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“LAS CRISIS DURANTE LA FASE DE MODERNIZACION PERIFERICA” (a partir de 1976 hasta 1995)1

De “Historia de las Crisis Argentinas”, Antonio Elio Brailovsky, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 19972.

"Pero el señor Lebetzniákov, que está al tanto de las nuevas ideas, me ha dicho que la compasión está prohibida por la ciencia, y así se practica en Inglaterra, donde existe la

economía política." (Fiodor M. Dostoyevsky: "Crimen y castigo", Madrid, Aguilar, 1957.)

EL MODELO DE PAIS

La fase de desarrollo que se inicia a partir de 1976 se caracteriza por haber abandonado el proyecto de industrialización y de autarquía económica que funcionó, con grandes altibajos, a partir de la crisis de 1930. En muy poco tiempo, se reacomoda completamente el aparato productivo del país, debido a una política económica basada en bajos salarios, bajos aranceles de importación y tasas de interés inicialmente muy elevadas.

Un cambio sustancial es el que ocurrió en el rol del Estado. Se pasa de un Estado que juega importantes roles en el sistema de producción, distribución y consumo, a un Estado que abandona su rol protagónico. El Estado deja de cumplir funciones empresarias, que transfiere a las empresas privadas y también declina funciones sociales, las que simplemente dejan de cumplirse.

En efecto, durante la fase de desarrollo de sustitución de importaciones (1930-1976), la industria generaba efectos multiplicadores que permitían niveles altos de ocupación.

Y durante el período de inserción del país en la división internacional del trabajo (1860-1930), el modelo económico era lo suficientemente expansivo como para requerir del trabajo de todos y aún traer grandes masas de inmigrantes europeos. Nuevamente, los problemas principales tenían que ver con la inestabilidad social y la conciencia de que existían grandes injusticias en la distribución del ingreso.

Pero la diferencia fundamental con la fase de desarrollo posterior es que este modelo económico no necesita de toda la población del país ni tiene ninguna respuesta para los que quedan excluidos. El carácter explosivo de esta situación y sus riesgos sociales no pueden ser subestimados.

Este fenómeno se corresponde con cambios importantes en la economía internacional, en la cual la industria pierde su importancia relativa como fuente de ganancias de las grandes corporaciones frente a la actividad financiera. En esta fase de desarrollo se pasa de una política de tasas de interés reales negativas (es decir, inferiores a la inflación), a políticas de tasas fuertemente positivas, a menudo superiores a la 1 Resumen realizado por la cátedra. 2 Resumen realizado por la cátedra.

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rentabilidad industrial. También se abandonó la política de promoción industrial masiva y casi indiscriminada y se reforzaron los estímulos a los usos financieros del dinero.

Durante el gobierno militar (1976-1983) se contrajo una deuda externa elevada -superior a la capacidad de pago del país- que actuaría como limitante a las posibilidades de crecimiento económico. Esa limitante actúa por la doble vía de restar recursos a la inversión productiva y por la necesidad de acordar las políticas económicas con el Fondo Monetario Internacional.

El cambio en el modelo de país se aplicó con un enorme costo político y social. Durante la década de 1970 -y bajo el pretexto de combatir el terrorismo- varios miles de disidentes o simplemente sospechosos, obreros, estudiantes y gremialistas activos fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y fusilados sin someterlos a juicio y sin siquiera presentar cargos contra ellos3.

Los servicios de inteligencia del régimen impusieron la explicación: "Por algo habrá sido", para justificar cada uno de los crímenes cometidos por los grupos de tareas4, que se realizaban en complicidad con las autoridades. La aceptación de esa "explicación" por parte de amplios sectores de la población refleja que la dictadura constituyó una alianza de intereses, que se apoyó tanto en el terror sobre unos como en el consenso de los otros.

LA CRISIS COMO PROYECTO DE PAIS

Una crisis no es consecuencia misteriosa de las grandes fuerzas económicas, sino que ha sido parte de los objetivos de la política económica implementada a partir de marzo de 1976. Para hablar de eso tenemos que desarrollar los motivos por los cuales se abandonó la idea de industrializar el país.

Los límites del crecimiento

El primer antecedente importante de la política económica llevada a cabo por el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz5 es un librito de apariencia inofensiva, denominado "Los límites del crecimiento", el cual resume las conclusiones de un complicadísimo modelo matemático que intentó pronosticar el futuro del mundo6: el hombre ya no cabe en la Tierra, la dotación de recursos naturales del mundo es finita y escasa, y si persistimos en aumentar la producción y el consumo, estamos llevando el mundo a una catástrofe.

En el siglo XXI, el exceso de población, contaminación, presión sobre recursos agotables —como el petróleo— o recursos cuya renovación está amenazada —como el agua— entrarían en crisis. El mundo ya no podrá alimentar a tanta gente y el desequilibrio entre oferta y demanda de recursos se resolverá a través de la muerte de grandes masas de la población mundial.

3 Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (1985). “Nunca Más” EUDEBA. Buenos Aires. 4 Integrados por personas pertenecientes a diversas fuerzas (policía, ejercito) que generalmente de noche irrumpían por la fuerza en domicilios llevándose mucha gente que nunca más apareció. 5 Ministro de Economía de la primera etapa de la Dictadura. 6 Meadows y otros (1972) “Los límites del crecimiento” Fondo de Cultura Económica. México. Escrito bajo la dirección del profesor Meadows, del Instituto Tecnológico de Massachussts.

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Las conclusiones son inmediatas: o nosotros limitamos el crecimiento de la población —en forma voluntaria o compulsiva— o lo harán el hambre y la peste, al igual que en la Edad Media. La humanidad termina su etapa de expansión y comienzan los tiempos de escasez.

Estas recomendaciones afectan especialmente a los países del Tercer Mundo: no se plantea un uso o distribución más racional y equitativa de los recursos a escala mundial, sino un congelamiento del desarrollo en su situación actual. Los países pobres no podrán alcanzar nunca los niveles de consumo de los Estados Unidos.

Ahora bien, ¿por que nos interesa políticamente este informe? Porque no fue un ejercicio académico, sino una propuesta de ordenamiento de la economía mundial, efectuada por un grupo de corporaciones con suficiente poder como para intentar llevarla a la práctica.

Este primer informe levantó una oleada mundial de protestas en círculos políticos y académicos. Un grupo de especialistas argentinos, nucleados en la Fundación Bariloche, se tomó el trabajo de efectuar un modelo alternativo en el que las computadoras, cargadas con hipótesis diferentes, daban otras respuestas: el mundo aguantaba, la catástrofe podía evitarse si se producían cambios sociales y económicos de envergadura, que tendieran a racionalizar el uso de los recursos naturales y a redistribuir la riqueza. A partir de aquí, siguió una polémica en los medios académicos, con distintos modelos que tuvieron sus variantes, pero las palabras ya estaban dichas y quien quisiera recordarlas sabía que un grupo de grandes empresas multinacionales ya no consideraba rentable la expansión y estaba apostando al crecimiento cero.

El inmediato corolario es la necesidad de un Estado autoritario a escala nacional y de un régimen de control internacional sobre aquellas personas o países que se resistan a alimentarse exclusivamente de la bondad o de la sabiduría.

Pero veamos algunos de los mecanismos por los cuales se procura detener el crecimiento económico del mundo para después centrarnos en la forma en que funcionaron en nuestro país.

Un mundo cada vez más pequeño

El segundo antecedente importante de la política de Martínez de Hoz es el enorme aumento sufrido por los precios del petróleo a partir de 1973. La economía industrial del mundo se había apoyado en el supuesto implícito de considerar despreciables los costos energéticos. La civilización del automóvil fue la forma de hacer rentable un mundo de energía casi gratuita.

Desde 1973 —por la combinación de una mayor conciencia autónoma de los países exportadores y una alta cuota de poder en manos de las empresas comercializadoras—, el petróleo pasa a ser un recurso caro. Eso afecta al conjunto de los precios relativos del mundo. Un mundo que ya se encontraba alterado por una crisis monetaria de magnitud, resultado del conflicto entre el dólar norteamericano y las monedas de los demás países industrializados. Se inicia así una recesión internacional, tanto más grave ya que nadie hizo lo suficiente por evitarla o atenuarla.

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Ahora bien, antes de hablar de la crisis mundial, es necesario hablar de la expansión que la precedió. Se trata de "un gran período de expansión que vivió la economía de Occidente entre 1940 y 1973. [El mismo] se originó en la producción militar norteamericana para la Segunda Guerra Mundial, se continuó en la posguerra con la reconstrucción europea, el desarrollo industrial de los países periféricos, el rearme para la guerra fría y remató finalmente con la intervención norteamericana en Vietnam"7. A este esquema podemos agregar la carrera espacial, el auge del automóvil y las obras viales, y en los últimos años, de la automación y de los equipos de descontaminación y de control de la calidad ambiental.

En los años anteriores, el aumento de los salarios reales, la ocupación y el consumo en buena parte del mundo habían producido beneficios tales que justificaron el pago de esos mayores salarios. De a poco, los mercados solventes fueron saturándose, mientras que los demás no interesaban. Por efectos de la presión sindical y política, los salarios tendieron a crecer más rápido que la productividad del trabajo en muchos países industriales. Este es, por otra parte, un fenómeno frecuente cuando la economía está próxima al pleno empleo.

O quizás simplemente ocurrió que el bienestar material de los asalariados creció en forma más rápida que las ganancias de las grandes corporaciones. Esas ganancias comenzaron a bajar en algunos países, mientras que en otros dejaron de crecer debido a la presión redistributiva. Así, fue haciéndose más evidente que la etapa de consumos elevados y bienestar general creciente ya no era un buen negocio.

