acuerdo sobre aspectos socioeconomicos y situacion agraria

7/30/2019 Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria

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ACUERDO SOBRE ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y SITUACIN AGRARIA

Sustantivo

Mxico, D. F. a 6 de mayo de 1996.

CONSIDERANDO

Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconmico orientadoal bien comn que responda a las necesidades de toda la poblacin;

Que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza,discriminacin y marginacin social y poltica que han obstaculizado y distorsionado eldesarrollo social, econmico, cultural y poltico del pas y han constituido fuente de conflicto einestabilidad;

Que el desarrollo socioeconmico requiere de justicia social, como uno de los cimientos de launidad y solidaridad nacional, y de crecimiento econmico con sostenibilidad, como condicinpara responder a las demandas sociales de la poblacin;

Que en el rea rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de loscampesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurdica y quefavorezca la resolucin de conflictos;

Que tanto para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedadguatemalteca como para el logro de una mayor justicia social, es fundamental la participacinefectiva de todos los sectores de la sociedad en la solucin de sus necesidades, y en particularen la definicin de las polticas pblicas que les conciernen;

Que el Estado debe democratizarse para ampliar estas posibilidades de participacin y

fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, corno fuente de inversinpblica y prestatario de servicios y como promotor de la concertacin social y de la resolucinde conflictos;

Que el presente Acuerdo busca crear o fortalecer los mecanismos y las condiciones garanticenuna participacin efectiva de la poblacin y recoge los objetivos prioritarios de la accingubernamental para sentar las bases de este desarrollo participativo;

Que la aplicacin del presente Acuerdo debe propiciar que todas las fuerzas sociales y polticasdel pas enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra lapobreza, la discriminacin y los privilegios, construyendo as una Guatemala unida, prspera y

justa que permita una vida digna para el conjunto de su poblacin;

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante "laspartes") acuerdan lo siguiente:

I. DEMOCRATIZACIN Y DESARROLLO PARTICIPATIVO

A. Parti cipacin y Concertac in Soci al

1. Para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrolloeconmico y social debe ser democrtico y participativo y abarcar: a) la concertacin y eldilogo entre los agentes del desarrollo socioeconmico, b) la concertacin entre estos agentesy las instancias del Estado en la formulacin y aplicacin de las estrategias y acciones dedesarrollo, y c) la participacin efectiva de los ciudadanos en la identificacin, priorizacin ysolucin de sus necesidades.


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9. Mediante el presente acuerdo, el Gobierno se compromete a tomar un conjunto de medidasencaminadas a incrementar la participacin de la poblacin en los distintos aspectos de lagestin pblica, incluyendo las polticas de desarrollo social y rural. Este conjunto de reformasdebe permitir sustituir estructuras que generan conflictividad social por nuevas relaciones queaseguren la consolidacin de la paz, como expresin de la armona en la convivencia, y elfortalecimiento de la democracia, como proceso dinmico y perfectible, en el que se pueda

constatar un avance en la participacin de los distintos grupos sociales en la definicin de lasopciones polticas, sociales y econmicas del pas.

10. Para fortalecer las capacidades de participacin de la poblacin y al mismo tiempo lacapacidad de gestin del Estado, el Gobierno se compromete a:

Comunidades

(a) Promover una reforma al Cdigo Municipal para que los alcaldes auxiliares sean nombradospor el alcalde municipal tornando en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildo abierto.

Municipios

(b) Propiciar la participacin social en el marco de la autonoma municipal profundizando elproceso de descentralizacin hacia los gobiernos municipales, con el consiguientereforzamiento de sus recursos tcnicos, administrativos y financieros.

(c) Establecer y ejecutar a breve plazo, en concertacin con la Asociacin Nacional deMunicipalidades (ANAM), un programa de capacitacin municipal que sirva de marco para losesfuerzos nacionales y la cooperacin internacional en la materia. Dicho programa enfatizar laformacin de un personal municipal especializado en la ejecucin de las nuevas tareas quecorrespondan al municipio como resultado del proceso de descentralizacin, con nfasis en lastareas de ordenamiento territorial, catastro, planificacin municipal, administracin financiera,gestin de proyectos y capacitacin de las organizaciones locales para que puedan participarefectivamente en la resolucin de sus necesidades.

Departamentos

(d) Promover ante el Congreso una reforma de la Ley de Gobierno de los Departamentos de laRepblica, a fin de que el gobernador departamental sea nombrado por el Presidente de laRepblica tomando en consideracin los candidatos propuestos por los representantes nogubernamentales de los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Regiones

(e) Regionalizar los servicios de salud, de educacin y de cultura de los pueblos indgenas yasegurar la plena participacin de las organizaciones indgenas en el diseo e implementacinde este proceso.

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

(f) Teniendo en cuenta el papel fundamental de los Consejos de Desarrollo Urbano y Ruralpara asegurar, promover y garantizar la participacin de la poblacin en la identificacin de lasprioridades locales, la definicin de los proyectos y programas pblicos y la interaccin de lapoltica nacional de desarrollo urbano y rural, tomar las siguientes medidas:

(i) Restablecer los Consejos Locales de Desarrollo;

(ii) Promover una reforma de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para ampliar elespectro de sectores participantes en los Consejos Departamentales y Regionales deDesarrollo;


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(iii) Asegurar el debido financiamiento del sistema de consejos.

B. Participacin de la mujer en el desarrollo econmico y social

11. La participacin activa de las mujeres es imprescindible para el desarrollo econmico ysocial de Guatemala y es obligacin del Estado promover la eliminacin de toda forma dediscriminacin contra ellas.

12. Reconociendo la contribucin, insuficientemente valorada, de las mujeres en todas lasesferas de la actividad econmica y social, particularmente su trabajo a favor del mejoramientode la comunidad, las partes coinciden en la necesidad de fortalecer la participacin de lasmujeres en el desarrollo econmico y social, sobre bases de igualdad.

13. Con este fin, el Gobierno se compromete a tomar en cuenta la situacin econmica y socialespecfica de las mujeres en las estrategias, planes y programas de desarrollo, y a formar elpersonal del servicio civil en el anlisis y la planificacin basados en este enfoque. Esto incluye:

(a) Reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en

la produccin y en la vida social y poltica y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre,en particular para el acceso al crdito, la adjudicacin de tierras y otros recursos productivos ytecnolgicos.

Educacin y capacitacin

(b) Garantizar que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de estudio ycapacitacin, y que la educacin contribuya a desterrar cualquier forma de discriminacin encontra suya en los contenidos educativos.

Vivienda

c) Garantizar a las mujeres el acceso, en igualdad de condiciones, a vivienda propia,eliminando las trabas e impedimentos que afectan a las mujeres en relacin al alquiler, alcrdito y a la construccin.

Salud

(d) Implementar programas racionales de salud integral para la mujer, lo cual implica el accesoa servicios apropiados de informacin, prevencin y atencin medica.

