intervenciÓn emblemÁtica misión impulso joven · 2018-12-17 · el desarrollo, implementación,...
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INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA
Misión Impulso Joven
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
• Lenin Moreno Garcés
COMITÉ INSTERINSTITUCIONAL DEL “PLAN TODA UNA VIDA”
• Rocío González de Moreno: Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida
• Raúl Ledesma: Consejero del Sector Social• Isabel Maldonado: Secretaria Técnica del Plan Toda una Vida• Berenice Cordero: Ministerio de Inclusión Económica y Social• Verónica Espinoza: Ministerio de Salud Pública• Fander Falconí: Ministerio de Educación• José Agusto Briones: Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo• Richard Martínez: Ministro Economía y Finanzas• Paúl Granda: Secretario Nacional de la Política
DESARROLLO Y REVISIÓN
• Equipo Técnico de la Dirección de Política y Seguimiento de la Secretaría del Plan “Toda una Vida”
VALIDACIÓN
• Equipos técnicos de: Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Trabajo (MDT), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Interior (Minterior), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), Ministerio de Turismo (MINTUR), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), Ministerio del Deporte (MINDEP), Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Secretaría Ecuatoriana de Capacitación Profesional (SECAP), Secretaría Nacional de Planificación-(Senplades), Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC), Registro Civil, Banecuador B.P., Secretaría Técnica de la Juventud (SETEJU), Consejo Nacional de Igualdad de Género (CNIG), Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII) y Consejo Nacional para la Desigualdad de las Discapacidades (CONADIS)
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
• Dirección de Comunicación de la Secretaría del Plan “Toda una Vida”
© Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida - 2018 Quito – Ecuador. Av. Atahualpa OE1-109 y 10 de Agosto, Quito – Ecuador PBX: (593 2) 399 5600Disponible en versión digital: https://www.todaunavida.gob.ec/
La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico está permitida siempre y cuando se cite correctamente la fuente.
La elaboración de los documentos de política del Plan Toda una Vida fue liderada por la Secretaría Técnica del “Plan Toda una Vida”, competencia encomendada mediante Decreto Ejecutivo No. 465 con fecha 01 de agosto de 2018, a través del cual dicha Secretaría Técnica tiene la atribución de diseñar y proponer al Comité las políticas, estrategias y acciones para garantizar la implementación del “Plan Toda una Vida”, sus misiones y programas. Cada Cartera de Estado vinculada a las Misiones, contribuyó de forma participativa en la consolidación de los documentos así como también en la definición de los paquetes de servicio.
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Índice
05.
08.
24.
30.
33.
48.
41.
Introducción
Marco conceptual
Marco legal
Marco programático
Diagnóstico
Objetivos
Definición de Misión Impulso Joven
PÁG. CAPÍTULOS
Introducción
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El Gobierno Nacional asumió el compromiso de fortalecer la construcción de una sociedad de igualdad en la diversidad, incluyente y equitativa para todos y todas; plantea la necesidad de una articulación y participación de los diferentes actores sociales, públicos y privados con el fin de robustecer el desarrollo, implementación, operatividad y evaluación de las políticas públicas; lo cual implica un cambio en las relaciones de poder con el objetivo de crear reales oportunidades para todos los habitantes, con énfasis en aquellos grupos que experimentan mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad . En tal sentido, la propuesta de desarrollo del Gobierno, sitúa al ser humano en el centro de la gestión pública, con el fin de garantizar el goce de sus derechos durante todo el ciclo de vida.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 es el instrumento de planificación orientador de la política pública que materializa la propuesta del Gobierno de Todos, a través de intervenciones emblemáticas que configuran el Plan Toda una Vida, cuyo propósito es garantizar derechos para una vida digna con igualdad de oportunidades.
El enfoque para Toda una Vida, implica comprender que la garantía de derechos per se, es irrefutable, imprescriptible e inalienable, lo cual demanda que el Estado identifique las necesidades específicas de los y las ciudadanas a lo largo del ciclo de vida, posibilitando una intervención efectiva y oportuna.
La precarización del mercado laboral es un problema global, y se da como resultado de un sistema económico excluyente. Las y los jóvenes son uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades para acceder en condiciones adecuadas al mercado laboral, en consecuencia, es un deber del Estado generar intervenciones específicas que permitan combatir dicha problemática, mediante el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades.
Así, se configura la Misión “Impulso joven”, intervención emblemática dirigida a la población de 18 a 29 años, con prioridad en aquellos jóvenes que provienen de familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Dicha Misión, parte del reconocimiento de la existencia de condiciones estructurales que imposibilitan en gran medida a la población joven, acceder a los medios materiales, formativos y simbólicos para satisfacer sus necesidades, lo que afecta sus condiciones en el presente, en las siguientes etapas de la vida, y de las generaciones venideras.
La Misión Impulso Joven busca “atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, así como mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo del país.” (Senplades, 2017, pág. 67)
01. Introducción
En este contexto y con el fin de coordinar y articular las políticas nacionales, los planes, programas y proyectos que permitan la concreción de las demandas sociales a través de las políticas públicas, se crea la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida con las atribuciones de: “Diseñar y proponer al Comité, las políticas, estrategias y acciones para garantizar la implementación del Plan Toda Una Vida,(…) tanto a nivel central como de los gobiernos autónomos descentralizados, asegurando una gestión intersectorial y complementaria (…).” Asimismo, se dispone que el Plan Toda una Vida se articule mediante las Misiones y Programas: Ternura; Impulso Joven; Mujer, Menos Pobreza, Más Desarrollo; Mis Mejores Años; Casa Para Todos; y, Las Manuelas; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 465 de 1 de agosto de 2018; y 473 de 8 de agosto de 2018.
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Marco conceptual
02. Marco conceptual
Juventud
Establecer una definición armonizada de lo que implica juventud, se supedita a la heterogeneidad constante de cambios sociales, económicos y culturales que experimentan las naciones, razón por la cual, la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país. En este contexto, Naciones Unidas define como “jóvenes” aquellas personas que se encuentran entre 15 y 24 años. (UNESCO, 2018).
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, considera bajo la expresión de “joven”, “jóvenes” y “juventud” a “las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad”, los cuales son titulares de derechos y a su vez, “conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro”. (OIJ, 2008, pág. 2)
Algunos marcos teóricos de base biológica definen a la juventud como un proceso de paso a la adultez y como la consolidación del crecimiento físico, emocional, psíquico y afectivo. En el contexto sociológico y psicológico, la definición de la categoría juventud está articulada en función a dos conceptos: lo juvenil y lo cotidiano. Lo juvenil remite al proceso psicosocial de afirmación de la identidad que vive cada joven. Lo cotidiano, en cambio, remite al contexto de relaciones y prácticas sociales en las que el proceso individual se realiza con la concurrencia de factores ambientales, culturales y socioeconómicos (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, CNNI, 2017).
La Ley de la Juventud, expedida por el Congreso Nacional del Ecuador, el 17 de octubre de 2001, establece que para efectos de la misma “se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad”.
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La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2017), determina una categorización de grupos poblacionales a quienes van dirigidas las políticas específicas que el Estado debe garantizar, considerando los siguientes rangos de edad:
• Niños y niñas, de 0 a 11 años de edad. • Adolescente, de 12 a 17 años de edad. • Jóvenes, de 18 a 29 años de edad. • Personas adultas mayores, de 65 años de edad en adelante.
La “juventud” también se concibe desde un proceso de construcción, histórica y social, determinada por variables estructurales como la clase social y la situación económica, lo que da lugar a una pluralidad de juventudes y de grupos sociales; que además se erige desde diversas prácticas discursivas, tendientes a colocar a los jóvenes en una suerte de polaridad; por un lado, como objetos de socialización, esto es un rol de reproducción y afirmación del orden social, o sujetos de socialización, es decir en un papel de generadores o agentes de cambio social (OIT, 2004).