En política económica se reproduce gran escala el monetarismo. Esta corriente de pensamiento considera a la inflación como el peor y casi único de los males y recomienda su tratamiento con las conocidas estrategias de la recesión planificada. Al tradicional peso del Fondo Monetario Internacional agrega ahora el prestigio de algunos premios Nóbel de Economía que la defienden. Por ejemplo, uno de los teóricos del monetarismo, el profesor Hayek, manifestó, refiriéndose a los Estados Unidos, que "lo que necesita este país, para salir de la estanflación (estancamiento con inflación) es una auténtica y profunda depresión"8. Afirmaciones que sólo pueden provocar el desconcierto de quienes conocen la literatura económica del último siglo, orientada unánimemente a combatir las depresiones.

Porque una de las características más difíciles de aceptar de la etapa que nos ocupa es que se ha abandonado la idea de que el crecimiento económico es uno de los grandes objetivos de la humanidad. Tengamos en cuenta que el sistema de las Naciones Unidas y los organismos financieros internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial habían planteado que la situación de los más postergados iría mejorando día a día. Pero de un día para otro se dijo que eso ya no era importante y que cada uno debía hacerse cargo de su propio destino, sin que el sistema económico hiciera nada por apoyarlo, sino a menudo todo lo contrario.

El monetarismo hace a veces el elogio de la recesión, y en ocasiones niega su existencia. Mientras el número de desocupados aumentaba a razón de varios cientos de miles al mes en todos los países, el principal ideólogo del monetarismo, profesor Milton

7 Abalo, Carlos (1975) “Un análisis de la crisis monetaria”. En: Anuario del Cronista Comercial. Buenos Aires 8 En “Comercio Exterior” (1981) México

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Friedman, manifestó que "no hay recesión en el mundo", agregando que "es fácil hablar de recesión, pero es un concepto que no tiene gran significación".

La receta monetarista consistió en: combinar control de salarios con libertad de precios, restringir la cantidad de dinero y de préstamos bancarios y mantener tasas de interés muy altas.

Precisamente, una de las estrategias de la administración de Ronald Reagan9 fue forzar a casi todos los países del mundo a elevar sus tasas de interés. La manera de hacerlo fue fijar para los Estados Unidos intereses tan altos que provocarían la fuga de capitales de todos los mercados financieros del mundo, a menos que esos mercados también elevaran sus tasas10. El resultado fue el aumento de la especulación financiera y las ganancias de los financistas en todo el mundo, al precio de un encarecimiento de los créditos y de condiciones recesivas generalizadas.

Es decir, que se encarecieron dos insumos básicos para el funcionamiento de la economía mundial: el petróleo y el dinero.

Por medio de estos ataques a los puntos más vulnerables de la economía occidental, se consiguió pasar de una etapa expansiva a una etapa de contracción de la economía mundial. El objetivo de esta política, según lo explicó el presidente norteamericano Ronald Reagan en una reunión efectuada en julio de 1981 en Ottawa entre los jefes de Estado de las grandes potencias, es el siguiente: "Estados Unidos —dijo— debe retornar a un nivel de consistencia tal que los demás países puedan depender de nosotros"11.

Opinión que fue reforzada por la de Margaret Thatcher, primer ministra británica, quien agregó que "el Tercer Mundo no debe esperar nada hasta que las naciones industrializadas hayan superado sus problemas económicos"12.

En la mayor parte de los casos, la estrategia para superarlos consistió en disminuir los gastos públicos con finalidad social y aumentar los presupuestos militares.

Todo ello combinado con medidas tendientes a favorecer la concentración económica y a disminuir los salarios reales, aumentando, dentro de lo posible, el desempleo. Así, la recesión forzó la concentración del mercado: en la primera mitad de 1981 se verificaron 1.184 fusiones en empresas de Estados Unidos, es decir, un 60 por ciento más que en igual período del año anterior.

Pero mientras los países desarrollados seguían por el camino de las altas tasas de interés y el aumento de los gastos militares, es difícil pensar que pudieran superar sus problemas económicos. Sobre este aspecto, la revista Comercio Exterior de México comentó que "pese a las teorías más conocidas, no está demostrado que haya una correlación directa entre la reducción de la inflación y las políticas anti-inflacionarias.

9 Presidente de Estados Unidos 1981 y 1989 10 Bommensath, Maurice (1981) “La querelle des taux d’interet. En : Diario Le Monde 5-5-1981. París 11 En: Comercio Exterior (1981) México 12 Idem anterior

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Tampoco se puede probar la correlación de inflación con recesión, sino que, más bien, parece ser la política anti-inflacionaria la que provoca la recesión".13

Sobre el mismo tema, el economista norteamericano John Kenneth Galbraith expresó en un tono mucho menos académico que "la política monetaria trabaja en contra de la inflación solamente en la medida en que crea suficiente desempleo como para restringir los reclamos de los sindicatos y suficiente capacidad fabril desaprovechada como para que se desista de los aumentos de precios y se combatan los sindicatos". Bajo esta política —agregó— "se da la terrible tragedia de los que nunca tuvieron trabajo, o están en un lugar inapropiado, o son del sexo inapropiado, o tienen la particular desventaja de ser del color o raza inapropiados".

EL PLAN MARTINEZ DE HOZ

La historia se inicia el 2 de abril de 1976, pocos días después de que un golpe de Estado diera lugar a la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, poniendo al general Jorge Rafael Videla en la Presidencia de la Nación. Ese día, el ministro de Economía, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, pronunció un larguísimo discurso en el que afirmaba: "si tuviera que definir en pocas palabras el tipo de economía que considero debe implantarse, podría considerarla simplemente como una economía de producción". Un poco más adelante agregaba que "habrá sin duda sacrificios que realizar, pero cuando los mismos se reparten equitativamente, tales sacrificios pueden ser llevaderos".

La etapa del entusiasmo inicial venía cargada de promesas: se iba a modernizar el país, se iba a fomentar la eficiencia. Todo el mundo trabajaría más, sin que la inflación se llevara el fruto de su trabajo. No habría estrangulamientos externos porque se crearía la industria de base que el país necesitaba. El aparato financiero iba a estar al servicio de la producción y no de la especulación. El capital extranjero vendría a crear nuevas fuentes de trabajo y a aumentar la riqueza nacional, justamente ahora que el país estaba en orden y la confianza reinaba por doquier.

Así, Martínez de Hoz inicia su gestión en medio del más amplio apoyo prestado por la comunidad de negocios. La violenta actuación de la guerrilla había convencido a muchos empresarios de que lo mejor era un régimen autoritario que pusiera orden y recuperar la disciplina laboral. No todos tenían conciencia de la cantidad de vidas que iba a costar esa política.

En forma concomitante, parecía existir consenso entre los empresarios en el sentido de que bajarían los costos salariales y con ello quedarían solucionados casi todos los problemas de la industria y del comercio. Muy pocos empresarios recordaban que los asalariados eran, además, los compradores de los productos que ellos ofrecían. Casi todos pensaban que la exportación permitiría crear un mundo feliz en el cual los salarios fueran bajísimos pero las ventas crecieran indefinidamente.

Para el Día de la Industria de 1976, el diario El Cronista Comercial publicó un suplemento especial, en el que se resumían los puntos de vista oficiales sobre este país, al que el monetarismo estaba salvando del caos y la ruina. Al respecto afirmaba:

13 En: Comercio Exterior (1981) México

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"El Banco Nacional de Desarrollo seguirá ejerciendo una acción pionera en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, especialmente en el interior del país", dijo Carlos Conrado Helbling, titular de ese banco oficial. “La madurez industrial del país lo consolida como exportador de manufacturas", dijo Alberto Fraguío, secretario de Comercio Exterior. La industria anunciaba que "se aumentará la capacidad instalada". Había recuperación en siderurgia, nuevas perspectivas para la construcción y los textiles estaban convencidísimos de que exportarían camisas y pantalones a todos los mercados del mundo.

Pero si la función del artista es testimoniar las carencias, la del economista es cuantificarlas y analizarlas críticamente. El primer paso es describir los mecanismos que permitieron generar la crisis que ahora analizamos y sus efectos sobre nuestros padecimientos actuales y futuros.

El fin del mercado interno

Esta etapa se caracteriza por la incongruencia entre lo prometido y los resultados efectivos de la política económica. A medida que avanzó el tiempo y los sacrificios pedidos no hicieron más que aumentar mientras la situación económica empeoró, aquellos que creyeron en las promesas iniciales se preguntaron qué es lo que falló y como un modelo tan convincente pudo provocar resultados tan desastrosos.

Cuando esos sectores quisieron pedir explicaciones, el secretario de Comercio, Alejandro Estrada, les contestó: "Las pautas no se modificarán. Es el sistema económico el que debe adaptarse a las pautas"14. Lo que equivalía a afirmar que no se consideraba necesario el consenso para gobernar, sino que la política económica podía aplicarse aún con la oposición de la mayor parte de la población. Eso no era novedoso para la mayor parte de la población, pero sí lo era para muchos de los empresarios que habían apoyado al gobierno de facto.

Agregaremos un par de cifras significativas sobre la situación de empresarios y trabajadores. En seis años, las tasas de interés pasaron de valores del orden del 15 por ciento anual a tasas del orden del 10 por ciento mensual. Entre octubre de 1980 y septiembre de 1981, por dar un ejemplo, se cobró un interés nominal del 261,8 por ciento, lo, que, comparado con la inflación, significa una tasa de interés real del 52,9 por ciento.

No existe una sola empresa en el mundo capaz de resistir estas tasas de interés, salvo quizás los contrabandistas de armamentos del Medio Oriente, o los plantadores de marihuana de la selva colombiana. Pero los industriales argentinos, atrapados en la menos romántica aventura de la producción, no estuvieron en condiciones de hacerlo.

Paradójicamente, las empresas que menos sufrieron con esta situación son aquellas que desoyeron la invitación oficial a capitalizarse y, por consiguiente, se endeudaron lo menos posible. Ocurrió lo mismo con aquellos que prefirieron seguir trabajando con tecnologías antiguas y "obsoletas", que ocupaban una mayor proporción de mano de obra y menor proporción de capital, ya que resultaba más rentable pagar bajos salarios que altos intereses. En el sector agropecuario, los que comparativamente sufrieron

14 Revista Humor, 7/9/1981

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menos fueron los minifundistas, que como nunca habían tenido acceso al crédito, no quedaron entrampados en los mecanismos de indexación.