Trabajo

(e) Garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, lo que requiere:

(i) Impulsar por diferentes medios la capacitacin laboral de las mujeres;

(ii) Revisar la legislacin laboral, garantizando la igualdad de derechos y de oportunidades parahombres y mujeres;

(iii) En el rea rural, reconocer a las mujeres como trabajadoras agrcolas para efectos devaloracin y remuneracin de su trabajo;

(iv) Legislar para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular,especialmente en relacin con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales yrespeto a su dignidad.

Organizacin y participacin


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(f) Garantizar el derecho de organizacin de las mujeres y su participacin, en igualdad decondiciones con el hombre, en los niveles de decisin y poder de las instancias local, regional ynacional.

(g) Promover la participacin de las mujeres en la gestin gubernamental, especialmente en laformulacin, ejecucin y control de los planes y polticas gubernamentales.

Legislacin

(h) Revisar la legislacin nacional y sus reglamentaciones a fin de eliminar toda forma dediscriminacin contra la mujer en la participacin econmica, social, cultural y poltica, y dar

efectividad a los compromisos gubernamentales derivados de la ratificacin de la Convencinsobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer.

II. DESARROLLO SOCIAL

14. Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconmico del pasde manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, laeficiencia econmica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. En la bsquedadel crecimiento , la poltica econmica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos deexclusin socioeconmica, tales como el desempleo y el empobrecimiento, y que, al contrario,se maximicen los beneficios del crecimiento econmico para todos los guatemaltecos. En labsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la poltica social debe propiciar eldesarrollo econmico, mediante su impacto en la produccin y la eficiencia.

15. El crecimiento econmico acelerado del pas es necesario para la generacin de empleos ysu desarrollo social. El desarrollo social del pas es, a su vez, indispensable para sucrecimiento econmico y una mejor insercin en la economa mundial. Al respecto, la elevacindel nivel de vida, la salud de sus habitantes y la educacin y capacitacin constituyen laspremisas para acceder al desarrollo sustentable en Guatemala.

Responsabilidades del Estado

16. El Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superacin de las iniquidades ydeficiencias sociales, tanto mediante la orientacin del desarrollo como mediante la inversinpblica y la prestacin de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tieneobligaciones especficas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sindiscriminacin alguna de los derechos al trabajo, a la salud, a la educacin, a la vivienda ydems derechos sociales. La superacin de los desequilibrios sociales histricos que ha vividoGuatemala y la consolidacin de la paz, requieren de una poltica decidida por parte del Estadoy del conjunto de la sociedad.

Inversiones productivas

17. El desarrollo socioeconmico del pas no puede depender exclusivamente de las definanzas pblicas ni de la cooperacin internacional. Reclama del incremento de las inversionesproductivas generadores de empleos debidamente remunerados. Las partes exhortan a losempresarios nacionales y extranjeros a que inviertan en el pas, considerando que lasuscripcin de un Acuerdo de Paz Firme y Duradera y su puesta en prctica son componentesesenciales de la estabilidad y transparencia que requieren la inversin y la expansineconmica.

Producto interno bruto

18. Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar polticas econmicas tendientes aalcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) a una tasa no menor del 6%anual, que permita una poltica social avanzada. Se compromete, al mismo tiempo, a una


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poltica social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en lasalud, nutricin, educacin y capacitacin, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleoproductivo e ingresos dignos.

Papel rector del Estado

19. Para cumplir con este objetivo y el papel rector del Estado en la poltica social, el Gobiernose compromete a:

(a) Aplicar y desarrollar el marco normativo para garantizar la concrecin de los derechossociales y para la prestacin de los servicios sociales por medio de entidades pblicas y,cuando sea necesario, por entidades mixtas o privadas; asimismo deber supervisar su cabalcumplimiento;

(b) Fomentar y garantizar la participacin, de acuerdo al marco normativo, de todos lossectores sociales y econmicos que puedan cooperar en el desarrollo social, y en particular enel acceso integral a los servicios bsicos;

(c) Asegurar una prestacin eficiente de servicios por el sector pblico, teniendo en cuenta quela obligacin del Estado es asegurar el acceso de la poblacin a servicios de calidad.

20. Para responder a las demandas urgentes de la poblacin, el Gobierno se compromete a:

a) Aumentar de manera significativa la inversin social, en particular en salud, educacin ytrabajo;

b) Reestructurar el presupuesto en beneficio del gasto social;

c) Priorizar los sectores de la sociedad ms necesitados y las reas del pas ms desprovistas,sin desatender a los otros sectores de la sociedad;

d) Mejorar la administracin de los recursos e inversiones pblicas, mediante sudescentralizacin, desconcentracin y desburocratizacin, reformando los mecanismos deejecucin presupuestaria asegurando su autonoma en las decisiones y el manejo financiero afin de garantizar su eficiencia y transparencia, y fortaleciendo los mecanismos de fiscalizacin yauditora.

A. Educacin y capacitacin

21. La educacin y la capacitacin cumplen papeles fundamentales para el desarrolloeconmico, cultural, social y poltico del pas. Son esenciales para una estrategia de equidad yunidad nacional; y son determinantes en la modernizacin econmica y en la competitividad

internacional. Por ello, es necesaria la reforma del sistema educativo y su administracin, as como la aplicacin de una poltica estatal coherente y enrgica en materia educativa, demanera que se alcancen los siguientes objetivos:

(a) Afirmar y difundir los valores morales y culturales, los conceptos y comportamientos queconstituyen la base de una convivencia democrtica respetuosa de los derechos humanos, dela diversidad cultural de Guatemala, del trabajo creador de su poblacin y de la proteccin delmedio ambiente, as como de los valores y mecanismos de la participacin y concertacinciudadana social y poltica, lo cual constituye la base de una cultura de paz;

(b) Evitar la perpetuacin de la pobreza y de las discriminaciones sociales, tnicas, hacia lamujer y geogrficas, en particular las debidas a la brecha campo-ciudad.


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(c) Contribuir a la incorporacin del progreso tcnico y cientfico y, por consiguiente, al logro decrecientes niveles de productividad, de una mayor generacin de empleo y de mejores ingresospara la poblacin y a una provechosa insercin en la economa mundial.

22. En atencin a las necesidades en materia de educacin, el Gobierno se compromete a:

Gasto educativo

(a) Aumentar significativamente los recursos destinados a la educacin. Como mnimo elGobierno se propone incrementar, para el ao 2000, el gasto pblico ejecutado en educacinen relacin con el PIB en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995. Estas metas se revisarnal alza en funcin de la evolucin de la situacin fiscal.

Adecuacin de los contenidos educativos

(b) Adecuar los contenidos educativos a los objetivos enunciados en el numeral 21. Estaadecuacin recoger los resultados de la Comisin de Reforma Educativa establecida en elAcuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas.

Cobertura

(c) Ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educacin en todos los niveles, yespecficamente la oferta de educacin bilinge en el medio rural, mediante:

(i) La incorporacin de la poblacin de edad escolar al sistema educativo, procurando quecompleten los ciclos de pre-primaria y primaria y el primer ciclo de

educacin secundaria; en particular, el Gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda lapoblacin entre 7 y 12 aos de edad, a por lo menos tres aos de escolaridad, antes del ao2000;

(ii) Programas de alfabetizacin en todos los idiomas que sean tcnicamente posibles, con laparticipacin de las organizaciones indgenas capacitadas para este objetivo; el Gobierno secompromete a ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el ao 2000; y

(iii) Programas de educacin, capacitacin y tecnificacin de adultos.

