblico, atento que haciendo unaponderacin entre la entidad de los derechos que se encuentran en

juego y la ejecucin de una estrategia de mejoramiento de la

organizacin de los recursos humanos, puede suspenderse hasta tanto

haya una sentencia definitiva y firme en el proceso de fondo.-

Presta Caucin.-

Conforme lo dispuesto por el artculo 199 del C.P.C.C. la concesin demedidas cautelares requiere el otorgamiento de caucin por parte de

quienes las solicitaren. La doctrina interpretativa de la norma ha

puntualizado que la caucin puede ser meramente juratoria, a travs de

la declaracin de los peticionantes en el sentido que se harn

responsables de los daos y perjuicios que eventualmente ocasionen

(Finochietto Arazi, op. cit., T.1, pg. 675). Al respecto, y en loatinente a la calidad y alcance de la caucin, el tercer prrafo del ya

citado artculo 199 brinda una pauta clara, en cuanto prev que el Juez

la graduar ...de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del

derecho y las circunstancias del caso.... A travs de la praxis judicial,

se ha decidido que es razonable la dispensa de contracautela teniendo

en cuenta que las demandadas poseen fondos de propiedad del actor.

(CNCom., sala D , ED Tomo 92 pg. 194). Asimismo, segn refiere el

artculo 200 en su inc. 1 No se exigir caucin si quien obtuvo la

medida fuere una persona que justifique ser reconocidamente

abonada. Es decir que an encontrndose abarcada por los supuestos

del artculo 200 inc. 1 del Cdigo Procesal Civil y Comercial, esta

parte estima oportuno prestar la caucin correspondiente.-

A todo evento, ofrecemos como contracautela, caucin juratoria.-


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VII.- Hace Reserva de Caso Federal.-Por encontrarse seriamente lesionadas expresas garantas

constitucionales contenidas en el art. 14, 14 bis, 16, 75 inc. 22, 28 de la

CN y 39 de la Constitucin Provincial, se deja expresamente planteado

el caso federal haciendo reserva de recurrir a la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin va recurso extraordinario previsto en el art. 14 de

la Ley 48.-PETITORIO:

1-Tenernos por presentados, por parte, en el carcter legal invocado y

con el domicilio procesal constituido.-

2.- Tener presente y agregar la prueba documental ofrecida.-

3.- Tener presente la dems prueba ofrecida.-

4.- Correr traslado de la demanda por el trmino y bajo apercibimientode ley.-

5.- En su momento, dictar sentencia, haciendo lugar a la demanda

interpuesta, con costas.-

ES JUSTICIA.-

presentan demanda para que se declarae la inconstitucionalidad de la ley de emergencia...

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