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Fortalecimiento de la Probidad y la Transparencia en el Sector Público

MÓDULO 1

Lección: Estado, Función Pública y Probidad

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Estado, Función Pública y Probidad

� El Estado se puede definir como una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción.

� Chile es un Estado, al cual, su Constitución Política le asigna el deber de estar al servicio de la persona humana. Su finalidad espromover el bien común, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.

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� Esta labor de búsqueda del bien común le compete a todos quienes se desempeñan en el Estado.

� La función pública es entonces una función obligatoria, consistente en la satisfacción de las necesidades públicas, como son la salud, la educación, la justicia y la seguridad.

� Dicha función es llevada a cabo por autoridades y funcionarios públicos, quienes la ejercen mediante atribuciones, potestades y responsabilidades que, por emanar de la soberanía estatal, se encuentran definidas y limitadas constitucional y legalmente.

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� Una de las formas de limitación a las potestades públicas es el principio y deber de probidad. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares, autoridades y funcionarios, a darestricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

� Esto significa que sus titulares deben desempeñar fielmente su cargo y dar preeminencia al interés general sobre el particular.

� Así, un Estado adquiere toda su dimensión en la medida en que logra vincular el ejercicio de la función pública, con una especial forma de ejercicio que es la probidad.

� De esta manera, los ciudadanos tienen la seguridad de la búsqueda del bien común por parte del Estado y que dicha búsqueda se efectúa con pleno respeto a sus derechos.

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� El curso básico de fortalecimiento de la probidad y la transparencia en el sector público constituye una acción destinada a dar cumplimiento al fin del Estado chileno.

� En este curso se enfatiza el valor de la probidad administrativacomo el modo en que debe ejercerse la función pública, de manera de garantizar que las autoridades y funcionarios perseguirán el bien común y con pleno respeto a los derechos de las personas.

� La probidad administrativa es un principio central del Estado chileno, que todo funcionario debe conocer y aplicar cotidianamente, de manera de poner el Estado al servicio efectivo de los ciudadanos.


MÓDULO 2

Lección 1: Probidad Administrativa

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Probidad Administrativa

La Probidad Administrativa

� La probidad es un principio constitucional obligatorio para la Administración. Sus elementos son:

� Observar una conducta funcionaria intachable.

� Desempeñar honesta y lealmente la función o cargo.

� Darle preeminencia al interés general sobre el particular.

� El principio de probidad es aplicable a las autoridades, los funcionarios públicos, y al personal del Estado contratado a honorarios y según Código del Trabajo.

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Deberes asociados a la Probidad

� La legislación chilena contempla una serie de deberes asociados a la probidad, los cuales son obligatorios para todo funcionario público. Estos deberes asociados a la probidad obligan y orientan a que el interés público sea preservado frente a cualquier interés particular.

� El deber de legalidad exige que los organismos del Estado se ajusten estrictamente al ordenamiento jurídico. Los órganos de la administración central del Estado someterán su acción a la Constitución Política de la República y a las leyes; deberán actuar dentro de su competencia; y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

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� El deber de jerarquía implica que la Administración está regida por una diferenciación de funciones que consiste en que los funcionarios públicos quedan subordinados al ordenamiento y control por parte de sus respectivas autoridades o jefaturas, aunque estas últimas mantienen la responsabilidad del desempeño general de la unidad u órgano que dirigen.

� El deber de imparcialidad implica que en la toma de decisiones la Administración debe seguir criterios objetivos y sin discriminaciones, sesgos, prejuicios o tratos inapropiados.

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� El deber de los funcionarios de denunciar consiste en que los funcionarios están obligados a denunciar los crímenes o simples delitos ante el Ministerio Público o ante la Policía, y los hechos irregulares que no constituyan crímenes o simples delitos ante la autoridad competente, especialmente aquéllos que contravengan el principio de probidad administrativa.

� El deber de eficacia implica la capacidad para conseguir un resultado determinado. Se complementa con el deber de eficiencia que implica obtener el resultado con el más adecuado uso de los recursos disponibles.

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� El deber de continuidad obliga a que el desempeño de las funciones debe ser permanente, dado que los órganos de la Administración del Estado tienen por propósito satisfacer necesidades públicas de manera regular y continua.

� El deber de desempeño personal del cargo obliga a que las autoridades y funcionarios conduzcan personalmente y de manera directa las funciones públicas que les han encomendado, estando especialmente restringida la delegación de responsabilidades.