Capacitacin para el trabajo

(d) Desarrollar, con metodologas adecuadas y eficientes, programas de capacitacin en lascomunidades y empresas para la reconversin y actualizacin tcnica de los trabajadores, connfasis en pobladores de reas marginadas y de las comunidades rurales, con el apoyo de los

sectores que puedan cooperar con este empeo.

Capacitacin para la participacin social

(e) Capacitar a las organizaciones sociales a nivel municipal, regional y nacional para laparticipacin en el desarrollo socioeconmico, incluyendo lo relativo a la gestin pblica, a laresponsabilidad tributaria y a la concertacin.

Programa de educacin cvica

(f) Elaborar y ejecutar un programa de educacin cvica nacional para la democracia y la pazque promueva la defensa de los derechos humanos, la renovacin de la cultura poltica y la

solucin pacfica de los conflictos. En este programa se solicitar la participacin de los mediosde comunicacin social.


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Interaccin comunidad-escuela y participacin comunitaria

(g) Para favorecer la incorporacin de los nios al sistema educativo y su retencin, hacerefectiva la participacin de las comunidades y de los padres de familia en los distintos aspectosdel servicio de educacin y capacitacin (contenidos educativos, nombramiento de losmaestros, calendario escolar, entre otros).

Apoyo financiero

(h) Desarrollar programas de becas, bolsas de estudio, apoyos econmicos y otro tipo deincentivos que posibiliten la continuidad en la formacin educativa de estudiantes necesitados.

Capacitacin de administradores educativos

(i) Desarrollar programas de capacitacin permanente para maestros y administradoreseducativos.

Comisin consultiva

(j) Para la elaboracin y realizacin de la reforma de la educacin a cargo del Ministerio deEducacin, se integrar una comisin consultiva adscrita al Ministerio, integrada porparticipantes en el proceso educativo, incluyendo a una representacin de la Comisin deReforma Educativa prevista por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los PueblosIndgenas.

Educacin superior e investigacin

(k) La educacin superior del Estado, cuya direccin, organizacin y desarrollo le correspondecon exclusividad a la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, es un factor clave paraalcanzar el crecimiento econmico, la equidad social, la difusin de la cultura y el incremento

del acervo tecnolgico de la nacin. El Gobierno de la Repblica se compromete a entregarpuntualmente a la USAC la asignacin privativa que por mandato constitucional le corresponde.Respetuosos de la autonoma de la USAC, las partes exhortan a las autoridades de la mximacasa de estudios para que favorezcan todas las iniciativas que incrementen su aporte aldesarrollo del pas y consoliden la paz. El Gobierno se compromete a corresponder y atenderesos aportes y esas iniciativas. Particularmente se valora el desarrollo de sus centrosregionales y de

sus programas de ejercicio profesional supervisado, con nfasis en las reas de mayorpobreza. De la misma forma, exhortan a los sectores empresariales a que dediquen crecientesesfuerzos a la investigacin tecnolgica aplicada y a la formacin de recursos humanos,estrechando sus vnculos de intercambio con la USAC.

Promotoras y promotores de educacin

(l) En cumplimiento del Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por elEnfrentamiento Armado y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas,deber incorporarse a las promotoras y promotores de educacin de las comunidades alsistema nacional de educacin, y respetarse los contenidos educativos propios de lascomunidades indgenas y de las poblaciones desarraigadas.

B. Salud

23. Las partes coinciden en la necesidad de impulsar una reforma del sector nacional de salud.Dicha reforma debe ser orientada hacia el efectivo ejercicio por la poblacin del derechofundamental a la salud, sin discriminacin alguna y al efectivo desempeo por el Estado dotado


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de los recursos necesarios, de su obligacin sobre salud y asistencia social. Entre loslineamientos de dicha reforma estn los siguientes:

Concepcin

(a) Basarse en una concepcin integral de la salud (prevencin, promocin, recuperacin yrehabilitacin), una prctica humanista y solidaria que enfatice el espritu de servicio, aplicado atodos los niveles del sector pblico de salud del pas.

Sistema nacional coordinado de salud

(b) Es atribucin del Ministerio de Salud la formulacin de polticas que permitan el acceso detoda la poblacin guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinacin delMinisterio de Salud, concertar con instituciones pblicas, incluyendo el Instituto Guatemaltecode Seguridad Social (IGSS), privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, lapuesta en prctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la poblacinguatemalteca a los servicios integrales de salud.

Poblacin de bajos recursos

(c) Crear las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a lapoblacin de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados ala salud. Como mnimo, el Gobierno se propone que el gasto pblico ejecutado en salud enrelacin al PIB, para el ao 2000, sea incrementado en 50% respecto del gasto ejecutado en1995. Esta meta ser revisada al alza en funcin de la evolucin de la situacin fiscal.

Prioridades de atencin

(d) Dar prioridad a la lucha contra la desnutricin, al saneamiento ambiental, la saludpreventiva, las soluciones de atencin primaria, especialmente la materno-infantil. El Gobierno

se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto pblico en salud a la atencinpreventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna, antes del ao 2000, a un5O% del ndice observado en 1995. Asimismo, el Gobierno se compromete a mantener lacertificacin de erradicacin de la poliomielitis y alcanzar la del sarampin para el ao 2000.

Medicamentos, equipos e insumos

(e) El Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social revisar las normas y prcticas vigentesen materia de produccin y comercializacin de medicamentos, equipos e insumos ypromover las medidas que aseguren el abastecimiento, abaratamiento y calidad de losmismos. Para el caso de los medicamentos bsicos o genricos de mayor demanda en elsector pblico, se estudiarn y aplicarn modalidades de compra que aseguren transparenciaen la negociacin comercial, calidad y bajo precio de los medicamentos para garantizar laprestacin eficiente de servicios.

Medicina indgena y tradicional

(f) Valorndose la importancia de la medicina indgena y tradicional, se promover su estudio yse rescatarn sus concepciones, mtodos y prcticas.

Participacin social

(g) Fomentar la participacin activa de las municipalidades, las comunidades y lasorganizaciones sociales (incluyendo las de mujeres, indgenas, sindicales, cvicas,humanitarias) en la planificacin, ejecucin y fiscalizacin de la administracin de los serviciosy programas de salud, a travs de los sistemas locales de salud y los Consejos de DesarrolloUrbano y Rural.


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Descentralizacin y desconcentracin administrativa

(h) La organizacin descentralizada de los distintos niveles de atencin debe asegurar laexistencia de programas y servicios de salud a nivel comunal, regional y nacional, base delsistema nacional coordinado de salud.