En una sociedad en la que si bien la reproducción y parte de la legitimación social es el trabajo, se atraviesa un momento de crisis de empleo generalizada, en el que las y los jóvenes se enfrentan con la precarización de las condiciones laborales.
En el país las cifras de desempleo y subempleo juvenil muestran desafíos que deben ser abordados en la implementación de políticas públicas laborales. De acuerdo a los reportes consolidados por la Secretaria Técnica de Juventudes, en Ecuador, en 2017 la tasa de desempleo fue 9,6%, mientras que la de subempleo 22,1% (SETEJU, 2018); cifras que emiten una alerta al momento de visibilizar políticas integrales, no centradas únicamente en la obligación jurídica y normativa desde el Estado para fortalecer la fiscalización laboral, sino en estimular la ampliación de mercados, el aumento de la competitividad y el fortalecimiento de las economías locales; potenciando de esta forma, la generación de un empleo decente y propendiendo a eliminar toda forma de precarización del mismo.
Bono Demográfico
El Bono Demográfico implica un potencial crecimiento económico que surge debido a cambios en la distribución por edades de la población. Esto se explica que a medida que la fertilidad disminuye permanentemente por un periodo prolongado de tiempo, la distribución de la población por edad cambia de una estructura etaria joven a una dominada por jóvenes adultos en edad de trabajar. Este efecto, si se aprovecha de forma adecuada, conduce a una oportunidad de mayor crecimiento económico, que con adecuadas políticas redistributivas, contribuye a la reducción de la pobreza (Pinto, 2015).
La Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) definen al bono demográfico como un fenómeno social donde la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar, esto es, cuando el volumen de la población en edad de trabajar, entre los 15 y 59 años, supera a la población dependiente, niños y ancianos. (OIJ/ CEPAL, 2012).
Es importante considerar que, mientras el tamaño relativo de la fuerza laboral se incrementa, la producción del país se expande debido a que existen más personas como parte de la población económicamente activa; esta condición puede tener una duración corta, por lo tanto, es necesario establecer políticas económicas y sociales, para que el mercado laboral pueda absorber esta fuerza de trabajo en los sectores más productivos (Pinto, 2015). Se requiere entonces, de inversiones estratégicas en talento humano (educación y salud) para garantizar un desarrollo productivo que pueda sustentar las necesidades de la población. A pesar de que esta es una oportunidad presente, en el momento en el que se definen políticas de carácter económico y social, es importante repensar los sistemas de cuidado en el futuro y la sostenibilidad de la seguridad social, una vez que la pirámide poblacional empiece a invertirse.
Es así que, el bono demográfico implica una oportunidad y un reto a la vez, ya que se deben generar las oportunidades de empleo en el presente para la acumulación de una reserva funcional y patrimonial que permita responder al reto del envejecimiento, y por consiguiente a la existencia de servicios sociales que garanticen el cuidado y bienestar de la población adulta mayor en los años venideros.
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Políticas de Empleo
“Una política nacional de empleo es una visión concertada y coherente de los objetivos de un país en este ámbito y de los mecanismos que permitan alcanzar las mismas. En ella se aborda un conjunto de intervenciones multidimensionales concebidas para alcanzar objetivos y metas cuantitativas y cualitativas en la esfera laboral en un país determinado. Incluye un plan de acción, seleccionado entre diversas alternativas y a la luz de condiciones determinadas, (…). La aplicación de la política de empleo no recae solo en las Carteras de Estado vinculadas al mismo, sino también a un conjunto de actores diversos interesados en la economía (ministerios sectoriales encargados de la creación de empleo, gobiernos locales, organizaciones de empleadores y de trabajadores), que deben concretar acciones específicas en función de un objetivo común. El ministerio encargado del empleo desempeña un papel central de coordinación ya que es quien aboga por la promoción del trabajo decente y garantiza el buen funcionamiento del mercado laboral. (…) dicha política aporta una visión global sustentada en un análisis profundo de la situación laboral del país y una discusión amplia sobre las opciones disponibles para crear trabajo decente u otros criterios para elegir las opciones óptimas”. (OIT, 2012, pág. 15)
“Una política nacional de empleo no es solo un programa de creación de puestos de trabajo. Debe tener en cuenta toda una diversidad de cuestiones sociales y económicas (…). Abarca variadas medidas, programas e instituciones que influyen sobre la demanda y la oferta de mano de obra y sobre el funcionamiento de los mercados laborales, desde la promoción del trabajo decente, en el cual las normas laborales internacionales, la protección social y los derechos fundamentales de los trabajadores van de la mano con la creación de puestos de trabajo”. (OIT, 2015, pág. 1)
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acceder a un trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa, incide en la autoestima, tanto de la persona trabajadora como de su familia; puesto que genera un sentido de pertenencia a la comunidad, como consecuencia
del aporte productivo. Por consiguiente, si bien el trabajo no es el único mecanismo de inclusión social, este vincula a las personas con el entorno en el que viven.
La sostenibilidad social, que comprende la convivencia armoniosa en una sociedad diversa, está fuertemente relacionada con la “sostenibilidad sociolaboral” (CEPAL, 2014) (Martínez, Baeriswyl, & Fuentes, 2015). Es así que, la OIT propone el concepto de seguridad económica, el cual se encuentra altamente correlacionado con la felicidad de las personas, debido a que esta brinda la posibilidad de acceder a recursos y proveerse de capacidades que permiten el desarrollo personal para tener una buena calidad de vida. En este sentido, si la seguridad económica es producto de la estabilidad laboral, entonces una alta inseguridad en el empleo reduciría significativamente la satisfacción individual, repercutiendo en el tejido social (CEPAL , 2014).
Acceder a un empleo constituye uno de los principales mecanismos de inclusión social y generación de oportunidades, visto que es la principal fuente de ingresos de los hogares. El empleo formal permite la participación en los sistemas de salud y previsión social y, es un espacio de trabajo que ofrece posibilidades de expresión y desarrollo de capacidades individuales. Es así, que el trabajo constituye un canal para la participación social y el refuerzo de la identidad de las personas.
En consecuencia, la exclusión y la segmentación social provenientes de la falta de acceso a empleos de calidad son factores determinantes de la pobreza y de las desigualdades sociales (CEPAL, 1997).
De acuerdo a la evidencia que presenta la OIT, los países que han alcanzado niveles elevados de creación de empleo y de reducción de la pobreza, han encarado los factores estructurales de estas problemáticas. Las políticas aplicadas se orientan a una amplia protección social, una activa diversificación de sus economías, la generación de mecanismos incluyentes de acceso a la financiación y políticas macroeconómicas favorables al empleo que fomentan la inversión y el consumo (OIT, 2015).
Además de lo mencionado, la garantía de entornos favorables para la
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creación y el desarrollo de empresas, así como una legislación clara relativa a la protección del empleo son elementos clave para garantizar la distribución de los beneficios devenidos del desarrollo y la protección de los derechos de los trabajadores.
Las políticas de empleo se dividen en políticas activas y pasivas que se complementan para responder a las problemáticas laborales. Las políticas activas son aquellas que se relacionan con la asistencia en la búsqueda de trabajo, capacitación laboral y potenciación de actividades económicas con vinculación laboral. De esta manera, la aplicación de políticas activas pretende anticipar y prevenir situaciones de desempleo, aumentar la empleabilidad y apuntalar la demanda y oferta de trabajo. Entre los instrumentos de ejecución de las políticas activas se encuentran:
i) Servicios públicos de empleo (búsqueda, colocación, orientación y articulación de la oferta con la demanda).ii) Capacitación para el trabajo.iii) Creación directa de empleo por el sector público.iv) Promoción de empleo en el sector privado (Gamero, 2018).