� El deber de la servicialidad contempla la necesidad de búsqueda por parte de la Administración del pleno respeto y servicio a la persona humana. La Administración se debe a las personas en una actuación respetuosa, ágil, cortés y deferente.

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� El deber de resguardar los bienes públicos estipula que los funcionarios están obligados a proteger el patrimonio fiscal. Este deber se expresa básicamente en rendir fianza cuando se administren o custodien fondos o bienes, y en no atentar contra los bienes de la institución.

� El deber de mantener una vida social acorde con el cargo extiende el desempeño de la función pública más allá de las dependencias del Estado, requiriendo un intachable comportamiento social del funcionario y que éste no comprometa la reputación del servicio.

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� El deber de respetar la dignidad de los demás funcionarios consiste en la prohibición de la realización de actos que atenten contra la dignidad o la posición de los demás funcionarios y funcionarias del servicio público.

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Dignidad otros funcionarios

Vida social acorde con el cargo

Servicialidad

Desempeño personal

Continuidad

El deber de resguardar los bienes públicos

Eficacia y Eficiencia

Denuncia

Imparcialidad

Jerarquía

Legalidad

Principios

relativos a laProbidad

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Normas y Actores de la Probidad

� Normas de la probidad

� Existe un conjunto de normas jurídicas constitucionales y legales que reconocen el valor de la probidad en la función pública y lo regulan, estableciendo la vigencia del principio de probidad, deberes sobre autoridades, jefaturas y funcionarios, y mecanismos para resguardar el debido cumplimiento de la función pública.

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� Algunas de estas normas son de alcance general y de alta importancia, como las de la Constitución Política de la República y los tratados internacionales. Otras son de rango legal y ampliamente aplicables a todos los órganos de la Administración, estableciendo deberes para jefaturas y funcionarios, así como fijando inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a todos los órganos de la Administración (como la LOCBGAE y el Estatuto Administrativo).

� Otras normas regulan aspectos más precisos de la ejecución de las funciones públicas, fijando detalladamente cómo deben tramitarse los procedimientos administrativos, cómo hacer las denuncias de irregularidades, y cómo llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios en los servicios públicos.

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� Resumidamente, las normas jurídicas mas importantes sobre probidad son las siguientes:

� Constitución Política.

� La LOCBGAE.

� Estatuto Administrativo.

� Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

� Ley N° 20.205 sobre denuncia y protección a los denunciantes.

� Ley N° 19.886 sobre contratación administrativa.

� Los tratados internacionales.

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� Actores de la probidad

� Existen una serie de controles sobre la actividad de la Administración del Estado, los cuales, pueden clasificarse en controles externos a la Administración y controles internos.

� Los controles externos a la Administración son de carácter político, administrativo-legal y judicial, efectuados por distintos órganos a los cuales la Constitución les entrega atribuciones de control. Estos son:

� Cámara de Diputados.

� Contraloría General de la República.

� Tribunales de justicia.

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� Los controles internos son aquellos realizados desde el interior de la Administración, y que tienen por finalidad asegurar que los servicios públicos satisfacen regular y continuamente las necesidades públicas, con eficacia, eficiencia, oportunidad y legalidad. Los actores internos encargados de esta función son principalmente:

� Las jefaturas.

� Las unidades de personal.

� Las unidades de control jurídico.

� Las unidades de auditoría interna.


MÓDULO 2

Lección 2: Principio de Transparencia

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El principio de Transparencia

� Una de las bases de la institucionalidad pública chilena es la transparencia, un principio que obliga a los órganos públicos, autoridades y funcionarios, a permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, fundamentos y decisiones que se adopten en el ejercicio de la administración pública.

� Dentro de este marco, la Ley de Transparencia dispone que este principio consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso a cualquier persona a esa información.

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� La transparencia tiene dos manifestaciones, la transparencia activa y la transparencia pasiva:

� La transparencia activa consiste en información que los órganos públicos ponen a disposición permanente y actualizada de las personas, sin necesidad de requerimiento alguno.

� La transparencia pasiva consiste en el denominado derecho de acceso a la información, consistente en el derecho de las personas a requerir y recibir información que se encuentra en poder de los órganos del Estado.

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Transparencia Activa

� Es la acción positiva de los órganos públicos de informar a los ciudadanos. Consiste básicamente en el conjunto de información contenida en las páginas Web de tales órganos.

� Es una información mínima que los órganos de la Administración deben entregar.

� Es obligación de cada servicio mostrar información sin necesidad de solicitud o petición alguna.

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� Carece de plazo, pero debe colocarse de manera permanente, clara y actualizada.