C. Seguridad Social

24. La seguridad social constituye un mecanismo de solidaridad humana con el cual secontribuye al bienestar social y se sientan las bases para la estabilidad, el desarrolloeconmico, la unidad nacional y la paz. De acuerdo a la Constitucin Poltica de la Repblica,la aplicacin del rgimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco deSeguridad Social (IGSS), que es una entidad autnoma. Las partes consideran que debentomarse medidas correspondientes a efecto de ampliar su cobertura, mejorar sus prestacionesy la amplitud de sus servicios con calidad y eficiencia. Para ello, hay que considerar:

a) Garantizar una gestin administrativa plenamente autnoma del IGSS en aplicacin delprincipio constitucional de coordinacin con las instituciones de salud, en el marco del sistema

nacional coordinado de salud;

b) De acuerdo con el convenio de OIT ratificado por Guatemala, la seguridad social debecomprender programas de asistencia mdica y prestaciones relacionadas con enfermedad,maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedadesprofesionales, empleo y familiares;

c) Fortalecer y garantizar la aplicacin de los principios de eficiencia, universalidad, unidad yobligatoriedad, en el funcionamiento del IGSS;

d) Fortalecer la solvencia financiera del Instituto mediante un sistema de control tripartito decontribuciones;

e) Promover nuevas formas de gestin del Instituto con la participacin de sus sectoresconstitutivos;

f) Hacer efectiva la insercin del IGSS en el sistema coordinado de salud;

g) Crear condiciones que faciliten la incorporacin plena de todos los trabajadores a laseguridad social.

D. Vivienda

25. Se reconoce la necesidad de llevar a cabo, de acuerdo con el mandato constitucional, unapoltica de fomento con prioridad en la construccin de vivienda popular mediante sistemas definanciamiento adecuados a efecto de que el mayor nmero de familias guatemaltecas ladisfrute en propiedad. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Planificacin

(a) Llevar a cabo una estrecha articulacin con polticas de ordenamiento territorial, enparticular en planificacin urbana y proteccin ambiental, que permita el acceso de los pobres ala vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental.

Normas


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(b) Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construccin y supervisar sucumplimiento; coordinar con las municipalidades del pas para que existan normashomogneas, claras y sencillas para la construccin y supervisin, persiguiendo la buenacalidad y adecuada seguridad de la vivienda.

Oferta

(c) Promover una poltica de incremento de la oferta de vivienda en el pas que contribuya almejoramiento del acceso a soluciones habitacionales en propiedad o en alquiler a los sectoresde menores recursos de la poblacin.

(d) Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de construccin decalidad y costo adecuados; en este contexto, aplicar normas antimonopolio en la produccin ycomercializacin de materiales y servicios de construccin de conformidad con el artculo 130de la Constitucin.

Financiamiento y facilidades

(e) Poner en prctica acciones de poltica monetaria que permitan reducir significativamente elcosto del crdito.

(f) Promover y facilitar el mercado de valores para la adquisicin de vivienda, incluyendo lahipoteca de primero y segundo grados, facilitar la compraventa de ttulos-valores emitidos conmotivo de las operaciones de vivienda, incluyendo acciones comunes y preferenciales deempresas inmobiliarias, bonos y cdulas hipotecarias, certificados de participacin inmobiliaria,letras complementarias, pagars y otros documentos relacionados con el arrendamiento conpromesa de venta.

(g) Disear y aplicar un mecanismo de subsidio directo a la demanda de vivienda popular, enbeneficio de los ms necesitados. Para ello, fortalecer el Fondo Guatemalteco para la Vivienda(FOGUAVI), a fin de que mejore su capacidad de otorgar recursos financieros para la poblacinpobre y en extrema pobreza.

Participacin

(h) Estimular la creacin y fortalecimiento de sistemas de participacin comunitaria, tales comocooperativas y empresas autogestionarias y familiares, que aseguren la incorporacin de losbeneficiarios en la ejecucin de los planes y construccin de viviendas y servicios.

Regularizacin

(i) Promover la legalizacin, acceso y registro de terrenos, no solamente alrededor de la ciudadde Guatemala, sino tambin para el desarrollo urbano en las cabeceras y municipios del pas,as como la ejecucin de proyectos habitacionales en aldeas y fincas, especialmente paravivienda rural.

Compromiso nacional

(j) En vista de la magnitud y urgencia del problema habitacional, se deben movilizar losesfuerzos nacionales al respecto. El Gobierno se compromete a dedicar a la poltica defomento de la vivienda el equivalente de no menos del 1.5% del presupuesto de ingresostributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de la demanda de solucioneshabitacionales de tipo popular.

E. Trabajo


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26. El trabajo es fundamental para el desarrollo integral de la persona, el bienestar familiar y eldesarrollo socioeconmico del pas. Las relaciones laborales son un elemento esencial de laparticipacin social en el desarrollo socioeconmico y de la eficiencia econmica. En estesentido, la poltica del Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia decrecimiento con justicia social. Para llevar a cabo dicha poltica, el Gobierno se compromete a:

Poltica econmica

(a) Mediante una poltica econmica orientada a incrementar la utilizacin de mano de obra,crear las condiciones que permitan alcanzar niveles crecientes y sostenidos de ocupacin,reduciendo fundamentalmente el subempleo estructural y permitiendo elevar progresivamenteel ingreso real de los trabajadores.

(b) Propiciar medidas concertadas con los distintos sectores sociales, tendientes a incrementarla inversin y la productividad, en el marco de una estrategia general de crecimiento conestabilidad v equidad social.

Legislacin laboral tutelar

(c) Promover, en el curso del ao 1996 los cambios legales y reglamentarios que haganefectivas las leyes laborales y sancionar severamente sus infracciones, incluyendo aquellasreferentes al salario mnimo, el no pago, retencin y retraso de salarios, las condiciones dehigiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse.

(d) Desconcentrar e incrementar los servicios de inspeccin laboral que fortalezcan lacapacidad de fiscalizacin del cumplimiento de las normas laborales de derecho interno y lasderivadas de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, prestandoparticular atencin a la fiscalizacin del cumplimiento de los derechos laborales de mujeres,trabajadores agrcolas, migrantes y temporales, trabajadores de casa particular, menores deedad, ancianos, discapacitados, y dems trabajadores que se encuentren en una situacin demayor vulnerabilidad y desproteccin.

Capacitacin laboral

(e) Instaurar un proceso permanente y moderno de capacitacin y formacin profesional quegarantice la formacin a todo nivel y el correspondiente incremento de la productividad, atravs de un proyecto de ley que norme la formacin profesional a nivel nacional.

(f) Promover que los programas de capacitacin y formacin profesional a nivel nacionalatiendan a por lo menos 200,000 trabajadores antes del ao 2000, con nfasis a quienes seincorporan a la actividad econmica y en quienes requieren de adiestramiento especial paraadaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral.

