revista el contador publico – edición noviembre

REVISTA EL CONTADOR PUBLICO – Edición Noviembre – Diciembre de 2011

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OPINIÓN

XBRL práctico y confiable

El uso del Lenguaje eXtensible es una de las áreas más novedosas en la actualidad, que sin duda im-pactó –o lo hará– con la información fiscal de su

empresa.

El Lenguaje eXtensible de reportes empresariales (XBRL, por sus siglas en inglés), norma global que permite que la información financiera y de negocios sea fácilmente legi-ble por las computadoras de una manera rápida y precisa sin importar qué tipo de plataforma tecnológica se use para transportar esa información, está causando impacto en millones de departamentos corporativos de impuestos en todo el mundo.

Las autoridades fiscales en muchos países ya han impues-to el uso del XBRL para las declaraciones fiscales o han

comenzado a manejar programas de presentación volunta-ria de informes financieros, utilizándolos para etiquetar la información. Como ejemplo se puede mencionar al Reino Unido de Gran Bretaña, donde se requerirá a todas las compañías que presenten sus declaraciones de impuestos en formato XBRL al Servicio de Rentas y Aduanas de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés) del Reino Uni-do, la agencia tributaria de ese país, comenzando en la primera mitad de 2011.

Aunque toda la atención está enfocada en el Reino Unido para observar cómo se desarrollará este proceso, ya que su alcance incluye a todas las empresas, hay requerimientos similares o programas voluntarios en Alemania, Dinamar-ca, Japón, China y en los Países Bajos, y recientemente en Irlanda. Otras autoridades fiscales, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), también están revisando los beneficios

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OPINIÓN

del XBRL para modernizar el proceso de presentación de declaraciones y reducir la carga que implica la prepara-ción de informes financieros, tanto para los contribuyentes como para la entidad regulatoria.

Los beneficios de las declaraciones fiscales del XBRL in-cluyen simplificación en la presentación de informes y dis-minución en la carga que implica prepararlos tanto para la entidad corporativa como para los “consumidores” o usuarios de la información. La tendencia de exigir el uso del XBRL para las declaraciones de gravámenes significa que los departamentos corporativos de impuestos pronto necesitarán soluciones para ayudarles a preparar, analizar y compartir su información fiscal con las partes involu-cradas (como reguladores, equipo ejecutivo y financiero y consejo de administración).

El XBRL ha recibido el apoyo del Comité Técnico para el intercambio de información fiscal de OASIS (Organización para el Avance de las Normas de Información Estructura-da, por sus siglas en inglés), un grupo dedicado a promo-ver las normas y la interoperabilidad con base en lengua-je de programación eXtensible Markup Language (XML), concentrándose en las autoridades fiscales y en las partes involucradas con las que intercambian información. Tam-bién del Subgrupo de Servicios al Contribuyente de la Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que representa a las autoridades fiscales de las naciones líderes. Estas han actuado con relativa rapidez al apoyar el XBRL, por la evidencia de sus beneficios en los mercados de capital, así como en los gobiernos federales de Australia, Países Bajos y China.

Entre más sepa…El XBRL para información de impuestos llegó para que-darse y no hay forma de retroceder. Entre más pronto conozca usted el XBRL y –lo que es más importante– el resultado final que obtendrá al utilizarlo (simplificación en la recolección, análisis y preparación de la información; disminución de la carga ocasionada por la preparación de informes, una lógica de análisis eficiente, una mejoría en la transparencia y en la administración de riesgos) estará mejor preparado para convertir esa perspectiva y conoci-miento en mejoras de fondo.

Los ejecutivos de impuestos deben saber cómo etiquetar sus datos con el XBRL, preparar informes internos y for-mas fiscales externas y compartir los formularios relevan-tes con las partes involucradas, tanto hacia adentro como hacia fuera de la empresa. Con el fin de llevar a cabo este proceso en forma eficiente, efectiva y segura, se deberán identificar las soluciones de software adecuadas, y el per-sonal corporativo de impuestos y de finanzas necesitará la capacitación idónea sobre XBRL. Para obtener informa-ción adicional visite www.XBRLresources.org

Elegir la solución correctaNo hay una forma correcta o incorrecta de encontrar una solución de XBRL que cumpla mejor con sus necesidades de presentación de informes fiscales y de análisis. Hay varias opciones:

«Bolt-on. Utilizar herramientas de software que etiqueten la información después de que haya sido reunida para los informes y antes de enviarlos a la autoridad fiscal.

«Subcontratación para manejo del etiquetado. Considerar la subcontratación de una tercera parte proveedora, o un equipo de proveedores, para la tarea de etiquetar, validar y llenar sus declaraciones de impuestos. Dichos proveedo-res tienen plataformas desarrolladas.

«Solución integrada. Incorporar una solución XBRL que etiquete la información desde la fuente interna de sus sistemas financieros. Esto permite al departamento tener una mayor flexibilidad para producir los informes. Refi-riéndose a los inventarios de menudeo y el UPC (Universal Product Code)

original o modelo de código de barras, se acostumbraba colocarlos en los productos del minorista después de que habían sido embarcados por el fabricante. Ese modelo ha evolucionado, ahora es más eficiente y costo-efectivo eti-quetarlos desde el programa de software del fabricante. Esto permitió llevar de manera confiable la información del código de barras a través del proceso, sin importar dónde fuera embarcado el producto y a qué minorista es-tuviera dirigido.

Dependiendo de la complejidad de su estructura corpo-rativa –pequeña y mediana empresa (pyme) o empresa clasificada; pequeña empresa local o corporación multi-nacional (CMN) – y de sus necesidades/requerimientos de presentación de informes fiscales, se necesitará encontrar la solución XBRL que mejor se adapte.

El tiempo es dineroDebido a que el XBRL permite automatizar la información, sus propios sistemas internos de presentación de informes y sus herramientas analíticas pueden recabar datos más fácilmente y que estos sean confiables y sin errores (no hay corta y pega, por lo que tampoco se introducen errores costosos por la manipulación manual de la información). Esta simplificación también ayuda a disminuir la carga de trabajo, tanto humana como financiera, de la recolección de la información fiscal y de su preparación para los usua-rios internos y externos.

A lo largo del proceso también se mejora la productividad del personal del departamento corporativo de impuestos, contribuyendo a obtener ahorros en tiempo y dinero.


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La integración está de modaDebido a la naturaleza de interoperabilidad de la norma del XBRL (es independiente de cualquier plataforma, pue-de trabajar con todas), muchas empresas están usándolo para otros propósitos además de los fiscales y para op-timizar la vinculación del departamento corporativo de impuestos con otras áreas funcionales dentro de la orga-nización.

Existen algunos otros mandatos de XBRL para los prin-cipales estados financieros y las notas de pie de página de dichos informes, cuentas anuales, resumen de riesgo/retorno de fondos mutuos, y otra clase de activos. Están en proceso otros usos adicionales del XBRL en las áreas de acción corporativa, otorgamiento de poderes, agencias de informes crediticios y otros. Más aún, el XBRL se está utilizando para los procesos clave internos que abarcan la administración de riesgos de la empresa, la medición del desempeño, la inteligencia empresarial y el uso de puntos de referencia o benchmarking, la mezcla de información y

otras formas de análisis lógico, así como la vigilancia de prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés).

El departamento de impuestos no está solo al enfrentarse al conocimiento de los beneficios del XBRL. Este lenguaje se está utilizando en las demás áreas de una empresa y para cubrir otras necesidades de información, tanto inter-na como externa, lo que ofrece una oportunidad para que el departamento corporativo de impuestos se integre de una mejor manera con el resto de la empresa, a través del conducto común que ofrece el XBRL al operar a través de sus sistemas de información.

Fuente: Brad J. Monterio es Director de Operaciones y fundador de Colcomgroup Inc. y de CMH Partners LLC. Es Presidente del Comité de Asesoría de XBRL del ICA, [email protected]. Artículo pu-blicado en la edición de Strategic Finance, febrero de 2011. Traducción para Veritas, del Colegio de Contadores Públicos de México, por Pilar Vidal. Publicado en la revista Veritas Agosto 2011.