Por su parte las políticas pasivas de empleo están dirigidas a la protección y a mantener el nivel de ingresos de la población desempleada, como ejemplos: seguro de desempleo, cuentas de ahorro individual para el desempleo, salarios mínimos, regularizaciones de contrato y despido, indemnizaciones, entre otras. En definitiva, las políticas pasivas intentan compensar la ausencia de renta derivada de la pérdida de empleo (Pérez, 2010).
De acuerdo a las recomendaciones de la OIT, una respuesta que abarque la problemática laboral debe considerar los siguientes ejes:
i) Generación de empleo y trabajo de calidad. ii) Capacitación permanente.iii) Normativa. (OIT, 2015)
Generación de Empleo y Trabajo de Calidad
“El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como “trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).
Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”. (OIT, 2004)
La conceptualización del empleo decente, según la OIT, asume el reconocimiento de los Derechos Constitucionales a una vida digna, el acceso a un empleo productivo que genere ingresos justos, seguridad y protección social, libertad para organizarse y participar en la toma de decisiones, en el desarrollo personal y social. Este concepto introducido en 1999 ha tenido aceptación a nivel mundial y ha sido adoptado por los Estados como elemento fundamental para el cierre de brechas, la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible (Xhafa, 2018).
Las condiciones atípicas de empleo que comprenden el trabajo temporal, relaciones de trabajo ambiguas, trabajo parcial, “a pedido”, y empleo encubierto, se han generalizado en los diferentes sectores económicos, ocasionado que ciertos grupos de población se encuentren en una situación de inseguridad y vulneración de los Derechos Constitucionales y de protección social (OIT, 2016).
En este contexto, conscientes de que el subempleo y el empleo inadecuado siguen representado una problemática nacional, se propone un enfoque de empleo decente, con el ánimo de avanzar hacia una mejora y generación
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de oportunidades laborales, con remuneraciones adecuadas que posibiliten la satisfacción de las necesidades primordiales, con acceso a seguridad social, erradicando toda forma de trabajo en condiciones precarias (Xhafa, 2018).
Entre las principales soluciones que se plantean para generar un proceso de dignificación del empleo está la implementación de un servicio público de empleo enmarcado en el fortalecimiento de la bolsa de empleo nacional que integre demandas públicas y privadas; de unidades de fomento
productivo desconcentradas o descentralizadas, la identificación de actividades económicas prioritarias, y un sistema de compras públicas vinculado a necesidades emergentes y reactivación económica, así como al fortalecimiento de la economía popular y solidaria.
Las políticas de empleo deben transversalizar y /o tener enfoques de derechos, género, generacionales, étnicos, socioeconómicos, de inclusión en contextos de discapacidad, diversidad sexual, considerando las prioridades del país.
Educación y Capacitación
La Organización Internacional del Trabajo en su documento: Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil (OIT, 2017); establece el rol de la educación y la formación de capacidades de talento humano ancladas a la matriz productiva de los países. Llegando a la conclusión que:
• Cuanto más tiempo estudian los jóvenes, menos tiempo transcurre hasta que encuentran un empleo.
• Combinar trabajo y estudios reduce sustancialmente el tiempo de transición de la escuela al trabajo.
• Las nuevas tecnologías digitales configurarán los procesos productivos, por lo que se necesitará desarrollar nuevas competencias.
• La innovación constante exigirá el fortalecimiento de las habilidades blandas en todos los niveles educativos, incluyendo la resolución de problemas complejos, la apertura aprender y la adaptabilidad.
Con este preámbulo, es necesario posicionar a la educación como una herramienta con la cual se puede mejorar las expectativas de vida de los más pobres, ya que es un medio por el cual se posibilita a una persona a conocer y vivir la cultura de su sociedad, tener participación en ella, y darle un sentido de autovaloración y confianza en sus capacidades (Rawls, 1971).
Mientras más libres sean los individuos, es decir, mientras posean mayores capacidades, existen más oportunidades para elegir sin restricciones y alcanzar objetivos personales (Sen, 2009). Así, una persona bajo la línea de pobreza que ha tenido acceso a educación de calidad, tiene mayores probabilidades de cambiar su condición, y consecuentemente de mejorar su calidad de vida (Sen, 2000).
La movilidad social ascendente está fuertemente condicionada por el nivel educativo. Esto se observa también desde un análisis intergeneracional, así pues, la evidencia ha demostrado que los logros educativos de los miembros adultos de un hogar influyen en la movilidad social de la generación futura, debido a que en los hogares se transmiten conocimientos, habilidades cognitivas, motivaciones de logro educativo y se transfieren habilidades para el trabajo (Enríquez, 2016).
Además de la educación, el acceso a un empleo digno requiere de la implementación de medidas orientadas a mejorar las competencias de los trabajadores mediante servicios de capacitación laboral, asesoramiento e incentivos para desarrollar pequeñas empresas (OCDE/CAF/CEPAL, 2018).
La formación y capacitación del talento humano es una responsabilidad del sector privado, sector público y academia, por lo que es necesario contemplar modalidades de capacitación y formación acorde a las necesidades del mercado laboral, considerando las particularidades de los diferentes grupos poblacionales, garantizando el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos y prácticos con pertinencia cultural y territorial de acuerdo a las prioridades nacionales.
Las soluciones que se enmarcan alrededor de la formación y capacitación permanente son:
i) Vinculación sector educativo y productivo.ii) Potenciación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (catálogo de cualificaciones presente y futuro).iii) Erradicación del empleo precario a través de la certificación del perfil profesional.iv) Capacitación y formación con pertinencia y enfoque
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de demanda (Bachillerato con vinculación productiva; Educación superior vinculada con la demanda laboral presente y futura) (OIT, 2016).
La competencia profesional se conceptualiza como “una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada” (OIT, 2012).
La certificación de competencias profesionales es indispensable y necesaria en el sistema productivo, considerando que es fundamental dotar de un aval de competencias para la población que no ha podido acceder al sistema de educación superior por diversas situaciones, entre ellas, condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Autoempleo y Emprendimiento
Parte del diagnóstico sobre la situación del mercado laboral a nivel mundial puede ser evidenciado en la conclusión a la que se llegó en la reunión llevada a cabo en Estados Unidos en septiembre 1995 y congregó a 500 líderes mundiales:
“(…) <la visión de un ejército de parados inimaginables hasta hoy> (Martin y Schumann, 2000, p. 8). No es posible pensar un futuro caracterizado por suficientes puestos de trabajo, decentes y bien pagados en palabras de Martin y Schumann (2000, p. 8): “en el futuro, el 80 por ciento de la humanidad tendrá que vivir a expensas del 20 por ciento restante. No habrá puestos de trabajo para más”. (Universidad de Medellin, Germán Darío Valencia Agudelo, 2012, pág. 108).
La pregunta que surge es ¿Qué pasa con el gran porcentaje de desempleados (parados)? La globalización y liberalización económica tienen sus efectos más visibles en el mercado laboral, en el cual el autoempleo se convierte en la principal característica, a pesar de su poca contribución a la creación de empleo y renta. Desde la década de 1980 las tasas de autoempleo han crecido; y los emprendimientos surgen, por un lado como un importante motor del crecimiento, apoyados por los Estados, las universidades y los organismos internacionales; y por otro como una medida para prevenir problemas políticos y sociales. ” (Universidad de Medellin, Germán Darío Valencia Agudelo, 2012).
Se citan dos enfoques que explican la motivación de la creación de una empresa (Uiversidad de Zaragoza, Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008):
• La teoría “pull” señala como motivo principal para la creación de empresas, la aparición de nuevas oportunidades en el mercado, con el fin de introducir productos o procesos de producción diferentes. Por lo que la conformación de empresas se da en momentos de desarrollo económico, cuando la demanda es alta, y probablemente el nivel de desempleo es bajo; además el emprendedor posee capital para crear la empresa.