Ministerio de Trabajo

(g) Fortalecer y modernizar el Ministerio de Trabajo y Previsin Social garantizando su papelrector en las polticas gubernamentales relacionadas con el sector del trabajo y su eficazdesempeo en la promocin del empleo y de la concertacin laboral. Para el efecto, lecorresponde:

Participacin, concertacin y negociacin

(i) Promover la reorientacin de las relaciones laborales en las empresas impulsando lacooperacin y la concertacin trabajadores-empleadores que procuren el desarrollo de laempresa para beneficio comn, inclusive la posible participacin de los trabajadores en las

ganancias de las empresas empleadoras de los mismos;


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(ii) Agilizar los procedimientos para el reconocimiento de la personalidad jurdica de lasorganizaciones laborales;

(iii) Para el caso de trabajadores agrcolas an sujetos a contratacin mediante contratistas, sepropondrn reformas tendientes al reconocimiento jurdico, gil y flexible de formas asociativasque permiten negociar dicha contratacin; y,

(iv) Promover una cultura de la negociacin y, en particular, la capacitacin de losinterlocutores para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partesinvolucradas.

III. SITUACIN AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

27. La resolucin de la problemtica agraria y el desarrollo rural son fundamentales eineludibles para dar respuesta a la situacin de la mayora de la poblacin que vive en el mediorural, y que es

la ms afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las

instituciones estatales. La transformacin de la estructura de la tenencia y el uso de la tierradebe tener como objetivo la incorporacin de la poblacin rural al desarrollo econmico, socialy poltico, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan, base de su estabilidadeconmica, fundamento de su progresivo bienestar social y garanta de su libertad y dignidad.

28. Dentro de la problemtica del desarrollo rural, la tierra tiene un carcter central. Desde laconquista hasta nuestros das, los acontecimientos histricos, a menudo trgicos, han dejadosecuelas profundas en las relaciones tnicas, sociales y econmicas alrededor de la propiedady de la explotacin del recurso tierra. Han llevado a una situacin de concentracin de recursosque contrasta con la pobreza de la mayora, lo cual obstaculiza el desarrollo del pas en suconjunto. Es indispensable subsanar y superar este legado, promover un agro ms eficiente yms equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el mbito delas capacidades productivas sino tambin en la profundizacin de las culturas y los sistemas devalores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco.

29. Estos cambios permitirn que el pas aproveche efectivamente las capacidades de sushabitantes, y, en particular, la riqueza de las tradiciones y culturas de sus pueblos indgenas.Que aproveche, asimismo, el alto potencial de desarrollo agrcola, industrial, comercial yturstico de dichos recursos, debido a su riqueza de recursos naturales.

30. La resolucin de la situacin agraria es un proceso complejo que abarca mltiples aspectosde la vida rural, desde la modernizacin de las modalidades de produccin y de cultivo, hasta laproteccin del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilizacin dela tierra y del trabajo, la proteccin laboral y una distribucin ms equitativa de los recursos ybeneficios del desarrollo. Se trata tambin de un proceso social cuyo xito reposa no slo

sobre el Estado sino tambin sobre una convergencia de esfuerzos por parte de los sectoresorganizados de la sociedad, conscientes que el bien comn requiere romper con los esquemasy prejuicios del pasado y buscar formas nuevas y democrticas de convivencia.

31. Corresponde al Estado un papel fundamental y urgente en este proceso. Como orientadordel desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversin pblica y prestatario deservicios, como promotor de la concertacin social y de la resolucin de conflictos, es esencialque el Estado aumente y reoriente sus esfuerzos y sus recursos hacia el campo, e impulse enforma sostenida una modernizacin agraria en la direccin de una mayor justicia y de unamayor eficiencia.

32. Los acuerdos ya firmados sobre derechos humanos, sobre reasentamiento de laspoblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado y sobre identidad y derechos de lospueblos indgenas, contienen compromisos que constituyen elementos indispensables de unaestrategia global en favor del desarrollo rural. Es en congruencia con estas disposiciones que el


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Gobierno se compromete, mediante el presente Acuerdo, a impulsar una estrategia integral queabarque los mltiples elementos que conforman la estructura agraria y que incluyen la tenenciade la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y mecanismos de crdito; elprocesamiento y la comercializacin; la legislacin agraria y la seguridad jurdica; las relacioneslaborales; la asistencia tcnica y la capacitacin, la sostenibilidad de los recursos naturales y laorganizacin de la poblacin rural. Dicha estrategia incluye:

A. Participacin

33. Movilizar las capacidades propositivas y constructivas de todos los actores involucrados enel agro, ya se trate de las organizaciones de los pueblos indgenas, de asociaciones deproductores, de los empresarios, de los sindicatos de trabajadores rurales, de lasorganizaciones campesinas y de mujeres o de las universidades y centros de investigacin delpas. Para ello, adems de lo dispuesto en otros captulos del presente Acuerdo, el Gobiernose compromete a:

(a) Fortalecer la capacidad de las organizaciones rurales, tales como Empresas CampesinasAsociativas (ECA), cooperativas, asociaciones campesinas, empresas mixtas y empresasautogestionarias y familiares, de participar plenamente en la toma de decisiones sobre todoslos asuntos que les conciernen y crear o reforzar las instituciones del Estado, especialmentelas del sector pblico agrcola, activas en el desarrollo rural a fin de que propicien estaparticipacin, promoviendo en particular el pleno acceso de las mujeres a la toma dedecisiones. Ello fortalecer la eficiencia de la accin estatal y su congruencia con lasnecesidades de las reas rurales. Se promover, en particular, la participacin en los consejosde desarrollo como instrumento de elaboracin participativa de los planes de desarrollo y deordenamiento territorial.

(b) Fortalecer y ampliar la participacin de organizaciones campesinas, mujeres del campo,organizaciones indgenas, cooperativas, gremiales de productores y organizaciones nogubernamentales, en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), como elprincipal mecanismo de consulta, coordinacin y participacin social en la toma de decisiones

para el desarrollo rural y en particular para el cumplimiento del presente captulo.

B. Acceso a tierra y recursos productivos

34. Promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra v uso sostenible de losrecursos del territorio. Para ello, el Gobierno tomar las siguientes medidas:

Acceso a la propiedad de la tierra: Fondo de Tierras

(a) Crear un fondo fideicomiso de tierras dentro de una institucin bancaria participativa para laasistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeos y medianosempresarios. El Fondo de Tierras concentrar la potestad del financiamiento pblico de

adquisicin de tierras, propiciar el establecimiento de un mercado transparente de tierras yfacilitar el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La poltica de adjudicacin delfondo priorizar la adjudicacin de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para elefecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad econmica y ambiental.

(b) Para asegurar que sus beneficios lleguen a los sectores ms necesitados, el Fondo de Tierras contar con un departamento especial de asesora y gestin para atender a lascomunidades y organizaciones campesinas.

(c) El Fondo se conformar inicialmente con las siguientes tierras:

(i) Tierra de baldos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nacin;


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(ii) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonizacin, especialmenteen el Petn y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperarmediante acciones legales;

(iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno est destinando al FondoNacional para la Tierra (FONTIERRA) y el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) para tal

finalidad;

(iv) Tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos amigos y organizaciones nogubernamentales internacionales;

(v) Tierras que se adquieran con prstamos de organismos financieros internacionales;

(vi) Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artculo 40 de la Constitucin;

(vii) Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras quepudieran resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficieregistrada en el Registro de la Propiedad Inmueble y que corresponden al Estado;

(viii) Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicacin del artculo 40 del Decreto 1551referente a zonas de desarrollo agrario;

(ix) Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier ttulo;

(x) Donaciones de todo tipo.