Crisis financiera = crisis de valores

¿Qué sucedió durante la década del ‘90 para que en el inicio del nuevo siglo estallaran tantos ca-sos de escándalo financiero? ¿Qué hemos he-

cho para estar hoy ante una crisis financiera que amenaza a las principales economías del mundo? Lo que necesita nuestra cultura empresarial y profesional es una verdadera revolución ética que reordene la escala de valores, recupe-rando la primacía del hombre y del valor del trabajo.Cayó el Muro de Berlín, también la Cortina de Hierro; des-apareció la Unión Soviética, llegaron los años ‘90 y, con ellos, la globalización. El mundo quedó política y económi-camente abierto de fronteras, de manera tal que reinarían el estado de derecho y la economía de mercado, es decir: el fin de la historia que proclamó Fukuyama. Ante el vér-tigo que generaron estos acontecimientos se podía pensar que la posmodernidad había encontrado su cauce, con lo cual la justicia social y la solidaridad entre naciones, es decir, el bien común universal, estaban a la vista.

¿Qué sucedió entonces durante la década mencionada para que en el inicio del nuevo siglo estallaran tantos casos de escándalo financiero, entre los cuales el de Enron es sin duda el más emblemático? ¿Qué hemos hecho para estar hoy ante una crisis financiera que amenaza a las princi-pales economías del mundo? Dejemos para los analistas las circunstancias causantes que se fueron sucediendo y produjeron el posterior desmadre. Pero no podemos ne-gar que los profesionales de las Ciencias Económicas algo tendremos que ver en esta situación y, por lo tanto, no podemos ni debemos permanecer indiferentes.

En la Conferencia Internacional de Contabilidad desarro-llada en 1993 en Sofía, Bulgaria, el Director de la IFAC, John W. Gruner, presentó un trabajo que acertadamente ti-tuló: La profesión contable en una economía de mercado. Piedra angular de la Ética. Allí advertía que el manteni-miento de un alto nivel de conducta profesional y ética es de máxima importancia si queremos que sea reconocida debidamente nuestra profesión por el comercio y el mundo de los negocios. “Un contador que tiene ese reconocimien-to recibirá el respeto necesario que le dará preeminencia en el mundo de los negocios. Preeminencia que se fun-damenta no solamente en sus cualidades técnicas sino en la integridad y elevado conocimiento de las cuestiones morales de los negocios.”

Ahora veamos cómo ha actuado la profesión ante la crisis financiera. Es imposible negar que firmas de auditoría —algunas de gran renombre internacional— hayan estado relacionadas con estos escándalos. Arthur Andersen hasta fue obligada a su desintegración por las autoridades por su relación con los estados fraudulentos de la empresa Enron, siendo la cárcel y el descrédito profesional el desti-no de sus principales socios. Otras empresas enfrentaron cargos penales por quiebra y presentación de cifras falsas. Otras se vieron obligadas a pactar acuerdos extrajudiciales debido a estados financieros inexactos relacionados con el manejo de lavado de dinero y tráfico de armas.

No se trata de enjuiciar a la auditoría como práctica pro-fesional, pero sería ingenuo pensar en la pureza de todas las firmas, algunas de las cuales forman parte del fabulo-so mundo donde la danza de millones crea intereses que


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indiscutiblemente afectan las formas de relacionamiento. Es más que elocuente el hecho de que todas las empresas y bancos involucrados estaban clasificados como triple A por las calificadoras de riesgo y con dictámenes limpios por parte de los auditores.

Tampoco se trata aquí de establecer los niveles de res-ponsabilidad o culpabilidad. Pensamos, como dice el co-lega mexicano Pedro Rangel Cruz, que “el hecho evidente, más allá de las acciones personales de los profesionales involucrados en cada caso concreto, es que la relación auditoría-cliente tiene profundas fisuras que afectan la piedra angular en la cual descansa el ejercicio profesional: la fe pública, la credibilidad y confianza en la opinión pro-fesional. De ahí que cabe pensar en la necesaria reforma de los conceptos de seguridad razonable de la empresa en marcha, el necesario enfoque de una relación novedo-sa auditoría-cliente-Estado, la reformulación del alcance del trabajo del auditor. La disolución de la moral aparece manifiesta en el crecimiento de la esfera financiera, en la fascinación ejercida por la Bolsa y sus ganancias milagro-sas. A partir de la década de 1980, las economías anglo-sajonas se caracterizan, en efecto, por la explosión de la especulación bolsista, por el triunfo de las finanzas sobre la industria que permite conseguir prodigiosos beneficios sin tener que emprender el camino laborioso y lento de la producción industrial. El espíritu de empresa ha retroce-dido ante el espíritu financiero y su cebo de ganancia a corto plazo.”

Para el analista Arthur Wyatt, las exigentes normas de au-ditoría de los ‘50 y ‘60 fueron lentamente deteriorándose. Esto ocurrió, según él, porque las firmas de auditoría se convirtieron también en firmas de consultoría que resul-tan ser mucho más lucrativas. Los socios consultores no tenían la misma formación ética que los socios auditores y, con el tiempo, fueron ellos los que dominaron a las fir-mas de auditoría y las empujaron hacia la toma de riesgos cada vez mayores para la obtención de beneficios más elevados.

La sociedad capitalista en que participamos ha mostrado —y muestra— indiscutibles triunfos en el orden econó-mico. Estos logros no resultan tan evidentes en el terreno social y ético, circunstancia que lleva a los propios defen-sores del sistema a detenerse en el análisis de la situación. Así, Peter Berger en La revolución capitalista señala, a través de cincuenta proposiciones, las mayores glorias del capitalismo y destaca, por otra parte, su mayor miseria. Esta última consiste en generar lo que Durkheim denomina anomia, es decir, una sociedad individualista en la que la persona pierde la protección de los vínculos comunitarios y experimenta la dureza de la moral insolidaria del éxito. “Cada vez se puede pretender menos ‘entendernos’, por

lo que cada vez tenemos que utilizar más y más métodos legales y contractuales. Aparece el Estado burocrático que tiene que regularlo todo, como expediente para salvar la ausencia de un empeño común.” Para Berger, entonces, la anomia y el hiperindividualismo “son los mayores costos o efectos perversos de un proceso de liberación sustancial-mente positivo.”

A una necesaria solidaridad recurre Guy Sorman cuando la constituye en uno de los tres pilares básicos imprescin-dibles en la configuración de un moderno liberalismo. Sin esta necesaria solidaridad ocurre lo que expresa Luis Le-gaz Lacambra: “este liberalismo conduce al escepticismo, ya que el pueblo acaba por no saber a qué atenerse y por preguntarse si la verdad y el error, lo justo y lo injusto, lo torpe y lo honesto, son cosas contrarias entre sí o son una misma cosa bajo puntos de vista diferentes.”

Lo que necesita nuestra cultura empresarial y profesional es una verdadera revolución ética que reordene la esca-la de valores, recuperando la primacía del hombre y del valor del trabajo. ¿Estamos dispuestos a emprender esta revolución o preferimos seguir creyendo que debemos úni-camente preocuparnos por maximizar el valor para el ac-cionista? O revolución ética o el simple cálculo de derivada que nos maximice el beneficio por acción.

Entendemos que las recientes declaraciones del ex finan-cista de Wall Street, Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia de los Estados Unidos, son más que elocuen-tes para entender la génesis del problema, al afirmar que quienes creyeron en él como para confiarle más de 65 mil millones de dólares son avaros y estúpidos.

Así, nuestra conclusión es ésta: desde un punto de vista práctico, el problema ético y la restauración de la confian-za deben tener la prioridad más alta en nuestra profesión. Y esto es más importante en la contabilidad financiera de hoy, orientada a presentar información a un gran público de inversionistas.

No se trata de seguir sumando normas de control y de re-gulación. No se trata de ampliar la casuística de situacio-nes de riesgo que pueden vulnerar los principios tan cla-ramente establecidos en nuestro Código de Ética o buscar salvedades que nos protejan. Ninguna regulación servirá de contención para evitar las catástrofes que se avecinan si no comenzamos el camino de la virtud. Esa es la verda-dera revolución: cambiar nuestro corazón.