� Puede ser objeto de reclamo ante el Consejo para la Transparencia.

� Su cumplimiento debe ser vigilado también por los órganos de control interno de cada servicio.

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Transparencia Pasiva

� Es la entrega de información, previa solicitud por los ciudadanos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley.

� No es información mínima: Es toda la información que se solicite.

� Responde a solicitudes de personas, empresas u organizaciones, chilenas o extranjeras.

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� Debe responderse por el Jefe del Servicio en plazos establecidos(principio de oportunidad).

� Puede ser objeto de amparos ante el Consejo para la Transparencia.

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Puede reclamarse ante él si la respuesta del servicio no es satisfactoria.

Puede reclamarse ante él si no se publica la información legalmente obligatoria.

Rol del Consejo para la

Transparencia

El Consejo para la Transparencia.Debe ser vigilada por los órganosde control interno del servicio y decontrol externo.

¿Quién controla la entrega de

información?

Debe ser entregada dentro de 20días hábiles, por regla general.

Carece de plazo, pero debe colocarse de manera permanente, clara y actualizada una vez al mes.

¿En qué plazo puede entregarse la información?

Toda la información, de carácter público, que requiera la ciudadanía.

Es la información mínima que unservicio debe entregar, y que estáfijada por la ley.

¿Qué tipo de información puede

entregar?

Por petición de la ciudadanía.Es obligación de cada servicio mostrar información sin necesidad de solicitud o petición alguna.

¿Cómo opera?

Responde a solicitudes depersonas, empresas uorganizaciones.

A la ciudadanía en general.¿A quién entrega la información?

Transparencia pasivaTransparencia activaTabla comparativa


MÓDULO 3

Lección 1: Principio de Probidad

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Principio de Probidad

El principio de Probidad en el Ordenamiento Jurídico Internacional

� Chile ha ratificado importantes tratados internacionales anticorrupción, que promueven el fortalecimiento de la integridad y la buena gestión pública, la sanción de la corrupción y la cooperación internacional.

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� La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) fue firmada por Chile en 1996 y ratificada 1999. Esta Convención establece como objetivos: 1) Promover y fortalecer el desarrollode los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en los Estados; y 2) Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

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� La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el mayor y más moderno tratado internacional sobre probidad y transparencia, y fue firmado por Chile en 2003 y promulgado en 2006. Esta Convención tiene tres finalidades:

i. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.

ii. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos.

iii. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

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� Ambos instrumentos internacionales están plenamente incorporados al ordenamiento jurídico chileno en virtud de lo que establece el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política del Estado.

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El Principio de Probidad en el Ordenamiento Jurídico Nacional

� La administración del Estado chileno cuenta con normas y mecanismos de prevención de irregularidades, los que consisten especialmente en el establecimiento de límites en el ingreso a la función pública, mecanismos de transparencia de la actuación de las autoridades y altos funcionarios (declaraciones juradas) y límites en las actuaciones laborales o económicas de los funcionarios (incompatibilidades).

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� Los límites al ingreso a la función pública son denominados inhabilidades, y persiguen que quienes postulan a la Administración cuenten al momento de ingresar a ella con capacidad de velar por el interés general y sin estar afectos a situaciones de riesgo importante, como son: el parentesco con determinados funcionarios, el litigio judicial o la existencia de contratos con el servicio, o estar condenado penalmente.

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� La obligación de presentar una Declaración Jurada de Patrimonio pesa sobre las más altas autoridades de los poderes del Estado. Se trata de una enumeración o listado del patrimonio del funcionario/a. A lo anterior, se une a la obligación de determinadas autoridades y funcionarios de entregar una Declaración Jurada de Intereses, destinada a transparentar especialmente sus intereses profesionales, comerciales e industriales.

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� Las incompatibilidades por su parte están destinadas a que los funcionarios, en el desempeño de la función pública cumplan la jornada y no vean afectada la imparcialidad que les debe caracterizar. La ley fija incompatibilidades entre la función pública y algunas actividades privadas del funcionario, sea por lajornada, por el tipo de actividad que realiza, o por los riesgos del traslado de algunos funcionarios a entes del sector privado.

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Mecanismos de Prevención

� Nuestro país cuenta con mecanismos para prevenir la corrupción: las inhabilidades, las declaraciones juradas de patrimonio e intereses, las incompatibilidades y las prohibiciones.

� Las inhabilidades consisten en limitaciones en el ingreso a la función pública. Estas inhabilidades pueden tener lugar:

� Por razón de parentesco.