Durante el período de altas tasas de interés, fue muy frecuente ver productores agropecuarios que vendían el campo para poner el dinero en el Banco. Descubrieron demasiado tarde que el privilegio de vivir de rentas no estaba hecho para que ellos lo aprovecharan.

La segunda cifra significativa es la del salario real: a fines de 1981, el salario real era apenas equivalente al 21,8 por ciento de su valor en 1974. 0 sea que en siete años había perdido casi las cuatro quintas partes de su valor15 16. Y eso que en el medio hubo un cambio en la metodología del índice de precios (antes costo de vida), que sirvió para disfrazar el impacto de la indexación de los alquileres sobre salarios congelados.

Si a ello agregamos la desocupación creciente y la desaparición de las "changas" y horas extras, concluiremos que la disminución del salario de bolsillo ha sido aún mayor de lo que muestran las estadísticas. Hay quienes sostienen que los salarios estaban sobrevaluados en aquella época, pero es difícil sostener que lo estaban en esa magnitud. Es más: por más que se haya hablado del progreso del país y haya habido grandes cambios en la productividad del trabajo, lo cierto es que los salarios comenzaron a bajar con la crisis de 1949 y nunca recuperaron el nivel que habían alcanzado.

La participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 40,9 por ciento en 1970 a apenas el 31,5 por ciento en 198017. En otras palabras, que las ganancias de las empresas se llevaron en 1980 el 68,5 por ciento del producto bruto de la Argentina. Si deseáramos efectuar una comparación con otros países, vemos que en los Estados Unidos, en 1970, las ganancias de las empresas representaron sólo el 7,1 por ciento del producto bruto interno18. Sesenta y un puntos porcentuales de diferencia son el impresionante resultado de una política económica que no tuvo en cuenta a la mayor parte de los argentinos.

¿Cómo se rebajaron los salarios? Los mecanismos fueron variados y actuaron en forma concurrente. La primera herramienta fue combinar el congelamiento salarial con la liberación de precios, pero ésta fue apoyada por otras. Se modificó la legislación de contrato de trabajo para disminuir los días de descanso anual, hacer más baratos los despidos y reducir globalmente la protección jurídica al trabajador. Se intervinieron sindicatos, se les quitaron las obras sociales. Se modificó la ley de alquileres para encarecerlos al máximo, tolerándose todos los abusos por parte del propietario, tales como indexar el alquiler que debía pagar el inquilino, pero no indexar el depósito que debía devolver el propietario al fin del contrato.

La política impositiva también apuntó a castigar al trabajador, mediante la generalización del impuesto al valor agregado (IVA). Por tratarse de un impuesto al consumo, debe ser pagado por todos; por el contrario, los impuestos a los réditos, ganancias o bienes personales, sólo deben ser pagados por los que más ganan o más

15 Organización Techint (1980), “Boletín Informativo”, Nº 217, enero-marzo 16 Realidad Económica (1981) Nº 33, IADE, Buenos Aires, diciembre 17 Vilas, Carlos (1994) “Reestructuración capitalista, reforma del Estado y clase obrera en América Latina . En: Cuadernos del Sur, Nº 18, diciembre 18 Comercio Exterior (1981). Septiembre. México

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tienen. En 1970, el antecesor del IVA, el impuesto a las ventas, equivalía al 19,3 por ciento de la recaudación de la Dirección General Impositiva. En 1980, el IVA cubría el 36,6 por ciento. Al mismo tiempo se rebajó el peso de los impuestos a los ricos: ganancias y réditos bajó del 24,1 por ciento, a representar sólo el 12,6 por ciento de lo recaudado en 198019.

Nos interesa destacar cuáles fueron los bienes o servicios que pagaron este impuesto. Las facturas del gas para uso domiciliario pagaron impuesto (el IVA y otros) por valores que llegaron al 30 por ciento del consumo. Las de electricidad pagaron impuestos que alcanzaron al 35 por ciento de la luz consumida. Un buen ejemplo de la orientación de la política tributaria fue que el pan y la leche pagaron IVA, pero el oro en barras quedó desgravado.

Gran cantidad de organismos públicos fueron intervenidos y su personal separado del cargo o sometido a un régimen laboral de características excesivamente arbitrarias. En un esfuerzo por acentuar la desocupación (y disminuir, así, el precio de la fuerza de trabajo), se aplicaron leyes de prescindibilidad y se procuró la cesantía del mayor número posible de agentes públicos. En innumerables discursos se exhibieron las cifras de cesantes de cada repartición con la satisfacción del deber cumplido, como si hubiera sido precisamente ése el objetivo de la gestión.

En los hechos, la prescindibilidad no representó un ahorro para el fisco, ya que buena parte de las tareas que efectuaban los agentes cesantes fueron transferidas a contratistas privados, los que cobraron por su trabajo montos varias veces superiores a los salarios de los empleados públicos que antes realizaban esa misma tarea.

El "deme dos" y los tiempos de la plata dulce

Uno de los aspectos más terribles de la política económica ha sido sin duda el del endeudamiento. Era de 8.000 millones de dólares en 1975 y comenzó a crecer muy rápidamente a partir del año siguiente. Sólo en 1980, la deuda externa creció un 42,7 por ciento, llegando a la entonces difícilmente imaginable cifra de 30 mil millones de dólares, o 35 mil millones si se cuentan los intereses. Esa suma era algo así como la mitad del producto bruto anual de la Argentina. Hasta 1978 los intereses y servicios de esa deuda costaban unos 250 millones de dólares anuales, pero desde 1981 fue necesario pagar unos 4.000 millones por año20.

¿Cómo se llegó a esa situación? Diremos que fue a partir de una política económica que postulaba que lo mejor que podía ocurrirle al país era recibir muchos préstamos del exterior, aunque no supiera cómo devolverlos ni en qué utilizarlos. En efecto, a principios de la década del '70 se criticó en los medios académicos internacionales la política del Brasil, de endeudarse excesivamente en el exterior. Pero ese endeudamiento tenía por lo menos la contrapartida de los dólares aplicados al crecimiento industrial. Con una política aparentemente similar, Brasil salió con una industria fortalecida y la Argentina con una estructura industrial en franco retroceso.

19 FIDE (1981) , Nº 36, agosto, D 20 Prensa Económica (1981), año VII, Nº 74, agosto

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A partir de 1978, y con las reservas internacionales en alza, la Argentina comenzó a pedir préstamos a la banca privada internacional para no usarlos. Se obtenían divisas pagando por ellas los intereses más altos del mundo —porque la Argentina aparecía como un área de riesgo financiero, por su alto grado de endeudamiento— y se volvían a depositar, a un interés menor, en los mismos bancos que las habían prestado. Y lo que en una medida menor era una operación financiera usual, adquirió las proporciones de la desmesura. Se regalaron millones de dólares en intereses pagados a los bancos internacionales por préstamos que el país no utilizó para nada. En ningún momento se proporcionó una explicación que justificara esta conducta.

Esta política se complementó con la rebaja de aranceles aduaneros, efectuada con el propósito de fomentar la eficiencia industrial y restringir el alza de precios. En promedio, se bajaron los aranceles a la mitad y se programaron rebajas posteriores que debían dejarlos para 1984 en la cuarta parte de sus valores de 197621. La rebaja arancelaria se combinó con la sobrevaluación del peso, lo que acentuó aún más sus efectos.

Por imperativo de la libertad de comercio —dirigida mediante la fijación oficial del valor del dólar—, resultó más barato importar que producir, veranear en Brasil o en España que en Córdoba o Mar del Plata. Así, en 1979, las importaciones crecieron un 46,5 por ciento y en 1980 aumentaron otro 41,5 por ciento. De importar insumos, necesarios por la falta de una adecuada industria de base, el país pasó a importar bienes de consumo prescindibles: grabadores de Taiwan, juguetes de Hong-Kong, quesos de Holanda, carnes del Uruguay, galletitas de Alemania Federal, jamones de Suecia, arvejas del Canadá, tomates de España. El abaratamiento de los viajes al exterior posibilitó que muchas personas fueran a Miami para traer al país esos mismos productos en vez de comprarlos aquí. Se generalizan los "tours de compras" al exterior. Los argentinos se hacen famosos en todo el mundo por preguntar el precio de lo que fuera y después decir: "deme dos".

Esto representó una enorme sorpresa para una sociedad que estaba habituada a consumir exclusivamente productos que llevaban el cartelito de "industria argentina". El tener acceso a vistosos productos y paisajes antes desconocidos o solamente vistos a través del cine y la televisión, creó una sensación de euforia económica, que el lenguaje popular calificó como de "plata dulce".

Desde el punto de vista político, significó que el gobierno militar estaba ofreciendo una alternativa para canalizar las tensiones que había generado su propia política del terror. En una sociedad en la que se seguía fusilando gente en las calles, los nuevos consumos permitían crear una sensación de distracción y alivio.

Se pretendió que la industria argentina tenía que ser tan eficiente como para poder competir en condiciones ventajosas con todos los productos que se fabricaran en el mundo, los que, además, ingresaban a la Argentina con un doble subsidio: el de su propio gobierno —otorgado en todo el mundo a las exportaciones— y el que le proporcionaba nuestro país, al mantener artificialmente sobrevaluado el peso.

21 Abalo, Carlos (1981) “Argentina 1976-1981 (1º parte) ” . En: Comercio Exterior, junio. México.

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Si a ello se agrega que la industria argentina debía arreglárselas para hacer frente a las tasas de interés más altas del mundo y que la reducción del mercado interno aumentaba sus costos fijos —al tener que mantener una enorme capacidad ociosa— nos parece que la exigencia fue desmesurada.