Fuente: Dra. Stella Maris Scarafiocca, Dr. Santos Jesús Fior, Dr. Carlos María Vitta - Área Valores Profesionales del CECyT. Revista Imagen Profesional No 21 Diciembre 2010, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas


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El rol de las SMPs en la “ecologización” de las pequeñas empresasPor Sylvie Voghel, Presidente del Comité SMP y Paul Thompson, Vice Director, Asuntos SMP y PYME, IFAC

Este artículo examina la relevancia de los informes integrados para las pequeñas empresas y resalta cómo las firmas pequeñas y medianas (SMP) pue-

den apoyar a las pequeñas empresas a mejorar su desem-peño ambiental.

IntroducciónAunque los retos significativos planteados por el desarro-llo sostenible y la sustentabilidad fueron reconocidos hace un tiempo ya, aún es necesario que la gestión de dichos retos se convierta en una competencia central en la mayor parte de las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas. ¿Cuál es la razón? Primero que todo, aunque existe cada vez más concienciación entre los líderes empresariales, la alfabetización de muchos no se basa en términos eco-lógicos. No reconocen las ventajas ambientales que se derivan de la toma de decisiones empresariales ambien-talmente sostenibles, como la reducción de su huella de carbono y la contribución para obtener agua más limpia y oxígeno de mejor calidad. En segundo lugar, muchos lí-deres empresariales no consideran que el medio ambiente represente una preocupación empresarial legítima; pocos comprenden que una inversión mínima en una tecnología más eficiente y pequeños cambios en el comportamiento humano puede significar ahorros significativos para sus organizaciones.

Afortunadamente, ciertas señales nos indican que las co-sas están cambiando. Según un estudio de investigación reciente llevado a cabo por el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos Certificados y el Instituto Canadien-se de Contadores Certificados, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se están enfocando cada vez más en el desarrollo de una estrategia sostenible a la luz de su estrecha relación con el desempeño empresarial.

Sin embargo, la mayor parte de las PYMES que se incli-nan hacia la sustentabilidad parecen hacerlo en respuesta a las presiones del mercado en la cadena de suministro -grandes clientes corporativos imponen requerimientos a sus proveedores PYME como condición de compra, como por ejemplo reducir su huella de carbono y/o cumplir con sus obligaciones relacionadas con los informes ambienta-les. Existen, no obstante, otras razones para adherirse al orden del día ecológico.

¿Por qué deberían las PYMES adherirse a un orden del día ecológico? La creciente evidencia científica revela que las empresas deben adherirse a la agenda ecológica adoptando prác-

ticas empresariales más sostenibles, incluyendo el desa-rrollo y la implementación de productos y servicios más eco-eficientes. Las pequeñas empresas no deben ser la excepción a esta exigencia.

¿Por qué? Las pequeñas empresas son el fundamento de la mayoría -si no es todas- de las economías nacionales. Según la información de la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económico (OECD), el sector PYME representa la mayor parte del PIB, del crecimiento eco-nómico y del empleo del sector privado de las economías OECD y demás. Por consiguiente, su huella de carbono se compara con la del sector de empresas cotizadas.

Algunas partes afirman que a menudo se ignora el sector PYME o que se le otorga una prioridad baja al designar soluciones o herramientas para abarcar los problemas empresariales. Se argumenta que los creadores de herra-mientas y los definidores de políticas generalmente son los actores corporativos grandes y los gobiernos; así, lo “pequeño” habitualmente no forma parte de su repertorio. Sin embargo, dado su impacto ambiental acumulado, las pequeñas empresas necesitan ser incluidas en la solución. Para este fin, es posible que requieran la ayuda de su consultor empresarial de mayor confianza, es decir el con-tador profesional.

¿En qué manera pueden los contadores profesionales ayudar a las PYMES a “ecologizar” sus empresas?Las SMPs se encuentran bien posicionadas para benefi-ciarse de la creciente demanda de las PYMES en términos de servicios de consultoría empresarial, incluyendo con-sultas sobre negocios sostenibles (ver El rol de las SMPs en el apoyo empresarial a las PYMES). Al ser empresas pequeñas, las SMP comprenden las necesidades de sus clientes PYME, es decir su necesidad de contar con herra-mientas asequibles y prácticas.

Las SMPs valoran la necesidad de sus clientes pequeños de formalizar sus operaciones para difundir un mejor con-trol administrativo, lo cual permitiría a las PYMES ser más eco-eficientes, hacer más con menos, y así aumentar y “ecologizar” su balance. Por ejemplo, los contadores pue-den demostrar los beneficios que contrae la reducción de costos de energía, desde cambios de conducta sencillos para eliminar los deshechos hasta inversiones en nuevo equipamiento y fuentes de energía alternas.

Las SMPs pueden igualmente asesorar las PYMES sobre el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental (EMS por sus siglas en inglés), el cual permite a cualquier or-ganización, de todo tamaño o tipo, identificar y contro-lar el impacto ambiental de sus actividades, productos o servicios; definir y alcanzar sus objetivos ambientales; y demostrar que dichos objetivos han sido alcanzados. La


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implementación de un EMS resultaría en un ahorro en tér-minos de costos y en la reducción de la huella de carbono de la organización. Una consulta empresarial en esta área podría incluir: 1) informar a los clientes acerca del valor de un EMS y conectarlos con las herramientas para dar inicio al proceso; 2) ayudarlos a preparar por ejemplo un informe EnviroReady (informes que indica que se es ami-gable con el medioambiente) para demostrar la presencia de sistemas EMS sólidos y confiables para posicionarlos como ciudadanos corporativos buenos; y 3) permitir a las PYMES cumplir con las necesidades regulatorias de sus grandes proveedores cotizados quienes a menudo deben adherirse a ciertos requerimientos, como el cumplimiento de la Norma Internacional de Estandarización ISO 14001 relacionada con el sistema EMS.

Adicionalmente, en los próximos años, un creciente nú-mero de propietarios/directores de PYMES se estarán re-tirando y buscarán vender sus negocios. Es probable que los compradores sean exigentes frente a las credenciales ecológicas de sus potenciales objetivos de compra.

Estas situaciones abren puertas para que las SMPs refuer-cen sus relaciones actuales y ofrezcan consultorías em-presariales sostenibles, ayudando a sus clientes a cum-plir con los informes sostenibles y los requerimientos de aseguramiento, a “ecologizar” sus empresas, mejorar su balance y atraer nuevos clientes o compradores.

¿Qué herramientas pueden utilizar las SMPs para ayudar a las PYMES a “ecologizar” sus empresas?El Marco de Sustentabilidad (Sección 2.1) de la IFAC in-cluye una serie de pasos relativamente sencillos que pue-den seguir las PYMES para reducir sus costos, a través de la minimización de sus residuos. Las SMPs pueden guiar a sus clientes PYME en la adopción de estas medidas. Para que las PYMES implementen un marco de excelencia em-presarial, una herramienta aplicable universalmente es la Norma Internacional de Estandarización ISO 14001 (ver arriba).

Las SMPs interesadas en apoyar a las PYMES en el cami-no hacia las sustentabilidad deben descargar gratuitamen-te la Guía de Gestión de Firmas para Uso de las Pequeñas

y Medianas Firmas del Comité SMP de la IFAC, la cual ofrece guías y herramientas que abarcan un amplio rango de temas.

¿Cómo pueden las SMPs y las PYMES influenciar a los definidores de políticas?El Comité de Información Internacional Integrada (IIRC por sus siglas en inglés) publicó recientemente su Docu-mento de Consulta titulado Camino hacia la Información Integrada - Comunicando Valor en el Siglo 21 . El docu-mento presenta el raciocinio para la información integra-da, ofrece propuestas iniciales para el desarrollo de un marco de información internacional integrada y describe los próximos pasos hacia su creación y adopción. ¿Por qué deberían las SMPs y PYMES responder a este documento? La información integrada permitirá a las organizaciones publicar informes más inclusivos y útiles sobre todo as-pecto del desempeño, incluyendo el ambiental, social y de gobernanza, al igual que el aspecto económico, en un formato conciso y amigable para el usuario. Esta informa-ción permitirá a las organizaciones proporcionar una eva-luación de la viabilidad a largo plazo de la organización, e igualmente satisfacer las necesidades de los inversores y de las demás partes interesadas.

Son bienvenidos los comentarios de las diferentes partes interesadas, como las organizaciones que generan repor-tes, los inversores, empleados y proveedores de asegura-miento. La pregunta 4 sobre la aplicabilidad de la informa-ción integrada (II) para las PYMES es de mayor relevancia para las PYMES y las SMPs, al igual que el enfoque ini-cial de la información integrada sobre las compañías más grandes. Por favor envíe sus comentarios al Comité SMP respondiendo a esta pregunta en su Espacio de Discusión.