� Por razón de contratación.

� Por razón de litigación.

� Por razón de condena judicial.

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� Además, el ordenamiento jurídico establece mecanismos de prevención basados en la transparencia, y que consisten en la obligación de autoridades y los más altos funcionarios públicos de presentar:

� Una declaración jurada de patrimonio; destinada a dar a conocer la evolución patrimonial de las autoridades y funcionarios obligados legalmente a ello;

� Una declaración jurada de intereses, destinada a transparentar los intereses profesionales, comerciales, industriales y de otro tipo que tengan las autoridades y altos funcionarios de la Administración.

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� La ley fija también límites a la actuación de los funcionarios mediante las denominadas incompatibilidades, las cuales consisten en limitaciones para ejercer funciones públicas y funciones particulares, cuando estas últimas:

� Se ejercen dentro de la jornada de trabajo propia de la función pública.

� Recaen sobre hechos o materias sometidas a conocimiento o decisión del servicio público en el cual se prestan servicios.

� Se realizan en un periodo inmediatamente posterior al desempeño de funciones en órganos fiscalizadores.

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� La legislación establece también prohibiciones, cuya infracción afecta especialmente el deber de respetar el principio de probidad administrativa.

� Estas prohibiciones están destinadas a evitar los conflictos de intereses. Se sancionan las conductas de tráfico de influencias, uso indebido de información reservada o privilegiada, uso indebido de los recursos públicos, personal o la jornada laboral, recepción o solicitud de donativos, participación en decisiones en que existen circunstancias que le restan imparcialidad al funcionario, omisión o elusión de la propuesta pública, falta a los deberes de legalidad, eficiencia y eficacia con perjuicio a los ciudadanos, y la omisión del deber de denunciar irregularidades.


MÓDULO 3

Lección 2: Prevención de los Conflictos de Intereses

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Prevención de los Conflictos de Intereses

� De un modo general, los conflictos de intereses son situaciones en las que una persona subordina un interés primario a un interés secundario.

� En el caso de los conflictos de intereses en los cuales incurrenfuncionarios públicos, el interés primario es el interés general que están llamados a servir. El interés secundario puede ser propio o de un tercero.

� Así, en los conflictos de intereses, se invierte indebida e ilegalmente la preeminencia de los intereses.

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� Para facilitar la protección del interés general la legislación establece entonces diversos mecanismos de prevención, detección y sanción.

� Uno de los mecanismos más claros para evitar los conflictos de intereses es respetar ciertas prohibiciones que establece la legislación por considerar que tales conductas atentan gravemente contra la probidad administrativa.

� Las más importantes de estas prohibiciones están contenidas en el artículo 62 de la LOCBGAE, sin perjuicio de aquellas establecidas en otras leyes.

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� Los conflictos de intereses ponen en riesgo el debido funcionamiento del Estado y la búsqueda del bien común., ya que generan o promueven acciones y decisiones públicas que no persiguen el interés general.

� Básicamente, toda autoridad y funcionario público ejerce el poder estatal en nombre de la comunidad, la cual debe ser la beneficiaria de sus acciones y decisiones.

� Sin embargo, quienes ejercen ese poder delgado bien pueden ser afectados en su imparcialidad debido a hechos o situaciones que los incentiven a beneficiar ilícitamente a particulares o a símismos.

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� Estas situaciones pueden consistir en, por ejemplo, mantener relaciones afectivas o económicas relevantes con personas de su dependencia o designación, en mantener negocios privados en el ámbito de sus funciones públicas, o en recibir ofertas económicas ilícitas en el desempeño de su cargo. Los conflictos de intereses asumen así diversas formas, como el nepotismo, el tráfico de influencias o el soborno, por mencionar sus formas más conocidas.


MÓDULO 5

Lección 1: Responsabilidades de los Funcionarios Publicos´

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Responsabilidades de los Funcionarios Públicos

� Los funcionarios públicos están sujetos a normas de diverso tipo y rango que establecen deberes, prohibiciones y formas de comportamiento. Cuando no cumplen estas normas se hacen responsables por su incumplimiento. La responsabilidad surge porque los funcionarios, en conocimiento de la existencia de deberes y prohibiciones, actúan de una manera diversa a la ordenada por ellos y esta actuación les es imputable.

� Por ello, el incumplimiento por parte de un funcionario de sus deberes puede originar tres (3) clases de responsabilidad: administrativa o disciplinaria, civil, y penal.