(d) El Gobierno promover y promulgar una ley que regule todas las actividades del Fondo de Tierras. Dicha ley establecer, entre otros, los objetivos, funciones, mecanismos definanciamiento y adquisicin y adjudicacin, origen y destino de las tierras. Para 1999, seevaluar si las adjudicaciones han logrado sus objetivos y, si fuera necesario, se modificar la

operatividad del programa de adjudicaciones.

Acceso a la propiedad de la tierra: Mecanismos financieros

(e) Propiciar la creacin de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activode tierras que permita la adquisicin de tierras para los campesinos que no la poseen o laposeen en cantidad insuficiente a travs de transacciones de largo plazo a tasas de interscomerciales o menores y con un mnimo o sin enganche. En particular, propiciar la emisin devalores hipotecarios, con garanta del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercadoprivado y particularmente para las instituciones financieras.

Acceso al uso de recursos naturales

(f) Para 1999, haber otorgado a pequeos y medianos campesinos legalmente organizados, enconcesiones de manejo de recursos naturales, 100,000 hectreas dentro de reas de usomltiple para fines de manejo forestal sostenible, administracin de reas protegidas,ecoturismo, proteccin de fuentes de agua y otras actividades compatibles con el uso potencialsostenible de los recursos naturales de dichas reas.

g) Promover y apoyar la participacin del sector privado y las organizaciones comunitarias debase en proyectos de manejo y conservacin de recursos naturales renovables a travs deincentivos, subsidios directos focalizados o mecanismos de financiamiento en condicionesblandas, en consideracin de los beneficios no monetarios que dichos proyectos aportan a lacolectividad nacional. En consideracin del beneficio que constituye para la comunidadinternacional el manejo sostenible y la conservacin del patrimonio forestal y biogentico delpas, el Gobierno promover activamente la cooperacin internacional con este empeo.


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Acceso a otros proyectos productivos

(h) Desarrollar proyectos productivos sostenibles, especialmente orientados a aumentar laproductividad y la transformacin de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, en laszonas ms pobres del pas. En particular, para el perodo 1997-2000, en las zonas de mayorndice de pobreza, garantizar la ejecucin de un programa de inversiones del sector pblico

agropecuario en las cadenas productivas vinculadas a la agricultura, silvicultura y pesca por unmonto global de Q200 millones.

(i) Impulsar un programa de manejo de recursos naturales renovables que incentive laproduccin forestal y agroforestal sostenible, as como proyectos de artesana, pequea ymediana industria que den valor agregado a productos del bosque.

(j) Impulsar oportunidades productivas relacionadas con procesamiento agroindustrial,comercializacin, servicios, artesana y turismo, entre otros, buscando la generacin de empleoy un justo ingreso para todos.

(k) Impulsar un programa de desarrollo ecoturstico, con amplia participacin de las

comunidades debidamente capacitadas.

C. Estructura de apoyo

35. Adems de un acceso ms equitativo a los recursos productivos, una estructura agrariams eficiente y ms justa supone el desarrollo de una estructura de apoyo que permita que loscampesinos tengan creciente acceso a facilidades de comercializacin, informacin,tecnologa, capacitacin y crdito. Adems de los compromisos de inversin social,particularmente en salud, educacin, vivienda y trabajo, estipulados en el captulo sobredesarrollo social, el Gobierno se compromete a:

Infraestructur a bsica

(a) Conducir la inversin pblica y generar un marco que estimule la inversin privada hacia elmejoramiento de la infraestructura para la produccin sostenible y comercializacin,especialmente en reas de pobreza y pobreza extrema.

(b) Elaborar un programa de inversiones para el desarrollo rural con nfasis en infraestructurabsica (carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamientoambiental) y de proyectos productivos por un monto de Q300 millones anuales para el perodo1997-1999.

Crdito y servicios financieros

(c) Iniciar a ms tardar en 1997 las operaciones del Fondo de Tierras y promoversimultneamente las condiciones que permitan a los pequeos y medianos campesinosacceder a recursos de crdito, de forma individual o colectiva y de una manera financieramentesostenible. En particular, con el apoyo del sector empresarial y de las organizaciones nogubernamentales de desarrollo, se propiciar el fortalecimiento de agencias locales de ahorro ycrdito, tales como asociaciones, cooperativas y otras, que permitan la canalizacin de crditoy el ofrecimiento de servicios financieros a pequeos y medianos empresarios en formaeficiente y ajustada a las necesidades y condiciones locales.

Capacitacin y asistencia tcnica

(d) Fortalecer, descentralizar y ampliar la cobertura de los programas de capacitacin,especialmente aquellos destinados a mejorar la capacidad de gestin empresarial a distintos

niveles en el rea rural, incorporando como vehculos de esta accin al sector privado y a lasorganizaciones no gubernamentales.


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(e) Desarrollar programas de asistencia tcnica y capacitacin para el trabajo que incrementenla calificacin, diversificacin y productividad de la mano de obra en el rea rural.

Informacin

(f) Desarrollar un sistema de recopilacin, sistematizacin y difusin de informacinagropecuaria, forestal, agroindustrial y de pesca, que permita al pequeo productor contar coninformacin para sus decisiones en materia de cultivos, insumos, cosechas, precios ycomercializacin.

Comercializacin

(g) Para facilitar el procesamiento y la comercializacin de la produccin campesina y lageneracin de mayor empleo rural, desarrollar un sistema de centros de acopio y zonasfrancas.

D. Organizacin productiva de la poblacin rural

36. La organizacin de la poblacin rural es un factor determinante para que los habitantes delcampo se conviertan en verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Reconociendo elpapel fundamental de la pequea y mediana empresa en la lucha contra la pobreza, lageneracin de empleo rural y la promocin de un uso ms eficiente de la tierra, es necesariopromover una organizacin ms eficiente de los pequeos productores para que puedan, enparticular, aprovechar la estructura de apoyo descrita en el numeral 35. Para ello el Gobiernose compromete a:

(a) Apoyar a la micro, pequea y mediana empresa agrcola y rural, fortaleciendo sus diversasformas de organizacin, tales como Empresas Campesinas Asociativas (ECA), cooperativas,asociaciones campesinas, empresas mixtas y empresas autogestionarias y familiares.

(b) Afrontar el problema del minifundio mediante:

(i) Una poltica firme y sostenida de apoyo a los minifundistas para que se conviertan enpequeos empresarios agrcolas, mediante acceso a capacitacin, tecnologa, crdito y otrosaportes; y,

(ii) Promover, si los minifundistas lo desean, una concentracin parcelaria en aquellos casos enque la conversin en pequeas empresas no sea posible debido a la dispersin y tamao delas propiedades.