• La teoría “push” indica que la motivación principal en la creación de empresas se da frente a la escasez de alternativas para obtener empleo, es decir en un contexto de tasas altas de desempleo o inseguridad social. Por lo que ante la negativa de perspectiva laboral y el sentimiento de discriminación, se da un forzamiento que empuja hacia la actitud emprendedora.
En este sentido, se distinguen dos tipos de emprendedores, por un lado, los que por oportunidad inician un negocio ante la existencia condiciones en el mercado; y por otro, los emprendedores por necesidad, quienes ante la falta de empleo deciden crear una empresa, para cubrir sus necesidades de supervivencia.
El avance de la ciencia, el conocimiento y desarrollo tecnológico; así como la globalización y liberalización económica; si bien han aportado al incremento de los niveles de productividad y tecnificación de las empresas, tienen sus efectos visibles en el mercado laboral, puesto que han provocado cambios en la estructura de la población ocupada, debido al despido sistemático de trabajadores ligados a la industria y al trabajo productivo. De esta forma, la búsqueda de opciones como el autoempleo, podría estimular el desarrollo de emprendimientos, lo cual requiere de: la convergencia de un conjunto de actores públicos y privados; de factores de tipo normativo, institucional, formativo, informativo, entre otros; así como de oportunidades de mercado y de condiciones sociales y culturales.
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Experiencias Internacionales
La precarización del mercado laboral es un problema de nivel global y carácter estructural, asociado al crecimiento económico, a las estructuras productiva y ocupacional; que tiene mayor repercusión en determinados segmentos de la población (jóvenes, mujeres, residentes del área rural, quintiles más bajos de ingreso, personas con bajos niveles de formación, entre otros). En tal sentido, se hace necesaria la intervención del Estado con el fin de disminuir los efectos económicos y sociales que se podrían derivar; a través de un conjunto de decisiones orientadas aumentar el empleo, mejorar la movilidad y la calidad de este, así como a reducir la desigualdad y pobreza.
Las múltiples políticas públicas de empleo adoptadas por los Estados con el objetivo de lograr la adecuación cualitativa y cuantitativa de la oferta y demanda laboral, pueden ser clasificadas en:
a) Políticas Activas de Mercado de Trabajo (PAMT), orientadas a la creación de empleo. b) Políticas Pasivas de Mercado de Trabajo (PPMT), que se dirigen a la protección de los desempleados, entre algunas se citan:
• Servicios de colocación.• Capacitación y entrenamiento.• Creación directa de empleo y subsidios a la contratación.• Seguro de desempleo.• Jubilación anticipada.• Indemnización por despido.• Programas de empleo público.• Subvenciones al empleo.• Apoyo al trabajo por cuenta propia y al microemprendimiento.
Experiencias en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, de acuerdo a la investigación realizada por la OIT, el número de políticas públicas activas de empleo han experimentado un importante incremento. Así, antes de la década de los 90, se registran 6 políticas de empleo implementadas, mientras que en los años de 1990 se constatan 24. Finalmente en la década de los años 2000 las políticas encaminadas al empleo ascienden a 111. La mayoría de las políticas aplicadas fueron encaminadas a la capacitación (44%), mientras que el 28% se orientaron al apoyo al trabajo por cuenta propia, 12% a servicios del mercado de trabajo, 11% a empleo público y 5% a subvenciones al empleo.
Los destinatarios fueron en mayor porcentaje jóvenes (24%), seguidos de: desempleados (19%), población vulnerable (15%), población activa (14%), empleadores y PyME (12%), y otros (17%) (OIT, 2016).
El país con mayor número de políticas implementadas, fue Colombia con el 26% respecto al total del compendio de políticas levantadas en la mencionada investigación, Uruguay el 23%, Argentina el 16%, Brasil el 15%, Perú el 14% y Ecuador el 7% (OIT, 2016).
El estudio también señala que una de las características de las políticas activas de empleo implementadas en los países Latinoamericanos y del Caribe, fue la interacción entre el sector público y privado; el apoyo al trabajo por cuenta propia; así como el financiamiento de gobiernos descentralizados en los programas de empleo público adoptados durante periodos de crisis. Los ejemplos de algunos de estos programas: Uruguay (Trabajo por Uruguay), Argentina (Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados), Colombia (Empleo en acción), siendo los principales beneficiaros, desempleados y personas en zonas rurales (OIT, 2016).
Las políticas orientadas a las subvenciones de empleo, de acuerdo al estudio referido, en un 25% se dirigieron a personas en situación de desempleo, otro 25% a jóvenes, un 25% más a personas con discapacidad; y el resto a otros (OIT, 2016).
De igual forma la investigación señala que los programas de apoyo al trabajo por cuenta propia y el micro-emprendimiento, han sido frecuentes en los países de América Latina, el 40% fueron aplicadas en Colombia, el 10% en Perú y promedian 28% en la región, la mayoría tiene por objetivo la creación de nuevas empresas o la expansión de empresas ya existentes. (OIT, 2016).
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La investigación concluye que, de acuerdo a las evaluaciones realizadas a las políticas públicas de empleo aplicadas, en 15 de los 23 programas se produjeron impactos positivos en oportunidades de empleo formal, en el corto y mediano plazo. Un ejemplo de los programas con resultados efectivos son: “ProJoven” del Perú y “Pro-Joven” de Uruguay; “Juventud y Empleo” en República Dominicana y en Colombia “Jóvenes en Acción”. Además, señala que de manera general los eventos de capacitación dirigidos a jóvenes tuvieron efectos positivos (OIT, 2016, pág. 96).
Experiencia de la Política de Empleo en Países Europeos
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 de España, plantea la existencia de dos tipos de mecanismos que articulan un proceso integral de política centrada en el empleo:
• Medidas de alto impacto a corto plazo.- Enfocadas a programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalización, con compromiso de contratación; al fomento para emprendimientos y autoempleo; a la mejora de los servicios públicos en torno al mercado laboral (orientación, colocación, acompañamiento e intermediación); y a estímulos para la contratación (tributarios y contractuales) conectados a la formación.
• Medidas con impacto a mediano y largo plazo.- Apuntan a
mejorar la calidad, el acceso y la pertinencia de la educación, como es el caso de la enseñanza del emprendimiento desde tempranas edades. Por otro lado, están las políticas encaminadas a la consolidación de un talento humano ajustado a las demandas del sector productivo, estableciendo énfasis en el sistema de cualificaciones profesionales; asimismo, la mejora en el conocimiento de idiomas y el manejo de herramientas tecnológicas. Y finalmente, la consolidación de un ecosistema de emprendimiento e innovación con énfasis en las tecnologías de información y comunicación.
Dinamarca es uno de los países paradigma de las políticas de empleo, caracterizado por tener implementada una política que promueve mercados de trabajo flexibles, que implican bajos costos de contratación y despido, pero con un sustento fuerte de protección social a trabajadores, a través de “subsidios de desempleo generosos” que se combinan con políticas activas
que promueven la reinserción al empleo en el mínimo tiempo posible; en el año 2002, el 40% de los desempleados participó de esta medida, un estudio en 2014 evidencia que el monitoreo y asesoramiento a los desempleados provocó una disminución del periodo de desempleo (Rica, 2015).
Suecia es uno de los países en 2011 con mayor presupuesto en políticas activas de empleo, los incentivos se centran en subsidios a desempleados de hasta el 50% de los costes laborales, durante 6 meses; y otros orientados a desempleados y a personas con riesgo de perder el empleo, que se plantean emprender un negocio propio; sin embargo se evidencia mayor eficacia para los desempleados que se vinculan a empresas bajo subsidios, que los otorgados a los desempleados que emprendieron un negocio propio. Además se confirma que un impacto positivo en jóvenes (hombres) que participaron en programas de formación, en: sueco, inglés, matemáticas, técnicas básicas de computación (Rica, 2015).