Paradójicamente, en el mismo momento que la Argentina iniciaba sus rebajas masivas de aranceles —esas que habían de transformar la fisonomía de la calle Florida—, los industriales norteamericanos se dirigían al gobierno de su país pidiendo mayor protección frente a los artículos electrónicos que llegaban de Extremo Oriente a precios de dumping22. En ésta, como en tantas otras ramas industriales, se pretendió que la industria argentina tuviera una mayor capacidad de defensa que la industria norteamericana.

Algo similar ocurrió con las inversiones del exterior. Desde el primer momento se manifestó que era indispensable contar con el concurso del capital extranjero. No se discutió este aporte en términos de una relación entre costos y beneficios (es decir, cuánto le cuestan al país las concesiones que se hacen al inversor extranjero y cuánto se obtiene a cambio). Por el contrario, se procedió con la idea de que no había que escatimar gastos en este aspecto y que todo lo que se diera era poco en comparación con los inmensos beneficios que se obtendrían.

Una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo señala que "según la opinión de expertos en el tema de las inversiones extranjeras en América Latina, la legislación existente en Argentina está entre las que ofrecen mayor atracción al inversionista de otros países"23.

Esta legislación estableció dos principios esenciales:

1) Todas las áreas de la actividad económica están abiertas al inversor extranjero; y 2) Se asegura a quien registre su inversión la repatriación del capital y la remesa de

utilidades, aun en períodos durante los cuales se aplique el control de cambios24

Por otra parte, la legislación admite como inversión extranjera, no sólo el aporte de capital para formar una nueva empresa o ampliar otras extranjeras existentes, sino también para comprar empresas argentinas. De este modo, la desnacionalización de empresas es una actividad que recibió todos los beneficios de la ley.

Pero como estas leyes establecieron que las empresas extranjeras podían recibir créditos en igualdad de condiciones que las locales, ni siquiera necesitaron traer al país el dinero que se supone invertían. Les bastó con pedir préstamos a los bancos argentinos para levantar empresas extranjeras (o extranjerizar empresas locales), totalmente financiadas con el ahorro nacional, y con derecho a repatriar capital y utilidades en cualquier momento.

Esto, que hoy nos parece habitual, resultó escandaloso en ese momento, cuando aún se pretendía que la Argentina tuviera una importante actividad industrial de capitales

22 Cámara argentina de la industria electrónica (CADIE) (1978) . “Primer simposio de la industria electrónica argentina”. Buenos Aires 23 INTAL (1981) “Integración Latinoamericana” , Nº 59, julio. Buenos Aires 24 Leyes nacionales Nº 21.382 y Nº 22.208

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nacionales. Precisamente, el abandono del proyecto de industrialización autárquica se realiza a partir de estas leyes del gobierno de facto. Lo que vendrá después se apoyará ideológicamente en ellas.

La aplicación de este principio, según el cual hay que facilitar la salida del capital extranjero para que éste entre al país, se combinó en la práctica con la profunda recesión provocada por esta misma política económica. Con lo cual el capital extranjero obtuvo grandes facilidades legales para salir del país, pero ningún incentivo económico para quedarse.

Un optimista anuncio de la Secretaría de Inversiones Extranjeras25 decía que entre 1977 y 1980 las inversiones extranjeras habían alcanzado los 1.643 millones de dólares, cifra que —además de haberse juntado cuatro años para hacerla parecer un poco más abultada— debería en rigor, compararse con las divisas que el país perdió gracias a las inversiones extranjeras a las que tanto benefició.

Estas cifras pueden obtenerse de las memorias anuales del Banco Central y en ellas se puede ver el crecimiento de la fuga de capitales: 679,2 millones de dólares en 1976; 871 millones en 1977; 1.354,2 millones en 1978 y 2.184,3 millones de dólares en 197926 . Plata que se fue por desinversiones declaradas (la mayor parte no se declaran), utilidades, dividendos, intereses, regalías, comisiones, honorarios, sueldos, etc. Totaliza 5.088,7 millones de dólares. Es decir que el país recibió inversiones extranjeras por 1.643 millones de dólares y perdió por ese mismo concepto 5.088,7 millones, tres veces más, y eso que en el cálculo de egresos no se alcanzó a computar las cifras de 1980.

De hecho, lo único que esta política ha estimulado fue la fuga de capitales al exterior, por dos vías concurrentes. Primero, porque a nadie que tuviera algo de dinero podía ocurrírsele la peregrina idea de invertirlo en ese momento en la Argentina. Y segundo, porque con el dólar tan barato, era buen negocio comprarse una buena cantidad de dólares (que se vendieron libremente, por aplicación de esos principios de libertad de mercados) y reinvertirlos en casi cualquier cosa, mientras esa cosa estuviera en otro país. Así, se calcula que a mediados de 1981 había inversiones argentinas en el exterior por valor de 30 mil millones de dólares27.

Sintetizando: si sumamos el aumento de la deuda externa (27 mil millones de dólares), las inversiones de argentinos en el exterior (30 mil millones) y lo girado por los inversores externos a sus respectivas casas matrices (5 mil millones), nos encontramos, dólar más, dólar menos, con todo el producto bruto anual de la Argentina de ese momento. Y eso que no pusimos en la cuenta toda la chatarra electrónica que llegó de Taiwan durante este período, que hubo que pagar, como también hubo que pagar todas las importaciones efectuadas con sobreprecio para transferir ganancias al exterior sin pagar impuestos.

Con razón señala Ferrer que "a partir de aquí hay que aceptar que la Argentina es un país en una situación muy semejante a la de aquellos salidos de la guerra de 1945"28. Sin embargo, lo que vendría después sería infinitamente peor, ya que la sociedad

25 INTAL “Integración latinoamericana”, Nº 59, op. Cit. 26 Banco Central de la República Argentina. “Memorias”, (1976-1977-1978-1979) 27 Abalo, Carlos “Argentina” op. cit. 28 Ferrer, Aldo (1981) “Los economistas ante la crisis” En: Realidad Económica, Nº 33. IADE, octubre-diciembre. Buenos Aires.

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argentina olvidaría que alguna vez tuvo un país industrial, con un alto nivel de ocupación y una economía en crecimiento.

Un Estado caro y desmantelado ¿En qué se gastó tanta plata?

En los años del gobierno militar, la expansión del gasto público fue un fenómeno paralelo a la caída de la producción industrial. En realidad, ambos no son necesariamente incompatibles, a pesar de la abundante literatura liberal en contrario. En la mayor parte del mundo —y en buena parte de la historia argentina— el Estado efectuó inversiones en aquellos rubros que el sector privado no puede afrontar, facilitando así su desarrollo. Sin embargo, la experiencia reciente de los argentinos fue ver al Estado más como una carga que como un apoyo. De hecho la presión tributaria aumentó continuamente desde 1975.

Paradójicamente, la mayor presión tributaria de la historia argentina fue el resultado de la gestión de un equipo económico que negaba ser estatista y que propiciaba la reducción del aparato oficial. Y si fueran a analizarse algunas medidas en forma aislada, pareciera que el gasto público debiera haberse reducido, al menos en la misma proporción que se redujeron los servicios que el Estado prestó a la comunidad29 .

Por de pronto, se transfirieron las escuelas y los hospitales a las provincias, a las que, simultáneamente, se les redujo el aporte del Tesoro. El resultado fue en muchos casos un empeoramiento de las prestaciones efectuadas a la población, ya que no todas las provincias tuvieron los recursos suficientes para atenderlos.

También se congelaron los subsidios oficiales a las empresas públicas, las que debieron elevar sus tarifas hasta llevarlas en muchos casos, más allá de lo soportable por una población empobrecida. Como consecuencia de ello, se retiraron los medidores de luz a numerosas familias que no se encontraban en condiciones de pagar las nuevas tarifas. Solamente en Salta se cortó la electricidad a cuatro mil quinientas familias.

Los empleados públicos, por su parte, vieron drásticamente reducido su salario real, lo que hizo que el país perdiera valiosos equipos de profesionales y científicos —cuya formación había costado mucho en su momento— que emigraron, atraídos por los mejores sueldos que se pagan en casi cualquier país del mundo. Justificando esos ahorros, el ministro de Salud Pública, brigadier Amílcar Argüelles, afirmó que existía un "despilfarro de recursos en personas y elementos que se dedican a investigar temas que carecen de verdadera prioridad". Se refería, no necesitamos aclararlo, a los estudios efectuados en ciencias sociales, los que mostraban una dramática realidad que no se deseaba conocer ni corregir. De todas maneras, en 1981, los salarios no representaron más de la tercera parte de los gastos corrientes del Estado30.

Y ante este panorama de enormes sacrificios exigidos al conjunto de la población en pro de la reducción del gasto público, cabe preguntarse por qué ese gasto continuó aumentando. ¿En qué gastó tanto dinero el Estado?

29 Brailovsky, Antonio (1981) “Un análisis de esta crisis”. En: FAIMA, anuario. Buenos Aires 30 Prensa Económica. op. cit

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Por una parte, se efectuaron mayores gastos militares, cuyo crecimiento se aceleró bajo la presión de un posible conflicto con Chile y en la preparación de la trágica aventura de Malvinas. Durante 1980, la Argentina invirtió 54 dólares per capita en comprar armamentos, contra 54 dólares en educación y 43 dólares por habitante en salud pública. Por su parte, el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray estimo que los gastos efectuados por el conflicto con Chile oscilaron entre los 3.500 a 4.500 millones de dólares31.

En segundo lugar, se gastó en obras públicas innecesarias, de las cuales el ejemplo más patético fueron las autopistas urbanas. Cuando se anunció su construcción, todos los especialistas en el tema se pronunciaron en contrario, recomendando alternativas más racionales, tales como la prolongación de la red de subterráneos. A pesar de ello fueron construidas y permanecieron vacías durante años, con un escasísimo número de usuarios, mientras el Estado pagaba, mediante avales, el peaje que correspondía a los usuarios teóricos, esos que figuraban en las planillas previas a la obra pero que no usaron nunca la autopista. Ya que el Estado había avalado los créditos para hacer las autopistas, las empresas constructoras se desligaron de la obligación de devolverlos. Durante largos años -más allá de la dictadura-, el Estado siguió pagando por los préstamos otorgados para hacer unas autopistas que no se necesitaban.