E. Marco legal y seguridad jurdica

37. Guatemala requiere de una reforma del marco jurdico del agro y de un desarrolloinstitucional en el rea rural que permita poner fin a la desproteccin y el despojo que hanafectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indgenas; que permita la plenaintegracin de la poblacin campesina a la economa nacional; y que regule el uso de la tierraen forma eficiente y ecolgicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo.Con este fin y tomando en cuenta en todos los casos las disposiciones del Acuerdo sobreIdentidad y Derechos de los Pueblos Indgenas, el Gobierno se compromete a:

Reforma legal

(a) Promover una reforma legal que establezca un marco jurdico seguro, simple y accesible atoda la poblacin con relacin a la tenencia de la tierra. Dicha reforma deber simplificar losprocedimientos de titulacin y registro del derecho de propiedad y dems derechos reales, as como simplificar los trmites y procedimientos administrativos y judiciales;


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(b) Promover la creacin de una jurisdiccin agraria y ambiental dentro del Organismo J udicialmediante la emisin de la ley correspondiente por el Congreso de la Repblica;

(c) Promover una revisin y adecuacin de la legislacin sobre tierras ociosas de manera quecumpla con lo estipulado en la Constitucin y regular, incluyendo incentivos y sanciones, lasubutilizacin de las tierras y su uso incompatible con la utilizacin sostenible de los recursos

naturales y la preservacin del ambiente;

(d) Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manerapormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier ttulo aparticulares;

(e) En cuanto a tierras comunales, normar la participacin de las comunidades para asegurarque sean stas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras.

Resolucin expedita de los conflictos de tierra

(f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales giles para dirimir los litigios

sobre tierra y otros recursos naturales (en particular arreglo directo y conciliacin), teniendo encuenta los compromisos del Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadaspor el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los PueblosIndgenas. Adems, establecer procedimientos que permitan:

(i) Definir frmulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los queagricultores, campesinos y comunidades en situacin de extrema pobreza han resultado oresultaron desposedos por causas no imputables a ellos; y

(ii) Restituir o compensar, segn el caso al Estado, las municipalidades, comunidades opersonas cuyas tierras hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sidoadjudicadas de manera anmala o injustificada.

(g) Regularizar la titulacin de las tierras de las comunidades indgenas y de los beneficiariosdel INTA que poseen legtimamente las tierras otorgadas.

Institucionalidad

h) Para 1997, haber puesto en marcha una dependencia presidencial de asistencia legal yresolucin de conflictos sobre la tierra con cobertura nacional y con funciones de asesora yasistencia legal a los campesinos y trabajadores agrcolas para hacer valer plenamente susderechos y, entre otras, las siguientes:

(i) Asesorar y dar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrcolas y/o a susorganizaciones cuando as lo soliciten;

(ii) Intervenir en controversias sobre tierras a solicitud de parte para lograr soluciones justas yexpeditas;

(iii) En el caso de litigios judiciales, otorgar asesora y asistencia legal gratuita a los campesinosy/o sus organizaciones que lo soliciten;

(iv) Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de lasorganizaciones campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de laProcuradura de los Derechos Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificacinnacional o internacional.

G. Registro de la propiedad inmueble y catastro


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38. Con base en lo dispuesto en el numeral 37, el Gobierno se compromete a promovercambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastrodescentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualizacin fcil yobligatoria. Asimismo, el Gobierno se compromete a iniciar, a ms tardar en enero de 1997, elproceso de levantamiento de informacin catastral y saneamiento de la informacin registro-catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicacin del numeral 34

sobre acceso a tierras y otros recursos productivos.

H. Proteccin laboral

39. El Gobierno se compromete a promover una mejor participacin de los trabajadores ruralesen los beneficios del agro y una reorientacin de las relaciones laborales en el campo. Pondrparticular nfasis en la aplicacin a los trabajadores rurales de la poltica laboral definida en elcaptulo correspondiente del presente acuerdo. Una poltica de proteccin laboral enrgica,combinada con una poltica de capacitacin laboral, responde a una exigencia de justiciasocial. Es tambin necesaria para atacar la pobreza rural y estimular una transformacinagraria hacia un uso ms eficiente de los recursos naturales y humanos. En virtud de ello, elGobierno se compromete a:

(a) Asegurar la vigencia efectiva de la legislacin laboral en las reas rurales;

(b) Prestar atencin urgente a las prcticas abusivas de las cuales son vctimas lostrabajadores rurales migrantes, mozos colonos y jornaleros en el contexto de la contratacinpor intermediario, mediana, pago en especie y uso de pesas y medidas. El Gobierno secompromete a adoptar sanciones administrativas y/o penales, contra los infractores;

(c) Promover las reformas de los trmites de reconocimiento de la personalidad jurdica de lasorganizaciones campesinas, con miras a agilizar y simplificar dicho reconocimiento, aplicandoel convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales de 1975.

I. Proteccin ambiental

40. La riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del pas y de la humanidad, ademsde un valor cultural y espiritual esencial para los pueblos indgenas. El pas cuenta con unadiversidad biogentica y forestal cuya explotacin irracional pone en riesgo un entorno humanoque facilite el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es entendido como un proceso decambio en la vida del ser humano, por medio del crecimiento econmico con equidad social ymtodos de produccin y patronos de consumo que sustenten el equilibrio ecolgico. Esteproceso implica respeto a la diversidad tnica y cultural, y garanta a la calidad de vida de lasgeneraciones futuras.

41. En este sentido, y en congruencia con los principios de la Alianza Centroamericana para elDesarrollo Sostenible, el Gobierno reitera los siguientes compromisos:

(a) Adecuar los contenidos educativos y de los programas de capacitacin y asistencia tcnicaa las exigencias de la sostenibilidad ambiental;

(b) Dar la prioridad al saneamiento ambiental en la poltica de salud;

(c) Articular las polticas de ordenamiento territorial, y en particular la planificacin urbana, conla proteccin ambiental;

(d) Promover programas de manejo sostenible de los recursos naturales, generadores deempleo.

J. Recursos


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42. Para financiar las medidas arriba mencionadas, y en consideracin del carcter prioritariode la modernizacin del agro y del desarrollo rural, el Gobierno se compromete a incrementarlos recursos del Estado destinado a ello, mediante, en particular:

Impuesto territorial

(a) Promover para el ao 1997 la legislacin y los mecanismos para la aplicacin, en consultacon las municipalidades, de un impuesto territorial en las reas rurales de fcil

recaudacin por dichas municipalidades. El impuesto, del cual sern exentas las propiedadesde pequea superficie, contribuir a desestimular la tenencia de tierras ociosas y lasubutilizacin de la tierra. Estos mecanismos en su conjunto no debern incentivar ladeforestacin de tierras de vocacin forestal.

Impuesto sobre tierras ociosas

(b) Establecer una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras ociosas, quefije impuestos significativamente ms altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad

particular.