Francia dedicó el 0,93% del PIB en 2011 para políticas activas de empleo, dirigidas en especial a la formación de jóvenes, posee un sistema de aprendizaje con diversas fórmulas en función del tipo de cualificación de cada individuo; que se concreta a través de prácticas de aprendizaje que los jóvenes combinan con prácticas en la empresa, los contratos difieren en tipo y tiempo (parados de larga duración, adaptación, cualificados con dificultad de encontrar empleo); no existen evaluaciones actualizadas de aplicación de la política, sin embargo un estudio de 2005 indica que la probabilidad de obtener un contrato indefinido aumentó un 28% en trabajadores que recibieron formación, frente a los que no recibieron (Rica, 2015).
De acuerdo a las experiencias citadas de países de Latinoamérica y Europa, entre los factores de éxito de la aplicación de políticas de empleo; está la combinación adecuada y oportuna de las políticas activas y pasivas; de corto, mediano y largo plazo, con financiamiento sostenido en el tiempo, evaluación y monitoreo de las mismas; así como la participación activa de los diferentes actores; las acciones aisladas tienen niveles de efectividad más bajos.
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Marco Legal
03. Marco legal
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan orientar las políticas públicas de los Estados parte, hacia un trabajo sostenido que ponga fin a la pobreza en todas sus formas; además de garantizar la educación inclusiva y equitativa y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, considerando el empleo pleno y el trabajo decente para todos.
La Misión Impulso Joven se alinea a los siguientes objetivos:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.
En este objetivo, se enfatiza en que la pobreza no está únicamente relacionada con los ingresos, sino, desde una perspectiva más amplia, con la garantía de medios de vida sostenibles. Adicionalmente, se concibe a la reducción de la pobreza como el resultado de un crecimiento económico inclusivo; es decir no basta con el incremento de la producción y la productividad, sino con una distribución justa y equitativa de los beneficios del mismo en la sociedad. (ONU, 2018)
Es de especial relevancia subrayar que la meta 1.4 establece “garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”. (ONU, 2018)
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Este objetivo, parte del reconocimiento de la educación como un derecho y una herramienta poderosa para modificar las condiciones de vida de la población. Entre los elementos contemplados en las metas, se destacan: asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior, aumentar el número de jóvenes con competencias laborales,
Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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incrementar la alfabetización, acrecentar el número de becas y fortalecer la cualificación de las y los docentes. (ONU, 2018)
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
A través de este objetivo se busca que los Estados generen condiciones para que la población en edad de trabajar cuente con empleos de calidad y otras oportunidades laborales.
Así, entre las metas se incluye promover políticas que impulsen el empleo y el emprendimiento; lograr el pleno empleo y el trabajo decente; reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan; fortalecer el financiamiento; y poner en marcha una estrategia mundial de empleo para los jóvenes.
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes firmada en 2005, y puesta en vigor el 1 de marzo de 2008, se constituye como el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los jóvenes. Para aquellos Estados que han ratificado esta Convención, esta constituye una normativa de obligatorio cumplimiento, y por lo tanto, un instrumento orientador para la construcción de política pública.
En materia de derechos a la educación, la Convención establece que los Estados tienen la obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad, mediante modalidades escolarizadas y no escolarizadas. En materia de trabajo, se estructura la necesidad de legislación protectora, medidas y políticas públicas específicas.
Pacto Iberoamericano de la Juventud
En la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, celebrada el 28 y 29 de octubre de 2016, con el compromiso de desarrollar acciones concretas en temas de juventud, emprendimiento y educación, se aprobó el Pacto Iberoamericano de la Juventud, como un acuerdo político-institucional que permitirá conformar una alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial
e intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de las personas jóvenes. En el Pacto se estableció un total de 24 acuerdos en el marco de las temáticas de: participación y voluntariado; políticas públicas y derechos; investigación; información e innovación; educación cultura y deportes; y empleo y emprendimiento.
Normativa Nacional
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 11 que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el mismo artículo, dadas las asimetrías existentes, define que el Estado debe implementar medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real, para quienes se encuentran en situación de desigualdad.
El artículo 26 del mismo cuerpo legal, señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Esta constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social.
El artículo 39 de la Carta Magna establece que el Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.
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Los artículos 325 y 326 referentes a las formas de trabajo y su retribución, señalan que el Estado como garante del derecho al trabajo, impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y desempleo. Adicionalmente, definen que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente sano y propicio. Sumado a ello, el artículo 329, establece que los jóvenes tienen el derecho a ser sujetos activos de la producción, así como de las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias; consecuentemente el Estado impulsará condiciones y oportunidades con este fin, entre ellas la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo.
Finalmente, el artículo 334, dispone que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, el desarrollo y difusión de tecnologías orientadas a los procesos de producción, políticas de fomento a la producción nacional y la promoción de servicios financieros públicos y la democratización del crédito.
Ley de la Juventud
La Ley de la Juventud, promulgada en 2001, reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos, y por lo tanto la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
El artículo 6 de esta norma determina que, los y las jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo (…).
A su vez, el artículo 14 establece que, las políticas educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender a los siguientes aspectos:(…) c) mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal y profesional de las y los jóvenes; (…) h) promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso de las personas de escasos recursos y los grupos vulnerables; i) promocionar pasantías laborales, en los sectores público y privado, enfocadas en las necesidades de desarrollo del país y la oferta de empleo; (…).
Finalmente, el artículo 15, sobre las políticas de promoción del empleo juvenil, establece que las mismas deben orientarse al logro de los siguientes objetivos:
a) crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales,b) fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la formación profesional,c) conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos,d) asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación,e) asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes gestantes y a las madres lactantes,f) respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial.
Adicionalmente, define que el trabajo juvenil, en ningún caso podrá obstruir el acceso a educación, pues esta última les permitirá desarrollar al máximo sus potencialidades.
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Marco programático
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Toda Una Vida” 2017 – 2021 es el instrumento de planificación estatal orientador de la política pública, de obligatorio cumplimiento para el sector público e indicativo para otros sectores. Este señala como horizonte la inserción de los jóvenes en el mercado laboral a través de alianzas entre los sectores público y privado. Adicionalmente, define que el Estado debe impulsar emprendimientos productivos y fomentar prácticas solidarias y asociativas enfocadas a los pequeños productores, especialmente aquellas que promuevan el desarrollo rural.
El Plan Nacional de Desarrollo identifica las condiciones inadecuadas de empleo juvenil, especialmente en el área rural, en la población indígena y en las provincias de la Amazonía. A su vez, determina que las políticas laborales deben complementarse con incentivos al sector productivo que promuevan la generación de empleo, con énfasis en el área rural y en la Amazonía; así como con políticas que contribuyan a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Además, el mismo Plan, señala que el cambio en la matriz productiva anclado en las prácticas de emprendimiento, debe guiarse por la responsabilidad ambiental y la inclusión social. En ese proceso, el Estado debe promover el involucramiento preferente de mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza; pues sólo así, esta será una estrategia tendiente a reducir las desigualdades sociales, dignificar a los grupos en condiciones de vulnerabilidad y mejorar el acceso a oportunidades.
Con relación al acceso a la educación, traza como objetivo mejorar la tasa de matrícula en instituciones de educación superior, enfocándose en la calidad de la oferta, la democratización del acceso, la pertinencia, la titulación efectiva, la incorporación de graduados en el ámbito laboral y productivo y, el pensamiento crítico.
Es por ello que la Misión Impulso Joven, es una de las intervenciones emblemáticas del Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo “Derechos para Todos Durante Toda una Vida”. Esta Misión busca atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, a las y los jóvenes, así como mejorar sus capacidades y generar mayores oportunidades para su inserción en el sistema productivo del país.
En este sentido, esta estrategia emblemática se inscribe en el:
04. Marco programático
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Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”; y favorece la consecución de las siguientes metas:
• Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a 2021.
• Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato a 2021.
• Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato completo a 2021.
• Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021.
• Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico a 2021.