También se gastaron 800 millones de dólares en la realización de un campeonato mundial de fútbol. Se instaló la televisión en colores y se construyó un lujoso edificio para ATC, ubicado exactamente enfrente del proyectado para la Biblioteca Nacional, cuya construcción se suspendió por razones de economía.

Se pagaron cuantiosas indemnizaciones a empresas multinacionales con las que el Estado tenía controversias pendientes. En todos los casos se otorgó la razón a las empresas y el Estado se manifestó dispuesto a pagar lo que hiciera falta para solucionar el diferendo.

Además, se gastó dinero en sobreprecios originados en sobornos. Según la revista TIME, la Argentina figuraría entre los grandes receptores de sobornos, "los que fluctuarían entre un 10 y un 20 por ciento de sobreprecio en los contratos". Aclaramos que la existencia de estos sobornos era escandalosa para ese momento. En la actualidad, consideraríamos que un 10 por ciento del contrato es una tasa de soborno muy moderada.

Pero aún computando todos estos rubros, y calculándolos con mucha amplitud, las cifras no nos cierran. Volvemos a preguntarnos, entonces, ¿en qué gastó tanto dinero el Estado?

En un país lleno de paradojas, la respuesta no puede dejar de ser inverosímil: el Estado usó el dinero de los contribuyentes para pagar intereses. Es decir, intereses de intereses de intereses, producto de un endeudamiento gigantesco, desmesurado, sometido a la pulcra indexación de los tiempos que corrían.

31 Diario La Nación 17-10-1981

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Veamos algunas cifras de ese endeudamiento32:

En 1980, la inversión de las empresas públicas se financió en un 90 por ciento con endeudamiento. A diciembre de 1980 esa deuda era de 11.000 millones de dólares.

Solamente en el primer semestre de 1981, YPF aumentó sus deudas a un ritmo de 2 millones y medio de dólares por día. El titular de esa empresa estatal, general Guillermo Suárez Mason, afirmó que desde 1978 YPF fue endeudándose peligrosamente, "no por propia voluntad sino por decisiones de política económica”.

En el período enero-julio de 1982, el pago de deudas internas del Estado representó el 40,5 por ciento del déficit de Tesorería. O sea, que casi la mitad del déficit se fue en devolver préstamos y en pagar intereses.

¿Cómo se llegó a esto?

La historia se parece un poco a esas profecías vueltas al revés de algunos cuentos orientales, en las que el protagonista queda atado por sus propias palabras, sin poder librarse de sus efectos inesperados.

Se afirmó que la emisión monetaria era perjudicial por sus efectos inflacionarios, lo cual es rigurosamente cierto. En consecuencia, se buscó una forma distinta de la emisión para cubrir el déficit fiscal. Así, gracias a la imaginación técnica del monetarismo, los argentinos descubrimos que la maquinita de fabricar billetes no era la peor de las alternativas posibles.

Se decidió sustituir la emisión por el endeudamiento, lo que no significaba solucionar el problema del déficit sino simplemente postergarlo, o, en el mejor de los casos, cargárselo al gobierno siguiente. Se cubrió el déficit con préstamos en vez de nuevos billetes. Estos créditos tenían una importante ventaja política: por esas maravillas de la contabilidad, aparecían computados bajo el prestigioso título de "ingresos de capital", en lugar de figurar con el antipático nombre de "déficit".

Es decir, disminuía el desequilibrio contable, aumentaban los ingresos contables, las finanzas públicas parecían ir bien, cuando en realidad el gobierno se estaba endeudando más allá de su capacidad de pago.

La respuesta gubernamental fue intentar hacer crecer aún más la presión tributaria con mayores tasas, mayores controles, mayores penalidades a los evasores y otras medidas similares, todas de probados efectos recesivos. A ello apuntan proyectos tales como el que calificaba de delito la incitación a no pagar impuestos, figura jurídica tan arcaica como que fue una de las acusaciones lanzadas por los fariseos contra Jesús. Esta vez fue dirigida a impedir la protesta de las organizaciones empresarias, que llamaron a boicotear los aumentos en los tributos.

Los hiper-intereses

32 FIDE Nº 38. op.cit.

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Hemos visto cómo se pasó de salvar al país de la hiperinflación a una política monetaria basada en los intereses más altos del mundo, llamados los hiperintereses desde el primer momento. Nos interesa analizar cómo se generaron los mecanismos que mantuvieron altas las tasas de interés.

Aquí entra en acción una herramienta clave de la reforma monetaria efectuada por Martínez de Hoz: la cuenta de regulación monetaria. Esta cuenta procura compatibilizar dos objetivos en apariencia antagónicos. El primero de ellos es el mantenimiento de una alta rentabilidad para el sector bancario. El segundo es que dicha rentabilidad pueda lograrse en condiciones de fuerte restricción crediticia, necesarias para mantener indefinidamente la recesión.

Ahora bien: ¿cómo se hace para que los bancos ganen dinero sin haberlo prestado antes? Lo primero que se hizo fue posibilitar que le prestaran dinero al Estado, que apareció pidiendo plata y dispuesto a pagar unos intereses altísimos, que mantuvieron elevadas las tasas. Se argumentó que el Banco Central prefería que los intereses estuvieran altos para que el público depositara la plata en los bancos y no comprara dólares, como si fuera tan difícil prohibir directamente la especulación con dólares.

Y como todo esto no fue suficiente, aquí aparece la cuenta de regulación monetaria. La imaginación monetarista creó un subsidio a los bancos para que no presten una parte importante del dinero qué reciben, a fin de mantener deprimido el mercado interno. Se obligó a los bancos a mantener en reserva una proporción importante del dinero que recibían como depósito.

Como no lo podían prestar —y al no poderlo prestar, se perdían de ganar intereses— el Banco Central les pagaba intereses como si se lo prestaran al Estado. Solamente que les pagaba interés para que tuvieran la plata inmovilizada, sin hacer nada con ella, únicamente para mantener las condiciones recesivas de falta de créditos y de tasas de interés elevadas.

Con lo cual, el Banco Central no emitió moneda para pagar los gastos del gobierno —que servían a toda la comunidad—, pero sí la emitió alegremente para regalársela a los banqueros, para que éstos no prestaran todo el dinero que hubieran podido prestar. Al igual que en la década del '30, el Banco Central volvió a actuar como una junta reguladora del dinero, es decir, como una herramienta para la destrucción programada de riqueza.

De este modo, no sorprende enterarse que la única actividad que se expandió durante este período fueron las finanzas. Entre 1974 y mediados de 1980, el conjunto de sectores productores de mercancías había crecido apenas un 3,2 por ciento. En ese mismo tiempo, los servicios financieros crecieron un 35,4 por ciento33 y lo hicieron a costa de la industria, del comercio y del agro.

La crisis se profundiza

La profundización de la crisis lleva a pasar de la etapa del desconcierto a la del pánico, cuando sus consecuencias superan los pronósticos más pesimistas. Como en el '30, los

33 Abalo, Carlos “Un análisis de la crisis monetaria”, op.cit

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diarios recogen testimonios de la catástrofe, en los que todavía predomina la sorpresa por la profundidad de sus efectos.

Los primeros indicios del pánico se refieren al estado en que se encuentra el aparato productivo. En julio de 1981, la industria opera con una capacidad ociosa del 50 por ciento; es decir, produce la mitad de lo que podría producir con las instalaciones que tiene 34. El producto bruto por habitante vuelve a los niveles de 1970: se ha cumplido una década de sacrificios inútiles.

La industria se achica. Entre 1975 y 1980, 437.000 operarios perdieron su puesto en la industria. En el primer trimestre de 1981 se les sumaron otros 89.000. Entre el primer trimestre de 1975 y su equivalente de 1981 se produce una baja del 30 por ciento "sobre el total de horas-hombre aplicadas en el país al trabajo fabril".

Solamente en la industria metalúrgica cerraron 200 establecimientos en ese período. Este gremio ocupa 100.000 personas menos. La desocupación avanza: una estimación moderada habla de 1.478.000 desocupados absolutos a mediados de 198135. Los cálculos que incluyen diversas formas de subocupación bordean los cuatro millones de personas.

Al mismo tiempo, comienzan a hacerse explícitas las consecuencias sociales de la crisis, en la medida que los afectados comprenden que el suyo no es un problema individual, sino que afecta al país en su conjunto. Paradojas del país de las vacas y el trigo: aparecen ollas populares en Florencio Varela, mientras que en Tandil, al amparo de una vieja ley originada en crisis anteriores, vecinos anónimos faenan vacunos y dejan colgados los cueros sobre el alambrado, para no ser acusados de cuatrerismo.

En 1980, la deficiente alimentación determina que 65.000 de cada 600.000 niños nacidos vivos resulten precariamente pertrechados para afrontar los primeros meses y aun los primeros años de la vida. El 20 por ciento de ellos morirá antes de cumplir un año. Este sombrío panorama se agrava en algunas provincias: en Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, la desnutrición afecta al 80 por ciento de la población. El radical Luis León describe el panorama nacional diciendo: "Todo es desintegración, quiebra, industrias paradas, producción frustrada y salarios de miseria".

En el año 1981 se desencadenó el pánico. Durante ese año, el conjunto de la opinión pública del país comenzó a expresar, en un tono cada vez más alto, su rechazo por una política económica que había provocado efectos tan desastrosos. La respuesta de los sectores oficiales consistió en esquivar el pánico antes que en darle respuestas. Así pasó, pendularmente, por dos grandes líneas argumentales. Por una parte, se afirmó que la crisis era un fenómeno sin importancia, que pronto pasaría. Por otra parte, en algunos casos se describieron sus efectos sin mencionar sus causas, como si fuera una especie de catástrofe natural, independiente de la obra humana consciente. En ambos casos, la actitud gubernamental fue de distracción, en la medida que ninguna de las respuestas apuntaba a modificar la política económica.