Fuente: IFAC, traducción propia incp “Copyright © October 2011 by the International Federation of Accoun-tants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact [email protected] for permission to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of this document. This publication has been translated from the English language into the Spanish language by Instituo Nacional de Contadores Publicos de Colombia. IFAC assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof.”


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Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera en la indus-tria automotriz

La industria automotriz está en constante cambio, po-dríamos decir que los principales desafíos a los que se enfrenta son: globalización, demanda y compor-

tamiento de los clientes, así como las regulaciones am-bientales y la innovación en los trenes de potencia. Otro aspecto que sin duda tendrá un impacto en la industria es

el hecho de que los países de todo el mundo, incluyendo México, están dando un paso crítico hacia la adopción de normas internacionales de contabilidad.

Las compañías de la industria automotriz deben anticipar-se al proceso de conversión de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) identificando el impac-to en la industria además de los aspectos relacionados con la contabilidad y los negocios para evitar complicaciones contables en los siguientes años.


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La clave es adaptar la conversión a las propias necesida-des y especificaciones de cada empresa. Si bien las enti-dades automotrices pueden ser similares en muchos sen-tidos, siempre existirán diferencias en cada organización que harán distintos los proyectos de conversión.

El diagrama de Supervisión Administrativa para Conver-sión a NIIF’s presenta un enfoque para la planeación e implantación. Una de las principales áreas que se debe atender es la contabilidad y la preparación y presentación de informes financieros.

A continuación se describe brevemente una lista de las áreas contables más significativas que las entidades au-tomotrices deben considerar al realizar la conversión. Hay que destacar que ésta no pretende ser una lista exhaustiva y tampoco cubre todas las áreas que las entidades auto-motrices necesitan considerar en un proceso de conver-sión:

Aspectos críticos de la conversión a NIIF’s en la industria automotrizInmuebles, maquinaria y equipoÉsta es una industria de uso intensivo de capital, por lo tanto, este es un punto que tiene un impacto importan-te en los estados financieros. Las entidades automotrices enfrentan la desafiante tarea de tener que revisar las po-líticas de capitalización y depreciación de componentes y la estimación de obligaciones por retiro de servicio de activos.

HerramentalesEl herramental plantea los mayores retos actuales en la práctica para la contabilidad en la industria automotriz. Las dificultades contables en la práctica surgen principal-mente de complejos contratos y marcos de abastecimiento que van desde evaluar si el proveedor o el Fabricante de Equipo Original (OEM, por sus siglas en inglés) tienen en última instancia el riesgo y los beneficios asociados con el herramental, hasta determinar la forma en que se deben contabilizar los ingresos derivados de éste.

Activos intangiblesLas intensas actividades de Investigación y Desarrollo y las nuevas tecnologías pueden dar origen a una variedad de activos intangibles. La actividad de desarrollo puede ser interna, contratarse con proveedores externos o bien ser adquirida de otras entidades y frecuentemente es im-portante para la situación financiera de una entidad que reporta bajo NIIF’s y a menudo afecta las decisiones para realizar adquisiciones o celebrar convenios de inversión.

Deterioro de activos fijosLos activos entre los que se incluyen activos intangibles y crédito mercantil son susceptibles de deterioro con base en los riesgos de la industria automotriz. Ejemplos del riesgo relacionado son factores económicos como la crisis mundial de 2008, cambios de tecnología y volúmenes de ventas menores a los esperados, los cuales pueden tener un impacto importante sobre el cálculo de deterioro de una entidad.

Reconocimiento de ingresosLas entidades automotrices enfrentan varios retos al apli-car los requerimientos para el reconocimiento de ingresos conforme a NIIF’s. En un entorno muy competitivo, las en-tidades automotrices se proponen ampliar su participación de mercado mediante complejas y creativas promociones de ventas.

InventariosLa industria automotriz es una de las industrias manufac-tureras de mayor escala y existe una compleja naturaleza en las relaciones contractuales entre los fabricantes auto-motrices y los proveedores, por lo que las resultantes con-signas de inventarios, las creativas y constantemente cam-biantes formas de administración y valuación de aquéllos, es que los hacen significativos en la contabilidad.

Provisiones y contingenciasDe acuerdo con nuestra experiencia, la adopción de las NIIF’s en muchos casos dará por resultado el reconoci-miento de provisiones antes que bajo normas locales. Las provisiones que se deben considerar son obligaciones por conceptos de garantía, incentivos de ventas, contratos onerosos, reestructuración y obligaciones legales y am-bientales. Todas ellas son ejemplos de provisiones que tie-nen impacto en el desempeño de una compañía que opera en la industria automotriz.

ColaboraciónLa colaboración, que incluye el apoyo financiero, ha sido un área de importante actividad en la industria automotriz durante los últimos años. Esta información a menudo se utiliza para evaluar la capacidad de crecimiento de una entidad financiera por lo que es importante si las entida-des automotrices revelan de manera suficiente las colabo-raciones en los estados financieros.

Presentación de estados financierosLas entidades automotrices necesitarán revisar la presen-tación de sus estados financieros preparados conforme a NIIF’s, donde se establecen los requerimientos mínimos


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Control y auditoría del sector público en un escenario de crisis económica

En los últimos años los países de la Unión Económica y Monetaria Europea han tenido que combinar las exigencias en materia de empleo y crecimiento deri-

vadas de la estrategia de Lisboa, con las propias impues-tas por la estabilidad presupuestaria, manteniendo así un difícil equilibrio entre la necesidad de mejorar la produc-tividad e incrementar la inversión en capital, de un lado, y garantizar unas finanzas públicas saneadas, por el otro.

Sin duda alguna, el objetivo de estabilidad presupuestaria ha propiciado, en la mayoría de estos países, acudir de forma más frecuente a fórmulas de colaboración público privada para llevar a cabo proyectos vinculados con la gestión de infraestructuras y servicios. Se pretende con ello, tanto la colaboración empresarial en la financiación y gestión de servicios públicos, como aliviar las restricciones presupuestarias impuestas por la Unión Europea.

La crisis financiera y económica, que ha afectado a la generalidad de las economías occidentales, ha originado en España una situación económica especialmente com-pleja. Las medidas de choque adoptadas para suavizar el impacto de la crisis sobre la actividad económica y el empleo, han incidido de forma más o menos directa en el deterioro de las cuentas públicas. Y, como cabría esperar, la aprobación por el gobierno de una serie de medidas para la reducción del déficit ha generado importantes de-bates entre los que defienden que las cuentas públicas sólo podrán reconducirse si se reduce el gasto público y se incrementan los impuestos, y los que ven en el aumento del gasto público un instrumento de gran utilidad para generar una expansión de la demanda interna, y con ello una reactivación de la producción y el empleo.

En lo concerniente a nuestro sector público, el régimen político administrativo constitucional ha propiciado la con-

solidación de un sector público descentralizado, con un importante peso de la administración territorial (Comuni-dades Autónomas y Entidades Locales) y una distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, la actual arquitectura institucional del sector público, en sus diferentes niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), se caracteriza por la presencia de numerosas entidades que adoptan formas jurídicas singu-lares (agencias, fundaciones, consorcios, entes, socieda-des, etc.), algunas de ellas alejadas del estricto régimen del derecho administrativo, y que acentúan la heterogenei-dad y la fragmentación del poder ya de por sí propias del sector público. Los conflictos de intereses que esto puede originar, así como los problemas derivados de la habitual delegación entre los agentes, originan que, en numerosas ocasiones, el concepto de responsabilidad quede diluido.

Ante este escenario -reducción del déficit, control del en-deudamiento, descentralización y externalización en la gestión de servicios, etc.-, en el que las entidades del sec-tor público desarrollan su actividad, se requiere una adap-tación o reorientación de los sistemas y mecanismos de control establecidos para evaluar la racionalidad del gasto en sus múltiples manifestaciones y trasladar a la sociedad una mayor seguridad sobre la organización y gestión del sector público. Y es que, seguramente, como señala Cabe-zas del Salvador (2009), la crisis económica y financiera va a poner a prueba la capacidad de la auditoría pública como herramienta para garantizar la transparencia en la gestión pública.