El impulso al empleo y emprendimiento en la juventud demanda de un conjunto de acciones articuladas, por ello el Plan establece la necesidad de generar un marco de coordinación entre: la Secretaría Técnica de Juventudes, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Secretaría de Cualificaciones y Capacitación Profesional, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, Banca Pública, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio de Industrias y Productividad.
Diagnóstico
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La estructura demográfica de la población ecuatoriana por edades, en el año 2010 - según los datos del Instituto Nacional de Estadísita y Censos (INEC) - indica que el 32% de la población correspondía a personas menores de 15 años, de los cuales los niños y las niñas de 10 años tenían mayor participación en este grupo. En este mismo año, las personas potencialmente productivas (entre 15 y 65 años) alcanzaban un 61%, mientras que para el año 2050 estos llegarán a representar el 65% de la población (gráfico 1) (INEC - Senplades, 2018).
Este fenómeno representa una oportunidad y un reto en términos del bono demográfico ya que existirá un incremento en la participación relativa de las personas en edad de trabajar, lo que constituye una mayor fuerza laboral. Sin embargo, para aprovechar dicho bono demográfico, es importante generar las condiciones económicas para que esa población potencialmente productiva se inserte en el mercado laboral, en condiciones dignas.
Si se observan las cifras específicas de la población joven, hasta diciembre de 2017, esta era de aproximadamente 3,32 millones, lo cual representa el 20% de la población total (porcentaje promedio entre el periodo 2010 - 2020, con una tasa media de crecimiento poblacional de 1,5%). Las proyecciones poblacionales, estiman que la población de jóvenes crecerá hasta el año 2035; año a partir del cual decrecerá hasta alcanzar el 16% de la población total en 2050 (INEC - Senplades, 2018).
De acuerdo a los datos señalados en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 -2021, en el año 2017, las mujeres en la población juvenil representaban el 50,82%, y los hombres el 49,18%. Del total de población joven el 71,9% se auto identificó como mestizo, el 7,03% como indígena, el 6,09% como blanco, el 5,25% como afroecuatoriano; y el 1,4%
05. Diagnóstico
Fuente y elaboración: Proyecciones Poblacionales INEC- SENPLADES (2018).
Gráfico 1: Evolución demográfica del Ecuador
como mulato. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).En cuanto a la distribución en el territorio nacional, es de gran relevancia mencionar que en el año 2017 la mayor parte de mujeres y hombres jóvenes residían en el área urbana (71, 11%). Si se analiza las provincias con mayor porcentaje de jóvenes respecto al total nacional, son: Pichincha con 21,35%, Azuay con 20,63%, Orellana con 20,44%, Sucumbíos y Cañar 20,39%, y Guayas 20,18%; en tanto que las provincias con mayor número de jóvenes son: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Los Ríos y Esmeraldas (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
En relación al estado civil, en 2017, las y los jóvenes casados y en unión libre representaban el 40, 39%, mientras que las y los solteros el 54,92%. El 15,57% de las y los jóvenes eran cabezas de hogar (397 901 hombres y 120 376 mujeres) (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
50,82%
Mujeres Jóvenes
49,18%
Hombres Jóvenes
40,39%
Jóvenes casados
54,92%
Jóvenes Solteros
21,35% 20,39%
20,39%
20,44%
20,63%
20,18%
Provincias con mayor porcentaje de jóvenes
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En lo concerniente a las condiciones de vida, es de vital importancia mencionar que en el año 2017, la pobreza en la población joven del país era del 17,7%, es decir cuatro puntos porcentuales menos que la incidencia nacional. Por otra parte, si se observan las cifras de pobreza extrema, se evidencia que ésta alcanza al 11,4% de jóvenes, es decir 1 de cada 10 jóvenes se encuentra en esta condición (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
En cuanto a las cifras de educación se observa que en 2016 la tasa neta de matriculación del bachillerato fue de 71,52%, lo que significa que aún existe una brecha importante en el acceso de quienes se encuentran en el rango etario de 15 a 17 años, lo que representa limitaciones para la inserción en el mercado laboral durante la etapa de la juventud (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
En este marco, cuando se analizan los datos de las y los jóvenes que se matriculan en la educación básica y el bachillerato, se evidencia que 8 de cada 10 jóvenes concluye la educación básica (aprueba hasta décimo grado), y 6 de cada 10 (64%) aprueba el tercer año de bachillerato. Estas cifras, no presentan mayores diferencias entre hombres y mujeres (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
Si bien el promedio de años de escolaridad aumentó a lo largo de las últimas décadas (de 6,61 en 2001 a 9,81 en el año 2014) y el analfabetismo se ha reducido (en el periodo comprendido entre 1990 -2014 pasó de 11,7% a 5,8%) la educación de las y los jóvenes enfrenta retos importantes. Entre ellos, y como uno de los principales se identifica la universalización del bachillerato y la ampliación del acceso a educación superior (que decreció en 8 puntos porcentuales de jóvenes matriculados en el 2016 con respecto a 2012), con énfasis en la formación técnica y tecnológica orientada al desarrollo productivo y empleo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Ministerio de Educación, 2015).
Cuando se revisan las cifras correspondientes a las personas bajo la línea de pobreza, se evidencia que las brechas en el acceso y permanencia en el sistema educativo
1 de cada 10JÓVENESviven en extrema
pobreza
8 de cada 10JÓVENES
concluye la educación básica
6 de cada 10JÓVENES
aprueba el tercer año de bachillerato
Del 2016 al 2018 bajó 8 puntos
porcentuales los jóvenes
matriculados en educación superior
se acentúan considerablemente en las y los jóvenes en pobreza extrema. Tal es así, que este grupo poblacional cuenta en promedio con entre 8 y 9 años de escolaridad, cuando el promedio de quienes se encuentran sobre la línea de pobreza (no pobres) es de 12 años (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
El 33,81% de la población joven tiene educación media, el 21,72% educación secundaria, el 21,22% superior (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
Posterior a la finalización del bachillerato, varios jóvenes deciden continuar con sus estudios superiores, ya sea universitario o no universitario. El 30,7% de jóvenes entre 18 y 29 años accede a las instituciones de educación superior; no obstante, la participación de los institutos técnicos y tecnológicos en el universo de la educación superior es de apenas el 11% frente al 89% que representan las universidades (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, s.f.; El Telégrafo, 2017). La población entre 18 y 24 años que está matriculada en el nivel de educación superior es menor al 25% y, existe un 2,8% más de mujeres que hombres en este nivel. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).
Como se puede observar en el gráfico 2, a diciembre de 2017, la Población Económicamente Activa en Ecuador fue de alrededor de 8,1 millones de personas, de las cuales, 95,4% estaban empleadas. Sin embargo, las características de la población empleada son preocupantes, en tanto que el 53% están en condiciones de empleo inadecuado, que se conforma por el subempleo (19,8%), otro empleo no pleno (24,1%) que hace referencia a personas con empleo que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y /o trabajaron menos de la jornada legal, pero no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales; y el no remunerado (9%). En relación a la población joven, cabe destacar que las cifras revelan la presencia de mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral; así, en el año en mención, el desempleo para la población entre 18 y 29 años fue de 4,6%, cuando en el nivel nacional fue de 9,6%. (SETEJU, 2018).
Fuente: INEC, ENEMDU – Dic. 2017.
Gráfico 2: Población económicamente activa en Ecuador 2017
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El gráfico 3, muestra la composición del empleo por características sociodemográficas, en ella se evidencia que la población que reside en área rural, las mujeres y las y los jóvenes son quienes más realizan un trabajo no remunerado. Por otro lado, se ratifica que quienes cuentan con educación media y superior acceden en mejores condiciones al mercado laboral, así pues, del total de personas que acceden a empleo adecuado, el 69,4% cuentan con educación media y superior. Además se observa que tan solo 1 de 4 personas que cuentan con empleo adecuado es joven.