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� Una misma actuación del funcionario puede dar lugar a una o a todas las responsabilidades indicadas, porque son independientesentre sí y compatibles. Esto es lo que se denomina independencia de las responsabilidades.

� El artículo 120 del Estatuto Administrativo expresa al respecto que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resolucionesjudiciales referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.

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Responsabilidad Administrativa

� Una persona incurre en responsabilidad administrativa o disciplinaria, cuando incumple los deberes y prohibiciones que le corresponden como funcionario.

� La responsabilidad administrativa se funda en las normas de la LOCBGAE que señala que los funcionarios de la administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado (artículo 7) y que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia (artículo 10).

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Responsabilidad Civil

� Un funcionario incurre en responsabilidad civil (o también denominada patrimonial) cuando ocasiona un daño o perjuicio a un tercero o a la propia administración.

� La responsabilidad civil extracontractual surge como obligación que tiene una persona de indemnizar los daños ocasionados a otra, cuando existe una conducta del obligado por acción u omisión que, por ser contraria a derecho, lo obliga a la indemnización. En ambas denominaciones el funcionario civilmente responsable de un hechoilícito, delito o cuasidelito civil, está obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados.

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� Esta obligación surge para los funcionarios por la vía del Art. 2314 del Código Civil que expresa que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

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Responsabilidad Penal

� Un funcionario/a incurre en responsabilidad penal cuando incurre en una acción u omisión que se encuentra tipificada como delito o falta en la ley penal.

� Existen delitos propios de los funcionarios públicos y que son denominados comúnmente delitos funcionarios. Estos están establecidos en el Código Penal y fijan sanciones para los funcionarios o servidores públicos involucrados.

� Los delitos que pueden ser cometidos por los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones se encuentran en el título V del Libro II del Código Penal.


MÓDULO 5

Lección 2: Procedimientos Disciplinarios

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Procedimientos Disciplinarios

� Existen en la legislación dos procedimientos para verificar la existencia de responsabilidad administrativa en la función pública: la investigación sumaria y el sumario administrativo. Ambos tienen por objeto verificar hechos que generan responsabilidad administrativa, identificar a los responsables y aplicar las medidas sancionatorias establecidas en la ley.

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� La investigación sumaria es un procedimiento breve, informal y simplificado, destinado a investigar faltas menores y aplicar sanciones, salvo la destitución.

� El sumario administrativo es ,en cambio, un procedimiento de mayor conocimiento formal, destinado a determinar la existenciade faltas más graves y por el cual se puede aplicar incluso la sanción de destitución.

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Investigación Sumaria

� La investigación sumaria es aquel procedimiento administrativo disciplinario, breve y reducido, destinado a verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación.

� El procedimiento es verbal, breve y lo instruye un funcionario del servicio denominado investigador.

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� Las únicas sanciones disciplinarias que pueden aplicarse mediante este procedimiento son las de censura, suspensión o multa. Sólo excepcionalmente puede aplicarse la destitución.

� La investigación sumaria puede transformarse en un sumario administrativo si en el transcurso de la investigación se constata que los hechos revisten una mayor gravedad.

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Sumario Administrativo

� El sumario administrativo es el procedimiento disciplinario por excelencia. Es de lato conocimiento y está destinado a establecer la existencia de los hechos constitutivos de responsabilidad administrativa, la individualización de los responsables y su participación, y la aplicación de la medida disciplinaria que corresponda al caso.

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� Sus principales características son las siguientes:

� Es un procedimiento escrito.

� Tiene una extensión mayor que la investigación sumaria.

� Es un procedimiento complejo, en el cual se pueden dictar una serie de medidas.

� Se utiliza para investigar hechos graves.

� Es secreto durante la investigación y reservado a contar de la formulación de cargos.

� Se puede sobreseer al acusado en cualquier estado del proceso.

� Los vicios de procedimiento, cuando no son esenciales, no afectan la legalidad de la resolución que aplica la medida disciplinaria.

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� Sus principales etapas pueden separarse en tres: una inicial, otra de investigación y contradicción, y una decisional.

� La inicial está integrada por los siguientes pasos:

i. El inicio del procedimiento

ii. La constitución de la fiscalía

iii. La citación e interrogación del acusado

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� La de investigación y contradicción está compuesta por los siguientes pasos:

i. La investigación misma

ii. La formulación de cargos

iii. La prueba

iv. El dictamen del fiscal

� La etapa decisional está compuesta por los siguientes pasos:

i. La declaración de la autoridad

ii. Los recursos

iii. La decisión definitiva

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