Control de la actividad económico-financiera en el sector públicoSon numerosos los criterios que pueden utilizarse para clasificar el control de la actividad económico financiera del sector público. Uno de los más extendidos es el que, atendiendo al grado de dependencia del órgano contro-lador con respecto al que realiza la actividad, diferencia entre control interno y control externo. En el control in-

necesarios. Es así que una entidad automotriz deberá de-cidir qué información es necesaria para el usuario de los estados financieros, sin proporcionar información a sus competidores.

Adopción inicial de las NIIF’sPara tener éxito en la transición a las NIIF’s es clave el entendimiento temprano por parte de una entidad de las excepciones obligatorias y opcionales de la aplicación re-trospectiva de NIIF’s de que disponen las entidades que las adoptan por primera vez.

El proceso de conversión a NIIF’s no sólo implica aspectos de contabilidad, preparación y presentación de informes financieros. Para garantizar el proceso es importante tener el apoyo de un especialista en proyectos de conversión, con experiencia a fondo de la industria automotriz y así lograr identificar los retos y aplicar las mejores prácticas oportunamente.

Fuente: Albrect Ysenburg, Socio de Auditoría Líder de la Industria Au-tomotriz de KPMG en México. Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.


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terno existe una relación de dependencia entre el órgano encargado del control y la entidad cuya gestión va a ser controlada. Los órganos de control interno de las Admi-nistraciones Públicas, compuestos generalmente por las intervenciones estatales, autonómicas y locales, están integrados en ellas, aunque gozan de autonomía para el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es aportar garantías sobre el cumplimiento de la legalidad y sobre la gestión eficiente de los recursos públicos, a través de la función interventora y del control financiero.

El primero de estos mecanismos, fundamentalmente de carácter preventivo, persigue verificar que los actos de contenido económico-financiero se adecuen a la norma-tiva aplicable, advirtiendo, en su caso, sobre los incum-plimientos. El control financiero, por su parte, tiene como objetivo comprobar a posteriori, desde una perspectiva más global, el funcionamiento económico-financiero de la entidad, por lo que tendrá que informar de la adecuada presentación de la información financiera y del cumpli-miento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como de la economía, eficacia y eficiencia alcanzada en la gestión.

El control se califica como externo cuando no existe re-lación alguna de dependencia o subordinación jerárquica entre la entidad titular del control y la entidad controlada. Bajo esta modalidad, se trata de informar o comunicar la regularidad en el cumplimiento de las normas y valoración de la gestión a terceros, no relacionados directamente con la gestión de la organización. En nuestro país, los órganos de control externo, que dependen directamente de los res-pectivos Parlamentos, están integrados por el Tribunal de Cuentas y por los trece órganos de control externo autonó-micos en funcionamiento para fiscalizar la gestión econó-mica, financiera y contable del sector público de su ám-bito territorial. A escala supranacional resulta de interés mencionar, también, la existencia del Tribunal de Cuentas Europeo, cuya misión es el control y fiscalización de las cuentas de la Unión Europea, así como del International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), organismo no gubernamental, autónomo e independien-te, vinculado a las Naciones Unidas, con sede en Viena, creado como institución permanente para fomentar el in-tercambio de ideas y experiencias en auditoría guberna-mental entre las entidades fiscalizadoras superiores de los países miembros.

En cualquier caso, como hemos podido apreciar, el termi-no control, en su acepción más extendida, hace referencia a la comprobación, inspección, fiscalización o interven-ción, es decir, persigue contrastar si unas actuaciones es-tán o no en consonancia con normas o criterios dados que marcan cómo se debe hacer; conceptos todos ellos aplica-

bles a la gestión de la actividad económico-financiera. Y probablemente la auditoría ha sido la técnica más idónea para ejercer los diferentes controles establecidos sobre di-cha actividad.

La auditoría pública: concepto y tipologíaLa auditoría en el sector público constituye un proceso sistemático para obtener evidencia relevante y suficiente con respecto a la información concerniente a la realidad económica de una entidad, con el objetivo de establecer el grado de correspondencia entre dicha información y los principios y normas establecidos. Los informes de las auditorías públicas van dirigidos principalmente a los ór-ganos directivos responsables de la gestión de la entidad objeto de control, al órgano político superior -ya sea Parla-mento, Asamblea, Pleno o Concejo- o a ambos. En nues-tra opinión, el objetivo de vigilancia y control de la audi-toría pública no debería plantearse desde una perspectiva sancionadora, sino, más bien, con la intención de mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y orientarlas en la dirección adecuada. Siguiendo la línea marcada por los principales organismos dedicados a la emisión de nor-mas, entre otros, la INTOSAI (1995), la General Accoun-ting Office (GAO, 1994), la International Federation of Ac-countants (IFAC, 1992) y, en nuestro país, la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español (COPCEE, 1992), la Intervención Ge-neral de la Administración del Estado (IGAE, 1998) o la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP, 2008), la auditoría pública podría adoptar esencialmente, según los objetivos de con-trol perseguidos, la modalidad de auditoría de regularidad o de auditoría operativa.

Dentro de la auditoría de regularidad se diferencia en-tre auditoría de cumplimiento y auditoría financiera. La primera trata de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que le son de aplicación. La auditoría financiera, por su parte, con-siste en la revisión y verificación de la información y do-cumentación contable al objeto de comprobar que expre-san fielmente la situación patrimonial de la entidad y sus resultados de conformidad con la normativa contable y presupuestaria que le sea de aplicación.

Por otro lado, la auditoría operativa o de gestión constitu-ye un examen objetivo y sistemático de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una va-loración independiente de su racionalidad económico- fi-nanciera y su adecuación a los principios de buena gestión y gobierno. El objetivo principal es valorar el nivel de efi-cacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de


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los recursos disponibles y facilitar información que mejore la responsabilidad pública y el proceso de toma de deci-siones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.

Ni que decir tiene que, en ocasiones, las auditorías pueden tener una combinación de objetivos financieros, de legali-dad y de gestión; por ejemplo, las dirigidas a verificar con-tratos de programas o subvenciones públicas incluyen a menudo objetivos financieros y de gestión. En otros casos pueden tener objetivos limitados a sólo algunos aspectos de un tipo de auditoría; por ejemplo, la auditoría de con-troles internos específicos o las auditorías informáticas.

Normas de auditoría públicaLos organismos normalizadores ya mencionados han dedi-cado buena parte de sus esfuerzos a la emisión de normas técnicas de auditoría del sector público. Sobre este par-ticular interesa diferenciar entre principios y normas, ya que, según la COPCEE (1992), mientras que los primeros son los fundamentos básicos que deben regir cualquier ac-tividad, de forma que su incumplimiento puede degradar los resultados de ésta, las normas son las reglas a las que deben atenerse las conductas y las actividades para res-petar tales fundamentos. Por tanto, han de considerarse principios de auditoría las ideas fundamentales que rigen en el desarrollo de su práctica, mientras que las normas son las reglas que se deben seguir para el desarrollo de los principios de auditoría.

A la vista de los diferentes pronunciamientos, en general, se consideran principios de auditoría los siguientes:a) los concernientes al sujeto auditor, también denomina-dos generales;b) los dedicados a cómo realizar el trabajo de auditoría; yc) los relativos a la elaboración y presentación de los in-formes.No obstante, la GAO (1994) desciende a un mayor deta-lle y aborda, también, la independencia del organismo de control y la aplicación de los controles de calidad.

Es necesario señalar que, a nivel internacional, las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) de la IFAC se han con-vertido en un referente en la profesión. Es más, la INTOSAI está adoptando las NIAs a través de unas Directrices que, junto con la Declaración de Lima, el Código de ética y las Normas de Auditoría constituyen el cuerpo normativo de esta institución. Este nuevo marco normativo aparece bajo la denominación de International Standards of Supreme Auditing Institutions (ISSAI); y estas normas contienen los principios fundamentales para el funcionamiento de las entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y los requisitos previos de auditorías de las entidades públicas.

En el ámbito nacional, uno de los marcos normativos de referencia más relevantes son los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público emitidos por los OCEX (1992), que recogen los criterios fundamentales por los que deben regirse tanto los órganos institucionales de control externo, como los expertos independientes que realicen auditorías en su ámbito competencial. Con independencia de lo an-terior, prácticamente la totalidad de los OCEX han elabo-rado manuales de procedimientos y normas internas para homogeneizar la planificación y ejecución de sus trabajo de fiscalización.