En síntesis, el gobierno militar afirma que se trata de una crisis larga pero coyuntural, que está mejorando pero que al mismo tiempo es la peor del siglo, sin que por eso haya

34 Instituto de Economía Universidad Argentina de la Empresa (1981). “Utilización de la capacidad instalada”. Buenos Aires. 35 FIDE, Nº 38, op. cit.

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que alarmarse demasiado. Estas contradicciones entre los más altos funcionarios del país revelan la falta de interés por una política coherente de reactivación del aparato productivo.

La receta es más de lo mismo

Durante 1981, entidades gremiales, políticas, profesionales, culturales, etc., representantes de una proporción abrumadoramente mayoritaria de la sociedad argentina, coincidieron en atribuir la culpa de la crisis a la política económica implementada a partir de 1976. Y como, después que se ha hallado al culpable, lo que lógicamente parece corresponder es castigar a un inocente, se decide castigar al conjunto de los argentinos. El instrumento usado para ese castigo es la continuación de la misma política económica que desmanteló el aparato productivo del país.

El primer indicio fue un reportaje al doctor Roberto T. Alemann, cuando todavía era candidato extraoficial a ocupar el ministerio de Economía. A mediados de 1981, es decir cuando el salario real andaba por la cuarta parte de su valor unos años atrás, Alemann explicó que no era cierto que el peso hubiera estado sobrevaluado durante la gestión de Martínez de Hoz. No. Lo que pasaba era que los salarios eran muy altos. "Es una sobrevaluación de los salarios internos —dijo—, que es lo que ocurría a principios de este año: eran los altos salarios los que compraban productos importados; eran los altos salarios los que impedían que se exportara; eran los altos salarios los que financiaban loa viajes al exterior"36. De aquí se desprende la cantidad de problemas que pueden solucionarse con el sencillo expediente de disminuir los salarios.

Muy pronto aparecerán otros problemas que también pueden solucionarse con esta original panacea. Así, se congelan los salarios de los empleados públicos para que el Estado no necesite distraer fondos de su verdadera función social, que es el pago de intereses a los banqueros.

Para aumentar los recursos del fisco, se aumentan las tasas del impuesto al valor agregado que gravan alimentos y medicamentos37, lo que representa algún avance sobre los criterios del presidente Avellaneda, quien en 1876 estaba dispuesto a ahorrar solamente sobre el hambre y la sed de los argentinos.

Otra de las paradojas de la política económica argentina de este período es que durante treinta años se pidieron (a veces en forma continuada, a veces muy frecuentemente) sacrificios a la población para poder aumentar las inversiones. Con este objetivo, se comprimió el consumo y se redujeron los salarios a niveles difícilmente imaginables para quien hubiera conocido el país de las vacas gordas. Hemos visto que esta estrategia no logró gran cosa en materia de aumento de las inversiones, pero en cambio consiguió achicar el país. Y una vez achicado el país, un ministro de Economía del gobierno de facto afirmó que "la tasa de inversión de los últimos años fue muy elevada para la capacidad del país"38. Con lo cual, simplemente, no se entiende nada.

Y una paradoja más, que también lleva al castigo de un inocente, es lo ocurrido con las empresas del Estado. Se argumentó que el país andaba mal porque el déficit fiscal era 36 Prensa Económica, año VII, op. cit 37 Diario Clarín, 22/01/1982 38 Brailovsky, A. “El país del Centenario...”, op. cit

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muy elevado, y que lo que hacía que el déficit fuera tan grande eran los aportes del Tesoro a las empresas públicas. Se agregó entonces que esto ocurría porque el Estado era siempre un mal administrador y que si esas empresas fueran privadas, ya no darían déficit y dejarían de ser una carga para todo el mundo.

Sin embargo, las cifras sugieren que las empresas públicas fueron ineficientes cuando estuvieron administradas por funcionarios encargados de demostrar su ineficiencia, vaciándolas deliberadamente. Un informe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), efectuado a principios del gobierno militar, y destinado a demostrar lo desastrosas que fueron para la economía argentina las empresas del Estado, ofrece cifras que demuestran exactamente lo contrario. Por ejemplo, que en 1975 las empresas públicas invirtieron el 68 por ciento de sus ingresos, mientras que la tasa de inversión de la economía argentina en su conjunto era del 20,9 por ciento. O que entre 1965 y 1975 la productividad por persona ocupada de esas empresas había aumentado un 27,9 por ciento. El resto de los indicadores son también favorables y muestran que la economía de las empresas estatales, antes de la llegada de los militares al poder, era más eficiente que el promedio de la economía argentina. Al no poder rebatir las mismas cifras que estaba suministrando, el informe de FIEL sostuvo que eso reflejaba el grado de "socialización" de la economía argentina39 40.

Ofrecidos en pública subasta, nadie quiso comprar los ferrocarriles ni los teléfonos, por lo cual el ministro de Economía explicó que iba a privatizar las que pudiera y que "comenzaremos con las rentables". Es decir, que se decidió castigar con la privatización a aquellas empresas del Estado que habían actuado con mayor eficiencia y que en lugar de pedir dinero al Tesoro estaban en condiciones de aportarle fondos. Con lo cual es obvio que el déficit no podía disminuir, sino que era previsible que aumentara.

Un castigo adicional es el referido al endeudamiento externo. La opinión del doctor Alemann —cuando aún era candidato a ser el ministro de Economía del general Galtieri— fue la siguiente: "Lo que hay que hacer es negociar abiertamente con los acreedores. Seguramente todos van a aceptar la reestructuración de la deuda. Eso sí, tenemos que aceptar pagar tasas de interés más altas" 41. ¿Es necesario agregar que él mismo era representante de un banco suizo, acreedor de la Argentina?

Al igual que en 1890, la Argentina ofrece antes que sus acreedores pidan. ¿Es que la historia gira en redondo y el último siglo ha transcurrido inútilmente?

La sociedad expresa su protesta

En algún momento, el pánico se transforma en hostilidad. Una diferencia importante con respecto a la crisis de 1930 es que en este caso se atribuyen responsabilidades. La crisis deja de ser una catástrofe natural y es asumida colectivamente como obra humana. Como tal, tiene sus culpables y la sociedad lo manifiesta, a pesar del clima represivo que caracterizó a esa dictadura.

39 Consejo Empresario Argentino: "Las empresas públicas en la economía argentina", Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), diciembre de 1976. 40 Brailovsky, Antonio Elio: "¿Son o no eficientes las empresas del Estado?",en Realidad Económica N°28, Buenos Aires, julio-septiembre de 1977. 41 Diario Clarín, 13/01/1982

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El reclamo social alcanza una intensidad tal, que hay buenos motivos para considerarlo como un antecedente de la ocupación de las Malvinas, entendida como una forma de distraer a la población de sus problemas económicos y generar algún apoyo para un gobierno unánimemente rechazado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó: “asistimos al dantesco espectáculo de ver maquinarias modernas y obsoletas oxidándose por el desuso, mientras alrededor de esas mismas fábricas aumentan la desocupación, la miseria, la marginalidad y la mortalidad infantil. El pretendido efectivamente se llevó a cabo, aunque no precisamente para modernizar al país, sino para atrasarlo, debilitarlo y entregarlo inerme y postrado a los imperios de turno"42.

Raúl Prebisch, califica de "aberraciones" a las principales estrategias que aplicó el monetarismo en nuestro país. Tales aberraciones son las siguientes43:

• La elevación de las tasas de interés y el aperturismo financiero: Esta técnica, dice Prebisch, "trae como consecuencia otro fenómeno impresionante de hipetrofia, que ya no es del Estado, sino del aparato bancario, financiero y especulativo. Gracias a aquellas ganancias, los grupos favorecidos adquieren una poderosa gravitación en el Estado autoritario, tan poderosa que prevalece sobre el desconcierto de quienes se ven perjudicados en sus intereses".

• La sobrevaluación monetaria: "No puede ser más contraproducente esta política, por donde se la mire. Pretende atenuar la inflación —agrega— con el aumento del ritmo de importaciones y el debilitamiento de las exportaciones, en desmedro del ritmo de la producción".

• El aperturismo comercial: "Por donde se mire, se trata de una política extraviada", y agrega que con esta política, la industria "sólo podrá sobrevivir si se comprimen más y más las remuneraciones de la fuerza de trabajo a fin de llegar a un mínimo de rentabilidad. ¡Libre juego de las fuerzas del mercado y remuneraciones fuertemente reguladas!"

Ante este aluvión de críticas, la respuesta del doctor Martínez de Hoz fue la siguiente: "Con independencia de una cuantificación de las metas alcanzadas —dice en su libro—, consideramos que ha sido de gran importancia el cambio cualitativo que se ha logrado en el pensamiento y la opinión de la ciudadanía"44. Y esto es rigurosamente cierto. Porque unos años atrás los argentinos estaban profundamente divididos en innúmeras fracciones irreconciliables. Martínez de Hoz consiguió unificar, en contra suya, el pensamiento y la opinión de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, el rechazo unánime que esta política provocó hizo que no bastaran las guerras "patrióticas" para sostener la política económica de la dictadura. Se hizo necesaria una salida electoral para que los gobiernos tuvieran un mayor grado de consenso. Y así como acabamos de historiar el rechazo social al modelo neoliberal, en los próximos apartados vamos a analizar la aceptación social del mismo modelo.

42 Diario Clarín, 30/12/1981 43 Prebisch, R. “Capitalismo periférico: crisis y transformación”, México, Fondo de Cultura Económica, 1981. 44 Martínez de Hoz, J. “Bases para una argentina moderna: 1976-1980”. Buenos Aires, 1981

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LAS CRISIS EN EL GOBIERNO DE ALFONSIN

No vamos a pagar la deuda externa

Las decisiones tomadas a propósito de la deuda externa son especialmente sugestivas. El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) había prometido que no reconocería la mitad de la deuda externa, pero terminó estatizando todas las deudas contraídas por las empresas privadas. ¿De veras necesitaba hacerlo?