En 2017 cerca del 39% de jóvenes que se encontraban empleados tenían un empleo adecuado, porcentaje en el cual las mujeres representan el 12,41%. La diferencia del valor del salario que recibió la población joven con empleo adecuado, frente a la que tenía un empleo inadecuado, en 2017 fue de $401,70. El 45,77% de las y los jóvenes son empleados privados, el 17,14% trabajan por cuenta propia; y el 13,86% tiene trabajo del hogar no remunerado (en su mayoría mujeres). Las actividades económicas en las que trabajan los jóvenes se concentran en: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (47,86%), seguida del comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (17,53%). El 59,74% de los jóvenes no tiene acceso a seguridad social ni a ningún tipo de cobertura. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018)
En el país, las altas tasas de desempleo y subempleo juvenil se traducen en una subutilización del talento humano, y posteriormente en una disminución del potencial económico a nivel nacional. El análisis de los indicadores históricos de empleo juvenil en el periodo 2007-20171 refleja un proceso de
1 Realizado a través de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo levantada en diciembre de cada año en análisis.
Fuente: INEC – ENEMDU, dic 2017
Nota: (*) % con relación a la PEA
Gráfico 3: Composición del empleo en Ecuador 2017.
reducción de la tasa de empleo adecuado entre los jóvenes, pasando de 48,3% en 2014 (pico más alto) a 38,9% en diciembre 2017.
Por otro lado, en materia de emprendimientos se conoce que en el año 2016 Ecuador, de acuerdo con el Global Enterpreneurship Monitor, alcanza una Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 31,8% (emprendedores con una edad promedio de 36 años y 11 años promedio de escolaridad), ubicando al país ese año en el primer lugar en Latinoamérica. La TEA representa la proporción de la población adulta que realizó gestiones para crear un negocio (emprendedor naciente) o que poseía un negocio cuya antigüedad no superaba los 42 meses (emprendedor nuevo). Sin embargo, a pesar de que el país posea la TEA más alta de Latinoamérica, el impacto que generan los emprendimientos en relación a la creación de empleo, es bajo; de hecho, el 72.8% de los emprendimientos son unipersonales y con bajas expectativas de generación de empleo (Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 2017).
Adicional al bajo impacto de los emprendimientos en la generación de empleo, también se observa un estancamiento en la internacionalización de los negocios; así, el 92% de los emprendimientos de la TEA no tienen clientes internacionales. Además, muchos de los emprendimientos surgen ante la necesidad (cualquier negocio para sobrevivir) y no por oportunidad (nichos de mercado), lo que conlleva a que un alto porcentaje no llegue a los tres años (Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 2017).
En relación a los datos arriba mencionados, es necesario considerar que las características que debe tener cualquier política pública orientada a los jóvenes debe contemplar:
1. Las limitaciones de capacidades y habilidades para estructurar una idea de negocio, y sobre todo para mantenerlo.
2. Las asimetrías de información para acceder a información de mercado.
3. El acceso a financiamiento.4. El acceso a mercados.
Al analizar la información del Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC; se evidencia que en Ecuador el 90% del empleo es generado por el sector privado, porcentaje del cual el 64% se concentra en 4 ramas de actividad económica: i) agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca (27%); ii) comercio (19%); iii) manufactura incluida refinación de petróleo (11%); iv) construcción (7%), mientras el restante se distribuye en otras ramas.
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También cabe indicar que las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas están conformadas en su mayoría por micro y pequeñas empresas. (INEC, 2016)Por otra parte, para el año 2016 la estructura de acuerdo al tamaño de las empresas se conforma por:
• 90,5% de microempresas• 7,5% son Pequeñas empresas• 1,5% corresponden a Medianas empresas• 0,5% son empresas Grandes2 (INEC, 2016)
Finalmente, es necesario no perder de vista que el cambio vertiginoso que han experimentado los sistemas económicos, sociales y culturales están mediados por la influencia de la tecnología, la cual ha trasformado los medios de producción. En este contexto, las políticas de desarrollo productivo PDP), serán cruciales para aprovechar las oportunidades del cambio tecnológico y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. El diseño institucional de las mismas, determinará en gran manera la capacidad de los países para aprovechar el cambio y favorecer la expansión de nuevos sectores que creen empleo. Esto, a su vez, brindará buenas perspectivas de crecimiento y beneficios en términos de productividad, así como una diversificación de la estructura productiva y un patrón de crecimiento más sostenido, inclusivo y sostenible, con más y mejores empleos. (OCDE/CAF/CEPAL, 2018)
2 Microempresa: volúmenes de ventas (v.v) menor o igual a 100.000; Pequeña empresa: v.v de 100.001 a 1.000.000; Medianas: v.v de 1.000.001 a 5.000.000 y las Grandes empresas de 5.000.0001 en adelante.
Definición de Misión Impulso Joven
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, su participación en la sociedad contribuye al fortalecimiento de identidad como sujetos de derechos, pero también como sujetos para la transformación del espacio en el cual interactúan, en el marco de la justicia y de la equidad, posturas axiológicas contrarias a la acumulación, exclusión y explotación. El Estado es el responsable de promover el efectivo ejercicio de sus derechos, a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos.
La Misión “Impulso joven” es una de las intervenciones emblemáticas, que parte del reconocimiento de la existencia de condiciones estructurales que imposibilitan en gran medida a la población joven, acceder a los medios materiales para satisfacer sus necesidades básicas, siendo el propósito de esta:
“(…) atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, así como mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo del país. El impulso al empleo y emprendimiento en la juventud se logrará con acciones coordinadas y articuladas entre: la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Cualificaciones y Capacitación Profesional, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, la Banca Pública, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Industrias y Productividad” (Senplades, 2017, pág 67).
Es importante reconocer que no todos los jóvenes comparten una misma posición en el sistema social, por consiguiente, las relaciones desiguales de poder existentes, determinan menores oportunidades para alcanzar condiciones de vida dignas para algunos segmentos poblacionales, más allá de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentren.
Entre la amplitud de limitaciones que conlleva el diseño de políticas públicas para la juventud, una de las más grandes preocupaciones en Ecuador es la imposibilidad que tiene el mercado de trabajo para absorber toda la oferta laboral juvenil en condiciones adecuadas, es decir, como se ha observado en las cifran citadas, existe un porcentaje elevado de población que ha
06. Definición de Misión Impulso JovenDefinición
Componentes de la Intervención
sido excluida del sistema de educación, y un número elevado de personas jóvenes que acceden a empleos precarios o simplemente se encuentran en desempleo.
En este sentido, la Misión Impulso Joven, como intervención emblemática del Gobierno Nacional, busca estructurar de forma específica y especializada la política pública intersectorial de educación formal, empleo, trabajo y el fortalecimiento de capacidades y competencias personales en los jóvenes, priorizando aquellos que provienen de familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza mediante el esfuerzo articulado del sector público y privado, así como de los diferentes actores sociales.
Para el proceso de operatividad de la Misión, es necesario implementar un conjunto de acciones coordinadas, que generen el desarrollo de capacidades y oportunidades para el emprendimiento e inclusión laboral de las y los jóvenes, particularmente de quienes se encuentran en condición de pobreza, desde un enfoque de Derechos Humanos. Con estos elementos, se establecen los siguientes componentes:
• Formación y capacitación profesional y técnica de las y los jóvenes
Este componente, responde a la relación directa entre la formación y capacitación de los jóvenes con el acceso a empleo decente, partiendo
01
Formación y capacitación
profesional y técnica de las y los jóvenes
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de la hipótesis de que las personas como mayor nivel de formación educativa y desarrollo de habilidades y capacidades blandas, tienen mayores oportunidades para insertarse en el mercado laboral, y en mejores condiciones.
En este sentido se apuesta a la reducción de las brechas de escolaridad, el acceso a la educación superior, haciendo énfasis a la educación técnica y tecnológica; y al fomento de competencias profesionales en respuesta a la demanda del sector productivo; y a las características de la población juvenil.