De otra parte, son igualmente destacables las Normas de Auditoría del Sector Público de la IGAE (1998), cuya fi-nalidad es establecer métodos y procedimientos homogé-neos en la realización de auditorías. Estas normas pueden ser referencia para órganos de control interno del sector público autonómico y local. La IGAE ha emitido, además, diversas Normas Técnicas de Auditoría que regulan aspec-tos relativos a la evaluación de la importancia relativa, a la calidad de las auditoría, a los informes de auditoría o a la colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas.

El informe de auditoría públicaLos informes reflejan los resultados y conclusiones del tra-bajo de auditoría e incluirán la información que el auditor considere necesaria, con el objeto de facilitar una interpre-tación adecuada tanto de su contenido como de la situa-ción económico- financiera de la entidad pública auditada. Los principios y normas relativos a la identificación, forma, lenguaje, objetividad y evidencia suficiente coinciden bási-camente con los enunciados para los informes de auditoría del campo privado. En consecuencia, nos centraremos en examinar los aspectos más específicos de los informes de auditoría pública (véase, López y Cabezas, 2002).

En general, puede decirse que los informes de auditoría de las entidades públicas son amplios de contenido y de variada estructura. Ello se debe, entre otras, a las razones siguientes:a) No existe una normalización en la estructura, redacción y contenido de sus párrafos tan estandarizada y de general aceptación como en el sector privado.b) La no elaboración de la Memoria en la Cuenta General obliga a sustituir este estado con el informe de auditoría.c) Los informes de auditoría pública deben tener, además de su propia finalidad de auditoría, una labor pedagógica e informativa para el usuario.

Por estas razones, los informes de auditoría pública pue-den cumplir los requisitos generales y, dependiendo de su redactor, ofrecer estructura, contenido y tamaño diverso (véase, Pucheta y Cortés, 2000).


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a) El informe de auditoría de regularidadLa estructura de un informe de auditoría de regularidad de una entidad pública podría ser el siguiente: • Objetivo del trabajo realizado.• Alcance y limitaciones.• Opinión.• Cuentas anuales auditadas.• Conclusiones, comentarios y recomendaciones.• Anexos.

- ObjetivoSe reflejarán claramente y con el suficiente detalle los ob-jetivos que contiene el encargo recibido por el auditor. No obstante, para este tipo de auditorías, el objetivo que se persigue se puede sintetizar en la emisión de una opinión sobre los siguientes aspectos:a) El desarrollo y ejecución del presupuesto de la entidad pública para el ejercicio concreto.b) El reflejo de la situación patrimonial de la entidad a 31 de diciembre, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación y que guardan uniformidad con los del ejercicio anterior.c) El sometimiento de la actividad económico-financiera de la entidad a la normativa correspondiente.d) La situación financiera de la entidad a 31 de diciembre.e) El adecuado cumplimiento de la legislación aplicable.

- Alcance y limitacionesEn situaciones normales es suficiente incluir un párra-fo general que indique que el trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente acep-tadas. Ello implica que se han podido aplicar las pruebas y procedimientos de auditoría necesarios de acuerdo con las circunstancias y teniendo presentes los objetivos del encargo. En los supuestos en los que existan limitaciones al alcance, deberían exponerse detalladamente, indicando sus causas y consecuencias.

- OpiniónEl auditor deberá pronunciarse mediante la emisión de una opinión clara y precisa sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en la auditoría.

Los tipos de opinión que se utilizan en el sector público co-inciden, tanto en la denominación como en la definición, con los del ámbito privado:

√ Opiniónsinsalvedades.√ Opiniónconsalvedades.√ Opiniónnegativa.√ Abstenciónodenegacióndeopinión.

Si se apreciaran salvedades, cada uno de los anterio-res apartados se completaría con frases como “excepto

por...”, “exceptuando...” o “con las excepciones siguien-tes...”. Como salvedades observadas –que pueden condu-cir, según el principio de importancia relativa, a opiniones adversas o denegatorias- con mayor reiteración se pueden citar las siguientes:• Incumplimiento del principio de limitación de los cré-

ditos para gastos.• Modificaciones presupuestarias realizadas a posterio-

ri.• Incorrectas imputaciones presupuestarias a los distin-

tos capítulos del presupuesto.• Incumplimiento de obligaciones fiscales y de Seguri-

dad Social.• Cuenta de inventario sin actualizar.• Inadecuado sistema de control y seguimiento sobre

las obligaciones y derechos reconocidos pendientes de pago y cobro.

• Deficiente aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública.

En la emisión de una opinión en materia de legalidad es importante ponderar la transcendencia que presentan los incumplimientos detectados sobre los estados financieros y sobre la actividad de la entidad.

- Estados y cuentas anualesSe incluirán los estados financieros anuales revisados que, en la actualidad, básicamente son los siguientes: - Liquidación del presupuesto y resultado presupuestario.- Balance de situación.- Cuenta de resultado económico patrimonial.- Remanente de tesorería.

Aunque conviene no olvidar que con la progresiva apli-cación del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública de 2010 a los diferentes subsectores del sector público, los documentos que integran las cuentas anuales com-prenderán: el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria (véase, López Hernández, 2010).

- Conclusiones, comentarios y recomendacionesEl apartado de conclusiones y comentarios generales viene a sustituir la información que debía proporcionar la Me-moria de la entidad. Se completan estos comentarios con aquellas recomendaciones orientadas a perfeccionar la organización, la gestión y el control interno de la entidad.

- AnexosReúne la información complementaria precisa, con el ob-jeto de lograr una mejor interpretación del informe.


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b) El informe de la auditoría operativaLos informes de auditoría operativa se pronuncian sobre la eficacia, eficiencia y economía alcanzada en la gestión de los recursos públicos y extienden su alcance a hechos muy diversos que no siempre pueden concretarse como en la auditoría de regularidad.

Estos pronunciamientos deben ser lo más objetivos po-sibles; sin embargo, la propia naturaleza de los hechos auditados hace que éstos estén más influidos por las in-terpretaciones y juicios subjetivos que en el caso de audi-torías de regularidad.

En general, el auditor no realizará pronunciamientos glo-bales sobre la eficacia, eficiencia y economía alcanzadas en la gestión de los recursos públicos; lo normal es que sólo se pronuncie sobre actuaciones o programas concre-tos. Por ello, los informes de esta naturaleza no suelen recoger un apartado de opinión, sino que se limitan a co-mentar las conclusiones obtenidas del trabajo realizado.

No existe uniformidad en la presentación de los informes sobre trabajos de auditoría operativa; no obstante, sí po-demos indicar los aspectos claves que podrían contener:

- Descripción de la actividad objeto de auditoría operativaSe describirá brevemente la actividad objeto de revisión, las unidades orgánicas encargadas de su gestión y el de-partamento, servicio o sección en que están encuadradas. Igualmente, se incluirán los objetivos que se persiguen, los medios materiales y técnicos, los recursos humanos disponibles y la legislación aplicable. Este apartado pue-de contener, por último, una referencia a la problemática general que intenta solventar (salud, educación, vivienda, servicios sociales, etc.).

- Objetivo, alcance y limitacionesSe señalarán los objetivos perseguidos en la auditoría y el alcance con el que se realizan. Se mostrarán, igualmente, las limitaciones al alcance y su efecto y repercusión en el trabajo realizado.

Teniendo en cuenta las importantes limitaciones en un trabajo de esta naturaleza, el informe reflejará detallada-mente tanto éstas como su incidencia sobre los objetivos perseguidos.

- Conclusiones y recomendaciones generalesSe indicarán las conclusiones generales obtenidas en el trabajo realizado en relación con la eficacia, eficiencia y economía de la gestión, según los objetivos y limitaciones. Igualmente, se reflejarán tanto los logros alcanzados como las principales deficiencias de gestión detectadas. Este

último aspecto se acompañará de las recomendaciones propuestas por el auditor, con el objeto de superar dichas deficiencias.

La auditoría pública ante los entes gestores o receptores de fondos no pertenecientes al sector públicoUna concepción moderna del control en el sector público ha de considerar la ampliación de su ámbito de actuación, que se extiende no sólo a la propia administración sino también al sector empresarial público, concesionarios de servicios públicos y perceptores de subvenciones, entre otros.