Desde un punto de vista técnico, no parecía haber razones suficientes, pero quizás no haya tenido otra alternativa desde el punto de vista político. Cuando se empieza a hacer algunas concesiones, se termina haciéndolas todas.

La historia es que el gobierno decidió que las deudas privadas con el exterior iban a ser en adelante deudas del Estado argentino, y emitió algunos bonos para documentar ese traspaso. Es decir, que el Estado se hizo cargo de todas las deudas en dólares y las cambió a las empresas por deudas en pesos. ¿Para qué sirvió esto? Para mezclar y confundir todas las deudas entre sí. A partir de esa medida, ya no fue posible distinguir la deuda legítima de la deuda ilegítima, porque se le había perdido el rastro a unas y a otras. Un ideólogo francés del neoliberalismo califica a la masiva fuga de capitales de comienza de la década del 80 como “la estafa del siglo”45.Vale la pena recordar que todas las propuestas de suspender el pago de la deuda externa fueron cayendo en el olvido.

El planteo va más allá de la discusión sobre la legitimidad de la deuda. Una transferencia de ingresos tan formidable a cambio de nada no puede ser calificada como un hecho económico. Se trató, definitivamente, de un hecho político: la deuda externa, más que una operación financiera, toma la forma de un tributo imperial.

Si bien el radicalismo tenía una tradición importante en fortalecer el rol económico del Estado, el gobierno de Alfonsín inicia una serie de privatizaciones, muchas de las cuales fallan, pero indican el cambio de rumbo. El motivo de varios de estos fracasos, es el rechazo de los legisladores peronistas a aprobar las leyes correspondientes, que sólo votarán cuando las proponga un Presidente de su propio partido. A pesar de ello, Alfonsín llega a privatizar la compañía aérea Austral46.

La historia del gobierno de Alfonsín es la de la continua lucha entre el deseo de un cambio y las posibilidades que daba la correlación de fuerzas para realizar ese cambio. Desde la soledad de su despacho, el Presidente lanzaba las voces de orden de la transformación, convencido de que la sociedad las seguiría: limitaciones al pago de la deuda externa, cambio de moneda, reforma constitucional, traslado de la capital, juicio a los militares involucrados en violaciones de los derechos humanos.

En cada uno de los casos, la realidad del poder fue limitando sus aspiraciones o haciéndolas fracasar. El gobierno democrático tenía todo el poder que quisiera, pero a condición de que aplicara una sola política económica.

45 Sorman, Guy (1987) “La Nouvelle richesse des nations”. Ed. Fayard, Paris. 46 Arango de Maglio, Aída: "Radicalismo y empresas públicas", en Realidad Económica N°97, Buenos Aires, 5° bimestre 1990.

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El plan Austral y el desencadenamiento de la hiperinflación

A mediados de 1985, los niveles de inflación eran lo suficientemente altos como para preocupar a toda la sociedad. Una tasa anual media del 250 por ciento había multiplicado los precios por 20.000 en ocho años, y en ese momento la tasa mensual había llegado al nivel escandaloso del 30 por ciento.

En ese momento, se produce el lanzamiento del Plan Austral, orientado por el ministro de Economía Juan Sourrouille. Como siempre, un nuevo programa económico aparece como la gran solución de todos los tiempos. Lanzado con un discurso de Alfonsín en la Plaza de Mayo, el plan cambió el nombre de la moneda nacional (que pasó a llamarse Austral) y le quitó varios ceros, para dar la impresión de una moneda fuerte. En rigor, esto era lo menos necesario, pero se trató de dar la impresión de una conducta fundacional, que fue la que caracterizó los principales actos de este gobierno.

El plan congeló las distintas variables económicas, en medio de un clima de euforia ante la solución definitiva del problema de la inflación. Alfonsín había prometido que con la democracia era posible alimentar, sanar y educar al pueblo y todo daba a entender que lo estaba cumpliendo. El fracaso de estas políticas reveló la debilidad de un gobierno que no conseguía el apoyo de los grandes factores de poder.

El Plan Austral y su sucesor, el Plan Primavera, terminan bajo la presión incontenible del crecimiento de los precios. Previsiblemente, se utiliza la palabra crisis también para designar la hiperinflación. Los precios dejan de expresarse en la moneda que se hiperdevalúa, lo que significa que va dejando de ser unidad de medida de valor. En ese momento, por ejemplo, los precios comenzaron a expresarse en dólares, aunque se pagan efectivamente en australes. Las casas y los departamentos se compran y venden en dólares, pero el pan y la leche en australes.

El principal efecto político es que se trata "de una forma de disciplinar a los trabajadores y hacerles aceptar la nueva caída histórica de sus remuneraciones" (408). De hecho, la gente siempre estará dispuesta a aceptar que se detenga la hiperinflación, aún al precio de terminen ganando menos que antes.

La crisis como arma para voltear un gobierno

La prioridad de Alfonsín era la consolidación del sistema democrático. Para él, la economía era apenas una cuestión de técnicos que le dirían qué era lo mejor que se podía hacer en cada momento. Cuando se dio cuenta de que la economía era, además, el mayor condicionamiento imaginable para la política, ya era demasiado tarde.

A principios de 1989, a tres meses de las elecciones presidenciales, el Banco Mundial suspende el apoyo que venía brindando al gobierno de Alfonsín, argumentando que no se había controlado adecuadamente el déficit fiscal, ni se había comenzado con la privatización de las empresas públicas. Esto no fue un error: el Banco Mundial sabía perfectamente lo que iba a provocar. Esa fue la señal que desencadenó la catástrofe. Poco a poco, todos abandonaron al gobierno que se hundía por la falta de apoyo del sistema financiero internacional.

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Los sindicatos pararon, la especulación provocó desabastecimiento, el periodismo reforzó el clima de alarma. Y aún el propio candidato a Presidente del partido oficialista, Eduardo Angeloz, se lanzó públicamente a pedir la renuncia del Ministro de Economía, Juan Sourrouille, como si de veras hubiera creído que el problema estaba en el nombre del ministro.

Alfonsín renunció a la Presidencia el 8 de julio de 1989, en medio de la hiperinflación y de un clima de inseguridad y violencia social extremos. El alza de los precios devoraba los sueldos en menos de una semana. Los saqueos a los supermercados y el clima de desorden y confusión que llevó a la caída de Alfonsín eran lo que se dio en llamar un "golpe de Estado económico".

La inmediata conclusión sobre este episodio es que un gobierno no puede simultáneamente liberalizar la economía y entrar en conflicto con los factores de poder. Sólo un gobierno absolutamente identificado con dichos intereses puede darse el lujo de desmantelar los controles estatales sobre la economía. Como tantas cosas, el liberalismo no es para todos.

De alguna manera, podríamos identificar a esos controles del Estado sobre la economía como a la existencia de mecanismos para la defensa nacional. Un gobierno no va a estar todo el tiempo en guerra, pero un país necesita tener un ejército, aunque sea para estar seguro de no tener que usarlo. Se pueden liberalizar las variables económicas, si uno cree que se trata de una medida útil. Lo que no se puede es desmantelar todas las posibilidades de que el Estado recupere el control de esas variables. Hacerlo equivale a dejar el país a merced de los especuladores.

En ese momento, la opinión pública se dividió entre los que condenaron la enorme cobardía de Raúl Alfonsín, por no haberse atrevido a denunciar el golpe de Estado del que era víctima, y haber dejado el campo libre a sus ejecutores. Y los que elogiaron el enorme coraje de Raúl Alfonsín, por no haber querido denunciar que se trataba de un golpe de Estado, y haber evitado así el derramamiento de sangre.

EL GOBIERNO DE MENEM Y LA CRISIS PERPETUA

Carlos Menem asumió el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de la fecha prevista. Había basado su campaña electoral prometiendo una “revolución productiva” y anunciando la implementación de un “salariazo”. Hizo exactamente todo lo contrario. Inició su gestión con un gesto inusual en la política económica argentina, que fue el otorgar el Ministerio de Economía a un único grupo económico, el grupo Bunge y Born.

Quizás Menem haya querido marcar sus diferencias con el peronismo histórico, que, como vimos, pensaba exactamente lo contrario en términos económicos. A punto tal, que el fundador del partido, el ex presidente Juan D. Perón se había referido a la misma empresa en términos particularmente duros47. Bunge y Born, como exportadora privada de cereales, era un símbolo de lo que el peronismo había combatido siempre. Ubicar a la empresa en el Ministerio de Economía simbolizaba, a su vez, ese viraje ideológico que el escritor mexicano Carlos Fuentes denominó "cambio de piel",

47 Perón, J. “Los vendepatria: las pruebas de una traición”, Buenos Aires, 1958.

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refiriéndose a la transformación de los guerrilleros de la Revolución Mexicana en grandes financistas y hombres de negocios.

Los intentos fallidos y la construcción de la crisis

La primera etapa del gobierno de Menem se caracterizó por tratar de compatibilizar los criterios neoliberales con su carácter de representante de los intereses opuestos. Esto significó una distancia progresiva de los principios históricos del peronismo, como también de lo que decían sus principales referentes. Esto provocó algunas fracturas dentro del partido oficial, pero la mayor parte de los dirigentes políticos prefirieron quedarse dentro de su partido. Poco a poco, la ideología fue reemplazada por la obediencia.

El plan Bunge y Born tuvo dificultades, precisamente por haber sido implementado en esta etapa de transición hacia el liberalismo. Se basaba en la proyectada ampliación de la capacidad exportadora tradicional del país. Poner en producción nuevas tierras, emplear mayores capitales y ocupar mano de obra en reconstruir el granero del mundo. Todo eso, en el marco de un ajuste tradicional, al estilo del FMI.