Se considera que la innovación constante exige el desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas en todos los niveles educativos, incluyendo la resolución de problemas complejos, la apertura para aprender y la adaptabilidad.
Los procesos de educación, formación, capacitación y cualificación deben considerar las características socio culturales de la población y las exigencias actuales y futuras del mercado laboral; por lo que es necesaria:
a) la vinculación sector educativo y productivob) la certificación del perfil profesionalc) la capacitación y formación con pertinencia y enfoque de demanda y en función de las prioridades del país
• Promoción de empleo y trabajo decente a través del fomento productivo en coordinación con el sector privado
El componente visibiliza el rol fundamental que juega el trabajo articulado entre el sector público y privado para dinamizar el aparato productivo, con el fin de que este pueda captar la oferta de trabajo existente, aprovechando el bono demográfico del país, así como los potenciales factores productivos.
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Promoción de empleo y trabajo decente
a través del fomento productivo
en coordinación con el sector privado.
El subempleo afecta a la población joven, por lo que se requiere un énfasis en la calidad del empleo (ingresos justos, seguridad y protección social). Son necesarios los incentivos que promuevan el empleo juvenil, así como del desarrollo de servicios públicos de empleo que empaten la oferta con la demanda y brinden la información y orientación pertinentes a los jóvenes. Además, los programas para jóvenes del sector rural, que en general son trabajadores por cuenta propia, ligados al trabajo de la tierra o a emprendimientos de transformación y comercialización agrícola o turismo.
Conjuntamente con la consolidación de estratégicas entre el sector público y privado, es fundamental la articulación y confluencia de las entidades públicas, en su función de rectoras o gestoras de políticas públicas de empleo, productividad, agrícola, pecuaria, educación, capacitación, etc.
En este sentido la promoción del trabajo y empleo decentes, es una condición fundamental para el cierre de brechas, la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.
• Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil e incentivos para garantizar condiciones de empleabilidad decentes
El componente parte de la necesidad de contar con un marco normativo que promueva el trabajo juvenil y garantice los derechos de los empleados y trabajadores jóvenes. Por lo que es importante fortalecer la regulación laboral, específica y especializada, reconociendo las particularidades de los sectores; y armonizar con la normativa de fomento productivo, con el fin de brindar un entorno propicio para empresas sostenibles.
Aquí se contempla, la propuesta de modalidades contractuales que permitan regularizar las condiciones de empleo los sectores turístico, agrícola, acuícola,
03
Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil e incentivos
tributarios para garantizar condiciones
de empleabilidad decentes.
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floricultor, ganadero, construcción, con el fin de formalizar el empleo y reducir el costo de operación para empleadores. (Ministerio de Trabajo (MDT), 2018)También se observa la tarea de fiscalización y mecanismos de control; que deben ejercer las entidades públicas de acuerdo a su competencia, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la normativa laboral, con miras a que en el futuro estas prácticas formen parte de la cultura organizativa de las mismas.
Un aspecto fundamental es el fortalecimiento y regulación de las organizaciones de trabajadores. Todo esto en el marco de los derechos humanos y el respeto y cuidado con el medio ambiente. Procurando el cierre de brechas laborales; la visibilización del trabajo de cuidado; y la transversalización de los enfoques de igualdad.
• Apoyo a los emprendimientos impulsados por las y los jóvenes
El componente se presenta como una alternativa a la búsqueda de opciones laborales. Por la tasa de mortalidad de los emprendimientos se requiere de la convergencia de un conjunto de actores tanto públicos como privados; de factores de tipo normativo, institucional, formativo, informativo; así como del conocimiento y exploración de oportunidades de mercado, e identificación de condiciones sociales y culturales.
Plantea la consolidación de un ecosistema de emprendimiento estructurado por servicios de capacitación que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales en las y los jóvenes, que deseen emprender; acompañados de
04Apoyo a los
emprendimientos impulsados
por las y los jóvenes
asesoría en todas las fases de emprendimiento, desde la concepción de la idea, la implementación, la consolidación, hasta la de expansión de la empresa.
Otro factor fundamental es la accesibilidad a servicios financieros por parte de la población joven; y la articulación a nivel territorial de los diferentes actores que desarrollan servicios no financieros. Por lo que deben ser asequibles y estar disponibles en cada etapa de desarrollo del emprendimiento.
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Objetivos
07. Objetivos
Objetivo General
Generar oportunidades para la inclusión económica de las y los jóvenes, con aquellos que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza; desarrollando sus capacidades, promoviendo el acceso a un trabajo decente y el apoyo al emprendimiento.
Objetivos Específicos
• Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades profesionales, técnicas y blandas de las y los jóvenes para facilitar su inserción laboral.
• Generar condiciones para que los y las jóvenes accedan a empleo y trabajo decente.
• Fomentar el desarrollo y la sostenibilidad de emprendimientos juveniles, fortaleciendo los conocimientos y habilidades, apoyando la implementación y consolidación del negocio y promoviendo el acceso a financiamiento.
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Paquete de Bienes y Servicios
COMPONENTES
MINTURIEPS
ENTIDADRESPONSABLE
PAQUETE DE BIENES Y SERVICIOS
Apoyo a los emprendimientos impulsados por las y los jóvenes.
Asesoramiento formal y planes de negocio.
Proyecto emprende turismo. MINTUR
Plan de negocio estructurado. MIPRO
Ecosistema de emprendimiento e innovación. SETEJU
Capacitación al emprendedor. SETEJUMIPRO
Capacitación en educación �nanciera.MIES
BANECUADORCFN
Crédito de Desarrollo Humano (CDH). MIESBANECUADOR
Microcréditos. BANECUADOR
Banco del pueblo. BANECUADOR
Minga Agropecuaria. CFN
Fondos concursables para �nanciarproyectos innovadores. SENESCYT
Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil e incentivos tributarios para garantizar condiciones de empleabilidad decentes.
Normativa. VARIAS
COMPONENTES
MINEDUC
ENTIDAD RESPONSABLEPAQUETE DE BIENES Y SERVICIOS
Formación ycapacitaciónprofesional y técnicade las y los jóvenes:
i.- Vinculación sector educativo y productivo.
ii.- Certi�cación del per�l profesional.
iii.- Capacitación y formación conpertinencia y enfoque de demanda.
Oferta ordinaria de bachillerato técnico (15-18 años)
Oferta extraordinaria para personas con escolaridad inconclusa (nocturna más de 18 años).
MINEDUC
Oferta intensivas EGB más BGU,Todos ABC (18 más años).
MINEDUC
Oferta de capacitación sobre valor agregado. MIES
Per�l ocupacional validado y publicado en el Catálogo Nacional de Cuali�caciones (CNC).
SETEC
Operadores de capacitación cali�cados (OCC)
SETEC
Organismos evaluadores de la conformidad OEC reconocidos.
SETEC
Capacitación y certi�cación. SECAP
Becas para estudios superiores. SENESCYT
Política de cuotas acceso a jóvenes de grupos vulnerables.
(Gestión para acceso e inclusión)SENESCYT
Promoción de empleo y trabajo decente a través del fomento productivo en coordinación con el sector privado.
Alianzas estratégicas. MDTMi Primer Empleo
Pasantías en el sector privado.
Prácticas pre profesionales en el sector público.
Incentivos económicos a empresas que contraten bajo relación de dependencia a jóvenes pasantes a través del Proyecto "Mi
Primer Empleo".
Insumos, productos y servicios agrícolas, pecuarios, forestales.
Incentivos económicos a empresas que contraten bajo relación de
dependencia a jóvenes a través del "Proyecto Empleo Joven".
MDTMi Primer Empleo
MDTMi Primer Empleo
MDTMi Primer Empleo
MAG
MDTMi Primer Empleo
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Bibliografía
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