IV. MODERNIZACIN DE LA GESTIN PBLICA Y POLTICA FISCAL

A. Modernizacin de la administracin pblica

43. La administracin pblica debe convertirse en un instrumento eficiente al servicio de laspolticas de desarrollo. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Descentralizacin y desconcentracin

44. Profundizar la descentralizacin y la desconcentracin de las facultades, responsabilidadesy recursos concentrados en el Gobierno central con el objeto de modernizar y hacer efectiva ygil la administracin pblica. La descentralizacin debe asegurar la transferencia del poder dedecisin y recursos adecuados a los niveles apropiados (local, municipal, departamental yregional) para atender en forma eficiente las demandas del desarrollo socioeconmico yfomentar una estrecha interaccin entre los rganos estatales y la poblacin. Ello implica:

(a) Promover una reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo y de la Ley de Gobernacin yAdministracin de los Departamentos de la Repblica y, en particular, del Decreto 586 de 1956,a fin de permitir la simplificacin, descentralizacin y desconcentracin de la administracinpblica;

(b) Promover la descentralizacin de los sistemas de apoyo, incluyendo el sistema de compras

y contrataciones, el sistema de recursos humanos, el sistema de informacin y estadsticas y elsistema de administracin financiera.

Fiscalizacin nacional

45. Reformar, fortalecer y modernizar la Contralora General de Cuentas.

Profesionalizacin y dignificacin de los servidores pblicos

46. El Estado debe contar con un personal calificado que permita el manejo honesto y eficientede los recursos pblicos. Para ello, es necesario:

(a) Establecer la carrera de servicio civil;


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(b) Tomar las medidas legales y administrativas para asegurar el efectivo cumplimiento de laLey de Probidad y Responsabilidades;

c) Promover la sancin penal por actos de corrupcin y mal manejo de recursos pblicos.

B. Poltica fiscal

47. La poltica fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado puedacumplir con sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con eldesarrollo social, que es esencial en la bsqueda del bien comn. Asimismo, la poltica fiscal esfundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala, afectado por los bajos ndices deeducacin, salud, seguridad ciudadana, carencia de infraestructura y otros aspectos que nopermiten incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economaguatemalteca.

Poltica presupuestaria

48. La poltica presupuestaria debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconmico

con estabilidad, para lo cual se requiere de una poltica de gasto pblico enmarcada en lossiguientes principios bsicos:

(a) Prioridad hacia el gasto social, el financiamiento de la prestacin de servicios pblicos y lainfraestructura bsica de apoyo a la produccin y comercializacin;

(b) Prioridad a la inversin social en salud, educacin y vivienda, al desarrollo rural, a lapromocin del empleo y al cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos de paz.El presupuesto debe contemplar suficientes recursos para el fortalecimiento de los organismosy de las instituciones que garantizan el estado de derecho y el respeto a los derechoshumanos;

(c) Ejecucin eficiente del presupuesto, con nfasis en su descentralizacin, desconcentraciny fiscalizacin.

Poltica tributaria

49. La poltica tributaria debe concebirse en forma que permita la recaudacin de los recursosnecesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado, incluyendo los fondos requeridospara la consolidacin de la paz, dentro de un sistema tributario que se enmarque en lossiguientes principios bsicos:

(a) Ser un sistema justo, equitativo y globalmente progresivo, conforme al principioconstitucional de la capacidad de pago;

(b) Ser universal y obligatorio;

(c) Estimular el ahorro y la inversin.

50. Asimismo, el Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudacin tributaria y laadministracin fiscal, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestin estatal yeliminar la evasin y defraudacin fiscal.

Meta de recaudacin tributaria

51. Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente

a las tareas urgentes del crecimiento econmico, del desarrollo social y de la construccin de lapaz, el Gobierno se compromete a que, antes del ao 2000, la carga tributaria en relacin alPIB se haya incrementado en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.


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Compromiso fiscal

52. Para avanzar hacia un sistema tributario justo y equitativo, el Gobierno se compromete aatacar el factor ms grave de injusticia e iniquidad en materia tributaria, a saber la evasin ydefraudacin fiscal, especialmente en el caso de quienes debieran ser los mayorescontribuyentes. Con miras a erradicar los privilegios y abusos, eliminar la evasin y la

defraudacin fiscal, as como aplicar un sistema tributario globalmente progresivo, el Gobiernose compromete a:

Legislacin

(a) Promover una reforma al Cdigo Tributario que establezca mayores sanciones a la evasin,la elusin y la defraudacin tributarias, tanto para los contribuyentes como para los funcionariosencargados de la administracin fiscal;

(b) Promover una reforma de la legislacin tributaria con miras a eliminar las disposiciones quefaciliten la evasin fiscal;

(c) Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos.

Fortalecimiento de la administracin tributaria

(d) Fortalecer los mecanismos existentes de fiscalizacin y recaudacin tales como controlcruzado, nmero de identificacin tributaria (NIT) y crdito fiscal por retencin del impuestosobre la renta y del impuesto al valor agregado;

(e) Simplificar y automatizar las operaciones de la administracin fiscal;

(f) Garantizar la correcta y rpida aplicacin o devolucin del crdito fiscal y sancionarseveramente a quienes no reintegran al fisco el impuesto al valor agregado retenido;

(g) Crear un programa especial dirigido a los grandes contribuyentes con el objeto degarantizar que cumplan debidamente sus obligaciones tributarias;

(h)Poner en funcionamiento estructuras administrativas que especficamente atiendan losprogramas de recaudacin y fiscalizacin del presupuesto de ingresos y la aplicacin de lasleyes tributarias correspondientes;

(i)Fortalecer la capacidad de los municipios de cumplir con sus atribuciones en la recaudacinde recursos.

Participacin

(j) Propiciar que el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural contribuya a la definicin yseguimiento de la poltica fiscal, en el marco de su mandato de formulacin de las polticas dedesarrollo;

Educacin cvica

(k) Dentro de los programas de educacin, continuar promoviendo el conocimiento, respeto ycumplimiento de las obligaciones tributarias como parte de la convivencia democrtica.

Cumplimiento de la poltica fiscal

53. El incumplimiento de las obligaciones tributarias priva al pas de los recursos necesariospara atender los rezagos sociales que afectan la sociedad guatemalteca. El Gobierno se


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compromete a aplicar sanciones ejemplares a quienes, de distintas maneras, defrauden alfisco; asimismo, a llevar a cabo la modernizacin y fortalecimiento de la administracin fiscal,as como la priorizacin del gasto hacia la inversin social.

V. DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entraren vigencia en el momento de la firma de este ltimo.

Segunda. En atencin a que el presente Acuerdo responde al inters de losguatemaltecos, el Gobierno iniciar de inmediato las acciones de programacin yplanificacin que le permitan cumplir con los compromisos de inversin contenidos enel mismo.

Tercera. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de lasNaciones Unidas que verifique el cumplimiento del presento acuerdo.

Cuarta. Se dar la ms amplia divulgacin al presente acuerdo, para lo cual se solicita lacooperacin de los medios de comunicacin y l os centros de enseanza y de educacin.

acuerdo sobre aspectos socioeconomicos y situacion agraria

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