No cabe duda de que, la auditoría pública es uno de los métodos de control y seguimiento más idóneos para ve-rificar la gestión pública. Su alcance en relación con las entidades del sector público, como se ha señalado an-teriormente, fundamentalmente se orienta al examen de las operaciones financieras y de legalidad, al análisis de la economía y eficiencia en el uso de los recursos y a la evaluación de los resultados previstos. Sin embargo, tam-bién se extiende a entes gestores o receptores de fondos, no pertenecientes al sector público, por diversas causas, entre otras:• Recepción de fondos por prestación de servicios pú-

blicos (concesionarios) • Colaboración público-privada en la financiación, cons-

trucción, renovación y gestión o el mantenimiento de infraestructuras o la prestación de servicios

• Percepción de ayudas financieras (subvenciones) por entidades públicas o privadas como parte de la acti-vidad promocional de las administraciones, ya sean fondos comunitarios o no.

Por lo que se refiere al control de las concesiones sobre la entidad contratante, resultan de gran utilidad la audi-toría de cumplimiento y la auditoría operativa. Mientras la primera se ocupa de comprobar si la tramitación del expediente se ha realizado correctamente y conforme a los preceptos contenidos en la Ley, la segunda lo hará de los procedimientos de gestión y del control de la concesión. Teniendo en cuenta que la Administración no controla los medios a través de los que se presta el servicio en conce-sión (organización del concesionario), deberá establecer controles técnicos que garanticen que el servicio se presta en las condiciones y con el nivel de calidad adecuado, así como controles económicos sobre el coste de prestación del servicio. Para todo ello, resulta fundamental la ela-boración de unos pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas exhaustivas y precisas que regulen adecuadamente las condiciones de adjudicación y ejecu-ción de la concesión.


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OPINIÓN

En lo concerniente a la auditoría de la concesión, el obje-tivo principal es la cuenta de ingresos y gastos específica de la concesión, con especial atención en:• Coste de la prestación del servicio, adecuadamente

desglosado• Adecuación y valoración de los medios humanos y

materiales• Cumplimiento de las condiciones de la concesión y

del contrato• Adecuación de la prestación del servicio• Otros aspectos a considerar serían:• Condiciones de la concesión y de las estipulaciones

del contrato (pliegos y propuesta del concesionario)• Cuenta de resultados individualizada• Contabilidad analítica• Gastos indirectos imputados por el concesionario• Transacciones con empresas del grupo (precios de

mercado)

Por otra parte, es resaltable el papel de la auditoría pú-blica en la concesión de infraestructuras, dentro de las diversas figuras de colaboración entre el sector público y el sector privado (PPP). Los controles sobre el concesiona-rio pretenden verificar la calidad del servicio y la bondad de las tarifas aplicadas. Así, en el caso de financiación conjunta (por razones de rentabilidad económica o so-cial) o aportaciones no dinerarias de la administración, el objetivo será verificar la razonabilidad de las previsiones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas en términos de rentabilidad económica o social. En caso de subvenciones (peajes en sombra) u otras ayudas para ga-rantizar la viabilidad económica de la explotación, el inte-rés se centrará en verificar la razonabilidad de los cambios en las condiciones iniciales de viabilidad. En cualquier caso, resulta esencial el control de la cuenta de gastos e ingresos específica de la concesión, especialmente en lo concerniente al cumplimiento de las tarifas aprobadas y los costes de la actividad.

En cuanto a la auditoría de subvenciones, convienen des-tacar tanto los diversos tipos de subvenciones existentes como la existencia de diferentes ámbitos competenciales para la realización de las auditorías. De esta forma, con-viven subvenciones concedidas con fondos propios de las administraciones públicas españolas con las procedentes de fondos europeos (FEDER, FSE, FEAGA- FEADER, FEP) o de la Comisión Europea (Cooperación Territorial Europea -SUDOE, MED España-Francia e INTERREG IV C-), cada una de ellas con problemáticas muy específicas. Igual-mente, encontramos concurrencia en la competencia para la realización de las auditorías, ya sea por el órgano con-cedente, por el órgano de control interno o por el órgano de control externo correspondiente (autonómico, nacional o europeo). Este último, generalmente, centra sus proce-dimientos de fiscalización en: a) la verificación, ante la

entidad concedente, de los procedimientos seguidos para otorgar la subvención o ayuda de que se trate; b) la com-probación de que los perceptores de las ayudas las han destinado a la finalidad para la que fueron concedidas; c) comprobación de que la administración concedente efec-túa un seguimiento sobre la aplicación por el perceptor de la ayuda concedida.

Algunas reflexiones finalesUna de las principales características de los sistemas de-mocráticos es el sometimiento de los gobernantes a la obligación de rendir cuentas de la gestión realizada con los recursos públicos. La regularidad y claridad en las cuentas públicas, así como la responsabilidad, transparencia y efi-cacia en la gestión se han convertido en los principios cla-ves de los sistemas de actuación pública. Estas premisas justifican por sí mismas la existencia del control externo y de las instituciones que lo ejercen. El papel de los OCEX puede resultar crucial para ayudar a potenciar una cultura permanente de ahorro, austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos, así como para generar buenas prácticas administrativas y de gerencia pública.

Evidentemente los OCEX deben procurar una adaptación permanente a una realidad cambiante. En este sentido, uno de los retos principales que deben asumir es la reali-zación de trabajos de fiscalización que resulten novedosos y con un contenido que despierte interés entre los ciuda-danos, sin olvidar, por supuesto, las auditorías que po-dríamos denominar “tradicionales”. Asimismo, han de ser capaces de realizar una autocrítica tanto para analizar el impacto, la oportunidad y pertinencia de sus trabajos. Se trataría de minimizar las diferencias de expectativas que se producen entre los elaboradores y los destinatarios de los informes.

Efectivamente, en la actualidad, una de las cuestiones de mayor polémica se refiere a la utilidad de la presentación del trabajo de auditoría a través del correspondiente infor-me. Al respecto, entre otras cuestiones, destacamos dos aspectos:a) La diferencia de expectativas de la auditoría o diferen-cias surgidas entre lo que el auditor cree que es su respon-sabilidad y la que le atribuyen los usuarios y destinatarios de los informes.b) La oportunidad temporal de los informes, emitidos nor-malmente sobre cuentas anuales anteriores o muy anterio-res al ejercicio vigente.

Estos aspectos, junto con la existencia de un déficit de cultura en materia de auditoría y control, limitan significa-tivamente la utilidad de los informes de auditoría pública, con lo que producen un cierto desencanto en sus usuarios. En definitiva, se está desaprovechando en parte la función social que conlleva la auditoría.


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OPINIÓN

Por tanto, deberían adoptarse las medidas oportunas con el objeto de reducir ese desencanto, las cuales, en nuestra opinión, podrían dirigirse hacia las siguientes actividades:- Ampliación del ámbito de la auditoría, especialmente so-bre las áreas de mayor interés social y sobre la verificación de los resultados de la gestión pública. Es necesario avan-zar desde el control de regularidad hacia las auditorías operativas.- Impulsar procesos que permitan identificar y erradicar zonas de impunidad abiertas a las infracciones y, en su caso, al fraude y a la corrupción.- Mejorar en el lenguaje y en la oportunidad de los infor-mes de auditoría pública.- Apostar decididamente por las nuevas tecnologías que favorezcan la rendición telemática de cuentas.Todo ello, sin duda, podría contribuir a que el control en el sector público actuará como impulsor de criterios de racio-nalidad, de eficiencia y de eficacia en la actividad de las entidades públicas, así como a potenciar la transparencia en todo el proceso de decisión y gestión; y a favorecer el conocimiento y la participación activa y crítica de los ciudadanos.

BibliografíaCABEZA DEL SALVADOR, I. (2009): “Refl exiones sobre la cri-sis económica y el papel de la auditoría pública”, Auditoría Pú-blica, nº 47, pp. 27-45.COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ORGANOS PÚBLI-COS DE CONTROL EXTERNO DEL ESTADO ESPAÑOL, COP-CEE (1992): Principios y Normas de Auditoría del Sector Pú-blico.GENERAL ACCOUNTING OFFICE, GAO (1994): Government Auditing Standars “The Yellow Book”. United States General Ac-counting Offi ce, Washington.