Uno de los pilares de un proyecto exportador, es controlar los costos internos. Una posibilidad es subsidiar desde el Estado a las exportaciones para que lleguen baratas a los clientes del exterior. Si estamos asociados a las políticas del FMI, esto es impensable. Otra posibilidad es reducir los salarios para bajar los costos y que sean los asalariados quienes paguen el costo de subsidiar las exportaciones. Esto es políticamente difícil de hacer si uno acaba de ganar las elecciones prometiendo un "salariazo".

En pocos meses, una oleada de huelgas y un par de derrotas electorales hicieron caer el Plan BB. El dólar volvió a dispararse y la hiperinflación volvió a mostrar que los principales conflictos económicos seguían latentes. El nuevo ministro de Economía, Antonio Erman González, trató de zanjar las diferencias mediante un modelo liberal a ultranza.

Todas las medidas del Plan Erman fueron recesivas y llevaron a la gradual construcción de una crisis, esta vez sí, sin precedentes48:

• La reforma del Estado apuntaba, desde el principio, a deshacerse de numerosas entidades públicas deficitarias o ineficientes. En ningún momento se plantearon nuevos criterios de eficiencia para el sector público. Nadie parecía apuntar a la creación de una burocracia moderna. Simplemente, se sostuvo que el mejor empleado público era el empleado despedido y se procuró por todos los medios reducir la cantidad de personal del Estado. El resultado es que se empezó a endeudar al fisco para pagar las indemnizaciones de mucha gente que estaba haciendo tareas útiles. Algunas de esas tareas dejaron de hacerse y otras se contrataron a empresas privadas, a precios superiores a los que pagaba el Estado a su personal.

• La ley de emergencia económica y social llevaba a eliminar los múltiples subsidios a las provincias y a los sectores sociales de menores recursos, que pesaban sobre el presupuesto de la Nación y se suponía distorsionaban los mecanismos del mercado.

48 Sukup, V. “El peronismo y la economía mundial”, op. cit

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Es significativo el que se hayan recortado los subsidios a los pobres pero no los subsidios a los ricos. Como veremos más adelante, toda la política de privatizaciones se basó en regalar inmensas cantidades de dinero a quienes se hacían cargo de las empresas públicas, para garantizar que prestaran el servicio con eficiencia y sin deudas.

• Se inicia una política de "flexibilización" de las relaciones laborales, para que las empresas pudieran despedir a su personal con mayor facilidad. La idea es que esto les facilitaría volver a ocupar gente en el momento en que se reactivara la demanda. Sin embargo, estaba en marcha un cambio tecnológico basado en el ahorro de mano de obra. En consecuencia, esta política sirvió para acelerar ese cambio, solucionando los problemas de una sola de las partes.

• Se terminan con los últimos controles de precios y del tipo de cambio, para atraer inversiones extranjeras.

• El ajuste monetario trataba de reequilibrar las cuentas públicas. Con una inflación del 100 por ciento mensual, y estando ideológicamente prohibidos los controles de precios, se procuró contener los precios volviendo a una política de dólar barato, que alentara las importaciones. Esto hizo que entraran productos importados a menor precio que los fabricados en el país, al precio de seguir cerrando cuentes de trabajo. Durante 1990, el dólar aumentó un 300 por ciento, mientras que la inflación oficial fue del 1.350 por ciento. Esto equivale a decir que los precios internos, calculados en dólares, se triplicaron en ese año.

Me quedo con tus plazos fijos

Los precios seguían subiendo a toda velocidad. La sociedad veía a la inflación y la hiperinflación como reflejos de una situación de crisis, que debía ser corregida de alguna manera. El problema era definir qué sector de la sociedad pagaría los costos de la futura estabilización de los precios. Una medida que daría la pauta de los criterios del gobierno sobre la distribución del ingreso y la forma de administrar la crisis fue la decisión de apoderarse de todos los fondos depositados a plazo fijo en los bancos y entregar a cambio bonos de la deuda pública (los Bonex)49. Se trataba principalmente de los ahorros de la clase media que, acosada por la inflación, tenía esa alternativa para protegerlos.

El pretexto usado fue que los plazos fijos pagaban intereses altísimos (debido a la inflación) y que tenían el efecto de realimentar el alza de los precios. Si se quería detener la carrera de precios, era razonable evitar que los bancos siguieran pagando intereses altísimos. El argumento era cierto, pero el método elegido no era equitativo. De un día para otro, los ahorristas se encontraron con que tenían papeles (bonos) en vez de dinero y que así como habían pagado el costo de la hiperinflación, también debían pagar el costo de intentar detenerla.

Lo interesante fue que la mayor parte de las instituciones económicas consideraron esta confiscación como una medida razonable y no pusieron el grito en el cielo en nombre de la seguridad jurídica.

Domingo Cavallo y el plan de convertibilidad o la crisis para toda la eternidad

49 Decreto 36/90, del Poder Ejecutivo Nacional

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Los proyectos de política económica venían fracasando por un eco cada vez más lejano de la sociedad de empate. Si la inflación era el resultado de conflictos sociales no resueltos, la única forma de detenerla era definir claramente un ganador y un perdedor. Esta fue la tarea que cumplió Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía a partir de marzo de 1991. Su política económica no representó un cambio importante con respecto al modelo neoliberal que venía aplicándose con pequeñas variantes desde 1976. Se generalizó la expresión "más de lo mismo" para calificar cada nueva variante de estas políticas.

Siguiendo el criterio fundacional de siempre, se volvió a cambiar el nombre de la moneda. Un peso pasó a valer 10.000 australes y -esto ya es novedoso- se le fijó por ley una cotización equivalente a un dólar. Se denominó a esto el "Plan de Convertibilidad" y su éxito fue, al mismo tiempo, su principal debilidad. La única posibilidad de que un peso valga siempre un dólar es que el Banco Central esté dispuesto a vender toda la cantidad de dólares que le pidan al precio eternamente estable de un peso. Esta política logró para 1995 el nivel de inflación más bajo del mundo: 0,2 por ciento en todo el año.

Esto significa que la convertibilidad no trae problemas cuando la situación está tranquila. Es decir, cuando las necesidades de dólares se cubren con la gente que tiene que venderlos. El problema es cuando la situación se tensa y son muchos más los que quieren comprar dólares de los que están dispuestos a venderlos. Allí el Banco Central tiene que conseguirlos y salir rápido a venderlos antes que todo el sistema se caiga y se vuelva a disparar la hiperinflación.

¿Cómo lo hace el Banco Central? El gobierno tiene que estar dispuesto a vender todo lo que pueda vender -y cobrar en dólares- para tener una reserva de divisas para hacer frente a esos pedidos. Esto significa vender cosas importantes (por ejemplo, una cantidad de empresas públicas) solamente para mantener dólares en la caja fuerte y entregarlos al que los pida. Cuando se acaben las cosas para vender, habrá que pedir prestado y aumentar más y más la deuda externa sólo para tener dólares y venderlos baratos. Es claro que esa deuda va creciendo, que habrá que devolverla en dólares, lo que significa seguir endeudándose para pagar los intereses de deudas anteriores.

Pero además, una economía como la nuestra no sólo demanda dólares por motivos especulativos. También los necesita para importar una cantidad de productos que se venden en el mercado interno. Como se liberó la importación de todo, habrá más pedidos de dólares para importaciones. El resultado es que el país se endeuda (pagando tasas de interés altísimas) para poder seguir vendiendo dólares baratos que sirvan para importar productos que no siempre necesitamos.

La forma neoliberal de controlar esto es mediante políticas recesivas que reduzcan la actividad económica, con lo cual la demanda de dólares también se reducirá. Por ejemplo, estas políticas suponen tasas de interés muy elevadas (en teoría, para que el sistema funcione, deberían estar entre las más altas del mundo). Esto es para evitar que nos ocurra lo que pasó en 1930, cuando la gente pedía préstamos a los bancos de Buenos Aires para depositar el dinero en los bancos de Nueva York, con lo cual se hizo una sangría de divisas que no hubo forma de mantener.

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Las principales medidas del Plan Cavallo pueden agruparse de la siguiente manera50:

• La reforma del Estado: Se planteó como un medio para reconquistar la capacidad reguladora del Estado. Se trataba de que el sector público fuera más pequeño y sus funciones estuvieran concentradas en la regulación de los servicios públicos antes que en prestarlos por sí mismo.

Para esto se usaron dos herramientas básicas: una fue la privatización de las empresas públicas y otra fue la reforma administrativa.

• La reforma tributaria: Planteada como un ataque a fondo contra la evasión, la reforma tributaria significó, efectivamente, un intento de dar racionalidad a un esquema en el que eran más los que evadían que los que pagaban. Sólo que se basó en impuestos cada vez más regresivos, como veremos en un próximo apartado. ¿Es necesario recordar que los impuestos sobre el consumo tienen siempre el efecto de reducir el nivel de actividad económica? Su consecuencia inmediata es reducir el consumo, lo que a su vez hace más lentos los circuitos económicos.

Por el contrario, los impuestos a la riqueza (si no son confiscatorios) impulsan a los sectores más ricos a invertir productivamente su dinero. La decisión de basar la recaudación en impuestos al consumo (como el impuesto al valor agregado) obligó a pagar más a los que menos tenían, con las consecuencias recesivas que dijimos.

• La flexibilización laboral: "Se trata de la dimensión laboral del proceso de flexibilización", dicen dos autores ya citados51.Se argumentó que el exceso de regulaciones del mercado laboral impedía que los empresarios tomaran más trabajadores. Se supuso que si se abarataban los despidos y disminuían las cargas sociales, los empresarios iban a ocupar más personas.

• La desregulación económica: la desregulación apuntó a eliminar mecanismos tales como los regímenes de promoción industrial, los controles de precios o los instrumentos para proteger determinadas economías regionales. También se desreguló el mercado de capitales, lo que facilitó tanto la llegada al país como la salida de fondos especulativos.

• La apertura al comercio y la inversión extranjera: Se afirmó que la mejor manera de lograr la expansión y modernización del aparato productivo era hacer competir a la actividad local con todo producto que se quisiera importar. El razonamiento era que el proteccionismo vigente había encarecido artificialmente los productos hechos en la