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO, FIASEP (2008): Docu-mento nº 1, Marco General de Auditoría del Sector Público. Co-misión de Normas Técnicas de Auditoría Pública.INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, IFAC (1992): Aplicability of International Standards on Auditing to the Audit of Financial Statements of Governments and Other Non-Business Public Sector Entities. International Public Sector Gui-deline, nº3. New York.INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INS-TITUTIONS, INTOSAI (1992): Normas de Auditoría. Washing-ton.INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ES-TADO, IGAE (1998): Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la IGAE, por la que se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del Sector Público (BOE de 30 de septiembre).LÓPEZ HERNÁNDEZ, A.M. (2010): “El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública. Siguiendo los pasos de la contabilidad em-presarial”, Auditores, nº 12, pp. 34-41.LÓPEZ HERNÁNDEZ, A.M. y CABEZA DEL SALVADOR, I (2002): “Control y auditoría en las entidades públicas”, Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, nº 50, pp. 34-42.PUCHETA, M.C. y CORTÉS, J.L. (2000): “Los informes de audi-toría del sector público. Qué son y cómo deberán de ser”. Revista Auditoría Pública, nº 22, diciembre, pp. 35-47.

Fuente: Antonio M. López Hernández. Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Miembro de la Comisión de Sector Público del ICJCE. Catedrático de la Universidad de Granada. Revista Audito-res, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España No 15 Mayo 2011.


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Aprobación del tratado de Libre Comer-cio entre Colombia y Estados Unidos de América Por:Gustavo Adolfo LorenzoGerente Senior de Impuestos, Aduanas y Comercio In-ternacional. Ernst & Young Colombia

El pasado 12 de octubre, con una votación en Sena-do de 66 votos a favor y 33 en contra, luego de que la Cámara de Representantes hiciera lo mismo con

una votación de 262 votos a favor y 167 en contra, se aprobó después de 5 años de haber sido firmado (22 de noviembre de 2006), el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos de América.

El TLC fue firmado por el Presidente Barack Obama el 21 de octubre en presencia de varios empresarios, entre ellos, el Presidente mundial de Ernst & Young. Para que entre en vigor se requiere el posterior intercambio de instrumentos de ratificación entre ambos gobiernos. En Colombia, se deberán implementar nuevas leyes a fin de que el país se encuentre preparado para responder a la ejecución del mismo. Se estima que este proceso tomará entre 8 y 12 meses.

Dentro de los temas en los que Colombia deberá introdu-cir nuevas leyes, están los temas de servicios financieros, propiedad intelectual y servicios postales. Adicionalmen-te, existen otros temas sobre los que los dos países ya habían adquirido compromisos previos, tales como el ac-ceso a mercados, el trato nacional impositivo al consumo de licores, la eliminación del IVA para los envíos postales con valor máximo de 200 dólares; así como cambios en la figura de agencia comercial contemplada en el Código de Comercio.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-rismo, algunas de las ventajas que se generarían con la entrada en vigor de este acuerdo son:I. Mayores beneficios para los consumidores: Habrá una mayor oferta de productos a mejores precios. Esta situa-ción aplica también a los empresarios locales que podrán vender productos, muchos sin impuestos de entrada al mercado más grande del mundo, y contarán también con la posibilidad de comprar maquinaria no producida en el país con 0% de arancel.

II. Crecimiento económico: Con la puesta en marcha de este acuerdo comercial se espera un crecimiento de un punto anual adicional de la economía del país y una re-ducción de dos puntos en la tasa de desempleo, en un periodo de cinco años.

III. Mayor generación de empleo: se calcula que una vez el Tratado esté en plena aplicación, abrirá el camino para la creación de 380 mil nuevos puestos de trabajo.

IV. Crecimiento de las exportaciones: se espera incre-mentar las ventas externas del país a Estados Unidos. En 2010, el 43% de las exportaciones totales de Colombia (US$16.900 millones), se dirigieron a este mercado.

V. Inversión: de acuerdo con estudios realizados, se cal-cula que el país puede incrementar la inversión extranjera norteamericana en aproximadamente un 19%, una vez el Tratado esté en vigencia.

Dentro de los principales temas objeto de negociación se encuentran los siguientes:I. Desgravación arancelaria: con la entrada en marcha del TLC se elimina el arancel para el 99% de los bienes industriales producidos en el país y para el 82% de los provenientes de Estados Unidos. En relación con algunos bienes calificados como “sensibles”, se establecieron des-gravaciones progresivas, a saber: arroz y trozos de pollo: 18 años, vehículos: 10 años y productos de hierro y acero, papel, tintas y vidrio: 5 años.

II. Protección a las inversiones: el TLC cuenta con un capítulo de inversión que cubre inversiones realizadas pre-viamente a la puesta en marcha del TLC, y que consa-gra, entre otros, estándares de protección especiales tales como los de indemnización ante expropiaciones indirec-tas, niveles mínimos de trato y aseguramiento de transfe-rencias, lo cual incrementa la protección a inversionistas de este país en Colombia o viceversa. Adicionalmente, se establece un mecanismo de solución de controversias que contiene una etapa de consultas y negociación, así como una etapa de sometimiento de la disputa a arbitraje que abre la posibilidad de llevar al Estado incumplido a un tribunal CIADI.

III. Agencia comercial: en relación con esta figura, Colom-bia deberá tomar medidas tendientes a su eliminación o a su modificación en el sentido de que los pagos al agente por terminación del contrato por parte del principal, ya sea que constituyan una suma equivalente a la porción de la comisión, regalía o utilidad recibida en virtud del contrato, sean inaplicables cuando las partes del contrato de agen-cia sean partes cubiertas por el acuerdo.

IV. Zonas Francas: en el TLC se respeta el Origen a los bienes producidos en estas áreas con tratamiento especial en materia aduanera y de impuesto a la renta.


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Además de los temas antes mencionados, el TLC incluyó más de 23 capítulos en los que si bien se acordaron te-mas generales tales como el acceso a mercados y compras públicas, también se lograron negociaciones especiales en temas de biodiversidad, comercio electrónico y comercio transfronterizo de servicios.

Finalmente, dentro de los sectores en los cuales el se es-pera el TLC tenga un impacto positivo se encuentran:I. Azúcar: en particular sobre este bien se pasó de tener una cuota de exportación de 25.000 a 75.000 toneladas por año lo cual seguramente redundará en el aumento de las exportaciones a Estados Unidos; adicionalmente, se incluyeron como bienes que ingresarán con preferencias arancelarias los correspondientes a confitería y chocola-tería.

II. Tabaco: con el TLC se pasó de tener una cuota de exportación de 3 mil toneladas a 7 mil toneladas, lo que resulta de vital importancia toda vez que esta actividad es altamente demandante de mano de obra en áreas rurales del país.

III. Biocombustibles: con el TLC se logró obtener la des-gravación total de las exportaciones de etanol y el biodie-sel, lo cual presenta una oportunidad de crecimiento para productores locales de este tipo de bienes.

IV. Textiles y confecciones: se estabiliza el ingreso de estos bienes a dicho mercado, antes otorgado temporal-mente a través del ATPDEA. Adicionalmente se aumen-tó el universo de bienes que ingresarían con preferencias arancelarias, quedando cubiertas ahora las confecciones

para el hogar, la ropa interior femenina y vestidos de baño, entre otros.

V. Servicios: este es un sector no cubierto por el ATPDEA y ahora protegido por el TLC, se espera que la exportación de servicios como los de ingeniería, salud, industria gráfi-ca, software y TIC’s, tengan un desarrollo mayor.

El TLC con Estados Unidos, no solo significa oportunida-des comerciales para los exportadores Colombianos, sino también retos en cuanto a infraestructura, oferta exporta-ble y seguridad jurídica de parte del Gobierno Colombia-no, el cual, en conjunto con el sector privado, definirán el impacto real de poder acceder al mercado más grande del mundo con un trato preferencial.

Acerca de Ernst & YoungErnst & Young es líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. A nivel mundial, somos 152.000 personas unidas por nuestros valores compartidos y nuestro firme compromiso con la calidad. Nosotros marcamos la diferencia al ayudar a nuestra gente, nuestros clientes y a las comunidades a alcanzar su potencial.

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